presidio perpetuo para etchecolatz
25 dce marzo de 2009
Argentina. La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a reclusión perpetua por genocidio al ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz. El máximo tribunal dejó en firme la sentencia al "desestimar por insustancial el recurso extraordinario" que plantearon Luis Eduardo Boffi Carri Pérez y Adolfo Casabal Elía, los abogados del represor. En el fallo, que no superó una carilla, los ministros se remitieron a los fundamentos y conclusiones expresados en otros dos sentencias del tribunal, que fueron claves en materia de derechos humanos: las del caso de Enrique Arancibia Clavel, en el que se declaró la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, y el de Julio Simón, donde se determinó la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
El fallo de la Corte Suprema se conoció ayer, en coincidencia con el 33 aniversario del golpe de Estado, pero fue firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay –con sus propios fundamentos– el 17 de febrero pasado. La decisión de la Corte también trascendió en el marco del debate que viene manteniendo en las últimas semanas con el Gobierno nacional sobre la responsabilidad en las demoras en las causas por violaciones a los derechos humanos.
"Los planteos sometidos a estudio ya han merecido el rechazo de esta Corte en los fallos ‘Arancibia Clavel’ y ‘Simón’, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitirse en razón de brevedad", sentenció el máximo tribunal.
La Corte había ratificado por 5 votos contra 3 la condena a prisión perpetua del espía chileno Enrique Lautaro Arancibia Clavel el 24 de agosto de 2004. Arancibia Clavel fue sentenciado por el Tribunal Oral Federal 6 por ser partícipe necesario del asesinato en Argentina del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert y por pertenecer a una asociación ilícita. La defensa del represor apeló ese fallo y la Cámara de Casación Penal declaró la prescripción de la acción en el caso de la asociación ilícita. Sin embargo, el máximo tribunal concluyó pese a que todavía no existía la Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, los hechos por los que se lo condenó "ya eran imprescriptibles para el derecho internacional al momento de cometerse" debido a que se trata de "un principio instalado por costumbre". Ese fue el argumento al que se remitió la Corte para desestimar uno de los planteos de la defensa de Etchecolatz.
En el caso de Julio Simón, alias El Turco Julián, la Corte determinó la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida el 15 de junio de 2005. Aquél fue el primer caso en el que un juez federal, Gabriel Cavallo, dictó la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, luego confirmada por la Sala II de la Cámara Federal. La sentencia fue ratificada por siete de los entonces nueve miembros de la Corte, todos con distintos argumentos.
Etchecolatz, de 79 años, fue director de Investigaciones de la Policía Bonaerense bajo las órdenes de Ramón Camps en el primer período de la dictadura militar, entre 1976 y 1978, y tuvo bajo su órbita los centros clandestinos de detención de la provincia. Su caso se convirtió en el primero en llegar a debate oral y público tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, dictadas por el Congreso en 2003. El 20 de junio de 2006 Etchecolatz se sentó por vez primera en el banquillo. Entonces desconoció la autoridad del Tribunal Oral 1 de La Plata y exigió ser sometido a la Justicia militar.
Sin embargo, el tribunal avanzó en la investigación por la muerte de Diana Esmeralda Teruggi; la privación ilegal, torturas y homicidio de los desaparecidos Patricia Dell’Orto, Ambrosio De Marco, Nora Formiga, Elena Arce y Margarita Delgado, y los secuestros y tormentos de los sobrevivientes Nilda Emma Eloy y Jorge Julio López, que testimoniaron contra el acusado. Días antes de que se conociera la sentencia, López desapareció y aún hoy se desconoce su paradero.
Con respecto al fallo conocido ayer, la única que marcó una diferencia fue Argibay, quien decidió fundamentar su voto por separado. Si bien la ministra también se remitió a su posición en el fallo "Simón", se refirió en particular al planteo de la defensa respecto de la violación al non bis in idem –principio por el cual una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho–. Argibay consideró que los abogados de Etchecolatz no refutaron la decisión de la Cámara de Casación Penal respecto de que "no hay una identidad del objeto procesal entre los hechos" que dieron origen a esta causa y los hechos de la causa 44, por la que se condenó al represor el 2 de diciembre de 1986.
Luego de conocer la decisión de la Corte, el presidente del Tribunal que condenó al represor, Carlos Rozanski, explicó que el caso "técnicamente es cosa juzgada" y destacó que "es la primera vez en el mundo que queda firme una sentencia dictada por un Tribunal del país donde se cometió el genocidio".
"Estábamos esperando hace tiempo esto. Pero el compromiso de la Corte no puede ser dar un fallo por año, tiene que dar señales para que la Justicia actúe más rápido", expresó Alejo Ramos Padilla, representante de "Chicha" Mariani y Genoveva Dawson de Teruggi. El abogado recordó que "todavía seguimos sin encontrar a la nieta de Mariani que Etchecolatz se robó".
6 de abril de 2009
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Argentina. La Perla, el mayor centro clandestino de detención (CCD) que funcionó en el interior del país durante la dictadura, fue habilitado ayer en Córdoba como Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos. Frente a una multitud que se reunió para conmemorar el 33º aniversario del golpe de Estado, se reclamó "que todos los genocidas sean enjuiciados", así como una mayor celeridad de los juicios en curso. El público podrá visitar La Perla a partir de abril dos veces por semana, aunque la sala de torturas estará vedada hasta que finalicen las pericias judiciales que aún se realizan allí.
[Diego Martínez] Argentina. A más de treinta años de los crímenes, 22 de las leyes de impunidad, cinco de la reapertura formal de la causa y 16 meses desde que la Cámara de Casación se dignó a destrabarla, el primer juicio oral y público a los represores de la ESMA, símbolo universal del terrorismo de Estado en la Argentina, tiene desde ayer fecha confirmada: martes 6 de octubre de 2009.
[Diego Martínez] Argentina. Una silla vacía en una diminuta pantalla de televisión de espaldas al público. Esa fue la imagen que durante horas tuvo ayer ante sus ojos el centenar de personas que concurrió al Colegio de Escribanos de Formosa con la intención de presenciar la audiencia inaugural del primer juicio por crímenes de lesa humanidad de la provincia. El imputado, general de brigada retirado Juan Carlos Colombo, ex gobernador de facto entre 1976 y 1980, tuvo un pico de hipertensión que obligó al Tribunal Oral Federal a disponer dos cuartos intermedios y, en la segunda oportunidad, el traslado del represor al Hospital Militar, donde finalmente le ordenaron reposo de 24 horas. Hoy a las once de la mañana el Cuerpo Médico Forense (CMF) deberá entregar una evaluación clínica detallada sobre el estado de salud del militar de 84 años. "Esperemos que se despejen todas las dudas. No deja de resultar llamativo que le retiraran una medicación para la hipertensión, sobre todo estando a la vista la iniciación del juicio", confió a Página/12 una alta fuente del tribunal.
[Gustavo Veiga] Argentina. El último acto público del obispo británico Richard Williamson antes de abandonar la Argentina fue levantar su puño derecho de manera desafiante hacia un periodista. Se trató de un gesto coherente. Sus escasos acólitos del seminario Nuestra Señora Corredentora de La Reja nunca lo hubieran perdonado si elevaba el puño izquierdo. En una conferencia dictada el 16 de mayo de 2008 titulada Nueva Eclesiología, había instruido a sus oyentes con una máxima política: "La democracía (así, acentuando la i, decía con su tonada gringa) es una buena palabra, pero debajo el caos". Conceptos de este tipo solía lanzar desde su llegada al país en 2003 bajo una coartada falsa: sostenía ser empleado administrativo de la asociación civil La Tradición, negando su verdadero propósito como evangelizador integrista.
[Horacio Verbitsky] Argentina. La presidente CFK ordenó revocar la visa del obispo católico apostólico romano Richard Williamson y le dio diez días para dejar el país. El ex director del seminario lefebvrista de La Reja ingresó al país en 2004 sin declarar su condición sacerdotal. La permanencia de Williamson en la Argentina con una visa que no corresponde a su investidura eclesiástica fue detectada por el secretario de Culto de la Cancillería, Guillermo Oliveri, y verificada por el director de Migraciones Martín Arias Duval. La presidente instruyó al ministro de Interior Florencio Randazzo que adoptara las medidas necesarias para que el líder integrista que niega la existencia del Holocausto saliera del territorio nacional. Los considerandos de la resolución mencionan el engaño con la visa y el repudio del Estado Nacional a sus "despreciables declaraciones antisemitas", que la Argentina deplora y condena porque "agreden el sentir más profundo de la comunidad judía y de toda nuestra sociedad". Esta es una "oportunidad de reafirmar que el antisemitismo es una aberración ideológica que a lo largo de la historia ha costado la vida a millones de seres humanos y que la negación de la Shoá implica el desconocimiento de una verdad histórica comprobada". Recuerda que en 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó la negación del Holocausto e instó a todos los estados a rechazarla sin reservas. La resolución del director de Migraciones dice que Williamson renovó cada año el mismo tipo de visa, hasta que en 2008 obtuvo la residencia permanente. En cada trámite de renovación justificó su presencia en el país con recibos de haberes que acreditaban su relación laboral con la Asociación Civil La Tradición, de la que además presentaba una nota acreditando la relación laboral fraguada. El artículo 62 de la ley de Migraciones contempla la cancelación del permiso de residencia, "cualquiera fuese su antigüedad y categoría, cuando el extranjero haya desnaturalizado las razones que motivaron su concesión" y el 63 explica que en ese caso será conminado a salir del país en el plazo que se le fije o será expulsado.
[Eduardo Febbro] París, Francia. Mary Robinson, ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, presentó en Ginebra un informe en nombre de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) en el que pide al presidente Barack Obama que ponga fin a la violación de los derechos humanos consecutiva a la política que Estados Unidos aplicó luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001. "Si no logramos actuar ahora, nos arriesgamos a que los daños infligidos al derecho internacional sean permanentes", dice el informe elaborado por un grupo de prestigiosos juristas internacionales que, durante tres años, recorrió todas las regiones del mundo para constatar que el planeta había hecho un espantoso retorno al pasado en materia de respeto del derecho internacional y de los derechos humanos. Entre las conclusiones del informe y lo que declaró Robinson quedó esbozado un panorama de terror difundido por la primera potencia mundial y aplicado luego por numerosos Estados del mundo, que aprovecharon el clima para arreglar sus propias cuentas. Con el informe en mano, la Comisión Internacional de Juristas pide a Obama no sólo que cambie el rumbo de esa política sino, además, que investigue a los responsables de haberla ejecutado. En esta entrevista con Página/12, Federico Andreu Guzmán, consejero general –director jurídico– del Centro Internacional de Juristas, expone las demandas del informe, describe los abusos cometidos por la administración de George Bush, al tiempo que señala la similitud entre las prácticas impulsadas por Estados Unidos y lo que ocurrió en la Argentina durante la última dictadura militar.
[Adriana Meyer] Argentina. La causa por la desaparición de Jorge Julio López volvió a sumergirse en los pantanosos pasillos de la Justicia platense. La Cámara Federal de La Plata anuló la decisión del juez Arnaldo Corazza, que había archivado la denuncia de la familia contra todos aquellos que omitieron proteger al testigo. El argumento consiste en que el magistrado no puede intervenir porque podría ser él mismo uno de los que no cuidaron a López durante el proceso que culminó con la condena del represor Miguel Etchecolatz. Corazza se apartó del expediente originado en la acusación de la familia, pero también decidió que no puede seguir al frente de la investigación sobre el destino de López por la "violencia moral" que significa que sus familiares lo hayan denunciado. Así, la causa principal se quedó técnicamente sin juez y comienza una etapa de idas y venidas entre despachos de jueces y fiscales de primera y segunda instancia. Mientras Corazza dispara contra los camaristas y dice sentirse "molesto", la querella de Justicia Ya! afirmó que esta interna "profundiza la ya crítica situación del caso".