rata con tierra caliente
[Diego Martínez] La prensa de los EE.UU. empezó a interesarse por Roberto Guillermo Bravo, el teniente retirado de la Marina a quien busca la Justicia de Chubut por el fusilamiento de 19 guerrilleros en 1972.
Estados Unidos/Argentina. Mientras la Justicia argentina se apresta a resolver la situación procesal de los cinco marinos detenidos por su responsabilidad en la Masacre de Trelew, la prensa de los Estados Unidos comienza a interesarse por la situación del teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, el prófugo que preside en Miami la empresa RGB Group Inc. Tal como informó Página/12 en exclusiva el 19 de febrero, la firma lleva las iniciales del oficial de la Armada sindicado por los sobrevivientes como fusilador, factura millones de dólares y brinda servicios a las fuerzas armadas norteamericanas. Ayer el diario Miami Herald difundió la noticia por primera vez en Estados Unidos. Un reportero intentó sin éxito ser recibido por Bravo, que tampoco respondió sus llamados. Página/12 logró comunicarse con Marilyn McDaniel, agente registrada de RGB Group Inc. Cuando escuchó que la consulta era de un periodista argentino por el jefe que busca Interpol respondió con un cálido y lapidario "I'm sorry. I can't help you" y cortó la comunicación.
Hasta el momento el juez Hugo Sastre detuvo a cinco marinos retirados. Los capitanes de fragata Luis Emilio Sosa y Emilio Del Real estuvieron presentes durante la masacre. Sosa repitió el cuento oficial del intento de fuga, el tiroteo, las muertes inevitables, y aseguró que Del Real gatilló su ametralladora. Del Real fue el único que se negó a declarar. El cabo primero Carlos Amadeo Marandino contó que cuatro oficiales alcoholizados le ordenaron abrir las puertas de los calabozos y retirarse. Desde afuera escuchó los tiros, pero no participó, dijo. El contraalmirante Horacio Mayorga y el capitán de navío Rubén Paccagnini, comandante de la Aviación Naval y jefe de la base Almirante Zar respectivamente, admitieron que estaban por encima de los fusiladores y reiteraron la versión oficial. El fiscal Fernando Gélvez solicitó ayer el procesamiento de los cinco, incluido Marandino. "Su relato no es creíble. La explicación que dio durante la ampliación de indagatoria en el lugar de los hechos no cierra. Dijo que se tiró cuerpo a tierra detrás de un biombo –que sólo él nombró–, pero los espacios no dan", explicó Gélvez.
Además del prófugo Bravo, el juez Sastre ordenó otras tres detenciones que aún no se concretaron. Primero la del capitán de navío retirado Jorge Enrique Bautista, quien por orden del almirante Hermes Quijada instruyó un sumario para respaldar la versión de la fuga. El cabo Marandino admitió ante el juez que la Armada le ordenó mentir para encubrir el fusilamiento. Las otras capturas pendientes son de oficiales del Ejército: el general retirado Eduardo Betti y el teniente coronel retirado Guillermo Muñoz, jefe y subjefe de la zona de emergencia dispuesta por el presidente de facto Agustín Lanusse tras la fuga del penal de Rawson. Bautista y Betti son ancianos y sus médicos no los autorizaron a viajar.
"I'm sorry"
Desde mediados de febrero este diario intentó sin suerte que el teniente empresario Bravo atendiera el teléfono. Esta semana se sumó a su búsqueda el periodista Gerardo Reyes, del Miami Herald. Sin abrirle la puerta le dijeron que Bravo no estaba. Dejó su teléfono pero no lo llamaron. También la agencia EFE fracasó en el intento. Página/12 logró finalmente dar con la agente registrada de la firma, Marilyn McDaniel. Cuando supo el motivo del llamado se disculpó por su silencio y cortó la comunicación.
La empresa de Bravo, fundada el 22 de junio de 1990 y con sede en el 4141 de North Miami Avenue, se dedica a la contratación de personal médico y paramédico en el exterior, sobre todo en Centroamérica. Sus principales clientes son las fuerzas armadas. Bravo entabló sus primeros contactos allí en 1974, cuando fue destinado a la Agregaduría Naval en Washington.
En el sitio web de la División Corporaciones del Departamento de Estado de Florida pueden leerse los informes anuales que RGB Group Inc. envió a partir de 1996. Bravo ya era presidente y su esposa Ana María Giordano vicepresidenta. Durante los cuatro primeros años registrados la pareja cambió tres veces de domicilio. En 1996 figura 27101 SW 143rd Court de Homestead, Florida. Al año siguiente, 1375 Marseille Drive, Miami Beach. Y desde 1999, su dirección actual: 2235 Arch Creek Drive, North Miami. El Herald informó que Bravo compró esa casa "por 225.000 dólares y hoy tiene un valor de mercado de 1.029.000". La casa que el marino tiene en venta en el 6330 de Frost Drive, en Tampa, costa oeste de Florida, a cinco horas de Miami, es su morada de fin de semana.
El Herald recordó que "Bravo afronta la orden internacional de captura luego de que el diario Página/12 reveló que se encontraba en Tampa". Agregó que la empresa "se especializa en la contratación de personal médico y paramédico en el exterior" y mencionó dos contratos con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El primero fue hace diez años: a cambio de 27 millones de dólares se comprometió a seleccionar odontólogos para bases aéreas de todo el país. El segundo, el año pasado: 88.239 dólares para reclutar técnicos en genética molecular. El periódico informó también que la esposa del marino tiene una inmobiliaria en la que Bravo figuró como socio hasta el año pasado.
Estados Unidos/Argentina. Mientras la Justicia argentina se apresta a resolver la situación procesal de los cinco marinos detenidos por su responsabilidad en la Masacre de Trelew, la prensa de los Estados Unidos comienza a interesarse por la situación del teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, el prófugo que preside en Miami la empresa RGB Group Inc. Tal como informó Página/12 en exclusiva el 19 de febrero, la firma lleva las iniciales del oficial de la Armada sindicado por los sobrevivientes como fusilador, factura millones de dólares y brinda servicios a las fuerzas armadas norteamericanas. Ayer el diario Miami Herald difundió la noticia por primera vez en Estados Unidos. Un reportero intentó sin éxito ser recibido por Bravo, que tampoco respondió sus llamados. Página/12 logró comunicarse con Marilyn McDaniel, agente registrada de RGB Group Inc. Cuando escuchó que la consulta era de un periodista argentino por el jefe que busca Interpol respondió con un cálido y lapidario "I'm sorry. I can't help you" y cortó la comunicación.Hasta el momento el juez Hugo Sastre detuvo a cinco marinos retirados. Los capitanes de fragata Luis Emilio Sosa y Emilio Del Real estuvieron presentes durante la masacre. Sosa repitió el cuento oficial del intento de fuga, el tiroteo, las muertes inevitables, y aseguró que Del Real gatilló su ametralladora. Del Real fue el único que se negó a declarar. El cabo primero Carlos Amadeo Marandino contó que cuatro oficiales alcoholizados le ordenaron abrir las puertas de los calabozos y retirarse. Desde afuera escuchó los tiros, pero no participó, dijo. El contraalmirante Horacio Mayorga y el capitán de navío Rubén Paccagnini, comandante de la Aviación Naval y jefe de la base Almirante Zar respectivamente, admitieron que estaban por encima de los fusiladores y reiteraron la versión oficial. El fiscal Fernando Gélvez solicitó ayer el procesamiento de los cinco, incluido Marandino. "Su relato no es creíble. La explicación que dio durante la ampliación de indagatoria en el lugar de los hechos no cierra. Dijo que se tiró cuerpo a tierra detrás de un biombo –que sólo él nombró–, pero los espacios no dan", explicó Gélvez.
Además del prófugo Bravo, el juez Sastre ordenó otras tres detenciones que aún no se concretaron. Primero la del capitán de navío retirado Jorge Enrique Bautista, quien por orden del almirante Hermes Quijada instruyó un sumario para respaldar la versión de la fuga. El cabo Marandino admitió ante el juez que la Armada le ordenó mentir para encubrir el fusilamiento. Las otras capturas pendientes son de oficiales del Ejército: el general retirado Eduardo Betti y el teniente coronel retirado Guillermo Muñoz, jefe y subjefe de la zona de emergencia dispuesta por el presidente de facto Agustín Lanusse tras la fuga del penal de Rawson. Bautista y Betti son ancianos y sus médicos no los autorizaron a viajar.
"I'm sorry"
Desde mediados de febrero este diario intentó sin suerte que el teniente empresario Bravo atendiera el teléfono. Esta semana se sumó a su búsqueda el periodista Gerardo Reyes, del Miami Herald. Sin abrirle la puerta le dijeron que Bravo no estaba. Dejó su teléfono pero no lo llamaron. También la agencia EFE fracasó en el intento. Página/12 logró finalmente dar con la agente registrada de la firma, Marilyn McDaniel. Cuando supo el motivo del llamado se disculpó por su silencio y cortó la comunicación.
La empresa de Bravo, fundada el 22 de junio de 1990 y con sede en el 4141 de North Miami Avenue, se dedica a la contratación de personal médico y paramédico en el exterior, sobre todo en Centroamérica. Sus principales clientes son las fuerzas armadas. Bravo entabló sus primeros contactos allí en 1974, cuando fue destinado a la Agregaduría Naval en Washington.
En el sitio web de la División Corporaciones del Departamento de Estado de Florida pueden leerse los informes anuales que RGB Group Inc. envió a partir de 1996. Bravo ya era presidente y su esposa Ana María Giordano vicepresidenta. Durante los cuatro primeros años registrados la pareja cambió tres veces de domicilio. En 1996 figura 27101 SW 143rd Court de Homestead, Florida. Al año siguiente, 1375 Marseille Drive, Miami Beach. Y desde 1999, su dirección actual: 2235 Arch Creek Drive, North Miami. El Herald informó que Bravo compró esa casa "por 225.000 dólares y hoy tiene un valor de mercado de 1.029.000". La casa que el marino tiene en venta en el 6330 de Frost Drive, en Tampa, costa oeste de Florida, a cinco horas de Miami, es su morada de fin de semana.
El Herald recordó que "Bravo afronta la orden internacional de captura luego de que el diario Página/12 reveló que se encontraba en Tampa". Agregó que la empresa "se especializa en la contratación de personal médico y paramédico en el exterior" y mencionó dos contratos con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El primero fue hace diez años: a cambio de 27 millones de dólares se comprometió a seleccionar odontólogos para bases aéreas de todo el país. El segundo, el año pasado: 88.239 dólares para reclutar técnicos en genética molecular. El periódico informó también que la esposa del marino tiene una inmobiliaria en la que Bravo figuró como socio hasta el año pasado.
7 de marzo de 2008
©página 12 
Argentina. La aceleración de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos por represores de toda jerarquía durante la dictadura es una preocupación compartida por la presidenta Cristina Kirchner y los querellantes organismos de derechos humanos. Página/12 puede adelantar que luego de haber realizado un diagnóstico sobre el estado de esos procesos, la Procuración General emitirá hoy una resolución en la que dispone que los fiscales del país promuevan la elevación a juicio de la totalidad de esas causas por graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el terrorismo de Estado en las que el procesamiento del acusado haya quedado firme o haya sido confirmado por la Cámara de Apelaciones respectiva. El procurador general Esteban Righi determinó que hagan lo mismo, aunque haya planteos pendientes de los acusados ante la Cámara de Casación o la Corte Suprema. También dispuso que los fiscales que hicieron las investigaciones en primera instancia participen de los juicios orales, algo que ya ocurre aunque no en todos los casos. En definitiva, el poder político busca una ingeniería judicial efectiva para evitar que los juicios se extiendan por más de un lustro, como sucederá si mantienen su ritmo actual.
Argentina. A treinta y cinco años de la masacre de Trelew, cuando nadie creía posible un mínimo esbozo de justicia, el juez federal Hugo Sastre resolverá esta semana la situación procesal de los cinco marinos detenidos por su participación en las privaciones ilegales de la libertad, fusilamientos y encubrimiento por parte de la Armada y la dictadura de Alejandro Lanusse. A excepción del cabo primero (R) Carlos Marandino, quien admitió que abrió las puertas de los calabozos y tuvo que salir por orden de cuatro oficiales de la Armada alcoholizados, la situación de los imputados que reiteraron la versión oficial del intento de fuga es compleja. Los capitanes de fragata (R) Luis Emilio Sosa y Emilio Del Real estuvieron presentes durante la masacre. Sosa confirmó que Del Real gatilló su ametralladora. Del Real prefirió no hablar. El contraalmirante (R) Horacio Mayorga y el capitán de navío (R) Rubén Paccagnini, comandante de la Aviación Naval y jefe de la base Almirante Zar respectivamente, admitieron que fueron los superiores inmediatos de los fusiladores. "Nunca imaginé que esto pudiera darse alguna vez, ni siquiera las indagatorias. La expectativa es enorme, son demasiado años de espera", confió a Página/12 Germán Camps, que tenía nueve años cuando se produjo la masacre a la que su hermano Alberto logró sobrevivir.
Argentina. En el cuarto piso del Edificio Libertad, detrás de mamparas de madera que los protegen de miradas indiscretas, trabajan los oficiales de la Marina abocados al Grupo de Contención de camaradas acusados por delitos de lesa humanidad. Los letrados reportan a la Subsecretaría de Relaciones Institucionales que depende de la secretaría general naval. En el piso trece, pocos metros separan esas oficinas del despacho del almirante Jorge Godoy. La asistencia a los represores retirados quedó en evidencia el martes último con la declaración testimonial del capitán de navío Juan Martín Poggi en el juicio por la masacre de Trelew, quien admitió haber citado a todos los implicados en la sede de la fuerza para informarles sobre la reapertura de la causa. Poggi dijo bajo juramento ante la Justicia de Chubut que conversaba institucionalmente con todos los implicados en "delitos de derechos humanos" (sic). La "solidaridad" con los acusados se extendería también al Ejército a través de la Dirección de Bienestar. El Ministerio de Defensa le pidió un informe al general Roberto Bendini sobre los "hechos denunciados" por el Centro de Militares por la Democracia (Cemida) acerca de esas prácticas. Sobre las huestes de Godoy todavía no decidieron nada.
España/Argentina. El gobierno español tomó ayer la decisión de extraditar a la Argentina al represor de la ESMA Ricardo Miguel Cavallo. Así lo notificó la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, luego de que concluyera la reunión del Consejo de Ministros que dio el visto bueno final a la extradición. El pasado 22 de febrero México dio el visto bueno a España para que el juicio a Cavallo se lleve a cabo en la Argentina. "La entrega del detenido quedará suspendida hasta que deje extinguidas las responsabilidades contraídas en territorio español (...) si bien podrá hacerse uso de la entrega temporal a la Argentina", dice el comunicado oficial del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La ambigüedad abrió la puerta para que el proceso en España llegue hasta el veredicto y luego sea extraditado.
Argentina. La Justicia ya había determinado que Luis Patti secuestró y torturó, ahora estableció que también asesinó. El juez federal Alberto Suares Araujo procesó al represor por el homicidio del militante justicialista Gastón Gonçalves, a quien Patti había amenazado en público. "No son hechos aislados, es una secuencia concatenada, porque la privación ilegal de la libertad termina en el homicidio de Gonçalves, que en el medio sufrió terribles tormentos", explicó la abogada Ana Oberlin. A fines de noviembre Patti fue a dar al penal de Marcos Paz porque ese magistrado lo procesó por "privación ilegal de la libertad doblemente agravada, imposición de tormentos y allanamientos ilegales", en los casos de Diego Muniz Barreto, Juan Fernández, Gastón Gonçalves, Carlos Souto, Luis y Guillermo D'Amico y Osvaldo Arriosti. De todos ellos, el cuerpo de Gonçalves es el único que apareció, y es la prueba más contundente de que fue asesinado.
Argentina. La sorprendente explicación de la Bonaerense por la muerte en cuotas de Gastón Duffau tuvo su repercusión ayer cuando fueron apartados de sus cargos tres uniformados de la seccional 2ª de Ramos Mejía, y la fiscal que intervino inicialmente fue apartada del caso. La familia no está conforme. Pidió otra autopsia con peritos de parte, un fiscal de otra jurisdicción para que investigue libremente, peritos forenses de Gendarmería y la lista completa de los uniformados que estaban de guardia esa noche. Por ahora, recibieron de las autoridades una respuesta en cuotas: apartaron a tres de los cinco o seis policías participantes, cambiaron de fiscal pero dentro de la misma jurisdicción, no designaron a la Gendarmería hasta el momento, y pretendían hacer una autopsia esta mañana, cuando todavía no fue aceptada la familia como particular damnificado. O sea, no podía designar un perito de parte para presenciar la autopsia. Finalmente, esto último, la segunda autopsia sin perito de parte, quedó en veremos.
Argentina. En libertad, lejos de la sentencia pero condenado al ostracismo desde hace cuatro años, cuando trascendió su pasado en la ESMA, falleció a los 54 años víctima de un cáncer fulminante el suboficial retirado Juan Lorenzo Barrionuevo, más conocido como Jeringa. El enfermero que maletín en mano caminaba entre los secuestrados para curar heridas de picana cometió el error de abusar de su impunidad en 2003, cuando fue electo legislador de Tierra del Fuego de la mano del menemista Carlos Manfredotti. Su pasado se filtró, el sobreviviente Víctor Basterra lo reconoció, su imagen se vio en TV y allí culminó su vida pública. Siguieron el desafuero, el procesamiento, la prisión VIP, la excarcelación y la guarida final en su Tunuyán natal.