con afecto, de carlos saúl para febres
[Adriana Meyer] La justicia halló una foto autografiada de Menem dedicada al represor. Con afecto, de Carlos Saúl para Febres.
Argentina. En la pesquisa por el envenenamiento del prefecto se encontraron, además de la imagen, placas de cursos de inteligencia que involucran a personal en actividad. También se determinó que la escena del crimen fue modificada y que Febres conservó sus armas aun detenido.
Cuando el represor Héctor Febres y su familia se mudaron a Ángel Carranza 1551, esa parte de Palermo aún no era Hollywood. Vivieron allí hasta que en diciembre de 1998 el prefecto fue detenido, acusado de apropiación de bebés durante la dictadura, y desde entonces alquilan esa vivienda tipo PH. Diez años más tarde, cuando la comisión policial y judicial apareció con una orden de allanamiento, la joven pareja que ahora lo habita no entendía nada. La mujer embarazada que abrió la puerta estaba muy lejos de ser Stella Maris Guevara, la esposa de Febres, a quien los vecinos recuerdan desplazándose con dificultad por una enfermedad. Luego de aclarar que no eran los familiares del represor –que acababa de ser envenenado con cianuro–, acompañaron a los funcionarios que se retiraban. "Ah, disculpen, quizás esto les sirva. Los dueños nos pidieron si podían guardar algunas cosas en la baulera", les dijo la mujer. Policías y secretarios se miraron: el procedimiento no había sido del todo improductivo. Entre varios elementos personales encontraron condecoraciones y felicitaciones enmarcadas como diplomas. Uno les llamó la atención: la foto autografiada de Carlos Menem con la banda y el pelo felinamente abultado. El ex poderoso asomaba entre los cuadritos como la punta del ovillo. Los próximos pasos que dará la Justicia en la investigación del asesinato del represor apuntan a actuales cúpulas que lo beneficiaron, interesadas en su silencio.
"A mi amigo y compañero Héctor Febres, un abrazo con afecto...", puede leerse antes de la firma del ex presidente Menem, la misma que estampó en los indultos, aún vigentes, y en la ley de Obediencia Debida –ya anulada– que brindó cobijo al prefecto. En 1998 Febres cayó preso por haber sido parte del plan sistemático de apropiación de menores durante la dictadura, un delito que no estaba amparado por aquellos perdones. Sin embargo, a juzgar por las numerosas pruebas acumuladas en la investigación de su muerte, entre ellas las fotos publicadas ayer por Página/12, mal no le fue durante su encierro VIP.
A pocos días de que su cadáver apareciera en el departamento de dos ambientes de la sede Delta de la Prefectura Naval, este diario informó sobre las condiciones de privilegio de las que gozaba, y que los investigadores sospechaban que además tenía libertad de movimientos. El curso del caso demostró que Febres tenía un chofer a disposición, y la Armada, la Prefectura y la Justicia le permitieron ir de vacaciones en familia a la base naval de Azul. Las autoridades de la Prefectura lo trataban como un jefe en apuros, más que como un acusado de delitos de lesa humanidad, lo dejaban participar de sus actividades protocolares y le daban todos los gustos: telefonía, Internet, cancha de tenis, visitas sin horario, registro ni requisa, uso de sus salones para fiestas y reuniones regadas con bebidas alcohólicas. Febres podía tener su billetera, documentos, trajes, llaves y medicamentos. Y hasta 2003, según pudo averiguar este diario, conservó sus armas: un certificado que consta en el expediente evidencia que el represor estuvo armado los primeros cinco años de su flexible confinamiento.
El relajo de la prisión preventiva era tal que su esposa podía quedarse a dormir en la habitación con baño en suite y cama de dos plazas. La jueza Sandra Arroyo Salgado determinó que la escena del crimen fue totalmente alterada, encontró la computadora de Febres en otro sitio, y a los familiares y prefectos participando de estos movimientos. Ahora, además, se dio cuenta de que el cuerpo del represor, aparecido boca abajo, estaba en una cama de una plaza. Alguien quiso ocultar también las comodidades matrimoniales.
Más allá de la incógnita respecto de lo que pueda hacer la Cámara Federal de San Martín con los procesamientos dictados por la jueza a la esposa y los hijos, Héctor y Sonia, como encubridores, y a dos prefectos como partícipes del homicidio, el caso avanza hacia las responsabilidades institucionales. En los próximos días, Arroyo Salgado estará en condiciones de decidir si cita a indagatoria al ex jefe de la Prefectura Carlos Fernández y al jefe de la Armada, Jorge Godoy, como le solicitaron las abogadas que representan a Enrique Fukman y a Carlos Lordkipanidse, sobrevivientes de la ESMA. Entre los cuadritos encontrados en el allanamiento de la baulera de la calle Carranza aparecieron otros de interés para los investigadores. Son placas de cursos vinculados a servicios de inteligencia, de los que surgen nombres de personal en actividad. "Hay mucha documentación para producir medidas y con puntas a seguir", comentó una fuente de la causa. "Hay nombres poderosos, por eso no podemos descartar nada", agregó.
La jueza estableció que hubo una comunión de intereses entre la Prefectura y la Armada para mantener a Febres cómodo y a la vez controlado, por si acaso se le ocurría dar más detalles sobre su paso por la ESMA, donde los sobrevivientes lo ubican no sólo como torturador sino también como encargado de los bebés nacidos en cautiverio. El prefecto ya había nombrado a varios de sus jefes de entonces y solía manifestar su bronca contra las cúpulas que seguían en libertad. Pero los veranos de 2003, 2004 y 2005 que pasó en Azul se sintió tan relajado como para armar el álbum fotográfico de recuerdos. Esas imágenes de Febres en la pileta y en los chalecitos de la base dejan poco margen para la duda sobre la vinculación de la Armada con la detención de privilegio del prefecto asesinado.
De hecho, en el Ministerio de Defensa sospechan que la fuerza a cargo del almirante Jorge Godoy fue cómplice de la Prefectura. Tras un breve receso, en un juzgado con carencia de personal pero que trabajó durante la feria, los colaboradores más cercanos de la jueza afirman que "no habrá un nuevo rumbo, porque eso ya está orientado, aunque sí un nuevo impulso".
Argentina. En la pesquisa por el envenenamiento del prefecto se encontraron, además de la imagen, placas de cursos de inteligencia que involucran a personal en actividad. También se determinó que la escena del crimen fue modificada y que Febres conservó sus armas aun detenido.Cuando el represor Héctor Febres y su familia se mudaron a Ángel Carranza 1551, esa parte de Palermo aún no era Hollywood. Vivieron allí hasta que en diciembre de 1998 el prefecto fue detenido, acusado de apropiación de bebés durante la dictadura, y desde entonces alquilan esa vivienda tipo PH. Diez años más tarde, cuando la comisión policial y judicial apareció con una orden de allanamiento, la joven pareja que ahora lo habita no entendía nada. La mujer embarazada que abrió la puerta estaba muy lejos de ser Stella Maris Guevara, la esposa de Febres, a quien los vecinos recuerdan desplazándose con dificultad por una enfermedad. Luego de aclarar que no eran los familiares del represor –que acababa de ser envenenado con cianuro–, acompañaron a los funcionarios que se retiraban. "Ah, disculpen, quizás esto les sirva. Los dueños nos pidieron si podían guardar algunas cosas en la baulera", les dijo la mujer. Policías y secretarios se miraron: el procedimiento no había sido del todo improductivo. Entre varios elementos personales encontraron condecoraciones y felicitaciones enmarcadas como diplomas. Uno les llamó la atención: la foto autografiada de Carlos Menem con la banda y el pelo felinamente abultado. El ex poderoso asomaba entre los cuadritos como la punta del ovillo. Los próximos pasos que dará la Justicia en la investigación del asesinato del represor apuntan a actuales cúpulas que lo beneficiaron, interesadas en su silencio.
"A mi amigo y compañero Héctor Febres, un abrazo con afecto...", puede leerse antes de la firma del ex presidente Menem, la misma que estampó en los indultos, aún vigentes, y en la ley de Obediencia Debida –ya anulada– que brindó cobijo al prefecto. En 1998 Febres cayó preso por haber sido parte del plan sistemático de apropiación de menores durante la dictadura, un delito que no estaba amparado por aquellos perdones. Sin embargo, a juzgar por las numerosas pruebas acumuladas en la investigación de su muerte, entre ellas las fotos publicadas ayer por Página/12, mal no le fue durante su encierro VIP.
A pocos días de que su cadáver apareciera en el departamento de dos ambientes de la sede Delta de la Prefectura Naval, este diario informó sobre las condiciones de privilegio de las que gozaba, y que los investigadores sospechaban que además tenía libertad de movimientos. El curso del caso demostró que Febres tenía un chofer a disposición, y la Armada, la Prefectura y la Justicia le permitieron ir de vacaciones en familia a la base naval de Azul. Las autoridades de la Prefectura lo trataban como un jefe en apuros, más que como un acusado de delitos de lesa humanidad, lo dejaban participar de sus actividades protocolares y le daban todos los gustos: telefonía, Internet, cancha de tenis, visitas sin horario, registro ni requisa, uso de sus salones para fiestas y reuniones regadas con bebidas alcohólicas. Febres podía tener su billetera, documentos, trajes, llaves y medicamentos. Y hasta 2003, según pudo averiguar este diario, conservó sus armas: un certificado que consta en el expediente evidencia que el represor estuvo armado los primeros cinco años de su flexible confinamiento.
El relajo de la prisión preventiva era tal que su esposa podía quedarse a dormir en la habitación con baño en suite y cama de dos plazas. La jueza Sandra Arroyo Salgado determinó que la escena del crimen fue totalmente alterada, encontró la computadora de Febres en otro sitio, y a los familiares y prefectos participando de estos movimientos. Ahora, además, se dio cuenta de que el cuerpo del represor, aparecido boca abajo, estaba en una cama de una plaza. Alguien quiso ocultar también las comodidades matrimoniales.
Más allá de la incógnita respecto de lo que pueda hacer la Cámara Federal de San Martín con los procesamientos dictados por la jueza a la esposa y los hijos, Héctor y Sonia, como encubridores, y a dos prefectos como partícipes del homicidio, el caso avanza hacia las responsabilidades institucionales. En los próximos días, Arroyo Salgado estará en condiciones de decidir si cita a indagatoria al ex jefe de la Prefectura Carlos Fernández y al jefe de la Armada, Jorge Godoy, como le solicitaron las abogadas que representan a Enrique Fukman y a Carlos Lordkipanidse, sobrevivientes de la ESMA. Entre los cuadritos encontrados en el allanamiento de la baulera de la calle Carranza aparecieron otros de interés para los investigadores. Son placas de cursos vinculados a servicios de inteligencia, de los que surgen nombres de personal en actividad. "Hay mucha documentación para producir medidas y con puntas a seguir", comentó una fuente de la causa. "Hay nombres poderosos, por eso no podemos descartar nada", agregó.
La jueza estableció que hubo una comunión de intereses entre la Prefectura y la Armada para mantener a Febres cómodo y a la vez controlado, por si acaso se le ocurría dar más detalles sobre su paso por la ESMA, donde los sobrevivientes lo ubican no sólo como torturador sino también como encargado de los bebés nacidos en cautiverio. El prefecto ya había nombrado a varios de sus jefes de entonces y solía manifestar su bronca contra las cúpulas que seguían en libertad. Pero los veranos de 2003, 2004 y 2005 que pasó en Azul se sintió tan relajado como para armar el álbum fotográfico de recuerdos. Esas imágenes de Febres en la pileta y en los chalecitos de la base dejan poco margen para la duda sobre la vinculación de la Armada con la detención de privilegio del prefecto asesinado.
De hecho, en el Ministerio de Defensa sospechan que la fuerza a cargo del almirante Jorge Godoy fue cómplice de la Prefectura. Tras un breve receso, en un juzgado con carencia de personal pero que trabajó durante la feria, los colaboradores más cercanos de la jueza afirman que "no habrá un nuevo rumbo, porque eso ya está orientado, aunque sí un nuevo impulso".
11 de febrero de 2008
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Argentina. El coronel retirado Aldo Mario Álvarez, compañero de promoción y amigo de Ramón Camps y prófugo de la Justicia por delitos de lesa humanidad cometidos cuando era jefe de Inteligencia del Cuerpo V de Bahía Blanca, controla en las sombras una agencia de seguridad privada. Fue gerente de Alsina SRL hasta 1998 y dueño hasta marzo de 2000, cuando le cedió las acciones a su yerno. Nueve meses antes se había sancionado la Ley 12.297 que regula el negocio de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires e inhabilita a poseer o integrar las empresas a represores indultados o impunes por las leyes de impunidad. Álvarez se benefició con la Obediencia Debida, pero su caso nunca fue detectado. La Ley 1913 de la Ciudad de Buenos Aires es aún más generosa: sólo excluye a indultados y condenados. Las agencias fiscalizadoras no sólo carecen de mecanismos para detectar testaferros. Ante un pedido formal de Página/12, la Dirección General de Seguridad Privada (Dgspr) de la Ciudad respondió que la sociedad civil sólo puede conocer nombres de empresas y saber si están habilitadas, pero no quiénes son sus dueños. Mientras cientos de genocidas no han sido identificados, el Estado no dispone de una ley nacional que controle al millar de ejércitos privados que les da trabajo.
Argentina. La justicia argentina ha sido remisa en la colaboración solicitada por la italiana para verificar si el estado de salud del ex dictador Emilio Massera le permitirá enfrentar el proceso al que está sometido en aquel país por la desaparición de Angela Aietta Gullo, Giovanni Pegoraro y su hija Susana, además del secuestro de la hija de ésta, nacida en cautiverio. Por esos mismos delitos ya fueron juzgados y condenados a cadena perpetua en rebeldía los ex oficiales Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Ignacio Astiz, Jorge Raúl Vildoza, Antonio Vañek y el envenenado Héctor Febrés. La condena y extradición de Massera y de otros 139 represores también fue solicitada en otra causa, en la que se investiga el Plan Cóndor, el 26 de diciembre pasado por el fiscal Giancarlo Capaldo. Los procesos contra Massera en la Argentina se suspendieron en 2005, luego de que una junta médica determinó que sufría un estado de "involución mental" tras haber sufrido un derrame cerebral el 12 de diciembre de 2002 y la jueza María Servini lo declarara "insano" e incapaz de enfrentar un proceso penal, lo cual fue avalado por la Corte Suprema de Justicia. En Italia se puso en duda la seriedad de los peritajes argentinos. El especialista internacional Luigi Cancrini cuestionó el test con dibujos practicado a Massera, que sirve para evaluar la afectividad de los niños. También consideró normal sus dificultades para hablar, debido a los numerosos medicamentos que consume. Por ello el juez Marco Mancinetti envió al perito italiano Roberto Tatarelli, quien llegó hace ahora un año a la Argentina. El entonces juez y ahora ministro de seguridad porteño, Guillermo Montenegro, hijo de un almirante de la Armada, le negó la asistencia solicitada a través de una rogativa en junio del año anterior y lo sometió a un interrogatorio no previsto en ninguna reglamentación sobre el carácter de sus funciones y de su personalidad, como si él tuviese que dar explicaciones. Es posible que los teléfonos de los querellantes estuvieran pinchados, porque el 5 de marzo, luego de una conversación en la que dijeron que debido a esas trabas no podría demostrarse la capacidad de Massera y avanzaría el proceso, los abogados defensores del ex dictador pidieron a Montenegro que permitiera las pruebas ese mismo día y el juez lo admitió. Aun así, no permitió la presencia del abogado de Abuelas de Plaza de Mayo Luciano Hazan, autorizado por el juez italiano, ni la toma de un encefalograma a Massera. También el perito Tatarelli concluyó que el estado de demencia de Massera no le permitiría afrontar un juicio, por lo que el juez Mancinetti suspendió el proceso y estipuló una revisión periódica para evaluar posibles cambios en su salud. La justicia italiana decidió no enviar peritos cada vez, sino solicitar informes a la justicia argentina, pero ni Montenegro ni su sucesor en la causa, Sergio Torres, las han enviado. Ni siquiera consta que se estén realizando. La próxima audiencia en Roma se realizará el 23 de abril. Entretanto, la justicia de Roma solicitó a Interpol la captura con fines de extradición del general Santiago Omar Riveros, condenado en Roma a prisión perpetua, que está detenido con arresto domiliciario en la Argentina y de los suboficiales de Prefectura Juan Carlos Gerardi, José Luis Porchetto, Alejandro Puertas, Héctor Omar Maldonado y Roberto Julio Rossin, todos ellos condenados a 24 años de prisión en Roma por el asesinato de los trabajadores de los astilleros Astarsa Mario Marras y Martino Mastinu, de nacionalidad italiana. Los cinco gozan de libertad en la Argentina.
Argentina. Las condiciones en que transcurrió la prisión preventiva del prefecto mayor (R) Héctor Febrés, que la jueza federal de San Martín, Sandra Arroyo Salgado, calificó de "escandalosas", quedaron en evidencia al levantarse el secreto del sumario en la causa por su homicidio, del cual hoy se cumplen dos meses. Las fotografías secuestradas en su computadora muestran al procesado por crímenes de lesa humanidad durante sus vacaciones con su esposa, haciendo la plancha en la piscina de la base naval de Azul, posando como buenos amigos junto al jefe de esa unidad, capitán de fragata Mario Francisco Pérez, montando a caballo y exhibiendo a su perro. La fulminante investigación, que insumió tres semanas de trabajo intenso sin pausas, señala la aberración de una custodia encargada a la misma fuerza de seguridad a la que pertenecía Febrés y que era afectada por la suerte del proceso que se le seguía, dada la noción prevaleciente de camaradería y el propósito de reivindicar la actuación institucional. Pérez era un retirado, en servicio activo por convocatoria especial según el artículo 62 de la ley orgánica del personal militar. Fue jefe de la base entre 2003 y 2005. El Ministerio de Defensa ordenó que fuera sancionado, igual que el capitán de fragata Jorge Humberto Carrara, quien estuvo a cargo de Azul durante otra de las vacaciones de Febrés.
Argentina. Si pensaba que era por un rato, el represor Luis Abelardo Patti tendrá que ir poniéndose cómodo en la cárcel de Marcos Paz. La Cámara Federal de San Martín confirmó ayer su procesamiento con prisión preventiva y lo dejó más cerca de afrontar un juicio oral por el secuestro y tortura de siete personas durante la dictadura. Los camaristas de la Sala I de ese tribunal confirmaron en todos sus términos la resolución del juez federal Alberto Suares Araujo. A fines de noviembre, este magistrado lo había mandado a prisión por los secuestros de Diego Muniz Barreto y Juan Fernández, el asesinato de Gastón Gonçalves, las desapariciones de Carlos Souto y Luis y Guillermo D'Amico y la detención de Osvaldo Arriosti. "Es histórico que esta cámara, que ha sido adversa a los reclamos de los familiares, nos haya dado la razón", dijo a Página/12 Ana Oberlin, abogada de los Gonçalves.
Argentina. Dos ex marinos fueron detenidos por orden del juez federal de Rawson, para ser juzgados por su participación en la Masacre de Trelew. Se trata del capitán de navío Rubén Norberto Paccagnini y el de fragata Emilio del Real, a quienes la policía de Chubut ubicó y arrestó en sus domicilios de la ciudad de Buenos Aires. La filtración de las órdenes de captura en el diario Jornada obstaculizó el éxito de los demás procedimientos, en los que también debía detenerse a los dos acusados de haber acribillado a los presos, el capitán de fragata Luis Emilio Sosa y el teniente de navío Roberto Guillermo Bravo. Lo mismo sucedió con el pedido de captura del cabo 1º Carlos Amadeo Marandino, quien viajó a Estados Unidos al reactivarse la causa. Los dos detenidos serán enviados mañana al sur para su indagatoria.
Corrientes, Argentina. El olor a perfume casi siempre remite a un asunto amoroso, a un recuerdo grato. Sin embargo, en el juicio que aquí se realiza por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el Regimiento de Infantería 9 de esta ciudad, para algunos detenidos el hecho de percibir en el aire –con los ojos vendados– una fuerte fragancia que se hacía recurrente puede ayudar a identificar a la persona que lo torturó durante días o meses. "Cuando uno está con los ojos vendados, desarrolla más algunos de los otros sentidos. Yo sabía que era la misma persona la que me torturaba y la que me decía (en otros momentos) que era ‘muy comprensiva'. Lo identificaba por su voz y también por el olor a perfume." Tiempo después, el ex detenido-desaparecido Hugo Bernardo Midón tomó conocimiento de que la persona que le hizo vivir los momentos más trágicos de su vida era el capitán Juan Carlos Demarchi, el ex oficial de inteligencia que está recibiendo la mayor cantidad de imputaciones en lo que va del proceso, junto con los coroneles Horacio Losito y Rafael Manuel Barreiro. Ayer, los defensores pidieron la nulidad de la acusación fiscal, una medida más cerca de una chicana judicial que de un planteo fundado.
Corrientes, Argentina. Las historias de Rómulo Gregorio Artieda y Juan Ramón Vargas, militantes de la Juventud Peronista desaparecidos en la provincia durante la dictadura militar, serán los ejes de la acusación contra cinco represores que comenzarán a ser juzgados hoy por el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Artieda es el primero y hasta ahora único desaparecido correntino cuyo cuerpo fue identificado por el Equipo de Antropología Forense en el año 2006. Lo habían secuestrado en la estación bonaerense de Burzaco, del ex ferrocarril Roca, y lo llevaron al centro clandestino de detención que funcionó en la sede del Regimiento de Infantería 9 de esta ciudad. A Vargas, miembro de la JP relacionado con las Ligas Agrarias, una organización que fue diezmada por la represión, lo secuestraron en Goya y también fue visto en el Regimiento 9. "Con el Mono Vargas, como lo llamábamos todos, yo pude conversar un rato mientras estábamos en el R-9, tabicados y esposados. Lo habían torturado mucho y él me dijo que tenía la certeza de que lo iban a matar", afirmó a Página/12 José ‘Chengo' Almirón, un ex detenido-desaparecido del R-9 que desde 1980 está radicado en Alemania con sus cuatro hijos y sus nueve nietos. Chengo será testigo de cargo en el juicio oral.