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ley sobre los nombres


[Emilio Ruchansky Carabelli] El gobierno fijó que se trate en las sesiones extraordinarias el proyecto de Ley del Nombre. Los hijos llevarán el apellido paterno y materno. Se elimina el "de" en las mujeres casadas. Y se libera la elección de nombres.
Argentina. Es la vieja historia. El hijo no tuvo "ni un varoncito" que continuara el apellido, al menos en los papeles. O la pasión por la estirpe que sentían aquellos curiosos que probaron suerte en 1992, cuando se cumplieron 500 años del encuentro entre América y Europa, y en aquella gigantesca exposición detrás la Casa Rosada un stand prometía rastrear el origen migratorio del apellido. Su ausencia también puede ser un estigma, la posibilidad de que los otros sepan si alguno de sus padres lo desafilió, el famoso "hijo de madre soltera". También representa la posesividad heterosexista: ser "de" otro, luego de casarse. Seguramente, el proyecto de la Ley del Nombre que impulsa el gobierno nacional no va a solucionar ni los estigmas ni el imaginario sobre el apellido; pero, según aseguró ayer su autor e impulsor, Aníbal Fernández, consolidará "la individuación de la persona" y dejará mejor parado al país, el único en Latinoamérica donde no es obligatorio llevar el apellido materno y uno de los pocos que aún impone una lista de posibles nombres.
Este proyecto de reforma tomó un impulso inusual por "el interés político" –acotaron voceros del ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos– que le dio el gobierno. Será "el tema del verano", al menos para los senadores que tendrán que reunirse en sesiones extraordinarias para analizarlo, entre otras iniciativas. El proyecto ya tuvo dictamen favorable en la Comisión de Legislación General del cuerpo el año pasado y está relacionado con otra ley –con media sanción en el Senado– para modificar los trámites internos y externos a la hora de inscribir a un recién nacido. Esta última será tratada en las sesiones ordinarias y apunta, aclaró Fernández, "a darle una identificación mayor que permita un elemento más en cuanto a las posibilidades de ser traficado".
La enmienda a ley 18.248 comenzó a debatirse en 2004 en una reunión entre las autoridades de los registros civiles de las 24 jurisdicciones y el titular de Interior en Bariloche, un encuentro que se repitió al año siguiente en Mar del Plata y luego en La Rioja.
"La idea era simplificar los trámites", le contó a Página/12 una ex funcionaria del Registro Civil porteño que participó de las reuniones. De aprobarse la propuesta, se podría, entre otras cosas, elegir un nombre sin lista de por medio y las madres solteras podrán optar por ponerle a su hijo su apellido repetido, o el propio más el materno (es decir que el bebé llevaría el apellido de sus dos abuelos maternos).

Los Fernández González
Una vez aprobada la ley, los recién nacidos reconocidos por ambos padres deberán llevar los dos apellidos de la pareja: el del padre y el de la madre, en ese orden. Así figurarán en el acta de nacimiento y en el DNI.
El ítem más publicitado restablecerá la situación anterior a ley actual, promulgada por un gobierno de facto en 1969. "El orden de aparición está inspirado en el modelo hisponamericano, sólo en Brasil, donde siguen el modelo lusitano, se anota primero el apellido de la madre", comentaron en el Ministerio de Justicia.
Hay otro proyecto de ley de las kirchneristas Nora César y Ana Monayer que circula en el Congreso, que adopta el esquema brasileño pero "iba a generar más controversia", se atajaron los voceros de Aníbal Fernández. ¿Y la multiplicación de apellidos?, insistió Página/12. "No vamos a tener chicos con 4 o 6 apellidos, quedan los dos primeros que tengan el padre y la madre", respondieron. Habrá que tener un varoncito entonces, para perpetuar la genealogía.
"El problema se presenta cuando se trata de una madre soltera", reconoció ayer Fernández, quien explicó que en estos casos la nueva ley contempla dos posibilidades: "Tomar los dos apellidos de la madre, es decir, si ella se llama González Fernández, el chiquito se llamará González Fernández, o puede repetir el apellido de la madre ‘González González'". Si el padre reconoce al hijo después, podrá sumar su apellido pero, según contempla el proyecto, "el niño mantendría como primer apellido el de la mamá y como segundo, el del papá" para conservar su identidad e individualidad ya que es reconocido socialmente con el apellido de la madre.
¿Qué pasa con los hermanos que nacieron antes de este proyecto? Hoy los padres pueden agregar un segundo apellido. Si quieren unificar los apellidos de sus hijos, basta con que decidan hacerlo.

No Soy "de" Nadie
- Si la mujer quiere usar el apellido del marido, no existirá más la obligatoriedad de agregarlo seguido de la preposición "de" o la conjunción "y".
"Es para eliminar la discriminación respecto del género", aseguró Aníbal Fernández. Hubo un caso similar en la República Checa, donde se eliminó el sufijo "ova", de uso obligatorio en el apellido de las mujeres casadas. El ministro, fiel al ejemplo autorreferencial, explicó que "hoy la esposa se podrá llamar Fernández de González, mañana puede ser Fernández González, será indistinto" y añadió: "De la misma manera, el marido puede ponerse el apellido de la mujer, si así lo desea".
"La ley estaba atrasada de todo atraso", comentaron los voceros del Ministerio sobre la norma vigente, que no contempla situaciones familiares que surgieron en los últimos 30 años. Puntualmente, la transformación de los modelos de familia, que pasó de un modelo más paternalista hacia otro en el que la mujer adquirió un lugar de mayor paridad.

Todos los Nombres
De ahora en adelante podrían elegirse nombres extranjeros para los hijos argentinos. Salvo los de difícil fonética y grafía.
Hasta ahora existe una lista de nombre que se ha ampliado, pero la imaginación, se sabe, no tiene parámetros. En los Registros Civiles conocen bien esta situación. "Cada vez que un nombre no aparecía, los padres tenían que pedir una autorización al director de registro, que generalmente solo autorizaba a esa persona en particular, aunque otras agregaba el nombre a las lista general", aseguró la ex funcionaria del Registro Civil consultada por Página/12. A principios del año pasado, la diputada Marta Lucía Osorio presentó un proyecto sobre este punto para pedir la modificación del artículo 3 de la ley 18.248, para que se puedan inscribir "nombre aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas".
"Es el punto más popular de todos. Mucha gente quiere ponerle el nombre de algún personaje de telenovelas a sus hijos, nombre como ‘Nick' o ‘Tommy'. Ahora van a poder hacerlo mientras no sea ofensivo, ridículo o impronunciable", destacó el vocero del Ministro, que comentó punto a punto el proyecto y deslizó una jugosa anécdota al respecto: "Mi mujer es de Brasil, y allá se permiten todos los nombres. El día que nació su papá estaba tan contento que salió a festejar y bueno... se mamó. Con la madre había decidido ponerle Elida, pero cuando el papá llegó al Registro Civil lo pronunció mal. La anotaron como ‘Huelitas' y nunca se pudo cambiar el nombre".

2 de febrero de 2008
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madres toman posesión de liceo naval


[Sebastián Abrevaya] La asociación madres de plaza de mayo tomo posesión del ex liceo naval. Con Hebe de Bonafini a la cabeza, la Asociación Madres de Plaza de Mayo empezó a transformar ayer el ex Liceo Naval en un "lugar de vida". El 30 de abril será inaugurado el Centro Cultural Nuestros Hijos.
Argentina. "Vivan nuestros hijos desaparecidos, viva la vida, le ganamos a la muerte", dijo emocionada la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. El lugar se llenó de aplausos. Así terminó ayer el "desembarco" de las Madres en el ex Liceo Naval de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde funcionará desde el 30 de abril el Centro Cultural Nuestros Hijos, que dirigirá la cantante Teresa Parodi. Soles y flores de todos colores le "dieron vida" a las paredes ocres de lo que fue hasta hace poco un instituto de formación de la Marina y parte del centro clandestino de detención por el que pasaron cerca de 5 mil desaparecidos.
Un camino sembrado de flores de papel con pañuelos blancos pegados en el centro guiaba a la gente por los doscientos metros que unen la entrada del futuro centro cultural con el portón de entrada a la ESMA por Avenida del Libertador. Las Madres, con Bonafini a la cabeza, llegaron caminando y entraron de a dos al ex liceo donde se montó un pequeño escenario. "Vamos a pintar la vida compañeros", invitó la presidenta de Madres mientras se escuchaba a coro: "Madres de la plaza, el pueblo las abraza". Vasitos de plástico con temperas de colores, pinceles y hasta las manos sirvieron para decorar con banderas argentinas, corazones, flores, soles, estrellas y frases el hall central del lugar. "Podrán cortar las flores pero nunca detendrán la primavera", se repetía entre las cuatro paredes.
Más temprano, Bonafini se había reunido con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para agradecerle la apertura del predio a la sociedad civil (ver aparte). Así comenzó su discurso la presidenta de Madres, reconociéndole a Néstor Kirchner "la reivindicación de nuestros hijos revolucionarios". El proceso de traspaso de todo el predio comenzó el 24 de marzo de 2004, cuando el gobierno nacional anunció que allí funcionaría el Espacio de la Memoria. Desde entonces, este es el primer proyecto que se pone en marcha. En noviembre pasado, a días del cambio de mando el matrimonio presidencial encabezó el acto en el que se firmó el acta acuerdo entre los gobiernos. El predio de 17 hectáreas y 34 edificios será administrado en conjunto por el Estado nacional, la ciudad de Buenos Aires y entidades sociales y de derechos humanos, entre ellas Madres, Abuelas y los sobrevivientes de la ESMA.
"Iremos diseñando para que esto no sea un mosaico de cosas dispersas sino un proyecto integral", le explicó el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, a Página/12. Acompañando a las Madres también estaba Judith Said, la coordinadora del Ente Tripartito del proyecto en la ESMA. Estuvieron presentes el director del Archivo de la Memoria, Ramón Torres Molina, y el del futuro director del Centro Cultural Haroldo Conti, Eduardo Jozami. Ambos funcionarán en otros dos edificios de la ESMA.
Después de recorrer las paredes pintando, las Madres se acercaron al escenario y escucharon a la directora del centro cultural. Parodi, con borrador en mano para no olvidarse de nada en medio de "tantas emociones", comenzó por explicar su objetivo al frente del proyecto: "Estoy aquí porque he aceptado este enorme desafío de cambiar odio por amor, llanto por alegría, muerte por vida". Como un poema, se imaginó las actividades que se desarrollarán: "Cantaremos canciones dentro de estos muros, hablaremos de poesía, seremos maestros, alumnos, alfareros, músicos, actores, artesanos, poetas, titiriteros, honestos soñadores, esperanzados habitantes de un mundo mejor, en el que creemos porque creemos en nosotros mismos".
Aunque no hace mucho el edificio era utilizado por los militares, en los casi tres meses que restan hasta la apertura queda por verificar el funcionamiento de todos los servicios y el acondicionamiento de la estructura edilicia. Más adelante esperan lograr editar una publicación para "llegar a todos lados y que la gente sepa lo que se hace en el centro".
Entre cientos de personas que participaron del "desembarco" de las Madres había representantes de la Hotel Bauen, recuperado por sus trabajadores y obreros de los planes de construcción de viviendas en las villas. También estaba la ex ministra de Economía y actual coordinadora general de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Felisa Miceli, y el diputado porteño, Juan Cabandié, nacido en la ESMA durante la dictadura y recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo. El consideró que es necesario "resignificar el dolor con una propuesta de vida que abarque la generación actual y las venideras". Sin embargo, desde otros organismos plantean que no se debería modificar el lugar para que funcione como un museo donde se muestre el horror del terrorismo de estado.
Lejos quedó el recuerdo de un decreto firmado en 1998 por el entonces presidente Carlos Menem, en el que ordenaba la demolición de los edificios del centro clandestino para crear "un espacio verde de uso público y el lugar de emplazamiento de un símbolo de la unión nacional". Otro de los fallidos proyectos para la ESMA, fue la creación de "un polo educativo militar", que incluía una escuela de guerra del Ejército y la Fuerza Aérea. Esa idea había sido analizada en el 2000 por el entonces ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, durante el gobierno de la Alianza.
"¡Los quemaron vivos y no pudieron, los tiraron al río vivos y no pudieron, los enterraron abajo de las autopistas y no pudieron! ¡Nuestros hijos no son huesos, son vida que nace siempre como semilla en cada uno de ustedes!", concluyó Bonafini.

1 de febrero de 2008
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el ex almirante jorge godoy


Los hitos del jefe de la Marina. La autocrítica por la actuación de la Armada durante la dictadura marcó un hito en el derrotero del almirante Godoy.
Argentina. Con más de cuarenta años brindando servicios en la Armada, el almirante Jorge Godoy pasará a la historia por haberse diferenciado de los jefes del arma que lo antecedieron y realizar una autocrítica pública de la participación y el desempeño de los marinos durante la última dictadura, como la que había realizado el entonces jefe del Ejército, Martín Balza, en 1995. Pero pese a estas posiciones, durante su mandato también se descubrió que algunas dependencias de la Armada realizaban operaciones de inteligencia política sobre civiles, incluyendo al mismo presidente Néstor Kirchner o el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, entre otros y aportó pocos datos y documentación sobre lo actuado por la fuerza en aquellos años.
Ajustándose al camino político elegido por el gobierno del presidente Néstor Kirchner, aquel discurso emitido en marzo de 2004 en conmemoración del nacimiento del almirante Guillermo Brown, fundador de la fuerza, tuvo como espectadores a un grupo de retirados navales, entre los que se encontraban Joaquín Stella, Enrique Molina Pico, Jorge Ferrer y Jorge Isaac Anaya. La elección de la fecha no fue al azar, ya que para esa ocasión se reúne todos los años casi toda la familia naval y faltaban veinte días para que el gobierno nacional anunciara que la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), emblemático centro clandestino de detención durante los años de plomo, se convertiría en un Museo de la Memoria. Godoy dijo: "No se puede pensar un porvenir, ni construir el presente, permaneciendo prisionero del pasado: la decadencia a la que referí sería entonces la antesala del fin. La Armada debe, pues, proyectarse al futuro y trabajar con fervor en la consecución de sus metas, que son las del país. Es nuestro deber y nuestro privilegio". En otro tramo del discurso Godoy enfatizó que "sabemos hoy, por la acción de la Justicia, que aquel lugar –que por su elevado destino debió mantenerse al exclusivo servicio de la formación profesional de nuestros suboficiales– fue utilizado para la ejecución de hechos calificados como aberrantes y agraviantes de la dignidad humana, la ética y la ley, para acabar convirtiéndose en un símbolo de barbarie e irracionalidad". También afirmaba que "así como no puede ocultarse el sol bajo un arnero, no pueden esgrimirse argumentos válidos para negar o excusar la comisión de hechos violentos y trágicos en ese ámbito. Hechos que nada ni nadie podría justificar, aun en las gravísimas circunstancias vividas", y aclaraba: "Estoy convencido, compartiendo en ello plenamente el pensamiento del gobierno nacional, que sólo en la justicia y en la verdad podrá obtenerse el ansiado y pleno reencuentro de la sociedad argentina".
Nacido en Mar del Plata en 1946, el almirante Godoy egresó de la Escuela Naval Militar como guardiamarina en diciembre de 1968. Perteneciente al Cuerpo de Comando, Orientación Superficie, se desempeñó como oficial en distintos buques de la Armada entre 1969 y 1991. Está casado con María Laura Valdivia Lúpiz con quien tuvo dos hijos.
Pero de la posición expresada en sus discursos, ya que en más de una oportunidad repitió los mismos argumentos, poco se pudo ver en concreto. Si bien su discurso fue bien recibido por la mayoría de la sociedad y el arco político, los organismos de derechos humanos le recriminaron que "ahora tiene la oportunidad de ir a los juzgados y presentarse en las causas que se han abierto desde la anulación de las leyes de impunidad. Tienen la oportunidad de transitar el camino de la verdad y la justicia y de asumir la responsabilidad en los juicios que se puedan iniciar".
Incluso el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, cuando testimonió frente al juez Hugo Sastre por la causa de los fusilamientos de Trelew ocurrida en 1972 y reabierta 35 años más tarde pidió al juez que Godoy intervenga para "que la Armada aporte información sobre el capitán Luis Emilio Sosa y el teniente Roberto Guillermo Bravo", ambos brazos ejecutores de la masacre. "La respuesta la debe dar el almirante Godoy porque de los registros de la marina no pueden esfumarse dos oficiales de esta manera, en algún lado deben haber cobrado su sueldo", argumentó Duhalde, sin obtener respuesta aún de la marina.
Pero la denuncia más grave fue efectuada por un marino de la base Almirante Zar de Trelew, quien se presentó ante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para dar testimonio sobre la petición que le habían hecho sus superiores de realizar tareas de inteligencia sobre civiles. El escándalo provocó que la ministra de Defensa, Nilda Garré, anunciara que se actuaría "con toda severidad" ya que "estamos ante incumplimientos de la ley (de Defensa Nacional y de Seguridad Interior) muy graves y se va a actuar con toda la severidad que corresponde", lo que empujó a Godoy a tomar la decisión de clausurar "las centrales y secciones de Inteligencia hasta que se realice una inspección administrativa, funcional y operativa" que estaría a cargo de oficiales superiores y funcionarios de Defensa. Godoy logró mantenerse en su puesto, pero debió retirar al número tres de la Armada, Eduardo Luis Avilés, quien se desempeñaba como comandante de Operaciones Navales y al director de Inteligencia Naval, Pablo Carlos Rossi.

29 de enero de 2008
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la causa que hundió a godoy


[Adriana Meyer] El gobierno sospecha que la armada conocía los privilegios de Febres.
Argentina. El represor Héctor Febres tenía un gran malestar con la Armada, decía que la fuerza lo dejó solo, que lo entregó a la Justicia. "Me tengo que comer las fiestas preso mientras los jefes están en su casa", fue lo primero que dijo en diciembre de 1998, cuando fue detenido en la causa por apropiación sistemática de menores. Según reconstruyó la jueza federal que investiga su muerte, ese sentimiento creció al punto de que Febres "se debatía entre develar información sensible respecto de la responsabilidad de personal de la Armada o el sentido de pertenencia y fidelidad a las fuerzas, escogiendo el silencio". La Justicia cree que durante los años en que el prefecto asesinado estuvo con prisión preventiva hubo una "comunidad de intereses" entre la Prefectura y la Armada respecto del resultado de su proceso penal. Pero Página/12 pudo saber que también en altos niveles del Gobierno sospechan que la Armada fue cómplice de la Prefectura en el otorgamiento de enormes condiciones de privilegio durante su "encierro" para evitar que abriera la boca, tal como lo demostraría el permiso para veranear en la base naval de Azul durante 2003, 2004 y 2005. Este diario informó el sábado que los abogados querellantes pidieron la indagatoria del jefe de la Armada, Jorge Godoy, por considerarlo responsable de esos traslados. Con la misma idea ayer lo citó la ministra de Defensa.
Nilda Garré intimó al jefe de los marinos a presentar en el plazo de dos días "toda la información obrante en el ámbito de la fuerza a su cargo referida a los hechos indagados en la causa en la que se investiga la muerte del prefecto Héctor Febres". Así lo expresó un comunicado de prensa del ministerio que, renglón seguido, mencionó las vacaciones que los marinos le permitieron pasar a Febres y a su familia en dependencias del Arsenal Naval Azopardo, ubicado en Azul, "según la información periodística publicada en el fin de semana".
Página/12 había reproducido parte de la resolución de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en la que procesó a la familia por encubrimiento y a dos prefectos como partícipes necesarios del homicidio. En ese extenso fallo, la magistrada enumera los "beneficios impensados" de los que gozaba el prefecto que durante la dictadura revistó en la ESMA como enlace entre la Prefectura y la Armada, se ocupaba de los bebés de las mujeres que daban a luz en cautiverio, y estaba siendo juzgado por los delitos de lesa humanidad que allí cometió. En la sede Delta de la Prefectura, donde lo remitió en primer lugar el ex juez federal Adolfo Bagnasco, Febres disponía de un chofer para satisfacer sus pedidos o los de su esposa, Stella Maris Guevara, "ya sea para trasladarla a visitar a su marido, para realizar trámites bancarios o ir de compras". También podía usar los salones de la institución para celebraciones familiares, como el bautismo de los nietos o el cumpleaños de 60 de su esposa, tenía llave de su habitación, televisor, teléfonos y acceso a Internet.
En el siguiente párrafo, la jueza describió "los traslados autorizados durante los meses de enero y febrero a fin de residir o vacacionar en dependencias del Arsenal Naval Azopardo, sito en la localidad de Azul, durante los años 2003, 2004, 2005". Si bien se mencionaban supuestas razones de salud, Arroyo Salgado subrayó: "Viene al caso destacar las actividades que lo tuvieron como protagonista al señor Febres, vacacionando junto a toda su familia en comodísimas instalaciones, con variados banquetes de comidas a su alcance que en nada se compadecen con el sometimiento a un tratamiento médico tendiente a tratar la enfermedad de diabetes que adolecía". En tiempos de dictadura, la Prefectura Naval dependía de la Marina, pero cuando el prefecto usó la base de Azul para su esparcimiento ya no era así. "El jefe de la Armada tiene que explicar por qué permitía esta situación de privilegio e irregularidad, estamos hablando de un preso detenido por crímenes de lesa humanidad que iba de vacaciones, con su familia, a una base naval que depende directamente del almirante Jorge Godoy", sostuvo la abogada Myriam Bregman, que representa al sobreviviente de la ESMA Carlos Lordkipanidse e integra el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.
Aunque ayer Godoy le dijo a Garré que desconocía lo que surgió de la investigación judicial, y la ministra lo intimó a que averiguara qué fue lo que sucedió en Azul y con Febres, en los pasillos de Defensa pocos apostaban a la continuidad del jefe de los marinos en caso de que la jueza acceda al pedido y lo cite como imputado. Para confirmar la información sobre la presencia de Febres en el arsenal de Azul, la ministra decidió presentarse ella misma en el Juzgado Federal nº 2 de San Isidro y pedir acceso al expediente que resume la primera parte del caso del represor envenenado, según la Justicia, para silenciarlo.

29 de enero de 2008
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expulsan a represor


[Nora Veiras y Adriana Meyer] Garre le ordenó al jefe de la armada echar a asesores y lo emplazó por la causa Febres. La ministra de Defensa citó al almirante y le ordenó separar de inmediato al represor y a otros dos oficiales "apologistas" del terrorismo de Estado.
Argentina. Desde temprano, los pasillos del Edificio Libertad anticipaban que sería un día agitado. El clímax se alcanzó con la citación al jefe de la Armada, Jorge Godoy, a Defensa para que dé explicaciones ante la ministra Nilda Garré. A última hora de la tarde el almirante entró en el despacho y tuvo que limitarse a escuchar y leer. Garré le ordenó en forma oral y por escrito que "separara de manera inmediata" al contraalmirante retirado Roberto Pertusio de su cargo de miembro permanente del Centro de Estudios Estratégicos de la Armada, tal como había revelado Página/12 el domingo último. El represor está preso desde el 2006 en su casa de Olivos por homicidios y secuestros. Otros dos asesores del titular de la Marina también deberán dejar el conchabo. Godoy tendrá otro trabajo extra: remitir "en 48 horas toda la información obrante" en la Armada sobre "las vacaciones" que había gozado el prefecto Héctor Febres en la Base Naval de Azul mientras estaba detenido por delitos de lesa humanidad. La propia ministra se presentará hoy en el juzgado para solicitar acceso al expediente que investiga el homicidio del represor de la ESMA.
El marino viene acumulando traspiés a pesar de su alineamiento público con el discurso oficial. La autocrítica pionera de la Armada durante la gestión del ex presidente Néstor Kirchner le dio plafond (ver aparte). Sin embargo, a lo largo de los años se sucedieron varios hechos críticos. El espionaje en la Base Naval Almirante Zar de Trelew le costó el cargo a gran parte de su consejo de altos oficiales. Cumplió con la misión de desalojar el emblemático edificio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) para que funcione allí un Museo de la Memoria, pero la construcción de las obras para reemplazar las escuelas provocaron otro drenaje de retiros envueltos en denuncias de irregularidades. "Nosotros no somos especialistas en construir edificios", explicaban cerca de Godoy cuando Defensa puso la lupa sobre la obra adjudicada a la empresa San José, dirigida entre otros por el contraalmirante retirado Basilio Pertiné, cuñado del ex presidente Fernando de la Rúa. Sin embargo, es llamativa la cantidad de constructoras contratadas por la Armada que son o están vinculadas a altos oficiales retirados.

Retirados Activos
Página/12 informó el domingo último que Roberto Pertusio, contraalmirante retirado, está detenido en su casa de Olivos desde noviembre del 2006. Se lo acusa de homicidios, secuestros y torturas mientras se desempeñó como segundo jefe del centro clandestino que funcionó en la Base Naval de Mar del Plata. Pertusio era el encargado de responder los reclamos de los familiares de las víctimas. En la causa que instruye la Justicia federal de la ciudad balnearia figura una carta remitida por el contraalmirante a Reinaldo Vacca, el padre de Nora Inés, en la que por orden del contraalmirante Carlos Malugani le informa que si bien el procedimiento de secuestro de los bienes fue realizado por personal bajo su cargo, no fue la Marina la que ejecutó el operativo en el cual fueron secuestradas las propietarias de esos bienes. Argumentos semejantes utilizó con Leónidas Roldán, padre de Omar Tristán también secuestrado. Pertusio dijo desconocer el paradero del joven pero admitió que la Marina hizo el operativo para trasladar a la base sus bienes.
Pertusio supo reciclarse como docente especializado en temas de estrategia militar hasta que la reapertura de los juicios le transformó en presente su pasado. Fue detenido por privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravado por la persecución política de Nancy Carricabur, Stella Maris Nicuez, Liliana Retegui, Liliana Iorio, Patricia Lazzeri y el matrimonio de Tristán Roldán y Delia Garaguso que estaba embarazada de tres meses. También está acusado de homicidio doblemente agravado en el caso de Iorio, Retegui, Lazzeri, Roldán y Garaguso.
La calidad de preso no lo privó de seguir asesorando a Godoy en el Centro de Estudios Estratégicos. Ayer, como primera reacción a la información difundida por este diario desapareció la página web del centro con el organigrama que dejaba al descubierto la actividad de Pertusio y otros retirados.
El comunicado del Ministerio de Defensa que da cuenta de la reunión entre Garré y Godoy detalla que "también se ordenó (a Godoy) limitar las funciones del contraalmirante (retirado) Miguel Troitiño ‘en razón de su adhesión y reivindicación de las acciones propias del terrorismo de Estado que, en su momento, ameritaron la imposición de sanciones' aplicadas por la propia jefatura de la Armada". Troitiño fue uno de los primeros oficiales retirados en criticar la política de derechos humanos del kirchnerismo en una solicitada.
El otro asesor que fue separado del cargo es el capitán de navío retirado Hugo Santillán. Se tomó como antecedente "el desempeño de Santillán que motivara su relevo como director del Liceo Naval Almirante Brown, al producirse el reciente proceso de desalojo del predio de la ESMA", explicó Defensa. Santillán fue relevado por el propio Godoy porque del edificio arrancaron hasta las canillas antes de entregarlo para que funcionara en el lugar el Museo de la Memoria.

Vacaciones
El sábado último, Página/12 publicó que los querellantes en la causa Febres le pidieron a la jueza Sandra Arroyo que cite a declaración indagatoria a Godoy por haber autorizado las "vacaciones" del prefecto en la Base Naval de Azul entre los años 2003 y 2005 mientras estaba detenido. El almirante tendrá dos días para recabar toda la información que haya en la fuerza con el fin de deslindar responsabilidades. Una tarea difícil teniendo en cuenta que la alternativa lo coloca en un lugar más que incómodo: o bien lo autorizó o bien no controló lo que hicieron sus subordinados nada menos que durante tres años y con uno de los represores que había actuado en la ESMA. Durante la dictadura, la Prefectura, la fuerza en la que operaba Febres, estaba bajo jurisdicción de la Armada.
En su fallo, la jueza alude a las fotos que documentan los privilegios de los que disfrutó Febres con su familia en la Base Naval de Azul. Garré se presentará hoy ante el Juzgado Federal Número 2 de San Isidro para "solicitar acceso al expediente, con el objetivo de corroborar la información acerca de la mencionada presencia de Febres en el Arsenal Naval de Azul".

Con Todo Confort
En el piso 11 del Edificio Libertador fueron más benévolos con el acondicionamiento del ex Liceo Naval Almirante Brown en la Base Naval de Río Santiago. Admitieron que había "elementos de confort" exagerados como la instalación de aires acondicionados. Todavía no saben qué van a hacer con ese reciclado que, en principio, había sido pensado para albergar a represores presos. Después del asesinato de Febres, alojado en la base Delta de la Prefectura, los jueces parecen haberse convencido de que las cárceles comunes, como la de Marcos Paz, son más seguras. Claro que a pesar del destino de Febres, los militares hacen lobby en sentido contrario. El Foro de Almirantes Retirados pidió audiencia con el jefe de la Armada, Jorge Godoy, para reclamarle que garantice" a los oficiales que cumplieron órdenes" que los alojen en dependencias militares y se quejan porque se los está juzgando como "delincuentes comunes".

29 de enero de 2008
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cárcel de lujo sin reclusos


[Nora Veiras] La fuerza remodeló la ex Base Naval de Río Santiago como prisión para represores que violaron derechos humanos, pero. Por los excesos de confort se resolvió no trasladar a ningún detenido. retirados.
Argentina. El viernes 11 de enero, funcionarios del Ministerio de Defensa llegaron a la ex Base Naval de Río Santiago, ubicada a 15 kilómetros de La Plata, para ver cómo había adecuado la Armada el viejo edificio de alojamiento de oficiales donde funcionó el Liceo Naval Almirante Brown. El objetivo de la remodelación había sido transformar el predio en una prisión para los represores que engrosaban las causas por delitos de lesa humanidad. Un alambrado olímpico de cuatro metros y cámaras de circuito cerrado de televisión parecían adecuadas para una cárcel, pero ahí terminó lo esperable. A medida que se abrieron las puertas, el confort superó las expectativas. Un pedido de informes a la cúpula naval obligó al regreso anticipado de vacaciones de al menos cuatro almirantes y la decisión de no trasladar allí a ningún marino. Alrededor de dos millones de pesos insumió el reciclado que ahora no tiene destino.
Después del envenenamiento del prefecto Héctor Febres en una dependencia de esa fuerza, los privilegios de los represores detenidos parecen haber caído. Por primera vez, gran parte de los acusados en la causa ESMA fue alojada en la prisión de Marcos Paz. Sus abogados atosigaron al juez Sergio Torres, quejándose por las condiciones de la cárcel. El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, refutó las críticas en la respuesta que le envió al magistrado.
Sin embargo, los marinos siguen dando batalla: el Foro de Almirantes Retirados le envió una carta al jefe de la Armada, Jorge Godoy, pidiéndole una audiencia para reclamarle que "nuestro personal sea alojado en lo que la Armada misma creó, como prisión naval, en la ex Base Naval de Río Santiago". El pedido firmado por el vicealmirante retirado Eduardo Rodolfo Llambí y el almirante retirado Emilio Osses insiste en la defensa del terrorismo de Estado porque "lo actuado por ellos fue un acto de servicio, y que cumplieron órdenes institucionales, máxime teniendo en cuenta la baja jerarquía que ostentaban en esa época". Los retirados se lamentan porque sus camaradas se están convenciendo de que "serán juzgados como simples delincuentes comunes". Entre los quejosos figura el contraalmirante retirado Basilio Pertiné, director de la empresa San José, adjudicataria de la cuestionada construcción del polo educativo en Vicente López que reemplazará a los edificios de la ESMA.

Desatinos Varios
A fines de 2006, cuando todavía los jueces aducían razones de seguridad para evitar que los represores cumplieran prisión preventiva en cárceles comunes, el Ejército ofreció reciclar un pabellón en el Regimiento de Arana, cerca de La Plata. A mediados del año pasado, los cuartos alfombrados, con puertas comunes con las llaves a disposición de los futuros presos y otros elementos de confort como baños privados y ventiladores de techo postergaron sin fecha la utilización del predio. El Servicio Penitenciario Federal informó a Defensa que el edificio no cumplía con los requerimientos de seguridad para ser utilizado como prisión.
Ahora se repitió la historia con Río Santiago. La Armada le adjudicó el reciclado en forma directa a le empresa Kaisa SA, que está vinculada con el ex subjefe de la Armada almirante Ernesto Telmo Juan Gaudiero, quien compartió la cúpula de la fuerza con Godoy. La sorpresa de los funcionarios del área de Infraestructura y Derechos Humanos de la cartera de Defensa al encontrarse con la obra derivó en el pedido del legajo a la Armada para investigar todo lo actuado. El mismo procedimiento se siguió al comprobarse las irregularidades en las obras de traslado de la ESMA adjudicadas a la constructora San José. El auditor de Defensa sigue fatigando los pasillos del Edificio Libertad, buscando carpetas con documentación.
Entre esas obras adjudicadas figura la edificación del Liceo Naval Almirante Brown. En marzo del año pasado, en el marco de los acuerdos para el desalojo del predio donde funcionó el emblemático centro clandestino de detención, el entonces jefe de gobierno porteño, Jorge Telerman, y la ex ministra de Derechos Humanos Gabriela Cerruti, firmaron un acta acuerdo con Godoy en la cual la Ciudad se compromete a financiar la construcción y la Armada, a realizar las licitaciones correspondientes. En el presupuesto aprobado por la Legislatura para 2008 no aparece ningún ítem con asignación específica a ese fin, pero sí se reserva en un enigmático "otros" una partida de 25,5 millones de pesos en el presupuesto educativo. Justamente el monto por el que se licitó el edificio correspondiente al Liceo Naval.
Lo paradójico es que el inmueble que ocupó ese liceo desde 1947 en la base naval de Río Santiago fue desalojado durante el menemismo cuando se había decidido cerrar esa escuela secundaria de la Marina. Años después fue reflotada por la Fundación de ex alumnos ya con sede en la ESMA y entró en el proyecto de traslado cuando la Armada volvió a hacerse cargo plenamente de esa institución. El tema es que el histórico edificio remozado para cárcel VIP fue vetado por Defensa. Está tan vacío como confortable; mientras tanto se van a destinar 25 millones para una nueva obra adjudicada a la empresa San José, pero que todavía no empezó a erigirse.
Tres almirantes fueron pasados a retiro, salpicados por las irregularidades en las construcciones encaradas por la Armada. Godoy ordenó un sumario interno que terminó en sanciones para oficiales y personal de apoyo, pero los desatinos parecen no tener fin.

28 de enero de 2008
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criminal en funciones


[Nora Veiras] El contraalmirante retirado Roberto Pertusio figura como consejero del jefe de la Armada en el Centro de Estudios Estratégicos. Fue arrestado en noviembre de 2006 por su participación en crímenes de lesa humanidad y está preso en su casa de Olivos.
Argentina. En noviembre del 2006 la Justicia de Mar del Plata ordenó la detención del contraalmirante retirado Roberto Pertusio por homicidios, secuestros y torturas. Desde entonces el marino, que cumplirá 75 años el 6 de febrero, está preso en su casa de Olivos. El breve derrotero sería equiparable al de los casi 350 represores detenidos por delitos de lesa humanidad salvo por un detalle: Pertusio es uno de los "consejeros" del jefe de la Armada, Jorge Godoy, en el Centro de Estudios Estratégicos, uno de los organismos que funcionaban en el emblemático edificio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) que fue desalojado y transformado en Museo de la Memoria.
La página web del centro lo tiene a Pertusio en el rango de miembro consejero permanente. En distintos links del área académica encargada de indagar y proponer debates estratégicos al almirantazgo figuran obras de Pertusio como asesor en temas militares. Para corroborar las otras especialidades del contraalmirante hay que remitirse a las causas judiciales abiertas tras la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida. El sitio oficial de la Armada no remite a esos antecedentes.
En Mar del Plata el nombre de Pertusio volvió a escucharse apenas comenzaron los testimonios en el Juicio por la Verdad que reconstruye la represión en la base naval de la ciudad. El contraalmirante era el segundo jefe del centro clandestino de detención que funcionó en ese lugar. Según figura en el expediente –que tramitó el juez Alejandro Castellanos y ahora está a cargo de Rodolfo Pradas– tenía entre sus funciones informar a los familiares sobre la situación de los detenidos.
El 16 de septiembre del '76 fueron secuestradas y alojadas en la base naval Nora Inés Vacca y Lilia Elena Renzi. En la causa se adjunta la nota enviada por Pertusio a Reinaldo Vacca, padre de Nora, en la que dice que por orden del contraalmirante Carlos Malugani le informa que si bien el procedimiento de secuestro de los bienes fue realizado por personal bajo su cargo, no fue la Marina la que ejecutó el operativo en el cual fueron secuestradas las propietarias de esos bienes. Argumentos semejantes utilizó con Leónidas Roldán, padre de Omar Tristán, también secuestrado. Pertusio dijo desconocer el paradero del joven pero admitió que la Marina hizo el operativo para trasladar a la base sus bienes.
Pertusio supo reciclarse como docente especializado en temas de estrategia militar hasta que la reapertura de los juicios le transformó en presente su pasado. Fue detenido por privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravado por la persecución política de Nancy Carricabur, Stella Maris Nicuez, Liliana Retegui, Liliana Iorio, Patricia Lazzeri y el matrimonio de Tristán Roldán y Delia Garaguso, que estaba embarazada de tres meses. También está acusado de homicidio doblemente agravado en el caso de Iorio, Retegui, Lazzeri, Roldán y Garaguso.
El abogado Carlos Bozzi, sobreviviente de La Noche de las Corbatas, el operativo militar que tuvo como objetivo el exterminio de prestigiosos laboralistas en la ciudad balnearia, recordó que "Roberto Luis Pertusio por los años ‘76 era capitán de fragata y jefe de la Fuerza de Submarinos asentados en la Base Naval Mar del Plata. Varios testimonios lo sindican como el encargado de los operativos en los que la Marina, bajo directivas del Grupo de Defensa de Artillería Antiaérea 601, secuestró a diversas personas, con posterior desaparición de las mismas. En 1984, según registros de la propia Armada nacional, aún seguía siendo el jefe de la Fuerza de Submarinos".
Los vínculos de Pertusio parecen seguir gozando de fortaleza a pesar de su situación procesal. A mediados del año pasado fue trasladado a Mar del Plata para recalar en el juzgado. Miembros de la Asociación HIJOS comentaron a Página/12 que "lo llevaron en una camioneta, sin esposas, como uno más, para evitar que lo escracháramos". Si se desconocen las andanzas del contraalmirante durante la dictadura también pasa inadvertido como integrante del Centro de Estudios Estratégicos de la Armada.

La Muchachada
El centro de investigación se financia con presupuesto de la Marina. Presidido por el jefe de la fuerza, está integrado por oficiales en actividad y retirados. Quienes dejaron sus funciones reciben viáticos por participar de las reflexiones estratégicas. En el caso de Pertusio se supone que por su condición de detenido no tendrá esos gastos.
En ese destino se reencuentran viejos camaradas y no tanto. El contraalmirante retirado Miguel Troitiño, habitué en cuanta tribuna monten los defensores de la dictadura para justificar su "misión patriótica", es uno de los investigadores permanentes del Centro de Estudios Estratégicos. Troitiño fue uno de los altos oficiales sancionados por el propio Godoy a poco de asumir como jefe de la Armada durante el gobierno de Néstor Kirchner. El motivo del arresto fue la publicación de una solicitada crítica hacia la política oficial para el sector en la que, con otros, manifestó su "clara oposición" a una eventual extradición de militares por causas de violaciones a los derechos humanos. Por entonces, julio del 2003 no se habían anulado las leyes de impunidad y los únicos juicios que prosperaban eran los que se realizaban en el exterior.
En el Centro de Estudios Estratégicos también encontró conchabo el capitán de navío Hugo Santillán, que fue desplazado de la dirección del Liceo Naval por la depredación que sufrió el edificio que ocupaba la escuela antes del traslado de la ESMA, en setiembre pasado. Literalmente, se llevaron hasta las canillas. Godoy sancionó a Santillán por el exabrupto. Todos, sin embargo, vuelven a reencontrarse en los escritorios del centro que ahora funciona en tres pisos del edificio de Reconquista 385.

28 de enero de 2008
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misteriosa muerte en argentina


[Patrick J. McDonnell] Héctor Febres estaba siendo juzgado por cargos del período de la guerra sucia. Algunos sospechan que estaba a punto de revelar irrefutables secretos.[Retrato de Victoria Donda]

Buenos Aires, Argentina. Héctor Febres era un hombre que sabía demasiado.
Y, como un personaje de una novela de espionaje
condenado por un exceso de secretos, Febres tuvo un inoportuno y espeluznante final: Fue envenenado en su celda el mes pasado.
Esa es la conclusión de los jueces argentinos que investigaron la muerte del ex oficial de la guardia costera, que estaba esperando el veredicto de su juicio por torturas. El caso se remonta al período de servicio de Febres durante la dictadura militar hace algunas décadas en uno de los centros de detención más siniestros del país.
En la madrugada del 10 de diciembre, dicen las autoridades, alguien dio a Febres, 66, una dosis letal de cianuro, posiblemente en un vaso de agua. Durante la mayor parte de los últimos nueve años, mientras su juicio se arrastraba irremediablemente, llevó una vida cómoda, aunque confinada, en una amplia suite en una base de la guardia costera.
La juez Sandra Arroyo Salgado, que dirige la investigación, rechazó especulaciones sobre su posible suicidio y determinó este mes que Febres probablemente fue asesinado para que no hablara. Pero quién lo mató sigue siendo un misterio.
Según las autoridades, cuando su juicio por cargos de haber torturado a cuatro prisioneros se acercaba a la fase del veredicto Febres se sintió traicionado por sus antiguos compañeros de armas. Puede haber estado a punto de revelar algunos sensacionales secretos sobre la guerra sucia del régimen contra los que llamaba simpatizantes comunistas.
Entre las potenciales revelaciones más anticipadas estaba el destino de los bebés robados a prisioneras. Las madres fueron asesinadas en uno de los legados más macabros del régimen militar entre 1976 y 1983.
"Febres se llevó esos casos a la tumba", se lamentó Liliana Mazea, una abogado de derechos humanos.
El episodio ha levantado nuevamente el espectro de una tenebrosa red de asesinos leales a la dictadura. Un testigo en un caso separado se encuentra desaparecido hace más de un año.
El juez Arroyo Salado ordenó este mes la detención de dos carceleros de Febres, que fueron acusados de proporcionar acceso al o los asesinos. Uno de ellos, Ángel Volpi, era un hombre de confianza de Febres.
Y, en un tortuoso giro del destino, los fiscales acusaron a la viuda de Febres y sus dos hijos de colaborar en el encubrimiento del crimen. Los tres negaron toda participación y fueron dejados en libertad después de tres semanas de detención.
De qué se sospecha a la familia sigue siendo un misterio. Los tres han sido acusados de manipular la escena del crimen, de haber incluso retirado el ordenador de Febres de su celda. Las autoridades sospechan que los datos fueron borrados o extraídos.
La familia de Febres cenó con él en su celda la noche de su muerte, de acuerdo a las versiones que circulan aquí, compartiendo ensalada y carne asada pedida en su restaurante favorito. Febres había incluso instalado un árbol de Navidad.
El prisionero fue envenenado poco después, escribió Arroyo Salgado, para "impedir que Febres traicionara su pacto de silencio por los crímenes cometidos en la ESMA".
Esta es la abreviatura española de Escuela de Mecánica de la Armada, el augusto edificio de columnas blancas en una de las principales arterias aquí que hizo las veces de campo de concentración donde miles de prisioneros fueron torturados y ‘desaparecidos'. Algunos fueron sedados y arrojados al océano desde aviones; otros fueron ejecutados y enterrados anónimamente. Ahora el antiguo centro de detención de un museo conmemorativo.
Febres no estaba en la galería de los canallas de la guerra sucia que forman ex generales, coroneles y jefes de policía que esperan juicio. Era un policía militar que se convirtió en un administrador clave, un brutal burócrata que sabía dónde estaban los cuerpos. Uno de sus apodos era ‘Selva' por sus bestiales acciones.
Relatos de sobrevivientes de la cárcel naval indican que Febres puede haber supervisado los meticulosos informes que documentaban el ir y venir de los prisioneros. Un ex detenido, Carlos Lordkipanidse, declaró que vio hileras de microfichas con "caras de niños y niñas, gente mayor, niños, mujeres, uno tras otro".
Esos archivos, que podrían entregar claves sobre el destino de legiones de desaparecidos, no han sido encontrados.
Además, se dice que Febres tenía el control de un grupo especial de prisioneros: las mujeres parturientas, metódicamente asesinadas tras dar a luz. Activistas de derechos humanos dicen que en todo el país fueron secuestrados o robados más de quinientos bebés para ser colocados en ‘buenas' familias, muchas de ellas con lazos con los militares y la policía.
Los testimonios indican que Febres pudo incluso haberse encargado de comprar ropa para los recién nacidos, asegurando a las afligidas madres que los bebés serían entregados a sus familiares. Pero eran mentiras.
¿Estaba Febres, que contaba con la posibilidad de pasar tras las rejas el resto de su vida, lejos de las cómodas bases de la guardia costera, dispuesto a revelar detalles sobre el robo de bebés y otros crímenes? ¿Tenía detalles y archivos cruciales en su ordenador? Estas son importantes preguntas que aún esperan respuesta.
"Creo que pensaba usar esas informaciones para negociar algo", dijo Victoria Donda, una legisladora argentina, al diario Clarín.
Donda nació en 1977 en una de esas siniestras bases navales. Sus padres fueron desaparecidos. Descubrió su verdadera identidad sólo años después. Fue Febres, dice, quien probablemente se encargó de todo.
"No sé si sabré alguna vez el nombre de la persona que empujó a mi madre a la muerte desde un avión", dijo Donda. "Pero al menos me gustaría llevar a justicia al que me arrancó de sus brazos".

patrick.mcdonnell @latimes.com

Andres D'Alessandro contribuyó a este reportaje.

27 de enero de 2008
24 de enero de 2008
©los angeles times
cc traducción mQh
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