rata apareció muerta
[Adriana Meyer] El teniente coronel Paul Alberto Navone, quien debía prestar declaración indagatoria en la causa por robo de bebés en Entre Ríos, apareció muerto con un tiro en la sien en Córdoba.
Entre Ríos, Argentina. La noticia debió ser un nuevo capítulo de las causas sobre el destino de los niños nacidos en cautiverio durante la dictadura. Sin embargo, una vez más, terminó siendo un hecho policial con posibles ecos políticos. El ex agente de Inteligencia Paul Alberto Navone apareció muerto en un hotel de la Fuerza Aérea, en la localidad cordobesa de Ascochinga, con un disparo en la sien. Este teniente coronel tenía que presentarse ayer a prestar declaración indagatoria acusado por su supuesta actuación en la sustracción de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná. La fiscalía calificó el hecho como "averiguación de suicidio" y trascendió que Navone le habría comunicado a uno de sus hijos su intención de quitarse la vida. También habría dejado una carta a la familia. "Creo que sabía mucho sobre el destino de los niños nacidos en ese hospital, era como la punta de un iceberg", dijo a Página/12 Guillermo Germano, coordinador del Registro único de la Verdad de Entre Ríos y querellante en la causa.
Al juzgado de Myriam Galizzi llegaron certificados médicos en los que constaba que Navone, que era diabético, habría padecido un pico de glucemia. Por eso la magistrada no ordenó su detención ante el faltazo, tan sólo le fijó una nueva audiencia para interrogarlo el 3 de marzo.
El cuerpo del represor fue encontrado a las 10.15 en los jardines del hotel Parque que la Fuerza Aérea tiene en la zona serrana al norte de Córdoba, a 55 kilómetros de la capital provincial. Habría aparecido con un disparo a la altura de la sien, de un calibre 9 milímetros, con orificio de salida en la zona izquierda de la cabeza, según describió una fuente con acceso al informe que elaboró la comisaría de La Granja, con la intervención de la fiscalía de instrucción de Maria Dimeglia. Al parecer, Navone tenía un emprendimiento gastronómico en ese hotel y vivía en La Granja. En la carta a sus familiares les agradeció por "los momentos vividos" y aclaró que se trataba de "una decisión personal".
La expectativa por la declaración de Navone estaba puesta en la posibilidad de que aportara datos sobre lo sucedido con los hijos mellizos de Raquel Negro, que permanece desaparecida. El 27 de noviembre, el represor Eduardo "Tucu" Constanzo aseguró ante la jueza Galizzi que Navone integró el grupo de tareas que trajo a Negro desde Rosario a Paraná para dar a luz, y permaneció con ella durante su cautiverio en 1978.
La versión de Constanzo es que uno de los bebés, el varón, nació muerto, pero esto se contradice con los testimonios de ex trabajadores de una clínica de pediatría de Paraná, donde habrían ingresado los mellizos. De todos modos, el niño tenía serios problemas de salud que le habrían causado la muerte a los pocos días. Según el mismo relato, la niña fue dejada en la puerta de un convento u orfanato de Rosario, en un operativo realizado por otros represores. Las enfermeras del Hospital Militar los anotaron con los nombres de Facundo y Soledad López.
Constanzo nombró a Walter Pagano, ex agente civil de inteligencia del Ejército, y al teniente coronel retirado Daniel Amelong. La hipótesis es que todo el procedimiento, que terminó con el asesinato de Raquel Negro y la apropiación de sus hijos, fue coordinado por quienes eran los máximos jerarcas de la represión ilegal en esa región: Leopoldo Fortunato Galtieri, Juan Carlos Ricardo Trimarco y Ramón Genaro Díaz Bessone.
El traslado de Negro a Paraná se hizo de manera simultánea con la Operación México, en la que el marido de esa mujer, Tulio "Tucho" Valenzuela, también detenido en Rosario, debía viajar a ese país y asesinar a la cúpula de Montoneros. A pesar de que su mujer seguía en manos de los represores, una vez en México Valenzuela denunció las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían en los centros clandestinos de detención rosarinos y así desarticuló la operación. Valenzuela también permanece desaparecido.
Raquel Negro, María en el libro de Miguel Bonasso Recuerdo de la muerte, pasó por la Quinta de Funes y luego de parir fue llevada por Navone y el teniente coronel Marino González al campo La Intermedia, aunque habría llegado muerta en el baúl de un auto, desnuda y envuelta en una bolsa plástica, según el relato de Constanzo. La mujer habría sido arrojada al mar, junto a los otros 14 detenidos que vinieron de Funes, en uno de los vuelos de la muerte. El testimonio de Jaime Dri, sobreviviente de Funes y protagonista de aquel libro de Bonasso, también forma parte de la investigación que busca reconstruir el destino de la hija de Negro y Valenzuela.
Navone tenía 65 años y prestó servicios en la sección de inteligencia 122 de Paraná, dependiente del Destacamento de Inteligencia 122 de Santa Fe, a su vez en la órbita del II Cuerpo del Ejército con asiento en Rosario. Durante 1976 estuvo en apoyo del Comando de la II Brigada Blindada de la capital entrerriana. La causa en la que debía declarar fue iniciada en mayo de 2005 por Germano, del Registro de la Verdad que depende del Ministerio de Justicia, y por Sebastián Alvarez, hijo de Raquel Negro y su primera pareja, Marcelino Alvarez, también desaparecido. Los hechos investigados están encuadrados en los artículos 139 inciso 2 (alteración de identidad de un menor) y 146 (sustracción de un menor en poder de sus padres), ambos del Código Penal. La jueza temía que Navone no se presentara, por lo que le ordenó a la Policía Federal que lo identificara en cinco juegos de huellas dactiloscópicas y que efectuara un "informe de vida y costumbres", según detalló la página web Analisisdigital.com. Lo que quizá no imaginó la magistrada es que no tendría nunca más posibilidad de tomarle testimonio a Navone.
Entre Ríos, Argentina. La noticia debió ser un nuevo capítulo de las causas sobre el destino de los niños nacidos en cautiverio durante la dictadura. Sin embargo, una vez más, terminó siendo un hecho policial con posibles ecos políticos. El ex agente de Inteligencia Paul Alberto Navone apareció muerto en un hotel de la Fuerza Aérea, en la localidad cordobesa de Ascochinga, con un disparo en la sien. Este teniente coronel tenía que presentarse ayer a prestar declaración indagatoria acusado por su supuesta actuación en la sustracción de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná. La fiscalía calificó el hecho como "averiguación de suicidio" y trascendió que Navone le habría comunicado a uno de sus hijos su intención de quitarse la vida. También habría dejado una carta a la familia. "Creo que sabía mucho sobre el destino de los niños nacidos en ese hospital, era como la punta de un iceberg", dijo a Página/12 Guillermo Germano, coordinador del Registro único de la Verdad de Entre Ríos y querellante en la causa.Al juzgado de Myriam Galizzi llegaron certificados médicos en los que constaba que Navone, que era diabético, habría padecido un pico de glucemia. Por eso la magistrada no ordenó su detención ante el faltazo, tan sólo le fijó una nueva audiencia para interrogarlo el 3 de marzo.
El cuerpo del represor fue encontrado a las 10.15 en los jardines del hotel Parque que la Fuerza Aérea tiene en la zona serrana al norte de Córdoba, a 55 kilómetros de la capital provincial. Habría aparecido con un disparo a la altura de la sien, de un calibre 9 milímetros, con orificio de salida en la zona izquierda de la cabeza, según describió una fuente con acceso al informe que elaboró la comisaría de La Granja, con la intervención de la fiscalía de instrucción de Maria Dimeglia. Al parecer, Navone tenía un emprendimiento gastronómico en ese hotel y vivía en La Granja. En la carta a sus familiares les agradeció por "los momentos vividos" y aclaró que se trataba de "una decisión personal".
La expectativa por la declaración de Navone estaba puesta en la posibilidad de que aportara datos sobre lo sucedido con los hijos mellizos de Raquel Negro, que permanece desaparecida. El 27 de noviembre, el represor Eduardo "Tucu" Constanzo aseguró ante la jueza Galizzi que Navone integró el grupo de tareas que trajo a Negro desde Rosario a Paraná para dar a luz, y permaneció con ella durante su cautiverio en 1978.
La versión de Constanzo es que uno de los bebés, el varón, nació muerto, pero esto se contradice con los testimonios de ex trabajadores de una clínica de pediatría de Paraná, donde habrían ingresado los mellizos. De todos modos, el niño tenía serios problemas de salud que le habrían causado la muerte a los pocos días. Según el mismo relato, la niña fue dejada en la puerta de un convento u orfanato de Rosario, en un operativo realizado por otros represores. Las enfermeras del Hospital Militar los anotaron con los nombres de Facundo y Soledad López.
Constanzo nombró a Walter Pagano, ex agente civil de inteligencia del Ejército, y al teniente coronel retirado Daniel Amelong. La hipótesis es que todo el procedimiento, que terminó con el asesinato de Raquel Negro y la apropiación de sus hijos, fue coordinado por quienes eran los máximos jerarcas de la represión ilegal en esa región: Leopoldo Fortunato Galtieri, Juan Carlos Ricardo Trimarco y Ramón Genaro Díaz Bessone.
El traslado de Negro a Paraná se hizo de manera simultánea con la Operación México, en la que el marido de esa mujer, Tulio "Tucho" Valenzuela, también detenido en Rosario, debía viajar a ese país y asesinar a la cúpula de Montoneros. A pesar de que su mujer seguía en manos de los represores, una vez en México Valenzuela denunció las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían en los centros clandestinos de detención rosarinos y así desarticuló la operación. Valenzuela también permanece desaparecido.
Raquel Negro, María en el libro de Miguel Bonasso Recuerdo de la muerte, pasó por la Quinta de Funes y luego de parir fue llevada por Navone y el teniente coronel Marino González al campo La Intermedia, aunque habría llegado muerta en el baúl de un auto, desnuda y envuelta en una bolsa plástica, según el relato de Constanzo. La mujer habría sido arrojada al mar, junto a los otros 14 detenidos que vinieron de Funes, en uno de los vuelos de la muerte. El testimonio de Jaime Dri, sobreviviente de Funes y protagonista de aquel libro de Bonasso, también forma parte de la investigación que busca reconstruir el destino de la hija de Negro y Valenzuela.
Navone tenía 65 años y prestó servicios en la sección de inteligencia 122 de Paraná, dependiente del Destacamento de Inteligencia 122 de Santa Fe, a su vez en la órbita del II Cuerpo del Ejército con asiento en Rosario. Durante 1976 estuvo en apoyo del Comando de la II Brigada Blindada de la capital entrerriana. La causa en la que debía declarar fue iniciada en mayo de 2005 por Germano, del Registro de la Verdad que depende del Ministerio de Justicia, y por Sebastián Alvarez, hijo de Raquel Negro y su primera pareja, Marcelino Alvarez, también desaparecido. Los hechos investigados están encuadrados en los artículos 139 inciso 2 (alteración de identidad de un menor) y 146 (sustracción de un menor en poder de sus padres), ambos del Código Penal. La jueza temía que Navone no se presentara, por lo que le ordenó a la Policía Federal que lo identificara en cinco juegos de huellas dactiloscópicas y que efectuara un "informe de vida y costumbres", según detalló la página web Analisisdigital.com. Lo que quizá no imaginó la magistrada es que no tendría nunca más posibilidad de tomarle testimonio a Navone.
26 de febrero de 2008
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Rosario, Argentina. "El primero de arriba es Pacheco, pero su nombre real era Pascuali. Era policía federal ferroviario en la Estación Rosario Norte y era agente de inteligencia." A pedido de este diario, el represor Eduardo ‘Tucu' Constanzo, ex agente de inteligencia del Ejército, identificó a los represores registrados en una plantilla fotográfica rescatada en uno los allanamientos que se hicieron, durante los primeros años de democracia, en distintas viviendas de otros involucrados en la represión ilegal en Rosario bajo la última dictadura.
Buenos Aires, Argentina. Lagarto Juancho nació de una olla popular en la esquina de uno de los lugares más pobres de José C. Paz durante la hiperinflación de fines de los '80. Con los años se transformó en uno de los pilares del barrio. Ahora, después de casi veinte años, cerraron sus puertas casi por un absurdo: la falta de alimentos. Lo mismo sucedió en otros 18 centros comunitarios de José C. Paz, en 80 de Quilmes y 16 de Moreno, por nombrar algunos ejemplos. Los comedores estuvieron cerrados en enero y febrero. Y aunque la mayoría ahora está reabriendo sus puertas, el cambio de gobierno en la provincia de Buenos Aires y un retraso de las partidas de Nación explican parte de problema, pero no termina de trasformarse en una solución.
Argentina. Mientras otros dos oficiales retirados de la Armada deberán prestar declaración indagatoria sobre la masacre de Trelew y su posterior encubrimiento, dos oficiales en actividad deberán dar explicaciones acerca de la relación de la fuerza que conduce el almirante Jorge Godoy con los imputados en la causa, sobre todo con el teniente empresario prófugo Roberto Bravo, a quien Interpol ya está buscando en Estados Unidos. Cuando se concrete su detención, el contraalmirante (R) Horacio Mayorga se explayará ante el juez Hugo Sastre sobre la orden de trasladar a los guerrilleros que habían entregado sus armas a la base Almirante Zar –que envió desde Puerto Belgrano el 15 de agosto de 1972– y sobre la frase que pronunció como comandante de la Aviación Naval después del fusilamiento: "Se hizo lo que se tenía que hacer". El capitán de navío (R) Jorge Enrique Bautista en principio no será detenido. Pero deberá explicar quiénes supieron del simulacro de instrucción a su cargo, elaborado para respaldar el cuento del intento de fuga, el tiroteo y las muertes inevitables.
Buenos Aires, Argentina. Eran noventa personas –entre ellas cerca de treinta niños– que estaban doblemente "en Pampa y la vía". Lo estaban por sus condiciones precarias de vida, situación que describe el dicho popular. Y también porque estaban a metros de la calle La Pampa y el cruce de las vías del ferrocarril Mitre, frente a la plaza Barrancas de Belgrano. Los adultos son cartoneros que, desde comienzos de año, se habían asentado allí, sobre un playón de cemento. Desde ese lugar reclamaban que se reactivara el "tren blanco" con el que transportaban sus mercaderías y que fue desactivado el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, por la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA). Ayer, antes del amanecer, el gobierno porteño y la Policía Federal los desalojaron por la fuerza, sin orden judicial. Como algunos se resistieron ante lo que consideraron un atropello, hubo nueve detenidos, seis de los cuales –entre ellos una mujer– tuvieron que ser asistidos porque sufrieron distintas heridas por la violenta represión. Anoche, siete de esas personas fueron liberadas. Las escenas hicieron recordar a las que reconstruyó la película La Redada, sobre un "operativo limpieza" realizado en Tucumán por el ex gobernador de facto Antonio Domingo Bussi, en plena dictadura militar.
Argentina. Media docena de agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) comenzó a desfilar por la fiscalía federal de Marcelo Martini, que investiga la salida de Alfredo Fanchiotti sin autorización judicial de la Unidad 25 de Olmos. Son los que estuvieron de turno el 30 de enero, cuando el ex comisario condenado a prisión perpetua por el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán salió por seis horas de ese particular penal evangélico. "Ojalá hablaran y rompieran la obediencia debida", fue el deseo que expresó uno de los investigadores de la fiscalía, consultado por este diario sobre la posibilidad de que el caso llegue a la dirección del SPB. Por ahora, el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, pidió al jefe de los penitenciarios provinciales que remita a la brevedad las conclusiones de las primeras declaraciones ante la fiscalía para adoptar "las medidas preventivas que hay que tomar".
Argentina. Durante dos horas y bajo la mirada de su apropiador, María Eugenia Sampallo Barragán le contó ayer a un tribunal oral cómo fueron los años de su infancia y adolescencia, en los que vivió con otro nombre, sin saber que era hija de desaparecidos. Este es el primer juicio que una joven apropiada realiza contra el matrimonio que la crió como si fuera propia. María Eugenia, a quien le dijeron que había sido "adoptada", recordó las versiones que oía cuando les preguntaba a sus apropiadores qué había pasado con sus padres: le dijeron que habían muerto en un accidente, más tarde que su mamá era una mujer que hacía la limpieza y la regaló, o que era una azafata que vivía en Europa y había quedado embarazada en la Argentina de una historia extramatrimonial.
Argentina. En 1972 la Armada Argentina ordenó a sus oficiales formular declaraciones con información falsa con el fin de encubrir el fusilamiento de dieciséis presos políticos indefensos y respaldar la versión oficial del "intento de fuga" en la base aeronaval Almirante Zar. El dato consta en la declaración ante la Justicia del cabo que abrió las puertas de los calabozos, Carlos Amadeo Marandino, al que Página/12 tuvo acceso exclusivo. Es novedoso en boca de un marino, pero a nadie sorprende: se trata de la misma fuerza que instaló el mayor centro de exterminio de la ciudad de Buenos Aires y aún no se dignó informar el destino de un solo detenido-desaparecido. Aún más preocupante, sin embargo, es el presente de la Armada: en octubre del año pasado dos capitanes citaron a Marandino al Edificio Libertad para comunicarle la reapertura de la causa y anticiparle que lo tendrían al tanto de cualquier novedad. No sería un caso aislado: según pudo saber Página/12, el capitán de navío Juan Martín Poggi, subsecretario de Relaciones Institucionales que recibió a Marandino, tiene a su cargo una dependencia que en la jerga naval se denomina ‘Grupo de Contención' y funciona dentro de la Secretaría General Naval con el fin de asesorar a los camaradas en desgracia imputados por delitos de lesa humanidad.