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marino homicida a punto de caer


[Diego Martínez] El teniente de navío Roberto Guillermo Bravo, prófugo de la Justicia desde hace diez días, acusado de fusilar a los presos del penal de Trelew en 1972, está radicado en Florida, Estados Unidos. Pedirán hoy su captura internacional.
Argentina. El principal imputado por la Masacre de Trelew, el teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, con paradero desconocido en los últimos treinta años y prófugo de la Justicia desde hace diez días, vive en los Estados Unidos y es dueño de RGB Group Inc., firma que lleva sus iniciales, factura millones de dólares y provee de servicios médicos a fuerzas militares y de seguridad norteamericanas. Ya en 1974 los sobrevivientes del fusilamiento en la Base Aeronaval Almirante Zar identificaron al Ñato Bravo como uno de los verdugos que recorrió los calabozos para darles los tiros de gracia. Hace más de un mes, cuando el juez federal Hugo Sastre aún no había librado las órdenes de detención, el marino puso en venta su casa en Tampa, costa oeste de Florida. Por alguna razón que la inmobiliaria no explica su precio ya bajó de 215.000 a 167.900 dólares. Durante toda la semana pasada Página/12 intentó sin éxito ser atendido por Bravo en RGB Group. El teniente empresario aún estaba allí: uno de sus empleados informó que "entra y sale todo el tiempo". Hoy el juez federal Hugo Sastre pedirá a Interpol su captura internacional.
Gracias al testimonio de los tres sobrevivientes de la masacre, María Antonia Berger, Alberto Camps y René Haidar, que el poeta Paco Urondo entrevistó en la cárcel de Villa Devoto el 24 de mayo de 1973, el comportamiento del teniente Bravo antes, durante y después del fusilamiento está documentado desde hace tres décadas. Bravo se distinguió desde el primer día por su cinismo y el verdugueo constante a los detenidos. Cuando se hizo cargo de su primera guardia ordenó que no los sacaran a comer por celda sino de a uno, con varios soldados apuntando, y fijó un límite máximo de cinco minutos.
–¡Si seremos boludos! –pensó en voz alta. En lugar de matarlos estamos engordándolos.
Camps recordó que Bravo "se las ingeniaba para estar siempre de noche. La mayor parte de las guardias las cumplía él con su equipo, diurnas y nocturnas. Diría que dormía un turno, seis horas, y después estaba todo el día".
Bravo "buscaba excusas" para sancionarlos. "La sanción, por llamarla así, era hacernos desnudar y hacer cuerpo a tierra de boca hacia abajo o de espaldas en el suelo, o pararnos lejos de la pared y hacernos apoyar con la punta de los dedos en la pared: eso en un tiempo prolongado entumece los dedos", contó Camps.
Otra tortura consistía en impedirles dormir. "Recorría las celdas y apenas encontraba a alguno que estuviera cabeceando, lo pateaba, o nos hacía estar parados", agregó. Los propios colimbas admitían ante los presos que Bravo era "un hijo de puta". Una mañana llevó una corneta para enseñar qué era la diana.
–Ustedes tienen que conocer esto. Desde ahora se les va a despertar así y se les va a dar el silencio de esta manera.
Otro día llevó una revista que las Fuerzas Armadas utilizan para adoctrinar a sus soldados. Se titulaba El Desengaño y contaba una historia en la cual los estudiantes se incorporaban a la guerrilla y cometían todo tipo de atropellos. Cuando algún militante aburrido le explicaba que esas historias no encajaban en la realidad, Bravo refunfuñaba y se alejaba. Con Mariano Pujadas tenía una saña particular. Le hacía barrer el piso desnudo.
–¿Hace frío? –preguntaba, y largaba la carcajada.
Clarisa Lea Place se negó a ponerse cuerpo a tierra. Bravo sacó la pistola, la amartilló y se la puso en la cabeza:
–Vas a morir, hija de puta –le advirtió.
Poco después cumplió su palabra.

Meterse con la Marina
La madrugada de la masacre el teniente Bravo era jefe de turno de la guardia. Despertó a los presos a las 3.30.
–Ya van a ver lo que es meterse con la Marina. Van a ver lo que es el terror antiguerrillero –les advirtió. "Era un poco la ‘teoría', entre comillas, que manejaba Bravo. ‘Al terror se lo combate con el terror.' El aseguraba que nosotros éramos terroristas", recordó María Antonia Berger ante Paco Urondo, que en base a sus relatos publicó ‘La Patria Fusilada'.
Los hicieron salir de los calabozos, formar en dos filas y dieron una orden que nunca antes habían dado:
–Mirar al piso.
La primera ráfaga de ametralladora impactó en la hilera de la derecha. Entre quejidos y puteadas, Sosa y Bravo, pistola en mano, recorrieron los calabozos para dar tiros de gracias.
Camps recordó que junto con Mario Delfino se tiraron cuerpo a tierra a tiempo. Aún estaban ilesos cuando "llega Bravo y nos hace parar, con las manos en la nuca, en la mitad de la celda. Estaba parado, más o menos a un metro de distancia. Nos pregunta si vamos a contestar el interrogatorio, le decimos que no, y ahí me tira, a mí primero, y cuando estoy cayendo escucho otro tiro y veo que cae Mario. Tiró desde la cintura con pistola. Bonet junto con Alfredo Kohon también vieron a Bravo. Nos ordenó que nos paráramos y preguntó si íbamos a declarar. Le respondimos que sí, por decirle algo, porque era una pregunta totalmente fuera de lugar después de una masacre. Bravo estaba con el brazo extendido, caído y suelto, y con la pistola en la mano, pero él no tiró, sino que se fue y enseguidita llegó otro oficial, que siempre vestía de azul. Ni bien apareció en la puerta levantó la mano, con el brazo extendido me apuntó a mí y me tiró". Berger también recuerda que le disparó "el de azul". Minutos después, ya cuando sacaban los cadáveres, "viene dos veces más Bravo a la puerta, con un jadeo totalmente nervioso, y muy preocupado porque no me moría. ‘¡Pero esta hija de puta no se muere! ¡Cuánto tarda en desangrarse!'. Yo juntaba sangre en la boca y la escupía para hacer parecer que me estaba desangrando, pese a que ya se me había parado mucho la hemorragia". Berger también escuchó, minutos después, cuando inventaban la versión que luego difundiría la Armada y el presidente de facto Alejandro Lanusse:
–Bueno, vos tenías una metra y Pujadas intentó quitártela.
Cuando llegaron los primeros marinos que no habían participado (el capitán de navío retirado Rubén Paccagnini declaró el miércoles que fue él el primero en llegar), Haidar escuchó la explicación de Bravo:
–Aquí Pujadas le quiso quitar la pistola al capitán, se quisieron fugar.
Treinta y cinco años después, el jueves pasado, el capitán Sosa repitió la versión oficial. Cuando pasó a inspeccionar los calabozos, Bravo le dijo: "Esta gente se porta muy mal, hablan entre ellos, se quejan, por eso los tengo fuera de los calabozos", declaró. Sosa decidió "hacer una especie de perorata" para que "tuvieran un poco de paciencia" porque los infantes de marina están "modelados para otras tareas" (sic), declaró ante la Justicia. El capitán Sosa asegura que dos veces caminó ida y vuelta entre las dos filas. Cuando volvía por tercera vez recibió "una patada de karate" que lo dejó conmocionado. Cuando se intentó incorporar "ya habían empezado a tirar las ametralladoras PAM". Alcanzó a ver "cuatro bocas de fuego desde tres metros". Identificó a tres de los fusiladores: teniente Roberto Bravo, el teniente Emilio Del Real y el cabo Carlos Marandino.

Refugio en Puerto Belgrano
Cuando los nombres de los fusiladores de Trelew trascendieron, la Marina se ocupó de protegerlos. El capitán Paccagnini declaró que Bravo y Sosa "se fueron de pase a los dos o tres días" de la masacre. Sosa calculó que "en noviembre" ya estaba escondido en Puerto Belgrano, el mayor asentamiento naval del país, cuna de los conspiradores que bombardearon Plaza de Mayo en 1955 y símbolo de persecución ideológica durante el último medio siglo. El 22 de agosto de 1974 el diario Noticias informó que los paraderos de Bravo y Sosa eran "uno de los secretos más celosamente guardados por la Marina hasta hoy". Ese mismo año el abogado Juan Carlos Ibarborde informó a la Justicia que sus defendidos Bravo y Sosa no podían presentarse a declarar porque "se encuentran en el extranjero" y apuntó el domicilio donde podía ubicarlos: "Agregaduría Naval Argentina en Estados Unidos, 1816 Corcoran St., N. W., Washington D. C.". Bravo era aún teniente de fragata. Sus pasos posteriores son un misterio. Se desconoce si durante la última dictadura militar seguía en Estados Unidos o prestó servicio en algún centro clandestino de la Armada. En los libros oficiales consta que pasó a retiro el 1º de abril de 1979, como teniente de navío.
Ayer el titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Luis Duhalde, informó que Bravo "hizo cursos en Estados Unidos: de paracaidismo, de reconocimiento anfibio, todas preparaciones que concluyen recién en 1981, lo que hace pensar que fue preparado para actividades en Centroamérica". Igual que Paccagnini, Bravo es oriundo de Bahía Blanca. Se crió en el barrio Sánchez Elías. Al menos un hermano suyo es suboficial de Infantería de Marina. Su padre falleció hace dos meses, a sus 91 años. El teniente está casado con una mujer norteamericana, con buenos vínculos en el mundillo político local, y es ciudadano norteamericano. Su casa, en el 6330 de Frost Drive, en Tampa, Florida, fue construida en 1977 y está en venta desde hace "más de 30 días". La inmobiliaria que la ofrece informa que cuesta 215.000 dólares, pero for a quick sale –venta urgente– se conforman con 167.900.

19 de febrero de 2008
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se entregó rata de trelew


Derechos humanos: se entrega en EE.UU. ex marino argentino.
Estados Unidos/Argentina. Uno de los ex marinos cuya captura pidió un juez de Argentina por el fusilamiento de 16 guerrilleros en una base naval del sur del país en 1972 se entregó hoy en la sede de la embajada argentina en EE.UU, dijeron a Efe fuentes oficiales.
Se trata del ex cabo primero Carlos Amadeo Marandino, quien se presentó en la sede diplomática de su país en Washington, indicaron portavoces de la Secretaría de Derechos Humanos sin dar mayores precisiones.
Hasta ahora habían sido detenidos en Argentina otros tres acusados por la denominada Masacre de Trelew y, tras la decisión de Marandino de entregarse en la capital estadounidense, sólo permanece prófugo el ex teniente Roberto Bravo.
La semana pasada había sido apresado el ex capitán de corbeta Luis Sosa y previamente fueron encarcelados los ex oficiales navales Emilio Del Real y Rubén Paccanini.
Los tres han sido trasladados a la ciudad de Rawson, a 1.400 kilómetros al sur de Buenos Aires, donde el juez Hugo Sastre instruye una causa en la que les imputa aplicaciones de torturas, homicidios, tentativas de homicidio y privación ilegal de la libertad.
El juez Sastre indicó hace unos días que los crímenes de la "Masacre de Trelew" no han prescrito porque él dio "un golpe de timón" en el expediente, al considerar que se trata de delitos de lesa humanidad.
El magistrado ha fundado los cargos contra los ex oficiales en testimonios de personas que cumplieron el servicio militar en la base naval Almirante Zar, de la ciudad de Trelew, cuando ocurrió el fusilamiento.
A mediados de agosto de 1972, 25 miembros de grupos armados de izquierda huyeron del Penal de Rawson y tomaron el aeropuerto de la vecina Trelew, donde fuerzas militares apresaron a 19, mientras que otros seis escaparon en un avión a Chile.
Los 19 guerrilleros apresados fueron llevados a la base naval, donde 16 murieron y los restantes recibieron graves heridas al ser ametrallados en sus celdas en la llamada Masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972, cuando el país era gobernado por el general Alejandro Lanusse, fallecido en la década pasada.
Los sobrevivientes, Alberto Camps, María Berger y Ricardo Haidar, fueron quienes primero denunciaron el crimen y, posteriormente, sufrieron la represión política desatada por la última dictadura militar (1976- 1983).
Entre los guerrilleros que se fugaron a Chile estaba Enrique Gorriarán Merlo, fallecido en 2006, coautor declarado del asesinato del ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza, cometido en septiembre de 1980 en un atentado en Asunción, donde estaba exiliado.
Gorriarán Merlo fue también responsable del ataque de 1989 a un cuartel del Ejército en las afueras de Buenos Aires que causó 42 muertos, 31 de los cuales eran miembros del izquierdista Movimiento Todos por la Patria, por lo que fue condenado a prisión perpetua en 2002 e indultado en 2003.
El secretario argentino de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, se presentó hoy en el juzgado de Rawson a cargo del juez Sastre en su condición de querellante en la causa por la Masacre de Trelew.

18 de febrero de 2008
©la nación
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echando mano a viejos métodos


[Adriana Meyer] El conflicto en Mafissa. Delegados de la petroquímica denuncian que la empresa colaboró con la represión en los '70 y ahora utiliza tácticas de aquella época en el conflicto laboral.
Argentina. En los años '70, Petroquímica Sudamericana era una de las principales protagonistas de las luchas obreras, como parte de la Coordinadora de La Plata, Berisso y Ensenada. Y sufrió las consecuencias: quince de sus trabajadores están desaparecidos. La actual comisión interna acusó a los dueños, la familia Curi, de haber "contratado los servicios de la policía de la provincia de Buenos Aires para infiltrar a sus operarios" y de haber hecho apología de la dictadura. Esto ocurrió en medio de un intenso conflicto laboral que comenzó hace un año por mejoras salariales, terminó con despidos, suspensiones y lockout patronal, y cuyas protestas, según los trabajadores, están siendo reprimidas con los mismos métodos de aquella época. El delegado Hernán García le dijo a Página/12 que esta semana fue detenido junto a otros compañeros, y que el viernes hubo un operativo de la Infantería mientras realizaban una asamblea en la puerta de la fábrica. Por su parte, el gerente de recursos humanos de la empresa, Ricardo González, afirmó: "Si desbloquean el portón la planta vuelve a funcionar". Al mismo tiempo dijo que el rol de la familia Curi en la dictadura "no tiene nada que ver" con el conflicto. Este diario accedió al informe de inteligencia de la Bonaerense en el que consta el pedido que Petroquímica Sudamericana hizo en mayo de 1970 para "incorporar a tres hombres que identifiquen" a una "célula de orientación izquierdista" que "incita a paros y conflictos para obtener mejoras salariales".
Esta empresa, que luego se llamó Hilandería Olmos y hoy se denomina Mafissa (Manufactura de Fibras Sintéticas S.A.), produce fibra sintética y cuenta con más de 500 operarios. Provee el ochenta por ciento de la materia prima de la industria textil nacional y exporta a varios países, con una facturación de 400 millones de pesos por año. Sin embargo, por estas horas está funcionando al 10 por ciento de su capacidad.
Los empleados denunciaron que los dueños incurrieron en lockout patronal, es decir, que apagaron las máquinas y se retiraron del predio ubicado en 44 y 184, en Lisandro Olmos, con el objetivo de desarticular la organización con la que han obtenido importantes mejoras laborales. "A partir de 2005 estamos escribiendo nuestra propia historia", explicó García al referirse a los años previos en que la comisión interna gremial de la Asociación Obrera Textil (AOT) "avaló despidos y garantizó salarios de hambre y precarización laboral". Según enumeró el delegado, la nueva comisión frenó despidos, logró aumentos "y consiguió más efectivizaciones que en décadas de la AOT". Pero esos logros tuvieron su costo. Ante cada reclamo hubo despidos y suspensiones.
El conflicto se intensificó en marzo de 2007 cuando los trabajadores empezaron a pedir un aumento de un 20 por ciento en sus sueldos básicos, acorde a la canasta familiar (sus sueldos rondan los mil pesos), que sean respetados los convenios colectivos y la antigüedad, la efectivización de los contratados, el pase a planta permanente luego de tres meses de trabajo y mejoras en las condiciones de trabajo. En ese momento Mafissa despidió a 120 operarios, que dos meses después tuvo que reincorporar conciliación obligatoria mediante. Pareció un triunfo de los trabajadores pero no lo fue. El 19 de octubre, el Ministerio de Trabajo bonaerense le rechazó un recurso preventivo de crisis, y a pesar de eso despidió a 103 trabajadores. Luego hizo que el ochenta por ciento del resto de los empleados se tomara vacaciones forzadas y procedió a apagar la CPU (la unidad continua de policondensación, área madre de la producción). Los empleados acamparon frente a la fábrica "en resguardo de la fuente de trabajo". Como respuesta hubo citaciones judiciales que acusaban a la comisión interna de incitar a la toma violenta de la planta.
"Los noventa despidos son un tema cerrado, posterior a la conciliación obligatoria", dijo González a Página/12. "Ellos empezaron a bloquear las puertas e impedían el ingreso de mercadería y de clientes, así que no pudimos seguir pagando los sueldos", agregó el gerente de Recursos Humanos de Mafissa. Y ratificó que desde hace 10 días todo el personal está suspendido sin goce de haberes. Según el directivo, "el martes habrá una reunión en AOT, y si deciden desbloquear el portón la empresa vuelve a funcionar". El delegado García aclaró que ese encuentro convocado por AOT no es resolutivo como plantea González, porque "las decisiones las toma la asamblea de trabajadores". Sin que mediara pregunta, el gerente explicó que "los despidos tuvieron que ver con una reestructuración a partir de los paros parciales que hubo, porque se perdieron clientes". Este diario le preguntó si habían despedido a los delegados o a los que hicieron paro. "No, no, los despidos no fueron discriminatorios, la empresa se vio obligada a bajar los costos por los conflictos", respondió. La comisión interna tiene otra visión. "Mafissa amasa fortunas con nuestra explotación, pésimos salarios y condiciones inhumanas que le han costado la vida a varios compañeros. Se vieron beneficiados con la devaluación porque hacen los negocios en dólares y los salarios los pagan en pesos", afirmó en un comunicado en el que destacan la solidaridad de organizaciones de derechos humanos y de desocupados para sostener su lucha y su fondo de huelga.

El Pasado que Vuelve
Jorge Curi, padre, escribió en 1977 el libro ‘Arriba Argentina', en el que saluda con euforia el golpe de Estado y repite los argumentos de los militares: que los desaparecidos están paseando por Europa, que las Fuerzas Armadas están cumpliendo con su deber patriótico trayendo orden. "A los argentinos nos consta que nuestro actual gobierno ha derrotado ampliamente a la subversión y ha obligado a muchos de sus componentes a emigrar a países lejanos donde, bien pertrechados de dinero, descansan y esperan", escribió el empresario en la página 432. "La Empresa Olmos consideró que era su deber otorgar al nuevo equipo gubernamental un amplio voto de confianza", puede leerse un poco más adelante.
En el período previo al golpe, Curi buscó los "servicios" de inteligencia de la Policía Bonaerense para "detectar activistas" en Petroquímica Sudamericana. El 18 de mayo de 1970, el entonces jefe de vigilancia de la fábrica, de apellido Longoni, fue designado por Curi para trabar contacto con el Comando de Operaciones y el Servicio de Informaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Sipba). A juzgar por los informes y listados elaborados por los comisarios platenses entre 1970 y 1978 –rescatados por el Archivo Provincial de la Memoria– que señalan a los trabajadores que se organizaban en el Comité de Huelga, el pedido fue concretado.
"Han aparecido en la Planta Petroquímica panfletos que considera de carácter extremista que incitan a paros o conflictos (...) En la empresa no existen problemas de tipo laboral y los salarios están ajustados al último convenio (...) se debe tratar de un pequeño grupo que quiere crear un clima de intranquilidad (...) que ellos no se encuentran en condiciones de detectar". Así informó al jefe del Sipba el policía que se entrevistó con el enviado de Curi. "El señor propone la incorporación de tres hombres, a quienes les abonará el salario correspondiente, a fin de que logre identificar a este núcleo de persona disolventes a juicio de la empresa", concluyó el informe.
En 1975, ocho militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) fueron asesinados cuando se dirigían a apoyar a los obreros de Petroquímica Sudamericana, en la denominada masacre de La Plata realizada por la Triple A. Pero la textil de los Curi cuenta con sus propios desaparecidos y asesinados. Ellos son Juan Carlos Leiva, Miguel Angel Lanzafame, Néstor Cortez, Julio Beltraco Zurita, Néstor Azar, Héctor Juliá, Alberto de la Canal, Jorge Giorgieff, Julio Heredia, Martínez, Cisneros y Ana María, de Personal.
"Más allá de desmentir todo eso, que no tiene nada que ver con el conflicto, consideramos que es para embarrar la cancha", afirmó el gerente González. "El gobierno tiene que investigar la complicidad civil en esos años, porque nos consta que Jorge Curi hijo estuvo a cargo de la fábrica mucha veces cuando su padre estaba de viaje, de modo que no es ajeno a lo que ocurrió", replicó el delegado García. La preocupación vuelve al presente cuando el delegado afirmó que González estuvo "al mando" del operativo del viernes, "con tres camiones de Infantería para intimidar" durante la asamblea en la puerta de la fábrica. "Hacemos responsable al gobierno provincial de la integridad física de los trabajadores de Mafissa", agregó García. En octubre fueron reprimidos en la puerta del Ministerio de Trabajo provincial, y los delegados Ferraro y Bustos terminaron en el hospital.

18 de febrero de 2008
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otra rata en el negocio de la seguridad


[Nora Veiras] Otro caso de un represor involucrado en el negocio de la seguridad privada. Tiene dictada la prisión domiciliaria en Comodoro Rivadavia en la causa por los fusilamientos del '76 en Salta. Y es copropietario de una agencia de vigilancia en Chubut.
Argentina. El 6 de julio de 1976, el entonces capitán del Ejército Hugo César Espeche se presentó a las 19.45 ante el director del penal de Villa Las Rosas, en Salta, con la misión de trasladar a once presos políticos. Como avezado oficial de la dictadura dio dos órdenes: "Esto no se anota en los registros", dijo y conminó a los carceleros a apagar todas las luces y retirarse de los pasillos "a objeto de que la operación resulte lo más secreta posible". Los doce presos (fue sumado uno de Jujuy) fueron ejecutados a los pocos kilómetros en un simulacro de fuga. Durante veintisiete años, Espeche, retirado como teniente coronel, gozó de impunidad. En el 2003 fue detenido por su responsabilidad en la Masacre de Las Palomitas pero parece que lo suyo sigue siendo violar la ley: a pesar de su prontuario es copropietario de una agencia de seguridad, ESPE SRL (sic), y acaba de ser denunciado por andar de compras haciendo caso omiso de su prisión domiciliaria, confirmada por la Corte Suprema de la Nación. La Justicia analiza la posibilidad de revocarle ese privilegio.
El 21 de diciembre de 2006, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta ratificó el fallo que consideró "prima facie" a Espeche como "partícipe secundario responsable del delito de homicidio doblemente calificado por haberse cometido el hecho investigado con alevosía y mediando participación de dos o más personas". A pesar de que todavía no había cumplido los 60 años, Espeche consiguió que la Cámara salteña reviera la decisión del juez Abel Cornejo y le autorizara la prisión domiciliaria en Comodoro Rivadavia, Chubut, a más de cuatro mil kilómetros del lugar del proceso. Problemas cardíacos motivaron el deseo concedido. Ni siquiera ese beneficio le fue suficiente y su defensa presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación reclamando la excarcelación. Los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Enrique Petracchi coincidieron en que el planteo era inadmisible y reclamaron a la Justicia salteña acelerar los procesos contra los represores.

Un Experto
La reactivación de la causa por la Masacre de Palomitas impulsada por los familiares en el 2002 no amilanó a Espeche. Consolidado como un especialista en el rubro seguridad y limpieza en Comodoro Rivadavia, siguió adelante con la empresa que lo sacaba de las sombras. Jugó a ver su nombre casi completo en letras de molde y por una vez no vinculado con Palomitas. Bautizó a su emprendimiento ESPE SRL.
En el 2004, en Chubut se sancionó una ley que intentaba sanear el rubro seguridad y, al igual que en otras jurisdicciones, ponía como requisito que sus integrantes no tuvieran antecedentes por delitos de lesa humanidad, pero los mecanismos de control fallaron. El último registro societario registrado es del 2004 y Hugo César Espeche aparece como gerente titular asociado con otro militar retirado, el coronel Eduardo Falco.
De la mano del boom petrolero de Chubut, ESPE SRL consiguió un contrato con Pan American Energy y las camionetas con su logo empezaron a recorrer las zonas de producción. El consorcio conformado por un 40 por ciento de la empresa argentina Bridas de Carlos Bulgheroni y un 60 por ciento de British Petroleum es el que acaba de descubrir una reserva que le permitiría a la provincia duplicar su producción anual. La vinculación de firmas multinacionales con servicios de seguridad y vigilancia en el que se reciclaron represores no es nueva. Página/12 denunció en su momento que el teniente coronel Héctor Schwab, subordinado de Antonio Bussi en la Brigada de Infantería V de Tucumán, fundó en 1998 la agencia Scanner SA. Allí acogió a la apologista del genocidio Cecilia Pando, cara visible de la autodenominada Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina. En 2003, Schwab estuvo preso por orden del juez español Baltasar Garzón. En 2006 fue denunciado por hostilizar a empleados tercerizados de Movicom y Telefónica. En Tucumán está acusado por un secuestro extorsivo y por la desaparición de un subordinado. Scanner le prestó servicios durante años a Aerolíneas Argentinas mientras estuvo bajo las órdenes del español Carlos Mata. Otro caso es el del coronel retirado Jorge Luis Toccalino, detenido por la Justicia federal de Necochea por secuestros y torturas en esa ciudad: además de tener empresa propia preside la Cámara de Empresas Líderes de Seguridad e integra el tribunal de honor de la Asociación Argentina de Seguridad Privada.
Este diario también reveló la semana pasada que el coronel retirado Aldo Álvarez, prófugo de la Justicia, encabeza en las sombras una agencia de seguridad.

Enfermo Inquieto
A Espeche, la prisión domiciliaria parece haberle dado más bríos. Es lógico si se tiene en cuenta que goza de permiso para salir tres veces por semana a hacer gimnasia, además de las visitas autorizadas al médico y al fisioterapeuta. A simple vista, no sería complejo vigilar su laxa rutina de encierro teniendo en cuenta que en la planta baja del mismo edificio donde vive funciona un juzgado pero, se sabe, nada es tan simple.
A casi cuatro mil kilómetros del lugar donde está procesado por haber activado el mecanismo que permitió el fusilamiento de seis hombres y cinco mujeres detenidas antes del golpe del '76, Espeche nunca pensó encontrarse hace un par de semanas con alguien que lo reconociera. David Leiva, uno de los abogados de los familiares de las víctimas de la masacre, dijo a Página/12 que "presentamos ante el juez Cornejo un pedido de revocatoria de la prisión domiciliaria fundado en el testimonio de Javier Guzmán, un muchacho salteño, de Orán, que trabaja en un corralón en Comodoro Rivadavia, que reconoció a Espeche cuando fue muy suelto de cuerpo a pedir un presupuesto. Esperamos que el juez llame ahora al testigo, al otro empleado que lo atendió y se revea ese privilegio".
Nora Leonard, hermana de una de las víctimas de la masacre, comentó que "los familiares estamos indignados, es una afrenta la impunidad con la que se siguen manejando después de más de treinta años". La investigación por la Masacre de Palomitas está desdoblada en dos juzgados. En el camino quedó el camarista salteño Ricardo Lona, sometido a juicio político, entre otras causas, por su desempeño como juez federal durante esa emboscada macabra. Aunque no fue destituido sino que renunció, los familiares de Palomitas siempre recuerdan el comunicado del coronel Carlos Alberto Mulhall, jefe del Destacamento Salta del Ejército, dirigido al entonces juez Lona, en el que informaba que "en cumplimiento de órdenes recibidas por la superioridad se procederá al traslado (...) Oportunamente se le hará conocer el lugar donde permanecerán alojados".
Mientras la fecha del juicio que tiene como máximo responsable a Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, sigue siendo un enigma, los familiares esperan que Espeche sienta, al menos, el rigor de estar preventivamente privado de su libertad.

18 de febrero de 2008
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cárcel en manos de la mafia


En Corrientes, destituyeron a 14 jefes y oficiales por tráfico. Dos jefes y 12 oficiales del Penal 1, en la capital correntina, fueron desplazados después de ser investigados durante un año. Fueron denunciados luego de tres asesinatos en marzo de 2007.
Corrientes, Argentina. En Corrientes, dos jefes penitenciarios fueron separados de su cargo en la Unidad Penal 1 y puestos a disponibilidad de la Justicia y 12 oficiales fueron suspendidos luego de una investigación que determinó que "estaban involucrados en el ingreso de drogas, alcohol y armas" a la penitenciaría. La información fue confirmada a Página/12 por Miguel Angel Domínguez, el interventor del Servicio Penitenciario correntino desde marzo de 2007, cuando tres presos fueron asesinados en su celda. Se trata de jefes y oficiales que trabajaron "durante años en una red de tráfico ilegal dentro del penal junto a internos". Drogas legales como el Rivotril y el Valium, alcohol, marihuana, facas y machetes fueron algunos de los elementos que habrían repartido entre los presos, previo pago de un arancel, reveló. La subsecretaria de Seguridad provincial admitió los hechos y confirmó que son "verdaderas" las denuncias de familiares de internos, que le dijeron a este diario que los presos están hacinados y no tienen agua, y que los que se quejan son "reprimidos con golpes por agentes encapuchados".
"Decidí separar de su cargo a dos jefes y suspender a doce oficiales por 30 días, y pasarlos a disponibilidad del Ejecutivo provincial debido a que estaban involucrados en diversas irregularidades, como el ingreso de armas y drogas al penal", informó Domínguez, interventor del Penal 1 desde que los internos Ramón Centurión, José Ramírez y Samuel Céspedes aparecieran acuchillados, baleados y con heridas provocadas con un hacha en su celda, el 19 de marzo pasado. Desde entonces, se secuestraron en diversas requisas casi 600 porros, numerosas botellas de fernet y ‘pajarito' –una bebida alcohólica casera que preparan los presos–, cuantiosas ‘facas' y ‘lanzas' y cerca de 400 pastillas de Valium y Rivotril para cócteles.
Todo era ingresado en la penitenciaría "por la anterior cúpula, encabezada por el ex director del Penal 1 Benigno Maidana, que fue desplazado pero jamás procesado", explicó a Página/12 Cecilia Gortari, subsecretaria de Seguridad de Corrientes. "Los jefes y oficiales acusados repartían esos elementos entre los recluidos, que traficaban entre sus compañeros", amplió Domínguez. Liliana, familiar de un preso –que solicitó no ser identificada–, contó a este diario que una vez fue a visitar a su hermano y vio "al lado de la oficina de Maidana, una pila de cajas de botellas de whisky". El interventor le dio crédito a la denuncia de la mujer: "Esto estuvo manejado por directivos y oficiales, porque un cabo no podría ingresar una caja de whisky", consideró Domínguez. Y concluyó: "Según la investigación, los acusados deberían ser exonerados".
Cerca de 500 presos ocupan el lugar que deberían ocupar no más de 180 en el Penal 1, una cárcel de estilo mediterráneo que data de fines del siglo XIX. Allí, las condiciones son "infrahumanas": hasta doce presos conviven en celdas de dos metros cuadrados y 1,60 de altura, entre la ropa colgada, sin sábanas ni frazadas, y mucho menos jabón o agua.
"En esas versiones hay cosas relativas, pero sí, existen graves problemas de infraestructura de los que estamos en plena conciencia", sostuvo la subsecretaria Cecilia Gortari.

¿Y qué hace falta además de esa conciencia para arreglar los problemas?
El financiamiento, porque ya hay un proyecto para construir una nueva unidad que descomprima el Penal 1. En el Penal 6, que hicimos hace poco para vaciar las comisarías, sólo hay procesados. Pero es claro que jamás lograremos reinsertar a un preso si convive apretado, sin agua ni jabón –completó la funcionaria del Ministerio de Seguridad.

Precisamente, fue en el Penal 6 donde el pasado fin de semana ocurrió otro episodio que volvió a poner sobre el tapete el sistema penitenciario provincial. En el Penal 1 "es impresionante lo mal que viven los chicos", se quejó Liliana. "La droga que les venden los agentes les sirve para evadirse", aseguró Hilda Presman, de la Red Provincial de Derechos Humanos de Corrientes. Familiares de los internos, cuando fueron de visita en las pasadas fiestas de fin de año, alcanzaron a divisar "cajas de whisky, cigarrillos, porros, pastillas" y hasta "una pistola .45", según enumeraron. "No entran en una vagina", ironizaron, como respuesta a las requisas que sufren las visitantes y a las habituales argumentaciones del contrabando que dan los penitenciarios. Las fuentes familiares pidieron no ser citadas, por miedo a que, como denunciaron que les hacen a los internos que alzan la voz, un día los despierte un encapuchado y los muelan a golpes de puño y macana.
"Algunos agentes se ponen capucha y les dan golpizas a los chicos, y después a los familiares no nos dejan verlos por días. Muchos no resisten, pibes a los que les faltaban días para salir se ahorcaron", dijo Graciela, esposa de un joven interno. Domínguez admitió que el Penal 1, ubicado en la avenida 3 de abril 57, en Corrientes capital, fue "zona liberada" por años. "Hubo denuncias sobre esas golpizas y se está investigando para tomar medidas, pero es más difícil de llegar al esclarecimiento porque cuesta encontrar al golpeador, que no siempre es el mismo", se excusó.
Los principales sospechados fueron apartados mientras se realizó la última etapa de la investigación interna, que concluyó la semana pasada. Eso permitió que los internos y los agentes subordinados declararan con libertad. "De esta investigación se desprendió que los involucrados fueron, en su mayoría, miembros de la alta cúpula directiva del penal y oficiales jerárquicos. Muy pocos son agentes de menor grado", precisó Gortari.
En el Penal 1 existe un incentivo de 75 pesos por mes decretado para los internos que trabajan en tareas de limpieza del penal.

¿Realmente les pagaban?
En realidad no. Según las investigaciones, los oficiales que decidían quién trabajaba y quién no se quedaban con una parte como comisión. Y el resto, creemos que era usado para hacer funcionar la red de tráfico interno. O sea, les daban trabajo y luego les cobraban las provisiones.

Informe: Luis Paz.

18 de febrero de 2008
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adoptada por ladrones de bebés


[Victoria Ginzberg] María Eugenia Sampallo Barragán, la primera en querellar a sus apropiadores. "Que sean condenados con la mayor pena".
Argentina. El martes empieza el juicio oral contra los dos apropiadores y el militar que la entregó. Es el primer caso en llegar a esta instancia en el que una hija de desaparecidos que recuperó su identidad es querellante. "Ellos se ponían en el lugar del salvador. Piensan que lo que hicieron estuvo bien", dice Eugenia que, además, será testigo.
"Socialmente no está aceptado el castigo a los apropiadores. Creo que tiene que ver con algo más general sobre quiénes son las personas adecuadas y quiénes no para criar a los chicos. En algún momento y todavía ahora había que sacarles los hijos a los pobres porque otras clases sociales podían criarlos mejor. En el '70 eran los militantes los que no tenían que criar a sus hijos. Y la Justicia, cuando trata un caso de apropiación de bebés durante la dictadura, no lo hace como si fuera un caso grave, sino como si estuviera tramitando el robo de un automóvil", dice María Eugenia Sampallo Barragán. Es hija de desaparecidos, fue secuestrada y recuperó su identidad en 2001. El martes comienza el juicio contra el militar que la entregó y la pareja que la crió como hija propia y le mintió durante 23 años. Ella es querellante en la causa. Es la primera.
El juicio oral y público que empieza el martes en los tribunales de Comodoro Py es el cuarto de ese tipo en el que se ventilan el secuestro y robo de un menor durante el terrorismo de Estado. Hasta ahora los únicos casos que llegaron a esa instancia (los otros procesos fueron escritos) fueron los de Martín D'Elia, Claudia Poblete y Carmen Sanz. En el primero la apropiadora fue condenada a sólo tres años de prisión en suspenso. En el segundo, el militar Ceferino Landa y su mujer recibieron nueve y cinco años y medio. La tercera vez no hubo apropiadores en el banquillo: los represores Miguel Etchecolatz y Jorge Bergés fueron a juicio por el secuestro y recibieron siete años. Esta vez, María Eugenia y su abogado, Tomás Ojea Quintana, pidieron quince años para los tres acusados: Osvaldo Arturo Rivas, María Cristina Gómez Pinto y el militar Enrique José Berthier. El médico Julio César Cáceres Monié (‘El Tordo'), que firmó su falsa partida de nacimiento, murió antes de poder ser procesado.
En los anteriores juicios orales, los jóvenes apropiados prefirieron mantener el perfil bajo. Pero María Eugenia se puso al frente de la causa. Fue la primera nieta recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo en hacerlo. La decisión se originó, en parte, por la propia burocracia judicial. Rivas y Berthier habían abierto una contracausa en la que la acusaban a ella y a todos los testigos de mentir. Con el visto bueno de los fiscales del caso, María Eugenia pasó a estar imputada por falso testimonio. Eso la llevó a comprometerse con el devenir de la investigación y a tomar el rol de acusadora de quienes alguna vez creyó sus padres.
No sabe cuándo ni dónde nació. Festeja el cumpleaños el 8 de febrero: "La elegí democráticamente con mi abuela, mi tía y mi hermano. Era el aniversario de casamiento de mi abuela. A propuesta de ella quedó esta fecha... hasta nuevo aviso. Si algún día hay una nueva noticia me lo tendré que cambiar de nuevo".
Su mamá, Mirta Mabel Barragán, era trabajadora de la fábrica SIAP (Sociedad Industrial de Aparatos de Precisión), delegada de la sección Tableros y militante del Partido Comunista Marxista Leninista. Su papá, Leonardo Rubén Sampallo, trabajaba en el Astillero Río Santiago, era subdelegado de la sección Calderas y también militante del PCML.
Mirta tenía un hijo de tres años –Gustavo– y estaba embarazada de seis meses en diciembre de 1977 cuando fue secuestrada junto con Leonardo. El pequeño Gustavo fue a parar a la comisaría 7ª, de donde lo rescató su papá. A Mirta y Leonardo los llevaron al centro clandestino El Atlético y después al Banco. En febrero de 1978 la mujer fue sacada de ese lugar para parir. Se supo que su bebé nació bien, tal vez en el Hospital Militar. Allí, en las celdas y salas de tortura del Primer Cuerpo de Ejército, se perdió el rastro de Mirta y Leonardo.
Tres meses después, días más o días menos, llegaba una beba a la casa del matrimonio de Osvaldo Arturo Rivas y María Cristina Gómez Pinto. Eran una pareja de clase media –él, empleado en una oficina, ella ama de casa– con un amigo militar: Berthier, que "consiguió" a la niña.
"Ahora sé casi lo mismo que sabía al principio. Que Berthier me entregó, que él no podía tener hijos y que es probable que me haya secuestrado en un primer momento para que fuera su hija. Sé que cuando llegué no era un bebé recién nacido, el 7 de mayo es la fecha que figuraba en la partida –narra María Eugenia, treinta años recién cumplidos, pelo oscuro y ondulado recogido, tez blanca, anteojos y ojos grandes–. Es ese tiempo en el medio... que no se confirmó."
María Eugenia supo que no era hija de Rivas y Gómez antes de los diez años. En 1989 las Abuelas de Plaza de Mayo recibieron una denuncia que llegaba hasta ella. Se sacó sangre, pero su familia paterna no estaba en el Banco Nacional de Datos Genéticos y la tecnología de los estudios genéticos de esa época no permitió que se consiguiera un resultado de compatibilidad.
María Eugenia preguntaba. Y obtenía respuestas diferentes. Que sus padres habían muerto en un accidente, que era hija de una empleada doméstica, que era hija extramatrimonial de Berthier. "Todas mentiras. Siempre hacían hincapié en el tema del abandono, salvo en esa primera versión del accidente. Ellos se ponían en el lugar del salvador. Es lo que sostuvieron siempre y lo que siguen sosteniendo. A pesar de todo, piensan que lo que hicieron estuvo bien. Que hicieron una obra de bien", dice.
Se enteró de la verdad en 2001. Hacía dos años que ya no veía ni se hablaba con sus apropiadores. Cortó el vínculo harta del "maltrato": "Seguramente lo que yo califico como situaciones de maltrato hay quienes las soportarían como si estuvieran tomando el té. Pero para mí la frase ‘los trataron bien' es un mito", asegura.
Se acercó a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) más para descartar que para confirmar que era hija de desaparecidos. Pero se llevó una sorpresa. Supo que la separación de sus padres había sido forzada y que su familia la había buscado: "Eso fue fuerte... Fue impactante. Tantas versiones haciendo hincapié en el abandono. Fue el contrapeso de todas esas mentiras".
El martes, cuando empiece el juicio, se leerá la acusación. Después, Eugenia ella será la primera en dar testimonio. Dice que quiere "que los tres sean condenados por el máximo de la pena". Y que esto no se trata de haber tenido una buena o mala relación con ellos, sino de que cometieron un delito grave, enmarcado en el terrorismo de Estado. "Después de lo que llaman la restitución de identidad, es decir, cuando uno sabe quiénes son sus padres, y tiene de nuevo su nombre y más o menos una fecha y un lugar de nacimiento es como si el asunto se terminara. Pero todo lo que viene después, que tiene que ver con el proceso judicial y que involucra el delito que cometieron los apropiadores queda en el vacío. Es difícil que se acepte que este tipo de personas, ya sean militares o civiles, como éstos, cometieron un delito y que quisieron ser padres basándose en un delito."
La defensa intentará crear la ilusión de que Rivas y Gómez hicieron "una obra de bien", porque, por ejemplo, la mandaron a la escuela. "Yo te crié entre pañales de seda. Si no fuera por mí estarías tirada en un zanjón, mocosa caprichosa, hija de guerrillera tenías que ser para ser tan rebelde", le dijo un día Gómez a Eugenia. Ella era chica y no se acuerda. Un testigo lo declaró en la investigación.

17 de febrero de 2008
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retoños de seineldín


[Horacio Verbitsky] Un comando entrenado por Seineldín para el secuestro de personas, un funcionario de la dictadura bonaerense como jefe de asesores de Stornelli y operaciones de control ideológico configuran retorno de concepciones y ejecutores incompatibles con la seguridad democrática.
Argentina. La designación como viceministro de seguridad de Mendoza del comisario Carlos Rico Tejeiro, entrenado como comando por el ex coronel Mohamed Ali Seineldín, a quien secundó en un organismo especial creado para desaparecer personas durante el campeonato mundial de fútbol de 1978; la designación como jefe de policía de Buenos Aires del comisario Daniel Salcedo, que entregó la formación de los futuros oficiales al ultramontano colaborador de la dictadura Fray Aníbal Fosbery; la creación de un comité asesor del ministro bonaerense de Seguridad Juan Carlos Stornelli, encabezado por el juez Alberto Durán, que fue funcionario del ministerio de gobierno durante la dictadura; los ataques de un funcionario entrerriano a las Abuelas de Plaza de Mayo y los HIJOS de desaparecidos, y las operaciones de espionaje ideológico realizadas con el pretexto de investigaciones sobre drogas por la unidad fiscal UFIDRO, confrontan a la democracia argentina con los peores fantasmas de una época que se resiste a pasar a retiro y generan una crisis similar a la que provocó el ex gobernador bonaerense Carlos Rückauf cuando dejó la seguridad en manos del también comando y líder carapintada Aldo Rico, quien se sostuvo apenas cuatro meses en el cargo, poco más de lo que lleva Rico Tejeiro en el suyo.
Aquel experimento no provocó disonancias con el gobierno nacional de entonces, porque el presidente Fernando de la Rúa era también muy conservador. Para el gobierno de CFK y para los proyectos de Néstor Kirchner de reorganizar el partido Justicialista como eje de una coalición progresista, constituye un serio escollo, porque los coloca en contradicción con su política de respeto a los derechos y garantías constitucionales frente a la protesta social y de justicia por las violaciones del terrorismo de Estado a los derechos humanos.

A Patadas
Mendoza es una de las provincias donde la psicosis por la seguridad es mayor. Asociaciones de víctimas de delitos y de policías apoyan a los políticos conservadores que oponen la seguridad con el respeto por los derechos humanos, como si fueran valores opuestos y no dos requisitos imprescindibles y complementarios de la democracia. Pero el nuevo hombre fuerte de la seguridad cuyana ni siquiera es un especialista en la lucha contra el delito sino en la represión de las manifestaciones callejeras. Un ministro del gobierno nacional contó una escena vista por televisión, cuando varios señores vestidos con traje y corbata intentaron linchar a un joven en el centro de la ciudad. "Si no lo rescata la policía, lo mataban a patadas. Había arrebatado una cartera, no asesinado a una viejita", dijo. Rico Tejeiro y los demás integrantes de la nueva cúpula de seguridad fueron pasados a retiro obligatorio en 1999 a raíz de una sublevación policial con armas, en reclamo de mejoras salariales.

Complicaciones Políticas
El caso mendocino tiene severas complicaciones políticas, dado que las fuerzas alineadas con el gobierno nacional concurrieron a las elecciones provinciales en dos listas enfrentadas. Celso Jaque, del Partido Justicialista, obtuvo la gobernación en octubre, venciendo al radical César Bifi, candidato elegido por el vicepresidente Julio Cobos en la Concertación con un sector del kirchnerismo. Como ministro de Seguridad, Jaque designó al candidato a vicegobernador del Partido Demócrata, Juan Carlos Aguinaga, que con el 10 por ciento de los votos fue la tercera fuerza en octubre. Para agregar complejidad al caso, el gobierno de Jaque tiene dos alas enfrentadas. Por un lado los conservadores de Aguinaga, quien convocó a Rico Tejeiro y a otros policías de su grupo, y los funcionarios de derechos humanos Pablo Salinas y Diego Lavado, quienes antes de llegar al gobierno impulsaron los juicios por los crímenes de la dictadura en la provincia, en los que fueron detenidos algunos camaradas de Rico Tejeiro. Esas coaliciones se repitieron cuando la Legislatura trató un proyecto para separar a Rico Tejeiro. La moción requería dos tercios de los votos, que no se alcanzaron. Veintisiete legisladores del pejota y conservadores respaldaron al comando de Seineldín, mientras veinte kirchneristas, radicales de la Concertación y del ARI apoyaron su remoción.

La Confusión
En su viaje a Mendoza la presidente CFK no recibió a los organismos de derechos humanos y delegó la audiencia en el ministro del Interior Florencio Randazzo, quien repitió el discurso del gobernador Jaque y dijo que el problema debía dirimirlo la justicia. Es una confusión inadmisible entre un juicio penal, en el que son necesarias pruebas irrefutables de la comisión de un delito para condenar a una persona, y una evaluación política acerca de la idoneidad para ocupar un cargo público. Con el criterio defendido por Jaque y Randazzo, el ex subcomisario Luis Patti estaría sentado hoy en una banca de la Cámara de Diputados. Fue después de su exclusión decidida por la Cámara que los hijos del ex diputado Diego Muniz Barreto consiguieron las pruebas necesarias para llevarlo a la cárcel por ese y otros secuestros y asesinatos. El Partido Demócrata cogobernó con los militares durante la dictadura de 1976 a 1983, a la que dio incluso varios ministros nacionales, como el de defensa Amadeo Frugoli. Un hermano del actual ministro, Alberto Aguinaga, era el ministro de gobierno el 29 de marzo de 1982, cuando la policía provincial que integraba Rico Tejeiro fue puesta a las órdenes del Ejército, igual que la Gendarmería. En respuesta a un paro general de la CGT con movilización en las calles, las tropas abrieron fuego sobre la multitud, causando la muerte del obrero minero José Benedicto Ortiz y heridas de bala a otros cinco manifestantes. En 1999 Ezequiel Aguinaga tuvo un incidente con dos limpiavidrios del centro. Su padre, Alberto, llegó al lugar y exhibió un arma. En 2001 presentó un proyecto de ley que castigaba con un mes de cárcel a limpiavidrios y vendedores ambulantes que ofrezcan sus servicios en forma insolente, que fue apoyado por la UCR. En 2003, cuando el entonces presidente de Cuba, Fidel Castro, visitó la Argentina, Juan Carlos Aguinaga pidió que fuera detenido y juzgado por la comisión de crímenes contra la humanidad. Tamaña ideologización de la política de seguridad puede incrementar el conflicto social, pero no disminuir la criminalidad.

La Escuela de Seineldín
Los principales argumentos en contra de la designación del comando Rico Tejeiro provienen de su propia pluma y constan en su legajo. En diciembre de 1977, al negarle el ascenso al grado superior, la Junta de Calificaciones de la policía provincial señaló que Rico Tejeiro había hecho su carrera en Unidades Especiales, con escasos lapsos en comisarías en las que se desarrollara trabajo policial. En su exitoso pedido de reconsideración, narró los actos de su vida que consideraba relevantes. Para ejemplificar acerca de su aptitud física, consignó que fue propuesto por la Jefatura de Policía para realizar el curso de Comando Militar en la Escuela de Infantería del Ejército y "participar en la elaboración y ejecución" del Proyecto G.E.S. 78". Según el ministro Aguinaga el único objeto de ese grupo era "resguardar la paz social" durante el Campeonato Mundial de Fútbol (sic). Pero un libro de alguien próximo a Seineldín (‘Héctor Simeoni: Línea de Fuego', Sudamericana 1991) reproduce el testimonio sobre aquella época de un coronel de los llamados nacionalistas, quien dice que el curso se empezó a dictar en Campo de Mayo. "La represión de la guerrilla ya había empezado antes de 1976. El Proceso oficializa nuestro curso y de esta manera sale a luz en toda su dimensión", agrega. Luego Seineldín "nos llevó a un grupo con él a la Policía Federal. El general Cesáreo Cardozo le pidió que fuéramos a la policía porque había excesos, falta de honestidad. Nos llevó a varios de nosotros a hacer un curso de formación contrarrevolucionaria. Después se diseñó un cursillo de siete días, con aislamiento, con un alto contenido técnico y formativo especializado para actuar en cuestiones contra la subversión. De allí surgió una escuela especial que primero se llamó Centro de Instrucción Contrarrevolucionaria y luego CAEP (algo así como Centro de Actividades Especiales Policiales)". En 2004 otro de los oficiales instruidos por Seineldín, el teniente coronel Guillermo Bruno Laborda, relató en qué había consistido el resguardo de la paz social durante el campeonato de 1978. Asignado a la custodia del centro de prensa de la sede cordobesa, transportó en una ambulancia a una mujer que el día anterior había dado a luz, desde el Hospital Militar Córdoba hasta el campo de la guarnición. Había sido "condenada a muerte debido a su probado accionar en actos de sabotaje en el desarrollo del mundial". Su traslado "al campo de fusilamiento de la Guarnición fue lo más traumático que me tocó sentir en mi vida. La desesperación, el llanto continuo, el hedor propio de la adrenalina que emana de aquellos que presienten su final, sus gritos desesperados implorando que si realmente éramos cristianos le juráramos que no la íbamos a matar fue lo más patético, angustiante y triste que sentí en la vida y que jamás pude olvidar. Todos los oficiales designados, procedimos a fusilar a esta terrorista que, arrodillada y con los ojos vendados, recibió el impacto de más de veinte balazos de distintos calibres. Su sangre, a pesar de la distancia nos salpicó a todos. Luego siguió el rito de la quema del cadáver, el olor insoportable de la carne quemada y la sepultura disimulada propia de un animal infectado. Nunca supe el destino del niño o niña".
Rico Tejeiro admite que esa especialidad define a quien la ha adquirido, "aunque ella no haya sido legal y organizadamente constituida" y se refiere a sí mismo como "un infante". Después de los cursos, Rico Tejeiro y su colega Adolfo Siniscalchi fueron recomendados por el jefe que sucedió a Cardozo al frente de la Policía Federal, general Edmundo Ojeda, para integrar el centro antisubversivo mendocino y felicitados por su rendimiento, por el jefe de la Policía de la Provincia de Mendoza, comodoro Julio César Santuccione. Según el ministro Aguinaga, Santuccione le puso una bomba en su casa. Luego de cursar con Seineldín en ese Centro de Instrucción Contrasubversivo, CIC, Rico Tejeiro fue instructor en cursos de Infantería, Control de Disturbios y Lucha Contrasubversiva, según afirma en defensa de su también cuestionada aptitud intelectual. Como instructor del "Plan de Actividades Teóricas y Prácticas contra la Subversión", Rico Tejeiro capacitó a Eduardo Smaha, detenido por el homicidio del poeta Paco Urondo.

Psicología de Multitudes
También dice que representó a la policía de Mendoza ante el ministerio del Interior, a cargo del general Albano Eduardo Harguindeguy, donde "fue felicitado por su eficaz accionar". Además fue profesor de oficiales de la Fuerza Aérea, de Gendarmería y de otras policías provinciales, en Estrategia y Técnica de Combate. Agrega que dictó clases de Acción Sicológica y Psicología de Multitudes, a las que llama "materias basales para la actividad policial", imprescindibles en "rubros fundamentales como Control de Disturbios, Prevención de Disturbios, Contención de Multitudes, Agresivos y Compuestos Químicos como integrantes del arsenal policial". Esas aptitudes son muy apreciadas bajo una dictadura militar que no permite manifestaciones en las calles pero no se advierte su utilidad en la represión del delito en el orden constitucional. En las acciones violentas, dice Rico, "se sale del terreno de lo inminentemente específico, para entrar en otro campo, como es la Táctica, la Psicología, la Técnica de Combate, la Estrategia". En estas disciplinas "el elemento de su trabajo es el hombre". Estas definiciones, vigentes en la doctrina de la seguridad nacional, son incompatibles con una concepción de seguridad democrática.
Para refutar que careciera de aptitud moral, Rico Tejeiro explicó que como Católico, Apostólico y Romano "profesa que la esencia de la moralidad consiste en la conformidad de la conducta humana con la Voluntad Divina. En consecuencia rechaza todo tipo de doctrina materialista". Agregó que había dictado clases y conferencias de ‘Estrategia' y sobre ‘Intento de destrucción del valor espiritual a través del tiempo', una de las obsesiones de Seineldín. Ello le permitía "desempeñarse con una tranquilidad mística". En su pedido de investigación sobre Rico y sus colaboradores, los organismos defensores de los derechos humanos de Mendoza enumeraron una cadena de once secuestros que ocurrieron entre el 15 y el 29 de mayo de 1978, en pleno funcionamiento del Grupo Especial 78 G78. El estudiante universitario Juan José Galamba, era buscado por sus contactos con Montoneros, desde 1976, cuando eludió un operativo conjunto en el que fueron secuestrados amigos y parientes. Los desaparecidos en mayo de 1978 lo habían ayudado y alojado mientras escapaba. Margarita Dolz de Castorino fue secuestrada el 15 de mayo; Aldo Enrique Patroni, el 17. Luego fue el turno de Raúl Gómez Mazzola. El 22 desaparecieron Mario Guillermo Camín, amigo de Galamba, y su padre, Gustavo Camín, quien lo empleó en una cantera en San Juan. El 24 cayeron Daniel Romero y su hermano Daniel; el 25 Víctor Hugo Herrera e Isabel Membrive y el 28 Ramón Alberto Sosa y Juan José Galamba, el hermano del prófugo.

Otras Joyas
Como para que no quede duda que se trata de una política, el gobierno mendocino también designó a los comisarios generales Pedro Chacón, como director de Investigaciones; Aníbal Gómez en la dirección de Logística; Vicente Chacón a cargo de los registros de armas y de agencias se seguridad privada y Raúl Vega como director de Recursos Humanos. Todos ellos participaron también en el Centro de Instrucción Contrasubversivo, CIC y Gómez se desempeñó en la temida dirección de inteligencia D2, donde se torturaba a los detenidos-desaparecidos. El ex subjefe de la Policía Federal, comisario general Antonio Mingorance, certificó que Vicente Chacón fue entrenado en "técnicas, procedimientos y métodos" y en "la afirmación de los valores por los cuales enfrentamos esta lucha común", que facilitarán "la erradicación definitiva de la delincuencia apátrida". Al asumir la gobernación, Jaque nombró a Pedro Chacón en Inteligencia, pero debió relevarlo cuando se supo que estaba produciendo informes de inteligencia sobre la actividad de diversos partidos políticos, algo prohibido por la ley de inteligencia nacional y por la legislación local. Sin embargo, Jaque lo designó entonces en Investigaciones. Además de su desempeño durante la dictadura, algunos de los policías del equipo de Aguinaga y Rico han sido objetados por temas más recientes. Vicente Chacón fue suspendido como director de Robos y Hurtos, por no informar las reiteradas inasistencias de subordinados que cobraban como si hubieran trabajado. Jaque lo puso a cargo del control de armas y de las agencias de seguridad privada. El nuevo director general de Policías, Jorge Alfredo Guerrero Escudero, persiguió en 2004 con dos patrulleros a un auto que había pasado un control fitosanitario sin abrir el baúl para su revisión. Los sospechosos debieron salir del auto rodeado por la policía con los brazos en alto. Recién en la comisaría primera les permitieron identificarse. Eran un juez federal, un fiscal, un defensor oficial y un secretario de la Justicia Federal de San Juan invitados a la asunción de un colega en Mendoza. El problema se reducía a que no llevaban la llave del baúl. Guerrero Escudero fue denunciado por privación ilegítima de la libertad. En conversaciones privadas, Kirchner ha cuestionado a "quienes creen que la inseguridad se combate designando asesinos" y dijo haber enviado señales a Jaque para que diera un corte rápido a la desgastante situación. Pero hasta ahora el Poder Ejecutivo nacional sólo se ha manifestado por medio de la desdichada frase de Randazzo. Esta abstención no podrá prolongarse mucho más.
La contradicción con su política de derechos humanos lo fuerza a una definición, por costosa que sea en términos políticos. En comparación, el agasajo protocolar a un dictador africano aparece como un pecado menor, convertido en un caballito de batalla por la misma prensa conservadora que no se desvela por la proliferación de los retoños de Seineldín con el pretexto de la inseguridad.

17 de febrero de 2008
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escondido a la vista


[Nora Veiras] El capitán Luis Sosa. Según los registros de la Armada, la dirección del represor era el Hotel del Centro Naval. Daba cursos de Inteligencia.
Argentina. El Registro Oficial de Personal Retirado de la Armada no deja dudas: la última versión, 2006, del minucioso libro al que tuvo acceso Página/12, detalla que el capitán Luis Emilio Sosa integraba el cuerpo comando como infante de Marina, que pasó a retiro el 1º de marzo de 1981 y que dio como domicilio Córdoba 622. La dirección corresponde al Hotel del Centro Naval, ubicado en diagonal al fastuoso edificio del Centro Naval, en la esquina de Córdoba y Florida. El supuesto misterio sobre el destino del oficial que hace treinta y cinco años fue señalado como responsable del fusilamiento de 19 presos en Trelew nunca fue tal para la Armada. El hombre que fue detenido el martes y el jueves repitió por primera vez ante la Justicia la versión oficial de la masacre siempre cobró su haber como retirado y frecuentó a la valiente muchachada: se mantuvo en actividad hasta nueve años después de la masacre y hasta no hace tanto, aseguran, formaba agentes de Inteligencia.
"Al Negro Sosa, dos por tres se lo veía en el restaurante", comentó un oficial, habitué como casi todos, del comedor del subsuelo del hotel. Su historia era conocida pero su rostro había logrado mantenerse oculto: pasaron más de treinta y cinco años desde aquel agosto de 1972 en que Sosa les dio su "palabra de honor" a los diecinueve miembros de organizaciones armadas que habían fracasado en el intento de huida de Trelew. Compromiso que traicionó a la semana, cuando todos fueron fusilados y sólo tres sobrevivieron.
El Registro Oficial de Personal Retirado es un documento de carácter reservado destinado a los jefes de unidades, circula en la Dirección General de Personal Naval y es elaborado por la Dirección de Armamento de Personal de la Armada. Como el retiro es una situación de revista, los oficiales tienen la obligación de informar a la fuerza los cambios de domicilio, el estado civil y las entradas y salidas del país. "Si no se informa, los reglamentos lo estipulan como una infracción, y si el arma desconoce el destino, sería muy irregular que se pague el retiro", explica un oficial.
En realidad, la investigación por la matanza en la Base Almirante Zar entró en un cono de impunidad hasta que se reactivó el año pasado después del episodio de espionaje en esa misma base. Sosa no tenía pedido de captura y si bien se tejieron toda clase de versiones sobre su paradero, en la Marina se lo solía ver y no sólo en el lobby y el comedor del Hotel del Centro Naval. Algunos recuerdan que "en plena década de los '90 el capitán Sosa desarrollaba tareas docentes en la Escuela de Inteligencia Naval (ESIN) ubicada en lo que fue en su momento la prisión naval, en avenida Antártida Argentina al 1400, a unos trescientos metros del Edificio Libertad. A fines de esa década, la ESIN fue trasladada al segundo piso del Edificio Libertad, y hasta por lo menos 2005 era habitual verlo entrar y salir". Por su actividad docente, oficiales aseguran que "dio cursos a varias generaciones de espías navales, incluidos civiles y profesionales incorporados a la Armada".
El Centro Naval es uno de esos territorios corporativos que marcan pertenencia. Si bien es una entidad privada, su comisión directiva está integrada por marinos en actividad y en retiro. La pertenencia a sus filas es obligatoria para la oficialidad a partir del mismo día del egreso como guardiamarinas. De hecho, las cuotas sociales son descontadas en forma automática de los haberes. El Hotel del Centro Naval tiene un convenio firmado con la Armada Argentina para alojar a personal en actividad de paso por Buenos Aires. Sosa era un camarada más que se sentía seguro en el alojamiento, a tal punto que dio la dirección de Córdoba 622 como su residencia para que la Armada sepa dónde estaba.
Fuentes de la Justicia de Chubut aseguraron a Página/12 que en la causa que investiga la Masacre de Trelew la Armada retaceó información o la aportó con "enorme demora" hasta que en la causa por espionaje en la Base Almirante Zar se resolvieron los procesamientos. "Cuando (el almirante Jorge) Godoy interpretó que quedaba a salvo, las respuestas comenzaron a fluir aunque nunca con los datos esperados", explicaron en los tribunales de Rawson y señalaron que "fueron remisos hasta a informar dónde cobraban sus retiros" los oficiales imputados.
La protección de la Armada a los oficiales que ejecutaron la Masacre de Trelew se enmarca en una conducta que no se agota en esa causa. Como quedó en evidencia en las excepcionales condiciones de detención del prefecto envenenado Héctor Febres en la Base Naval de Azul, la solidaridad con los ‘camaradas' acusados de delitos de lesa humanidad se mantiene constante y sólo actúan acorralados por las órdenes del poder político o de la Justicia.

17 de febrero de 2008
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