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campo de mayo, justicia en deuda

mqh - 26 de marzo de 2008 - 21:56 - argentina

Sólo diez procesados en la causa sobre el mayor centro clandestino de detención del país. Se estima que por Campo de Mayo pasaron más de cinco mil personas.

Argentina. [Diego Martínez] Junto con las investigaciones de los crímenes cometidos en la ESMA y el Cuerpo I de Ejército, Campo de Mayo es la mayor causa por delitos de lesa humanidad que instruye la Justicia federal. Por sus centros clandestinos y maternidades se estima que pasaron 5000 personas. Sólo un puñado sobrevivió para contarlo. Los querellantes ya pidieron la detención de más de 70 represores pero apenas diez están procesados, frente a 42 en ESMA y 44 en Cuerpo I. Seis gozan de arresto domiciliario y sólo dos, los únicos que no pertenecen al Ejército, están presos en una cárcel común. Entre las celebridades impunes sobresale el ex jefe de Inteligencia del Comando de Institutos Militares y responsable de ‘El Campito', general (R) Fernando Verplaetsen.
La megacausa "Riveros, Santiago y otros s/ privación ilegal de libertad, tormentos, homicidios y otros" investiga la represión ilegal en la ex zona IV, norte del Gran Buenos Aires. Campo de Mayo tuvo varios centros de detención: ‘El Campito', ‘Las Casitas', la cárcel de encausados y el Hospital Militar, donde más de 30 mujeres parieron en cautiverio. Además de oficiales y suboficiales del Ejército, prestaron servicios allí agentes de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería, que aportaron guardias e interrogadores. La Zona IV incluyó también lugares de detención en decenas de comisarías de la policía bonaerense.
El general de brigada (R) Santiago Omar Riveros, jefe del Comando de Institutos Militares y luego de la zona IV, fue detenido y procesado en 1985. No pudo ampararse en la obediencia debida, pero recuperó la impunidad con el indulto de Carlos Menem. Poco después fue detenido por apropiación de menores, pero la investigación sobre su rol en Campo de Mayo hibernó durante más de quince años. En octubre de 2003 el pleno de la Cámara Federal de San Martín ordenó la reapertura de la causa archivada en 1987. El 17 de noviembre de 2004, luego de que el Congreso anulara las leyes de impunidad, el juez federal Alberto Suares Araujo ordenó las primeras detenciones. Cinco días más tarde la Cámara declaró que la flamante ley era inconstitucional y liberó a los represores. En febrero de 2005, el mismo tribunal sumó otro obstáculo: resolvió que el indulto a Riveros era constitucional. Recién en septiembre de 2006 la Cámara de Casación Penal anuló esa resolución, medida que confirmó la Corte Suprema de Justicia. Suares Araujo dispuso de inmediato las detenciones de los imputados por el caso de Floreal Avellaneda (ver recuadro). La causa volvía a renacer, con varios cuerpos de desventaja. El juzgado de Suares Araujo analiza 310 casos. Algunos son víctimas particulares, otros refieren a fábricas como Mercedes Benz, Ford o cerámicas Lozadur, a cementerios o a localidades como Zárate-Campana.

De Obstáculos y Torpezas
Una dificultad específica de la causa Campo de Mayo debe buscarse en la ‘eficiencia', desde la óptica militar, con que el Ejército ejecutó la represión ilegal. A diferencia de la ESMA, donde un grupo de cautivos fue utilizado como mano de obra esclava al servicio del almirante Emilio Ma-ssera y pudo identificar a sus victimarios, los pocos sobrevivientes de Campo de Mayo permanecieron encadenados, encapuchados, sin poder hablar ni moverse excepto hasta la sala de torturas. Para suplir la carencia el juzgado, a propuesta de las querellas, les tomó declaración testimonial a más de 300 ex conscriptos. Sus testimonios son fundamentales para conocer a los oficiales y suboficiales que participaron de cada operativo, como el asesinato el 3 septiembre de 1976 del matrimonio Lanuscou-Miranda, sus hijos de 6 y 4 años, y el secuestro de Matilde, de apenas seis meses.
Un problema básico es la falta de querellantes. En teoría, el fiscal Jorge Sica tiene el deber de impulsar los casos de todas las víctimas y el juez de investigarlos. La práctica es otra. "Hay miles de víctimas pero 30 querellas, que es lo que la Justicia investiga. Muchos creen que haber declarado en Conadep es suficiente para que la Justicia avance. No es así. Es imprescindible que los familiares se constituyan como querellantes", explica Miguel Fernandez, director de Derechos Humanos de Moreno y miembro de la Comisión por la Recuperación de Campo de Mayo que impulsa la causa. "Mientras estaba preso en la U9 llegó un grupo de ferroviarios y otro de obreros de Ford que venían de Campo de Mayo. Es esencial ubicarlos. En Moreno buscamos a todos los familiares de los compañeros. El problema es que muchas víctimas estaban de paso. Eso dificulta la búsqueda", agrega.
Algunos querellantes consideran que por la magnitud de la represión en Campo de Mayo la cantidad de empleados del juzgado de Suares Araujo, que tiene una secretaría ad hoc con diez personas, y del fiscal Sica, con sólo un auxiliar dedicado al expediente, es insuficiente. Citan como ejemplo la aparición constante de nuevos testigos y víctimas. "La causa es una caja de Pandora. Cada semana aparecen nuevos sobrevivientes, ex conscriptos o testigos con datos relevantes. Recién ahora el juzgado está tomando conciencia de la dimensión de la represión en Campo de Mayo", considera el abogado Pablo Llonto.
Otros querellantes apuntan que los juzgados que investigan megacausas tienen menos personal y resaltan lo que consideran estrategias inadecuadas para investigar crímenes masivos y sistemáticos. Por ejemplo, la citación de oficio a empleados que aún prestan servicios en el Hospital Militar y que no aportaron datos de valor. Un cuestionamiento generalizado es la investigación de casos aislados, sin un cruzamiento de variables como lugar de trabajo, fecha de secuestro y ámbito de militancia. Esa deficiencia derivó en un trabajo de coordinación y colectivización de datos por parte de las querellas, que comenzaron a presentar denuncias por grupos de víctimas. Así surgió la Comisión, que incluye a sobrevivientes, familiares, abogados, testigos y militantes sociales.
Desde Abuelas de Plaza de Mayo son duros críticos del juzgado, que acaba de ordenar citaciones solicitadas a fines de 2006. "En lugar de detener a imputados por secuestros y apropiaciones el juez los citó a prestar declaración indagatoria para abril y no ordenó que se les prohíba salir del país. Es una invitación a fugarse", razona el abogado Luciano Hazán. También le cuestiona que "no libró orden de captura internacional contra el médico Norberto Bianco, responsable de la sección epidemiología del Hospital Militar donde funcionó una de las maternidades clandestinas".
El rol de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como querellante también genera posiciones encontradas. Algunos impulsores de la causa admiten que, al carecer de un equipo de abogados capaz de hacer un seguimiento exhaustivo del expediente, el aporte de la SDH es simbólico, pero reivindican el valor del símbolo. Otros resaltan la importancia crucial de los informes de investigación que aporta el Equipo de Investigación del Área Conadep, con datos detallados de secuestros y nóminas de imputados, pero lamentan que al ser la SDH parte en la causa el juez relativice su valor por considerarlos subjetivos.

26 de marzo de 2008
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memoria en construcción

mqh - 26 de marzo de 2008 - 20:44 - argentina

Cómo sera el espacio que se esta montando en la ex ESMA. La Armada terminó de desalojar el predio en septiembre. Actualmente se puede visitar el Casino de Oficiales con cita previa. El destino de los edificios. El debate.

Argentina. Escuela de Mecánica de la Armada. Diecisiete hectáreas. Avenida del Libertador, Capital Federal. 1976-1983. Hoy, a 25 años del final de la dictadura, el centro clandestino de detención donde fueron torturados cerca de cinco mil desaparecidos está en proceso de transformación en el Espacio para la Memoria. En 2004, el Estado nacional se hizo eco del pedido de los organismos de derechos humanos y desde septiembre del año pasado la Marina abandonó completamente el predio. En estos últimos meses, el ambicioso proyecto de convertir aquel símbolo del terrorismo de Estado en el lugar de "exaltación de los valores de la verdad, la memoria y la justicia" fue tomando forma. En sus edificios estará la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, el Archivo Nacional de la Memoria, un instituto internacional de formación en derechos humanos y habrá centros culturales con distintas muestras y actividades. El Casino de Oficiales, donde fueron "alojados" la mayoría de los secuestrados, permanecerá vacío. Ya fue señalizado y, con cita previa, puede ser recorrido con un guía, aunque todavía no fue abierto al público.
El proyecto comenzó a hacerse realidad el 24 de marzo de 2004, cuando la marcha de cada año a Plaza de Mayo cambió su destino por el de la ESMA. El ex presidente Néstor Kirchner firmó junto al entonces jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, la creación del "Espacio para la Memoria y para la promoción y defensa de los derechos humanos", lo que implicaba la desafectación de las instituciones militares de la ESMA y la restitución del predio a la ciudad de Buenos Aires.
Si bien el primer cronograma de desocupación militar del lugar tenía como fecha final el 31 de diciembre del 2005, dos días antes del límite se firmó una prórroga hasta el 30 de septiembre de 2007, con desalojos parciales en marzo y diciembre del 2006. Desde el Ejecutivo explicaron que las demoras se debían a cuestiones burocráticas y al tiempo que insumía la refacción de los edificios que necesitaba la Armada para mudarse. "Ellos hubieran preferido quedarse, pero yo no hablaría de resistencia porque se hizo sin conflicto", asegura, cautelosa, Judith Said, la coordinadora general del Archivo Nacional de la Memoria y responsable del Gobierno en el ente que administrará la ESMA.
El 20 de noviembre de 2007, un mes después del desalojo total, se creó el ente público que maneja el predio. Su órgano ejecutivo se conforma por un representante del Poder Ejecutivo Nacional, un representante de la ciudad, a través del Instituto Espacio para la Memoria (IEM), y un tercero designado por el directorio del ente. Ese directorio, a su vez, está compuesto por 14 organismos de derechos humanos y, además, un sobreviviente de la ESMA que no participe de ninguno de ellos.
Said asegura que el espacio del museo, compuesto por el Casino de Oficiales y el edificio central –de las "cuatro columnas"– estará totalmente abierto al público antes de fin de año ("seguramente para octubre"). "La apertura del edificio central se demoró porque los techos están en mal estado, pero hay una licitación en marcha para arreglarlos. El Casino de Oficiales ya puede visitarse con un guía, en poco tiempo más pondremos más horarios", explica la coordinadora del Archivo, organismo que se mudó este miércoles al edificio que ocupará en la ESMA.

El Debate
"Esta es una nueva etapa, pero por más que los edificios estén adjudicados se va a mantener el espíritu del acta del 24 de marzo. Todas las actividades deben mantener ese espíritu", explica Said a Página/12. Es su respuesta a la discusión que se generó con algunos organismos de derechos humanos que se oponen al plan que se está llevando adelante. Para Enrique Fuckman, sobreviviente de ese centro clandestino y miembro de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, "la ESMA tiene sentido para darse cuenta de la inmensidad del aparato represivo y con esto lo que se está haciendo es un loteo por espacios entre organismos".
La propuesta de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos era mantener prácticamente intactas las 17 hectáreas, señalizadas y con algunos textos informativos. Su justificación es que si bien la mayoría de los desaparecidos estuvieron secuestrados en el Casino de Oficiales, todo el predio funcionó como un único campo de exterminio.
Todos los partícipes del debate acuerdan que la ex Escuela de Mecánica debe ser tomada como una unidad represiva. Sin embargo, la diferencia radica en que en la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos piensan que el actual proyecto "desnaturaliza la dimensión que tenía el terrorismo de Estado". De todas maneras, el resultado actual surgió del consenso de la mayoría de los organismos de derechos humanos y algunos sobrevivientes de la ESMA.

Los Edificios
El Instituto Espacio para la Memoria (integrado por Madres, Abuelas, Familiares de Desaparecidos y otros organismos de derechos humanos y representantes de la Legislatura y el Ejecutivo porteño) tiene a su cargo seis edificios:

- El ex Casino de Oficiales, que puede ser visitado con un pedido previo. Ese fue el lugar principal destinado a la concentración y tortura de los desaparecidos.

- En el Pabellón Central, conocido como "cuatro columnas", donde estaban las aulas de instrucción de los militares, se va a montar una "muestra permanente que cuente los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado, con sus antecedentes y sus consecuencias", explica Ana María Careaga, directora del IEM.

- El Pabellón Coy, que fue el dormitorio de los aspirantes a suboficiales y centro integral del Grupo de Tareas del '81 al '82. Ya hay muestras de las agrupaciones que forman el instituto y una exposición de fotos del sobreviviente de la ESMA Víctor Basterra.

- 'Automotores', un taller donde arreglaban o acondicionaban los autos que salían a hacer los operativos.

- La 'Imprenta', donde algunos detenidos eran obligados a trabajar en un laboratorio de fotos.

- La 'Enfermería'. Estos últimos tres edificios serán reacondicionados y tendrán carteles explicativos.

El Archivo Nacional de la Memoria funcionará en lo que fue la ‘Escuela de Guerra Naval' y en el anexo conocido como ‘La Panadería'. Allí ya se están trasladando las actividades del Archivo y de lo que será el Centro Cultural Haroldo Conti, dirigido por Eduardo Jozami.
La Unesco tendrá un edificio detrás de la Plaza de Armas, para la creación de un instituto internacional de formación sobre derechos humanos. Se realizarán conferencias con referentes de todo el mundo. También habrá un lugar para el Instituto de Políticas Públicas en derechos humanos del Mercosur, que está en proceso de institucionalización.
Abuelas de Plaza de Mayo llevará la Casa por la Identidad a lo que fue la Escuela Superior de Náutica. Familiares de Desaparecidos y Madres Línea Fundadora realizarán actividades en el Pabellón Alfa. H.I.J.O.S en el Pabellón Delta.
El 2010, dicen, será la fecha en la que todo el predio estará funcionando a pleno.

Informe: Sebastián Abrevaya.

26 de marzo de 2008
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golpeado, pero vivo

mqh - 24 de marzo de 2008 - 22:58 - argentina

Los ‘ideales de la dictadura' se reproducen cada vez que alguien reclama mano dura como solución de la inseguridad urbana.

[Eduardo Aliverti] Argentina. Hoy se cumplen 32 años del golpe y el periodista estaba repasando, como lo hace con atención especial cada vez que se trata de un acontecimiento de esa naturaleza, lo que en su momento o en varias circunstancias supo decir sobre el tema. Y volvió a encontrarse con una columna de hace unos años, respecto de la cual vuelve a parecerle que no tiene que alterar virtualmente nada. Y no está nada mal eso de sentirse ratificado.
Cabe seguir afirmando, para empezar, que el golpe del '76 cambió a los argentinos hasta un punto que sólo los mediocres sin retorno (en fin, como todos los mediocres) son incapaces de advertir. Y que mucho más allá del apoyo declamatorio al sistema democrático, no hay correspondencia estricta entre el rechazo, el asco o la vergüenza por lo ocurrido y tolerado; y la práctica de esos sentimientos cuando se los traslada a acciones concretas. La historia oficial y el imaginario colectivo continúan arreglándoselas a fin de convencer(se) de que el 24 de marzo de 1976 desembarcó porque sí una banda de carniceros humanos que, también porque sí, perpetró una de las masacres masivas más escalofriantes del siglo XX. De modo que es significativo que, también siempre sin mella de su rol genocida ni de su carácter mafioso, haya que insistir en el papel de las Fuerzas Armadas como instrumento supremo de las patronales ‘económicas' locales y universales. La cuenta de cómo la civilidad no termina de adquirir conciencia acerca del para qué del terrorismo de Estado sigue vigente, al igual que no suponer por eso que el pueblo argentino volvería a ver pasar como si nada una determinación asesina de esa naturaleza. Pero muchas actitudes individuales y sociales, políticas y corporativas, pequeñas o enormes, ratifican igualmente la permanencia de bajos instintos inquietantes.
Es hacia ese sentido que el golpe de hace 32 años es definible como ‘vivo' en cada idiota que pide mano dura para acabar con la inseguridad urbana, como si sus causas no fueran estructurales y se tratase, otra vez, de arreglar las cosas a sangre y fuego. Lo mismo para el registro de que no hay una clase dirigente intermedia con cojones y eficiencia patrióticos, porque desaparecieron a los mejores cuadros militantes. Lo mismo para los gruesos sectores de clase media que, después de fantasear con el dólar barato y los viajes al exterior del cuarto de hora milico, volvieron a hacerlo con el amanuense milico Domingo Cavallo; y ahora con querer salvarse solos sin negrada sindical o marginal que les corte el tránsito (eso queda reservado para la comprensiblemente indignada gente del ‘campo'). Lo mismo para los periodistas y medios de comunicación apologistas del golpe, ‘intelectuales' del golpe, escribas del golpe, capaces de no ensayar ni un atisbo de arrepentimiento transcurridos más de 30 años (aunque bien puede decirse que si lo hicieran marcharían en contra de su propia razón de ser, en tanto son parte inescindible del poder, ayer y hoy). Lo mismo para las cúpulas eclesiásticas que bendijeron las armas y las torturas y las descargas de 220 voltios en las vaginas de las embarazadas, tan preocupados los príncipes de la Iglesia por el derecho a la vida. Lo mismo con las tribus de la policía, que no reconocen su origen pero sí su desarrollo en aquellos años de repartir el botín de las casas de los secuestrados. Lo mismo con los votos a las crías que vieron crecer sus empresas en la dictadura. Lo mismo con la explotación agropecuaria concentrada en unas pocas y monumentales manos. Lo mismo con una ley de Radiodifusión en la que persiste intocada la firma de Videla en 1980, tanto como la de Martínez de Hoz, de 1977, que regula la actividad bancaria y financiera. Lo mismo en el trabajo y el empleo precarios gracias a la desarticulación del tejido social, obras todas paridas por los monstruos de hace 32 años. Y lo mismo en cada oprimido que reproduce el discurso del opresor, y en cada pobre y cada pobre diablo que se enfrenta con cada pobre y cada pobre diablo.
Sigue también vigente que esta muy escueta lista puede ser cotejada con otra mucho más amena, conformada por aquello que enseña lo muerto del golpe: franjas juveniles e intermedias de todas las clases sociales, enemistadas a rabiar con el autoritarismo (al menos si se lo ve con lo que identifican como agresión a su individualidad, y no con la dictadura mediática que les pauta gustos y costumbres); una conciencia casi inercial respecto de dónde habita el enemigo; la probanza histórica del infierno a que condujo mirar para el costado. Y, cómo no, los pasos positivos que dio la política institucional, en este gobierno y en la primavera alfonsinista, en torno de juzgar a los genocidas gracias a la acción inclaudicable de los organismos de derechos humanos. Resta todavía –y de allí la historia oficial reacia a profundizar– el juzgamiento completo, o siquiera parcial, de los responsables económicos mandantes de los militares. Aquella respuesta del porque sí, a propósito de por qué desembarcaron esos criminales con uniforme un 24 de marzo de 1976, tiene saldo pendiente en los institutos de formación castrense, en el modo de enseñar la historia a los pibes, en los programas del periodismo ‘independiente', en cada cómplice y en cada tonto que obvian profundizar las respuestas en cada casa, en cada discusión de las que todavía haya sobre lo que pasó, en cada displicencia familiar. Todo lo lejano que hoy parece el golpe se acerca, agazapado pero amenazante, cada vez que da lo mismo si extraditan a un represor, si parece del tiempo de las cavernas que juzguen a los culpables de los fusilamientos de Trelew y a la Triple A, si se busca la forma de acelerar los juicios a los asesinos. Cada vez que todo eso dé lo mismo, como da lo mismo cada día que pasa sin saber qué pasó con López, el golpe está vivo. Golpeado, pero vivo.
La lista que lo demuestra debe dejar en alerta constante a las franjas más lúcidas de la sociedad. Parece una obviedad hasta irrespetuosa, pero hay quienes cayeron en la inmovilidad, o en el conformismo, a partir de satisfacerse con algunas zanahorias que la inteligencia del poder supo mostrar.
El periodista insiste en creer que el listado debería promover alguna reflexión entre quienes creen que la muerte del golpe es absolutamente definitiva. Y quienes caen en la trampa de reproducir, bajo formas renovadas, el ideario de quienes hace 32 años desataron la más grande tragedia de la historia argentina.

24 de marzo de 2008
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la otra iglesia

mqh - 24 de marzo de 2008 - 18:03 - argentina

Diócesis de Quilmes muestra una iglesia diferente a la de las autoridades eclesiásticas.

[Washington Uranga] Bajo el título ‘Memoria, verdad y justicia', el Departamento de Justicia y Paz de la diócesis católica de Quilmes emitió un comunicado con ocasión del ‘día nacional de la memoria' en el que recuerda que el 24 de marzo es "una fecha que abrió una herida que aún está, que sangra y que duele" porque "duele con la ausencia de Jorge Julio López, duele en forma trágica en la búsqueda de justicia de María Eugenia Sampallo Barragán que soportó el dolor de crecer con los cómplices de la muerte de sus padres". En el texto se critica "los plazos irrazonables de la Justicia argentina", la "desvalorización de la vida humana en la cárceles de nuestro país", las muertes "por desnutrición y por otras causas evitables de los indígenas" y el deterioro del medio ambiente, entre otros temas que todavía hoy atentan contra los derechos humanos. En el mismo documento se hace una apelación "al compromiso político y ciudadano" para garantizar la "plena vigencia de todos los derechos humanos" en la Argentina.
El texto, cuyo contenido pone en evidencia un firme compromiso con los derechos humanos, contrasta con el silencio y la falta de sanciones de parte de las autoridades eclesiásticas hacia el sacerdote Christian Von Wernich, condenado por delitos de lesa humanidad. En su momento el superior directo del cura condenado, obispo Martín de Elizalde, anunció que "oportunamente" se adoptarían las medidas que correspondieran de acuerdo al derecho canónico, algo que todavía no se concretó.
El Departamento de Justicia y Paz depende de la Vicaría de Solidaridad del Obispado de Quilmes, del que es titular el obispo Luis Stockler y heredero de una larga tradición de lucha en defensa de los derechos humanos que lideró el ya fallecido obispo Jorge Novak. Recuerda el documento que todavía existen "casi 400 jóvenes sustraídos, secuestrados, robados de sus familias, víctimas que no se encuentran olvidados en las estadísticas sino que son buscados sin cesar por sus Abuelas".
Se dice también que "una herida se profundiza cuando las víctimas vuelven a ser victimizadas en los plazos ‘irrazonables' de la Justicia argentina y en los zarpazos desde la oscuridad de los veteranos de una ‘guerra' inexistente que, irónicamente en el Día Internacional de los Derechos Humanos, promovieron la muerte del represor Héctor Febres para evitar que una luz siga iluminando ese oscuro paso mediante el juicio que se llevaba en su contra".
Según lo sostiene la diócesis de Quilmes, el 24 de marzo "debe ser un día de auspicio para la vigencia de los derechos humanos en el país", dado que "las violaciones a los derechos humanos no son un hecho del pasado reciente, relacionado únicamente con el terrorismo de Estado", sino que "se siguen produciendo con cada acto u omisión contra los derechos esenciales del hombre".
En el mismo tono se expresa preocupación por "los plazos irrazonables de la Justicia, como el que entre otros casos afecta a la búsqueda de justicia por la muerte de los cuatro adolescentes víctimas de la ‘Masacre de Quilmes', calcinados en una comisaría en 2004". Dice también que "no podemos menos que levantar la voz y señalar la desvalorización de la vida humana en las cárceles de nuestro país en donde se vive en una selva en constante y real posibilidad de muerte, lo que aleja infinitamente las posibilidades de rehabilitación".
Hay también palabras para recordar la situación de los indígenas. "Nos avergüenzan las muertes por desnutrición y por otras causas evitables de los indígenas que habitan nuestro país, lo que se suma a la ya reiterada denegación del respeto a su cultura y sus propiedades ancestrales", se dice textualmente. El Departamento de Justicia y Paz de Quilmes menciona "la existencia de casos de esclavitud, en especial de habitantes extranjeros, así como en las explotaciones aberrantes a las que son sometidas en contra de su voluntad, niñas y mujeres que han sido degradadas de personas o objetos sexuales".
El documento denuncia además la "crítica situación del medio ambiente" en la diócesis de Quilmes y pide que "el Espíritu Santo renueve las fuerzas de quienes buscamos verdadera justicia para encarar y superar todos los obstáculos que nos separan de ella". Finaliza su declaración el Departamento de Justicia y Paz señalando que "vivimos en una sociedad que necesita de quienes asuman profundamente la lucha por la construcción de un país más justo, y por ello pedimos que Dios nos ilumine profundamente a todos para saber responder al llamado del compromiso político y ciudadano que a cada uno le corresponde, y a pesar de la queja, disfraz de la indiferencia, a la acción mediante el diálogo constructivo de un país para todos, que no puede sino construirse sobre las bases de la plena vigencia de los derechos humanos".

24 de marzo de 2008
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los nuevos habitantes de la esma

mqh - 24 de marzo de 2008 - 17:10 - argentina

Testimonios de los que harán del ex centro clandestino su lugar de trabajo. Los guías trabajan desde hace tres años y esta semana comenzaron a mudarse funcionarios del Archivo Nacional de la Memoria.

[Victoria Ginzberg] Argentina. Andrés llegó a la ESMA hace tres años. Había militado en HIJOS sin ser hijo de desaparecido. Dice que lo que le hace el trabajo menos pesado es el contacto con los sobrevivientes. Y el tiempo. Hay días en que Sabrina tiene que ir a dormir la siesta para reponerse del día laboral. A veces le duele el cuerpo y a veces se pelea en el colectivo con cualquiera por cualquier cosa. Celeste asegura que se aprende a poner distancia, pero que ya no quiere ir al cine a ver películas que traten sobre la represión de la dictadura. Luz está feliz. Le parece "buenísimo" que la gente visite el lugar. Que se entere de lo que pasó ahí nomás y hace tan sólo 30 años. Ellos forman el equipo de guías del Espacio para la Memoria que funciona en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Todos lloraron, todos tuvieron pesadillas. Los sentimientos que genera el lugar no los asustan, de lo que tienen miedo es de, algún día, dejar de percibirlos.
En el edificio central de la ESMA, conocido como "cuatro columnas", se armará en el futuro una exposición fotográfica sobre la historia de la represión en el país. El salón central, donde se colocará la muestra, espera la resolución de una licitación que permitirá que las tejas francesas dañadas por el granizo sean reparadas. En una oficina de esa construcción, los guías instalaron su bunker. En una mesa hay una maqueta del Casino de Oficiales que se usó en el fallido juicio al prefecto Héctor Febres, que apareció envenenado cuatro días antes de la sentencia. Hay también una bandera multicolor que dice "Peace" y afiches que convocan a diferentes homenajes a los desaparecidos. Y está el mate.
"La naturaleza del lugar es ambigua. Corren paralelas la alegría del sitio conquistado, que estás poblando, y la compañía que hacés a las almas que pasaron por acá", dice Daniel Schiavi, en ese refugio armado dentro de la ESMA. El es el coordinador de los guías. Llegó al lugar en 2005 contratado por el gobierno porteño después de que la Armada desalojara los ocho primeros edificios. Tiene 51 años, dos décadas más que los que integran el grupo que dirige. Su tarea es conducir a los visitantes por los cuatro pisos del Casino de Oficiales, el sitio donde estuvieron "alojados" los desaparecidos.
El Casino, según el consenso al que llegaron los organismos de derechos humanos y el gobierno nacional y de la ciudad de Buenos Aires, permanecerá vacío e inalterado. Sólo se agregaron los carteles que intentan explicar lo que sucedió. El edificio ya se puede visitar, previa cita, y sólo se puede entrar allí en compañía de un guía.
Una rosa china y altos pinos enmarcan la entrada. El recorrido pautado empieza en el sótano, que era también el primer sitio al que eran llevados los detenidos: allí estaban las salas de tortura. En la planta baja está El Dorado, el gran salón donde los marinos planeaban los secuestros y asesinatos. Arriba está "Capucha", donde los desaparecidos eran depositados, atados y vendados, en pequeños espacios de 75 centímetros de ancho por dos metros de largo y donde el techo a dos aguas, las vigas y la poca luz que entra por las aberturas permiten transportarse treinta años atrás. "Es en Capucha donde se toma real conciencia de que el contacto con el mundo exterior ya no existe más. La soledad es total. Debe ser lo más cercano al infierno", dice uno de los panes con testimonios de sobrevivientes. El último piso es "Capuchita", el altillo, donde está el tanque de agua y donde permanecían los secuestrados que habían ido a parar a la ESMA pero no "pertenecían" al grupo de tareas armado por Massera.
El Casino, su presencia y su historia se impone a todo aquel que ingrese al terreno, aunque sea sólo una pequeña porción dentro de las 17 hectáreas del futuro Espacio para la Memoria.
Las personas que trabajen en los otros edificios del predio ingresarán por el otro extremo del predio, para preservar del bullicio de la burocracia cotidiana el lugar en el que se torturó y se mantuvo a los prisioneros en condiciones infrahumanas de vida antes de asesinarlos.
"Cuando fui al Casino por primera vez subí a Capucha y aunque soy ateo me persigné. Parte del trabajo es tomar contacto con los testimonios y es duro. Es bueno compartirlo con un grupo de chicos de 30 años", cuenta Schiavi. "Hay gente que no quiere venir a trabajar acá, pero cuando se fueron totalmente los militares fue una sensación de conquista, de plantar bandera. Fue una batalla invisible", dice sobre el proceso de desalojo, que duró tres años.

La Mudanza
En la ESMA hay clima de mudanza. Las calles interiores, amplias y arboladas, están desiertas y el lugar casi parece un pequeño pueblo fantasma. El edificio que ocupaba la Escuela de Guerra Naval tiene ahora un cartel que dice Archivo Nacional de la Memoria. Un obrero pasa y saluda, tubo de luz en mano. El piso todavía está sucio y los futuros despachos vacíos. Funcionarios y empleados administrativos están empezando, lentamente, a poblar el lugar.
"Acá estaba la escalera donde Martín Grass vio a Rodolfo." Lilia Ferreyra, mujer del periodista desaparecido Rodolfo Walsh, señala a Página/12 un revestimiento de madera en el hall central del Casino de Oficiales. Es el sitio en que vieron al escritor herido, tal vez muerto, y que fue modificado por los marinos en 1979, en ocasión de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Lilia es asesora del Archivo Nacional de la Memoria y desde ahora la ESMA será para ella un escenario laboral. Su oficina estará lejos de la escalera que ya no está, estará lejos incluso del edificio al que la patota de Emilio Eduardo Massera llevó a Walsh. Pero estará en el mismo terreno. Para Lilia no es una carga, por el contrario. "La posibilidad de trabajar acá es importantísima. Es hacer realidad que este lugar de muerte ha sido recuperado para profundizar la causa de los derechos humanos y preservar la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado", asegura.
A nivel personal, las reacciones son diferentes. Más allá de la discusión política sobre el destino de los edificios que componen el predio de lo que fue el centro clandestino, hubo empleados que no se "bancaron" emocionalmente la posibilidad de convertir a la ESMA en su lugar de trabajo y pidieron ser derivados a otro sitio. "Pero hay quienes sentimos que es una reparación profunda y nos lleva a imaginar la sonrisa de nuestros compañeros desaparecidos por esto que se vive como un triunfo. Creemos igualmente que el área de ‘museo', el Casino de Oficiales y el edificio de las cuatro columnas, que es el lugar más intenso de la Memoria, no puede ser alterada por la presencia cotidiana de trabajadores o de gente que pase con una carpeta bajo el brazo", señala Ferreyra. "Estar en la ESMA –agrega– supone convivir con el testimonio implacable del pasado pero con plena conciencia de estar trabajando en el presente para ganar la conciencia de las generaciones futuras."
María Prince es representante de la Nación en el órgano ejecutor de la ESMA. "Muchos de mis compañeros pasaron por acá. Tengo dos sensaciones permanentes. Por un lado es fuerte atravesar la reja todos los días. Pero también es una victoria. Me daría pena perder alguna de esas dos sensaciones. No es algo que se puede naturalizar", coincide.
Eduardo Jozami es el director del centro cultural Haroldo Conti –dependiente del Archivo Nacional de la Memoria– que se levanta donde antes estuvo el anexo de la Escuela de Guerra Naval. El miércoles pasado, una docena de personas que trabajarán en el centro cultural llevaron sus cosas a la ESMA. "Por momentos parecía como una mudanza cualquiera. Bajar los muebles, subir cosas por las escaleras. Pero cuando terminamos nos pareció increíble. Algunos de los más jóvenes estaban eufóricos, aunque era una euforia sospechosa, había mucha emoción y también algo de tensión", cuenta Jozami. Durante la última dictadura él estuvo preso. Su mujer fue secuestrada y llevada a "Capuchita", el altillo del último piso del Casino de oficiales. Estuvo en la ESMA 16 meses.
"Es raro caminar por ahí porque si bien tiene marcas militares, no es un lugar desagradable, las calles son grandes, hay muchos árboles... es una sensación extraña. Yo lo vivo con una responsabilidad muy fuerte y es, en un sentido, gratificante. Poder estar en la función pública trabajando en estas cosas es gratificante, por lo menos para los que pensamos como nosotros y tenemos estas historias", dice y se le quiebra la voz. Se acuerda, comparte, de los días en prisión y de la sensación de creer que nunca más iba a volver a ver a su mujer.

24 de marzo de 2008
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en caso febres, citarán a godoy

mqh - 21 de marzo de 2008 - 16:22 - argentina

[Adriana Meyer] La magistrada que investiga la muerte de Héctor Febres citaría a Godoy. Aunque la Cámara resolvió liberar a los prefectos acusados del asesinato de Febres, señaló que debe profundizarse la pesquisa sobre las condiciones de detención del represor.

Argentina. Los prefectos acusados de haber participado en el homicidio del represor Héctor Febres fueron beneficiados por la "duda" que la Cámara de San Martín consideró que persiste en el caso. Según ese tribunal, no hay elementos suficientes para establecer que fue un asesinato, pero tampoco para afirmar que el prefecto se suicidó. La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, acatará las instrucciones de sus superiores, pero, según pudo saber Página/12, lo hará sin abandonar la hipótesis de que Febres fue silenciado para evitar que involucrara a otros represores y aportara información cuando le tocara hablar en el juicio oral, el 14 de diciembre. La magistrada buscará profundizar y completar la investigación con elementos que prueben el homicidio. "Atrás de esto hay un mensaje", comentó a este diario una alta fuente judicial respecto de la muerte del prefecto. Arroyo Salgado completará las medidas que tenía previstas para avanzar en la responsabilidad de mayor nivel jerárquico: la postergada declaración indagatoria del ex jefe de la Prefectura y la citación del jefe de la Armada, Jorge Godoy.
Más allá de la calificación legal que termine teniendo el caso, punto en el que la Cámara discrepó con la jueza, el fallo de segunda instancia convalidó la investigación sobre las concesiones y privilegios que gozó Febres durante el tiempo que pasó en la sede Delta de la Prefectura, con prisión preventiva: visitas ilimitadas, celulares, computadora, departamento privado, salidas a veranear en la base naval de Azul, utilización de las instalaciones para festejos familiares, entre otros beneficios impensados para cualquier preso. Por eso, la Cámara mantuvo el procesamiento por abuso de autoridad del prefecto Mario Volpi, a cargo directo del represor, y del jefe de la sede Delta, Roberto Iglesias.
En su resolución, los camaristas Alberto Criscuolo y Horacio Prack ratificaron que el ex enlace entre la Prefectura y la Armada en la ESMA tuvo un "régimen elástico no reglamentario de detención", lo cual habilitaría a la jueza a abordar las responsabilidades que van "más allá" de Volpi e Iglesias, en línea ascendente en la cadena de mandos.
A criterio del juzgado, la Cámara omite cuestiones importantes, como el hecho de que la computadora que Febres tenía en el camarote estuvo prendida a la una de la mañana, con su chat abierto. "Alguien estaba allí, según los médicos a esa hora ya estaba muerto", explicó la fuente. En el entorno de Arroyo Salgado insisten en que la cantidad de cianuro encontrada en el cadáver del represor fue "un mensaje", que no es casual que el veneno elegido haya sido el mismo utilizado por militantes montoneros ante situaciones límite, y que para suicidarse, precisamente, alcanza con apenas "una pastillita" de ese tóxico.
Es cierto que Febres estaba preocupado por su inminente condena que lo llevaría a una cárcel común, y que temía que su familia se viera afectada en lo económico, como alegan las defensas de los prefectos Volpi e Iglesias. Pero los investigadores de la jueza sostienen que seguramente sus familiares no hubieran sufrido requisas humillantes porque su destino hubiera sido el penal de Marcos Paz, donde hay un pabellón especial para presos "de lesa humanidad", como lo llaman. Y los eventuales juicios civiles no los hubiera tenido que pagar la familia sino el Estado.
El fallo de la Cámara no causó sorpresa en el juzgado, pero sí llamó la atención porque en otras investigaciones con menos elementos sus superiores confirmaron lo actuado. También les resultó sugestivo que lo hayan emitido con tanta rapidez, incluso con errores de tipeo, siendo que los últimos diez cuerpos los tuvieron recién la semana pasada.
Una de las medidas sugeridas por la Cámara es la realización de un perfil psicológico de Febres, a partir algunas cartas escritas entre 2000 y 2006. La jueza piensa incorporar más elementos para determinar el perfil requerido. De todos modos, para Arroyo Salgado los testimonios son coincidentes sobre el amor que tenía por su familia, por lo cual les hubiera dejado un mensaje y, además, hubiera reivindicado su accionar en la dictadura y su apellido. Otro elemento determinante para la magistrada son las últimas actividades que realizó y que tenía pensadas Febres: el 8 de diciembre armó el árbol de Navidad, el 9 le reclamó a su esposa las lucecitas y un disfraz de Papá Noel, el lunes 10 pensaba entrevistarse con sus defensores oficiales. Según sus amigos, el estado de ánimo era el de quien está dispuesto a conversar sobre su equipo de fútbol, como lo hizo el domingo a la noche con su yerno.
"Podemos decir que la causa Febres vuelve a fojas cero", denunciaron los querellantes de Justicia Ya! Por su parte, Rodolfo Yanzón, otro de los querellantes destacó que la responsabilidad de la Armada y la Prefectura en el envenenamiento de Febres "se mantiene intacta" a pesar del fallo judicial que liberó a los dos prefectos imputados.

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dicen que no saben si fue suicidio

mqh - 19 de marzo de 2008 - 23:22 - argentina

[Raúl Kollmann] La Cámara Federal de San Martín no sabe si el represor Héctor Febres se suicidó o fue envenenado. Ante la duda, dos prefectos quedan en libertad.

Argentina. Los jueces señalaron que hay pruebas para convalidar tanto la hipótesis de asesinato como la de suicidio. Piden a la jueza que siga investigando. Pero desprocesan a la familia del represor y mejoran la situación de los otros acusados.
La Cámara Federal de San Martín cree que no está claro si Héctor Febres fue envenenado con cianuro o se suicidó sin dejar ninguna nota. Por eso, revocó ayer el procesamiento por homicidio de los dos prefectos involucrados en la muerte del represor de la ESMA, Héctor Volpi y Rubén Iglesias. La jueza Sandra Arroyo Salgado dispondrá hoy la libertad de ambos. El tribunal sí convalidó la investigación de la magistrada sobre las increíbles condiciones de privilegio que tenía Febres en su lugar de detención –visitas ilimitadas, celulares, computadora, departamento privado del que salía y entraba cuando quería–, lo que facilitó su asesinato o suicidio. Ello llevó a los jueces a mantener el procesamiento de los dos acusados por el delito de abuso de autoridad. La Cámara desprocesó además a la familia de Febres. Arroyo Salgado había imputado a la esposa y los dos hijos del represor por encubrimiento del homicidio.
Los camaristas Alberto Criscuolo y Horacio Prack firmaron ayer la resolución que deja abiertas las dos hipótesis –homicidio o suicidio– y que instruye a la jueza para que siga investigando. El texto del fallo tiene un párrafo en el que los camaristas le dicen a Arroyo Salgado que revise la situación de detención de los dos prefectos. Iglesias era el jefe de toda el área Delta, y Volpi, de menor grado, fue el más allegado a Febres, al punto de que era el único que tenía copia de la llave del departamento en el que vivía el represor. Ambos saldrán hoy en libertad.
La Cámara aceptó los argumentos planteados por la defensa, que son los siguientes.

- Febres se suicidó el fin de semana anterior a la condena por violaciones a los derechos humanos en la ESMA. La muerte se produjo en la madrugada que fue del domingo 9 de diciembre al lunes 10 y el fallo condenatorio se iba a leer el viernes 14. La sentencia iba a implicar –según la defensa– el traslado de Febres a una cárcel común. Lo que más lo obsesionaba –dicen los abogados– es que su esposa e hija iban a tener que pasar las requisas en la cárcel. La defensa también argumentó que Febres creía que después de la sentencia tendría que afrontar juicios civiles, con lo que su esposa se quedaría sin medios de vida.

- El suicidio le evitaba la condena, la cárcel común y los juicios civiles.

- Los abogados de Iglesias, Ernesto Marcer y Sebastián Shijman, se apoyaron en el testimonio de un médico amigo de Febres, Víctor Giuliani. Este declaró que Febres estaba muy deprimido y que le pidió un veneno que no dejara rastro. En la siguiente visita le preguntó: "¿Me trajiste algo?" Los letrados citaron tramos de la declaración de Giuliani en la que éste cuenta que Febres le reclamaba veneno o una inyección y que incluso se lo pidió de rodillas, llorando.

- Otros siete amigos y familiares que señalaron que Febres estaba muy deprimido, aunque ninguno habló taxativamente de suicidio. El único testigo que evalúa como imposible que se hubiera quitado la vida es el sacerdote Diego Zupán, quien sostiene que Febres tenía muchas convicciones religiosas.

- La defensa de los prefectos argumenta que Febres no dejó ninguna carta porque quiso hacer pasar su muerte como una muerte natural. No quería comprometer a su familia ni a los hombres de la Prefectura que tantos privilegios le otorgaron.

- Pusieron el acento en varias cartas en las que Febres habló de "terminar con su sufrimiento", aunque señalaba que no tenía las agallas suficientes. Esas cartas se escribieron en 2002, pero los defensores de los prefectos afirman que tienen cambios más recientes.

La jueza Arroyo se inclinó categóricamente por el homicidio por varias razones, que la Cámara también señaló como de peso. Justamente por eso no descartó el homicidio. Dijo que está planteada la duda.

- Con la cantidad de cianuro que se encontró en el cuerpo, es evidente que Febres, un hombre que trabajó en Inteligencia de la Prefectura, debía tener en claro que la muerte no iba a pasar por natural. Resulta impensable que no hubiera dejado una carta desvinculando a su familia y sus camaradas de su muerte.

- Su familia declaró también que, por su personalidad, Febres hubiera dejado una carta.

- No se encontraron vestigios de cianuro en vasos u otros elementos del departamento. Esto indica para la jueza que la escena fue alterada precisamente para tapar el crimen.

- Para Arroyo, es dudoso el testimonio del médico Giuliani respecto del pedido de veneno de Febres. Lo considera un profesional muy allegado a la familia y que incluso fue propuesto como perito de parte.

- Alguien entró al messenger de Febres a las dos de la mañana, hora en la que supuestamente el represor ya estaba muerto. Es probable que haya sido el asesino.

- Febres tenía una computadora. Los prefectos la hicieron desaparecer la mañana en la que apareció muerto con el argumento de que la mandaron a arreglar. Los prefectos sabían lo valioso de esa prueba y sin embargo la sacaron de circulación. La jueza la tuvo que rescatar de un taller.

- Febres tenía previsto un almuerzo para ese lunes al mediodía y un encuentro con sus abogados en la causa por violación a los derechos humanos. Más bien tenía un cuadro optimista sobre el fallo en el caso ESMA, sobre todo porque contaba con chances de apelar.

- No es cierto que las víctimas le iniciarían causas civiles. Las víctimas accionan contra el Estado.

- Tampoco era cantado que lo iban a pasar a una cárcel común. Las apelaciones dilatarían esa medida.

En cualquier caso, la base esencial de la hipótesis de Arroyo Salgado fue la minuciosa investigación sobre las condiciones de detención de Febres. Y en este terreno, la Cámara confirmó el procesamiento de los prefectos por abuso de autoridad, ya que usaron su poder para dar órdenes y directivas contrarias al reglamento y que permitieron los privilegios y el descontrol en la detención de Febres. El periodista Horacio Verbitsky reveló en este diario las fotos del represor disfrutando de una piscina en una unidad de la Marina en Azul, adonde lo llevaron de vacaciones. En la causa hay fotos sobre fiestas de bautismo, con 40 invitados, organizadas por Febres en su lugar de detención. Volpi era, en realidad, su chofer. Lo llevaba y lo traía a todos lados e incluso iba a buscar a la esposa de Febres cuando ella lo visitaba. Además, la mujer se quedaba a dormir todos los fines de semana y él jugaba a las cartas con los amigos hasta altas horas de la noche. El libro de guardia, en el que supuestamente se anotaban las visitas, fue fraguado para ocultar todo eso. Está probado que Febres tenía dos líneas de teléfono, usaba celular, plasma, DVD y otros privilegios con los que no cuenta ningún preso en la Argentina. El detalle más elocuente es que la muerte de Febres se descubrió once horas y media después de producida porque, según declararon los prefectos en la causa, "no bajó a desayunar", una frase más propia de un hotel que de una cárcel. Estas condiciones de privilegio y descontrol en quién lo visitaba y qué le llevaban fueron el marco en el que se produjo lo que se conoce técnicamente como "muerte en custodia". El Estado, y en este caso los prefectos, debían garantizar que el preso siguiera con vida y que llegara vivo a escuchar y cumplir la sentencia. Pero Febres murió y ahora la Cámara afirma que no está claro si por homicidio o suicidio. Los jueces le dicen a Arroyo Salgado que siga investigando, que use las cartas para trazar un perfil psicológico de Febres y aportar algún otro elemento que sirva para echar más luz sobre el misterio. Por ahora, le tiraron un balde de agua fría a la acusación contra los responsables directos de la vida del represor.

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mientras llega el monstruo

mqh - 19 de marzo de 2008 - 19:35 - argentina

El regreso hoy al país de Rodolfo Eduardo Almirón, ex jefe operativo de la Triple A extraditado por España, se demoró porque el avión de Aerolíneas Argentinas en que viajaba sufrió un inconveniente y debió aterrizar en Recife, Brasil.

Argentina. Almirón es trasladado por agentes de Interpol en el vuelo 1135 de la ex compañía de bandera, que debía aterrizar en el aeropuerto de Ezeiza a las 6.30 de la mañana.
El Jumbo 737 sufrió problemas de presión de aceite en una de sus turbinas y se encendió la alarma en la cabina de pilotos, informó Aerolíneas Argentinas en un comunicado.
Se prevé que el ex subinspector sea embarcado en un avión que partirá a la una de la tarde de Recife y arribaría a la noche en Ezeiza, desde donde sería trasladado a las dependencias que la Policía Federal tiene en las avenidas General Paz y Roca.
La extradición de Almirón, 70 años y con algunos problemas de salud, fue requerida por el juez federal Norberto Oyarbide en la causa en que investiga algunos de los crímenes de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A o AAA) durante el Gobierno peronista de 1973 a 1976.
En la causa número 6511, caratulada "López Rega, José, sobre asociación ilícita", Almirón está imputado de presunta "asociación ilícita en concurso real con homicidio doblemente agravado en hechos reiterados" por cuatro asesinatos políticos cometidos en 1974, entre el casi millar de crímenes que la propia Triple A se atribuyó durante el Gobierno de María Estela Martínez de Perón, también residente en España.
En los años '70 Almirón había sido exonerado de la Policía Federal por presuntas connivencia con delincuentes pero en 1973 el entonces ministro de Bienestar Social del tercer gobierno peronista (1973/76) José López Rega lo reincorporó a la fuerza junto al comisario José Ramón Morales y asignó a ambos tareas de custodia suya y de la Presidente "Isabel Perón".
La Triple A debutó mediante un atentado con bomba al entonces senador radical Hipólito Solari Irigoyen, que sufrió heridas en las piernas y salvó su vida de milagro, y a partir de allí ejecutó entre 800 y 1.000 atentados contra la oposición política y la guerrilla, además de amenazas a intelectuales, artistas y cantantes.
Los investigadores sospechan que Almirón fue quien ametralló al diputado nacional Rodolfo Ortega Peña (Peronismo de Base), el 31 de julio de 1974 mientras descendía de un taxi en la intersección de las calles Carlos Pellegrini y Arenales, que iba acompañado de su esposa Elena Villagra, la cual resultó herida.
A mediados de 1975 en medio de protestas populares por el plan económico denominado "Rodrigazo", López Rega abandonó el Gobierno y fue enviado por "Isabel" a vivir España como embajador plenipotenciario, junto a Morales y Almirón. Todos se instalaron en la residencia "17 de Octubre" del barrio madrileño Puerto de Hierro en que Juan Perón vivió exiliado.
En 1983 el semanario "Cambio 16" destapó que Almirón trabajaba de jefe de jefe de custodias de Manuel Fraga Iribarne, por entonces jefe del partido opositor y de centroderecha Alianza Popular, que posteriormente sería Presidente de la Xunta de Galicia durante varios años.
A raíz de ese escándalo, el dirigente Alberto Ruiz Gallardón, por entonces colaborador de Fraga y actual alcalde de Madrid, le ordenó a Almirón dejar su trabajo en el partido bajo promesas de que lo ayudarían a sobrevivir.
Entonces el ex subcomisario desapareció de los lugares públicos, aunque algunos aseguraron haberlo visto de 'maitre' en la afamada confitería madrileña ‘Chicote'.
El año pasado el diario madrileño El Mundo lo reencontró, ya jubilado de gastronómico y con doble nacionalidad hispano-argentina, viviendo en un departamento del popular barrio Xenillet, de Valencia, junto a su segunda esposa, la rosarina y ex azafata Ana María Gil, y un perro ovejero.
En la única entrevista que concedió hasta ahora, Almirón aseguró que "yo no sé quién la inventó" a la Triple A.

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