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la otra cara de la realidad


El Centro Educativo Isauro Arancibia da formación de primaria a chicos y jóvenes de entre 11 y 20 años. En 1998 asistían veinte chicos. Ahora, asisten 120. Hay talleres de panificación, confección de ropa de bebé, radio, plástica, computación, teatro y hip-hop.
Argentina. Natalia tiene 16 años y al igual que su nena Sheila, de nueve meses, sabe lo que es vivir en la calle. Aunque hoy vive con su mamá en Villa Itatí, Quilmes, al sur del conurbano bonaerense. Ella es una de las pibas que asisten el Centro Educativo Isauro Arancibia, ubicado en el barrio porteño de San Cristóbal, para terminar la primaria. Abandonó la escuela cuando estaba en séptimo grado. "Estaba embarazada y no se me hacía nada fácil ir a la escuela y estar allí", recordó Natalia, mientras sostenía a su pequeña beba. Allí, asisten unos 120 chicos de la calle, de entre 11 y 20 años, que buscan formación escolar, además de contención. "La mayoría es de las ranchadas de pibes que viven en Once, Retiro y Constitución", contó Susana Reyes, coordinadora del Isauro Arancibia.
En el Arancibia, los chicos pueden obtener su título de primaria. Allí, además, pueden participar de talleres de panificación, confección de ropa de bebé, radio, plástica, computación, teatro, hip-hop, historieta, video, electricidad y artesanías. Además, en la producción de una revista (‘La realidad sin chamuyo’). A la vez, la institución les brinda una merienda, asesoramiento para obtener documentos y acompañamiento médico. La iniciativa está a cargo del programa Puentes Escolares de la Secretaría de Educación porteña. "Un día por medio vengo, cuando no estoy trabajando en el subte, vendiendo estampitas", contó con la frente en alto Natalia. Hace tres meses ella asiste a ese centro. "Acá nos tratan bien, nos ayudan para que terminemos la escuela", destacó la joven.
Stella, de 33 años, tiene seis hijos, y si bien supera el límite de edad, también estudia allí. "Me pegaban y yo tenía que cuidar a mis hermanos –dijo– y tuve que dejar la escuela. Mi mamá trabajaba todo el día para darnos de comer y no estaba en todo el día. Un día no volví más a casa por miedo de que me iban a fajar."
A unos metros de ella, José, otro pibe, llega al centro con su carpeta. Irritado patea una ventana. "¡No me toquen! ¡No me toquen! Lo que pasa es que estoy encabronado con lo que me pasa afuera", alegó atormentado, mientras una profesora lo contenía. "Son chicos abandonados por la sociedad. Viven en la calle y la gente pasa a su lado y nadie repara en ellos", observó Susana. "Son pibes que llegan en una situación muy precaria, que duermen en la calle", agregó Pablo Caracotch, docente del primero y del segundo ciclo.
Organizaciones como el Serpaj o Che Pibe hacen de puente para vincular pibes con el establecimiento. Además de instituciones del gobierno porteño. "También, previo al comienzo de las clases salimos a buscar a los pibes. Y todos los días un grupo de compañeros va a buscar pibes en las estaciones de tren de Constitución y Retiro", contó Caracotch. El centro funciona desde 1998, con tres ciclos y tiene duración de tres años. "Al principio, venían 15 o 20 chicos y hoy vienen unos 120, y a pesar de que el año pasado egresaron 20, ese número no se perdió. Hay muchos pibes que quieren aprender", notó el docente.
Cuando todos se retiraban se produjo una pequeña pelea entre dos chicos. José se arrojó hacia adelante lanzando con furor trompadas a otro pibe, que respondió con rapidez. Y cuando José quiso volver a golpearlo, sus compañeros y los docentes los separaron. "¡Dale, vení, te voy a dar!", patoteaba José en un pequeño tumulto, mientras un maestro del taller de panadería lo sostenía con fuerza para evitar que continúe el pleito. "No es común que se peleen –explicó Susana–. Las clases recién empiezan. Los grupos no están muy integrados todavía. Pero a medida que avanza el año la convivencia diaria se va haciendo buena porque vienen con muchas ganas de aprender."
El jueves último, en el centro, ubicado en el tercer piso de la sede de la Uocra, en Humberto Primo 2260, los chicos y docentes conmemoraron el Día de la Memoria. Como parte de la jornada, los pibes reflexionaron sobre el militante de la organización Montoneros y guionista de ‘El Eternauta’, Héctor Germán Oesterheld, desaparecido en 1977. "Fue torturado, muerto y desaparecido por la junta militar junto a sus cuatro hijas militantes", recordó María, una joven mamá que busca obtener su diploma, mientras repasaba algunos datos biográficos del guionista de historietas.
Luego, Susana contó que el establecimiento lleva el nombre de Isauro Arancibia en homenaje al secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación Provincial, asesinado en la sede del sindicato antes del amanecer del 24 de marzo de 1976. De la actividad participaron Tatiana Ruarte Britos, la primera nieta recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo, y Hugo Argente, hermano de Jorge Daniel, una de las víctimas de la Masacre de Fátima, y militante de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas.
Héroes individuales, con superpoderes, o héroes colectivos fueron ejes de debate entre los chicos y los familiares de las víctimas de la dictadura, como también cuestiones que les tocaban directamente, como cómo cambiar la realidad. "Lo importante es siempre juntarnos para alcanzar los sueños", resumió un docente.
Al finalizar el acto, Tatiana se comprometió a concurrir una vez por mes al establecimiento para hablar con los chicos. Después un pibe pidió el micrófono. "¿Por qué los militares desaparecían a las personas?", preguntó.

–En esa época desaparecieron a toda una generación de personas y también a los hijos de esa generación –respondió Tatiana.
–Sí, pero yo quiero entender también por qué los secuestraron y mataron –repreguntó el chico.
–Esos jóvenes querían cambiar la realidad, querían construir un mundo mejor para todos, un mundo de justicia social –explicó Hugo.

Finalizaba la tarde y llegó el turno de la música. Un dúo de músicos de conservatorio interpretó ‘La cumparsita’, ‘Por una cabeza’ y una balada tropical. "Esa la conozco; la cantan Los Charros", decía José, mientras algunos chicos y docentes bailaban al ritmo de la cumbia en la improvisada pista de baile del centro educativo.

Informe de Esteban Vera.

21 de abril de 2008
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dónde está lópez 27


Desde la desaparición de Julio López, buena parte de los cuerpos que aparecen en distintos lugares son cotejados para determinar si corresponden a Julio López. Aquí, los casos más destacados de una larga cadena de cadáveres sin nombre.
[Alejandra Dandan] Argentina. –Emergencias Policiales 911. ¿Cuál es su emergencia?

–Sí, ¿esto es una comisaría?
–No, ésta es la central de emergencias policiales. ¿Usted tiene alguna emergencia?

–Sí.
–Dígame.

–No, yo venía de pescar con unos amigos, por el camino Punta Lara.
–Sí.

–Y... encontramos un cadáver, quemado.
–¿Un cadáver quemado?

–Sí, está ahora ahí, yo acabo de venir recién.
–Ajá, entonces en el camino de Punta Lara.

–Sí, pero es de acá de Villa Elisa.

Habían pasado apenas dos días de la desaparición de Julio López y ése fue uno de los primeros llamados que recibió el 911. El primero de una larga cadena de cadáveres sin nombre que a partir de ese momento comenzaron a quedar incorporados en el expediente del primer desaparecido por las causas de derechos humanos en tiempos de democracia. Página/12 relevó los casos más simbólicos del expediente, sólo algunos del número todavía no determinado de los NN que remitieron en algún momento a la simbólica ausencia de López. Sólo algunos de los que todavía sigue teniendo el país.

–Y el cadáver ¿dónde estaría? En Villa Elisa.
–’Ta cruzando el puente de la Autopista, yendo por el camino a Punta Lara.

–Sí.

–Cruzando la vía muerta.

-A ver...
–Toda la calle yendo para Punta Lara, vendría a ser. El Camino Negro, vendría a ser.

–Sí.
–Está acá, en Villa Elisa, bueno, cuando vos bajás el Puente de Autopista, cruzás y está la vía muerta.

–Cruzando el puente, la Autopista, cruzando la vía muerta, sí.
–La curva y después viene un cartel que dice: Reserva Natural, el primer cartel.

El cuerpo calcinado, tirado a un lado del río, con un tiro en el abdomen, empezó a pronunciarse en las crónicas diarias como el cadáver de Punta Lara. Un pedido de hábeas corpus presentado por los organismos de derechos humanos que trabajaban en la causa de López generó muy lentamente una rutilante cadena de investigación. La fiscalía bonaerense de Marcelo Martini estuvo detrás de la causa durante los primeros tres meses hasta que la investigación completa pasó al Juzgado Federal de Arnaldo Corazza.
Los primeros informes dijeron poco de ese muerto, pero contenían los datos suficientes para volverlo escalofriante. El cuerpo era el cadáver de un hombre con buen desarrollo óseo, una talla de 1,70 metro; era rubio, de unos 30 a 50 años de edad, pero las pericias no pudieron determinar por ejemplo el color de sus ojos porque las retinas estaban completamente quemadas, como los bigotes y la barba. Una cicatriz en los glúteos de cuatro centímetros de largo consecuencia de una intervención quirúrgica permitió descartar rápidamente que se tratara de López. Pero no que detrás de uno y otro caso pudieran estar los mismos autores. Las córneas "quemadas" eran sólo parte de un cuerpo que mostraba "toda la superficie con carbonización de ambas manos, estallido de tórax y evisceración en el abdomen". La muerte había sucedido entre 24 y 36 horas antes de las once de la noche de ese 21 de septiembre, día de la autopsia. El cadáver de Punta Lara parecía cargado de mensajes: los pescadores lo habían hallado justo en uno de los lugares donde la Triple A primero y luego la última dictadura fue dejando a sus muertos.
"Nadie reclamó ese cuerpo", le dice a Página/12 Martini mucho tiempo después, como si estuviera escuchando el relato de una película. "A mí siempre me pareció que ése había sido un mensaje: el hombre había sido torturado, tenía hasta una 9 milímetros adentro del cuerpo, las manos y la cara se la habían calcinado borrando la posibilidad de identificarlo."

NN 2, la Morgue del Hospital Cullen
Unidad Regional Uno, Seccional Cuarta, Nota Nro. 4402, Santa Fe, 04 de octubre de 2006. "Señor Jefe de la Tercera Zona Inspección Ur/1", encabezó el comisario Carlos Darío de Palm de Santa Fe las noticias de un nuevo hallazgo. "Llevo a su conocimiento que de acuerdo a lo solicitado, me he constituido en el Hospital José María Cullen y siendo atendido por el morguero Josen me comunicó que desde hace aproximadamente un año se encuentra en dicha morgue una persona de sexo masculino, pero no tiene las características fisonómicas del llamado Julio César López y una persona del sexo femenino. Como así, consultado al señor García Julio de 49 años morguero del hospital Iturraspe aduce que en dicho lugar, no se encuentra ninguna persona depositada en ese lugar".

NN 3, Docke
El 29 de diciembre la cabeza de otro cadáver de brazos mutilados flotaba en el río de la Dársena de Dock Sud. Tres días más tarde, Corazza le envió un oficio a la UFI 15 de Lomas de Zamora para avisar que iba a comparar las muestras con los registros genéticos de los López.

NN 4, en el Río Paraná
Los casos esta vez se trasladaron a Rosario. El 4 de febrero, la Prefectura detectó un cuerpo que flotaba en el río Paraná. El nuevo hombre sin nombre había muerto por "asfixia mecánica por sumersión", señaló la autopsia ordenada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal 12. La edad imaginada de este cuerpo se parecía a las anteriores, una edad siempre misteriosa aproximada por los resultados de una autopsia que sólo logra determinar sus coordenadas: esta vez el muerto tendría entre 55 y 65 años de edad, un peso de 65 kilos y talla de 1,64 m, cabello blanco, enrulado y calvo en la región frontal.

NN 5, un Día Después: un Estallido en General Belgrano
"Gírese el presente texto a la Superintendencia informando que con fecha 5-02-07 ingresó un cadáver NN de sexo masculino, procedente de la localidad de General Belgrano, registro interno de morgue policial 13.180." El caso llegó al expediente de López muchos meses más tarde. La policía científica bonaerense pidió a las distintas delegaciones judiciales y policiales regionales datos de "cadáveres o restos óseos" esparcidos en alguno de los tramos de las rutas comprendidas por la "Ruta 215 entre La Plata y Monte; Ruta 29 entre Brandsen y Belgrano y Ruta 41 entre Belgrano y Monte desde 18 de septiembre de 2006 en adelante". Como si eso fuera posible. Una fiscalía remitió, entonces, los informes del muerto. La policía comparó sus dientes con los del desaparecido Julio López y el 2 de agosto de 2007 cerró el veredicto y descartó la relación con el caso. El muerto siguió siendo un NN hasta que otro examen genético aseguró que se trataba del cuerpo de "quien en vida" era Julián Angel Habiaga.

NN 6, un Nuevo Día Después en Morón
Un nuevo día más tarde, el 6 de febrero de 2007 el fiscal Fernando Cappello de Morón mandó un informe a La Plata. Esta vez el cadáver era de un muerto de cuatro o cinco meses antes; de 65 a 68 años edad y con una estatura de 1,65 m. El fiscal había puesto a este nuevo invitado en un expediente llamado NN Segovia s/averiguación de muerte. En una nota, le contó del asunto al juez Humberto Blanco de La Plata para hacerle saber que el cuerpo estaba allí, que si necesitaba pruebas y demás podía buscar las muestras en la morgue del hospital Posadas porque estaba "conservado en frío".

NN 7, Junio en La Matanza
"Delegación Investigaciones de La Matanza", ddimatanza@yahoo.com.ar
Operaciones D.G. Investigaciones
Sábado 2 de junio de 2007 20:11
Asunto: Hallazgo de restos óseos
Referencia: Para conocimiento del Sr. Superintendente de Investigaciones de La Plata.
"Llevo a conocimiento del señor Director General de Investigaciones que en la fecha se tomó conocimiento a través de la Comisaría de los Altos de Laferrere que a las 16.30 personal policial de esa sección constató que en un campo ubicado en la calle Antártida Argentina de la Ruta Provincial 21 de esa localidad la existencia de restos óseos con algunas prendas de vestir, contra el paredón de una fábrica la cual se halla cerrada".
¡Contra el paredón de una fábrica cerrada! La policía encontró los pedazos de hueso por la voz anónima de una mujer que llamó al 911. Al nuevo muerto lo habían dejado tirado con unos cuantos huesos derramados y algo de ropa. Tenía medias bordó en los pies, mocasines negros, restos de un pantalón de vestir negro, una camisa blanca con rayas rojas y celestes, restos de un buzo polar color azul y blanco con cierre. Estaban los pies, el cráneo, unas dentaduras postizas, parte de una columna vertebral y parte de las costillas. Dos metros más allá, sus matadores habían dejado desparramadas otras dos costillas y las manos.
La policía dijo entonces que lo que alguna vez había sido un hombre completo ahora tendría unos 70 años de edad, y una muerte de dos meses antes. El cuerpo no tenía rastros de violencia, se le ocurrió poner a quien firmó el informe pericial. Enseguida se descartó que se tratara de López: "No se debe tratar de la misma persona", dijo el entonces ministro Aníbal Fernández y logró que cada quien volviera a quedar en calma, que continuara la búsqueda de López y ya no se mirara ese lugar.

NN 8, 9, 10 Los Naranjos
La búsqueda empezó la noche del sábado 26 de enero de 2008 en un canal de agua poco transitado de Los Naranjos, a 25 kilómetros de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires. Con la línea de su caña, un pescador levantó el trozo de un cráneo y su hallazgo disparó un megaoperativo con todas las fuerzas de seguridad. Horas después, en el canal se encontraron restos de tres personas: dos cráneos, vértebras y trozos de tres costillas, pero también partes de una recámara rota de una ametralladora UZI, una bala calibre 38 intacta y restos oxidados de eslabones de una cadena. La madre de Miguel Bru corrió hasta el lugar como corrieron los medios de prensa pensando que podía tratarse de su hijo o de Julio López. Hace quince días los especialistas le dijeron al fiscal Marcelo Martini que los restos de huesos son aptos para extraer muestras de ADN. La relación de López con estas muertes es improbable porque los huesos son demasiado viejos, pero ahora se investiga si se trata de unos jóvenes pescadores que desaparecieron hace tres años o de muertos de la última dictadura militar.

21 de abril de 2008
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ex comisario fuera de juego


Carlos Rico Tejeiro dejó la secretaría de seguridad mendocina. El demócrata Juan Carlos Aguinaga renunció al cargo de ministro de Seguridad y con él se fue también el ex comisario acusado por su actuación durante la dictadura.
[Diego Martínez] Argentina. La resistencia del conservador Partido Demócrata de Mendoza a desprenderse del ex comisario Carlos Rico Tejeiro, el secretario de Seguridad denunciado por los organismos de derechos humanos por su actuación durante la dictadura y reconocido por una sobreviviente en la Dirección de Inteligencia (D2) de la policía provincial en 1976, concluyó ayer con la renuncia del ministro de Seguridad, Juan Carlos Aguinaga, y todo su gabinete. La confirmación estuvo a cargo del secretario General de Gobierno, Alejandro Cazabán, luego de reunirse con el gobernador Celso Jaque; el titular de los demócratas, Omar De Marchi, y el propio Aguinaga. Por la tarde, con el visto bueno de los intendentes peronistas, se anunció al nuevo ministro: Carlos Ciurca, hasta ayer diputado provincial, ex presidente de la bicameral de Seguridad durante la gestión como gobernador del vicepresidente Julio Cobos.
La renuncia de Aguinaga, que volvió a Mendoza el sábado después de dos semanas en Brasil, se decidió el lunes a la noche durante una reunión con Cazabán y De Marchi. El secretario les informó que la presión del gobierno nacional era "muy fuerte" y había que "encontrar una salida al tema Rico". Tal como informó Página/12, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le comunicó a Jaque la suspensión de la entrega de una partida de 40 millones de pesos para seguridad mientras Rico siguiera en su cargo.
Ante la cerrada defensa demócrata del policía, que llegó a firmar documentos en los que autorizó el traslado de presos torturados desde el D2 a la penitenciaría de Mendoza, no encontraron mejor alternativa que romper el acuerdo de diciembre, cuando Jaque sorprendió a sus electores cediendo a extrapartidarios la cartera de seguridad. El Diario Uno fue el único que amaneció con la noticia, que se confirmó al mediodía en conferencia de prensa. "En nombre del gobernador y de todo el gobierno de Mendoza, lamentamos la renuncia del ministro Aguinaga", afirmó Cazabán. Agradeció "a todo el equipo" saliente "porque han trabajado muy bien".
Aguinaga explicó que "hay una gran presión del gobierno nacional que torna dificilísimo seguir adelante con el plan de seguridad porque los recursos no llegan. Esta presión se llevó a cabo en acuerdo sincronizado con un sector minoritario del Ministerio de Gobierno. Por ello, se va todo el equipo que entró conmigo. Hemos trabajado muy bien. Hemos reprimido y prevenido el delito. La gestión fue exitosa", aseguró. Ante preguntas ratificó que "todo es por el caso Rico" y aseguró que "jamás he tenido en mi actuación pública relación con una acción ilícita que haya partido de un gobierno que no sea democrático". Nadie le repreguntó sobre las originadas en gobierno democráticos.
El pasado de Rico no fue el único motivo que generó rechazo en la gestión de Aguinaga. El 24 de marzo pasado, cuando 5 mil personas marcharon a la gobernación para descubrir una placa con los nombres de los desaparecidos mendocinos, ocupó un lugar destacado la Asociación de Víctimas del Delito. Es que la sensación de inseguridad es un problema central para los gobernadores mendocinos. De hecho, para el triunfo de Jaque fue clave un spot en el que parado frente a un "mapa del delito" repleto de puntos rojos, predicaba: "Tengo un plan para combatir la inseguridad. Voy a bajar el delito en un treinta por ciento en seis meses. Eso para empezar".
El 11 de diciembre, cuando anunció la delegación del tema en los demócratas, muchos mendocinos comenzaron a hablar de "estafa". En enero Jaque se reunió con representantes de medios para pedirles que no machacaran sobre el tema, al tiempo que enviaba a la Legislatura una ley de emergencia que otorgó superpoderes a Aguinaga. Pero los resultados nunca llegaron. Para peor, la gestión Rico aportó casos de gatillo fácil memorables. El 18 de febrero, cuando la policía intentó detener a Ezequiel Vila, un balazo de goma policial le perforó un pulmón. Los agentes lo dejaron tirado en el piso y dijeron que los habían corridos a piedrazos.
El 28 de marzo, seis turistas chilenos en un moderno Subaru fueron a correr picadas y terminaron corriendo pero perseguidos, primero por otros pisteros, luego por un patrullero. Tras detenerlos, la policía informó que eran "traficantes" y se habían resistido a tiros. Un fiscal les imputó abuso de armas, aunque nunca las encontró y el patrullero estaba intacto. Luego de cuarenta horas incomunicados pudieron hablar. Desde el patrullero les tiraron seis tiros, que sí dieron en su auto. Al detenerlos los esposaron, los golpearon y les robaron 6 mil dólares. El mismo fiscal imputó a once policías por apremios ilegales. Fue el último aporte de Aguinaga y Rico a la seguridad de los mendocinos.

19 de abril de 2008
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dejaron en libertad a patti


La justicia suspendió la prisión preventiva del ex comisario al reconocerle fueros parlamentarios. La Cámara de San Martín aceptó la apelación presentada por la defensa del represor Luis Abelardo Patti a partir del fallo de la Corte Suprema que lo habilitó como diputado nacional.
[Adriana Meyer] Argentina. Las múltiples acusaciones, un procesamiento confirmado por siete casos de tormentos, secuestros y un homicidio y una causa camino a obtener sentencia en juicio oral no fueron suficientes para que la Cámara Federal de San Martín hiciera otra interpretación jurídica del fallo de la Corte Suprema, que le reconoció al represor Luis Patti el derecho a reclamar su banca de diputado y la consecuente inmunidad parlamentaria. En cambio, los camaristas ordenaron su liberación por entender que goza del amparo de los fueros previstos para los legisladores electos. Tras pasar los últimos cinco meses preso en la cárcel de Marcos Paz, tampoco el humo que afectó la visibilidad en las rutas impidió que a las 19 subiera a una camioneta 4x4 negra con destino a Escobar. En su resolución, la sala I de ese tribunal "suspendió los efectos de la prisión preventiva –con expresa prohibición de abandonar el país– hasta que se cumpla con el recaudo" del desafuero. Ese pedido sería formulado en las próximas horas por el juez que ordenó, en primera instancia, su detención en el caso Gonçalves, Muniz Barreto y otros. A partir de entonces, esta pelota –que va y viene, avanza y retrocede– pasará en forma automática al Poder Legislativo.
"La Cámara de Diputados tiene ahora la oportunidad histórica de demostrar cuánto le importan los derechos humanos, la cuestión ya no es jurídica, sino política, por lo tanto con urgencia debiera pronunciarse en comisión, luego juntar los dos tercios para desaforarlo y al día siguiente Patti volverá a Marcos Paz", expresó a Página/12 Pablo Llonto, abogado de la familia Muniz Barreto. En el plano de las responsabilidades por la excarcelación del ex comisario, Llonto no dudó en señalar que "la culpa es de los cuatro jueces de la Corte, entre ellos Raúl Zaffaroni, y cada día de libertad que tenga es un premio que le dieron a un genocida". De todos modos, prefirió enfocarse hacia lo que viene. La Cámara de Diputados no volverá sobre sus pasos, es decir, no aceptaría tomarle juramento. Y si se prolonga el proceso de desafuero la causa que lo llevó tras las rejas se verá afectada. "El riesgo inmediato es que se fugue, no sería el primer procesado que lo hace (N.d.R: Patti estuvo prófugo en la causa por el asesinato de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi) y hay que actuar rápido para atenuar el espanto que ya se instaló en la gente que testimonió y se jugó para que vaya preso", agregó el letrado.
Eva y Alberto Marciano, ambos docentes y víctimas de Patti, estaban en su casa de Del Viso cuando vieron por televisión los flashes rebotando en los vidrios de la camioneta que se alejaba del penal. "Fue realmente muy fuerte sentir este revés, tantos años de mantener el relato de lo que vivimos, lograr una causa activa que lo detuvo, y ahora de nuevo la desconfianza en esa Justicia, tener que explicar que no sale porque sea inocente", dijo Eva Marciano en diálogo con este diario, imaginando cómo hablará hoy frente a sus alumnos. "Su detención repercutió en esta zona, en la gente que se vio afectada por su accionar, aparecieron muchos querellantes nuevos y esto hace replantear todo, los que se animaron hoy sienten de nuevo soledad, cuesta reponerse... ¿Quién los cubre si este anda suelto?", agregó esta mujer que estuvo detenida con su marido, Gastón Gonçalves, Enrique Tomanelli y otros militantes de la Juventud Peronista en un camión celular frente a la comisaría de Escobar. Tras un mes desaparecidos, fueron torturados en el Pozo de Banfield, y luego siguieron presos durante seis años.

¿Del Penal al Recinto?
En la puerta de los tribunales de San Martín, el abogado del ex comisario dijo que estaban "muy contentos". Patti ya tenía preparada la valija y estaba listo para abandonar, por ahora, el llamado "pabellón de lesa" que compartió con variados represores. "La Cámara le tiene que tomar juramento si no habrá un conflicto de poderes", expresó el letrado Luis Velazco. Gregorio Badeni, el constitucionalista que logró el fallo favorable en la Corte, opinó que sería "irrazonable que la Cámara pretenda desconocer" las decisiones judiciales. En plan demócrata, Patti afirmó que "no es una pelea por una banca sino por el derecho al voto". Sin embargo, el presidente de la Cámara baja, Eduardo Fellner, consideró "imposible" la asunción del represor en la banca que ganó con las 400 mil adhesiones obtenidas el 23 de octubre de 2005 (ver aparte). Los "pattistas" anunciaron que se presentará para reclamar ingresar al cuerpo de legisladores nacionales. En caso de algún impedimento, su escribano tomará nota.
Los camaristas Juan Lugones, Jorge Eduardo Barral y Hugo Fossati recordaron que para la Corte el Congreso no tiene el poder de negar la incorporación a un candidato electo, "aun cuando el rechazo del diploma se basara en la participación del electo en actos de terrorismo de Estado", por lo cual "no existe impedimento para que ejerza el mandato popular mientras no se dicte condena judicial". En consecuencia, resolvieron que es aplicable a Patti el artículo 69 de la Constitución que establece que "ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado". Y suspendieron su prisión preventiva teniendo en cuenta la ley 25.320, según la cual sólo un desafuero puede permitir el arresto. Esta Cámara tiene tradición de fallar a favor de los represores, tal como ocurrió cuando declaró constitucionales las leyes de impunidad y válido el indulto al general Santiago Riveros. Sin embargo, un funcionario judicial recordó que es la misma Cámara que ratificó el procesamiento y prisión de Patti, y lo acusó por el homicidio del militante Gastón Gonçalves, revocando la falta de mérito del juez federal Alberto Suares Araujo.
"Hay que respetar a la Justicia, mi padre tendrá que defenderse y si comprueban los delitos por los que está acusado tendrá que pagar como cualquier persona", declaró Luis Patti hijo. Claro que un ciudadano común no contaría con la inmunidad parlamentaria que con tanta energía exige su padre para prolongar el efecto de las anuladas leyes de impunidad en su prontuario.

19 de abril de 2008
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los civiles de la dictadura


Los indultos en el Congreso.
[Adriana Meyer] Argentina. Las responsabilidades civiles en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura aún son una asignatura pendiente en el proceso que busca hacer justicia respecto del genocidio. Aunque con avances y retrocesos, los juicios dejaron en claro que hubo un brazo armado ejecutor del terrorismo de Estado y un poder civil compuesto por funcionarios, jueces y también poderosos empresarios que tuvieron activa participación en la represión. Según cifras del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de los 374 detenidos en procesos por violaciones a los derechos 190 pertenecen a las tres Fuerzas Armadas, 95 a la Policía Bonaerense, 18 a la Federal y sólo 28 son civiles, pero en su mayoría pertenecen a lo que se denomina "personal civil de inteligencia".
Resulta sencillo imaginar al economista José Alfredo Martínez de Hoz sin uniforme y sentado a la mesa de la Junta Militar, e incluso al agente de inteligencia Raúl Guglielminetti como parte de los operativos armados en los campos de exterminio. Menos frecuente para el imaginario colectivo es ver al capataz de los Blaquier, del ingenio Ledesma, hablar del desaparecido médico Luis Arédez como "un mediquito zurdo que era demagogo con el personal" (como lo muestra el documental ‘Sol de noche’, de Eduardo Aliverti), imaginar a empleados de los Navajas Artaza de Corrientes participando en el secuestro de trabajadores o de la textil Mafissa yendo a pedir a la Policía Bonaerense que identificara a "una célula izquierdista" que "incita a paros y conflictos para obtener mejoras salariales". Sendas causas investigan la desaparición de trabajadores en las empresas Mercedes-Benz y Ford, sin mayores avances, y la complicidad de sus directivos en estos hechos durante la dictadura. Sin embargo, la persecución, asesinato y muerte de delegados antes del golpe del ’76 y durante el gobierno militar fueron moneda corriente en centenares de fábricas y empresas. Pero ningún gerente fue llamado aún a dar explicaciones. Los sobrevivientes de la Noche del Apagón, en Libertador General San Martín, coinciden en que los secuestros se hicieron con camionetas del ingenio Ledesma. La colaboración logística y económica del empresariado es el capítulo pendiente.
Joe Martínez de Hoz no fue el único civil entre los jerarcas de las Juntas. Los abogados Alberto Rodríguez Varela y Roberto Durrieu (foto), abogado de Juan Carlos Blumberg, fueron ministro de Justicia y viceministro, respectivamente, de Videla. En octubre, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación acusó al ex gobernador y ex general Ibérico Saint Jean en el caso que investiga el secuestro del periodista Jacobo Timerman. En su presentación, el secretario Eduardo Luis Duhalde pidió su detención y también la de siete civiles: el ex ministro de Gobierno de Saint Jean, Jaime Smart, su número dos Juan María Torino Olivieri, el ex subsecretario de Justicia Héctor Munilla Lacasa, el de Asuntos Institucionales Edgardo Frola y el ex titular del Banco Provincia Roberto Bullrich, además de Durrieu, por sus cargos en la fiscalía de Estado provincial. "Los responsables civiles son tan responsables como los militares", expresó la secretaría.
Durante el juicio al ex capellán de la policía bonaerense Christian von Wernich, la abogada querellante Myriam Bregman leyó una carta del ex cabo Norberto Cozzani, preso en Marcos Paz cumpliendo una condena por torturas, en la que el reo menciona a un grupo de civiles que "fueron parte de un todo" y "tuvieron participación activa en aquellos años, como por ejemplo los doctores Durrieu, Smart, Rodríguez Varela, Munilla Lacasa y Frola", entre otros.
Las numerosas investigaciones sobre el accionar represivo comprobaron que al brazo ejecutor no le resultó suficiente con asesinar y hacer desaparecer a sus víctimas, también se apropió de sus bienes y hasta de sus hijos. La jueza María Emilia García está procesada por robo de las pertenencias de los detenidos que pasaron por la ESMA. Y los fiscales chaqueños Roberto Mazzoni y Carlos Flores Leyes afrontan un jury por su participación en la Masacre de Margarita Belén, por citar algunos botones de una muestra mucho mayor.

16 de abril de 2008
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ministro juzgado por secuestro


La Cámara Federal tiene listo un fallo para anular el indulto al ex ministro de la dictadura. Después de veinte años en que no pudo ser sometido a la Justicia, el ex ministro de Economía de la dictadura será juzgado por el secuestro extorsivo de los empresarios Gutheim.
[Irina Hauser] Argentina. La Cámara Federal ya tiene escrito un fallo para anular el indulto que benefició a José Alfredo Martínez de Hoz y que impidió durante veinte años su juzgamiento. En la causa en la que prevé pronunciarse el tribunal, el ex ministro de Economía de la dictadura está acusado del secuestro extorsivo de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, ocurrido el 5 de noviembre de 1976. Una vez que reciba la sentencia, el juez Norberto Oyarbide evaluará si existen pruebas que ameriten que vaya preso.
La resolución que prepararon los camaristas Eduardo Freiler y Horacio Cattani podría incluso ser firmada hoy, si no se presenta ningún contratiempo, según pudo saber Página/12. El tribunal –las dos salas que lo integran– ya ha dicho en otros casos que los indultos son inconstitucionales porque se han aplicado para perdonar delitos de lesa humanidad, que no pueden recibir ningún tipo de amnistía, como indica la legislación internacional que Argentina suscribe. Lo mismo ha sostenido la Corte Suprema. Pero cada caso se resuelve en forma individual.
Los Gutheim, padre e hijo, fueron detenidos por un decreto y puestos a disposición del Poder Ejecutivo. Los arrestó en su casa un grupo del Ejército que no llevaba orden escrita y estuvieron cautivos durante cinco meses y dos días, al comienzo en el Departamento Central de Policía y luego en la cárcel de Caseros. Los liberaron el 6 de abril de 1977, con otro decreto que pretendía dar aspecto de legalidad a los hechos.
El verdadero objetivo de tenerlos en prisión fue que entablaran la renegociación de un convenio de exportación con empresarios de Hong Kong que se había frustrado, de lo cual Martínez de Hoz se había enterado en un viaje oficial. Se buscaba forzarlos a que su empresa, la textil Sadeco, sellara ese acuerdo que le permitiría a la dictadura obtener importantes líneas de crédito. Para eso, durante su detención, los Gutheim fueron llevados en cuatro oportunidades a las oficinas donde transcurrían las tratativas con los chinos. En las reuniones, que se hicieron en enero de 1977, siempre participaba algún representante del ministro de Economía.
El dictador Jorge Rafael Videla, el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy y Martínez de Hoz estuvieron presos en 1988 por orden del entonces juez Martín Irurzun (ahora camarista), que los responsabilizó de la privación ilegal de la libertad de los empresarios. Luego, la Cámara Federal confirmó la detención de los dos primeros como coautores del decreto pero liberó al ex ministro de Economía por considerar que en ese momento no había pruebas suficientes sobre su intervención en el secuestro. Los tres resultaron favorecidos tiempo después por los indultos de Carlos Menem, lo que truncó –como en tantos casos– la posibililidad de que fueran juzgados y recibieran sentencia.
La reapertura de la causa sobre los Gutheim ocurrió en 2006, cuando el juez Oyarbide hizo lugar a un reclamo de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, al que después se sumó la Secretaría de Derechos Humanos. Los organismos habían conseguido que impulsaran la causa el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, y el fiscal federal Federico Delgado.
En sintonía con los fiscales, Oyarbide consideró que el secuestro de los Gutheim fue parte de la práctica sistemática del terrorismo de Estado de violación a los derechos humanos y que es obligación internacional del Estado remover los obstáculos que impidan la persecución de esos delitos. En función de esto, declaró la inconstitucionalidad de los indultos que habían librado de cargos tanto a Videla y Harguindeguy como a Martínez de Hoz.
El general Harguindeguy estaba detenido cuando Menem lo indultó, por eso su vuelta a la cárcel ante la anulación del perdón presidencial podía interpretarse como una consecuencia esperable. Aun así, recién fue detenido en febrero último ante el reclamo de la Secretaría de Derechos Humanos, después del aviso de un guardavidas que lo había visto tomando sol en Pinamar. La orden de ir a ponerle las esposas la dio la jueza María Servini de Cubría, que en esos días subrogaba a Oyarbide. Videla ya cumple arresto domiciliario por otras causas.
Martínez de Hoz no estaba preso cuando obtuvo el indulto, por lo tanto la declaración de inconstitucionalidad de ese beneficio no necesariamente implicaría en forma automática su regreso tras las rejas mientras es juzgado. El juez analizará si existen nuevas evidencias en su contra que justifiquen esa medida.
Es factible que el inminente fallo de la Cámara o al menos alguno de sus votos dé un empujoncito en ese sentido, sugiriéndole a Su Señoría que valore determinados elementos y pruebas, según pudo saber este diario. Por ejemplo, que en otro expediente, el que investiga la desaparición de Julio Gallego Soto, un contador cercano a Juan Domingo Perón, la mayoría de los testimonios contribuirían a acreditar que la detención de los Gutheim se hizo a instancias de Martínez de Hoz. La causa sobre Gallego Soto, en la que está procesado el ex capitán del Ejército Héctor Vergez, también está a cargo de Oyarbide. La resolución de la Cámara podría agregar un llamado de atención sobre pedidos de prisión preventiva contra Martínez de Hoz antes del indulto.
Durante las últimas semanas, el ex ministro de Economía de Videla hizo cuanto pudo por detener la decisión de los camaristas con artilugios legales. Primero recusó a Freiler, diciendo que no es imparcial, planteo que fue desestimado. Tras cartón presentó un recurso extraordinario para rechazar esa decisión. Cuando estaban a punto de resolver ese planteo, recusó también a Cattani. Ambos asuntos pendientes serían refutados y, sin esperar, vendrá la anulación del indulto.
Aunque Martínez de Hoz insista ante la Corte Suprema, esto no impediría que la causa avance y el juez lo detenga si cree que corresponde hacerlo, explicaron fuentes judiciales. Tampoco es el único caso que Oyarbide instruye contra el creador de la plata dulce: analiza su papel en el asesinato de Juan Carlos Casariego de Bel, director del Registro de Investigaciones durante su gestión en Economía en la dictadura. Casariego fue secuestrado cuando se negó a firmar una maniobra para la nacionalización de la Compañía Italo Argentina de Electricidad.

Los Indultos en el Congreso
Las leyes de impunidad recorrieron el mismo largo y dificultoso camino parlamentario pero tuvieron más suerte que los indultos, que aún no fueron anulados por el Congreso. A pesar de que la persecución de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura es una política de Estado, la mayoría kirchnerista en la Cámara de Diputados no parece haber tomado nota de ello y las sucesivas sesiones convocadas por el ARI y otros bloques partidarios no superan los veinte legisladores sentados en sus bancas. Tampoco parece conmoverlos demasiado la movilización callejera que organiza el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia para cada ocasión en que la anulación de los indultos menemistas a los genocidas vuelve al temario. La última vez fue en marzo del año pasado, para tratar, sin éxito, los proyectos de Marcela Rodríguez, Eduardo Macaluse y Carlos Tinnirello.

16 de abril de 2008
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la encargada del cementerio


Patricia Achu descubrió un centenar de cuerpos sin identificar. El entonces intendente Patti la presionó para que no lo revelara. Ella hizo la denuncia. Uno de los cadáveres era de Gastón Gonçalves, por cuyo homicidio Patti está procesado.

[Adriana Meyer] Argentina. En las crónicas apareció casi siempre como "la empleada del cementerio". Su determinación fue esencial en el descubrimiento del cuerpo del militante justicialista Gastón Gonçalves, pero poco se sabe de Patricia Achu, que en agosto de 1996 logró frustrar el intento del entonces intendente Luis Patti de encubrir el hallazgo de un centenar de cuerpos NN en el cementerio de Escobar, entre ellos el de Gonçalves. Esta mujer –49 años, divorciada, dos hijos varones– perdió su trabajo, tuvo que irse de Ingeniero Maschwitz y fue amenazada pero sostuvo sus denuncias. Tras la detención de Patti a fines de noviembre decidió volver a su barrio y ofreció su testimonio en la causa judicial que lo llevó al penal de Marcos Paz. "Sólo quería ayudar a que esto saliera a la luz para que tengan una flor en la tumba que les corresponde", resumió Achu ante Página/12. "Después de la primera denuncia algunas personas me venían a ver y yo les decía que hablaran, pero tenían miedo. Lo que más satisfacción me da es que esa gente se soltó cuando entró a la cárcel y empezó a buscar a sus parientes", agregó.
En diciembre de 1995 empezó a trabajar como encargada del cementerio de Escobar, cuando Patti asumió su primera intendencia. Militaba con la línea del justicialista Jorge Landau, apoderado del PJ y en aquel momento aliado del ex comisario. "No simpatizaba con sus ideas, fui convocada por mi trabajo de asistencia social en los barrios y en las salas del hospital", dice Achu, que es auxiliar de enfermería y estudió medicina hasta segundo año, pero tuvo trabajos tan variados como diseñadora gráfica, supervisora en un geriátrico, operadora de radiotaxi y dueña de un restaurante. "Rechacé ser concejal porque tenía una forma de trabajar muy distinta a la de Patti, el régimen militar no me interesa", agregó.

¿Cuándo empezaron sus sospechas?
Empecé a investigar porque me parecía raro que faltara espacio para nuevas sepulturas y había zonas viejas no ocupadas que no se podían tocar. El cementerio y rentas son los dos lugares de recaudación de la municipalidad. Fui a hablar con el intendente Patti. Y me dijo "eso no lo toques". A todo esto yo me quería ir porque tenía mucha responsabilidad pero no me dejaban manejarme con libertad. Un día vino un señor a pagar la sepultura de su hermano, y me dijo que lo habían blanqueado en el ’81 pero que antes era NN. Yo ya había visto biblioratos viejos en un galpón que me hicieron sospechar de que ahí había más de un NN. Encontré sepulturas viejas donde veía espacios vacíos, ahí veo que los NN están en los cuadernos. Volví a hablar con el intendente y me dijo: "Terminemos con este tema porque en todos los cementerios hay NN, especialmente de la época del gobierno militar, así que no sigas investigando ni hablando".

¿Usted conocía su accionar durante la dictadura?
Por supuesto, estaba al tanto de que había sido comisario, los problemas que tuvo, los procesos. Y sabía de mucha gente que le tenía mucho miedo, que no hablaban por el temor de que les pasara algo. El vivió en Maschwitz muchos años muy cerca de donde yo vivía.

¿Cómo fue el hallazgo de los cuerpos?
Me avisaron que el sector D había quedado libre por una reducción de restos. Lo destiné a una empresa de sepelios. Pero vino el encargado de campo a decirme que no podíamos poner ese cuerpo ahí. Cuando pregunté qué pasó me dijo "¿te animás a verlo?". Yo estaba acostumbrada, así que fui. Me acerqué a la sepultura y había un cuerpo tirado, con zapatillas y un anillo. Estaba debajo del cuerpo al que habíamos reducido antes. Di orden de cerrar todo y que nadie lo tocara. Patti tenía su gente adentro del cementerio que le informaron. Vino el que me había avisado con una bolsa de residuos de consorcio para llevarse el cuerpo, y me dijo "la orden es que se tire al osario". Le respondí que las órdenes las daba yo. Mandé tapar la sepultura y les dije que si alguien la tocaba, lo iba a despedir.

¿Cuándo fue esto?
En agosto de 1996. Al día siguiente me dijeron que quedaba relevada del cargo por anomalías y un faltante de 90 pesos. Me reí porque con los montos que manejaba no me iba a ensuciar por esa cifra. Les dije que sabía por dónde venía la cosa. Esa noche hablé con mi abogado, Eduardo Ramallo. Fuimos a la mañana siguiente a ver al juez federal de Campana, Osvaldo Lorenzo. Nos atendió enseguida, me preguntó hasta dónde estaba dispuesta a llegar y sólo le mostré la foto de mis hijos, que eran chiquitos. Por mí estaba dispuesta a todo, pero me dio protección de la Gendarmería para mi familia. Llegamos al cementerio el juez, mi abogado, los de Gendarmería y hasta Enrique Sdrech con su coche, parecíamos SWAT, con sirenas y todo. Había que hacer el allanamiento ese día. Le avisaron al intendente y los empleados no querían dejar pasar al juez. Pero les respondió que tenía la orden de allanamiento e iba a hacer lo que le pareciera. Indiqué la sepultura que había identificado, y no habían tocado nada. La abrieron y encontraron el cuerpo. Y luego les mostré que en los sectores W, X,Y y Z eran todos NN. El cementerio estuvo allanado un año, con todos los libros secuestrados y en total se encontraron casi cien cuerpos, dos o tres en cada sepultura. El primer cuerpo que identificó luego el Equipo de Antropología Forense fue el de Gonçalves. En otros sectores reconocieron los de Enrique Tomanelli y del periodista Tilo Wenner. La familia me invitó al entierro de Gonçalves, en el cementerio de Flores, pero no quise ir. Les pedí disculpas pero mi intención no era que esto se politizara, quiero que esa gente tenga una flor en la tumba que le corresponde.

¿Cómo siguió su vida?
Me quedé sin trabajo, la suspensión fue de seis meses sin goce de sueldo. Y hasta hoy no cobré nada. Inicié una causa por mi despido injustificado. Me tendrían que reincorporar, mis compañeros me dicen que tengo que volver al cementerio para reivindicar mi posición.

¿Volvería a ser funcionaria de un intendente pattista?
No, pero el actual intendente (Sandro) Guzmán se abrió de Patti después de su detención, se unió a Landau.

Luego de su denuncia, ¿volvió a verlo?
Un día, mientras estaba trabajando en mi restaurant de Palermo, apareció para pedirme que frenara todo, que nos sentáramos en el despacho a negociar un arreglo para frenar la causa. Les dije que le iba a servir como a cualquier cliente, pero que no negociaba y que no le tenía miedo, más allá de que me tuvieron que poner custodia en la puerta por mis hijos.

¿Qué causa querían frenar?
La de los cuerpos, que después se frenó igual por la ley de Punto Final.

¿Cómo la trataba Patti antes de la denuncia?
Siempre fue muy déspota para hablar, muy autoritario. Lleva su investidura en el cuerpo, se vale por el arma que lleva en el bolsillo porque no es capaz de defender una causa. Aquella vez le dije "yo no manejo una municipalidad armada". Una vez cuando, trabajaba en el hospital de Escobar, me agradeció porque le avisé a su esposa del accidente de su hijo. A los 18, cuando trabajaba en La Opinión como diseñadora, salía con el diario bajo el brazo porque era de madrugada y así me justificaba si me paraba la policía. Mis hermanos vivieron más los años del Proceso. Pero yo no lo enfrenté desde la ideología sino porque era lo que tenía que hacer.

¿Qué otras consecuencias tuvo por ese enfrentamiento?
Me tuve que ir de Maschwitz porque tenía cerrada todas las puertas, lo mismo que en Escobar. La línea pattista seguía, así que o negociaba o me iba. Me divorcié y me vine con mis hijos a Capital.

¿Recibió amenazas?
Cuando tenía un kiosco me llamaban diciéndome que dejara la causa porque iba a terminar mal, que iba a terminar en ese kiosquito para siempre.

¿Por qué ahora volvió a vivir en Maschwitz?
Volví hace cinco meses porque me sentí gratificada por lo que había pasado, porque se había hecho justicia. Esta persona no dirige más las cosas, siempre digitó todo y por el poder hubo mucha gente que quedó en el camino. Me siento liberada y puedo volver a mi lugar. Mis hijos tienen su vida social ahí, uno es bombero voluntario, otro juega al básquet en (Deportivo) Arenal. Quiero volver a afianzarme en el lugar. Todos saben en Maschwitz lo que pasó, y se me acercaron personas con ideas muy diferentes al PJ para darme su solidaridad por lo que estaba haciendo.

¿Qué la motivó a declarar en la causa del juez Suárez Araujo?
Me comuniqué con los querellantes que estaban interesados en que declarara. Me citaron y dije todo lo que acabo de contar.

¿Disminuyó el poder de Patti desde que está preso?
Sí, la gente que trabajaba para él dio un paso al costado. El día que se dijo que salía en libertad fueron pocos los que acudieron al juzgado. Los hizo movilizar pero son cada vez menos.

¿Temió que fuera liberado? Y en tal caso, ¿teme represalias?
Nunca tuve miedo, si no no hubiera hecho todo esto. Le debe dar bronca porque él me consideraba de su confianza.

¿Sabe de más personas que quieran declarar?
Supongo que en algún momento van a salir a la luz más casos.

¿Cómo fue el día que conoció a los hijos de Gonçalves?
Fue muy emotivo, nos abrazamos como si nos conociéramos de toda la vida. Me conmovió mucho su historia, que los hermanos se hayan reencontrado... y les expliqué por qué no había querido ir al cementerio con ellos.

15 de abril de 2008
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pruebas de sangre


La corte se acerca a un fallo sobre adn compulsivo. El consenso es difícil pero cerraría en permitir los análisis por orden judicial para establecer la identidad de apropiados pero no para punir a apropiadores. La alternativa del allanamiento.
[Irina Hauser] Argentina. Hasta hace algunos días la Corte Suprema evaluaba llevar a una audiencia pública el debate sobre la legalidad de la extracción compulsiva de sangre para determinar la identidad de posibles hijos de desaparecidos que fueron apropiados. Al final, esta semana el tema fue excluido de la agenda de sesiones orales del tribunal y esto se debe, en parte, a que no estaría tan lejos de poder firmar un fallo para resolverlo. En la discusión interna entre Sus Señorías –reñida, por cierto– ya habría una mayoría con posturas variadas pero coincidencia en un punto central: rechazar los estudios sanguíneos de ADN cuando el propósito es utilizarlos como prueba capaz de incriminar a los apropiadores.
Si esta conclusión prospera, la Corte revocaría entonces un fallo de la Sala II de la Cámara Federal que en febrero de 2002 le ordenó a Emiliano Prieto, posible hijo de desaparecidos, que se presentara en el Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durand para una extracción de sangre que permitiría conocer su ADN. Tal como está hasta ahora, el posible fallo supremo abordará la cuestión de las tomas de sangre. Una variante que analizan los jueces supremos sería decir que este tipo de pruebas sólo se podría admitir con el fin de garantizar el derecho a la verdad. Aunque no necesariamente lo analice en detalle en esta oportunidad, la Corte podría dejar abierta la posibilidad de que se apliquen los análisis alternativos que comenzaron a realizarse en 2005 –no hace tanto– en los casos de apropiación de menores y ahora permiten obtener material genético de pelos, ropa y cepillos de dientes a través de allanamientos.
Emiliano Prieto fue criado por Guillermo Antonio Prieto, un suboficial de la Marina en actividad en la última dictadura, y su esposa Emma. El matrimonio inscribió a dos niños como hijos biológicos: Emiliano, del 6 de agosto de 1978, y Guillermo Gabriel, del 1 de junio de 1976. Las Abuelas de Plaza de Mayo creen que nacieron en cautiverio durante el terrorismo de Estado. Ambos figuran como nacidos en un domicilio particular. El certificado, así como sus documentos de identidad, serían falsos.
A Emiliano, la Justicia le ordenó la primera extracción compulsiva de sangre en febrero de 2000. Él se negó y tras sucesivas apelaciones su expediente llegó a la Corte. El joven planteó que ese estudio viola sus derechos de "intimidad, integridad física, psíquica y moral, a la dignidad, a la vida privada y a gozar de los derechos civiles".
Con argumentos similares, Evelyn Vázquez Ferrá se resistía en 2003 a someterse al test de sangre para conocer su verdadera identidad. No quería, además, que el resultado sirviera como prueba que comprometiera penalmente a sus apropiadores. Aquel año la Corte Suprema –en su antigua composición– le dio la razón a la joven, privilegiando el derecho a la intimidad. "Si ella no quiere conocer su identidad, el Estado no puede obligarla a investigarla", decía el fallo.
La Corte actual tiene que decidir, en definitiva, si mantiene o cambia aquella doctrina. El procurador general, Esteban Righi, dictaminó que "la toma compulsiva de una muestra de sangre en el marco de un proceso penal, no es incompatible con el respeto de los derechos constitucionales". Puntualiza que la prueba de ADN no sólo es imprescindible para conocer la identidad biológica, sino una prueba frente a un posible caso de desaparición forzada. Su opinión, no obstante, no es vinculante.
Las posiciones en la Corte son intrincadas. Hasta ahora, Enrique Petracchi y Carlos Fayt se opondrían a la extracción compulsiva, como ya lo hicieron en el caso ‘Vázquez Ferrá’. Raúl Zaffaroni sólo avalaría la prueba de sangre si el fin es el esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, pero no como evidencia penal contra, por ejemplo, los apropiadores. En esencia, entonces, la rechazaría. Ricardo Lorenzetti –todo indica– podría apoyar esta idea. Juan Carlos Maqueda mantendría sus argumentos de hace cinco años a favor del estudio compulsivo y lo acompañaría Elena Highton de Nolasco. Carmen Argibay todavía tendría pendiente armar su voto.
Así estaban los tantos hacia fines de esta semana, según pudo confirmar Página/12, a través de fuentes calificadas del tribunal. Claro que los debates a puertas cerradas de los jueces supremos son muy dinámicos, en este caso circulan ideas con muchos matices, y todo puede cambiar, como pasó en cuestión de días –de hecho– en la causa donde se analizaba la condena de Romina Tejerina por el asesinato de su beba recién nacida.
Uno de los expedientes en los que la Corte podría evaluar la cuestión de los estudios genéticos alternativos para acceder a muestras de ADN es el del hermano de Emiliano Prieto, Guillermo (h.), que incluso ya tuvo un mayor avance. La jueza María Romilda Servini de Cubría llevó a cabo un allanamiento en la casa del joven y se llevó material para analizar el ADN. En el expediente constan importantes indicios de que sería hijo de María Ester Peralta y Oscar Alfredo Zalazar, secuestrado el 29 de abril de 1976. Ella estaba embarazada y sigue desaparecida. El apareció muerto el 6 de mayo de aquel año en un supuesto enfrentamiento.
Ante la apelación del chico, la Sala I de la Cámara Federal consideró que con los allanamientos no hay violación a la intimidad. Destacó que debe prevalecer el derecho "de los familiares de los niños sustraídos a sus padres asesinados durante la última dictadura militar".
La decisión suprema de no llevar el caso Prieto a una audiencia pública no sólo tiene que ver con que la discusión interna estaría bastante madura. También responde a un planteo que hizo Argibay a sus colegas, y que ellos aceptaron: a simple vista parecería un contrasentido llevar a una sesión pública un expediente en el que se debate el derecho a la intimidad.
Por otra parte, mientras sólo avancen con la causa sobre extracción de sangre, rechazándola, los jueces supremos no necesitarían expedirse sobre una discusión de fondo, sustancial y sensible: si los resultados de los análisis se deben comparar con todos los datos del banco genético o sólo con algunos de ellos, como han planteado los hijos adoptivos de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, otro caso en el que deberá opinar la propia Corte. Marcela y Felipe Noble aceptan sacarse sangre siempre y cuando sea sólo para contrastar su ADN con el de las familias querellantes. De lo contrario, se niegan. En diciembre del año pasado la Cámara de Casación Penal les admitió ese planteo. Y la semana pasada llegó a la Corte.

15 de abril de 2008
13 de abril de 2008
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