uno menos en la calle
Detienen a represor. Uno menos en la calle.
Argentina. Un año después de que la Justicia federal de Formosa librara su orden de captura, fue detenido el jueves el capitán retirado Carlos Eduardo Domínguez Linares, próspero hacendado cordobés que durante la última dictadura –y como auditor del Ejército– actuó como asesor legal y mano derecha del gobernador de facto de esa provincia, general retirado Juan Carlos Colombo. Pese a que la APDH de Formosa había informado al tribunal el domicilio y hasta el celular del abogado y su figura aparecía seguido en el canal rural como presidente de la delegación Córdoba de la Confederación Gaucha Argentina, para la Justicia formoseña y gracias a la reticencia del juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro, Domínguez Linares –procesado en la causa "Carrillo, Fausto", abogado paraguayo desaparecido– estaba formalmente un prófugo. "Bustos Fierro transformó un pedido de captura en una averiguación de paradero, con lo cual logró demorar la detención", explicó a Página/12 el ex detenido-desaparecido y abogado de la APDH Pedro Velázquez Ibarra. El organismo denunció al juez por abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, prevaricato y encubrimiento agravado, entre otros delitos. "Justo cuando el Consejo de la Magistratura lo convoca a dar explicaciones, el juez decide ordenar la detención", expuso Vázquez Ibarra, quien lamentó "la total ausencia del Estado nacional en esta verdadera isla que es Formosa".
Argentina. Un año después de que la Justicia federal de Formosa librara su orden de captura, fue detenido el jueves el capitán retirado Carlos Eduardo Domínguez Linares, próspero hacendado cordobés que durante la última dictadura –y como auditor del Ejército– actuó como asesor legal y mano derecha del gobernador de facto de esa provincia, general retirado Juan Carlos Colombo. Pese a que la APDH de Formosa había informado al tribunal el domicilio y hasta el celular del abogado y su figura aparecía seguido en el canal rural como presidente de la delegación Córdoba de la Confederación Gaucha Argentina, para la Justicia formoseña y gracias a la reticencia del juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro, Domínguez Linares –procesado en la causa "Carrillo, Fausto", abogado paraguayo desaparecido– estaba formalmente un prófugo. "Bustos Fierro transformó un pedido de captura en una averiguación de paradero, con lo cual logró demorar la detención", explicó a Página/12 el ex detenido-desaparecido y abogado de la APDH Pedro Velázquez Ibarra. El organismo denunció al juez por abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, prevaricato y encubrimiento agravado, entre otros delitos. "Justo cuando el Consejo de la Magistratura lo convoca a dar explicaciones, el juez decide ordenar la detención", expuso Vázquez Ibarra, quien lamentó "la total ausencia del Estado nacional en esta verdadera isla que es Formosa".6 de abril de 2008
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[Laura Vales] Argentina. El Tribunal Federal Oral Nº 5 condenó con 8 y 7 años de prisión a Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto, los apropiadores de María Eugenia Sampallo Barragán. Los jueces le dieron además 10 años al capitán retirado Enrique Berthier, el militar que la entregó. El juicio fue el primero que una hija de desaparecidos hace contra quienes la inscribieron y criaron como si fuera propia. María Eugenia había pedido que se aplicara a sus apropiadores el máximo de la pena prevista, por haberla privado de su identidad y del vínculo con su familia, de quien estuvo separada durante 24 años. Ayer, tras escuchar la sentencia, su abogado y las Abuelas de Plaza de Mayo criticaron la levedad de las penas: "Los jueces no entienden la gravedad de estos delitos".
Argentina. A los efectos de ser indagado, Cavallo (alias ‘Sérpico') fue conducido a los tribunales de Comodoro Py 2002, de esta Capital, con un importante operativo de seguridad desde la cárcel de Marcos Paz, donde está alojado desde que arribó al país, el lunes último, extraditado por el Reino de España.
Argentina. Julián Corres, alias ‘El Laucha', fue detenido a las 12.50 por personal de Interpol en momentos en que salía de un edificio de oficinas ubicado en la intersección de las calles Córdoba y Uruguay, en la zona de tribunales porteña.
Argentina. Carlos Lordkipandise, ex detenido desaparecido de la ESMA, recordaba a la perfección la cara del represor Ricardo Miguel Cavallo. Pero habían pasado casi treinta años desde la última vez que lo vio tan de cerca. A unos pocos centímetros, como ayer, que se lo cruzó de casualidad en el pasillo del juzgado de Sergio Torres donde llegaba detenido, recién extraditado. "¡Asesinooooooo!", le gritó directo en la oreja, tanto que el torturador debe haber sentido el calor del aliento. En las oficinas aledañas se hizo un silencio profundo. Cavallo, alias ‘Sérpico' y ‘Marcelo', corrió la cara con la mirada hacia el piso. La frialdad es una de las características que siempre le atribuyeron sus víctimas. La misma que mostró para decirle al juez Torres que de la apropiación de bienes de desaparecidos –el primer hecho por el cual lo indagó– no sabía nada, y que en la Armada no existió ninguna asociación ilícita.
[Pedro Lipcovich] Argentina. "La penalización del consumo ha dejado a las adicciones afuera del sistema sanitario"; "En los países donde no se persigue penalmente al consumidor, la cantidad de adictos bajó, mientras subía en la Argentina"; "Examinamos la necesidad de revisar la política sobre drogas": éste era el tono de los comentarios de varios legisladores, luego de la primera reunión que la Comisión de Prevención de las Adicciones de la Cámara de Diputados sostuvo con el Comité Científico Asesor, designado por el Ministerio de Justicia. La clave del curso que viene tomando el debate está en una frase que puede parecer puramente técnica: "Hay que regular los aspectos preventivos y asistenciales por separado de los aspectos de naturaleza criminal". En esa fórmula se sustenta la despenalización del consumo de sustancias prohibidas: no se trata –aclaró un legislador– de vender drogas en los quioscos, sino de que, en la visión del Comité, la asistencia es y será imposible mientras se criminalice al mismo sujeto a quien se procura asistir. Así, por ejemplo, "un joven con antecedentes judiciales por consumo pierde acceso al mercado laboral: ¿eso lo va ayudar contra la adicción?", puntualizó un diputado. En ese clima de diálogo, los legisladores y los miembros del Comité acordaron un sistema de consulta permanente.
Argentina. Cristina Kirchner presentó ayer públicamente un proyecto de ley para crear una nueva Cámara de Casación Penal que –de aprobarse– conviviría con la que ya existe, que ha sido uno de los principales embudos en las causas contra represores acusados de violaciones a los derechos humanos. Ese anuncio fue parte de un paquete de cinco propuestas que ingresarán al Congreso a través de la Cámara de Diputados y que llevan como meta acelerar los juicios sobre los crímenes de la última dictadura. El paquete incluye levantar la prohibición de recompensar a los militares que aporten datos a las investigaciones; también abarca reformas de cuestiones procesales y un sistema de subrogancias para evitar se paralicen los tribunales del interior.
[Mariana Carbajal] Argentina. A los 78 años, Blanca Santucho tiene dos anhelos que la desvelan: encontrar el cuerpo de su hermano Mario Roberto "para hacer el duelo y darle cristiana sepultura" y lograr que el apellido de su familia "deje de estar demonizado en la Argentina". "Quiero ver algo antes de irme de este mundo", dice con lo ojos humedecidos y el pañuelo blanco cubriéndole el cabello dorado. Blanca es hermana del líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), asesinado el 19 de julio de 1976 por un grupo comando del Ejército y de la Policía Federal, junto a Benito Jorge Urteaga. La familia de Blanca fue diezmada por el terrorismo de Estado: "Tenemos once miembros entre muertos y desaparecidos: seis de ellos son mujeres", recuerda Blanca. Son cinco hermanos, una hermana, tres cuñadas y dos sobrinas.