argentina

desaparecidos en history channel

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History Channel emitirá documental sobre desapariciones en Argentina.

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Argentina. El próximo 8 de junio el canal History Channel estrenará el documental ‘Los desaparecidos’, que cuenta la historia de Horacio, un joven argentino que descubre que sus padres fueron asesinados en los años ’70 y posteriormente fue entregado a la familia de los empleados del oficial que les mató.
‘Los desaparecidos’ narra a través de este joven la angustia que sufrieron miles de familias que se vieron sometidas a la dictadura militar que gobernó Argentina del 1976 a 1983, y durante la que desaparecieron unas 30.000 personas.
En esta oscura etapa de la historia argentina, miles de trabajadores sindicalistas, activistas y otras personas consideradas ‘enemigas de Estado’ fueron arrestadas, torturadas y asesinadas, mientras que sus hijos fueron secuestrados y criados por padres sustitutos. Horacio fue uno de ellos.
El documental cuenta cómo Horacio comenzó a sospechar que era el hijo de desaparecidos y empieza a investigar hasta que una prueba de ADN confirma que en realidad es hijo de Liliana Corti y Horacio Pietragalla, dos jóvenes estudiantes y activistas que murieron a tiros.
‘Los desaparecidos’ recoge entrevistas íntimas con Horacio, sus padres sustitutos, miembros de su familia biológica, amigos y vecinos.
También incluye entrevistas con supervivientes y testigos de las atrocidades ocurridas, miembros del grupo de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo, autoridades del gobierno y personal militar de alto rango que estuvieron a ambos lados durante este período histórico.
Dirigido por Peter Sanders y con música de Gustavo Beytelmann, este documental es el primero en el que un cineasta sigue al hijo de desaparecidos a lo largo de una difícil búsqueda en el pasado para descubrir su propia identidad.

15 de mayo de 2008
©la nación

atacan a madres de plaza de mayo

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La sede de las Madres de Plaza de Mayo sufrió un robo y diversos destrozos. Durante la madrugada del domingo, al menos tres personas entraron a la sede ubicada frente a la Plaza del Congreso. Hebe de Bonafini denunció que se trata del mensaje "estamos volviendo". Además de plata, robaron el pañuelo de la titular de las Madres.

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Argentina. "Esto es una señal. A mi hija le dijeron ‘estamos volviendo’. Nos están diciendo ‘estamos aquí, estamos volviendo y te rompemos todo lo que queremos’." Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, se refirió así a los robos y destrozos que sufrieron la casa de las Madres y la universidad, aparentemente durante la madrugada del domingo. Robaron poco dinero, pero elementos con fuerte valor simbólico, como el pañuelo de Hebe.
Los trabajadores de la feria de las Madres, que se encuentra en la Plaza del Congreso, frente a la sede ultrajada en Hipólito Yrigoyen 1584, dieron aviso a Bonafini cuando advirtieron que las puertas del edificio habían sido forzadas. "Encontramos todo roto, todo tirado. Rompieron todas las puertas de las oficinas y los cajones, pero solamente falta un sobre con una pequeña suma de dinero y algunas cosas de un bolso", detalló en diálogo con Página/12 la titular de Madres. Se refería a un bolso que ella guarda en su oficina y de donde le sustrajeron 30 pesos, una agenda "con pocas direcciones e información" y el pañuelo "con el que voy los jueves a la Plaza, lo que forma claramente parte del ‘mensaje’ que nos quisieron dejar". También se llevaron un sobre con cinco mil pesos, pero dejaron cheques al portador por siete mil pesos destinados al pago del personal de la radio, así como tampoco faltaron televisores, DVD y consolas que se encontraban en el sector de prensa y audiovisuales.
Después de que Bonafini se comunicara con el ministro del Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, acudió la Policía Científica y realizó las tareas de rigor. Encontraron huellas de los zapatos de al menos tres personas y descubrieron que las cerraduras de las puertas exteriores habían sido forzadas "de adentro hacia afuera, es decir, que las habrían roto cuando necesitaron salir y no para entrar", indicó una fuente. Este dato abona la teoría de que los autores de los destrozos "habrían ingresado la tarde anterior (del sábado) y esperaron hasta el fin de la jornada para comenzar con los desmanes".
En declaraciones a la radio de las Madres, Hebe de Bonafini relacionó la agresión sufrida el fin de semana con un editorial difundido hace unos días en el que reclamó a la Armada que brinde datos para agilizar la investigación por la masacre de Trelew. "Estamos haciendo denuncias fuertes y ésta es la respuesta. Esto es pesado porque es la evidencia de que están activos", dijo en referencia a sectores vinculados con la última dictadura militar. No es la primera vez que Bonafini sufre este tipo de agresiones. En 2002, su hija Alejandra fue golpeada, amenazada y hasta quemada con cigarrillos. A principios de este mes fue nuevamente su hija el objetivo elegido para amedrentarla, cuando le dijeron a través del portero: "Estamos hartos, vamos a matar a tu mamá", y al día siguiente se encontró con dos personas sospechosas frente a su puerta.
La presidenta de Madres estuvo en la sede en cuanto le avisaron del sabotaje y se retiró junto a otras Madres que la acompañaban cuando comenzaron las tareas de refacción de las cerraduras, una vez que se retiró la policía. "Yo digo que nos ofrecen de todo: nos ofrecen seguridad y nos ofrecen custodia –dijo Bonafini–. Pero la mejor manera de cuidarnos es que los ministros, los secretarios y la policía investiguen y descubran quiénes han sido capaces de hacer esto. Si no, no sirve."

13 de mayo de 2008
©página 12

vuelven a amenazar a activista

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Después de haber sido secuestrado la semana pasada, Juan Puthod fue acosado en la calle y en un bar. Ahora decidió aceptar la custodia y pedirá que la Bonaerense se aparte del caso. Hoy se define si la pesquisa queda a cargo de la Justicia federal.

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[Adriana Meyer] Argentina. Juan Puthod volvió a ser víctima de una intimidación. Este sobreviviente de la dictadura, que preside la Casa de la Memoria de Zárate y estuvo secuestrado la semana pasada durante 28 horas, está convencido de que tocó algún nervio sensible del aún activo aparato represivo. "Algo está pasando, siempre hubo amenazas, pero no tanto como ahora, con tanto énfasis, están operando", dijo Puthod a Página/12. El domingo fue seguido por desconocidos mientras compartía la jornada con su esposa y sus compañeros y decidió aceptar la custodia que le ofreció la fiscalía. Hoy podría definirse si la investigación de su secuestro queda finalmente radicada en la Justicia federal de Campana. Y Puthod sería recibido por el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, a quien le pedirá el apartamiento de la policía bonaerense de su caso.
La secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Sara Derotier de Cobacho, se entrevistará con el fiscal del caso, Martín Zocca, quien ya se declaró incompetente para seguir interviniendo. Así, la jueza de Garantías de Zárate-Campana Graciela Cione remitió el expediente a la Justicia federal de San Martín porque creyó que allí podría haber causas conexas, pero como esa jurisdicción lo rechazó, Zocca seguirá actuando hasta que se defina la competencia. De hecho, ayer volvió a realizar un rastrillaje en zonas donde Puthod podría haber estado cautivo. El lunes tomó nota de la nueva intimidación sufrida por Puthod y sus allegados y le asignó la custodia de un policía bonaerense de "traslado de personas".
En principio, Puthod había rechazado la protección, pero a partir de lo sucedido el domingo su familia se sintió muy atemorizada y decidió aceptarla. Ese día fueron seguidos por un Volkswagen plateado y otro vehículo, primero en la calle. Luego, en un bar, los desconocidos se sentaron detrás de la mesa que compartía con su esposa, Graciela Lencina, y su compañero Martín Labró. Los individuos se mostraron "con total impunidad", a cara descubierta. "Cualquiera de nosotros podría reconocerlos si los volviéramos a ver", comentaron allegados a Puthod a Página/12. Uno de los autos siguió a Labró cuando tomó un colectivo para ir a su casa. El lunes, cuando Puthod fue a declarar a la fiscalía, vio el mismo Volkswagen y a uno de sus ocupantes que lo había seguido horas antes. Su esposa llegó a tomar los tres números de la patente, aunque no las letras, pero la policía no encontró nada al respecto.
Al desprenderse del expediente, el fiscal Zocca citó el antecedente del caso del desaparecido Julio López, cuando luego de tres meses de su desaparición la Corte Suprema determinó la competencia del fuero federal. Tras esa experiencia, en la Secretaría de Derechos Humanos provincial consideran que las actuales intimidaciones a testigos y protagonistas de los juicios deben ser investigados por la Justicia federal. El poder político pretende que intervengan jueces y fiscales de ese fuero, pero de la jurisdicción en que ocurrió el nuevo hecho y no por conexidad con las causas en las que esas víctimas declararon con anterioridad.
El expediente Puthod ya está en el despacho del juez federal de Zárate-Campana Federico Faggionato Márquez. El magistrado deberá decidir si se queda con la causa y, luego, dar intervención también al fiscal federal Orlando Bosca. En ese juzgado está la causa 5310 sobre el hallazgo de restos óseos en el Tiro Federal, impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos provincial, que abarca el circuito represivo de Zárate, Campana y Baradero y en la que declaró Puthod como sobreviviente de esos campos.
En diálogo con Página/12, la secretaria Derotier de Cobacho destacó que el gobierno provincial pretende "llegar hasta las últimas consecuencias" en el esclarecimiento del caso. Este diario le preguntó por qué aún no fue apartada la Policía Bonaerense, ya que el propio Puthod sospecha que fue secuestrado por uniformados. La funcionaria respondió que está actuando en conjunto con la Policía Federal y que esta fuerza es la que realizó los allanamientos del caso. "En el ’76 lo secuestró la Prefectura, no la Bonaerense, por eso ahora no participa del caso", explicó Derotier de Cobacho. El fiscal Zocca llegó a interrogar como testigo a un ex integrante de la Prefectura en los años ’70, pero esto ocurrió cuando el militante de derechos humanos aún no había aparecido, y esa persona no quedó imputada.

10 de mayo de 2008
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prisión para los jefes de camps

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Fueron arrestados el ex gobernador de facto bonaerense durante la dictadura, Ibérico Saint-Jean, y su ministro de gobierno Jaime Lamond Smart. Lo dispuso el juez Arnaldo Corazza, en una causa iniciada por el secuestro de Jacobo Timerman.

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[Laura Vales] Argentina. El ex gobernador bonaerense de facto Ibérico Saint-Jean y su ministro de Gobierno Jaime Lamond Smart fueron detenidos por orden del juez federal Arnaldo Corazza por su presunta responsabilidad en el manejo de los centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura. La causa fue iniciada por los hijos del periodista Jacobo Timerman, director del diario La Opinión, secuestrado en 1977 y cautivo en varios de esos centros clandestinos. El objetivo de la causa judicial es establecer la participación de estos civiles –la denuncia inicial incluye a otros seis– en los crímenes del terrorismo de Estado.
Los dos ex funcionarios del gobierno militar fueron detenidos el lunes a la noche y trasladados ayer a la mañana para prestar declaración en el juzgado de La Plata, donde pidieron la prisión domiciliaria, lo que el juez Corazza les concedió, ya que ambos son mayores de 70 años. Saint–Jean, que es militar pero estaba retirado cuando lo nombraron interventor de la provincia de Buenos Aires, ya pasó los 80 y está enfermo. Smart tiene 72 y goza de buen estado de salud, por lo que los querellantes pedirán que cumpla prisión en una cárcel común, según anticipó Alejo Ramos Padilla, abogado de Javier y Héctor Timerman, actual embajador en los Estados Unidos.
La denuncia contra Saint-Jean y Smart fue presentada por Ramos Padilla en septiembre del año pasado, mientras se sustanciaba el juicio oral contra el sacerdote Christian von Wernich. El letrado pidió entonces además la detención de otros seis civiles que prestaron funciones durante la dictadura, entre quienes están Alberto Rodríguez Varela y Roberto Durrieu, ambos abogados en actividad. A esa presentación se sumó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y numerosas víctimas, que hicieron que del secuestro de Timerman se pasara a investigar setenta casos de detenciones ilegales en los centros clandestinos manejados por el entonces jefe de policía Ramón Camps.
Saint-Jean, como interventor, y Smart, como ministro de gobierno, fueron los jefes directos del entonces jefe de policía. En la denuncia inicial, el abogado de la familia Timerman los señaló no sólo por haber formado parte de un gobierno represivo: "Desde las páginas de La Opinión se denunciaban violaciones a los derechos humanos, se publicaban hábeas corpus, etc. –recordó–. Ello sin duda irritó a los genocidas de la dictadura, en especial a Guillermo Suárez Mason, Camps y Saint-Jean, que conformaban el ala más violenta de la misma. El primero –Suárez Mason–dispuso la detención de Timerman, el segundo –Camps– llevó a cabo el operativo y el tercero –Saint-Jean– convocó a un equipo especial de funcionarios civiles de su confianza para que desde la gobernación colaboraran con estas operaciones".
La participación de estos civiles fue reconocida por el propio Camps en su libro 'El caso Timerman', en el que el represor agradeció su "colaboración". Camps dijo en el texto que esos funcionarios "trabajaron en la investigación y los interrogatorios" y aportaron para "establecer cuál era el verdadero trasfondo de La Opinión a través del análisis del contenido de todos los números".
Tras aquella denuncia, el fiscal federal Sergio Franco solicitó al juez Corazza la detención de Saint-Jean y de Smart. El fiscal argumentó que Saint-Jean, como gobernador de facto, "ostentaba el mando superior de la Policía, aun por encima del propio Camps". En cuanto a Smart, entendió que le cabían similares consideraciones, "pues en su carácter de ministro de gobierno debía resultar un eslabón necesario entre el gobernador militar y la jefatura de la policía, al menos en la facilitación de los medios necesarios para la operatoria del terrorismo de Estado".
Smart tiene una historia estrechamente vinculada con el poder militar: era secretario de un juzgado hasta que en 1968 el gobierno de Juan Carlos Onganía lo designó fiscal; tres años más tarde, otro gobierno militar, el de Roberto Levingston, lo promocionó a juez como integrante de la Cámara Federal dedicada a juzgar guerrilleros y opositores políticos, más conocida como "el Camarón". Con el golpe de estado del ’76 se convirtió en ministro de gobierno bonaerense; recuperada la democracia se dedicó al ejercicio de la abogacía como defensor de los ex policía Samuel Miara, apropiador de los mellizos Reggiardo-Tolosa y del represor Albano Harguindeguy. Además del caso Timerman, Smart tiene abierta una segunda causa judicial en la que fue imputado por el secuestro y la desaparición del abogado Rodolfo Gutiérrez, ocurridos en 1978 en San Isidro.

10 de mayo de 2008
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marcha por la marihuana

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Consumidores que reclaman la despenalización. Son "consumidores autoconvocados" y se reúnen, como todos los años, junto al Planetario, en Palermo. Piden despenalizar la tenencia y el cultivo de cannabis para uso recreativo y medicinal.

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Argentina. Desde hace 15 días más de cincuenta personas vienen reuniéndose para planear la versión porteña de la Marcha Mundial de la Marihuana. El evento se llevará a cabo hoy a las 13 junto al Planetario, en los bosques de Palermo, y estuvo coordinado por la revista THC, cuyo director, Sebastián Basalo, aclaró que se trata de "consumidores autoconvocados que organizaron la marcha con absoluta horizontalidad". El reclamo principal es la despenalización de la tenencia y el cultivo del cannabis para uso recreativo y medicinal, el cese de la persecución penal a los consumidores y la posibilidad de que se investiguen los riesgos reales de las drogas prohibidas, cuyo estudio está penado por la ley.
"La invitación es abierta a todos los que quieran ir, ya sea solos, con amigos, mascotas, disfraces, mascotas disfrazadas, carteles y todo lo que la imaginación permita, con el objetivo de pasar un día de fiesta y diversión que a su vez sirva para evidenciar la cantidad de personas que reclamamos por nuestros derechos", dice la convocatoria. La idea de los organizadores es que la también llamada "Marcha del Millón de Porros" dure toda la tarde y prometen que la jornada "será amenizada por artistas de los más diversos géneros culturales que le darán a una tarde de reclamo el color que necesita, reflejando a la vez la heterogeneidad de un movimiento cuyos límites los establece la propia gente que decide integrarlo".
A través de la página www.gmm.re vistathc.com, más de mil personas de todo el país se autoconvocaron para sumarse a esta manifestación, que se celebra el primer sábado de mayo desde 1999 en más de 237 ciudades de todo el mundo. En Argentina tendrá sede, además de Buenos Aires, en el Parque del Planetario en Rosario a las 15 y en el parque La Heras en Córdoba, donde la Agrupación Cogollos convocó a manifestarse a partir de las 16.20. "También hay gente organizándola en Mendoza, Salta y Entre Ríos. En Tierra del Fuego hay tres pibes que dicen que van a ir hasta el Faro del Fin del Mundo para fumar y reclamar", comentó Basalo.
Según pudo saber Página/12, las autoridades –tanto la policía como la administración del Parque Tres de Febrero– fueron avisadas para evitar los inconvenientes que sucedieron el año pasado, cuando fueron detenidas 15 personas en las inmediaciones del bosque por tenencia de marihuana para consumo personal. Ese día, la Policía Federal había montado un inmenso operativo, que incluyó patrulleros y cientos de oficiales acordonando el lugar. Incautaron, en promedio, dos porros por persona.
La marcha tendrá su versión del otro lado del Río de la Plata. "En Uruguay el consumo de marihuana y la tenencia para uso personal están protegidos por la ley, pero el problema surge a la hora de conseguirla", dijeron los integrantes del Movimiento por la Liberación del Cannabis, que convocaron a una "fumata" callejera en Montevideo para reclamar a las autoridades la legalización de la marihuana. Allí, la concentración será en el Molino de Pérez, un parque ubicado en la ribera. Durante la jornada, que se extenderá por ocho horas, habrá espectáculos artísticos, malabares, teatro y la actuación de cinco bandas, entre ellas la brasileña Chapao de Cobra.
"Debido a que la producción, la venta y el suministro se consideran delitos, la única forma de conseguir marihuana sin delinquir es que llueva del cielo", sostuvieron los consumidores uruguayos que exigen que se despenalice la venta de semillas de cannabis sativa y se permita el autocultivo.
En Buenos Aires, pese a la prohibición, el panorama ha cambiado por completo desde que el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, expresó que el Gobierno prepara una nueva ley de drogas que plantearía la desjudicialización de los consumidores y la realización de una encuesta nacional sobre drogas.
"Con la despenalización en camino, este sábado será la oportunidad de demostrar que no son pocos los que exigen un cambio en las perversas reglas de juego actuales –afirmaron los organizadores porteños–. Dicen que si varios millones de personas saltan al mismo tiempo es posible cambiar el rumbo de la órbita terrestre. ¿Habrá que probar este sábado?"

6 de mayo de 2008
3 de mayo de 2008
©página 12

investigan secuestro de activista

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La investigación por el secuestro del militante de derechos humanos. Debido a la "connotación política", explicó Puthod, su caso será investigado en el fuero federal. Ayer recorrió la zona del secuestro.

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[Diego Martínez] Argentina. La investigación sobre el secuestro del presidente de la Casa de la Memoria, por la Verdad y la Justicia de Zárate, Juan Evaristo Puthod, pasará la próxima semana a la Justicia federal. El motivo: la connotación política del caso, ya que se trata de la desaparición de una víctima de la última dictadura militar. Puthod fue secuestrado el 27 de marzo de 1976 y pasó por siete centros clandestinos de detención antes de ser blanqueado a disposición del Poder Ejecutivo. Pero hasta que el traspaso se concrete y un fiscal federal tome la posta, el fiscal bonaerense Martín Zocca continuará buscando indicios sobre los potenciales captores. El dato lo confirmó a Página/12 el propio Puthod tras tratar el tema con Zocca.
Durante la tarde de ayer el militante peronista secuestrado en la tarde del martes y liberado el miércoles por la noche recorrió junto con el fiscal y agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires campos cercanos a Zárate con el fin de identificar el lugar donde transcurrió su cautiverio. "Si digo algo el fiscal me mata, pero hay posibilidades" de ubicarlo, sugirió Puthod, quien admitió que se emocionó al recibir un llamado telefónico del hijo de Jorge Julio López, el testigo del juicio contra el represor Miguel Etchecolatz desaparecido desde el 18 de septiembre de 2006.
La versión sobre la intervención de la Justicia federal comenzó a circular en la mañana del miércoles, luego de medio día sin rastros de Puthod. Según ese trascendido, por la militancia política de la víctima no podía considerarse un delito común sino una "desaparición forzada de persona", un delito federal. El traspaso de la causa a la Justicia federal implica no sólo mayores recursos para investigar sino también una admisión sobre la gravedad institucional del caso. Los organismos de derechos humanos reunidos en Justicia Ya!, querellantes en el caso López, tuvieron que esperar 19 meses hasta que la Cámara Federal de La Plata aceptó el cambio de carátula que les había negado el juez federal Arnaldo Corazza. Ese mismo día el tribunal platense resolvió apartar de la investigación a la policía bonaerense, que aún actúa en el caso Puthod pese a las sospechas sobre la intervención de esa fuerza que el presidente de la Casa de la Memoria hizo públicas en la entrevista publicada ayer por Página/12.
Una vez que la Justicia de Garantías de Zárate acepte la declinación de competencia, el interrogante es si la causa pasará al juzgado federal de Campana, por el lugar donde ocurrieron los hechos, o al de San Martín, que instruye la megacausa Campo de Mayo en la cual Puthod declaró como testigo. "El fiscal me explicó que por la connotación política la causa va a pasar a la Justicia federal pero hasta que se sortee un juzgado y empiece a intervenir un fiscal federal él va a seguir investigando", relató Puthod, quien ignora qué magistrado está hoy a cargo de su caso. "Sé que es una jueza pero no le conozco la cara", aclaró.
Hasta el momento la víctima no cuenta con un abogado que lo asesore. "Recién lo voy a buscar cuando intervenga otro fiscal. En esta etapa quiero estar yo mismo al frente de la investigación. Creo que es la mejor garantía de que se investigue: salir a buscar, romperle las bolas al fiscal, joder a la DDI. Cuando golpearon a mi señora hicimos la denuncia en la fiscalía de Campana, se cajoneó y no se hizo nada. Ya pasé por esa experiencia y no quiero que se repita", explicó.
Cuando Página/12 le preguntó si por su cercanía personal y política con Sara Derotier de Cobacho podía llegar a ser patrocinado por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, Puthod adelantó que "lo vamos a charlar, yo les tengo mucha confianza, en especial al abogado Eduardo Rezses, un muchacho que trabaja muy bien". Ante la consulta Rezses dijo que aún no se había analizado la posibilidad de actuar como querellantes. "Por lo general sólo somos parte en causas por terrorismo de Estado. En casos de delitos actuales, ya sean de violencia policial, torturas en cárceles u otros, nos limitamos a hacer seguimientos, pedidos de informes, presentaciones a las fiscalías. Pero en este caso no lo descartamos. Tenemos que analizarlo", explicó el abogado.
Luego de declarar por la mañana a una agencia de noticias que "la seguridad mía y de mi familia es prioridad número uno" y anunciar que se iba a reunir con el ministro de Seguridad Carlos Stornelli, Puthod informó en diálogo con Página/12 que "se tomaron algunas medidas" aunque se negó a tener custodia personal.

6 de mayo de 2008
3 de mayo de 2008
©página 12

liberado activista de derechos humanos

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Argentina: dirigente de derechos humanos relata secuestro sufrido ayer.

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Argentina. El dirigente humanitario argentino Juan Puthod, testigo de crímenes de la última dictadura militar (1976- 1983), aseguró hoy que fue encapuchado, golpeado y recibió amenazas durante su reciente secuestro de más de 24 horas.
Puthod, quien fue liberado anoche, atribuyó su secuestro a "un grupo de tareas; los famosos grupos de la mano de obra desocupada", presuntamente vinculado a la dictadura, según dejó entrever.
"Esto no me va a hacer quebrar. Vamos a seguir levantando la bandera y vamos a seguir recuperando nuestra historia. No nos han vencido", dijo hoy durante una rueda de prensa, luego de ser dado de alta de un sanatorio, adonde había sido trasladado tras su liberación como precaución, en vista de que padece diabetes y problemas cardíacos.
El dirigente, de 49 años, fue hallado en la medianoche a unas 20 calles de su casa de la ciudad de Zárate, a unos 190 kilómetros de la capital argentina, después de permanecer más de 24 horas desaparecido y al cabo de una intensa búsqueda que movilizó a cientos de policías.
"Me secuestran dos personas y me dijeron que no había entendido los mensajes que me habían dejado", relató Puthod, quien explicó que había recibido amenazas antes de su secuestro, producido en la noche del martes pasado, cuando se dirigía a la Casa de la Memoria de Zárate, que preside.
"Todos los mensajes que te hicimos llegar no los entendiste, no entendiste que tu vida sigue en nuestras manos", advirtieron los secuestradores, de acuerdo con el relato del dirigente humanitario, que fue liberado poco antes de ser hallado.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires había movilizado a unos 250 policías y seis helicópteros para hallar a Puthod, cuya desaparición causó gran alarma a raíz de que hasta ahora no hay resultados en la búsqueda de Jorge López, testigo de cargo en un juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante el régimen militar y cuyo paradero se desconoce desde 2006.
"Estoy tranquilo, vivo, era mi gran preocupación. Volví a revivir lo que había vivido hace 32 años atrás. Me vino todo a la memoria, un momento muy jodido para mí, para mi familia, para todo el mundo", confesó.
El activista también agradeció las gestiones del gobernador bonaerense, Daniel Scioli, quien se había trasladado a Zárate para seguir de cerca la operación de búsqueda de Puthod, quien desapareció cuando organizaba un homenaje a dos víctimas de la dictadura.
Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, afirmó que la liberación se produjo porque "los secuestradores no resistieron el operativo cerrojo y por eso lo soltaron".
Hebe de Bonafini, quien preside la asociación humanitaria Madres de Plaza de Mayo, atribuyó la desaparición de Puthod a "los poderosos de siempre" vinculados a la represión de la dictadura militar.
Una de las causas judiciales en las que Puthod es testigo está relacionada con el hallazgo de restos de personas desaparecidas a manos de grupos paramilitares en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.
El presidente de la Casa de la Memoria de Zárate fue secuestrado por paramilitares en 1977, cuando tenía 17 años, y estuvo más de cinco años ilegalmente detenido en distintas cárceles, la última de ellas en La Plata, a 60 kilómetros de la capital argentina.
En tanto, Jorge López, un albañil de 77 años, desapareció el 18 de septiembre de 2006, al día siguiente de haber testificado en el juicio oral y público por el que se dictó prisión perpetua al ex policía Miguel Etchecolatz y otros represores por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Buenos Aires.

1 de mayo de 2008
©la nación

todas las culpas en lópez rega

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Los argumentos para rechazar la extradición.

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[Oscar Guisoni] Madrid, España. Argentina. Las dos resoluciones dictadas ayer por la Audiencia Nacional de España son pródigas en argumentaciones a la hora de de-sestimar el pedido de extradición dictado por dos jueces argentinos contra la ex presidenta María Estela Martínez de Perón. Aunque el documento en el que se rebate la orden del juez Norberto Oyarbide es, de lejos, el más crítico. Estos son algunos de los puntos más importantes de ese documento:

- En el apartado quinto, la Audiencia sostiene que la participación supuesta de Isabelita en la organización Triple A "es una referencia genérica e indefinida, incompatible con la precisión necesaria en el marco de una actuación procesal penal, que requiere datos y hechos concretos sobre cada partícipe contra el que se siga el proceso". La Audiencia llega así a la conclusión de que "desde el punto de vista jurídico-penal, que es el único que aquí debe interesar, no encontramos que le sea exigible responsabilidad a la reclamada, lo que no implica que no le fuere exigible en otros ámbitos".

- "Si el juez argentino dice con claridad que no imputó a María Estela Martínez haber pertenecido a la Triple A" continúa la argumentación de la Audiencia "ni haber cometido los crímenes que se le atribuyen a dicha agrupación criminal, no podemos compartir que se diga que los delitos por los que se formula la reclamación para ella son de lesa humanidad". Es decir, si Isabelita no formó parte de la organización, no se le pueden imputar los crímenes que la Triple A cometió, por más que estos fueran considerados imprescriptibles.

- Más adelante, la Audiencia refuta la argumentación de Oyarbide que sostiene que la conducta de Isabel había otorgado una cooperación sin la "cual los hechos no habrían podido cometerse de la forma en que se hicieron" porque esa consideración "lo único que aporta es un dato impreciso, no ya porque no conecta con ningún crimen concreto que pueda cargarse en la cuenta de la reclamada, sino porque tampoco permite saber si es que siquiera tuvo capacidad para tolerar la perpetración de cuantos crímenes concretos pudiera haber cometido la Triple A".

- "Y si la responsabilidad que se atribuye a la reclamada fuera por omisión", continúa el documento, "tendría que haberse especificado hasta qué punto ésta podría haber evitado que la Triple A hubiera cometido los diferentes delitos que cometió, lo que no acabamos de ver que pudiera hacer por el mero hecho de ser presidente de Argentina durante el breve espacio de tiempo que lo fue, cuando, por un lado, los crímenes de esta asociación comienzan mucho antes de su mandato, y por otro, el propio Juez reclamante" dice en su resolución que "por todos estos hechos la fiscalía federal formuló acusación contra López Rega por considerarlo autor mediato e instigador de todos estos hechos". "La responsabilidad penal es estrictamente personal y no puede surgir de un genérico apoyo político o ideológico" precisan los magistrados madrileños "de manera que para la imputación de un concreto crimen será preciso un mínimo de capacidad de control o al menos un mínimo de conocimiento sobre el mismo, requisitos que no observamos que se cumplan en relación a la reclamada".

- A propósito de la reunión en Olivos en la que supuestamente se decidió, luego de ver unas diapositivas, la eliminación de Julio Troxler, "el hecho de que" Isabelita "presidiera una reunión en la que se proyectaron diapositivas con la imagen de quienes después serían asesinados (...) no indica nada, pues, sin negar los asesinatos, ello no es suficiente para establecer una relación causal, a efectos penales, entre quienes vieron las imágenes y quienes decidieron ejecutar tales asesinatos".

30 de abril de 2008
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