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murió abuela fundadora


Falleció Alicia ‘Licha’ Zubasnabar de la Cuadra, fundadora de Abuelas. La primera presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo murió ayer a los 92 años. No pudo recuperar a su nieta Ana Libertad, nacida en cautiverio en 1977. El año pasado había presenciado el juicio a Von Wernich, partícipe del secuestro y torturas a su hija y su yerno.
Argentina. "La APDH La Plata rinde homenaje a esta luchadora. La incansable trayectoria de Licha deberá ser una luz que nos marque a todos el camino para buscar Verdad y Justicia para nuestros desaparecidos, restitución de los chicos apropiados, cárcel a todos los genocidas y así construir un país libre del temor y de la miseria." La primera presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Alicia ‘Licha’ Zubasnabar de De la Cuadra, falleció ayer a los 92 años después de una larga trayectoria de lucha para averiguar el destino de sus hijos y yerno desaparecidos y para recuperar a su nieta, Ana Libertad, nacida en cautiverio en 1977 y todavía desaparecida.
En aquel 1977, Licha y María Isabel ‘Chicha’ Mariani fueron las que impulsaron el agrupamiento de las Abuelas. "Licha buscó a las otras abuelas que ya conocía de la Plaza de Mayo, nos reunimos y decidimos empezar a trabajar juntas. Eramos doce en ese momento", relató Mariani alguna vez. ‘Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos’ fue el primer nombre con el que se dieron a conocer, aunque pasado un tiempo fueron rápidamente reconocidas por su labor y bautizadas como Abuelas de Plaza de Mayo. La casa de Licha, en La Plata, fue uno de los primeros refugios donde se juntaban para planear cómo conseguir datos sobre hijos, nietos o familiares que estuvieran desaparecidos.
Nacida en Corrientes pero vecina platense desde 1959, en septiembre de 1976 la dictadura secuestró a su hijo Roberto José. Unos meses más tarde a su hija menor, embarazada de cinco meses, Elena, y a su yerno, Héctor Baratti, militante del Partido Comunista Marxista Leninista, que fueron trasladados a la comisaría 5ª de La Plata, utilizada como centro clandestino de detención dentro de lo que luego se conocería como Circuito Camps. Por medio de la investigación y su tenacidad, Licha pudo saber que Elena había parido a su nieta el 16 de junio de 1977 y que su madre la había llamado Ana Libertad.
Licha de De la Cuadra sostuvo sus reclamos de verdad y justicia hasta el final: ya pasados los 90 años se la pudo ver muy seria y expectante en las audiencias en las que se condenó al ex capellán de la policía bonaerense Christian Von Wernich, hallado culpable de ser "partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad agravada y partícipe necesario en la aplicación de tormentos agravados" de su hija menor, Elena, y de su yerno, Hugo Baratti, entre muchos otros. En ese proceso participó como testigo otra hija de ella, Estela. Por su inalterable voluntad de lucha, fue designada en 2007 por el Congreso como una de las mujeres destacadas del año, y desde hace dos años también había sido nombrada presidenta honoraria de Abuelas.
La historia indica que la labor y la presencia de las Abuelas en la sociedad son marca indeleble de la peor herida abierta por los militares y sus prácticas en los años ’70. El trabajo de ellas logró demostrar que la dictadura tenía un "plan sistemático" para apropiarse de los hijos de quienes eran secuestrados y torturados, y abrió la puerta para que pudieran ser enjuiciados nuevamente, burlando las leyes de impunidad. Y así consiguieron que 90 de esos chicos pudieran conocer su verdadera historia, impulsaron la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del Derecho a la Identidad en la Convención Internacional del Derecho del Niño, aprobada por las Naciones Unidas, y la formación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad.
Licha de De la Cuadra no pudo conocer a su nieta. Ana Libertad forma parte de los 400 chicos a los que les robaron su identidad y todavía no pudieron recuperarla. Pero algo de esa abuela existe en cada uno de los que sí pudieron hacerlo.

2 de junio de 2008
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la nieta número noventa


Laura Ruiz Dameri es la tercera integrante de la misma familia que recupera su identidad. Las Abuelas de Plaza de Mayo encontraron a la nieta número 90. Nació en la ESMA y fue apropiada por un represor. Sus hermanos también estuvieron en ese centro clandestino y recuperaron su identidad en 1989 y 2000. Su hermana Victoria cuenta la historia.
[Victoria Ginzberg] Argentina. Silvia Beatriz María Dameri y Orlando Antonio Ruiz fueron secuestrados y llevados a la ESMA. Sus hijos estuvieron con ellos hasta que la patota que manejaba Emilio Eduardo Massera decidió repartirlos. A María de las Victorias la dejaron en la puerta de un hospital de Rosario y a Marcelo en Córdoba. A Laura, que había nacido en el centro clandestino, se la llevó un represor y la anotó como hija propia. El martes, Laura recuperó su identidad, como lo había hecho Marcelo en 1989 y María de las Victorias en 2000. "Nos dejaron en provincias distintas para que nunca nos juntemos. Ahora mis viejos, donde estén, pueden descansar tranquilos. Estamos los tres vivos. No pueden con los Ruiz Dameri", dijo a Página/12 María de las Victorias Ruiz Dameri.
Laura se convirtió en la nieta número 90 en ser recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo. Recibió el resultado del análisis del Banco Nacional de Datos Genéticos que confirmaba su identidad biológica el martes en el despacho de la jueza María Servini de Cubría. No había querido sacarse sangre para la prueba genética, pero la magistrada ordenó un allanamiento para obtener su ADN. María de las Victorias también estuvo el martes en Tribunales. No habló con su hermana, aunque pudo verla y reconocer el parecido con su mamá. "Por ahora ella no quiere acercarse. Debe estar shockeada, estuvo con un apropiador, que es el mismo que torturó a mi vieja. Yo la voy a esperar el tiempo que quiera", aseguró María de las Victorias, desde Rosario. En la comunicación telefónica se mezcla la voz de una nena. La hija menor de María de las Victorias, de un año. La mayor tiene cinco. Además, Laura tiene otra sobrina: la hija de Marcelo que nació el martes, el mismo día que ella confirmó que era hija de desaparecidos.
Silvia Beatriz María Dameri y Orlando Antonio Ruiz militaban en Montoneros. Tuvieron a Marcelo en octubre de 1976 y pocos meses después se fueron del país. En 1978, en Suiza, nació María de las Victorias. Los cuatro volvieron a Argentina a comienzos de 1980, en el marco de la Contraofensiva. En mayo, fueron secuestrados. Silvia estaba embarazada de cinco meses. Laura nació en la ESMA. Pero creció con otro nombre.
"Me acuerdo del lugar. Las columnas. Me acuerdo de estar atada a una cama elástica muy vieja. Me acuerdo que había mucha gente. Son recuerdos hilvanados", relató María de las Victorias, que tenía tres años cuando fue a parar al centro clandestino. Cuando los represores decidieron deshacerse de ella, la dejaron en la puerta del sanatorio de niños de Rosario con una carta escrita a máquina: "Me llamo Victoria. Mis padres no me pueden cuidar. Que Dios los ayude. Gracias". Su hermano Marcelo llevaba exactamente el mismo mensaje pero con su nombre. A él lo abandonaron en Córdoba. Marcelo y María de las Victorias fueron adoptados legalmente. El recuperó su identidad en 1989, ella en 2000: "Me vi en el diario en una foto y dije ‘ésta soy yo’ les conté a mis padres adoptivos y ellos me acompañaron a Abuelas, donde ya habían recibido una denuncia anónima que decía que yo podía ser hija de desaparecidos. Yo siempre supe que era adoptada pero creía que me habían abandonado".
Laura recorrió otro camino. Fue apropiada por el ex prefecto Antonio Azic. El represor, miembro del grupo de tareas de la ESMA, ya se había quedado con otra niña nacida dos años antes en el mismo lugar: Victoria Donda, quien recuperó su identidad en 2004 y hoy es diputada nacional.
Desde hace tiempo las Abuelas sospechaban que Azic era el apropiador de Laura Ruiz. De hecho, el ex prefecto ya fue procesado por ese hecho. En la misma situación están el médico de la marina Carlos Octavio Capdevilla, quien asistió el parto de Silvia Dameri en la "Huevera" –que era también una sala de torturas– y el represor Oscar Rubén Lanzón. El subprefecto Jorge Manuel Díaz Smith está prófugo. Los sobrevivientes aseguraron que Juan Alemann, quien fue secretario de Hacienda de la dictadura, estuvo en la ESMA para ver a los Ruiz, a quienes vinculaban con un atentado en su contra.
Los ex detenidos desaparecidos Carlos Lordkipanise y Víctor Basterra vieron a los Ruiz en el centro clandestino. Contaron que Silvia "estaba muy panzona, con un embarazo muy avanzado" y a pesar de eso "fue torturada por el propio Azic". Silvia y sus tres hijos fueron llevados a una quinta que el grupo de tareas de la ESMA alquilaba en General Pacheco. A la mujer –relataron– le cortaron el proceso de lactancia mediante la aplicación de inyecciones".
El ex prefecto fue el represor que torturó a Lordkipanise junto con su hijo de apenas veinte días: "Me amenazó: ‘Si no hablás, le reviento la cabeza contra el piso a tu hijo’. le dije que no tenía nada que decir, entonces me lo puso en mi pecho y me pasó corriente eléctrica".
"La verdad tarde o temprano sale a la luz. Los tres hermanos recuperaron su identidad y juntos podrán reconstruir la historia familiar que el terrorismo de Estado les quiso robar", señalaron las Abuelas en un comunicado.

30 de mayo de 2008
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represor juzgado por encubrimiento


Oyarbide abrió el proceso contra Patti por ayudar a dos agentes de inteligencia que tenían pedido de captura, acusados de la desaparición de personas. Patti había sido procesado en 2003, pero el hoy ministro macrista Montenegro luego anuló lo actuado.
[Irina Hauser] Argentina. El juez federal Norberto Oyarbide citó a Luis Abelardo Patti al primer juicio oral en su contra. Será juzgado por encubrir a dos represores, Jorge Granada y Luis Arias Duval, cuando tenían pedido de captura por la desaparición de un grupo de militantes montoneros en 1980. Por escuchas telefónicas se supo que intentaba ayudarlos a escabullirse de la Justicia. El caso pone en evidencia cómo desde sus tiempos de oficial en la comisaría de Escobar en 1976, hasta ya en plena democracia, el ex policía mantuvo su fidelidad a las ideas de la última dictadura.
Oyarbide dio el primer paso formal para la apertura del juicio el viernes último: informó al abogado de Patti y al fiscal Oscar Amirante que tienen plazo de cinco días para presentar sus pruebas. Una vez que se cumpla con ese trámite, fijará la fecha para la audiencia principal. Como el encubrimiento es un delito correccional, en el proceso no interviene un tribunal oral colegiado, sino un único juez del fuero federal.
Este expediente tuvo un insólito derrotero judicial que dejó marcas importantes en el camino. Tan así es que, si el juicio oral se hubiera hecho cuando fue elevado por primera vez (en septiembre de 2006) y terminaba en condena, es probable que no hubiera existido toda la discusión sobre si le correspondía o no una banca de diputado a Patti. Según sostuvo la Corte Suprema al fallar a su favor el mes pasado, la falta de idoneidad moral no puede impedir la jura de un legislador electo, algo que sí puede ocurrir, sostuvo, tras una sentencia condenatoria.
Patti fue procesado en agosto de 2003 por darle cobertura a Granada (ex miembro de la sección de Inteligencia 103 de Junín) y Arias Duval (ex jefe de la Central de Reunión el Batallón 601), imputados en la causa sobre la desaparición de militantes montoneros dentro de la llamada Contraofenisiva. Entre las escuchas que se hicieron en esa investigación se había detectado una conversación clave. "Se me está acabando el tiempo. Estoy pensando en entregarme. Es un buen momento", le decía Granada al propio Patti, quien admitió que tenían una amistad de larga data. En el diálogo había también alusiones a la situación de Arias Duval, que acababa de ser detenido.
Tres años más tarde comenzó a intervenir otro juez, Ariel Lijo, que cerró la instrucción y mandó el expediente a juicio oral. Le tocó al ex juez Guillermo Montenegro, ahora ministro de Justicia y Seguridad del gobierno porteño de Mauricio Macri. El ex magistrado accedió a un planteo de la defensa de Patti que cuestionaba al fiscal Oscar Amirante y anuló todo lo que se había hecho en la causa hasta entonces. El líder de Paufe volvió a ser citado a indagatoria por Lijo. Entretanto, su defensa también pidió la prescripción, entre otras tantas cosas.
Oyarbide está a cargo del ex juzgado de Montenegro en forma transitoria, hasta que el Consejo de la Magistratura nombre un nuevo titular. Su iniciativa de impulsar el juicio a Patti responde a una expresa indicación de un reciente fallo de la Sala II de la Cámara Federal, que lo conminó a hacerlo "sin dilaciones indebidas". El fallo, en rigor, anuló lo dispuesto por Montenegro y dispuso rebobinar todo el expediente a su estado previo.
El ex juez, advirtieron los camaristas, "se excedió en sus facultades en desmedro de principios procesales". Y destacaron el "interés social en la búsqueda de la verdad respecto de delitos como el que constituye el objeto de esta causa, donde se ha acusado a un funcionario público de colaborar con imputados por crímenes de lesa humanidad a sustraerse de la Justicia". Como último intento por zafar del juicio, Patti presentó un recurso de Casación. La Cámara Federal, en una resolución de hace dos semanas, lo rechazó de plano, y terminó de despejar el camino para el llamado a juicio. El encubrimiento no es un delito tan grave como el que lo tiene preso en la causa sobre los crímenes cometidos en Campo de Mayo, pero podría adquirir el peso propio de una primera condena.

28 de mayo de 2008
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menem con orden de detención


El fiscal Nisman pidió la detención de Carlos Menem por frenar la investigación sobre el atentado a la AMIA. La solicitud de arresto, que debe definir el juez, incluye, además de al ex presidente, a su hermano Munir, a los ex jefes de la SIDE, al ex juez Juan José Galeano y al ex comisario Jorge Palacios.
[Raúl Kollmann] Argentina. Una semana después del atentado, Alberto Jacinto Kanoore Edul era uno de los sospechosos fundamentales del caso AMIA. Es que entre los escombros de la mutual judía se encontró el motor de una Trafic que fuera propiedad de Carlos Telleldín. Y el 10 de julio de 1994, ocho días antes del ataque, "El Enano", como le decían a Telleldín, recibió una llamada de Kanoore Edul. Este nunca pudo explicar con precisión por qué se comunicó con Telleldín. Además, minutos antes de la explosión, un camión dejó un volquete frente a la AMIA. En la hoja de ruta del chofer figuraba un domicilio de la calle Constitución al 2600, justito donde vive Kanoore. Ayer, el fiscal Alberto Nisman pidió la detención del ex presidente Carlos Menem, de su hermano, Munir, de los hombres que estaban por entonces al frente de la SIDE, Hugo Anzorreguy y Juan Carlos Anchezar, del ex juez Juan José Galeano y del ex titular de la División Antiterrorista de la Policía Federal, comisario Jorge Palacios. A todos les imputa encubrimiento, destrucción de pruebas y una larga serie de delitos cuyo objetivo central era frenar la investigación sobre Kanoore Edul, un hombre ligado desde hacía años a la familia Menem. El juez Ariel Lijo se tomará como mínimo un mes en analizar el escrito, reunir prueba y decidir si da curso o no al pedido de detención de Nisman.
Alberto Jacinto Kanoore Edul es un empresario, hijo de una especie de prócer de la comunidad siria en la Argentina, Alberto Edul padre. La familia es de Yabrud, el pueblo de los Yoma. Se conocían desde hace años con los Menem, aportó para la compra del primer departamento del ex presidente en la Capital, en Jujuy y Cochabamba, y también exhibía relaciones con Monzer Al Kassar, el conocido traficante de armas. Si los atentados de Buenos Aires siempre se concibieron como una consecuencia del conflicto de Medio Oriente, la llamada de Kanoore Edul a Telleldín puede considerarse como una de las pocas pruebas objetivas que tiene el expediente AMIA respecto de la mecánica con la que se cometió el atentado en la Argentina.

- Kanoore llamó desde su celular al teléfono de la casa de Telleldín el 10 de julio de 1994. Ese día, un domingo, fue cuando El Enano entregó la camioneta Trafic cuyo motor apareció entre los escombros de la AMIA ocho días más tarde.

- Cuando lo llamaron a declarar, Kanoore dijo que la llamada fue hecha por su chofer, Norberto Godoy, desde el auto del empresario. El chofer sostuvo que era domingo y que nunca trabajó un domingo.

- Luego Kanoore dijo que no recordaba la llamada y finalmente mencionó que estaba interesado en la Trafic ofrecida por Telleldín en los clasificados del diario Clarín. Pero al único teléfono que llamó, de todos los que publicaron avisos aquel día, fue al de Kanoore.

- Según Nisman, Kanoore también adujo que quería la camioneta para reemplazar una que le robaron, pero el fiscal aseguró que el robo se produjo varias semanas más tarde. O sea que mintió.

- Además, minutos antes del estallido en la AMIA, un camión dejó un volquete frente a la mutual judía. En la hoja de ruta que tenía el chofer figura la calle Constitución al 2600, justito donde vive Edul.

En su resolución de ayer, Nisman sostiene que la pista que se dirigía hacia Kanoore Edul fue bloqueada por orden del entonces presidente Carlos Menem y debido a la intervención de su hermano Munir, en aquel momento director de Audiencias. Aseguran que las maniobras fueron numerosas:

- El juez Galeano ordenó tres allanamientos. Uno directamente no se hizo, sin explicación alguna, y los otros dos se concretaron tarde y mal: los policías a las órdenes de Palacios se reunieron frente al domicilio de Edul a las ocho de la mañana y los allanamientos se hicieron a las 17.20 y 19.30.

- Las escuchas telefónicas demuestran que los Edul estaban enterados de que los policías que se exhibían en la cuadra iban a allanar sus domicilios.

- Nisman revela en su resolución que hay dos llamadas realizadas por el comisario Jorge Palacios a los Edul el mismo día de los allanamientos, varias horas antes de que se realizaran. Desde el 411-5884 se comunicó al 4941-0024 y el 4942-9146, a las 11.29 y a las 11.37. Palacios nunca declaró que aquel celular era verdaderamente suyo, ocultó las llamadas e incluso esos dos teléfonos de Edul no figuraron en la causa judicial hasta mucho después.

- Dos personas sirven como testigos civiles de los allanamientos. Ambos declararon que los sorprendió la superficialidad y "el clima ameno" de los allanamientos.

- El juez ordenó la intervención telefónica de las líneas de los Edul. Lo asombroso es que desaparecieron los casetes y las transcripciones del expediente. Esto es parte fundamental de la acusación presentada ayer.

- Al ordenar el ex presidente Néstor Kirchner que se levante el secreto en la SIDE sobre todo lo relacionado con la causa AMIA, Nisman accedió a una copia de las transcripciones. En ellas hay una llamada de Mabel, hermana de Kanoore Edul, en la que le cuenta a la esposa de Kanoore que Alberto padre está en la Casa Rosada tratando de arreglar las cosas.

- Incluso hay una llamada de Alberto Edul a la Casa Rosada en la que piden que la hermana Beatriz (por Amira Beatriz Yoma) se ocupe del caso y se comunique con la División Protección del Orden Constitucional (POC), lugar al que llevaron a Alberto hijo. También le reclama a quien atiende en la Casa Rosada que le avise a Munir. Todo esto ocurrió el día del allanamiento, el 1º de agosto de 1994.

- Después de ese día prácticamente se abandona la intervención de los teléfonos de los Edul, según Nisman, por decisión de la SIDE.

- El ex secretario de Galeano Claudio Lifchitz declaró varias veces que la investigación contra Kanoore fue frenada por una llamada de Munir a Galeano.

- Cuando se realizó una audiencia de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Investigación de los Atentados, la entonces senadora Cristina Kirchner le preguntó directamente al juez Galeano: "¿Es cierto que lo llamó Munir Menem a raíz de la detención de Kanoore Edul?". Galeano contestó que no recordaba. La senadora Kirchner replicó: "¿Me está diciendo que en la investigación del atentado más fuerte producido en el país usted no recuerda si lo llamó el hermano del Presidente? Me resulta inverosímil".

- Nisman sostiene que entre 1994 y 2000 la investigación de una pista importantísima como la de Edul sólo insumió 1200 páginas. En 2000, cuando se retomó en serio la investigación, en pocos meses se completaron 6000 fojas. Pero el fiscal afirma que en ese momento ya era difícil conseguir pruebas decisivas.

- El fiscal menciona en su dictamen que Galeano ocultó las agendas secuestradas en los domicilios de Edul. En ese incidente aparece con papel protagónico Jaime Stiuso, hombre fuerte hoy de la SIDE, de la investigación del caso AMIA y uno de los principales sostenes de las pesquisas que realiza Nisman. Stiuso afirmó que Galeano le retaceó las agendas a la SIDE y que en esas agendas se podían ver los contactos de Edul relacionados a personas que, según Nisman, llamaron a hombres de Hezbolá. Las agendas se empezaron a investigar –dice el fiscal– recién en 2000.

- Un punto importante señalado por Nisman es que en las agendas de Edul aparecían once talleres mecánicos, un dato curioso tratándose de un empresario textil. Debe tenerse en cuenta que, según la investigación, la Trafic fue preparada. Cuando se pudo investigar la agenda –seis años después del atentado–, nueve de los once talleres habían desaparecido.

- Sobre la cuestión del volquete y la dirección de la calle Constitución, en un baldío que está frente al domicilio de los Edul, Nisman afirma que se tomaron las declaraciones recién en agosto de 2000.

- El fiscal transcribe una frase que, según Lifchitz, dijo otro de los secretarios de Galeano, Carlos Velasco. Cuando Lifchitz propuso insistir en la pista Kanoore, Velasco dijo: "No podemos hacer nada. ¿En qué quilombo querés que nos metamos, si cuando lo detuvimos a Edul llamó el hermano del Presidente? No es el momento".

En octubre de 1997 estuvieron en la Argentina el entonces presidente norteamericano Bill Clinton y su esposa, Hillary. En el marco de un diálogo que esta última mantuvo con los familiares de las víctimas del atentado, Clinton prometió enviar al país una delegación del FBI para opinar sobre la investigación. Esos investigadores estuvieron en la Argentina y su informe se conoció en 1999. Uno de los puntos en los que el FBI puso el acento fue en que debía profundizarse la pista de la llamada de Kanoore Edul a Telleldín. Era una crítica explícita a que esa veta no se había trabajado como correspondía.
Lo que aparece como un punto débil de la denuncia de Nisman es que pide la detención de todos los que taparon a Edul, pero no de Edul mismo. El fiscal afirma que todavía no tiene las pruebas suficientes para probar la participación de Edul, aunque sí dice que tiene las pruebas que demostrarían el encubrimiento. En el terreno judicial puede ser aceptable, pero desde el punto de vista de la investigación del atentado mismo exhibe otra vez que no se puede avanzar en los aspectos concretos de la conexión local: cómo y dónde se armó la camioneta, quién suministró los explosivos, quién condujo el vehículo hasta la AMIA, cómo llegó al país el supuesto suicida, por dónde y de qué forma traspasó la frontera y quién le dio cobijo.
La hipótesis tácita que exhibe Nisman es que alguien relacionado con Edul le compró la camioneta a Telleldín, se la entregó a hombres del agregado cultural de Irán, Mo-shen Rabbani, y éste al terrorista que voló la AMIA. Esa secuencia, todavía no pudo ser probada. Y se van a cumplir catorce años del ataque.

23 de mayo de 2008
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para evitar la ley como mordaza


La Corte Interamericana intimó a la Argentina a modificar la legislación sobre calumnias e injurias. El tribunal internacional sostuvo que debe anularse el fallo contra el periodista Eduardo Kimel, condenado por criticar al juez que estuvo a cargo de la causa de la masacre de San Patricio.
[Diego Martínez] Argentina. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó al Estado argentino por el caso del periodista Eduardo Kimel: le exigió que dejara sin efecto la condena en su contra, que lo indemnizara, reconociera su responsabilidad en un acto público, y lo intimó a modificar su legislación en materia de calumnias e injurias para evitar nuevas violaciones a la libertad de expresión. Kimel había sido condenado por criticar la actuación del juez Guillermo Rivarola durante la investigación de la "masacre de San Patricio", el asesinato de cinco sacerdotes y seminaristas palotinos el 4 de julio de 1976. Durante la conferencia de prensa que ofreció ayer en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que lo patrocinó ante el sistema interamericano, Kimel celebró la resolución del máximo tribunal regional en materia de derechos humanos, recordó que el proceso judicial le insumió 17 de sus 55 años y lamentó no poder compartir la buena nueva con su compañera Griselda Kleiner, fallecida en 2006.
La investigación sobre el más importante hecho de sangre sufrido en el país por la Iglesia Católica, que aún no se presentó como querellante, se publicó en 1989. "¿Se quería realmente llegar a una pista que condujera a los victimarios?", se preguntó Kimel tras analizar el expediente. Recordó que la Justicia durante la dictadura fue "condescendiente cuando no cómplice", destacó que "elementos decisivos" para esclarecer el caso "no fueron tomados en cuenta" y que "la evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa".
Rivarola lo querelló por calumnias (falsa imputación de un delito) e injurias (deshonra o descrédito). En 1995 la jueza Angela Braidot condenó a Kimel a un año de prisión y 20 mil dólares de indemnización por injurias. Incurrió en "un exceso injustificado, arbitrario e innecesario", sostuvo. Un año después la Cámara de Apelaciones revocó la condena. Calificó al libro como "una breve crítica histórica" que "no ha excedido los límites éticos de su profesión". En 1998 la Corte Suprema de Justicia menemista revocó la absolución y ordenó dictar una nueva sentencia. Adolfo Vázquez, Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López y Carlos Fayt apuntaron "falsedad de las imputaciones delictivas" y "dolo" del escritor "con la única intención de desacreditar al juez". Los camaristas Alfredo Barbarosch y Carlos Gerome acataron el lineamiento y condenaron a Kimel, entonces por calumnias. El rechazo de los recursos ante la Corte presentados por los abogados de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utpba) abrieron la instancia interamericana.
A fines de 2000, el CELS y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) demandaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violar el derecho a expresarse libremente y utilizar los "delitos contra el honor" para criminalizar la labor de la prensa. La Comisión se tomó su tiempo: en 2006 formuló al Estado una serie de recomendaciones y "ante la falta de avances" presentó el caso a la Corte. Consideró que "la mera existencia" de los tipos penales de calumnias e injurias, con la "ambigüedad, amplitud y apertura" con la que están formulados, "disuade a las personas de emitir opiniones críticas" sobre funcionarios. En octubre pasado, durante una audiencia pública en Bogotá, Colombia, funcionarios argentinos admitieron la violación al derecho a la libre expresión, a ser juzgado en un plazo razonable (el proceso duró nueve años) y se comprometieron a "adoptar medidas legislativas" para garantizar el cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que Argentina suscribió en 1984.
El 2 de mayo, en la sentencia que se conoció ayer, la Corte consideró que la actual "tipificación amplia" de calumnias e injurias viola el principio de legalidad y recordó que en sociedades democráticas los funcionarios se exponen voluntariamente "al escrutinio y la crítica". Consideró que en el caso Kimel "las autoridades judiciales no actuaron con la debida diligencia y celeridad" y que "la afectación a la libertad de expresión fue manifiestamente desproporcionada, por excesiva, en relación con la alegada afectación del derecho a la honra". Sentenció al Estado a dejar sin efecto la condena, publicar la sentencia en el Boletín Oficial y un diario de amplia circulación, reconocer su responsabilidad en un acto público e indemnizar a Kimel con 30 mil dólares por daño material e inmaterial, que incluye desde la angustia y el descrédito sufridos hasta su alejamiento del periodismo de investigación. Finalmente, exigió al Estado "adecuar en un plazo razonable su derecho interno" a la Convención Americana, de modo que "las imprecisiones" de los tipos penales "no afecten el ejercicio del derecho a la libertad de expresión".
La sentencia "forma parte de una lucha por la libertad de expresión que lleva dos décadas" y "complementa el fallo que en 1993 derogó el delito de desacato", destacó ayer Horacio Verbitsky, presidente del CELS. Kimel agradeció a las organizaciones que lo respaldaron a lo largo del proceso y relató que la acusación de Rivarola, quien "no paradójicamente comenzó su carrera en 1955", lo colocó "en un terreno que no esperaba: el de la lucha inevitable por salvar el pellejo ante una condena penal". Verbitsky recordó que en 1999, a partir de una denuncia de Carlos Menem en su contra, "la Argentina asumió el compromiso de modificar el Código Penal" en materia de calumnias e injurias. "Los sucesivos gobiernos ratificaron ese compromiso pero nunca lo cumplieron", concluyó.

22 de mayo de 2008
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granero y supermercado del mundo


Argentina produce alimentos como para una población doce veces mayor a la actual. Son 135 millones de toneladas de alimentos básicos, suficientes como para 450 millones de personas. Se exporta el 91,7 por ciento de lo que se produce, pero aun así los productores quieren subir los precios locales.
[Roberto Navarro] Argentina. En Argentina se producen cereales, oleaginosas y carne vacuna, porcina, ovina y caprina. También aves, huevos, hortalizas, frutas, azúcar y miel. Además se capturan peces, moluscos y crustáceos. Y la lista sigue. En la extensa geografía nacional se producen centenares de variedades de alimentos. Con cifras de la Secretaría de Agricultura y de cámaras sectoriales y el asesoramiento de profesionales de la Facultad de Agronomía de la UBA, liderado por el investigador Sergio Britos, Página/12 preparó el mapa de la producción de alimentos básicos del país. En total, este año se producirán 135 millones de toneladas, cantidad suficiente para alimentar a 450 millones de personas. Es decir que con el actual nivel de producción se podría abastecer a una población 12 veces más grande que la que habita en la Argentina. Pero en el país existen más de dos millones de personas que no pueden consumir los nutrientes imprescindibles. En Argentina sólo queda el 8,3 por ciento de la producción: el resto se exporta. Aunque la incidencia de las ventas locales es mínima en el resultado de los grandes productores, la suba de los precios internacionales de los alimentos arrastró al alza los valores de los comestibles locales. En ese contexto se inscribe la puja por las retenciones móviles entre el Gobierno y las cámaras empresarias del sector agropecuario. Un Derecho de Exportación más bajo elevaría los precios locales, lo que disminuiría el consumo interno liberando un mayor excedente para exportar.
Argentina no es un país pobre, es un país injusto: la producción de trigo alcanza para elaborar un kilo de pan por día para cada habitante. La de los tambos para tres cuartos de litro de leche por persona por día. Es decir, mucho más de lo necesario. Pero las cifras del Indec muestran que más de dos millones de argentinos no consumen los nutrientes imprescindibles y hay consultores privados, como el sociólogo del Conicet, Agustín Salvia, que eleva esa cifra a cinco millones de personas. Sergio Britos, licenciado en nutrición y docente de la UBA, explicó a Página/12 que "Argentina produce el equivalente a 26.000 calorías diarias por persona, pero sólo consume en promedio 2300. Con el excedente se podría alimentar a 410 millones de personas más", poco menos que la población de la Unión Europea.
La producción de carne vacuna, porcina, ovina y caprina es suficiente para que consuma medio kilo de carne diario por persona. También se produce lo suficiente para que cada argentino pueda comer un kilo de verdura y medio kilo de frutas por día. Una primera lectura invita a pensar que ante semejante abundancia de oferta los precios de los alimentos deberían ser bajos. Pero no es así. Desde mediados de 2007, el precio internacional del trigo, el maíz, la soja y el girasol –los cuatro granos de mayor incidencia en la canasta alimentaria– aumentaron un promedio del 75 por ciento. En ese período, en una de las cadena de supermercados que apunta a las clases populares, el paquete de un kilo de la harina aumentó 117 por ciento; los fideos, 116 por ciento; los huevos, 58 por ciento y la carne subió un 46 por ciento.
En marzo de 2002 Página/12 presentó el primer mapa de la producción de alimentos básicos del país, con las mismas características que el de hoy. En ese momento, se producían 99 millones de toneladas, que alcanzaban para satisfacer las necesidades alimentarias de 330 millones de personas. Seis años después el país puede alimentar un 36 por ciento más de personas. Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Social aumentó las partidas destinadas a distribución de alimentos gratuitos entre 2006 y 2007 en un 23 por ciento, pasando de 752 a 926 millones de pesos. Y según una encuesta realizada por la cartera de Salud, el 32 por ciento de los niños y niñas menores de 12 años del país tuvo que recibir algún tipo de asistencia alimentaria durante 2007. En el Gran Buenos Aires el 40,7 por ciento de los niños recibió alimentos en comedores, colegios o en sus casas. Y, aunque como se cita más arriba, en el país se produce el equivalente a tres cuartos de litro de leche por persona diarios, el 29 por ciento de los menores de dos años recibió leche en polvo de algún plan alimentario durante el año pasado. Este registro se elevó al 51 por ciento de los chicos en el noreste argentino y al 54 por ciento en el noroeste.
El país produce una enorme cantidad de alimentos, pero los vende a precios cada vez más lejanos del bolsillo popular. Por eso terminan en las mesas de habitantes de países que sí pueden pagarlo. En la última década las exportaciones de carne vacuna aumentaron un 92 por ciento. Los principales compradores son Alemania, Holanda, Italia y Gran Bretaña, países con un ingreso per cápita promedio de 4000 dólares mensuales, diez veces más que el promedio local. Desde la salida de la convertibilidad el precio del novillo en el Mercado de Liniers aumentó 450 por ciento y el salario promedio, 152 por ciento. De todas maneras, el precio del kilo de carne es carísimo para el consumidor argentino. Al productor le sigue conviniendo exportarlo a tres dólares que venderlo en el mercado interno.
Los especialistas consultados por este diario coincidieron en que la producción nacional de alimentos no sólo es importante en cantidad, sino también en variedad y calidad. Además de ser el primer exportador mundial de aceite y también el primero de girasol, es el segundo en ventas externas de maíz y maní y el tercero de soja. Pero en los últimos años se convirtió además en el líder en los mercados internacionales de miel, de peras y de limones. También está avanzando rápidamente en el ranking de ventas de arándanos y de productos orgánicos. En pocos años se convirtió en un jugador importante en el mercado de aves. Y está exportando incluso equinos, conejos, búfalos y ñandúes.
Cuando este diario realizó el primer mapa de la producción en el 2002 el campo producía 72 millones de toneladas de granos en 28 millones de hectáreas. Dentro de esa misma área también se alimentaban 50 millones de cabezas de ganado. En la actualidad se utilizan 30,3 millones de hectáreas para producir un 32 por ciento más de granos. Y la producción de carne, aún con un pequeño aumento en la cantidad de cabezas, creció un 50 por ciento. Semejante aumento de la productividad, sumado al impresionante incremento de los precios internacionales, llevaron a que entre el sector agropecuario y el agroindustrial participaran en el 60 por ciento de las exportaciones del año pasado y fueran los responsables del 70 por ciento del crecimiento de las ventas externas de 2007 con respecto a 2006.
En total, entre alimentos primarios y manufacturados, el año último se exportó por 28.800 millones de dólares. La contracara de ese boom la ofrece la Encuesta Nacional de Nutrición del Ministerio de Salud, que precisa que "el 34,5 por ciento de los niños de entre 6 y 72 meses sufren de anemia por recibir una ingesta inadecuada". Además, precisa que "el 28 por ciento de estos chicos no consume la cantidad suficiente de calcio, al 19,8 por ciento le falta hierro y al 23,8 por ciento le falta vitamina A, por consumir poca carne, verduras, huevos y lácteos".

19 de mayo de 2008
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mercado negro de granos


La última cosecha de trigo se estimó en 16 millones de toneladas. Pero sólo se declararon 12 millones para exportación y molienda.
[Raúl Dellatorre] Argentina. Una alta proporción de granos se vende en negro. Ello impide a los productores chicos recibir compensaciones. La Oncca busca blanquear cuatro millones de toneladas de trigo, una cuarta parte de la última cosecha que no fue declarada. Es un reflejo del manejo irregular del mercado de granos y del porqué los más chicos no acceden a las compensaciones.
Cuando el 31 de marzo, el entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, anunció las compensaciones para los productores más chicos de granos por diferencias de retenciones y por flete, la suposición lógica era que el conflicto se encaminaba a una solución. Sin embargo, el beneficio fue rechazado por las entidades rurales, sin demasiadas explicaciones acerca de por qué no los satisfacía, cuando aparentemente el 80 por ciento de los productores quedaban mejor posiciones que antes de las retenciones móviles. La auténtica razón de la insuficiencia de la medida es que, para recibir compensaciones, los productores deben figurar en el padrón tributario y registrar sus operaciones. Apenas una minoría cumple el requisito. La actual controversia entre los exportadores de trigo y el organismo responsable de autorizar el registro de operaciones de venta al exterior, la Oncca, pasa justamente por ese plano: la diferencia entre unos y otros sobre el grano disponible para exportación es de nada menos que de cuatro millones de toneladas, el 25 por ciento de la cosecha total estimada. Sería la proporción de la producción no declarada que, casi como una extorsión, sólo se ‘blanquearía’ en caso de que se autorice su exportación. De ir al mercado interno, permanecerían en el ‘circuito negro’, hasta su venta al consumidor como pan, facturas, harina o fideos.
Se estima que en el país hay alrededor de 50 mil productores de trigo. Sin embargo, el año pasado el registro de la Oncca de quienes se presentaron a pedir alguna compensación no llegaba al 10 por ciento de ese universo. Se adujo, desde la vereda de la dirigencia agropecuaria, que los trámites para la acreditación de las compensaciones eran "muy complejas" e inalcanzables para el pequeño productor. Pero se eludía, prudentemente, admitir que una amplia mayoría no está registrada como contribuyentes.
"La producción de granos constituye un sector muy grande de la economía argentina, pero un alto porcentaje del mismo se maneja de manera irregular", advirtió Ricardo Echegaray, titular de la Oncca (Organismo Nacional de Control Comercial Agropecuario), en diálogo con Página/12. "Las compensaciones, conceptualmente, siguen siendo la herramienta para optimizar el desacople entre los precios internacionales en alza y el valor de la materia prima para el mercado interno. Pero el productor debe saber que, para compensar, el requisito principal no es llenar un formulario o hacer un trámite, sino estar en regla con el sistema tributario."
La apreciación de Echegaray calza perfectamente con lo que sucede en el mercado triguero. Tanto las estimaciones privadas como la de la propia Secretaría de Agricultura coinciden en que la última cosecha (2007/08) arrojó una producción de 16,2 millones de toneladas. "Cuando nosotros nos hicimos cargo del Oncca, a principios de abril, teníamos que de esa cosecha se habían exportado seis millones", relata el titular del organismo. "Como la demanda interna para molienda y elaboración de productos de panadería y de pastas se calcula en poco más de seis millones de toneladas, los exportadores nos reclamaban que autoricemos la venta al exterior de las cuatro millones de toneladas restantes".
El problema es que esa cantidad de trigo, supuestamente "disponible", no aparece en las existencias declaradas por los distintos operadores del sector. Sumando lo que dicen tener los molinos y acopiadores, en sus propias instalaciones o ya compradas pero aún en campo del productor, no pasan de 5,1 millones de toneladas. Como aún se necesitan 4,7 millones de toneladas para la molienda destinada al mercado interno de aquí hasta el ingreso de la nueva cosecha, apenas quedarían disponibles 400 mil toneladas para exportar. Prudentemente, sólo se autorizó la apertura del registro de exportadores por 100 mil: el 2,5 por ciento de los cuatro millones que pretenden los exportadores.
Lógicamente, la suposición que hacen todos, autoridades y analistas privados, es que no se trata de un error tan grosero de estimación de la cosecha, sino que existe trigo no declarado en varios puntos de la cadena comercial. Este podría estar en manos de productores que aún no vendieron, en poder de acopiadores que no los declararon, en manos de otros intermediarios e incluso de molinos que no informaron de su existencia. Intentando descifrar su localización, la Oncca obligará a los productores a declarar qué cantidad de trigo tiene almacenada en silobolsas. Seguramente no será una solución definitiva, puesto que gran parte de los productores no están registrados y, por tanto, seguirán en las sombras. Ellos y su trigo. El paso siguiente sería la inspección física de campos, especialmente cercanos a los molinos, en búsqueda del trigo perdido.
Mientras el trigo no se declare, la decisión de la Oncca es mantener cerrada la exportación. Aunque con ello se corra el riesgo de que el trigo no registrado entre en un "circuito negro": pase por la molienda sin ser declarado, se produzca harina y se venda a la industria panificadora o de pastas sin declarar. La presión de los exportadores es que sólo abriendo el registro se asegura su blanqueo, y sólo en su última etapa. Pero si se habilita su exportación y resulta que el stock disponible no existe, antes de que entre al mercado la nueva producción de trigo se produciría una situación de desabastecimiento y salto en los precios internos.
La existencia de una importante franja de producción de granos "en negro" ha sido una palanca que, en definitiva, siempre resultó funcional al interés de los exportadores. Y en la coyuntura actual, un paredón que impide la aplicación de políticas de Estado a través de las compensaciones. La Oncca va al rescate del instrumento.

18 de mayo de 2008
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represor argentino se niega a declarar


Ex represor argentino se niega a declarar por violaciones a derechos humanos.
Argentina. El ex general Luciano Benjamín Menéndez se negó a declarar este jueves sobre el secuestro y la desaparición de personas durante la dictadura militar argentina en la provincia de Tucumán, 1.300 kilómetros al norte de Buenos Aires.
Cuando el juez federal Daniel Bejas intentó interrogarlo sobre la desaparición de opositores políticos en esa zona entre 1976 y 1978, Menéndez decidió negarse a declarar "porque -dijo- estos juicios son inconstitucionales".
En las mismas causas judiciales está imputado el ex gobernador militar de Tucumán, Antonio Bussi, con prisión domiciliaria en San Miguel de Tucumán.
Bussi y Menéndez están acusados, entre otros delitos, de la desaparición del ex senador peronista Guillermo Vargas Aignasse.
Luciano Menéndez está involucrado en alrededor de medio millar de denuncias sobre violación de derechos humanos durante la dictadura y se encuentra con prisión domiciliaria en la ciudad de Córdoba, centro del país.
El ex represor fue titular del Tercer Cuerpo de Ejército con jurisdicción sobre el centro y el norte del país y será sometido próximamente a juicio oral y público en Córdoba, donde funcionó bajo su mando el centro de detención ilegal ‘La Perla’, donde desaparecieron centenares de presos políticos.

15 de mayo de 2008
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