argentina

nueve chicos rescatados del infierno

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Cóctel de violencia, abuso sexual y pobreza. Nueve chicos rescatados del infierno.

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Argentina. Aunque la pobreza se naturalice sin remedio, algunas situaciones extremas duelen a los observadores: nueve niños de entre tres meses y 16 años que vivían en una tapera entre animales, sin baño ni condiciones mínimas de higiene fueron retirados ayer por las TOE, por orden del juez de familia Edgardo Bonomelli, debido a denuncias de violencia familiar y abuso sexual. Los tres adultos que residían con los chicos fueron demorados. Los vecinos apuntaron situaciones de "violencia familiar y de abuso sexual, en un marco de hacinamiento". Los niños vivían en una casilla de cartón y madera, donde comían y dormían con perros, cerdos y caballos, y carecían de servicios básicos de aseo personal. Tampoco iban a la escuela.
El operativo fue realizado por efectivos de Tropas de Operaciones Especiales (TOE), tras las denuncias formuladas por vecinos de ese barrio ubicado en la zona noroeste de la ciudad.
La policía detuvo a un hombre de 71 años, a su esposa de 60 y a otra mujer de 39, convivientes en la precaria vivienda ubicada en Luzuriaga al 3200. La menor de la mujeres detenidas es la madre de ocho de los pequeños, mientras que el restante sería hijo de la niña de 16 años, y a la vez hijo-nieto del jefe de familia. El grupo familiar es oriundo de Villa Ocampo.
El titular de las TOE, Roberto Benítez, precisó que las condiciones en que estaban los menores eran "duras, crudas". "Teníamos un oficio judicial expedido por el Tribunal de Familia número 4 de Rosario (a cargo de Edgardo Bonomelli) que ordenaba el retiro de nueve menores que se encontraban en Luzuriaga al 3200, en la zona norte de la ciudad".
Los niños fueron hallados "en un rancho, amontonados, hacinados, en condiciones de suma precariedad, uno prácticamente arriba del otro, mucha suciedad de por medio, muchos animales circulando alrededor de los chicos, gran cantidad de perros, un caballo, cerdos, gallinas, necesidades de todos los animales esparcidas por el lugar... Un cuadro difícil hasta de describir", apuntó el jefe policial.
El hombre "vive en una especie de bigamia, una situación bastante irregular", sostuvo Benítez. Cuatro niños fueron enviados a un hogar de huérfanos de Cañada de Gómez y los cinco restantes a dos hogares de Rosario y dos familias sustitutas.
[Foto no está relacionada con el caso y viene de infanciahoy.]
8 de septiembre de 2011
©rosario 12

diez policías implicados en torturas

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Dos efectivos fueron detenidos por apremios ilegales. Ya son 10 los policías implicados.

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Argentina. Otros dos policías fueron detenidos en las últimas horas en el marco de la investigación por el delito de tormentos aplicados a tres menores limpiavidrios que estaban alojados en el Hogar El Refugio de la capital provincial. El comisario general Mario Franco, responsable de Asuntos Internos, confirmó que sus hombres detuvieron a los dos efectivos, y agregó que con estas nuevas detenciones ya suman diez los policías implicados en la causa que investiga la supuesta aplicación de tormentos contra chicos detenidos en la seccional 3ª.
Franco indicó que estas nuevas capturas se produjeron como consecuencia de la toma de declaración indagatoria a los primeros ocho detenidos. Son medidas que toma la jueza como para asegurar pruebas.
"La causa ya está judicializada y la está llevando adelante la jueza de instrucción de la 4ª Nominación, Susana Luna. A partir de entonces, la magistrada nos ha ido pidiendo medidas. Entre ellas, la que efectuamos la tarde de la víspera cuando se nos solicitó la detención de estos dos empleados", explicó.
Se trata de dos suboficiales que venían cumpliendo funciones en la 1ª Zona de Inspección. "Uno fue detenido en su domicilio particular y el restante en su lugar de trabajo", expresó Franco.
De igual manera, el jefe policial sostuvo que "esto de ninguna manera es un tema terminado. Se continúa con la recepción de declaraciones en sede judicial y la toma de otras medidas. La causa está en pleno proceso de ejecución y esto explica las nuevas detenciones que se produjeron".
En igual sentido el jefe policial precisó que sobre los involucrados pesan distintos tipos de imputaciones: "Algunos están en el banquillo debido a que actuaron mal, otros porque dejaron hacer, otros porque no registraron los ingresos, en fin, es un caso bastante complejo".
En forma paralela, y de manera independiente, "avanza la investigación para deslindar las responsabilidades de tipo administrativas", aclaró.
La causa se inició la mañana del 29 de agosto cuando la responsable de "El Refugio", Miriam Rociani, se presentó en Asuntos Internos y radicó la denuncia. La mujer relató que varios chicos de esa entidad fueron víctimas de castigos y tormentos, al momento de ser detenidos y alojados en la seccional 3ª.
"A partir de ahí comunicamos la novedad a nuestros superiores políticos y demás autoridades, para dar comienzo a la labor de investigación". recordó Franco.
[Foto viene de patri7.]
8 de septiembre de 2011
©rosario 12

se fugó el juez otilio romano

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Venció la intimación para presentarse que pesaba sobre Otilio Romano. El ex presidente de la Cámara Federal de Mendoza dejó el país cuando el Consejo de la Magistratura iba a suspenderlo por su participación en delitos de lesa humanidad. Se solicitaría hoy su captura internacional.

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[Diego Martínez] Argentina. Otilio Roque Romano, hombre fuerte del Poder Judicial de Mendoza desde el retorno de la democracia, es desde ayer formalmente un fugitivo. El ex presidente de la Cámara Federal cuyana se fugó en realidad el jueves 24 de agosto, cuando el Consejo de la Magistratura se aprestaba a suspenderlo por su participación en delitos de lesa humanidad, sólo que ayer a las 13 venció la intimación para presentarse que el juez federal Walter Bento le informó a su abogado, luego de que trascendiera que el ex magistrado había cruzado la frontera. Bento pediría hoy autorización al Consejo para dictar la orden de captura internacional de Romano, medida que aceleraría el proceso de destitución. Paradójicamente, la presidencia de la Cámara quedó en manos de Julio Demetrio Petra, el mismo juez que después de liberar a todos los represores cuyanos y de recusar a Bento fue fotografiado mientras celebraba con champaña en un bar de la capital mendocina con su amigo Romano, compañero de tribunal durante más de dos décadas.
Romano tiene buenas razones para convertirse en prófugo: el juez Bento y luego la propia Cámara, integrada por jueces subrogantes, lo procesaron como partícipe necesario en más de un centenar de secuestros, torturas, allanamientos ilegales, robos de bienes y desapariciones protagonizadas por militares y policías entre 1975 y 1983, mientras se desempeñaba como fiscal federal y eventualmente como juez subrogante. Logró esquivar la cárcel gracias a los fueros que le quitaron horas después de la fuga.
El mendocino no es el primer magistrado que se esconde para burlar a su propia corporación ante el avance de investigaciones sobre la complicidad de los jueces con el terrorismo de Estado. El primero fue Guillermo Federico Madueño, juez hasta 2004 del Tribunal Oral Federal 5, que hoy juzga a los represores de la ESMA, fallecido hace un año. A diferencia de Romano, el Consejo de la Magistratura no pudo investigar el rol del ex juez federal de Bahía Blanca en el encubrimiento de los crímenes de las Fuerzas Armadas porque el entonces presidente Néstor Kirchner le aceptó la renuncia. Madueño estuvo prófugo más de medio año, asistido por una empleada del propio TOF-5. Pasó sus últimos diez meses de vida preso aunque no llegó a ser indagado gracias a sus problemas de salud, a las gestiones de sus íntimos en Comodoro Py (su hermano, Raúl Madueño, es juez de la Cámara Nacional de Casación Penal) y a la negativa del juez federal bahiense Alcindo Alvarez Canale de trasladarse a Buenos Aires.
Romano tuvo menos suerte, sobre todo después de confirmar como camarista el fallo de la jueza Olga Pura Arrabal que suspendió la aplicación de todos los artículos de la ley de servicios audiovisuales. La medida cautelar que presentó el diputado nacional del PJ disidente Enrique Thomas había sido patrocinada por el ex juez federal Luis Leiva, quien compartió con su amigo Romano el vuelo de LAN Chile que el jueves 24 lo dejó en Santiago. El viernes 25 el Consejo lo suspendió por haber sido "funcional" al terrorismo de Estado. El primer indicio de la fuga lo aportó el portero de su edificio cuando informó que ya no vivía allí. Luego se supo que tenía pasaje de retorno para el 29, pero que prefirió no utilizarlo. Sus abogados Adolfo Moreno y Verónica Romano, que además es su hija, dicen desconocer su paradero. "Juez mendocino suspendido viaja a Chile para evitar juicio", tituló ayer El Mercurio. El diario chileno informó que Interpol no registró la salida del país del flamante fugitivo.
8 de septiembre de 2011
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condenan a agente proxeneta

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Dos años de prisión para un policía en La Rioja. La explotación viste de uniforme.

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Argentina. Un policía de la provincia de La Rioja fue condenado por la Justicia federal a dos años de prisión por intentar engañar a una chica de 19 años y reclutarla para una red de trata de personas con fines de explotación sexual y se convirtió en el primer uniformado que recibe una pena por participar en este delito, no como encubridor sino como autor.
La condena fue aplicada por el Tribunal Oral Federal de la capital de esa provincia contra el suboficial Noel Jesús Carreño, en el primer juicio que se realiza en la provincia por un caso de este tipo. Carreño, de 29 años, fue inhabilitado además por cuatro años para ejercer cargos públicos. Su condición de policía, además, fue considerada un agravante por los jueces, aunque por el monto de la pena impuesta quedó en libertad condicional.
El policía fue denunciado en 2008 por una joven a la que pretendió engañar con una oferta de trabajo para, en realidad, insertarla en una red de trata. Cómplices del policía, que no pudieron ser identificados, también hicieron la misma oferta laboral a varias jóvenes en nombre de personajes conocidos en la provincia, como un diputado nacional o jefes de la fuerza de seguridad provincial, quienes desmintieron su participación.
Entre las jóvenes convocadas a trabajar en el exterior por un sueldo en dólares y viáticos había también mujeres de la propia policía, aunque sólo una concretó la denuncia junto a su familia. Los denunciantes señalaron que fueron víctimas de presiones y persecuciones durante todo este período.
La joven tenía 19 años en 2008, cuando le ofrecieron trabajar como promotora para una empresa a cambio de un sueldo de 2700 pesos, más 3000 dólares de viáticos y gastos, la gestión rápida del pasaporte y pasajes a Estados Unidos, México, Brasil y/o Uruguay.
Después de contactarse con un supuesto empresario de apellido Vacarat, la joven y su madre decidieron acudir al diputado nacional Alberto Paredes Urquiza, cuyo nombre había sido invocado en la oferta por los intermediarios, pero el legislador negó tener vinculación con la organización y acompañó a la familia en la denuncia.
Respecto de la red, el único imputado y condenado fue Carreño, por la mitad de la pena que había pedido la fiscalía, porque sus cómplices no pudieron ser identificados.
En tanto, en Buenos Aires, el gobierno nacional acordó ayer con las provincias acciones conjuntas para combatir la trata de personas, en el marco de un encuentro del Consejo Federal de Derechos Humanos.
[Foto del blog poemashonour.]
7 de septiembre de 2011
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primera condena por trata en un taller

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Cuatro años de prisión por tráfico de personas para trabajo forzoso. La sentencia recayó sobre el dueño de un taller de costura clandestino de La Matanza. Allí eran explotadas tres mujeres, una de ellas menor de edad, traídas con engaños desde Bolivia. En la habitación donde dormían había un par de esposas.

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[Mariana Carbajal] Argentina. Un ciudadano boliviano, dueño de un taller textil clandestino en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, se convirtió en el primer condenado por trata de personas para trabajo forzoso, desde que se tipificó el delito en 2008. El hombre recibió una pena de cuatro años de prisión. El fallo fue dictado por la Cámara Federal N0 2 de San Martín. A sus víctimas, tres mujeres, una de ellas adolescente, las fue a buscar a su pueblo natal, en el departamento de Cochabamba, y las trajo a la Argentina "bajo engaño", aprovechándose de su "situación de vulnerabilidad social", destaca la sentencia. Como suele suceder en estos casos, originalmente les ofreció un puesto como costureras pero luego las obligó a trabajar más de quince horas por día en tareas de limpieza y con el pretexto de que le debían el costo del pasaje no les pagó nada. Cuando se produjo el allanamiento a la vivienda-taller se encontró un par de esposas colgadas en la habitación donde dormían.
Tampoco les permitía salir a la calle, si no era con un permiso o acompañadas de un familiar de él. "Esto es claramente una situación objetiva de maltrato y reducción a condiciones inhumanas de trabajo, situación que también aparece en los dichos de las víctimas que refieren maltrato verbal y hasta en el plano simbólico, pues ese carácter presentan las esposas colgadas en la habitación donde dormían las víctimas. Qué mensaje más claro que ése. No es necesaria palabra alguna", dice la sentencia del Tribunal Federal N0 2 de San Martín, integrado por los jueces Daniel Alberto Cisneros, Marcelo Díaz Cabral y Víctor Horacio Bianco. El fallo tiene fecha del 5 de agosto pero recién trasciende ahora. El dueño del taller textil clandestino fue identificado por sus iniciales como RCV. El hombre acordó someterse a un juicio abreviado para lo cual reconoció su culpabilidad y se acordó la pena leve, de cuatro años. Su defensor oficial fue Sergio Moreno. Quedó probado en la causa que RCV viajó a su pueblo natal, Punata, en Bolivia, entre agosto y principios de septiembre de 2009, para localizar personal para trabajar en su taller textil. Contactó así a sus víctimas: ESC, a su tía SC y a la hija de ella, DC, de 17 años. "Las convenció de ir a trabajar a su taller, aprovechándose de sus necesidades económicas, prometiéndoles engañosamente un ingreso que nunca iba a cumplir. Para ello las trasladó de manera irregular a nuestro país, al ingresar el 8 de septiembre de ese año como turistas cuando su finalidad era otra", detalla la sentencia. Las llevó a su domicilio, ubicado en la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza, donde también funcionaba el taller clandestino. Ahí "las sometió a trabajos forzosos" hasta que ESC, aprovechando un permiso para ver a su marido, se alejó del lugar y realizó la denuncia que originó la causa judicial.
El 12 de noviembre de 2009 se produjo un allanamiento al taller, en el que participaron además de fuerzas de seguridad, inspectores de Trabajo, de Migraciones, de la AFIP y de la municipalidad de La Matanza. Detectaron que se encontraba "fuera de todas las reglamentaciones y control estatal, y que las víctimas estaban en situación migratoria irregular". En ese procedimiento se encontró que RCV tenía sin autorización legal una pistola Bersa calibre 45, sin número visible que resultó apta para disparar.
La sentencia destaca que se probó que el reclutamiento fue "mediante engaño" y con "aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad". Una de las mujeres tenía una deuda por un crédito bancario. Les ofrecieron 40 centavos por pieza. Pero ni siquiera cumplió con esa miserable propuesta laboral. En cuanto a la forma en que se desarrolló el trabajo dentro del taller "la voz de las víctimas fue concluyente", indica el fallo. ESC contó que cuando llegaron le dieron solamente tareas de limpieza, luego las de costura, y pese a la promesa de 40 centavos por persona y por pieza, la paga debía ser dividida entre las tres. "Esto por cierto era meramente declarativo, pues a pesar de haber excedido largamente el mes de trabajo, nada de dinero les dio. Que siempre les decía que tenían una deuda con él. El trabajo comenzaba entre las 5 y las 6 de la mañana y seguía hasta las 23, diciéndoles siempre el imputado que debían trabajar por lo menos una temporada –ocho meses– para cobrar, si no les iba a dar la mitad", describe la sentencia.
RCV fue condenado por ser autor del delito de trata de personas "con fines de explotación para trabajo forzoso, por haber mediado engaño y aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, agravado por el número de víctimas y por ser una de ellas menor de edad, en concurso ideal con facilitación de permanencia ilegal de extranjeros en el territorio nacional agravado por el abuso de necesidad e inexperiencia de las víctimas, todo en concurso real con tenencia ilegítima de arma de guerra".
7 de septiembre de 2011
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poli condenado por asesinato

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Condenan al policía que mató a una vendedora ambulante.

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[Carlos Rodríguez] Argentina. El asesinato de Sonia Colman (44) ocurrió el 23 de diciembre de 2007, vísperas de Nochebuena, a la hora de la siesta, cuando vendía accesorios para parrillas a los automovilistas que pasaban por el cruce de la ruta 26 con la calle Valentín Gómez, en la localidad bonaerense de Del Viso. Fue alcanzada por un perdigón de escopeta 12.70, tipo Itaka. El que disparó fue el suboficial de la Policía Bonaerense Oscar Benítez (44), quien estaba persiguiendo a unos supuestos delincuentes que nada tenían que ver con la víctima. Ayer Benítez fue condenado a ocho años y medio de prisión por "homicidio simple" y el Tribunal Oral 3 de San Isidro ordenó su inmediata detención. "Cuando te matan a un ser querido, toda condena parece poco. Ocho años y medio es poco, teniendo en cuenta que el máximo por homicidio simple es de 25 años, pero nosotros empezamos de tan abajo, con una calificación de homicidio culposo, que estoy medianamente satisfecho. No puedo decir contento, sólo medianamente satisfecho", le dijo a Página/12 Antonio Espasa, el viudo de Sonia Colman.
"El proceso tuvo cuatro fiscales, tres de los cuales dijeron que era un homicidio culposo, sin intención de matar, y hasta que fue un ‘accidente’", recordó Espasa. Recién en el juicio oral, el fiscal Carlos Scapolán anticipó a los jueces que iba a acusar por "homicidio simple". En su alegato final pidió nueve años de cárcel para Benítez. La abogada querellante, María del Carmen Verdú, consideró que el fallo "es un escándalo, porque tenía que haberse aplicado la reforma de 2003 del artículo 80/9 del Código Penal, que establece la pena de prisión perpetua para los policías que cometen homicidio".
Ese punto del Código dice que debe aplicarse la perpetua cuando se haya "abusado de su función o cargo" por tratarse de un "miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario". Verdú dijo que "la reforma fue incorporada al Código junto con la que estableció la perpetua para el que mate a un policía, para decir que acá se respetan los derechos humanos, pero casi nunca es aplicada por los jueces contra un miembro de esa fuerza". La abogada precisó que "siempre se pone como excusa que el policía que mata no estaba realizando ‘un acto de servicio’. No fue el caso de Benítez, que estaba en un patrullero y uniformado".
La semana próxima se difundirán los fundamentos. Benítez se hizo presente ayer en la sede de los tribunales de San Isidro, pero optó por quedarse en una oficina contigua.
6 de septiembre de 2011
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caen policías por crimen de indígena

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Dos policías detenidos en Formosa, imputados por el asesinato de un aborigen. A casi diez meses de la represión a la comunidad qom, la Justicia imputó el homicidio de un aborigen a dos oficiales. También acusan a 24 qom por "atentado a la autoridad". Félix Díaz criticó la judicialización del reclamo por la tierra.

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Argentina. Dos oficiales de la policía de Formosa quedaron detenidos, imputados por el crimen de Roberto López, un integrante de la etnia qom, ocurrido el 23 de noviembre del año pasado durante la represión a la comunidad La Primavera que reclamaba por sus tierras. El juez que entiende en la causa, en la que también se investiga la muerte del policía Héber Falcón, basó la imputación en los peritajes balísticos realizadas por Gendarmería. También están imputados 24 integrantes de la comunidad, por atentado a la autoridad, mientras que sobre el representante qom Félix Díaz pesa una acusación "por instigación a cometer delito". Además, fuentes de la investigación sostuvieron ante Página/12 que trabajan sobre la hipótesis de que López habría provocado la muerte de Falcón. Díaz criticó la judicialización del reclamo por las tierras y apuntó que "históricamente" se acusó "al indio que defiende sus derechos de ser el malo de la película".
El sábado pasado, el titular del Juzgado Nº 2 de Clorinda, Santos Gabriel Garzón, dispuso la detención del oficial principal Gustavo Coronel y el oficial inspector Orlando Paredes, únicos dos imputados del lado policial. El magistrado sostuvo las imputaciones por homicidio en las pericias balísticas que practicó Gendarmería sobre los proyectiles que impactaron en Roberto López. Según dejaron trascender desde el juzgado, la propia policía reconoció que para el desalojo de la ruta 86, donde los qom mantenían un corte desde hacía cuatro meses en reclamo de tierras, se dispusieron cien cartuchos calibre 12.70, pero cuatro no fueron devueltos al finalizar la represión. Los propios compañeros de Coronel y Paredes los habrían señalado a éstos como los agentes que portaron las armas que llevaban las municiones faltantes.
Enterado de las detenciones, Félix Díaz prefirió ser cauto. Para el dirigente qom, las imputaciones a los policías "no son tan contundentes", ya que Coronel y Paredes "no son los policías que condujeron el operativo" ni quienes mandaron a reprimir a sabiendas de que la fuerza contaba con balas de plomo. Una fuente cercana a Garzón le confió a este diario que por ahora el juez "no tiene pensado avanzar sobre los jefes policiales y las autoridades políticas".
Por su parte, los indígenas tienen 24 imputados. Menos Díaz, que quedó bajo la figura de "instigación a cometer delito", el resto de los originarios, detenidos esa jornada, tiene una imputación por "atentado a la autoridad a mano armada". La acusación a los qom obedece a que mujeres y hombres, acompañados de abuelos y niños, resistieron el intento de desalojo, aunque iniciada la represión se dispersaron. Los qom buscaban mantener el corte de la ruta 86, donde se manifestaban por la restitución de 1300 hectáreas. Esos terrenos fueron usurpados por una familia terrateniente, que tenía previsto cederlos al gobierno de Formosa para construir un instituto universitario.
Tras la represión, los qom llevaron sus reclamos a la ciudad de Buenos Aires, donde acamparon durante cinco meses a la espera de respuestas del gobierno nacional. Tras varios intentos de diálogo frustrados, el inicio de una mesa de diálogo en mayo descomprimió la situación, aunque el tema de fondo, que es la restitución de las tierras, está lejos de solucionarse.
La carga más dura contra la comunidad recaería sobre el fallecido Roberto López, a quien ya no se le puede imputar delito. Desde el juzgado señalaron a este diario que el qom asesinado "sería potencial responsable de la muerte de Falcón", aunque no dieron precisiones sobre cuáles son las pericias en las que se basa esa hipótesis.
Ante esta postura de la Justicia, Díaz dijo que "hay que remitirse a la historia argentina". "Siempre el indio es el salvaje e inhumano que mata por placer. Siempre fuimos los malos de la película y los policías son víctimas, que justifican cualquier ataque a quien defiende la vida."
[Informe de Leonardo Rossi.]
6 de septiembre de 2011
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sobrevivientes visitan la esma

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Cuatro sobrevivientes reconstruyeron el paso de embarazadas por el centro clandestino de la Marina. En la causa por el plan sistemático de apropiación de bebés durante la dictadura, Lila Pastoriza, María Alicia Milia de Pierles, Miriam Lewin y Carlos Muñoz señalaron dónde funcionaron la enfermería, la sala de torturas y otros lugares de encierro.

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Argentina. [Alejandra Dandan] Argentina.  "¿Este es el lugar donde vos decís que estaba el cuarto de embarazadas? ¿Vos dormías arriba, no?" Los cuatro son sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada. Dos, Lila Pastoriza y María Alicia Milia de Pierles, compartieron la misma época. Miriam Lewin pasó después. Carlos Muñoz estuvo al final. Sus voces, las miradas que superpusieron épocas distintas de la misma dictadura, permitieron reconstruir desde el interior siempre frío de la ex ESMA los lugares donde pasaron las embarazadas que dieron a luz en ese centro de exterminio de los marinos. Nombres sobreimpresos entre otros nombres. Lugares que en esa misma recorrida ellos volvían a mirar, sobre los que dudaron o se preguntaron en la reconstrucción de una memoria que por momentos pareció armarse desde lo colectivo. "Los cambios de las ubicaciones eran constantes", dijo Miriam Lewin mientras avanzaba por el sótano. "Uno de los objetivos era ése: dificultar la identificación, porque nosotros mismos nos confundíamos, creíamos que este espacio, por ejemplo, era más chico y ahora que no tiene divisiones todo parece más amplio."
Antes de empezar, Lewin les propuso a los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 6 entrar por la parte de abajo del Casino de Oficiales, la sede donde funcionó el centro clandestino: "Empecemos por el playón, que era por donde llegábamos todos", dijo. "Nos hacían entrar por el sótano, por una entrada que ahora está tapiada. La otra entrada, la única que permanece abierta, es por donde sacaban a la gente adormecida con pentonaval."
Por esa misma puerta, entonces, volvieron entrar ayer los cuatro junto a los jueces, el fiscal Martín Niklison y los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo que forman parte de la querella del juicio oral por el plan sistemático de apropiación de bebés. También los abogados de las defensas. El sótano vacío fue donde cada uno habló.
En el pasado, cuando estuvieron cautivos allí, el sótano estaba dividido en dos alas y había cubículos a cada lateral con funciones distintas de acuerdo con las épocas. Las salas de tortura siempre estuvieron al fondo, en el mismo lugar. Pero la enfermería, por ejemplo, primero estuvo en un lado y luego en el otro: por ahí pasaron heridos, también quienes iban a ser preparados con inyecciones para los vuelos de la muerte y pasaron además embarazadas. Lila Pastoriza se detuvo ante el lugar donde estuvo una de ellas: "Yo estaba en el sótano justo cuando nació un bebé en la enfermería". Había hablado de ese nacimiento en la sala de audiencias, semanas atrás; pero ayer volvió a hacerlo, señalando lugares y detalles. "Yo había ido al baño y creo que el guardia me dijo algo así como que había nacido un bebé en la enfermería, y en lugar de llevarme de nuevo a la celda de interrogatorio, me llevó para verlo. Yo me acerqué un poco a la cama, me acuerdo de que había unas cortinas. Lo que vi es el chico de Ana, y ella se abrió la blusa y me dijo: ‘Mirá lo que me hicieron estos hijos de puta’. Tenía los pechos destrozados por la tortura." Lila se quedó muy impresionada, explicó. "Le pregunté al jefe del grupo que me había secuestrado cómo podía ser que naciera un bebé en esas condiciones, y él me dijo con tono muy explicativo que había subversivas embarazadas y la decisión era que los hijos fueran criados por familias que les inculcaran valores que correspondían, y no los valores de la subversión." Después, a un costado, ubicó el sitio de un baño, donde recordó haber visto un listado con apodos de personas asignadas a tareas domésticas. "Con lo cual tuve idea –dijo– de que alguna gente que yo conocía todavía seguía con vida."
Miriam Lewin se paró casi inmediatamente del lado de enfrente para situar otro lugar donde, algo así como un año más tarde, estuvo la enfermería. "Para la época del parto de Patricia Roisinblit, la enfermería estaba a esta altura", dijo. "Había una camilla contra la pared, una vitrina con remedios y llave; una mesita donde (el ginecólogo Jorge Luis) Magnacco tenía el instrumental y ahí estaban Sara Osatinsky y Amalia Larralde. El día del parto yo estaba frente a Patricia, de espalda a la puerta, y las otras compañeras estaban más o menos a esta altura. Fue en noviembre de 1978", explicó.

–¿Y las ventanas estaban así? –le preguntó la presidenta del tribunal, María del Carmen Roqueta.
–Sí, pero para afuera no se veía nada.

Ella también había hablado del parto en una audiencia. Y volvió a hacerlo cuando se paró ante un cubículo del segundo piso, construido con las dimensiones sofocantes de un armario. El cubículo aún tiene una puerta y Patricia permanecía todo el día adentro. "La tenían acá –dijo Miriam–; la puerta cerrada, le daban un sachet de leche como alimento de refuerzo, estaba en este cuarto que no tiene ventilación, siempre sentada arriba de un camastro." Entre el sótano y ese cubículo estaba buena parte del funcionamiento de la ESMA.
Cuando dejaron el sótano, jueces, abogados y testigos atravesaron el hall de entrada para acceder a la escalera que conecta todo el edificio, desde la planta baja hasta el altillo. Todos se detuvieron casi al ingreso de la segunda planta. En un costado, en un cuarto, los sobrevivientes señalaron la maternidad clandestina. El cuarto conocido como la "Sardá por izquierda" tenía tres camas, una mesa y una silla. Cuando llegaba el momento del parto, dijo una de las mujeres, las parturientas quedaban adentro solas con el médico y las otras dos mujeres detenidas se retiraban transitoriamente a otro lugar.
Frente a la maternidad estaba el cuarto de las embarazadas. Entre uno y otro lugar, sobre el pasillo, Miriam Lewin recordó el momento en el que vio a Alicia Alfonsín de Cabandié con su hijo en brazos. "Acá es donde vi a la madre de Juan Cabandié", dijo. El pelo entre castaño y rubio, la piel blanca, los pechos hinchados y el vientre como quien dio a luz hace muy poco, había dicho semanas atrás en la audiencia: "La escena me chocó, me parecía discordante en ese entorno".
Los sobrevivientes siguieron camino. Entonces llegaron al cubículo, atravesaron el pañol de los bienes robados. Hablaron de una visita del represor Emilio Massera. Roqueta les preguntó por el lugar donde estuvo Norma Arrostito. El camino siguió por Capucha, el espacio de los prisioneros. El cuarto semicerrado donde estuvo la emblemática figura de Montoneros. Lila y María Alicia ocuparon ese cuarto después del asesinato: "El ruido era de los grilletes de Arrostito, que iba al baño", dijeron.
El último tramo de la escalera acercó a todos a Capuchita. En el altillo estaba el sector destinado a los detenidos, que en general pertenecían a otras fuerzas. Ahí también estuvo Azucena Villaflor, y Lila contó también que estuvieron una de las monjas francesas y algunos integrantes del grupo de la Santa Cruz. No porque no fueran secuestrados de la Marina, dijo, sino porque aún se supone que a lo mejor los estaban ocultando. Roqueta preguntó por Pablito Míguez, el niño de 14 años secuestrado primero en El Vesubio con su madre, obligado a ver sus torturas, trasladado a la ESMA, a una comisaría del conurbano y luego desaparecido. "Sé que en febrero de 1978, con la visita de una comisión extranjera se desmanteló Capucha y Capuchita –dijo Lila–, los únicos sobrevivientes que volvieron fueron las embarazadas, todos los demás no volvieron."
6 de septiembre de 2011
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