asesinó a 35 embarazadas
15 de abril de 2008
Argentina. Según un comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo, el juez federal de San Martín, Alberto Suárez Araujo, libró la orden a Interpol Argentina para que la remita a su par de Paraguay, donde se presume que reside el médico Norberto Atilio Bianco, acusado de actuar en Campo de Mayo en la década del 70.
En diciembre de 2006, Abuelas reclamó a la Justicia que investigue a Bianco por la desaparición y el sometimiento a tormentos de unas 35 embarazadas que pasaron por la maternidad clandestina que funcionó en ese campo de concentración. Bianco ya fue condenado por la Justicia Federal de San Isidro por la sustracción y ocultamiento de dos hijos de desaparecidos que anotó como propios.
El médico fugó entonces a Paraguay y, además de evadir a la Justicia, evitó que los dos chicos fueran examinados en el Banco Nacional de Datos Genéticos para obtener sus ADN. El ex capitán resistió once años su extradición y, pese a que Abuelas pide desde el 2006 que sea sometido a indagatoria, Bianco no compareció en la audiencia fijada por la justicia.
"Abuelas espera que Interpol actúe con eficacia y detenga a Bianco, quien vive en Paraguay, continúa trabajando como médico traumatólogo, y habría estado en la Argentina diez días atrás y no tuvo inconvenientes en salir nuevamente al exterior", denunció la entidad.
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España/Argentina. La defensa de la ex presidenta argentina ‘Isabelita’ Perón alegó hoy ante la Audiencia Nacional que la Justicia argentina no puede juzgarla porque es una ciudadana española y porque además su estado de salud es precario.
[Adriana Meyer] Argentina. El saco oscuro debió servir para tapar sus muñecas atadas. Pero no. Un fotógrafo esperó, enfocó y obtuvo la primera imagen de Luis Patti esposado, en su condición de procesado por delitos de lesa humanidad, cuando entraba al juzgado federal de San Martín para ser indagado por un nuevo caso que se suma a los siete que lo llevaron a la cárcel. Eran las 8.45 y todavía no habían llegado sus seguidores del Paufe, el partido con el que ganó una banca como diputado nacional a la que el Congreso le impidió asumir porque consideró que sus antecedentes como represor lo inhabilitan moralmente. Una vez ante el juez federal Alberto Suares Araujo intentó dilatar el interrogatorio invocando su supuesta "inmunidad parlamentaria". El magistrado, que anteayer había rechazado el pedido de excarcelación del ex comisario, debió postergar el trámite. Cuando Patti partía de regreso al penal de Marcos Paz, el camión celular que lo transportaba recibió una lluvia de huevos y hubo un breve forcejeo entre los "pattistas" y los militantes de HIJOS y otras organizaciones kirchneristas. La policía terminó reprimiendo a estos últimos, con un saldo de tres heridos, entre ellos la abogada Ana Oberlin, y dos denuncias cruzadas: una por las lesiones y otra contra un manifestante del Movimiento Evita por resistencia a la autoridad.
Argentina. Titubeante, Jorge Enrique Bautista reiteró ayer de manera "no tan enfática" la versión oficial sobre la Masacre de Trelew que sostiene que no se trató de un fusilamiento, sino de un intento de fuga. Incluso, a pesar de haber sido el responsable del sumario interno elaborado por la Armada en 1972 para respaldar la posición oficial, aseguró en su declaración indagatoria de casi seis horas ante el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, no recordar nítidamente las conclusiones a las que llegó con su trabajo. Para ayer estaba prevista también la indagatoria al general Eduardo Ignacio Betti, jefe de la zona de emergencia dispuesta por el dictador Alejandro Lanusse después de la fuga del penal de Rawson. Pero no pudo ser, dado que el general retirado presentó un certificado médico que lo excusó de declarar. Eso fue lo que informaron fuentes judiciales, que viajaron especialmente a Buenos Aires para interrogar a cuatro imputados que, por cuestiones de salud, no pueden trasladarse.
Argentina. La sala II del tribunal de apelaciones dispuso que Patti, actualmente detenido en otra causa, sea juzgado "a la brevedad" por haber supuestamente encubierto a los entonces prófugos Luis Arias Duval y Jorge Granada.
[Mariana Carbajal] Argentina. La Cámara de Diputados convertiría hoy en delito federal la trata de personas, que hasta ahora no estaba tipificada en el Código Penal. En la sesión de esta tarde podría debatirse un proyecto del Gobierno, con media sanción del Senado, que impulsa el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, y que se descuenta será aprobado. La norma castigará la "captación, transporte o traslado y la acogida o recepción" de personas con fines de explotación, sexual, laboral o para extracción de órganos.
[Laura Vales] Argentina. El juicio de María Eugenia Sampallo Barragán fue el primero que una hija de desaparecidos hizo contra sus apropiadores. Esa gran novedad dejó en un segundo plano otros hechos no menos novedosos: en las audiencias orales se vio no sólo lo que hicieron los represores sino también el papel de otros actores civiles, incluso no politizados, en el escenario de violencia de la dictadura. Los apropiadores eran, en el momento en que se quedaron con la niña, una pareja de clase media de 35 y 30 años, él empleado de Terrabusi y ella ama de casa. En el mismo edificio donde María Eugenia convivió con ellos y sufrió sus maltratos, hubo vecinos que cuando ella era chica le dieron contención, y que la respaldaron de adulta en el proceso judicial. Tomás Ojea Quintana, el abogado de María Eugenia, habló con Página/12 sobre el tema. También explicó por qué considera insuficientes las penas de 7, 8 y 10 años que el tribunal dictó contra los apropiadores.
[Nora Veiras] Argentina. Hace dos semanas el juez federal de Salta, Abel Cornejo, le ordenó a la Gendarmería que detuviera y trasladara al teniente coronel retirado Hugo César Espeche, acusado de homicidio doblemente agravado de doce prisioneros. En julio de 1976, Espeche era capitán y fue uno de los encargados del traslado de los presos que terminaron ejecutados en la Masacre de Las Palomitas, cerca de la capital salteña. El militar goza de prisión domiciliaria en Comodoro Rivadavia, Chubut, pero tampoco en este caso cumple la ley: en base a declaraciones de testigos, Cornejo comprobó que se desplazaba como si estuviera libre y decidió revocarle el beneficio. Hasta el viernes, Gendarmería no había ejecutado la orden judicial porque no tenía la autorización del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Funcionarios de esa cartera confirmaron a Página/12 que este fin de semana se haría efectiva la detención y se pondría a Espeche a disposición del juez de turno de Chubut para que el Servicio Penitenciario –que también depende de esa cartera– lo traslade a Salta.