argentina

dieciséis años después de atentado

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El homenaje a las víctimas del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, ratificó el "compromiso incondicional" con la investigación.

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Argentina. El acto se inició a las 14.49, con el sonido agudo de las sirenas que recordaron a las víctimas del ataque. Luego, un minuto de silencio en homenaje a los 22 muertos y cientos de heridos que dejó el atentado del 17 de marzo de 1992 contra la Embajada de Israel. Allí, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, ratificó su "compromiso incondicional" con la investigación y aseguró que "se cumplen dieciséis años de vergüenza nacional". También se hizo presente el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, quien recibió algunos silbidos antes de hablar. Su discurso fue breve y convocó "a través de la memoria a darle contenido al presente y al futuro". Del lado israelí, el blanco de todas las críticas fue Irán. Así, el ministro de Seguridad Interior israelí, Avi Dicter, quien vino especialmente para participar del evento, destacó que la Justicia argentina "hizo una relación inteligente, valiente y exacta entre el atentado" y dicho país.
La conmemoración tuvo lugar en la plaza Estado de Israel, en Arroyo al 900 de la capital, donde funcionó la sede diplomática extranjera hasta su destrucción. Allí se mencionó a cada una de las víctimas y se colocaron cinco ofrendas florales: una en representación del gobierno nacional, del gobierno porteño, de la comunidad judía, familiares, y la última de la Asociación Judía para Israel.
El primero en hablar fue Carlos Susevich, padre de una de las víctimas. Consideró que la causa "ya tendría que haber sido resuelta, con los culpables y los encubridores en la cárcel". En este sentido, el mismo Fernández calificó la investigación como "empastada y defectuosa" y reconoció que "los autores intelectuales y la conexión local ya deberían estar identificados". Sin embargo, Dicter felicitó la decisión de dictar órdenes de captura contra los iraníes presuntamente involucrados en el atentado de la AMIA: "Esta es la actitud de un Estado que lucha contra el terror", elogió. Néstor Kirchner ya había obrado en este sentido cuando desde la ONU, en su última intervención, cuestionó abiertamente a Irán por no haber brindado toda la colaboración requerida por la Justicia local. Dicter llamó también "a las naciones cuerdas a poner un contrapeso" en torno a la responsabilidad de Irán en el atentado. Y, convencido, afirmó que las respuestas sobre el ataque deben encontrarse "en un Estado dirigido por miles de desquiciados: Irán".
Con similar tono de beligerancia había hablado antes el embajador de Israel en Argentina, Rafael Eldad: "Esperamos que este año las órdenes de captura contra los iraníes puedan hacerse efectivas y que comparezcan ante la Justicia", sostuvo, y pidió que "la conexión nefasta entre Hezbolá e Irán quede establecida con nombres y apellidos". Luego, procuró justificar las acciones de su país alegando que "Israel está atacada todo el tiempo por terroristas".
Entre los presentes estuvieron también el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos; el embajador de los Estados Unidos en Argentina, Earl Anthony Wayne; la titular del Inadi, María José Lubertino; la vicejefa de gobierno porteño, Gabriela Michetti, y el ex jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, entre otros.

18 de marzo de 2008
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sobre los crímenes de la triple a

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[Rodolfo Mattarollo] Crímenes de la Triple A fueron cometidos por el estado, fueron generalizados y sistemáticos contra la población civil. Por tanto, no pueden prescribir.

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Argentina. La resolución de la Cámara Federal, que califica los delitos cometidos por la Triple A como crímenes de lesa humanidad, es tal vez la más importante, política, jurídica y éticamente desde el juicio a los integrantes de las tres primeras juntas militares. Ese fallo coincide con las orientaciones de la jurisprudencia internacional en casos similares.
En efecto, los miles de asesinatos, secuestros y voladuras de locales cometidos por la Triple A son atrocidades que presentan similitudes con las juzgadas por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), precisamente cuando esos actos gravísimos no fueron cometidos abiertamente por el Estado.
En primer lugar aparece en el accionar de la Triple A, y en casos similares juzgados por el TPIY, el carácter generalizado que es propio de los crímenes de lesa humanidad por la escala en que se perpetraron. Los hechos denotan asimismo una metodología que respondió a un plan criminal y una organización estatal o paraestatal –carácter sistemático– y no consistieron en delitos aislados, fruto de iniciativas individuales.
El Special Rapporteur de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas se pregunta: "¿Necesita un acto afectar a una masa de gente para constituir un crimen de lesa humanidad?". Y responde: "En ocasiones, un acto inhumano cometido contra una sola persona puede también constituir un crimen de lesa humanidad si es parte de un sistema, o es llevado a cabo de acuerdo con un plan, o tiene una naturaleza repetitiva que no deja dudas sobre las intenciones del autor".
Es importante señalar que los requisitos ataque "generalizado" o "sistemático" son alternativos y no acumulativos.
En la jurisprudencia del TPIY se encuentran fallos que contribuyen a definir qué se entiende por ataque generalizado o sistemático en contextos que hacen enteramente pertinente el enfoque comparativo.
En efecto en la sentencia de la Cámara de Primera Instancia I, del 14 de diciembre de 1999, en el caso Goran Jelisie, dijo ese Tribunal: "La existencia de una política que tiene en cuenta una comunidad particular, la creación de instituciones paralelas que tienen como función la aplicación de esa política, la implicación de autoridades políticas o militares de alto nivel, la importancia de los medios financieros, militares o de otro tipo empleados, la amplitud o el carácter repetido, uniforme y continuo de las exacciones cometidas respecto de una misma población civil, cuentan entre los factores que pueden poner en evidencia el carácter masivo o sistemático de un ataque".
A continuación el Tribunal define con amplitud el concepto de "población civil" como víctima. El TPIY estima que la noción de población civil, tal como la utiliza el artículo 5 de su Estatuto engloba, "a más de los civiles en sentido estricto, a todas las personas puestas fuera de combate al momento de la perpetración del crimen". O sea, también puede abarcar a los resistentes que no están haciendo uso actual de la fuerza.
Es discutible que la responsabilidad por los crímenes de la Triple A corresponda al caso hipotético de la actuación de grupos no estatales. En la constitución y operaciones de la Triple A hubo una directa responsabilidad estatal, por acción y por omisión. Sin embargo, aun desde la perspectiva de delitos cometidos por grupos no estatales, los miembros de la Triple A son individualmente responsables de crímenes de lesa humanidad.
Dice el TPIY en el caso Tadic: "En este sentido el derecho en relación con los crímenes de lesa humanidad se ha desarrollado para tomar en cuenta fuerzas que, aunque no son las del gobierno legítimo, tienen control de facto sobre un territorio definido o son capaces de moverse libremente dentro de él".
Una conclusión inevitable del carácter de crímenes de lesa humanidad de las atrocidades cometidas por la Triple A es su imprescriptibilidad y el hecho de que la asociación ilícita para cometer crímenes de lesa humanidad constituye a su vez un crimen de lesa humanidad, por su naturaleza, imprescriptible.

18 de marzo de 2008
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crímenes de la triple no prescriben

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[Irina Hauser] La Cámara Federal confirmó el fallo que permite seguir juzgando a los secuaces de López Rega. El tribunal consideró imprescriptibles los homicidios cometidos por la Triple A durante el gobierno de Isabel Perón.

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Argentina. La Cámara Federal abrió una oportunidad histórica para que se esclarezcan los crímenes cometidos por la Triple A durante el gobierno constitucional de Isabel Perón y se castigue a sus responsables. Lo hizo a través de un fallo donde define a los homicidios, secuestros y atentados de aquella organización terrorista como "crímenes de lesa humanidad" que, como tales, no prescriben. La decisión despeja el camino para que avance la investigación que involucra hasta ahora a la ex presidenta, a los ex policías Rodolfo Almirón y Miguel Angel Rovira, ambos jefes operativos de la banda, y a Felipe Romeo, que dirigía su órgano de difusión.
La existencia de la Triple A y su vinculación con el entonces Ministerio de Bienestar Social que encabezaba José López Rega es algo que (salvo los imputados) nadie pone en discusión. Ni sus asesinatos, privaciones ilegales de la libertad y otras aberraciones que incluso se cometían a plena luz del día y luego eran reivindicadas por la propia organización. Aún así, nunca hubo condenas por aquellos crímenes.
Lo novedoso del fallo que firmó ayer la Cámara Federal es que sostuvo que todavía pueden y deben ser juzgados por ser delitos de lesa humanidad. Por empezar, la mayoría del tribunal argumentó que puede haber crímenes de este tipo en el contexto de un gobierno constitucional. En este caso, explicó, fueron parte de "un ataque generalizado o sistemático contra la población civil" ejecutado por "una asociación ilícita concebida en un sector del Estado con el objetivo de perseguir clandestinamente" a "opositores políticos". Pero además, tuvieron un rasgo distintivo: que ocurrieron al amparo de un sistema de impunidad.
La resolución no fue unánime. La postura de mayoría fue firmada por Eduardo Freiler y Horacio Cattani. La de minoría, por el juez subrogante Eduardo Farah, que afirmó que hubo una asociación ilícita mafiosa cuyos delitos (comunes) caducaron. Lo que precipitó el pronunciamiento fue la decisión del gobierno español de concretar la extradición del ex subcomisario Almirón, de 72 años, quien llegará hoy a las seis y media de la mañana en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Almirón debería ser indagado por el juez Norberto Oyarbide, que instruye la causa. Pero cerca de Su Señoría tienen grandes dudas de que vaya a declarar. Dicen que está enfermo y con un gran "deterioro físico y mental".
Almirón fue descubierto en España por una investigación del diario El Mundo a fines de 2006. Vivía en un pueblito de Valencia, como si nada. Había llegado a ese país como custodio de López Rega, en su huida en 1975. Allí ya se había hecho conocido cuando en 1983 se supo que encabezaba la custodia del dirigente filofranquista Manuel Fraga Iribarne. La noticia de su paradero obligó al juez Oyarbide a ver qué había en ese expediente referido a la Triple A que tenía guardado en un estante, con fecha de apertura en 1975, y cuyos papeles ya estaban a punto de deshacerse. Allí encontró un dato revelador: Almirón tenía un pedido de captura pendiente desde 1984. Pero no era el único. Lo acompañaban, como imputados estelares, el ex comisario Juan Ramón Morales y Rovira, acusados de al menos ocho asesinatos.
Fue el renacer de la causa judicial. Oyarbide dijo que no tenía ninguna duda de que los crímenes de la banda de López Rega fueron "de lesa humanidad" parte de "una política criminal y terrorista, institucionalmente implementada". De la investigación surge que compraban las armas con fondos del Ministerio de Bienestar Social. Pidió la extradición de Almirón para indagarlo, y mandó a detener a su ex suegro, Morales, y a Rovira. Aunque fue más lejos aún: también pidió la extradición de María Estela Martínez de Perón ya que por lo que hizo o dejó de hacer tuvo una "colaboración esencial" con los crímenes. También ordenó detener a Felipe Romeo, ex director de la revista El Caudillo, órgano de difusión de las Tres A, luego de que Página/12 lo ubicara en Buenos Aires reciclado como restaurador de cúpulas.
Morales murió el año pasado. La situación de la ex presidenta no está definida en España, pero el fallo de la Cámara llevaría al juez a insistir en su extradición. Romeo está prófugo. Rovira cumple arresto domiciliario y había apelado su procesamiento ante la Cámara. Su caso es el que, en efecto, el tribunal ayer resolvió. Sólo en un aspecto los tres jueces le dieron parcialmente la razón: dijeron que no está probada todavía su participación material, directa, en los crímenes. Pero no pusieron en duda que fue un hombre clave de la organización.
El voto de Freiler especifica que "el grupo originario se concentró en la custodia del ex ministro López Rega, cuyos hombres más influyentes fueron Almirón, Morales y Rovira". Los crímenes a los que alude el fallo son asesinatos cometidos en 1974: del diputado Rodolfo Ortega Peña, de Pablo Laguzzi (un bebé de cinco meses, hijo del entonces decano de la Facultad de Derecho de la UBA), del abogado Alfredo Curutchet, del ex subjefe de la Policía Bonaerense Julio Troxler, del abogado Silvio Frondizi y su yerno Luis Mendiburu, del periodista Pedro Barraza y su amigo Carlos Laham, de Daniel Banfi y Luis Latrónica.
El camarista Horacio Cattani hace una enumeración del derrotero judicial de estos casos para mostrar que todos los expedientes terminaron en sobreseimientos o, como en el caso de Laguzzi, no se registran actuaciones judiciales. "La gravedad de la situación no tuvo correlato alguno con las pesquisas realizadas", dice el juez. Hasta López Rega, que llegó a ser arrestado y extraditado, murió en 1989 antes de recibir condena.
Según Cattani, la impunidad que permitía la multiplicación de los crímenes, se extendía en todos los poderes del Estado. Describe que en el ámbito parlamentario "cundía el terror": se evitaban alusiones a la Triple A o el oficialismo las impedía. Los que "alzaron su voz en solitario fueron perseguidos, amenazados, incluso muertos", en alusión, entre otros, a Ortega Peña. También enumera intimidaciones a los medios de prensa y dice que "ni siquiera la Iglesia estaba exenta de ser blanco de la Triple A basta rememora el asesinato del padre Carlos Mujica".
Freiler hace hincapié en que el poderío de la organización fue tan grande que "neutralizó" al poder del Estado y ejerció de facto un poder absoluto. Esto, sostuvo, constituyó "la antecámara del colapso total de las instituciones que tuvo lugar con la dictadura militar". Recordó la participación de la Triple A en el centro clandestino conocido como Automotores Orletti. A diferencia de sus dos colegas, puso en duda que el poder de la banda de López Rega fuera tan grande y extendido. A su entender, el sistema democrático funcionaba y dice que la propia sentencia del Juicio a las Juntas afirma que el gobierno de Isabel Perón al momento de su derrocamiento "contaba con los medios necesarios (normas) para combatir el terrorismo". "Es difícil percibir en consecuencia que la voz de la tristemente célebre organización hubiese sido aquélla del Estado", afirma Farah. "La democracia respiraba", añade.
Tanto Freiler como Cattani recuerdan un episodio que resurge en varios testimonios: una reunión de gabinete del 8 de agosto de 1974 en Olivos, presidida por Isabel Perón, donde López Rega y el comisario Alberto Villar proyectaron diapositivas de quiénes debían ser asesinados, como Ortega Peña y Troxler, desde las estructuras paralelas.
El número de víctimas de la banda parapolicial nunca fue precisado. La Conadep hablaba de algo más de 400 entre 1973 y 1975. Varios organismos de derechos humanos hablan de 1500. Entre los primeros asuntos que debería definir Oyarbide es si acepta investigar los más de 600 casos que le fueron planteados. También es factible que la causa llegue a la Corte.

18 de marzo de 2008
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convocando a los fantasmas

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[Horacio Cecchi] Toma de rehenes. El penal de San Martín, en la ciudad de Córdoba, fue escenario en febrero de 2005 de un motín con 25 rehenes. Ayer, los presos tenían dos rehenes y negociaban con un fiscal.

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Argentina. El verano en la vetusta cárcel de San Martín, en la ciudad de Córdoba, suele ser caliente. Como ocurrió el 10 de febrero de 2005, cuando casi la totalidad del penal se amotinó y tomó a unos 25 rehenes, ayer, la misma unidad, tres años más vetusta, fue sobresaltada por otra toma con rehenes. En comparación con aquélla, la de ayer parecía una apostilla en la agenda: según versiones un centenar de presos, según otras, apenas cinco, habían tomado a dos guardias y los mantenían bajo su propia custodia. Pero en el penal de San Martín, desde hace tres años, motín y rehenes son sinónimo de baño de sangre: en aquel momento, murieron cinco internos, dos guardias y un policía. Ahora, todo se mantenía bajo una tensa espera. Ayer, las autoridades utilizaron la sempiterna versión del intento de fuga repelido que desató un amotinamiento, sin que necesariamente ésta sea falsa. Mientras se negociaba una salida al conflicto, familiares de los internos tuvieron enfrentamientos con la policía.
La primera versión mencionaba a seis presos, que intentaron fugar y que fueron rechazados por la guardia. Según la versión oficial –que usualmente es la única de primera mano–, uno de los internos, G. N. de 48 años, intentó saltar el muro. Al parecer, G.N. fue dichoso por unos segundos, mientras saltaba el muro y llegaba a la calle. Pero un guardia le disparó y lo hirió en una pierna.
"Habían planificado una fuga y como se frustró comenzaron el amotinamiento", dijo Ricardo Lencina, director del penal. Lencina agregó que la huida tuvo apoyo externo desde un auto, que cuando la guardia disparó contra G. N. decidió escapar. El vehículo terminó chocado y los supuestos cómplices debieron escapar a pie.
He ahí el origen del motín según la versión oficial. Dos guardias fueron tomados como rehenes como protesta, aunque desde los familiares se sostuvo que después de un intento de fuga la respuesta de la guardia suele tomar la forma de un castigo violento. Y la toma de rehenes, desde ese punto de vista, haría una especie de escudo contra el castigo. Motín porque no los dejaron fugar, desde la voz oficial; rehenes para evitar un castigo, desde los familiares.
A todo esto, y sin preguntarse demasiado por el origen de lo que fuere, los dos custodios custodiados aguardaban por su suerte. Eran retenidos en el pabellón 18, al fondo del penal, donde se desarrollaban los incidentes. Por otro lado, el cocinero del penal, Marcos Velásquez, resultó herido en la cabeza cuando fue atacado por los internos, pero logró escapar. No se preguntó si la comida cotidiana tenía alguna relación con la golpiza.
Al promediar la tarde, el fiscal a cargo del caso, Marcelo Hidalgo, había iniciado las negociaciones con los internos e intentaba la liberación de los rehenes.
A la misma hora, Lencina, director del penal, aseguraba al periodismo que salvo el "pequeño grupo" de internos, el resto de la unidad se encontraba "en calma, con las visitas y las actividades de costumbre".
Fuera de los muros, el penal se encontraba totalmente rodeado por la Guardia de Infantería de la policía cordobesa. Y en pequeños grupos, rodeando a la guardia, los familiares intentaban obtener alguna noticia con la inocultable desconfianza que guardaban de las versiones oficiales.
Durante la tarde, el nerviosismo, la falta de información cierta, la tensión y la costumbre, desataron algunos enfrentamientos entre la policía y los familiares, que arrojaron piedras contra los guardias. Se pudo ver a algunas madres que incluso cargaban con sus cuerpos contra los escudos de la Guardia de Infantería.
En febrero de 2005, un motín al que también informaron como iniciado por un intento de fuga, derivó en un fusilamiento luego de que la mayor parte de los 1700 presos de una cárcel con 700 plazas tomaron 25 rehenes. Luego, sí, se produjo un intento de fuga, en un colectivo, con rehenes. El vehículo fue acribillado. Además de los cinco presos muertos, fueron baleados dos guardias y un policía.

17 de marzo de 2008
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los civiles del terrorismo de estado

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[Diego Martínez] La colaboración civil con el terrorismo de Estado. La Triple A dentro del Ejército.

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Argentina. Ex miembros de la agrupación de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria de Mar del Plata, formados en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y hoy abogados con óptimos contactos en la Justicia federal, integraron después del golpe de Estado de 1976 patotas del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601, unidad del Ejército responsable de secuestros, torturas y desapariciones. Documentos de Prefectura y de la ex Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (Dipba) –a los que accedió este diario– certifican los relatos brindados en el Juicio por la Verdad que instruye el Tribunal Oral Federal marplatense. El caso CNU es un ejemplo contundente del rol de civiles que colaboraron con el terrorismo de Estado a quienes el corto brazo de la Justicia aún no alcanzó: el único ex CNU con orden de captura permanece prófugo.
La CNU nació en La Plata. En 1969 llegó a la UCA de Mar del Plata. "Respondió a las inquietudes de los estudiantes peronistas que mancomunaron esfuerzos para rescatar la universidad asaltada en 1955 por la trenza del reformismo liberal marxista", explicó uno de sus miembros en una entrevista de 1971 citada en Luna Roja, una investigación del abogado Carlos Bozzi. Adrián Feijó, que se abrió de la CNU en 1971, explicó que hasta entonces "respondía a la conducción estratégica de Perón y Rucci. Por desviaciones posteriores se la considera un movimiento parapolicial, oculto, ilegal, pero cuando ingresé en 1968 era un movimiento estudiantil de centroderecha vinculado con la Doctrina Social de la Iglesia, que se presentaba a elecciones en los claustros con la lista Martín Fierro".
El 6 de diciembre de 1971, durante una asamblea en la universidad provincial, un grupo encabezado por Juan Carlos Gómez y Héctor Corres asesinó a la estudiante Silvia Filler. Cinco miembros de la CNU fueron procesados con prisión preventiva. En mayo de 1973 quedaron libres gracias a la amnistía de Héctor Cámpora. Desde 1975, los secuestros y ejecuciones de la CNU fueron moneda corriente. Siempre con zonas liberadas por militares y policías. A partir de las declaraciones recibidas desde 2001, el TOF pedirá en los próximos días a la Justicia federal la reapertura de esas causas.

"Purificar las Facultades"
Durante la última dictadura, las delegaciones de Prefectura elaboraron informes detallados en respuesta al Plan de Capacitación contra la Insurgencia Terrorista de la Armada Argentina (Placintara). Se dividían en factores, método que –según la investigación de espionaje en la base Almirante Zar– la Armada aplicó hasta el año pasado, y en teoría ya no realiza. Los informes de la delegación Mar del Plata llevan las firmas de su jefe, prefecto principal Juan Eduardo Mosqueda, que llegó a conducir la fuerza en 1985, y del jefe de informaciones, subprefecto Ariel Macedonio Silva. En junio de 1976, con el subtítulo "Factor subversivo", apuntan que "la colaboración" de la CNU con el GADA 601 fue "indispensable para la identificación de los elementos de izquierda" y permitió "purificar las distintas facultades" de la universidad nacional.
El informe de octubre muestra la interna entre Fuerzas Armadas. Destaca "la efectividad de la Fuerza de Tareas 6" de la Armada en contraste con el GADA 601, cuyos miembros "efectuaron rastrillajes sin éxito". Critica que "cada organismo militar actúa por su cuenta". Destaca que "es evidente que la Fuertar 6 es la que mejor se ha movido y los resultados están a la vista". Los resultados se medían en secuestros. Los desaparecidos para la sociedad estaban "a la vista" del subprefecto Silva. El GADA, en cambio, "no cuenta con personal capacitado en inteligencia" y "en un primer momento de esta guerra se valió de personas civiles que militaban en la Concentración Nacional Universitaria, que llegaron a actuar con total impunidad en la ciudad". En un momento "la CNU fue dejada de lado por el GADA", que "quedó sin la corriente informativa que las circunstancias aconsejan". Silva no hablaba de oídas. En septiembre dejó constancia que "los efectivos de la Fuertar 6 cuentan con la colaboración de personal de esta Unidad desde que comenzaron los operativos". Silva está denunciado como interrogador del centro clandestino que funcionó en la delegación del puerto de Prefectura. Aún está libre.

De las Aulas a La Cueva
La Comisión Provincial por la Memoria, que desclasificó y gestiona el archivo de la ex Dipba, entregó este mes pruebas "que confirman la participación de civiles en el aparato represivo de Mar del Plata", dijo su directora Ana Cacopardo. La primera, un informe de 1985 de la delegación Mar del Plata, incluye un detalle de miembros que distingue militantes de simpatizantes. Destaca a los "detenidos y procesados" por el homicidio de Filler en 1971: Horacio Luis Raya, Raúl Viglizzo, Alberto Dalmasso, Juan Carlos Gómez, los hermanos Marcelo y Beatriz Arenaza, y Eduardo Ullúa. Omite los crímenes de 1975 y dedica un párrafo al rol de la CNU: "Después del golpe de marzo de 1976, algunos colaboraron con el Ejército en la lucha antisubversiva, como (Eduardo) Cincotta, (Jorge) De la Canale, (Eduardo Salvador) Ullúa y (Mario Ernesto) Durquet. Posteriormente, y en razón de que se sospechaba eran autores de diversos delitos, comienzan a ser investigados y algunos se van del país, tal el caso de Dourquet".
Si la Justicia investiga, es probable que la lista se agrande. Familiares de desaparecidos que fueron al GADA a entrevistarse con su jefe, coronel Pedro Barda, vieron a Ullúa y a Cincotta. Uno los vio "con carpetas debajo del brazo en la oficina de Barda". Otro vio a Cincotta "con uniforme de fajina". Un sobreviviente dijo que lideraba el grupo que lo secuestró. Cincotta fue secretario general de la universidad provincial, que desde 1975 es nacional. Allí gestionó las contrataciones como personal de seguridad de sus compañeros de la CNU: Ullúa, Durquet, Carlos "Flipper" González, Fernando Delgado y otros. Sus contactos con el Servicio de Inteligencia Naval le permitieron seguir en la universidad tras el golpe. Renunció en mayo de 1976. Luce en su estudio una distinción del Ejército por servicios "en la lucha contra la subversión".
Testigos del Juicio por la Verdad vinculan a la CNU con el asesinato de María del Carmen Maggi, decana de Humanidades en la UCA, que tras el asesinato de Filler había expulsado al núcleo duro de la CNU. Maggi era mano derecha del obispo y rector honorario, Eduardo Pironio. Se discutía la unificación de la universidad provincial con la Católica. Los primeros pretendían que dejara fuera de carrera a docentes y no docentes de la UCA. Pironio y Maggi se resistían. Coca Maggi fue secuestrada el 10 de mayo de 1975 por jóvenes que se movilizaban en siete autos. La CNU repudió el secuestro para alejar sospechas, pero sus adherentes coparon ambas universidades y la Iglesia envió a Pironio a un destino seguro: Roma. Al mes del secuestro, el fiscal Gustavo Demarchi admitió que tenía "implicancias políticas", pero dictaminó el sobreseimiento de la causa. Demarchi era coordinador académico de la universidad que empleaba a los CNU y Ullúa era oficial segundo de su fiscalía. El cadáver de Maggi apareció el 23 de marzo de 1976 enterrado en Mar Chiquita. Testimonios recogidos por el TOF sindican a Durquet, hoy radicado en La Plata, como autor material de su muerte.

Los Muchachos
Eduardo Brito vio a Ullúa mientras esperaba con su padre que lo recibiera el mayor Alfredo Arrillaga, jefe de inteligencia del GADA. La patota del Ejército había dado vuelta su casa. El mayor lo interrogó y ordenó: "Hace pasar a los muchachos". No pudo verlos, pero reconoció la voz de Ullúa. Arrillaga le informó que quedaba bajo libertad vigilada, pero debía presentarse todas las semanas. Al jueves siguiente vio a Ullúa bajar de un Falcon. "Soy personal civil afectado a tareas de inteligencia del Ejército", le confió. Se conocían del barrio.
El suboficial retirado Orestes Vaello, que en 1973 saltó de la CNU al Batallón de Inteligencia 601, denunció que el "jefe del comando" de esa agrupación en Mar del Plata era Ullúa, en 1984 "propietario de la agencia de investigaciones Oasis, subsidiaria de Magíster, a la cual considera por pruebas que posee como cabecera de la Triple A". Vaello adjudicó a la CNU el secuestro de Jorge Toledo en 1976. Su madre declaró que se lo llevó "un grupo de civiles al mando de Arrillaga" y que su destino fue La Cueva, el centro clandestino del GADA. En 1996, Ullúa fue condenado a 17 años de prisión por contrabando de drogas en la Operación Langostino. Su desconoce su paradero.
Durante un asado entre policías y sindicalistas en el destacamento 9 de Julio de la policía bonaerense, donde estaba secuestrado, Óscar González se encontró con el abogado Jorge de la Canale.

–¿Qué hace usted en esta comisaría? –preguntó González.
–Yo acá tengo amigos.

De la Canale defendió a Carlos Monzón en la causa por el asesinato de Alicia Muñiz, encabezó la organización de los Juegos Panamericanos en 1995 y dirige la Asociación Marplatense de Atletismo. La última vez que Barda fue trasladado a Mar del Plata lo visitó en la Policía Federal.

La Conexión
El 22 de enero de 1980, al allanar un departamento, agentes de la policía bonaerense encontraron 16 panes de trotyl, detonadores, 6 metros de mecha y fotos de miembros de la CNU. Pronto supieron que un ex empleado de la inmobiliaria que debía alquilarlo, Juan Carlos Defalco, le había prestado las llaves a su amigo Luis Felipe Colombino. Ante la sospecha de que era "confidente del GADA" le informaron al Ejército que iban a arrestarlo. Colombino explicó que era dueño del salón de bailes Patio de Tango, donde trabajaba como vigilante "el sargento Castillo", quien hasta 1979 se desempeñaba en la sala de armas del GADA. Castillo le pidió que lo guardara "para hacer un desmonte".
La Dipba asentó que el jefe de subzona 15, coronel José Caridi, envió a su segundo al Cuerpo I para pedir instrucciones, "ya que el detenido es `colaborador' de los mismos". El enviado volvió con la orden de pedir las actuaciones y el detenido para "proseguir las averiguaciones", que allí murieron. La publicación del hallazgo de "armas y explosivos" que "pertenecerían a un grupo subversivo" obligó al comando a desmentirlo. "El hecho no está vinculado con la subversión", informó. El comunicado no aclaró que el tenedor del trotyl era un buchón de la CNU.
El informe de la Delegación Regional dejó asentado que Colombino y sus socios en Patio de Tango eran miembros de la CNU que con "otros jóvenes" tuvieron "especial actuación en la lucha contra el terrorismo y la subversión (...), lo que evidentemente los coloca en una relación cierta con elementos de las fuerzas legales, particularmente con hombres del Ejército. Estriba allí entonces la confianza que se exterioriza entre Colombino y Castillo (...) a tal punto que retira del lugar explosivos y otros efectos". Uno de los dos socios era Osvaldo Forese, apodado "Paquidermo", miembro de la banda de Aníbal Gordon que actuó en el centro clandestino Orlett. Forese murió en 1999. El segundo era Eduardo Ullúa, el asistente del fiscal Demarchi.

17 de marzo de 2008
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trelew

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[Juan Schjaer] Un puñado de cobardes cambió la vida de decenas de personas. Quizá de todo un país.

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Argentina. ¿Cuántas muertes nos hubiéramos ahorrado todos los argentinos si las prisiones preventivas dictadas la semana pasada por el juez federal Hugo Sastre contra los responsables de la Masacre de Trelew hubieran sido dictadas el mismo 22 de agosto de 1972? Es difícil responder, pero seguro que muchas, miles. Porque, para mi generación, la impunidad de aquella masacre fue determinante cuando debíamos decidir qué hacer, cuando tuvimos que decidir si mirábamos hacia otro lado o nos incorporábamos a alguno de los movimientos políticos vigentes, independientemente del compromiso que estuviéramos dispuestos a asumir. Del compromiso y de los riesgos que, por cierto, no dependían de nosotros. En mi caso, los fusilamientos de Trelew terminaron con la felicidad de nuestra casa familiar, un ambiente muy politizado pero siempre pacifista, por donde habían pasado intelectuales, artistas, militantes políticos de distintos partidos, con nombre y apellido verdaderos, con trayectorias públicas reconocibles, cargados de historias que el tiempo transformó en leyendas.
El bombardeo a Plaza de Mayo pertenecía a la historia, era parte de la leyenda urbana, tenía algo de irreal para los adolescentes que en 1972 teníamos 16 años. Los fusilamientos de Trelew, en cambio, eran una canallada que se podía sentir en carne propia, eran una amenaza. Y cualquiera de nosotros se podía identificar fácilmente con cualquiera de los jóvenes que habían intentado escaparse de la cárcel de Rawson una semana antes de que los fusilaran. Envidiábamos la tranquilidad con la que se habían entregado luego de perder el avión que los hubiera llevado a la libertad, la convicción con la que actuaban.
En aquel entonces yo me devoraba toda la prensa política que caía a mis manos y, aunque confieso que me costaba creer, ya en aquel entonces, que fuéramos capaces de torcer el rumbo del mundo, no podía dejar de sentirme solidario con aquellos militantes que habían sido fusilados por un puñado de cobardes.
De a poco fueron llegando a casa algunos militantes relacionados con la tragedia. Un viudo, la hermana de una de las mujeres asesinadas, que no usaba corpiño (ante mi ingenuidad, siempre repetía "el que no conoce que aprenda y el que conoce que admire"), el abogado de uno de ellos, y de a poco todos nosotros fuimos reemplazando a nuestros antiguos amigos por otros, nuestras fantasías de estudio y de progreso profesional por otros proyectos, y aprendimos a crecer con la sombra y la amenaza de Trelew sobre nuestras conciencias.
Cuántas vidas nos hubiéramos ahorrado si las prisiones dictadas hoy contra los asesinos de aquel entonces se hubieran decidido en el momento adecuado, estableciendo una barrera infranqueable entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto. Es verdad que ni la democracia ni los derechos humanos pertenecían a nuestro universo político, pero si en algún momento hubiéramos recibido desde el Estado alguna señal inequívoca de justicia, otra hubiera sido nuestra historia, y mejor. Quizás haya sido necesario el sacrificio de gran parte de una generación para que el juez Sastre hoy pueda dictar estas prisiones. Ojalá no haya sido en vano. Ni la muerte de mi hermana Soledad, ni la de su marido, ni la de Liliana Lesgart, que no usaba corpiño y que me permitió soñar durante diez años de cárcel con un amor redondo y completo.

17 de marzo de 2008
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ministro ladrón promete venganza

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[Nora Veiras] Apenas quedó en libertad, el ministro de Seguridad puntano retirado Guillermo Gustavo López, procesado como cómplice en un robo, prometió a sus amigos "la cabeza de la jueza en bandeja de plata".

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San Luis, Argentina. "(...) El gobernador de la Provincia de San Luis me ratificó en el cargo. Ahora viene lo bueno... les prometo la cabeza de la jueza en bandeja de plata para antes de fin de año." El coronel retirado Guillermo Gustavo López, el ministro de Seguridad de San Luis, se sintió seguro tras su confirmación de boca de Alberto Rodríguez Saá y apuntó a la magistrada Carina Gregoraschuk, quien el lunes pasado lo había hecho detener como cómplice en una causa por robo. En unas pocas líneas a sus "estimados amigos, familiares y camaradas", el oficial retirado dio rienda suelta a su deseo.
López ascendió a ministro en noviembre del año pasado desde la titularidad del Servicio Penitenciario provincial. La delegación local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) cuestionó la designación por la participación del militar en el Operativo Independencia, cabecera de playa del terrorismo de Estado en 1975 en Tucumán. López suele jactarse entre sus conocidos de "haber combatido en Tucumán contra todos esos zurdos".
El coronel pertenece a la Promoción 103 del Ejército, una camada en la que se distinguen varios uniformados acusados por delitos de lesa humanidad. Los nombres del teniente coronel Paúl Alberto Navone, quien aparentemente se suicidó hace dos semanas en Córdoba antes de declarar en una causa por robo de bebés; Alejandro Duret, quien está preso en Marcos Paz acusado del asesinato de un militante de la Juventud Peronista en Azul; Juan Daniel Amelong y Horacio Losito, quienes están siendo juzgados por la represión en la zona del II Cuerpo de Ejército. También formó parte de esa camada, Guillermo César Viola, titular de la Unión de Promociones, la corporación castrense que reivindica los años de plomo y tiene entre sus abanderadas a Cecilia Pando.
López tuvo en los '90, como último destino militar el comando de Artillería de San Luis. En esos años trabó amistad con los hermanos Rodríguez Saá. Desde que el gobernador decidió candidatearse a la presidencia en el 2007 afianzó los vínculos con la Unión de Promociones que se acercó a dar su apoyo. Antes de los comicios de octubre pasado, el mayor retirado Rafael Mercado, más conocido como el esposo de Pando, hizo circular una carta por Internet en la que luego de descartar "los proyectos marxistoides de la izquierda" promovía la votar por alberto Rodríguez Saá porque "su objetivo primario" es acabar con la política de derechos humanos. Un hermano de Mercado fue también compañero de promoción del ahora ministro López.
"El show ya terminó, si alguien piensa que con la prensa me van a voltear lejos de la realidad, a lo largo de mi vida he caído 10 veces; 100 veces; 1000 veces y 1001 me levanté", se entusiasmó López en la carta a sus "amigos". El coronel retirado volvió a su despacho pero sigue procesado y se ve que con tiempo para buscar solidaridades.
La jueza Gregoraschuk investiga a López porque cuando era director del Servicio Penitenciario Provincial permitió la salida de un recluso que al rato estaba robando una moto. Acorralado antes de entregarse, el ladrón pidió ver a López. El robo ocurrió el 21 de julio del año pasado, luego de que el preso Ariel Guardia, que en ese momento debía estar detenido, consiguió un permiso de salida de López. Al ser descubierto, el ladrón huyó y se refugió en su casa, mientras la policía esperaba la orden de allanamiento, llegó López y se llevó a Guardia en su auto. La jueza procesó al funcionario como cómplice del robo.
Al quedar libre, el ministro desmintió las acusaciones de la magistrada. "Yo no lo dejé salir, hice cumplir un oficio judicial", dijo y apuntó contra la jueza: "No es el primer encuentro que tengo con ella, he tenido problemas particulares". En las comunicaciones con sus amigos y camaradas, López dejó en claro cómo imagina solucionar esos "problemas": prometió "la cabeza de la jueza en bandeja de plata antes de fin de año".
La continuidad del coronel retirado en el gabinete puntano marca el fortalecimiento de un grupo de uniformados en la política de seguridad. López también propuso el desembarco de Francisco "Pancho" Casares, otro militar retirado, para liderar el Instituto Policial de San Luis. Casares es concuñado del general Osvaldo Montero, ex jefe de Inteligencia del Ejército, quien fue desplazado en noviembre pasado acusado de conspirar contra la ministra de Defensa Nilda Garré y denunciado por manejos non sanctos ante la Oficina Anticorrupción.

14 de marzo de 2008
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buscan a los que dieron las órdenes

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[Adriana Meyer] Dispusieron la detención de dos funcionarios de la dictadura de Lanusse. Son el ex secretario de Planificación de Lanusse Ezequiel Martínez y su ministro de Defensa Eduardo Aguirre Obarrio. Son los únicos responsables intelectuales vivos de la masacre de Trelew.

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Buenos Aires, Argentina. El juez que investiga la masacre de Trelew quiere avanzar en las responsabilidades que tuvieron los militares de mayor jerarquía, subiendo en la cadena de mandos. Pero encontró un límite imposible de superar: la mayoría están fallecidos, con el dictador Alejandro Agustín Lanusse a la cabeza. Entre los que quedan vivos se encuentran el ex secretario de Planificación Ezequiel Martínez y su ministro de Defensa Eduardo Aguirre Obarrio, a quienes el juez Hugo Sastre ordenó detener ayer. Ambos residen en Buenos Aires y correrían la misma suerte que los demás imputados en la causa: arresto, indagatoria y procesamiento por el asesinato de 16 detenidos y el intento de homicidio de tres de ellos, aunque en calidad de autores intelectuales o partícipes necesarios de esos hechos.
En el procesamiento que firmó el lunes pasado, Sastre dejó en claro que la decisión de asesinar a los 19 presos políticos que habían intentado fugarse de la cárcel de Rawson en agosto de 1972 como política de escarmiento fue tomada por las más altas autoridades de la dictadura de Lanusse. Por eso no sorprendió que haya resuelto seguir hacia arriba en la escala jerárquica de aquel gobierno de facto. En tal sentido, tanto el juez como el fiscal Fernando Gelves accedieron al pedido que les hizo el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, quien el mismo día que se conocieron los procesamientos viajó a Chubut y presentó un escrito con el que solicitó las capturas de Martínez y de Aguirre Obarrio. Por eso ayer el funcionario expresó su satisfacción por la iniciativa de Sastre.
Ezequiel Martínez dirigió Líneas Aéreas del Estado (LADE) en 1968, cuando era además comandante de Operaciones Aéreas. Fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, entre marzo y octubre de 1971, y luego ejerció como secretario de Planificación de la Junta Militar de Lanusse. En las elecciones del 11 de marzo de 1973, el grueso de las fuerzas conservadoras se alinearon detrás de Martínez, como candidato continuista a "Presidente Joven" por la Alianza Republicana Federal, pero fue derrotado por la fórmula Cámpora-Solano Lima. Desde las páginas de la revista Extra, el periodista Bernardo Neustadt elogió "el talento natural" del brigadier. Fue en un artículo de abril de 1971 en el que también se llevaban rosas Lanusse y otros militares, porque "hicieron posible que no termináramos de chamuscar al país entero".
Hace dos años, el abogado Eduardo Aguirre Obarrio recibió el diploma al Mérito en Derecho Administrativo, Tributario y Penal que otorga la Fundación Konex. En ese momento era miembro de la Academia Nacional de Derecho y profesor titular consulto de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica, además de jurado para concursos del Consejo de la Magistratura y asesor en concursos del Ministerio Público. Recientemente integró el equipo de redacción del Manual de Asistencia a las Víctimas de Delitos, desarrollado por el Colegio Público de Abogados y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Durante el gobierno de Lanusse fue ministro de Defensa. En 1984 ejerció la defensa del almirante Jorge Isaac Anaya en el Juicio a las Juntas y en 2002 formó parte de la defensa, junto a Gregorio Badeni, de los ex ministros de la Corte Suprema menemista Eduardo Moliné O'Connor y Julio Nazareno en el Jury que los destituyó.
El lunes 21 de agosto de 1972, a las 11.10 de la mañana, los comandantes de las Fuerzas Armadas se reunieron en la Casa Rosada. Asistieron a Lanusse el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Carlos Rey, y de la Armada Guido Natal Coda, así como también el brigadier Martínez, el secretario general de la Presidencia Rafael Panullo y el ministro del Interior Arturo Mor Roig. Al rato se incorporaron el entonces jefe del Estado Mayor General del Ejército José Rafael Herrera, y el jefe del Estado Mayor Conjunto Hermes Quijada. En otro salón el canciller Eduardo McLoughlin conferenció con funcionarios chilenos y así fue que se enteraron de que el gobierno socialista había facilitado el viaje de los presos que habían logrado huir de Rawson hacia La Habana. De lo que se habló por esas horas tendrá que responder Martínez cuando Sastre lo interrogue en indagatoria.
Sastre procesó el lunes a cinco marinos retirados por la masacre de Trelew, y desde que se reactivó la causa encuadró los hechos como delitos de lesa humanidad. Los oficiales Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini y el suboficial Carlos Marandino, fueron señalados como "probables autores materiales, penalmente responsables del delito de privación ilegítima de la libertad y homicidio premeditado", mientras que el contraalmirante Horacio Mayorga será juzgado como "cómplice necesario". El único prófugo es por el momento Roberto Guillermo, quien, como reveló Página/12, vive en Miami y es responsable de una empresa que tuvo contratos millonarios con el gobierno de Estados Unidos.

14 de marzo de 2008
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