la triple a en la universidad
[Adriana Meyer] Graciela Pane tenía 23 años y estaba embarazada. Fue asesinada en octubre de 1975. Su hermana se presentará hoy en la causa sobre la Triple A. Pedirá que imputen a las autoridades de la UTN de Avellaneda, donde estudiaba Graciela.
Argentina. Graciela tenía 23 años e iba a ser madre; Liliana, 20 recién cumplidos y ya cantaba. Juntas tocaban piano y guitarra, y componían canciones. El 2 de octubre de 1975 una patota arrancó a la mayor de las hermanas Pane de su casa en Sarandí y a los dos días fue asesinada. La foto de su cuerpo torturado aparecido en los bosques de Ezeiza fue publicada por los diarios, y al día siguiente el rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), a la que concurría Graciela, hizo un discurso en el que exaltó la acción "pacificadora" de la "misión Ivanissevich", y alertó que los estudiantes que no lo comprendieran así "sufrirán las consecuencias". Liliana Pane se convirtió en la cantante Lina Avellaneda y hoy insistirá en buscar justicia para su hermana en el marco de la causa por los crímenes de la Triple A, con el apoyo de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
"Mi mamá me pregunta todos los días qué novedades hay, pero no sé qué decirle porque los jueces no tienen plazos para expedirse", dijo a Página/12 en alusión a los camaristas federales que tienen que definir si los delitos de la Triple A son de lesa humanidad o no, decisión que mantiene trabado el expediente 6511 "López Rega, José/asociación ilícita".
A más de treinta y dos años del crimen, a catorce meses de pedir la inclusión del caso en la causa Triple A, los familiares y querellantes de Graciela Pane aportarán hoy pruebas en Tribunales sobre la responsabilidad de las autoridades de la Regional Avellaneda de la UTN en el asesinato. También reclamarán que la Cámara Federal porteña rechace la pretensión de los represores –con Rodolfo Almirón, ex ladero de López Rega, a la cabeza– de que la causa sea anulada por prescripción, "como si el asesinato de cerca de mil compañeros por bandas armadas y amparadas por el gobierno de Isabel no fueran crímenes de ‘lesa humanidad'", dijo José Schulman, de la Liga. En la sede de ese organismo de derechos humanos darán hoy a las 11.30 una conferencia de prensa Lina Avellaneda, los abogados de la querella en la causa Triple A y dirigentes del Centro de Estudiantes de la Regional Avellaneda de la UTN de aquella época y de hoy.
Graciela Pane estudiaba Biología en la UTN, era dirigente estudiantil y militaba en la Federación Juvenil Comunista. Había recibido amenazas de muerte por parte de los matones del decanato, al igual que su hermana, que trabajaba en un quiosco del centro de estudiantes. A pesar de que el caso está paralizado hasta que la Cámara se expida, los querellantes siguieron aportando pruebas y pidiendo medidas. En su denuncia, Lina Avellaneda explicó que tanto ella como su hermana recibieron "amenazas de muerte en los días anteriores al 2 de octubre de 1975, de parte de un individuo conocido como Carlos Alberto Polo, quien presumiblemente se desempeñaba como jefe de Seguridad de la UTN de Avellaneda, y también por parte del propio rector de la referida universidad, Agustín Monteagudo, y su colaborador Raúl Bronzzini". Estos fueron denunciados penalmente en aquel momento ante el Juzgado Nº 5 de Lomas de Zamora, a cargo de Mario Moldes.
Por la vinculación entre esas intimidaciones y el posterior secuestro y asesinato de Graciela Pane pedirán que estas personas sean llamadas a declaración indagatoria. Y ofrecerán los testimonios de Florentino Narváez, dirigente del centro de estudiantes que fue detenido junto con Graciela por la policía bonaerense días antes de su asesinato, y del actual decano de la UTN de Avellaneda, Jorge Omar Del Gener. Por esos días, las noticias sobre los asesinatos de la Triple A aparecían en los medios, por lo que este hecho tuvo repercusión nacional y a nivel local, en Avellaneda, donde el Concejo Deliberante se solidarizó con la familia Pane.
Lina Avellaneda sabe que es poco objetiva cuando dice que su hermana "era brillante, muy especial, escribía muy bien y estaba adelantada en algunas cuestiones a su época", pero poco importa. La cantante cree que hubo "un pacto por el cual no se investiga lo ocurrido antes de 1976", y sostiene que "al peronismo no lo perjudicaría sino que lo engrandecería reconocer que también tuvieron ese costado conservador de lo peor, de derecha". Pero la desaniman unos carteles que vio con la leyenda "con el peronismo no se jode". Ahora devenida nuevamente en denunciante (apenas secuestraron a su hermana acudió ante la Justicia junto a sus padres, pero nunca obtuvo ninguna respuesta), y por primera vez con su nombre artístico, Avellaneda afirma que "hay mucho por hacer sobre la responsabilidad de los civiles, pero hace falta voluntad política del gobierno para investigarla". Sabe que quizá no llegue a los autores materiales, "esas bestias salvajes y drogadas que entraron a casa de mis padres", pero aún considera posible avanzar sobre las responsabilidades de escritorio y la red de encubrimiento. El capítulo universitario es una parte de esa deuda.
Argentina. Graciela tenía 23 años e iba a ser madre; Liliana, 20 recién cumplidos y ya cantaba. Juntas tocaban piano y guitarra, y componían canciones. El 2 de octubre de 1975 una patota arrancó a la mayor de las hermanas Pane de su casa en Sarandí y a los dos días fue asesinada. La foto de su cuerpo torturado aparecido en los bosques de Ezeiza fue publicada por los diarios, y al día siguiente el rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), a la que concurría Graciela, hizo un discurso en el que exaltó la acción "pacificadora" de la "misión Ivanissevich", y alertó que los estudiantes que no lo comprendieran así "sufrirán las consecuencias". Liliana Pane se convirtió en la cantante Lina Avellaneda y hoy insistirá en buscar justicia para su hermana en el marco de la causa por los crímenes de la Triple A, con el apoyo de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre."Mi mamá me pregunta todos los días qué novedades hay, pero no sé qué decirle porque los jueces no tienen plazos para expedirse", dijo a Página/12 en alusión a los camaristas federales que tienen que definir si los delitos de la Triple A son de lesa humanidad o no, decisión que mantiene trabado el expediente 6511 "López Rega, José/asociación ilícita".
A más de treinta y dos años del crimen, a catorce meses de pedir la inclusión del caso en la causa Triple A, los familiares y querellantes de Graciela Pane aportarán hoy pruebas en Tribunales sobre la responsabilidad de las autoridades de la Regional Avellaneda de la UTN en el asesinato. También reclamarán que la Cámara Federal porteña rechace la pretensión de los represores –con Rodolfo Almirón, ex ladero de López Rega, a la cabeza– de que la causa sea anulada por prescripción, "como si el asesinato de cerca de mil compañeros por bandas armadas y amparadas por el gobierno de Isabel no fueran crímenes de ‘lesa humanidad'", dijo José Schulman, de la Liga. En la sede de ese organismo de derechos humanos darán hoy a las 11.30 una conferencia de prensa Lina Avellaneda, los abogados de la querella en la causa Triple A y dirigentes del Centro de Estudiantes de la Regional Avellaneda de la UTN de aquella época y de hoy.
Graciela Pane estudiaba Biología en la UTN, era dirigente estudiantil y militaba en la Federación Juvenil Comunista. Había recibido amenazas de muerte por parte de los matones del decanato, al igual que su hermana, que trabajaba en un quiosco del centro de estudiantes. A pesar de que el caso está paralizado hasta que la Cámara se expida, los querellantes siguieron aportando pruebas y pidiendo medidas. En su denuncia, Lina Avellaneda explicó que tanto ella como su hermana recibieron "amenazas de muerte en los días anteriores al 2 de octubre de 1975, de parte de un individuo conocido como Carlos Alberto Polo, quien presumiblemente se desempeñaba como jefe de Seguridad de la UTN de Avellaneda, y también por parte del propio rector de la referida universidad, Agustín Monteagudo, y su colaborador Raúl Bronzzini". Estos fueron denunciados penalmente en aquel momento ante el Juzgado Nº 5 de Lomas de Zamora, a cargo de Mario Moldes.
Por la vinculación entre esas intimidaciones y el posterior secuestro y asesinato de Graciela Pane pedirán que estas personas sean llamadas a declaración indagatoria. Y ofrecerán los testimonios de Florentino Narváez, dirigente del centro de estudiantes que fue detenido junto con Graciela por la policía bonaerense días antes de su asesinato, y del actual decano de la UTN de Avellaneda, Jorge Omar Del Gener. Por esos días, las noticias sobre los asesinatos de la Triple A aparecían en los medios, por lo que este hecho tuvo repercusión nacional y a nivel local, en Avellaneda, donde el Concejo Deliberante se solidarizó con la familia Pane.
Lina Avellaneda sabe que es poco objetiva cuando dice que su hermana "era brillante, muy especial, escribía muy bien y estaba adelantada en algunas cuestiones a su época", pero poco importa. La cantante cree que hubo "un pacto por el cual no se investiga lo ocurrido antes de 1976", y sostiene que "al peronismo no lo perjudicaría sino que lo engrandecería reconocer que también tuvieron ese costado conservador de lo peor, de derecha". Pero la desaniman unos carteles que vio con la leyenda "con el peronismo no se jode". Ahora devenida nuevamente en denunciante (apenas secuestraron a su hermana acudió ante la Justicia junto a sus padres, pero nunca obtuvo ninguna respuesta), y por primera vez con su nombre artístico, Avellaneda afirma que "hay mucho por hacer sobre la responsabilidad de los civiles, pero hace falta voluntad política del gobierno para investigarla". Sabe que quizá no llegue a los autores materiales, "esas bestias salvajes y drogadas que entraron a casa de mis padres", pero aún considera posible avanzar sobre las responsabilidades de escritorio y la red de encubrimiento. El capítulo universitario es una parte de esa deuda.
29 de febrero de 2008
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Buenos Aires, Argentina. Dos mujeres que reclaman casarse presentaron un recurso ante la Corte, luego de que las instancias judiciales inferiores rechazaran ese derecho. Ahora, el tribunal debe decidir si le da curso y, en ese caso, expedirse sobre la inconstitucionalidad de los artículos del Código Civil que impiden el matrimonio entre homosexuales.
Argentina. Hace ocho años el poeta Juan Gelman y su mujer Mara La Madrid concluyeron la investigación que permitió identificar y restituir la identidad de María Macarena Gelman. Sus padres fueron secuestrados en Buenos Aires el 24 de agosto de 1976 y confinados en Automotores Orletti, el más célebre centro clandestino del Plan Cóndor. Tenían 20 años. Marcelo Gelman, hijo de Juan, fue asesinado de un tiro en la nuca disparado a quemarropa y su cadáver fondeado en un tambor relleno de cemento en el río San Fernando. Su mujer María Claudia García Iruretagoyena, embarazada de siete meses, fue trasladada a un centro clandestino de Montevideo, donde dio a luz y fue asesinada. Luego los militares uruguayos tomaron el ejemplo argentino: nunca entregaron su cadáver. Ayer María Macarena, de 31 años, se presentó ante la Justicia de Uruguay para exigir la reapertura de la causa y el juicio y castigo a los responsables de la desaparición de su mamá.
Argentina. El oficial de la Armada que hace cuatro meses convocó a los imputados en la masacre de Trelew para notificarles la reapertura de la causa y adelantarles una posible citación judicial, capitán de navío Juan Martín Poggi, admitió ayer ante el juez federal Hugo Sastre que no se trató de un caso aislado sino de una práctica institucional de la fuerza que comanda el almirante Jorge Godoy. Poggi explicó que la Armada cita a los camaradas denunciados por delitos de lesa humanidad, verifica sus domicilios y se asegura "que estén a derecho", es decir que se presenten al ser citados. Cuando le preguntaron por qué la fuerza entrega domicilios desactualizados de sus retirados explicó que su deber era informar la dirección que consta en los registros aun a sabiendas de que no fuera real. Una alta fuente del Ministerio de Defensa evitó anoche confirmar o desmentir la práctica admitida por Poggi hasta no tener acceso a su declaración.
Buenos Aires, Argentina. Cuando la Justicia apenas comenzó a investigar el supuesto suicidio del represor Paul Alberto Navone, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, expresó su preocupación porque "sugestivamente están muriendo muchos militares que tienen que ser citados y que tienen que declarar". "Lo que es terrible y conmueve es dónde estarán o en qué manos estarán nuestros nietos, porque están eliminando, prácticamente, gente", dijo Carlotto, en relación con la muerte de Navone y el homicidio del prefecto Héctor Febres, responsable de los bebés nacidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Para Hijos e Hijas por la Identidad, la Justicia, contra el Olvido y el Silencio, "es evidente que los genocidas no quieren que se sepa dónde están nuestros hermanos, que ellos apropiaron". Con este nuevo caso se reavivó la discusión sobre la situación de los militares sometidos a juicio por los crímenes cometidos durante la última dictadura.
Córdoba, Argentina. "Tomo esta decisión en pleno uso de mi libertad y facultades. Nadie, de mi entorno familiar, ni de mi contexto tiene conocimiento de lo que he dispuesto hacer. Lo hago solo sin participación de tercero alguno. Adopto esta conducta como el mejor camino para mí." Esas palabras dirigidas al "señor juez" dejó escritas el teniente coronel Paul Alberto Navone, quien apareció muerto en La Granja, Córdoba, horas antes de tener que declarar en una causa por robo de bebés en Entre Ríos. El informe de la autopsia –al que accedió Página/12– corrobora que "el traumatismo craneoencefálico debido a herida por proyectil de arma de fuego ha sido la causa eficiente de la muerte" de Navone y que "la distancia estimada entre la boca del arma y la piel ha sido menor de 50 centímetros". A pesar de la carta y del informe forense, los querellantes pidieron que la justicia de Córdoba investigue si se trató de un suicidio o de un homicidio. "Sugestivamente están muriendo muchos militares que tienen que declarar", destacó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
México/Argentina. Ricardo Antonio Cavallo, identificado por sobrevivientes de la dictadura como el torturador Sérpico, volverá a la Argentina a enfrentar cinco causas abiertas en su contra por crímenes cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada. El 7 de febrero México dio su consentimiento para que España extradite al ex capitán de corbeta al país, sin que esto impida que también sea juzgado en Madrid, donde se lo acusa por su presunta participación en siete asesinatos, 152 delitos de lesiones y 407 de terrorismo, por los cuales se solicitan hasta 17 mil años de cárcel. El juicio en España y el proceso de extradición son causas separadas, según fuentes de la Audiencia Nacional en Madrid. Ayer, las acusaciones populares y particulares en España pidieron que antes de ser extraditado se cumplan los juicios en ese país.
Argentina. Al prestar declaración indagatoria ante el juez Hugo Sastre, el contraalmirante (R) Horacio Mayorga repitió esquemas clásicos. Insistió en la versión de la Armada que sostiene que la Masacre de Trelew se explica por un supuesto intento de fuga, argumentó que cuando dijo "se hizo lo que se tenía que hacer" en un emblemático discurso de septiembre de 1972 pensó sólo en la moral de su tropa y aseguró que la decisión de trasladar a los 19 guerrilleros que habían entregado sus armas a la Base Almirante Zar y no al penal de Rawson fue tomada por el jefe de la Base, Rubén Norberto Paccagnini. Ocurre que el 15 de agosto, al momento de la huida de los militantes del penal de Rawson, el por entonces comandante de Aviación Naval se encontraba embarcado en el portaaviones 25 de Mayo. Así, fue recién al día siguiente que pudo comunicarse con su subordinado para transmitirle por escrito su aval y una serie de medidas de seguridad para el trato de los detenidos que nunca se cumplieron.