los civiles de la dictadura
16 de abril de 2008
[Adriana Meyer] Argentina. Las responsabilidades civiles en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura aún son una asignatura pendiente en el proceso que busca hacer justicia respecto del genocidio. Aunque con avances y retrocesos, los juicios dejaron en claro que hubo un brazo armado ejecutor del terrorismo de Estado y un poder civil compuesto por funcionarios, jueces y también poderosos empresarios que tuvieron activa participación en la represión. Según cifras del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de los 374 detenidos en procesos por violaciones a los derechos 190 pertenecen a las tres Fuerzas Armadas, 95 a la Policía Bonaerense, 18 a la Federal y sólo 28 son civiles, pero en su mayoría pertenecen a lo que se denomina "personal civil de inteligencia".
Resulta sencillo imaginar al economista José Alfredo Martínez de Hoz sin uniforme y sentado a la mesa de la Junta Militar, e incluso al agente de inteligencia Raúl Guglielminetti como parte de los operativos armados en los campos de exterminio. Menos frecuente para el imaginario colectivo es ver al capataz de los Blaquier, del ingenio Ledesma, hablar del desaparecido médico Luis Arédez como "un mediquito zurdo que era demagogo con el personal" (como lo muestra el documental ‘Sol de noche’, de Eduardo Aliverti), imaginar a empleados de los Navajas Artaza de Corrientes participando en el secuestro de trabajadores o de la textil Mafissa yendo a pedir a la Policía Bonaerense que identificara a "una célula izquierdista" que "incita a paros y conflictos para obtener mejoras salariales". Sendas causas investigan la desaparición de trabajadores en las empresas Mercedes-Benz y Ford, sin mayores avances, y la complicidad de sus directivos en estos hechos durante la dictadura. Sin embargo, la persecución, asesinato y muerte de delegados antes del golpe del ’76 y durante el gobierno militar fueron moneda corriente en centenares de fábricas y empresas. Pero ningún gerente fue llamado aún a dar explicaciones. Los sobrevivientes de la Noche del Apagón, en Libertador General San Martín, coinciden en que los secuestros se hicieron con camionetas del ingenio Ledesma. La colaboración logística y económica del empresariado es el capítulo pendiente.
Joe Martínez de Hoz no fue el único civil entre los jerarcas de las Juntas. Los abogados Alberto Rodríguez Varela y Roberto Durrieu (foto), abogado de Juan Carlos Blumberg, fueron ministro de Justicia y viceministro, respectivamente, de Videla. En octubre, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación acusó al ex gobernador y ex general Ibérico Saint Jean en el caso que investiga el secuestro del periodista Jacobo Timerman. En su presentación, el secretario Eduardo Luis Duhalde pidió su detención y también la de siete civiles: el ex ministro de Gobierno de Saint Jean, Jaime Smart, su número dos Juan María Torino Olivieri, el ex subsecretario de Justicia Héctor Munilla Lacasa, el de Asuntos Institucionales Edgardo Frola y el ex titular del Banco Provincia Roberto Bullrich, además de Durrieu, por sus cargos en la fiscalía de Estado provincial. "Los responsables civiles son tan responsables como los militares", expresó la secretaría.
Durante el juicio al ex capellán de la policía bonaerense Christian von Wernich, la abogada querellante Myriam Bregman leyó una carta del ex cabo Norberto Cozzani, preso en Marcos Paz cumpliendo una condena por torturas, en la que el reo menciona a un grupo de civiles que "fueron parte de un todo" y "tuvieron participación activa en aquellos años, como por ejemplo los doctores Durrieu, Smart, Rodríguez Varela, Munilla Lacasa y Frola", entre otros.
Las numerosas investigaciones sobre el accionar represivo comprobaron que al brazo ejecutor no le resultó suficiente con asesinar y hacer desaparecer a sus víctimas, también se apropió de sus bienes y hasta de sus hijos. La jueza María Emilia García está procesada por robo de las pertenencias de los detenidos que pasaron por la ESMA. Y los fiscales chaqueños Roberto Mazzoni y Carlos Flores Leyes afrontan un jury por su participación en la Masacre de Margarita Belén, por citar algunos botones de una muestra mucho mayor.
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