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los dos que faltan en el caso trelew


[Diego Martínez] La investigación por la Masacre de Trelew.
Argentina. La Justicia federal de Chubut aún desconoce el paradero de dos de los principales imputados por la Masacre de Trelew. Se trata del teniente de navío (R) Roberto Guillermo Bravo y del ex cabo primero Carlos Amadeo Marandino. El capitán Luis Emilio Sosa declaró esta semana que ambos dispararon sus ametralladoras, que acabaron con la vida de 16 guerrilleros y dejaron moribundos a tres. Hasta hace cuatro meses un hermano de Bravo cobró su retiro de 480 pesos para enviárselo al padre, de 91 años, radicado en Santa Cruz. Se desconoce por qué motivo dejó de cobrarlo.
A partir de las cinco órdenes de detención libradas el viernes pasado por el juez Hugo Sastre, la división Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de la policía de Chubut actuó con inusual celeridad. El sábado detuvo en un departamento de Palermo al capitán de navío (R) Rubén Norberto Paccagnini, jefe de la base aeronaval Almirante Zar en 1972, y en su casa de Vicente López al capitán de fragata (R) Emilio Jorge Del Real. El martes encontró y detuvo al capitán de fragata (R) Luis Emilio Sosa, el mismo que traicionó su "palabra de honor" al desviar a los detenidos que habían entregado sus armas hacia la base Zar después de garantizarles su retorno al penal de Rawson.
El comisario Julio Blanco, jefe de la división comisionada para ubicar y detener a los marinos, reconoció ayer que "no hay novedades por ahora" sobre el paradero de Bravo y Marandino. El último domicilio de Bravo al que accedió el juzgado federal era en Capital Federal. Marandino vivía en Paraná, Entre Ríos. Pero ninguno de los dos estaba allí. Sobre las propiedades de Marandino, incluida una suntuosa vivienda, los detectives elaboraron un dossier que forma parte de la causa.
Según la información que tiene el juzgado, ambos estarían en los Estados Unidos: Bravo viviría allí desde los años '70, cuando llegó a la Agregaduría Naval; Marandino viajó el mes pasado y tenía previsto volver esta semana. Al enterarse de la orden de detención habría postergado el retorno. El paradero de Bravo es un misterio desde hace 30 años.

17 de febrero de 2008
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ministro del interior todavía libre


[Victoria Ginzberg] Llegó a través de Interpol la lista con las solicitudes de detención contra 57 represores acusados de participar en el Plan Cóndor. En la nómina está el ex ministro de Interior Albano Harguindeguy, que tiene tres causas abiertas aquí pero está libre.
Argentina. Ya está en Argentina el pedido de detención contra 57 represores por su participación en el Plan Cóndor. La solicitud llegó desde Italia, donde el fiscal Giancarlo Capaldo investiga, desde 1998, el acuerdo de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur en la década del '70. El expediente aterrizó, previo sorteo, en el juzgado federal de Rodolfo Canicoba Corral. El magistrado debe decidir si arresta a los acusados que todavía no están presos aquí. En esa situación está el ex ministro de Interior Albano Harguindeguy. Canicoba Corral también podría pasarle el caso al juzgado que tiene a su cargo la causa sobre el Plan Cóndor abierta en el país, que está cerca de ir a juicio oral.
En diciembre del año pasado la jueza romana Luissana Figliola solicitó la captura con miras a extradición de 140 militares y servicios de inteligencia argentinos, uruguayos, chilenos, brasileños y paraguayos. De hecho, el uruguayo Néstor Fernández Troccoli, ex miembro del servicio de inteligencia de la Armada de su país, fue detenido en ese momento en Salerno, al sur de Italia. El resto de los pedidos de arresto salieron para los diferentes países. El jueves llegó, vía Interpol, la lista a la Argentina, a la que tuvo acceso Página/12. Incluye a Harguindeguy, involucrado aquí en una causa, también por el Plan Cóndor. Pero el ministro de Interior de Videla no está preso porque fue beneficiado con la excarcelación. Por eso, la semana pasada se lo vio mientras tomaba sol en Pinamar.
Si Canicoba Corral hace lugar al pedido italiano, Harguindeguy podría volver a prisión. Su estadía sería breve ya que el magistrado dispondría que los buscados por la Justicia italiana sigan en libertad hasta que se defina si son extraditados. "Por el momento lo único que tenemos es una nota de Interpol que nos avisa que van a llegar los pedidos de detención desde Italia. Pero como aquí hay otra causa sobre el Plan Cóndor puede ser que el juez decida derivar la decisión a quien tenga ese expediente", señaló a este diario un funcionario del juzgado.
Hay otro frente que complica a Harguindeguy. Luego de que un guardavidas señalara su presencia en la playa, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación reclamó su arresto en tres causas en las que está involucrado: Plan Cóndor, el secuestro del empresario Federico Gutheim y su hijo y la planificación y ejecución del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Los jueces Norberto Oyarbide (por el momento lo reemplaza María Servini de Cubría), Ariel Lijo y Sergio Torres deben expedirse al respecto.
Otros represores que reclama el fiscal Capaldo son Miguel Osvaldo Etchecolatz, Cristino Nicolaides, Antonio Domingo Bussi, Eduardo Rodolfo Cabanillas, Emilio Eduardo Massera, Luciano Benjamín Menéndez, Jorge Olivera Rovere, Eduardo Alfredo Ruffo, Rubén Visuara y Jorge Rafael Videla. A la lista de los 57 represores deberían sumarse los ya condenados en Roma por el asesinato de los trabajadores de los astilleros Astarsa Mario Marras y Martino Mastinu: el general Santiago Omar Riveros y los suboficiales de Prefectura Juan Carlos Gerardi, José Luis Porchetto, Alejandro Puertas, Héctor Omar Maldonado y Roberto Julio Rossin. A excepción del primero, que está con arresto domiciliario, todos están libres. Su pedido de arresto internacional salió de Roma junto con el del Plan Cóndor.
La investigación italiana sobre la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur abarca los secuestros y asesinatos de 25 ciudadanos de ese país.
Dora Marta Landi y Alejandro José Logoluso fueron secuestrados en Paraguay en marzo de 1977. Un documento recuperado en los archivos del terror de Paraguay señala que ellos, junto con un grupo de detenidos uruguayos, fueron trasladados desde Asunción a Buenos Aires el 16 de mayo de 1977 en un avión de la Armada Argentina piloteado por el capitán "José Abdala" –un alias– y fueron entregados a miembros de la SIDE. Un día antes el dictador Emilio Eduardo Massera habría viajado a Santa Fe en el mismo avión para participar del acto del Día de la Armada.
La Justicia italiana también quiere juzgar la apropiación de Carlos D'Elia, hijo de los uruguayos Yolanda Casco y Julio César D'Elia, secuestrados en la Argentina y llevados al COTI Martínez. Carlos nació en el Pozo de Banfield y fue apropiado por un marino retirado. Otros casos que forman parte de la investigación son los de Silvia Tolchinsky, secuestrada en Mendoza en 1980 y llevada a Campo de Mayo y a un centro clandestino en Paso de los Libres; los de Mónica Pinus y Horacio Campiglia, detenidos en Río de Janeiro en 1980, y el de Lorenzo Viñas, secuestrado en 1980 en Uruguayana.
"Es una investigación compleja porque incluye realidades de diferentes países: los represores paraguayos están muertos y en Chile como en la Argentina hay gente que ya fue o está siendo juzgada", señaló uno de los impulsores de la causa en Roma. La Justicia italiana admite el juicio en ausencia, que podría realizarse contra los represores latinoamericanos si los países no autorizan las extradiciones. Así fueron condenados, el año pasado, los marinos Alfredo Astiz, Jorge "Tigre" Acosta, Jorge Vildoza, Antonio Vañek y Héctor Febres. Ese proceso se llevó a cabo aunque en la Argentina había causas –pero menos avanzadas– contra los mismos acusados. En el caso del Plan Cóndor, el expediente local podría llegar a juicio antes de que se terminen de tramitar las extradiciones.

16 de febrero de 2008
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extraditan a criminal argentino


[Diego Martínez] España aprobó la extradición de Rodolfo Almirón por crímenes de la Triple A. El ex comisario está acusado de cometer delitos de lesa humanidad y genocidio como miembro de la organización de ultraderecha Triple A.
Argentina. El gobierno de España aprobó el miércoles la extradición a la Argentina del ex subcomisario de la Policía Federal Rodolfo Eduardo Almirón Sena, acusado de cometer "delitos de lesa humanidad y genocidio" cuando era uno de los jefes operativos de la organización de ultraderecha Triple A. El pedido de extradición lo formuló el juez federal Norberto Oyarbide, que reabrió la investigación luego de que un diario español descubriera al ex jefe de la custodia de José López Rega en las afueras de Valencia. La sala I de la Cámara Federal porteña, en tanto, debe resolver si ratifica o rechaza el fallo de Oyarbide que consideró delitos de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles, los crímenes cometidos en los años previos al golpe de Estado por la Alianza Anticomunista Argentina.
Almirón, que mañana debería festejar sus 72 años, está imputado entre otros casos por los asesinatos en 1974 del abogado y diputado peronista Rodolfo Ortega Peña, el sacerdote Carlos Mugica, el ex subjefe de la policía de Buenos Aires Julio Troxler y el intelectual marxista Silvio Frondizi. Llegó a España en junio de 1975 acompañando en su huida a López Rega, ministro de Bienestar Social de la presidenta Isabel Perón.
El 17 de diciembre de 2006 el diario El Mundo informó que Almirón vivía en una pequeña casa del barrio de Xellinet, en la localidad de Torrent, a diez kilómetros de Valencia. Ante la denuncia periodística el Movimiento de Argentinos en el Exterior pidió su detención. No era necesaria: el juez federal Julián Ercolini, que subrogaba a Oyarbide, reactivó una orden de detención de 1984, que se concretó el 28 de diciembre.
El 25 de mayo pasado la sección segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, máxima instancia penal de España, resolvió en forma favorable el proceso de extradición de Almirón cursado por la Justicia argentina. Su defensa presentó entonces un recurso de súplica, que la Audiencia desestimó el 16 de enero. La extradición sólo precisaba del visto bueno del Consejo de Ministros, que se concretó el miércoles.
La entrega de Almirón se realizará conforme al contenido, los límites y las condiciones establecidos por la Audiencia Nacional de España, que solicitó a la Justicia argentina "que si el reclamado fuese condenado, la pena máxima a cumplir será la inmediatamente inferior a la privativa de libertad a perpetuidad", explicó el Consejo de Ministros.
Almirón llegará a la Argentina para ser juzgado, como jefe operativo de la Triple A, por "asociación ilícita en concurso real con homicidios cualificados y privación ilegal de libertad", luego de un año "en situación de prisión provisional". informó el Consejo. Los delitos que se le imputan fueron cometidos durante la gestión de la ex presidenta Isabel Martínez de Perón, quien se encuentra en libertad provisional en España con dos pedidos de extradición: uno de Oyarbide y otro del juez federal mendocino Héctor Raúl Acosta.
Al reabrir la causa, Oyarbide consideró que los asesinatos cometidos por el grupo paraestatal son delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles, por haber sido cometidos desde el aparato del Estado "bajo su amparo y garantía de impunidad". Consideró que representaron "la antesala del plan sistemático" que implementó la dictadura militar.
Ante un planteo de la defensa del comisario mayor retirado Juan Ramón Morales, yerno de Almirón, que consideraba que los delitos estaban prescriptos, la causa fue elevada a la Cámara Federal. La resolución se demoró por la excusación del camarista Eduardo Freiler, que fue rechazada por sus pares. Si el voto de Freiler no coincidiera con el del otro integrante de la Sala I, Eduardo Farah, deberán recurrir a un miembro de la Sala II para que estudie y resuelva el fondo de la cuestión.
El expediente judicial sobre los crímenes de la Triple A estuvo archivado hasta que la prensa informó el paradero de Almirón. Un año antes el fiscal federal Eduardo Taiano había solicitado su desarchivo, pero no obtuvo respuesta. Ante la publicación del diario El Mundo el juez Oyarbide descubrió que los custodios y guardaespaldas de Isabel y López Rega tenían pedido de capturas pendientes desde 1984. Desde entonces varios partidos de izquierda, organismos de derechos humanos y particulares se presentaron como querellantes para pedir el esclarecimiento de cientos de crímenes.
El 12 de enero de 2007 se presentó espontáneamente ante la Justicia el ex oficial de la Policía Federal Miguel Angel Rovira. Gracias a su edad, 72 años, quedó detenido con prisión domiciliaria. Días después fue detenido el comisario mayor retirado Juan Ramón Morales. Gracias a sus 88 años también se benefició con el régimen domiciliario, que cumplió hasta su muerte el 24 de agosto. En la misma causa continúa prófugo Felipe Romeo, ex director de El Caudillo, órgano de difusión de la Triple A. Este diario reveló el año pasado que Romeo vivía en Buenos Aires, reciclado como restaurador de cúpulas y edificios antiguos.
A la Triple A se le atribuyen unos 1500 asesinatos políticos. Desde su llegada a España en 1975 junto a López Rega, Almirón frecuentó grupos de ultraderecha europeos. Está acusado de participar, el 9 de mayo de 1976, en los sangrientos sucesos de Montejurra, Navarra, donde pistoleros de extrema derecha dispararon contra carlistas progresistas y asesinaron a dos de ellos. En 1983 trascendió que trabajaba como jefe de la custodia del dirigente conservador Manuel Fraga Iribarne. Durante los siguientes 23 años nada se supo de su paradero. Lleva más de un año en prisión provisional. Su llegada al país podría demorar entre dos y tres meses.

16 de febrero de 2008
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retoques a versión oficial de masacre


[Diego Martínez] El capitán Sosa hizo algunos retoques a la versión oficial de la armada. El marino acusado de encabezar la masacre de Trelew declaró ayer durante siete horas. Desmintió haber dado la orden de fuego, pero señaló a sus subordinados.
Argentina. Veinte años no es nada, pero 35 para armar un relato verosímil no son poca cosa. El capitán de fragata (R) Luis Emilio Sosa repitió ayer ante la Justicia la versión oficial publicitada por la Armada en 1972, con algunas modificaciones sutiles pero comprensibles para quien está acusado de ordenar fusilar a 19 personas. Ante "el lío" que hacían los guerrilleros confinados en calabozos de la base Almirante Zar no tuvo mejor idea que darles "una perorata" aleccionadora. Según describió, fue y volvió por el pasillo, sus hombros rozando a un lado y otro, hasta que "una toma de karate" lo derribó. No ordenó disparar, dijo, contradiciendo su versión de 1972. Tampoco percibió que le robaran el arma. Entró "en estado de shock" y, cuando se recuperó, sólo había muerte a su alrededor.
Lúcido, sereno y de mente ágil para sus 73 años, Sosa declaró durante casi siete horas. Su relato sobre la madrugada del 16 de agosto, cuando los guerrilleros sitiados en el aeropuerto de Trelew entregaron sus armas, no será una buena noticia para el capitán de navío (R) Rubén Norberto Paccagnini. El entonces jefe de la base Zar declaró el miércoles que no estuvo aquella noche en el aeropuerto. El capitán dijo lo contrario. Paccagnini le transmitió en persona, antes de subir al colectivo, la orden del presidente Lanusse de trasladarlos a la base, que hizo añicos la "palabra de honor" de Sosa, que se había comprometido a llevarlos al penal de Rawson.
Al llegar a la base también fue Paccagnini quien le ordenó meterlos en calabozos y detalló las medidas de seguridad. Nadie podía verlos. Además de incomunicados con el mundo exterior, no debían hablar entre ellos, ni siquiera con sus compañeros de celda. Paccagnini organizó las guardias en tres turnos de ocho horas. Su responsabilidad era sólo inspeccionar. Pasaba de vez en cuando y consultaba a los guardias, "que no tenían experiencia en custodiar detenidos", aclaró.
Según su primera versión de los hechos, publicada por la revista Marcha el 8 de septiembre de 1972, "el guerrillero Pujadas, mediante un golpe de karate, lo arrojó al suelo y le quitó el arma, no obstante lo cual él, Sosa, logró zafarse y dio la orden de reprimir". Ayer tuvo la oportunidad de mejorarla. Y no la desaprovechó.
Al llegar a los calabozos el capitán Roberto Bravo le comentó "que no los podía manejar", dijo. Por ese motivo los había sacado al pasillo. Estaban formados en dos hileras. Sosa decidió entonces "dar una perorata" ejemplar. Para mejor eligió caminar entre las dos filas. "Era muy chiquito, me rozaba los hombros con unos y otros", aseguró. Fue hasta el fondo y volvió un par de veces. La tercera recibió un golpe que lo desparramó en el piso. "Una toma de karate, no de judo como informó entonces la Armada", especificó.
Ante la mirada atenta del juez Hugo Sastre y del fiscal Fernando Gelvez, que lo dejaron hablar y recién después formularon preguntas, Sosa dijo no haber notado que le quitaran el arma, tal como se describió en la versión oficial de la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse. Lo supo después, dijo, por los testimonios del resto de los guardias y al leer sus declaraciones en la investigación interna a cargo del oficial Bautista.
Relató que cuando levantó la vista el resto de los guardias ya había comenzado a disparar (léase: no dio la orden). Cree haber escuchado por lo menos cuatro armas. Identificó dos ametralladoras TAM. Quienes dispararon fueron el teniente Emilio del Real, el capitán Bravo y el cabo primero Carlos Marandino, detalló. En cuestión de segundos entró en estado de shock. Se recuperó varios minutos después, cuando todo había pasado. Pensó que estaba herido, pero el jefe del Batallón de Infantería de Marina le explicó que era sólo miedo.
Con el correr de la declaración cayó en varias contradicciones y sinsentidos. Se definió como "una persona muy precavida" y dio un ejemplo: en el colectivo que llevó a los detenidos del aeropuerto a la base Zar fue "con la pistola enfundada", para evitar arrebatos o accidentes.

-¿Cómo se explica que un hombre precavido, respetuoso de las medidas de seguridad, camine ida y vuelta varias veces entre dos filas de detenidos rozándole los hombros? –le preguntó el fiscal Gelvez.
–Quería evitar una situación de tensión.

–¿Pudo haber sido una provocación?
–Nnno –balbuceó.

–¿No contrarió órdenes de la superioridad al dar una arenga y caminar entre los presos? –insistió el fiscal.
El capitán prefirió no responder.

Después de la masacre estuvo guardado en Puerto Belgrano, confesó. Cuando el fiscal preguntó en qué otros lugares pasó los años posteriores se negó a responder. "No tiene que ver con la causa", dijo. La indagatoria concluyó cerca de las seis de la tarde. Lo asistió la defensora oficial Mirta Seniow de Gandow. Sosa seguirá en la comisaría de Playa Unión.
El abogado Fabián Gabalachis, defensor de Paccagnini y Del Real, adelantó que va a pedir más declaraciones para demostrar la inocencia del primero. "Hizo lo que debía: convocó a los médicos e inició una investigación", dijo. Agregó que el sumario de la Armada murió "en un incendio". Hoy será el turno de Del Real. Ahora que su jefe declaró que no ordenó disparar, habrá que ver cómo se replantea su estrategia de defensa.

15 de febrero de 2008
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en la masacre de trelew


[Julián Bruschtein] En 1972 Celedonio Carrizo tenía 21 años, militaba en las FAR y estaba preso en Rawson. Cuenta cómo se vivió, dentro de la cárcel, la fuga de los seis dirigentes, la captura de los 19 detenidos y la noticia de los fusilamientos. 
Argentina. La noticia de la captura del capitán de fragata retirado Emilio Sosa, sindicado como uno de los autores materiales de la masacre de Trelew, sacudió a los ex presos políticos. Celedonio Carrizo tenía 21 años y formaba parte del grupo que no pudo salir del penal de Rawson durante la fuga y mantuvo tomada la cárcel hasta el día siguiente. Nacido en Jujuy, trabajaba de changarín en los Altos Hornos Zapla cuando se integró a la Juventud Revolucionaria Peronista de mediados de los '60. Su militancia desembocó en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), que más tarde se fusionarían con Montoneros, pero fue en ese período cuando participó de la toma del penal y la posterior fuga.
El 15 de agosto de 1972 escaparon del penal de Rawson y lograron subirse a un avión seis dirigentes de las organizaciones FAR, ERP y Montoneros. Otros diecinueve presos pudieron llegar hasta el aeropuerto, pero no consiguieron abordar un avión y fueron capturados. Serían fusilados una semana después en la base aeronaval Almirante Zar. Tres de ellos sobrevivieron, pero fueron secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura. Dentro de la cárcel, más de cien presos políticos que no pudieron plegarse a la fuga siguieron los acontecimientos.

¿Cómo se vivieron dentro del penal los momentos posteriores a la fuga de los primeros grupos?
Yo estaba en el grupo 4, y cuando vimos que no llegaban los vehículos que faltaban nos replegamos. Después de la fuga los compañeros que quedamos adentro aguantamos toda la noche hasta las ocho de la mañana, con las armas y los rehenes, pidiendo por la integridad física de nuestros compañeros. No estábamos dispuestos a entregar nada hasta que nos garantizaran la seguridad de la integridad física de los que habían podido salir. A la mañana escuchamos por la radio que ya habían negociado y les habían dado todas las garantías, entregamos todo y a partir de ahí quedamos incomunicados.

¿Y cómo les llegó la noticia del fusilamiento?
Estábamos todos en celdas individuales absolutamente aislados y nos llevaban al baño de a uno. Nos comunicábamos a través de las mirillas y algunos compañeros se habían ido enterando a través de los presos comunes. Pero la confirmación nos llegó porque había un compañero que había podido encanutarse una radio pequeña, por donde nos enterábamos a escondidas de las noticias.

¿Y cuál fue su reacción?
Cuando este compañero escuchó que daban a conocer la noticia empezó a gritar "¡los mataron, los mataron!!", y todos nos pusimos a gritar con desesperación. A partir de ahí nos mandaron la requisa y nos sacaron todo lo que teníamos, así que perdimos la radio. Lo único que pudimos hacer fue gritar y golpear los platos y los jarros que teníamos contra los barrotes. También fue emocionante cómo en medio de esa tristeza y ese dolor se podía escuchar cómo el pueblo de Rawson se solidarizaba, porque de afuera venía un sonido de caceroleo impresionante, y esto es muy importante de destacar.

¿Se volvió a ver con los otros presos sobrevivientes?
Sí. El año pasado estuvimos una gran cantidad de compañeros en Trelew, en el aniversario de la fuga y la masacre, y nos reencontramos con algunos que hacía años no veía. Pudimos entrar a la cárcel, en el penal de Rawson. Anteriormente yo había podido entrar a la base aeronaval con una comisión de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y estuvimos donde fusilaron a los compañeros. Es realmente escalofriante, cambiaron todo adentro de la base, está todo remodelado, pero el espacio está y hay muchas cosas que siguen estando.

Se dijo que el paradero de Sosa era el secreto mejor guardado de la Armada. ¿Le parece que era así?
Que no queden dudas de que la Armada tiene secretos más graves y mucho mejor guardados que este. Pero sin duda que esto es algo que siempre esperamos y ya pensábamos que no se iba a lograr.

¿Cómo tomó la detención de Sosa casi 35 años después de los fusilamientos?
Bueno, como todas las cosas que están sucediendo en el país: tarde, pero es bueno que sucedan. Bienvenido sea todo lo que tenga que ver con recuperar la memoria y que se haga justicia. Todo estos logros caen bien, pero siempre se sigue juzgando al brazo ejecutor y no se llega a los autores intelectuales, que son los grupos económicos. Jamás se los toca y siguen estando presentes. La justicia llega y debe ser así. Aunque sea tarde tenía que llegar. Este es uno de los hechos más viejos que hay dentro de lo que es nuestra historia (los '70) y ver que los culpables de la masacre empiezan a aparecer e ir a la cárcel es algo que realmente vale la pena. Aunque sea para que quede en la memoria de la gente.

13 de febrero de 2008
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cayó uno de los chacales de trelew


[Diego Martínez] Detuvieron al capitán Sosa, autor material de la Masacre de Trelew, en una inmobiliaria de Recoleta. Un hijo de desaparecidos, que le había comprado el departamento sin saber quién era, aportó los datos para ubicarlo.
Argentina. Según las crónicas periodísticas de los últimos veinte años el paradero del capitán de fragata retirado Luis Emilio Sosa era uno de los secretos mejor guardados por la Armada Argentina. Sin embargo, apenas cuatro días después de que la Justicia federal librara su orden de detención, agentes de la Brigada de Drogas Peligrosas de la policía de Chubut detuvieron al marino de 73 años en una inmobiliaria de la Recoleta. Un hijo de desaparecidos que dos años atrás le compró un departamento, sin saber que el anciano era el célebre marino acusado de masacrar a 16 presos políticos en la Base Almirante Zar de Trelew, insultó de bronca cuando lo supo y aportó un dato clave para dar con el represor. Mañana será trasladado a Rawson y el jueves será indagado por el juez Hugo Sastre.
Fueron necesarios treinta y cinco años, cinco meses y veinte días para que la Justicia argentina diera con uno de los dos principales acusados por la masacre de Trelew. Los policías chubutenses, que por su especialización en narcotráfico se movilizan de civil, se presentaron a las 14.57 en un domicilio de Austria al 2000, el último registrado a nombre de la esposa de Sosa. Los atendió un hombre joven.

–No, no vive acá. Le compré el departamento hace dos años.
–¿Sabe cómo encontrarlo? –preguntaron los policías.

–No, no lo vi más, no tengo ninguna relación –hizo un silencio y tanta pregunta le generó curiosidad–. ¿Por qué lo buscan?
–Está acusado por la masacre de Trelew –le explicaron los agentes.

El muchacho se sobresaltó con la noticia.

–¡Hijo de puta! –gritó. Luego explicó que sus padres eran desaparecidos, confesó que quería ayudar y pidió "un par de horas para ver si se me ocurre alguna punta". Revolvió papeles viejos hasta dar con la dirección de la inmobiliaria donde compró la propiedad: ‘Acher Salomón', en Pueyrredón 1317, piso 3, departamento C, barrio de Recoleta.

El propio dueño recibió a los policías. No hizo falta demasiada explicación. "Es mi amigo. Su esposa trabaja acá. Los está esperando", resumió. Levantó el teléfono y le informó al marino sobre la visita anunciada. Minutos después llegó Sosa, solo. Se entregó manso a su destino inexorable.
Por sus 73 años, el cáncer que padece y el antecedente Febres, que obligó a replantearse los criterios de seguridad a varios magistrados, Sosa quedó alojado en el edificio Centinela de Gendarmería Nacional. Hoy a las 9.30 será trasladado a Rawson en el mismo avión de la provincia que a primera hora traerá al gobernador Mario Das Neves. Mañana prestará declaración indagatoria ante el juez Sastre.
"No fue sencillo ubicarlo, todo lo contrario", resumió el secretario del juzgado federal, Mariano Miquelarena.
"Deseaba fervientemente poder saber algo antes de morirme pero no pensaba que se fuera a concretar", confesó emocionada Soledad Capello, la madre de Eduardo (militante del PRT-ERP), de 86 años. Durante años junto con su marido la mujer viajó 1400 kilómetros cada semana para visitar a su hijo preso en Rawson. Para ayudarlo a combatir el frío le tejía pullóveres y medias que Eduardo repartía entre sus compañeros. "Acabo de brindar. Es un placer fuera de los límites", describió Capello, querellante con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales.
"Recibimos la noticia con muchísima alegría, porque es una deuda histórica y un avance enorme en la lucha contra la impunidad", consideró Luis Eduardo Duhalde, titular de la Secretaría de Derechos Humanos y uno de los abogados que viajó a Trelew después de la fuga del penal de Rawson para exigirle al gobierno de Alejandro Lanusse garantías sobre la vida de los presos capturados. "La masacre de Trelew tiene un carácter emblemático por ser el antecedente más notorio de la aplicación del terrorismo de Estado aplicado durante la dictadura."
La Secretaría de Derechos Humanos pidió la detención de Sosa & Cía. el 22 de agosto pasado, al cumplirse 35 años de la masacre. "El juez me dijo en ese momento que era ‘un poco prematuro' pero que lo tendría presente cuando la causa avanzara", contó Duhalde, quien sabía que Sosa cobraba su retiro como oficial retirado de la Armada y que Panamá le denegó un pedido de radicación el 16 de mayo pasado.
Cuando Sosa despegue rumbo a Rawson, el juez Hugo Sastre les recibirá declaración indagatoria a los dos primeros detenidos: el capitán de navío (R.) Rubén Norberto Paccagnini, jefe de la base Zar que sugestivamente pidió licencia el día anterior a la masacre, y el capitán de fragata (R.) Emilio Jorge del Real, que está acusado de haber estado presente durante los fusilamientos. Ambos nombraron como defensores a dos penalistas chubutenses: Fabián Gabalachis y Gustavo Latorre.
El cabo primero Carlos Amadero Marandino tenía previsto retornar al país desde Estados Unidos esta semana. Habrá que ver si la orden de captura librada el viernes lo hizo cambiar de planes. "Del que menos datos tenemos es del teniente Bravo", admitió Maquilarena. Carlos Guillermo Bravo, el otro "gran secreto" de la Armada Argentina, es el segundo protagonista estelar de la masacre. Tal vez en los próximos días caiga otro mito.

13 de febrero de 2008
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bajo la vigilancia de un condenado


[Carlos Rodríguez] El policía Aníbal Luna, sentenciado a perpetua por el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, trabaja en seguridad en la Cooperativa Telefónica de Villa Gesell. Por sus antecedentes penales no debería hacerlo.
Villa Gesell, Argentina. El policía Aníbal Luna, condenado a reclusión perpetua por el crimen del fotógrafo José Luis Cabezas, realiza tareas de vigilancia y seguridad –algo que le debería estar vedado por sus antecedentes penales– en un lugar conocido como El Galpón, que pertenece a la Cooperativa Telefónica de Villa Gesell (Cotel). Luna fue excarcelado en agosto de 2006 y ahora debería volver a prisión por una decisión de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. "El policía Luna trabaja acá, pero ahora no está. ¿Si es legal que trabaje acá? El está libre y puede trabajar donde quiera", le dijo a Página/12 uno de los empleados de esa dependencia de la Cotel, ubicada en Boulevard 1170, a pocas cuadras de la terminal de ómnibus de Gesell. La Cotel, para más datos, es propietaria de una de las dos agencias de seguridad que hay en la villa. Se trata de Gesell Seguridad SA, la más importante de la ciudad, responsable de la vigilancia de miles de comercios y casas particulares.
El rumor había corrido a comienzos del verano. El policía "estaría trabajando en una agencia de seguridad de Cariló", cerca del lugar donde vive, en el llamado Barrio de los Maestros, en Ostende. El dato era aproximado a la verdad. "Luna no trabaja en Gesell Seguridad, trabaja para la Cotel, en El Galpón", aclaró una fuente de la agencia que fue consultada en forma telefónica por este diario, que no pudo contactarse con el presidente del directorio de la firma, el oftalmólogo Jorge Corti, hijo de Luciano Corti, uno de los primeros médicos que llegaron a la villa, que lo retribuyó poniéndole su nombre a una de sus principales avenidas. El vínculo laboral de Luna se parece mucho a un juego de acertijos. Según las fuentes de la Cotel y de Gesell Seguridad "no trabaja para la agencia sino para la cooperativa". De todos modos, la Cotel es dueña de la agencia de seguridad, de manera tal que es prácticamente lo mismo. ¿O acaso Cotel contrata personal de seguridad externo teniendo su propia agencia?
"Luna está en libertad por decisión de la Justicia y, en ese marco, como la sentencia que se le aplicó sigue sin estar firme, tiene el derecho de trabajar donde quiera. Es una barbaridad que eso ocurra, pero la Justicia es la que lo permite", comentó a Página/12 Gladys Cabezas, la hermana de José Luis. "A esta gente no se le puede pedir que tenga decoro. Si fueron capaces de cometer semejante crimen, ahora pueden hacer cualquier cosa sin avergonzarse. La que tendría que reaccionar es la Justicia, luego del fallo de la Suprema Corte que ratificó la sentencia original de reclusión perpetua", reclamó la hermana del reportero gráfico asesinado. "¿Qué clase de seguridad puede brindar una persona como Luna? Tal vez por eso es que volvieron los robos en serie en los lugares de veraneo", concluyó.
Aníbal Luna fue condenado a reclusión perpetua en 2000 por un tribunal oral de Dolores. En el momento del asesinato de Cabezas, el 25 de enero de 1997, se desempeñaba como oficial ayudante en la comisaría de Pinamar. Lo acusaron de haber hecho un seguimiento de Cabezas en los días previos al crimen. Se lo consideró un partícipe necesario del homicidio y se le adjudicó haber intervenido en la maniobra para "liberar la zona" a fin de facilitar la tarea de los autores materiales, el policía Gustavo Prellezo y los civiles José Luis Auge, Gustavo González, Horacio Braga y Héctor Retana.
A Luna lo detuvieron por primera vez el 5 de mayo de 1997. El 4 de junio de ese año lo dejaron libre y el 21 de agosto lo arrestaron hasta que fue condenado. En agosto de 2006 quedó en libertad luego de que el Tribunal de Casación bonaerense resolviera bajarle la pena a 24 años de prisión. La excarcelación se decidió por aplicación de la ley 23.390, conocida como del dos por uno, un cómputo especial del tiempo de detención que hizo considerar a los jueces que había "cumplido sobradamente con los dos tercios de la pena". Para dejar la cárcel, Luna tuvo que pagar una fianza de 40 mil pesos. En septiembre del año pasado, la Suprema Corte bonaerense revocó la sentencia del Tribunal de Casación y ratificó la pena original de reclusión perpetua. Ese fallo fue apelado por la defensa de los acusados y todos los que fueron excarcelados, incluyendo a Luna, siguen en esa situación, aunque se supone que en algún momento deben volver a prisión.

Gesell y la Seguridad
La cooperativa Cotel, cuyo presidente del directorio es Blas de Grosso, es una de las instituciones más importantes de Gesell. El ‘hombre fuerte' de la cooperativa es su tesorero, Antonio Roncoroni, quien es además presidente de la Federación de Cooperativas del Sur. La Cotel es dueña de la empresa Gesell Seguridad S.A., cuyo titular es el oftalmólogo Corti. La agencia de seguridad es la que más trabaja en la zona. Provee a sus clientes de un sistema de alarma que funciona en coordinación con móviles y personal de vigilancia que circula en forma permanente por la ciudad.
Antonio Roncoroni, el tesorero de Cotel, es uno de los empresarios de mayor peso político en Gesell. Una versión nunca confirmada afirma que el ex intendente radical Luis Baldo perdió las elecciones pasadas a partir de una pelea que tuvo con Atilio Roncoroni, hermano del hombre fuerte de la Cotel, a quien ahora se vincula con el nuevo jefe comunal, el peronista Jorge Rodríguez Erneta. El radicalismo perdió la intendencia luego de permanecer en la gestión durante tres períodos consecutivos.
"Cuando asumió Rodríguez Erneta, sus principales ejes fueron los de prometer mejoras en limpieza y seguridad. En estos primeros tiempos de gobierno, desde diciembre, el tema de la limpieza mejoró bastante, pero el de la seguridad no", le comentó a este diario un periodista de Gesell que conoce de cerca la situación interna. "Jorge Corti, el presidente del directorio de Gesell Seguridad, iba a ser designado como secretario de Seguridad del gobierno comunal, pero finalmente desistió de serlo porque no se creó la secretaría del área", comentó.
"Por esa razón –agregó–, se llegó al nombramiento del actual director de Seguridad, Claudio Ciambotti, quien ha recibido críticas por su gestión y por algunas razones accesorias, como hacer un gran negocio con un hotel de su propiedad, llamado Villa del Sol, donde se alojan todos los policías llegados a la ciudad para reforzar la vigilancia en verano." Funcionarios de la anterior gestión comunal encabezada por el radical Baldo le dijeron a este diario que "la droga, sobre todo en algunos lugares bailables, circula con total libertad y la policía no hace o no puede hacer nada. Por eso, la seguridad privada fue avanzando en presencia. Esto hace más grave que en algunos puestos se desempeñen personas que, como Luna, deberían estar inhabilitadas, aun cuando la sentencia condenatoria no esté firme".
Uno de los casos más notorios, en cuanto a la presencia de la droga entre los jóvenes que llegan a Gesell, fue el asesinato a golpes del sereno Cerafio Chávez, de 56 años. Por el hecho fue acusado un joven turista de 20 años, a quien la víctima había orinado cuando lo encontró durmiendo en la playa. El chico, al prestar declaración ante el fiscal Diego Bensi, aseguró que se había defendido "ante el ataque de un oso", lo que demostraría que estaba "totalmente drogado", estimaron fuentes de la investigación.
A poco de asumir, el intendente Rodríguez Erneta tomó algunas polémicas medidas, como instalar cámaras de TV y garitas de control en distintos sectores de la ciudad. Las medidas, se dijo, tenían como objetivo "la protección de la gran cantidad de menores que llegan a Villa Gesell" e imponer el respeto, por parte de los comerciantes, de "la prohibición de venderles (a esos jóvenes) bebidas alcohólicas". Hasta ahora, lo que se advierte es la presencia de operativos masivos de la policía bonaerense para "controlar" a los jóvenes, mientras la seguridad privada va ocupando cada vez más espacio, con la presencia inquietante de agentes con los antecedentes de Aníbal Luna.

12 de febrero de 2008
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vivos, muertos, desaparecidos


[Valeria Sobel] Desgarradores recuerdos de hija de desaparecidos.
Argentina. Cuando mi papá nos venía a buscar, más de una vez, mi mamá nos decía:
–Si llega a pasar algo, ustedes tírense cuerpo a tierra.
Ustedes éramos mi hermana y yo, dos nenas, que a pesar de ese tipo de situación siempre pensamos haber tenido una infancia bastante normal. Ni armas, ni clandestinidad, ni exilio (lo de quedar suspendida entre dos países vino mucho después, ya de adulta).
Eso no impidió que yo me imaginara que si me secuestraban y torturaban, tenía que hacerme la idiota. Supongo que habría visto en la tele alguna película o serie americana con escena en la silla eléctrica. Me imaginaba a mí sentadita en la silla maléfica compenetrada con mi personaje de nena ingenua que no entiende nada. Quizás había oído hablar de la picana y, por lo de la electricidad, en mi cabeza se había transformado en silla eléctrica. Silla con cables que, ya que estaban, debían de hacer de detectores de mentiras. Eso sí, no tengo ni idea de qué era lo que yo suponía saber, de qué era lo que no tenía que decir...
Lo que sí sé es que en algún lugar recóndito me quedó algo más que el recuerdo de esas extrañas imágenes de infancia. Y supongo que no soy la única en estar acompañada de ese tipo de marcas, de grietas, que hacen que a veces me sienta tan poco acompañada. Quedó algo de miedo difuso, de desconfianza, de incomprensión, de distancia, de silencio. Quedó una sensación de peligro, también de absurdo; la sensación de que lo mejor es no exponerse. Todo esto seguramente acentuado cuando se confirmó, con la desaparición de mi papá (yo tenía 10 años), que a los que estaban en algo, les terminaba pasando algo.
Algo de lo que públicamente no se hablaba, algo que los transformaba en ni vivos ni muertos, y a tantos de nosotros, en especialistas de hacer "como si". Especialistas de poner cara de nada en medio de tanta pérdida, de tantas historias rotas, de tanta violencia disfrazada de orden. Náufragos de un naufragio invisible. A seguir yendo a la escuela, a seguir siendo buena alumna (aunque con bastantes menos ganas de ser abanderada), a seguir haciendo "vida normal".
Y a mirar la película desde afuera, a vivir en una especie de limbo, de paréntesis, en espera de tiempos mejores. ¿Tal vez en espera de obtener por fin algún dato, alguna noticia? ¿Tal vez en espera de que la humanidad nos demuestre de una vez que este mundo no es tan horrible e injusto? El que aún hoy muchos de los "desaparecedores" sigan sueltos no ayuda demasiado... Tal vez simplemente en espera de lograr recuperar la voz, de encontrar un ancla o una estrella.
Tanto entrenarse y luego lo difícil es no mirar la película desde afuera, no seguir con esa sensación de haber quedado en medio del camino, no seguir encerrada para siempre en el paréntesis, en cierto enojo. El paréntesis protege de riesgos, dolores y decepciones, pero también adormece. Adormece y aleja de los vivos.
Y claro, los vivos pueden ser, podemos ser, más o menos cínicos, miedosos, egoístas, frívolos, descuidados, mezquinos, ciegos, etcétera. Pero también son, somos, bastantes otras cosas. Sería una pena pasar a través de esas otras cosas como en sordina. Sería una pena, ¿no?

La autora es hija de desaparecidos.

11 de febrero de 2008
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