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paseos de un tumbero


[Adriana Meyer] El ex policía condenado por el asesinato de Kosteki y Santillán salió del penal sin autorización judicial, acompañado por un subjefe de la cárcel. El Ministerio de Justicia bonaerense separó a la cúpula de esa unidad evangélica.
Argentina. Alfredo Fanchiotti era un preso privilegiado en una cárcel especial. El ex comisario había logrado empezar a cumplir su condena a prisión perpetua por el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en la Unidad 25 de Olmos, la cárcel evangelista en la que (casi) todos los internos están obligados a rezar varias veces al día. Salvo él, que no sólo estaba eximido de cumplir con los cotidianos rituales religiosos, sino que, además, se daba el lujo de salir del penal. Así fue que el 30 de enero abandonó la cárcel custodiado por el subjefe de Vigilancia y Tratamiento, tal como quedó registrado en el libro de guardia. A partir de ese documento, la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense presentó una denuncia penal, la Justicia empezó la investigación y el Ministerio de Justicia intervino el penal y "separó preventivamente" a sus jefes. A su vez, el tribunal oral que condenó al ex comisario ordenó su traslado a la Unidad 42 de Florencio Varela.
"Es de una gravedad para tomar en conjunto, por lo que pasó en Marcos Paz con los represores y el caso López, por la Prefectura con Febres, y ahora esto. Al parecer a estas instituciones no les hace mella ni la democracia ni el discurso gubernamental", se quejó el abogado Claudio Pandolfi, representante de varios heridos en la represión de Puente Pueyrredón de junio de 2002. "Están todos bajo estado de sospecha hasta que se deslinde la responsabilidad administrativa y penal. Esto incluye al jefe del penal, a los jefes de servicios y a todos aquellos que tienen responsabilidad directa en la custodia de detenidos", explicó el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal.

Un Asadito con Amigos
El miércoles 30 de enero estaba nublado y la temperatura era agradable. A las 10.20 se retiró "el interno Fanchiotti Pagano, Alfredo, de salida especial, a cargo del alcaide Diego Borba, subdirector de Vigilancia y Tratamiento", según puede leerse en la foja 59 del libro de conserjería de la cárcel. El guardia a cargo del acceso dejó asentado que "por orden directa del inspector mayor Jorge Suárez no se confeccionará la disposición interna de egreso del interno". Ese día había un bautismo masivo que provocó mucho movimiento en la U25. Los denunciantes sospechan que Fanchiotti salía en forma habitual, pero creen que el penitenciario de turno en la puerta desconocía esa ventaja del ex comisairo y preguntó si asentaba o no la salida. Su superior inmediato le dijo que era su obligación hacerlo, a pesar de que Borba insistía en que Suárez, el jefe del penal, había ordenado lo contrario.
Al condenado a perpetua por la masacre de Avellaneda no pareció importarle que su egreso quedara registrado. Una vez afuera se habría encontrado con un compañero de encierro, el ex juez Rolando Lima, preso en la causa por el intento de evasión de un preso cordobés y por la presunta existencia de una organización dedicada a "vender" coartadas legales. La fuente consultada por Página/12 indicó que habrían ido a comer un asado a la casa de su hermana, la ex jueza Irma Lima. Sin embargo, la ex magistrada y ex funcionaria le dijo a este diario que Fanchiotti nunca entró a su casa, aunque admitió conocerlo. Las salidas de Rolando Lima están autorizadas por la Justicia –a diferencia de las de Fanchiotti– precisamente para visitar a su hermana y asistirla en la convalecencia de la enfermedad que padece. "Estuvo acá el 24 de diciembre pero el 30 no", aclaró Lima.
Ayer, el ministro Casal, cuya trayectoria incluye un paso por el Servicio Penitenciario Bonaerense, explicó que dispuso el relevo de la plana mayor de la unidad penal "para evitar adulteraciones en la documentación" sobre el movimiento de detenidos. Por la tarde, el fiscal federal Marcelo Martini secuestró los libros de la U25 y hoy interrogará como testigos al personal del penal. Tanto Pandolfi como los denunciantes Carolina Brandana y Aníbal Hnatiuk, de Protección de la Secretaría de Derechos Humanos, ya habían comprobado que el Tribunal Oral 7 de Lomas de Zamora no autorizó salidas a Fanchiotti. Si el fiscal Martini verifica lo mismo a los jefes de la cárcel evangelista podría caberles la imputación de "quebrantamiento de la pena" agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario. Mientras tanto, Fanchiotti Pagano tuvo que mudarse y durmió en una cárcel en la que tan sólo estará más controlado.

La Única Salvación
Los doscientos internos de la ‘tumba de los hermanitos', la primera cárcel íntegramente evangelista de Argentina con un régimen de seguridad atenuada y autodisciplina, tienen privilegios impensados para los tumberos de otros penales: visitas frecuentes sin requisa violenta, salidas flexibles y, sobre todo, seguridad para su propia integridad física. A cambio deben cumplir una estricta e intensa rutina de ejercicios religiosos. Las jerarquías no están determinadas por la gravedad del delito cometido sino por el compromiso espiritual y el fervor religioso que le demuestren a los guardias-pastores. Cristo, la única salvación, tal como bautizaron a la U25, es una cárcel donde los civiles comparten almuerzos y cenas con presos que, además de estudiar teología bíblica, limpian y cocinan, fabrican guantes y producen hortalizas. A las seis de la mañana todos se arrodillan, gritan "aleluya" y dan gracias a Dios por un nuevo día. La escena se repite varias veces durante cada jornada.
Fanchiotti, condenado en enero de 2006 y que llegó ahí tras un paso por el penal de Magdalena en donde corrió peligro su integridad física, no participa de los rezos ni de las actividades colectivas. Uno de sus actuales compañeros de encierro lo reconoció como "el cana que me molió a palos varias veces en la comisaría de Avellaneda". Pero el espíritu evangélico que se respira allí lo salvó de una venganza, y encontró el ámbito propicio para ponerse a estudiar Derecho. Con ese objetivo salía en forma frecuente de su cómoda habitación a otra dependencia de Olmos. Sin embargo, en junio pasado la ilusión de que algún día lo llamen "doctor" se le desdibujó por un instante cuando el docente Esteban Rodríguez Alzueta lo reconoció y se negó a tomarle su primer examen. Todo indica que Fanchiotti recobró valor, dejó de andar cabizbajo y miedoso por los pasillos y comenzó a disfrutar de permisos especiales.

21 de febrero de 2008
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no fue intento de fuga


Detenido por su participación en la Masacre de Trelew, el ex cabo Marandino declaró ante el juez. Habría desmentido la versión del supuesto "intento de fuga" sostenida por la Marina desde 1972.
Argentina. El ex cabo primero Carlos Marandino, cuarto detenido en la causa por la Masacre de Trelew, declaró ayer durante cinco horas. Pese al hermetismo de las fuentes de la causa, trascendió que el marino desmintió la versión del "intento de fuga" difundida en 1972 y reiterada la semana pasada por los marinos que declararon ante el juez Hugo Sastre. Marandino habría declarado que sus superiores le ordenaron retirarse luego de abrir las puertas de las celdas para que los presos salieran al pasillo. "Sabían que iban a morir y cantaron el Himno", agregó. Vio ingresar al capitán Luis Emilio Sosa, a los tenientes Emilio Del Real, Raúl Herrera y Roberto Bravo, único prófugo de la causa. Luego sintió ráfagas de ametralladoras y disparos aislados.
Marandino es el tercer marino que presta declaración indagatoria. Los anteriores ratificaron la versión oficial. El capitán Rubén Paccagnini, entonces jefe de la base, dijo que dormía mientras ocurrieron los hechos. Admitió haber sido el primero en ver los cadáveres, pero negó haber conocido una historia diferente a la oficial. El capitán Sosa, sindicado como uno de los fusiladores aquella madrugada, relató que daba "una perorata" cuando recibió "una toma de karate" que lo conmocionó. No alcanzó a levantar la cabeza cuando ya había "cuatro tiradores con ametralladoras PAM" disparando, dijo. Adjudicó la tarea a los entonces tenientes Bravo y Del Real y agregó: "Un cabo joven de Infantería de Marina y otra persona". Interrogado sobre Herrera y Marandino, respondió: "Me da la sensación de que Marandino era el cabo que he mencionado".
Marandino se enteró en Estados Unidos de la orden de detención. El martes al llegar a Ezeiza quedó detenido. Su abogado y sobrino Roberto Aguiar adelantó ayer los trazos gruesos de su declaración. "Recibe la orden de abrir los calabozos y retirarse", dijo. Luego "escucha una discusión entre dos superiores a quienes dice no identificar". Era "un colita" de 24 años, enfatizó. "Estuvo pocos días en ese destino: entre el 10 de agosto y el 3 de septiembre. Luego fue comisionado a los Estados Unidos, previo paso por Puerto Belgrano", concluyó.
"Fue una declaración importante pero no voy a hacer ninguna declaración", afirmó el fiscal Fernando Gélvez. También el juzgado mantuvo silencio. La agencia Télam dejó trascender algunas declaraciones. "Sabían que iban a morir cuando les abrimos las puertas y cantaron el Himno", habría dicho Marandino. Mientras se retiraba vio ingresar a Sosa, Del Real, Herrera y Bravo. Luego del Himno escuchó una ráfaga de ametralladoras, silencio y balazos intermitentes con pistola. Serían los tiros de gracia relatados por los sobrevivientes. Tras los disparos, Marandino habría recibido la orden de revisar a las víctimas, aunque ante el cuadro de cadáveres y sangre se descompuso y tuvo que salir para vomitar. Antes de resolver las situaciones procesales de los cuatro imputados, el juez Sastre ordenaría un careo entre Sosa y Marandino.

21 de febrero de 2008
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cae ex ministro de dictadura


[Victoria Ginzberg] Harguindeguy fue arrestado tras ser visto en Pinamar. El ex ministro del Interior de la dictadura fue detenido y llevado a Tribunales por su responsabilidad en el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim. La jueza Servini de Cubría dispuso su arresto domiciliario.
Argentina. Llevaba un bastón y estaba un poco encorvado. Caminó los pasos que separaban el juzgado de María Servini de Cubría del ascensor apoyando mal un pie, pero sin usar el bastón. Se le notaban los 81 años, pero estaba lejos de la decrepitud. Mantenía las canas y los anteojos grandes, su marca registrada. Así se lo vio al represor Albano Harguindeguy, ministro del Interior de Jorge Rafael Videla, en el tercer piso de los tribunales federales de Comodoro Py. Eran casi las dos y media de la tarde. Acababan de comunicarle que volvía a quedar detenido.
Harguindeguy fue arrestado por el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Ernesto Gutheim en 1976. En esa causa, el juez federal Norberto Oyarbide dispuso en septiembre de 2006 la nulidad del indulto que benefició al ex ministro de Interior, al ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y al dictador Jorge Rafael Videla. En ese momento, el magistrado anuló el perdón pero no ordenó arrestos.
Hace diez días, un guardavidas alertó sobre la presencia de Harguindeguy en una playa de Pinamar. A partir de esa noticia, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió su detención en tres causas en las que el ex ministro está involucrado: el secuestro de los Gutheim, el Plan Cóndor y el plan para ejecutar el golpe militar del 24 de marzo de 1976. La jueza Servini de Cubría –en reemplazo de Oyarbide– mandó a detenerlo. Lo hizo a través del Ministerio de Defensa: el Ejército lo arrestó en su casa y lo llevó a tribunales.
De pantalón claro y saco azul, Harguindeguy se presentó ante Servini de Cubría y revocó el poder de su antiguo defensor Jaime Smart –a su vez acusado por el secuestro de Jacobo Timerman– y pidió que le designaran un abogado de oficio. Al solicitar el beneficio de arresto domiciliario, adujo problemas de salud, además de haber pasado los 70 años. La jueza resolvió que, por el momento, quedara preso en su casa –dio un domicilio de Los Polvorines– y ordenó que el Cuerpo Médico Forense hiciera un informe sobre su estado físico.
Harguindeguy está acusado de la desaparición de Federico y Miguel Ernesto Gutheim. Ambos fueron secuestrados y luego puestos a disposición del Poder Ejecutivo nacional para obligarlos a que su empresa cumpliera con un contrato de exportación que le permitiría a la dictadura obtener una línea de créditos desde Honk Kong. Martínez de Hoz y Videla también están involucrados en este caso. Al ser beneficiado con el indulto en 1989, el ex ministro del Interior estaba en la cárcel. No así Martínez de Hoz, que había sido liberado. Por eso, por el momento, el ex ministro de Economía no está en una celda. Su situación podría cambiar si la Cámara Federal confirma la anulación del indulto dispuesto por Oyarbide.
Harguindeguy también estuvo preso por su responsabilidad en el Plan Cóndor. Fue arrestado en 2004 en la causa en la que se investigaba la coordinación represiva de las dictaduras latinoamericanas durante la década del '70, pero fue excarcelado dos años después. Este expediente está cerca de ir a juicio oral. Además, el represor figura en un pedido de arresto internacional –también por el Cóndor– realizado por la Justicia italiana.
"La medida dispuesta repara la gravísima incongruencia jurídica de que uno de los principales responsables del terrorismo de Estado siga gozando impunemente de libertad, ofendiendo así la conciencia democrática de la sociedad argentina", expresó el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, sobre la detención de Harguindeguy.
En Madres y Abuelas de Plaza de Mayo también hubo satisfacción. "Causa alivio en la sociedad en general", dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora, sostuvo que "era hora que le tocara a este personaje, que era llamado ‘el carnicero' cuando empezó la última dictadura". Era al despacho del entonces ministro del Interior que las Madres y Abuelas concurrían durante la última dictadura para pedir noticias sobre sus hijos.

20 de febrero de 2008
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una rata en prisión, la otra escapa


[Diego Martínez] Por la masacre de Trelew, la Justicia se apresta a tomarle declaración al ex cabo Carlos Marandino, que se entregó. Justicia dictó orden de captura internacional para el otro fugitivo, Roberto Bravo.
Argentina. Mientras el ex cabo primero Carlos Amadeo Marandino fue detenido ayer en Ezeiza, al llegar desde los Estados Unidos, el juez federal Hugo Sastre libró el pedido de captura internacional a Interpol contra el teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, principal acusado por la masacre de Trelew. La Justicia adjuntó a la orden de detención la investigación exclusiva publicada ayer por Página/12, que estableció que Bravo es dueño y presidente de RGB Group Inc., firma con sede en Miami que lleva sus iniciales, factura millones de dólares y brinda servicios a las fuerzas armadas norteamericanas.
Marandino llegó a Ezeiza a las 9.55 y fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que lo trasladó al aeroparque Jorge Newbery. Allí lo recibió la policía de Chubut, que lo transportó en el avión del gobernador Mario Das Neves hasta Rawson. Arribó a las 14.45. Según el diálogo que mantuvo con los agentes que lo detuvieron, días después de la masacre fue trasladado a la base naval de Puerto Belgrano y poco después –igual que el capitán Luis Sosa y el teniente Roberto Bravo– se radicó en los Estados Unidos. En 1975 se habría retirado de la Armada. Recién treinta años después, en 2005, Marandino regresó de los Estados Unidos, donde nacieron sus tres hijas y está radicada parte de su familia. "Parece ido, da la sensación de que está en otro mundo", confió una fuente de la Justicia que tuvo contacto con el marino. Un abogado porteño se comunicó incluso con el juzgado para pedir la eximición de prisión, pese a que ya estaba detenido. Marandino será indagado hoy.
El juzgado de Sastre también ordenó ayer la captura del teniente Bravo, prófugo de la Justicia desde hace once días. Tal como informó Página/12 ayer, Bravo es dueño de RGB Group Inc., con sede en Miami. Bravo fue señalado por los tres sobrevivientes del fusilamiento como uno de los verdugos que recorrió los calabozos para darles los tiros de gracia. Hace más de un mes, cuando aún no habían librado las órdenes de detención, el marino puso en venta su casa en el 6330 de Frost Drive, en Tampa, Florida, ésa es la dirección que figura en el registro de retirados de la Armada Argentina. La inmobiliaria que ofrece el inmueble, construido en 1977, informa que la valuación original era de 215.000 dólares, pero for a quick sale –venta urgente– redujeron el precio a 167.900 dólares. Página/12 intentó sin éxito ser atendido por Bravo en su empresa, aunque el empresario aún estaba allí: un empleado informó que "entra y sale todo el tiempo". Bravo es ciudadano norteamericano y está casado con una norteamericana, con buenos vínculos en el mundillo político local.
De los cinco marinos que el juez ordenó detener el viernes 8, sólo Bravo permanece prófugo. El primer indagado fue el capitán de navío retirado Rubén Paccagnini, jefe de la base Almirante Zar en 1972, quien aseguró no haber escuchado los disparos producidos a 200 metros de su habitación y se limitó a repetir la versión oficial publicitada por la Armada hace 35 años. Un día después el capitán Sosa declaró que intentó dar "una perorata" para poner orden entre los presos, cuando recibió "una toma de karate" que lo dejó "conmocionado". Intentó incorporarse pero "ya habían empezado a tirar las pistolas ametralladoras". Divisó "cuatro bocas de fuego" e identificó a tres fusiladores: el teniente Bravo, al cabo Marandino y el teniente Emilio Del Real. Ante las preguntas del juez Sastre aseguró que "no di ni orden de abrir fuego ni de parar el fuego". Un día después se negó a declarar el capitán de fragata retirado Del Real. Si bien su abogado Fabián Gabalachis había adelantado que "el espíritu es de colaboración", el testimonio de Sosa el jueves modificó su estrategia de defensa.
Mientras Marandino quedó alojado en la comisaría 4ª de Rawson, el capitán Sosa permanece detenido en la comisaría de Playa Unión, y los capitanes Paccagnini y Del Real en la alcaidía de Trelew. Sosa y Paccagnini fueron revisados en los últimos días por un médico oncólogo. El juzgado ya recibió un informe sobre Sosa, según el cual el cáncer de próstata que sufre está controlado. Hoy, cuando concluya la indagatoria a Marandino, comenzará a correr el plazo de diez días hábiles que el juez Hugo Sastre tiene para resolver la situación procesal de los cuatro imputados.

20 de febrero de 2008
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acusados no quisieron hablar


El juicio por la apropiación de María Eugenia Sampallo.
Argentina. Enrique José Berthier entró esposado. "¿Qué tal, cómo te va?", lo saludó con un beso María Cristina Gómez Pinto. Osvaldo Arturo Rivas le dirigió sólo una mirada y un gesto. A sólo unos pasos estaba María Eugenia Sampallo Barragán, la hija de desaparecidos que los acusó por haberla apropiado. En la primera audiencia del juicio oral, los tres procesados se negaron a declarar.
María Eugenia nació en febrero de 1977 pero no sabe la fecha exacta, ni el lugar. Sus padres fueron secuestrados en diciembre de 1977; su mamá, Mirta Barragán, estaba embarazada de seis meses. Fue criada como hija propia por el matrimonio de Rivas y Gómez Pinto. A ellos habría llegado a través de Berthier, militar y amigo de la familia. María Eugenia es la primera joven que, luego de recuperar su identidad, querelló a sus apropiadores, es decir, se convirtió en su acusadora. Rivas y Gómez Pinto llegan al juicio excarcelados. Berthier está arrestado en Campo de Mayo.
Ayer, durante la primera jornada del juicio, se leyeron los escritos acusatorios de los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers y la jueza María Servini de Cubría, que estuvieron a cargo de la instrucción del caso. Luego, como los acusados se negaron a declarar, también se escucharon los testimonios que dieron con anterioridad.
Los relatos de los imputados y de testigos demuestran las múltiples versiones que los apropiadores le dieron a María Eugenia sobre su origen: que sus padres verdaderos habían muerto en un accidente, que era hija de una empleada doméstica o fruto de una relación extramatrimonial de Berthier. María Eugenia supo la verdad en 2001, luego de recurrir a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi).
Abuelas de Plaza de Mayo, otros nietos recuperados –Gabriel Cevasco, Victoria Donda y Tatiana Sfiligoy– y miembros de organismos de derechos humanos acompañaron a María Eugenia en el juicio. Berthier recibió el saludo de la activista Cecilia Pando y su grupo de Memoria Completa. La mujer del mayor Rafael Mercado llegó temprano para asegurarse un lugar ante fotógrafos y movileros e hizo declaraciones contra el Banco Nacional de Datos Genéticos, el organismo oficial donde se realizan los análisis de sangre para establecer la identidad de los hijos de desaparecidos secuestrados durante la última dictadura.
Durante la investigación, Gómez Pinto y Rivas –él ex empleado de una fábrica de galletitas y ahora taxista, y ella ama de casa– admitieron que la niña que criaron e inscribieron como propia no lo era. Gómez Pinto reconoció incluso que fue Berthier quien se la trajo, aunque posteriormente se desdijo. "Me dijo que el día que saliera no quería mirar para atrás para saber de dónde venía el tiro", declaró la segunda mujer de Rivas en referencia a la versión que dio el apropiador y que no incluía referencias al militar. Otros testigos también denunciaron amenazas durante la investigación.
El juicio se reanudará mañana, con la declaración de María Eugenia Sampallo, quien, junto a su abogado Tomás Ojea Quintana, solicitó la pena de 15 años para los responsables de su propio secuestro, apropiación y sustitución de identidad. Se espera que a lo largo del proceso declaren cerca de treinta testigos y que el veredicto se escuche a fin de marzo.

20 de febrero de 2008
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dónde está lópez 26


[Adriana Meyer] Los organismos del caso López le llevarán un petitorio a Scioli. Le pedirán al gobernador que separe a la policía de la causa por la desaparición de López y que exonere de la fuerza a los que participaron de la investigación.
Argentina. La demorada entrevista del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, con organizaciones sociales y de derechos humanos por el caso de la desaparición de Jorge Julio López se concretará hoy. El gobernador recibirá un petitorio, que los propios convocados calificaron como exigente, en el que le pedirán que separe a la Policía Bonaerense de la causa judicial y que exonere de la fuerza a los que participaron de la investigación por los "reiterados encubrimientos y desviaciones que cometieron". Otro de los puntos que expondrán contiene una advertencia: doce de los jefes departamentales que acaban de ser nombrados forman parte de los nueve mil policías formados durante los años de la dictadura. Y también le sugerirán que no es buena idea legitimar la coordinación policial para las agencias de seguridad.
"Es un ejército de 120 mil personas, la mayoría proveniente de las sucesivas purgas, exonerados y represores", puntualizó la abogada Guadalupe Godoy al referirse a la supuesta intención de Scioli de coordinar las actividades de las agencias privadas con la policía, según información publicada por el diario Hoy de La Plata.
Durante la entrevista, los organismos que integran Justicia Ya! le recordarán que en las primeras horas de la desaparición de López el Ministerio de Seguridad provincial admitió que aún quedaban en la Policía Bonaerense nueve mil agentes egresados durante la gestión de los represores Ramón Camps y Miguel Etchecolatz y le señalarán que doce de ellos acaban de ser nombrados por su ministro Carlos Stornelli como jefes departamentales. Además, pondrán en conocimiento del gobernador las irregularidades del caso López, que involucran en forma directa a los policías bonaerenses que participan de la investigación. Y le solicitarán que esa fuerza quede al margen del caso y la exoneración de esos agentes.
Mientras las agrupaciones que integran el colectivo Justicia Ya! preparaban la tradicional marcha, que se realizó ayer entre las plazas Moreno y San Martín, desde la gobernación informaban que no habían recibido ninguna solicitud de audiencia y decían desconocer ese espacio y sus organizaciones. Hacia el mediodía les informaron que "el gobernador tenía una agenda muy apretada" y que anoche iba a participar de una cena en el hotel Hermitage de Mar del Plata. Les ofrecieron mantener una reunión con el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, y con la secretaria de Derechos Humanos, Sara Cobacho. Justicia Ya! La Plata ya había decidido que "por la índole de los temas a tratar" sólo aceptaría reunirse con el gobernador, así que rechazó la propuesta. Al finalizar la marcha hicieron público el documento que piensan darle hoy a Scioli y los HIJOS de Mar del Plata pensaban intentar acercarle una copia mientras el gobernador participaba del cumpleaños 90 de Mariano Mores con gente de la farándula. Enterados de esta última iniciativa, los tiempos se aceleraron en la gobernación y decidieron fijar la entrevista para hoy a las 16.30.
Dos horas antes de la marcha que todos los meses recorre La Plata en reclamo de la aparición con vida de Jorge Julio López, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia les informaron que el gobernador recibirá a Justicia Ya!, cuyas organizaciones son querellantes en la causa por el secuestro y la desaparición del testigo que con su testimonio contribuyó a la condena del represor Miguel Etchecolatz.

19 de febrero de 2008
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los que ocultaron las pruebas


[Adriana Meyer] Indagatorias a miembros del servicio penitenciario.
Argentina. La causa madre por la desaparición de Jorge Julio López no registra, a un año y cinco meses, avance alguno. Pero, en cambio, si prospera la denuncia penal que hizo el fiscal federal Sergio Franco contra una veintena de miembros del Servicio Penitenciario Federal (SPF), a los que acusó de haber frustrado pruebas esenciales para dar con el testigo desaparecido: el juez federal Arnaldo Corazza decidió que los llamará a prestar declaración indagatoria. Así lo había pedido el fiscal y las citaciones serían inminentes, según aseguró a Página/12 una alta fuente judicial. El daño causado no es menor, porque en el expediente hay numerosos indicios que relacionan a represores presos en esa cárcel con sospechosos del caso.
Franco imputó a los penitenciarios por haber obstaculizado el allanamiento del 23 de marzo del año pasado a la cárcel de Marcos Paz porque comprobó que, entre otras irregularidades, aparecieron líneas telefónicas nunca informadas por el SPF que utilizaban los represores, y los libros de guardia que debían reflejar las visitas que reciben estaban "plagados de falsedades y omisiones".
Escribió el fiscal: "Han perjudicado la investigación a tal punto que se ha perdido prueba que podría haber sido fundamental para arribar a resultados positivos en la búsqueda de Jorge Julio López y de los responsables de su desaparición. Ello es así porque la investigación ha sido desviada hacia lugares inconducentes". Y pidió al juez que investigue las "irregularidades con las líneas telefónicas a disposición de los internos" detenidos por violaciones a los derechos humanos, y las "irregularidades en la inscripción en el libro en donde se asientan las visitas a esos detenidos". Franco acusó a catorce miembros del SPF, incluidos los dos últimos jefes de Marcos Paz, de haber cometido "falsedad ideológica de documento público, ocultamiento de información y abuso de autoridad".
En el juzgado de Corazza avanzaron en tal sentido, y en los próximos días serán llamados 19 agentes, que probablemente deban declarar bajo esos mismos cargos. Los acusados tendrán que explicar por qué informaron que la línea que usaba Etchecolatz estaba, en realidad, en el módulo de Enfermería, o por qué aparecieron cinco líneas usadas por los represores que el SPF ocultó durante los procedimientos judiciales; y cómo es posible que aparezcan en el libro de guardia tres personas con el mismo número de documento. Por esos días la hipótesis principal del caso apuntaba a una banda mixta de represores retirados y en actividad con vínculos con los que están presos, que habrían sido los secuestradores de López.
Este diario publicó los detalles de los dos allanamientos a la cárcel, en marzo y en junio, y describió el trato preferencial que las autoridades del penal daban a los represores. A los pocos meses el jefe de Marcos Paz, Hugo Sosa, fue relevado del cargo por el ex ministro de Justicia Alberto Iribarne. "Es bueno que se reactive esto porque así se puede seguir para arriba, y si Iribarne no se va al Vaticano podría tener que dar explicaciones en este caso", especuló uno de los investigadores de la causa.

19 de febrero de 2008
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el otro imputado en la masacre


Uno de los principales acusados por la matanza de Trelew, el ex cabo Carlos Amadeo Marandino, anunció que hoy se entregará a la Justicia, tras llegar desde Estados Unidos.
Argentina. Rodeado, el ex cabo primero de la Armada Carlos Amadeo Marandino decidió informar su paradero el sábado último ante el consulado argentino en Atlanta, Estados Unidos. Uno de los principales imputados por la Masacre de Trelew que seguía prófugo anunciaba así –por consejo de su abogado– que tenía previsto volver al país el 17 de marzo pero que, complicado por la celeridad con que actuó la Justicia en este caso, adelantaría el pasaje para hoy. En efecto, a las 9.45, cuando su avión aterrice en Ezeiza lo detendrá la policía aeronáutica y lo trasladará al aeroparque, desde donde partirá a Chubut para dar cuenta de los hechos sucedidos el 22 de agosto de 1972, cuando fueron asesinados 16 militantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Montoneros y el ERP.
La noticia fue dada a conocer en el mediodía de ayer por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, quien brindó una conferencia de prensa en la gobernación de Chubut junto al mandatario Mario Das Neves, luego de una entrevista con el juez que entiende en la causa, Hugo Sastre. "Tengo para anunciar que se encuentra camino a nuestro país el ex cabo Carlos Amadeo Marandino, que se presentó ante las oficinas de la embajada Argentina en los Estados Unidos (en rigor, fue el consulado de Atlanta), haciendo saber que en el día de hoy viajaba a Buenos Aires para constituirse como detenido en el juzgado federal", reveló el funcionario. El dato ya se manejaba en el juzgado desde el sábado, cuando Cancillería informó vía fax del hecho acaecido en EE.UU. A partir de ese momento, el juez procuró la mayor de las reservas con la información, ante el temor de que Marandino cambiara de postura. Sin embargo, fuentes del juzgado consultadas por Página/12 confiaron en que nada fuera de lo esperable ocurrirá: "No creemos que se complique porque, entre otras cosas, ya nos dijo donde está".
Por lo pronto, habrá que esperar a que Marandino realice el check in de su vuelo 101 de la empresa Delta, que sale de Atlanta y que llegará al país a las 9.45. Una vez que las autoridades confirmen que el represor efectivamente está volando, cosa que estimaban ocurriría a medianoche, se librará la orden de detención para el acusado de 16 homicidios calificados y tres homicidios calificados en grado de tentativa.
Marandino será así el cuarto detenido en esta causa en la que, uno a uno, fueron cayendo desde el viernes 8 el capitán de navío Rubén Norberto Paccagnini, el capitán de fragata Emilio Jorge Del Real y al capitán de fragata Luis Emilio Sosa.
Del único del que se desconocía aún el paradero es el ex teniente de navío, Roberto Guillermo Bravo, al que Página/12 detectó en EE.UU. (ver aparte). El propio Duhalde sugirió que esa podría ser su localización, dado que el país norteamericano tiene una "fuerte vinculación" con los militares imputados. "En la causa surge con claridad que él (Bravo) hizo cursos durante el tiempo que estuvo allí dentro de los cuarteles americanos. Además, Bravo, el mismo Sosa y Marandino tienen propiedades familiares en Estados Unidos", agregó. El secretario de Derechos Humanos añadió que "Bravo hizo cursos en ese país de paracaidismo, de reconocimiento anfibio, todas preparaciones que concluyen recién en el año '81, lo que hace pensar que fue preparado para actividades tal vez en Centroamérica. Por todo esto, es de esperar que sea hallado en poco tiempo", dijo.
A su vez, el funcionario, que también es querellante en la causa, se encargó de refutar la teoría expuesta reiteradamente por los marinos, según la cual la masacre fue producto de un intento de fuga: "Esta no fue una locura de una guardia borracha, sino que fue una medida dispuesta por el gobierno militar en forma institucional, de escarmiento, por lo que Sosa y el ex jefe de la base son autores inmediatos de los hechos". Incluso, Duhalde se opuso a que sea otorgada la prisión domiciliaria y solicitó "que la cadena de mandos (entre el entonces presidente Alejandro Agustín Lanusse y los jefes de la base) si es que estuvieran vivos, también sean convocados".

Informe: Diego González.

19 de febrero de 2008
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