centro abierto a la memoria
14 de febrero de 2009
Argentina. La creación del Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos, que funcionará en el ex predio del mayor centro clandestino de detención de la Armada Argentina, se aprobó por el voto unánime de los miembros del Consejo Ejecutivo de la Unesco el 13 de octubre pasado. Su objetivo central es "promover la profundización del sistema democrático, la consolidación de los derechos humanos y la prevalencia de los valores de la vida, la libertad y la dignidad humana". También "la investigación científica en relación con la desaparición forzada de personas, la tortura y el exterminio".
El inicio de su historia se remonta a 2007. Tres años después de la transformación de la ESMA en Espacio para la Memoria y para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos, la Argentina volvió a integrar el órgano de conducción de la Unesco, creado en 1945, que no ocupaba desde hacía ocho años. La representación del país quedó a cargo del senador Daniel Filmus, que pronto asumió la presidencia de la Comisión de Programa y de Relaciones Exteriores, al tiempo que fue electo al frente de un grupo de trabajo destinado a promover una iniciativa mundial de canje de deuda por educación. En julio de 2007, con el apoyo de Ignacio Hernaiz, viejo conocedor de los pasillos de la Unesco, la delegación argentina presentó el proyecto de creación del Centro ante la Comisión de Ciencias Sociales y Humanas, a cargo del senegalés Pierre Sanné.
En febrero del año pasado, Sanné dio un gran espaldarazo al proyecto al visitar la ESMA, y en abril Cristina Fernández de Kirchner visitó el Consejo Ejecutivo de la Unesco, que por primera vez recibía a un jefe de Estado. La presidenta se reunió también con el japonés Koichiro Matsuura, director de la Unesco, y le manifestó su voluntad de inaugurar el Centro Internacional para el bicentenario.
El 11 de julio pasado se aprobó un estudio de viabilidad elaborado en forma conjunta por la Unesco y un equipo de expertos argentinos e internacionales. Finalmente, el 13 de octubre, tras una maratónica sesión en la sede de la Unesco, el ex ministro de Educación de Néstor Kirchner abandonó por un momento la presidencia de la comisión y desde la banca de la delegación argentina se encargó de defender el proyecto. Luego de conmovedoras intervenciones de los representantes de Francia y Cuba y del visto bueno del delegado de los Estados Unidos, que la calificó como "muy pertinente", los 58 miembros del Consejo Ejecutivo aprobaron la iniciativa.
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Argentina. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó ayer que "se juzgue a los responsables" de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar, destacó que "tenemos la obligación como argentinos y ciudadanos de honrar la memoria y la verdad" y lamentó que "la Justicia todavía no ha sido honrada". El reclamo formó parte del discurso de inauguración del primer Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos, creado ayer por un convenio entre el gobierno nacional y la Unesco y que funcionará en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada. Koichiro Matsuura, director de la Unesco, elogió la decisión de convertir "un centro de detención, tortura y muerte en un centro para cultivar la vida, los derechos humanos y la paz".
[Victoria Ginzberg] Los ojos cansados pero brillantes de Juliana García Recchia decían casi todo. Sus lágrimas y su risa, el resto. Por la mañana había visto a su hermana. La había abrazado. Y había esperado 32 años para eso. "Yo recuerdo la panza de mi vieja. Yo tocaba a mi hermana a través de la panza. Ese contacto físico... no hay palabras. No puedo creer que nos hayan robado esto, que nos hayan robado 32 años", dijo en la casa de las Abuelas de Plaza de Mayo. Así se anunció la identificación de la hija de Antonio Domingo García y Beatriz Recchia, que hasta ayer estaba desaparecida.
[Adriana Meyer] Argentina. Si no media ninguna maniobra dilatoria, el ex ministro de gobierno bonaerense Jaime Smart será el primer funcionario civil de la dictadura en ir preso por delitos de lesa humanidad. Así lo decidió la Cámara Federal de La Plata al confirmar su procesamiento por el secuestro y torturas del periodista Jacobo Timerman y de otros detenidos de los centros clandestinos Puesto Vasco y COT1 Martínez. Los camaristas avalaron lo actuado por el juez federal Arnaldo Corazza, pero revocaron la prisión domiciliaria que les había concedido a Smart y al ex gobernador bonaerense de facto Ibérico Saint Jean. "Es un hecho histórico en este país donde las cárceles no resisten que haya alguien con poder, lograr que un miembro de la llamada familia judicial, defendido por las corporaciones de abogados, vaya preso por su responsabilidad en los más graves delitos que afectaron a la Argentina es un logro sin precedentes", destacó el abogado Alejo Ramos Padilla ante Página/12.
[Adriana Meyer] Argentina. A pocas semanas de que la Justicia italiana determinara que Emilio Eduardo Massera es imputable, en forma sorpresiva el genocida fue internado ayer en la unidad coronaria del Hospital Naval, presuntamente aquejado por una "afección cardíaca". Los especialistas definieron como "síncope" el episodio padecido por Massera, según afirmaron fuentes judiciales. "Los italianos se dieron cuenta de la trampa, y por eso quiere hacerse el enfermo otra vez; es el gran simulador", definió la abogada Liliana Mazea, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH). En tanto, allegados a la investigación no descartaban que el juez federal Sergio Torres, a cargo de la megacausa por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), pudiese disponer en las próximas horas que peritos del Cuerpo Médico Forense constaten la veracidad de las causas de la internación.
[Diego Martínez] Argentina. El general retirado Jorge Olivera Róvere, imputado por cuatro homicidios y 120 secuestros como jefe de la subzona militar Capital Federal en 1976, se negó ayer a declarar ante la Justicia. Luego del escándalo del martes y de cinco juicios por delitos de lesa humanidad en los que prohibió el ingreso de reporteros gráficos, el Tribunal Oral Federal 5 finalmente autorizó a trabajar a un fotógrafo de la agencia Télam. Le impuso sólo dos condiciones: tomar fotos desde atrás de un blíndex y no usar flash. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, ratificó ayer la importancia de garantizar la publicidad de los juicios y requirió a los magistrados "un fuerte trabajo de colaboración con la prensa".
[Diego Martínez] Argentina. Tal como anticipó Página12 el jueves y pese a las gestiones de la Corte Suprema de Justicia para que cumpla con su acordada que ordena garantizar la "difusión radial y televisiva" de las audiencias, el Tribunal Oral Federal 5 volvió a impedir el trabajo de los reporteros gráficos durante la jornada inicial del juicio al general Jorge Olivera Róvere, imputado por 120 secuestros y cuatro homicidios en 1976. Los jueces Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías sólo permitieron el ingreso de un fotógrafo de la agencia Télam con la condición de que se retirara en tres minutos y sin aclararle que el imputado no estaría en la sala. Pese al esfuerzo del secretario Martín Schwab por obstruir con sus propias manos la lente de la cámara, Leonardo Zavattaro logró en medio de un forcejeo con policías y judiciales trajeados registrar el rostro insípido del represor. En la Corte hay malestar por la reticencia del tribunal a dar publicidad al juicio. El CELS, Justicia Ya!, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina y el Foro de Periodismo Argentino repudiaron las restricciones y la agresión al fotógrafo.
Argentina. Los jueces del Tribunal Oral Federal 5 tuvieron que ceder. La semana pasada habían anunciado que impedirían una vez más el ingreso de fotógrafos y camarógrafos a las audiencias del juicio del genocida Jorge Olivera Róvere, que comienza hoy. Sin embargo, una cita urgente en la Corte Suprema les cambió los planes: tuvieron que autorizar la presencia de un fotógrafo de la agencia oficial Télam y de un camarógrafo de Canal 7 en la audiencia de apertura de este proceso en el que el ex subjefe del Primer Cuerpo de Ejército será juzgado por un centenar de asesinatos, entre ellos el del escritor Haroldo Conti y los de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.