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discreto encanto del porno amateur

mqh - 31 de diciembre de 2007 - 04:06 - argentina

[Emilio Ruchansky] El auge de los videos caseros de sexo en internet. Hay quienes lo hacen voluntariamente para exhibirse. Pero hay muchas fotos y filmaciones tomadas de manera clandestina. Y están las venganzas contra las ex parejas.

Argentina. El chofer de micro retrató a las seis maestras que llevaba de Saladas a una escuela rural en Pago del Deseo con paciencia de artesano. Buscó fotografiarlas en la misma pose y con el mismo elemento de por medio: su pene. "Me dijo que era para bajar en su celular, que tenía un código que nadie miraba, solo él", contó la única soltera de esta historia que transcurre en el norte de Corrientes. Y en cierta forma era verdad, el chofer guardaba las imágenes en su correo electrónico hasta que su novia, también maestra, abrió su casilla y las vio (vaya a saber si reconoció primero al pene o a las pasajeras que lo succionaban). Fue entonces cuando decidió escracharlos "virtualmente" y reenvió compulsivamente las fotos a todos sus contactos. Hasta creó un blog para exhibirlas. El chofer desapareció del pueblo. Las maestras se quedaron y negaron la orgía: "Lo hicimos por separado", aclararon.
Las venganzas amorosas están cambiando a la web y viceversa. Los posibles cruces entre la comunicación masiva y la (inter)personal reavivaron las fantasías del voyeur, cuyo ojo entrenado encuentra placer en esas imágenes de bajo pixelaje, filmadas desde lejos o demasiado cerca a veces. Esta nueva estética de lo real se reparte hoy entre el desprejuicio del exhibicionismo y la morbosidad de los videos "dedicados", cámaras espías y extorsiones. "Son lo más buscados" dice a Página/12 David de supergatitas.com, un sitio pionero en fotos y videos caseros que desvela a Rosario desde hace ocho años. "Y la industria pornográfica lo sabe –-explica–, pero es lo más complicado de publicar, por temas legales obviamente." Para el joven webmaster, que este furor llegase a los medios tradicionales era inevitable: "¿Es lo mismo que te digan en un programa de chimentos que Wanda Nara salió teniendo sexo oral, que ver el video en un sitio web sin censura?".
En línea desde Punta del Este, la abogada de varias modelos y actrices caídas en la red reconoce que "legislar en Internet es como tratar de ordenar los peces en el mar". Una vez que el material entra en la webesfera, donde conviven todos los contenidos disponibles de Internet, sólo es cuestión de divulgarlo. "Ese es el efecto multiplicador del daño", destaca la doctora Ana Rosenfeld, que lleva adelante el litigio por una reinvindicación millonaria para Luciana Salazar, luego de que el programa de Viviana Canosa presentase un supuesto "video casero" de la sobrina de Palito Ortega. En los foros juran y perjuran que en verdad se trata de la actriz porno Brittany Andrews.

La Reina de Internet
"El atractivo y el morbo que despertó Keira en la gente fue impresionante. Logramos contactarla y fuimos los únicos que pudimos hacerle fotos profesionales, llegó a ser tapa nuestra en diciembre de 2006", repasa Felipe Viñals, el director de Maxim, por lejos la revista para hombres más vendida de la Argentina. Las fotos de la cola de Keira Agustina habían aparecido un año antes en un sitio español llamado supertanga.com, luego de que la chica perdiese una apuesta con una amiga. "Se me fue de las manos", repitió ella al hablar de las imágenes que llevaron al locutor estadounidense Howard Stern a gritar que se trataba del "mejor culo del mundo". Su cara apenas aparece en algunas fotos.
"Hoy Internet es una bolsa de trabajo", confiesa Viñals. De hecho, Keira recibió ofertas millonarias para salir en la televisión española o dedicarse enteramente al mercado porno. Pero se negó, desde el principio. La joven veinteañera tiene otros planes para su vida, aunque todavía contesta algunos de los miles de mails que le escriben sus fans. La irrupción de ‘la reina de Internet' dejó al descubierto un incipiente mercado amateur que circula de fotoblog en fotoblog. "Desde el 2005 hay una efervescencia de lo amateur", confirma el editor, que se ha llevado más de un chasco mientras reclutaba en la web: "Entré varias veces a ‘mostrá lo tuyo', en psicofxp.com y ves un montón de pibas que se sacan fotos mostrando cola o tetas. Las contacté y después cuando les vi la cara eran horribles".
Sin embargo, Viñals sigue fiel a su público y continúa buscando a la sucesora de Keira; asegura que la buena predisposición de quienes comparten sus intimidades ayuda: "Me parece que el espíritu exhibicionista estaba latente y la tecnología lo destapó". Por eso, incentiva la participación de las chicas amateurs con las salvedades del caso: "Chequeo, recontrachequeo que ninguna sea menor de edad. Si vos publicás su foto estás adentro también".

Altapendeja.com
"Yo subí una foto... que encontré... pero después me di cuenta que ya estaba. Robando fotos conseguía acceso gold. Y luego me sentí arrepentido, quizás contribuí a que cerraran. Era la mejor página, decían todo sin mostrar nada." La confesión corre por parte de uno de los miles de usuarios de Altapendeja.com, cerrado en noviembre pasado por una avalancha de pedidos de baja de fotos robadas. "Por suerte, guardé como 2000 fotos de ahí", festejó otro usario (llegaron a publicar unas 200.000). Su creador, Alejandro Sena, explica que el sitio es "un medio por el cual terceros publican su contenido; queda en el tercero la responsabilidad sobre el mismo y el medio, a lo sumo puede tener problemas por derecho de autor, pero por lo general el responsable del mismo es quien lo envía".
En Altapendeja.com aceptaban 1 de cada 300 fotos. Muchas chicas mandaban la suya tentando distinta suerte. En general, resume Sena, lo hacían para ver qué piensan y escriben de ella los usuarios o qué puntaje le ponen, etc... "y quieren que quede ahí, quizás ni siquiera muestran la cara (ahí sí jode el ‘escrache'), pero a otras chicas no les importa, para ellas no es un escrache que sus compañeros o amigos vean sus fotos sensuales. El segundo caso es el que está más avanzado, más libre, más acorde a lo que va a venir".
Otros webmasters reconocen que muchas de las fotos amateurs que reciben vienen de fotologs personales o del chat. Que descartan a cualquier menor de edad, pero se complica contrastar de dónde proviene y si hay consentimiento. "Mientras no esté efectiva la firma digital es imposible que se pueda autorizar la publicación de un material privado", acota Henoch Aguiar, de la cátedra de Legislación comparada de la comunicación, de la Universidad de Buenos Aires, quien acusa de "falta de prudencia" a los webmasters. "Internet es un medio de comunicación como cualquier otro –deduce el catedrático–, la intimidad debe ser protegida independientemente del medio. Es horizontal."

Darknet
Hace algunos años, un brillante asesor de marketing llevó potes de una fina crema para manos ante los directivos de una fábrica de mayonesa. Los convenció de que cambiar el envase, aunque resultara más caro que el contenido, iba a recategorizar el producto. Fue un éxito. Eso mismo busca hoy buena parte de la industria pornoweb mediante la venta de videos de cámara de vigilancia que captan a oficinistas haciendo "horas extras" o parejas que se ponen melosas en un estacionamiento. El contenido es, ante todo, la forma o la ficción que rodea a las y los protagonistas "ocasionales".
"Hasta el canal Venus tiene contenidos amateurs ahora... Hay muchos que tratan de imitar, pero en general son muy alevosos, la gente se da cuenta que no son de verdad", comenta David, de supergatitas.com. Uno creería que nada podría madrugar a este joven que acaba de publicar en su sitio una filmación hecha por dos pibes que se enfiestaron con la madre de un compañero de colegio. Sin embargo, este webmaster dice estar sorprendido por dos nuevas tendencias: los espías y las extorsiones.
"Podés creer que se mandan con un bolsito con cámara, se paran frente a un probador y lo apoyan en el piso y filman desde ahí. Usan el mismo sistema en las escaleras mecánicas para filmar a las minas que suben, a veces hasta le pagan a una mina para que se meta con el bolso en el vestuario", comenta David desde Rosario, cuna y caldo de cultivo del proyecto. La aparición de los "ciberdelincuentes", afirma, es producto de la popularidad de las páginas como la suya: "Antes te decían ‘mirá que si no me das tanta plata le mando estas fotos a tu señora en una carta'. Ahora te dicen, ‘mirá que si no me das tanta plata, publico tus fotos en Supergatitas'. Se modernizó el delito, la diferencia es que nosotros podemos no publicar esas fotos, pero hay 1000 sitios más donde sí se puede publicar". En la era digital, el celular con cámara parece más filoso que el cuchillo; de hecho, su uso ya se ha restringido en los vestuarios de algunos gimnasios porteños.
"Hoy por hoy –agrega el webmaster–, éstos son los videos que más gustan." La popularidad del sitio, cuyo pico de 35 mil visitas está entre el lunes y miércoles de cada semana, cuando se renuevan los contenidos, va en aumento. La empleada del sexshop donde se venden las recopilaciones de fotos y videos de ‘supergatitas' dice que "hasta las chicas lo miran para ver si conocen a alguien" (tienen dos CD y cuestan 45 pesos cada uno). "Acá en Rosario la conoce todo el mundo, se va renovando. Siempre ves a alguien y decís, ‘a ésta la vi en un par de boliches'. Es toda gente de Rosario y alrededores."

Imagen y semejanza
Al chico que filmó con su celular el famoso video de Wanda Nara no le tembló la mano. Desbarató la paradoja del observador. "Es director de cine", bromearon en algunos foros. Viñals, el editor de Maxim, entiende que la obsesión por registrar y mostrar a veces linda el patetismo: "A veces entro a los share sites como poringa.com y me fijo en el top. Ahí ves a flacos garchando con una mina que están más preocupados por filmar que por garchar". Estas prácticas no son nuevas para la sexóloga Virginia Martínez Verdier, porque "después de todo sexualmente no hay demasiadas cosas para hacer". Lo único que realmente le preocupa es el negocio detrás del exhibicionismo, "hecho a expensas de chicas que creen que son transgresoras, cuando en realidad terminan siendo un objeto de consumo".
El fenómeno amateur no parece propio de una generación sino de esos extraños en la multitud que miran amparados en el anonimato. "Como si fuera una manera de apropiarse de lo que estaba afuera", agrega Martínez Verdier. "Mientras lo amateur se mantenga real va a generar un cambio en el imaginario. Al menos, es más rico que el porno comercial", explica. Sena, de Altapendeja.com cree lo mismo: "Después de todo, esas minas esculturales que ves en televisión hacen lo mismo que vos hacés con tu pareja, ni más ni menos".
Mientras tanto, el contenido amateur inunda los portales nuke, donde era tan habitual el tráfico de películas y revistas pornos como el cambio de ubicación para protegerse de las acciones legales por violación de la propiedad intelectual. Se sigue pirateando, pero el usuario alterna entre consumir o subir sus fotos o videos caseros en la webesfera, con o sin consentimiento de las personas involucradas... Fue así que Chachi Tedesco voló sin escalas de High School Musical al teatro de revistas y Wanda Nara dejó de ser "la eterna virgen". Las maestras correntinas defendieron en vano su derecho a la intimidad, la política de Internet es la del daño consumado. Por eso, una de ellas desafió a su pueblo: "En Saladas, el que se anime que tire la primera piedra".

30 de diciembre de 2007
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asesinos con arresto domiciliario

mqh - 29 de diciembre de 2007 - 01:35 - argentina

[Alejandra Dandan] Tres represores detenidos en sus casas y protegidos por un arsenal. El juez Arnaldo Corazza allanó los domicilios de Osvaldo Sertorio, Rodolfo Aníbal Campos y Horacio Elizardo Luján y comprobó que los policías tenían numerosas armas de guerra.

Argentina. La justicia federal de La Plata encontró un arsenal en las casas de tres represores de la policía de la provincia de Buenos Aires que están detenidos y con prisión domiciliaria. En los allanamientos, el juez Arnaldo Corazza encontró desde pistolones, carabinas, revólveres de bajo calibre hasta armas de guerra. La denuncia se conoció hace casi dos meses, a partir de la presentación de un querellante. En este momento, la querella tiene además un nuevo informe del Registro Nacional de Armas que puede disparar nuevos operativos y allanamientos en las casas de otros represores.
"Lo más importante es comparar esto con el caso de Febres", sugiere Alejo Ramos Padilla, abogado querellante en la causa de la Comisaría V e impulsor de la denuncia original de la portación de armas. "Si Febres tenía cianuro y estos tienen armas, estoy convencido de que la situación debe estar sucediendo en muchos otros casos, porque nadie controla a los detenidos en esas condiciones".
A comienzos de noviembre, Ramos Padilla presentó una denuncia con un informe de la Dirección del Registro Provincial de Armas bonaerense, según el cual tres de los ocho policías imputados en la causa de la Comisaría V poseían un arsenal a su nombre. Con esos datos, publicados en exclusiva por Página/12, Ramos Padilla pidió a la Justicia dos medidas: los allanamientos en las casas donde los policías continúan detenidos y gozando del beneficio de la prisión domiciliaria y la suspensión de ese beneficio.
A casi dos meses de esa fecha y mientras se prepara la elevación a juicio oral, la Cámara de Apelaciones de la Plata le giró el expediente a Corazza para que decidiera los procedimientos. En ese contexto, el juez aceptó. Allanó el domicilio de Osvaldo Sertorio, Rodolfo Aníbal Campos y Horacio Elizardo Luján.
A modo de ejemplo, en la casa de Mar del Plata donde Sertorio cumple su detención, la Justicia encontró, entre otras cosas, una caja de madera sin inscripción en un entrepiso con una escopeta desarmada de doble caño a nombre de Ariel Sertorio, un estuche de cuero color marrón con un fusil mauser con mira telescópica. con ocho cartuchos y dos vainas del mismo fusil, una carabina cal 22 marca Remington, una escopeta sin marca ni numeración visible, en desuso, un revólver calibre 38 tipo lechucero con inscripción Jhonson Armas & Cycle-Works-Fit Chburgmaff.usa, un revólver calibre 32 sin marca ni numeración visible, un trabuco de colección oxidado doble caño sistema lefughef, una pistola en desuso calibre 22 sin marca ni numeración visible, pistolas calibre 22 en desuso y oxidada sin marca ni número visible, pistola cal 9 Browning's de la policía de la provincia, 61 cartuchos descartables con fotocopia de cargo policial de numero 6568 fechado 19.04.1962, 2 cargadores pistola cal 9, caja de 50 proyectiles cal 9 Remington Luger y bolsa con 27 proyectiles 9 mm.
Sertorio era uno de los hombres de mayor peso en el campo clandestino que funcionó entre mediados de 1976 y 1977 en La Plata. La Comisaría V dependía de la Dirección General de Seguridad bonaerense, y Sertorio estuvo como comisario entre el 24 de junio de 1976 y el 25 de noviembre de 1977. Fue él quien le aseguró alguna vez a ‘Chicha' Chorobik de Mariani, que aún busca a su nieta, que la buscara, que estaba viva, aunque luego nunca lo admitió. En su casa de Mar del Plata, a años de aquel momento y en medio de un proceso de prisión donde no existe ningún control evidente, el procedimiento se encontró con una casa con comedor, cocina y baño en la planta baja y las habitaciones arriba. En el entretecho y en el piso de madera del primer piso estaban ubicadas las armas.
Con Sertorio, Campos y Luján, Ramos Padilla pide la revocatoria de la prisión preventiva domiciliaria para el resto de los procesados: Rodolfo González Conti, Juan Fiorillo, Luis Vicente Petraul y Alejandro Agustín Arias Duval. Entre la documentación que refuerza su pedido ahora cuenta con un nuevo documento, emitido por el Registro Nacional de Armas el 7 de diciembre pasado. Según ese informe, Sertorio, Campos y Luján no son los únicos que poseen armas. También tienen armas a su nombre por lo menos dos más: González Conti y Fiorillo, que también podrán ser allanados.

28 de diciembre de 2007
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enterrados en el jardín

mqh - 27 de diciembre de 2007 - 13:36 - argentina

Un cuerpo enterrado en un hogar de Banfield. Descubrieron cadáver de una anciana, oculto bajo un árbol. Investigan un cadáver NN en el cementerio de Lomas. A las dos mujeres detenidas en septiembre se agregó un hombre.

Argentina. "Vinieron con los perros a ver si encontraban cadáveres", había dicho ante las cámaras, aquel día, 25 de octubre, una de las vecinas que oficiaron de testigos, frente a la puerta de la casona de Palacios 1830, de Banfield. Dos meses después, hallaron el primero, un cadáver en descomposición enterrado bajo un árbol y junto a una piscina, en el jardín del geriátrico trucho del horror verdadero. El hallazgo del cuerpo de Noemí Ester Molina, de 87 años, denunciada como desaparecida desde mayo pasado, seguramente modificará la calificación del delito por el que se encuentran detenidas Adriana González, de 50 años, y su hija Anahí Chaparro, de 25, quienes regenteaban el hogar: hasta ayer, estaban presas por privación ilegal de la libertad agravada. Ayer se les sumó un hombre, que vivía en la misma casa y que fue detenido durante el nuevo allanamiento. En el cementerio de Lomas de Zamora, en tanto, buscan determinar si un cadáver inhumado como NN pertenece a otro de los ancianos desaparecidos en vinculación con el mismo geriátrico: Serafín López Saavedra, de 98 años, cuyo paradero se desconocía desde el 4 de julio pasado, cuando salió a pasear por la avenida Corrientes porteña.
El cadáver fue hallado en estado de descomposición muy avanzado, debajo de un árbol y contra la pared de una piscina que se encuentra en la casa de dos plantas que funcionaba como geriátrico, sobre la calle Palacios 1830, de Banfield. La víctima fue descubierta durante una de las varias excavaciones realizadas por la Policía Científica de Lomas de Zamora y uniformados de la DDI de Banfield, por orden de la fiscal 14 de Lomas de Zamora, Lorena González.
María Cristina Galán, sobrina de Molina, confesó que "tenía la esperanza de que estuviera viva, pensé que a lo mejor se podía haber escapado del lugar, pero lamentablemente me confirmaron que encontraron sus restos. Se aprovecharon de gente mayor. Querían quedarse con su casa de Temperley pero como mi tía no tenía el documento no pudieron hacer la escritura". Aunque la sobrina sostuvo que se trataba de su tía, los investigadores aseguraron que el cadáver se encontraba irreconocible, y que se envió a periciar a los forenses, aunque suponían que se trataba de una mujer.
El caso había sido conocido el 19 de septiembre pasado, cuando Adriana González fue detenida, in fraganti según la policía, cuando mediante engaños había llevado a una anciana a la que había dominado usando gas pimienta para robarle sus pertenencias. Antes, otra anciana había denunciado que fue llevada a Palacios 1830, donde le suministraron sedantes fuertes con el aparente propósito de hacerle firmar un poder sobre sus propiedades. La fiscal ordenó el allanamiento de la casona de la calle Palacios, en Banfield Este, que era alquilada por Adriana González, aparentemente a un hombre que se había radicado en La Pampa, y en la que vivía también Anahí Chaparro, hija de González, también detenida, y un hombre que permanecía prófugo y que ayer fue detenido.
"Nosotras entramos con guantes y barbijo –dijo una de las vecinas tomadas como testigo–. Había un metro y pico de basura, ropa tirada, comestibles, había un olor impresionante, para descomponerse, gaseosas con la mitad llena en bolsas, ropa de gente grande."
Entre las pruebas con que ya contaba la fiscalía aparece un video de seguridad de un banco de la zona, en cuyo cajero automático se ve a una anciana retirando dinero y a su lado se ve a Adriana González, según informaron fuentes judiciales.
En aquel momento, la imputación fue de privación ilegal de la libertad agravada, con la posible finalidad de cobrar beneficios a nombre de las víctimas o gestionar la transferencia de propiedades.
Simultáneamente, la fiscal de instrucción 40 porteña, Estela Andrades, que llevaba la investigación por la desaparición de Serafín López Saavedra, de 98 años, pidió un nuevo allanamiento a la casona del horror tras la notificación de las detenciones. Allí dentro no hallaron a López Saavedra, pero citaron a Elba Ferreiro, sobrina del anciano, quien reconoció sus documentos, una corbata, zapatos, un reloj y las llaves de la casa del tío. En el geriátrico, en esa oportunidad, también encontraron enterrados anteojos, dentaduras postizas, una birome y una silla de ruedas.
Ayer, en un procedimiento paralelo al del hallazgo del cadáver de Chita Molina, funcionarios policiales y judiciales exhumaron un cuerpo catalogado como NN en el cementerio de Lomas de Zamora. La sospecha es que podría pertenecer a Serafín López Saavedra. Ferreiro había declarado que en el departamento de su tío faltaban ahorros y se notaba que habían entrado con la llave. "Se llevaron todo –dijo en esa oportunidad–, incluso fotos familiares. También apareció en la mesa un tetrabrik de vino que nunca hubiera tomado mi tío y una camisa que no era de él."

27 de diciembre de 2007
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denuncian a jueces por muerte de febres

mqh - 27 de diciembre de 2007 - 12:10 - argentina

Los querellantes en el juicio que se le seguía al represor, acompañados por organismos de derechos humanos, pidieron que se les hiciera juicio político a los magistrados por "mal desempeño".

Argentina. Organismos de derechos humanos denunciaron ante el Consejo de la Magistratura a cuatro jueces de la megacausa ESMA por la condiciones de detención y las circunstancias de la muerte del represor Héctor Febres. La denuncia "por mal desempeño de funciones" fue presentada contra el juez federal Sergio Torres y los integrantes del Tribunal Oral Federal Cinco Guillermo Gordo, Héctor Farías y Daniel Obligado, que llevaron adelante el juicio por delitos de lesa humanidad contra Febres.
La Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Comité de Acción Jurídica, Liberpueblo y el Instituto de Relaciones Ecuménicas, entre otras organizaciones, hicieron este pedido de juicio político, que también fue firmado por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, las Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y Mirta Baravalle y los querellantes en el proceso que quedó sin efecto tras la muerte de Febres, quien falleció tras ser envenenado con cianuro, según las pericias judiciales. Los querellantes que firman son Carlos Lordkipanidse, Andrea Bello, Enrique Fukman, Osvaldo Barros, así como otros sobrevivientes de la ESMA, Adriana Calvo, Laura Villaflor y las abogadas Graciela Rosenblum y Diana Kordon. Madres de Plaza de MayoLínea Fundadora aclaró que no adhirió a la denuncia y que las madres que la firmaron, Cortiñas y Baravalle, "lo hicieron a título personal".
El ex prefecto fue hallado muerto el 10 de diciembre en su celda de la delegación Delta de Prefectura, cuatro días antes de recibir sentencia por su actuación en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA. La denuncia subraya las "inexplicables e inadmisibles condiciones de detención" del represor que, aseguraron, "redundaron en el homicidio" de Febres. En tanto, consignaron que "los jueces no pueden dejar de responder por esa muerte" que, a su entender, "posibilitó la perpetuación de la impunidad reinante en nuestro país".
Los denunciantes señalaron como un agravante el hecho de que el juez Torres haya recibido meses antes de la muerte de Febres "una denuncia formal acerca de las disparatadas e ilegales condiciones de alojamiento en las que éste se encontraba". Y recordaron "las numerosas oportunidades en que solicitaron que se alojara a los genocidas en cárceles comunes, en particular en la causa ESMA y en la primera audiencia del juicio oral contra Febres". Asimismo, acusaron a Torres y los camaristas "de desobedecer la orden de la Cámara de Apelaciones en lo Federal respecto de que (los represores) debían ser custodiados por personal del Servicio Penitenciario Federal".
Por su parte, el Juzgado Federal 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, dispuso una prórroga de 10 días en el secreto de sumario sobre la causa que investiga el presunto homicidio de Febres.
En esta causa se encuentran detenidos la viuda de Febres, Stella Maris Guevara, y sus hijos Sonia Marcela y Héctor Ariel, investigados por homicidio; así como los prefectos Rubén Iglesias y Ángel Volpi. Fuentes judiciales indicaron que las indagatorias realizadas ayer a otros dos prefectos giraron en torno a "cuestiones administrativas conexas a la causa de homicidio". Es decir, a las condiciones de detención de Febres, que recibía privilegios a pesar de estar enmarcado en el régimen ordinario de visitas. Si bien el secreto de sumario impidió dar más detalles, las fuentes aseguraron que "los únicos detenidos en esta causa" son Guevara, los hermanos Febres y los prefectos Iglesias y Volpi.

27 de diciembre de 2007
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partícipes necesarios

mqh - 26 de diciembre de 2007 - 13:33 - argentina

[Mario Wainfeld] Que se acuse a hombres de derecho de haber sido partícipes no es novedad pero espanta. [Foto: Carlos Flores Leyes, uno de los acusados.

Argentina. Los fiscales federales, integrantes del Ministerio Público, gozan de estabilidad en sus funciones mientras dure su buen desempeño. No ejercen sus cargos por tiempo determinado, no están supeditados a elección popular. Esa regla, similar a la que regula la actividad de los jueces, procura preservar la independencia del Poder Judicial y, en el caso concreto de los fiscales, su "autonomía funcional".
Ningún derecho o garantía es absoluto, tampoco éste. Los fiscales Roberto Domingo Mazzoni y Carlos Eduardo Flores Leyes pueden perder sus cargos, si así lo decide un jurado de enjuiciamiento al que serán sometidos. Así lo resolvió el 18 de diciembre pasado el procurador general, Esteban Righi, en un dictamen al que Página/12 tuvo acceso.
Los dos fiscales actúan en la provincia del Chaco, en cuyo poder judicial revistan desde hace más de treinta años. La decisión de Righi los suspende en sus cargos.

Cifras. El dictamen tiene más de 250 páginas y es un inventario de conductas espeluznantes. Recopila declaraciones de decenas de testigos de cargo, casi todos ellos sobrevivientes de la masacre de Margarita Belén.

Es el fin de un sumario que insumió más de dos años, lapso impuesto por la recolección de la prueba y también por los numerosos planteos de la defensa, que recorrieron desde la pertinencia de la vía elegida para sancionarlos hasta la caducidad de la acusación por el excesivo tiempo que duró el sumario. También hubo nulidades surtidas. Los planteos fueron rechazados y ahora los dos fiscales tendrán su día ante el Tribunal.

Los actos que configuran su ‘mal desempeño', en la mayoría de los casos, pueden llegar a constituir delitos graves. Su nómina se detalla en la nota principal. Baste decir a los efectos de esta columna que no son idénticos para los dos acusados pero sí muy similares. Y que incluyen, entre otros: omisión de denunciar delitos gravísimos (homicidios y torturas), omitir prevenir y encubrir actos de tortura, participación directa en actos de tortura y apremios ilegales, no brindar auxilio médico a detenidas embarazadas que fueron torturadas, omitir los recaudos para inscribir nacimiento de niños dados a luz en cautiverio, propinar trato indigno a parientes de detenidos.

El procurador subraya la "inusitada gravedad, cantidad, similitud y trascendencia de los sucesos reprochados a los magistrados" y añade, por si quedaran dudas, que "no se trata de meras irregularidades cometidas en el ejercicio de la función, sino, en la mejor de las interpretaciones, a la luz de los relatos coincidentes de las víctimas y el número considerable de episodios de indudable entidad, de una preocupante metodología que afecta al Ministerio Público como encargado de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, en desmedro de su credibilidad frente a la sociedad".

Los malos de la película. A muchas personas del común les cuesta comprender o digerir el modo de funcionamiento de la Justicia, en especial el rol de abogados o fiscales. El proceso se estructura en base a la bilateralidad, dos partes que iluminan sus posiciones enfrentadas y que cuentan con asesoramiento letrado para preservar su igualdad. La misión del abogado o el fiscal es iluminar una posición, sustentar un interés. Lo suyo no es la imparcialidad sino el aporte a que una de los dos campanas suene mejor. Pueden (y en buena medida deben) dar lecturas interesadas de los hechos, recortar el relato, elegir las pruebas que más se avienen a su versión. La contraparte debe hacer lo mismo y de ese equilibrio nace la materia prima para la decisión del juez, que es el único que debe ser imparcial y contemplar todos los hechos.

La misión de los fiscales es acusar, lo que los torna especialmente odiosos, por lo general. Aun en Hollywood fueron los malos de la película durante más de medio siglo, dejando a los defensores el rango de héroes que fue encarnado con donaire por Spencer Tracy, Paul Newman, Tom Cruise, John Travolta, entre muchísimos más. Recién en el siglo XXI, en la era Bush, los fiscales prepotentes y topadores se transformaron en ‘muchachitos' de varias sitcom de moda.

Más allá de imaginarios populares o mediáticos, la función de las partes es consustancial a la Justicia, que necesita de contradicción y sentencia. El fiscal debe ser tenaz, encarnizado y hasta poco atento a los argumentos de los acusados. Claro que acá llega otro punto de difícil digestión para legos: el fiscal debe llevar agua para su molino pero ese cometido tiene límites establecidos por la regla del debido proceso. La ética profesional conjuga el arduo equilibrio de mejorar la posición de la parte que se representa pero limitándose en la elección de los medios. Flores Leyes (cuyos apellidos, parece, se corresponden muy mal con sus desempeños) y Mazzoni están sospechados de haber superado toda regla, incluso los parámetros morales más básicos.

Tiempo pasado, tiempo presente. A diferencia de la mayoría de los acusados de haber participado en el terrorismo de Estado, los fiscales Mazzoni y Flores Leyes continúan en funciones. Revistan en el Estado desde entonces, una continuidad atípica que impresiona.

El transcurso del tiempo es un argumento socorrido de la derecha argentina, que aduce que es disfuncional "seguir mirando al pasado", sin percatarse de que ésa es, en sustancia, la función del Poder Judicial. Las defensas de los acusados en este caso (ya se dijo) invocaron el paso de los años para intentar eximirlos de condena: articularon caducidades y prescripciones.

Esos argumentos son contrarios al derecho internacional vigente, inmorales y poco serios en todas las situaciones. Desplegados por quienes siguen ocupando cargos públicos el despropósito se potencia, si tal cosa fuera posible.

Righi lo analiza y fulmina con propiedad, escribiendo textualmente: "el tiempo transcurrido desde que se verificaron los hechos y omisiones reprochados, lejos de atenuar la situación, la agrava, pues precisamente la finalidad del Ministerio Público es la promoción de la justicia y nada hay más opuesto al cumplimiento de ese cometido que la impunidad". Dicho de otra manera: la perpetuación de la impunidad en crímenes de lesa humanidad no genera derechos.

Los que van al banquillo. Las sentencias dictadas hasta ahora y el tema que nos ocupa muestran una cierta desproporción en el número de supuestos represores que van al banquillo de los acusados. Los militares de carrera son, relativamente, pocos. Hay también ex policías, un sacerdote católico, médicos, ahora fiscales. La asimetría tal vez se vaya modificando con el avance de los procesos judiciales. Para eso es imprescindible que los tres poderes del Estado se pongan las pilas y estatuyan reglas procesales y normas para acelerar los trámites, preservando las garantías a los acusados, tanto como la protección a víctimas y testigos.

De cualquier modo, la presencia de civiles, funcionarios o sacerdotes refleja la realidad de una dictadura cívico-militar cuyo plan sistemático de exterminio no podía prosperar sin actores que revistaran fuera de los cuarteles.

Que se acuse a hombres de derecho de haber sido partícipes no es novedad pero espanta. Que esas personas –pesando sobre ellos el desprecio de las víctimas y haciéndose los sordos frente a una multitud de testimonios que los sindican como autores de conductas aberrantes– hayan seguido trabajando sin haber dado un paso al costado por remordimiento, por recato o por lo que fuera, es todo un detalle.

26 de diciembre de 2007
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turno de la conexión judicial

mqh - 26 de diciembre de 2007 - 03:25 - argentina

[Victoria Ginzberg] Jury contra dos fiscales federales por su actuación en la dictadura militar. Están acusados de participar en interrogatorios ilegales, de amenazar a detenidos y encubrir crímenes de lesa humanidad.

Argentina. El procurador general de la Nación, Esteban Righi, dio un paso decisivo para apartar de sus funciones a dos fiscales cuestionados por haber consentido y participado en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Se trata del fiscal federal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Roberto Domingo Mazzoni y el fiscal federal de primera instancia de la misma ciudad Carlos Flores Leyes. Righi resolvió que sean sometidos a un jury de enjuiciamiento y –una medida poco usual– que ese organismo los suspenda en sus funciones.
"Vi su mano grande golpear en la mesa que estaba frente a mí cuando no respondía una pregunta o no le satisfacía mi respuesta, preguntaba con precisión y parecía inteligente, interrogaba con un cuestionario predeterminado, diferente a como interrogaba la policía, que me había interrogado antes. El contraste entre él, que era tan grandote, y yo, que estaba tan indefenso en esa silla, desnudo, fue lo que me hizo acordarme de su voz y de su físico, que reconocí cuando lo vi más tarde en Gendarmería."
José Luis Valenzuela no se refería en este testimonio a un represor ordinario, al menos, no a un miembro de las Fuerzas Armadas o de Seguridad. El interrogatorio al que hizo referencia se realizó en la Brigada de Investigaciones del Chaco, donde los detenidos eran torturados y vejados. El que hacía las preguntas era Flores Leyes, en ese entonces secretario del Juzgado Federal de Resistencia y hoy todavía fiscal. El episodio que narró se produjo el primero o segundo día de su estancia en la Brigada. Lo habían llevado a una sala, desnudado, vendado, lo habían sentaron en una silla, atado de pies y manos, lo habían golpeado y lo habían picaneado. Por debajo de su venda llegó a ver a Flores Leyes, que luego comenzó a dirigir el interrogatorio. Vestía traje. "No tengan trato especial con él", les dijo el secretario judicial a los policías antes de irse.
Flores Leyes fue secretario del Juzgado Federal de Resistencia desde diciembre de 1974 hasta 1992. En ese año, pasó a ser fiscal federal, cargo que mantiene hasta hoy.
El otro funcionario acusado, Mazzoni, fue secretario del Juzgado Federal de Resistencia desde mayo de 1974 hasta agosto de 1976, cuando lo nombraron fiscal. En 1992 pasó a ocupar el puesto que todavía conserva, fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de Resistencia.
"Mazzoni abrió el paquete y sacó un arma mediana, como las que usa la policía, alabó el arma, la apuntó hacia mi persona, sacaba la traba del gatillo y la probaba hacia mí, mientras insistía en que declare, que no tenía abogado, que si no declaraba era peor para mí, que ya no me iban a llevar más, lo que significaba una amenaza porque implicaba que me iban a matar. El que le entregó el arma le decía que tenga cuidado, que estaba cargada, Mazzoni respondía que no se le iba a escapar un tiro a él, mientras seguía apuntándome."
El relato es de María Gregoria Pérez, a quien Mazzoni trató de "convencer" de que no esperara a su abogado para hablar. Quien le había entregado el presente con la pistola al entonces secretario del juzgado era uno de los torturadores de la Brigada (la mujer lo reconoció). El regalo venía de parte de Carlos Alcides Tomas, jefe de la Brigada.
Por los casos de Valenzuela y Pérez, entre otros, Flores Leyes y Mazzoni fueron acusados de haber sido autores directos en actos de torturas físicas y psicológicas.
La lista de acusaciones de los fiscales no se agota en esos hechos. Entre otros reproches, el fiscal Félix Crous, que estuvo a cargo del sumario, mencionó: la omisión de denunciar y perseguir el asesinato de Néstor Sala, una de las víctimas de la masacre de Margarita Belén; no haber denunciado actos de tortura, sino encubrirlos; no haber dado auxilio médico a los detenidos que dijeron que habían sido torturados, ni siquiera a aquellos que pidieron asistencia; no haber dado protección a dos detenidas que estaban embarazadas ni preocuparse luego por la salud de los recién nacidos y haber obligado a los presos a declarar mediante amenazas. "Resulta inaceptable desde el punto de vista constitucional, institucional y social que quienes presuntamente han incumplido con los deberes indicados y presumiblemente han participado de violaciones a los derechos humanos ejerzan la magistratura en el poder del Estado al que se le ha encargado expresamente la defensa de la legalidad", señaló Righi en el escrito con el que resolvió, el 18 de diciembre pasado, la apertura del jury, que será finalmente la instancia que decidirá si los destituye o no.
En la madrugada del 13 de diciembre de 1976 Carlos Sala fue sacado de la Unidad Penitenciaria de Resistencia con el pretexto de que iba a ser trasladado a una cárcel de Formosa junto con otros 20 presos políticos. Todos fueron ejecutados en el trayecto, en la localidad de Margarita Belén. Sala, que había sido detenido en 1975, estaba a disposición del Juzgado Federal de Resistencia, pero ni el juez Luis Angel Córdoba ni el secretario Flores Leyes ni el fiscal Mazzoni se interesaron por su suerte. Aceptaron la versión oficial que decía que los fusilados en la masacre de Margarita Belén habían muerto en un enfrentamiento cuando intentaban escapar.
No era difícil dudar de la información que dieron los militares. Mirta Clara, esposa de Sala, que también estaba detenida, pidió una entrevista con Flores Leyes y Mazzoni y les señaló distintos indicios que permitían reconstruir lo que había pasado y desacreditar el parte oficial. La mujer les dijo que "en todo Chaco se sabía que esa matanza se produjo por responsabilidad de los militares, la policía y el Poder Judicial". Ellos no se inmutaron. Tampoco lo negaron.
Diez días después de los fusilamientos, el juez Córdoba y Flores Leyes firmaron un documento que ordenaba: "Atento la renuncia al cargo de defensor del imputado, intímese a Carlos Sala para que dentro del tercer día posterior a su notificación designe nuevo abogado defensor, bajo apercibimiento de designar el defensor Oficial del Tribunal".
Los funcionarios judiciales a cargo de Sala tal vez no habrían podido evitar su asesinato pero tampoco se preocuparon en aclararlo. No les llamó la atención que el traslado no hubiera sido informado al juzgado, ni que se hubiera realizado un domingo, ni que el alegado motivo hubiera sido llevarlos a una cárcel de Formosa que no se encontraba preparada para alojar a presos políticos. No certificaron la fecha y causa de la muerte a través de una autopsia, no gestionaron la entrega del cuerpo ni examinaron las actuaciones militares.
Interrogar a los otros presos habría bastado para saber casi con certeza lo que había pasado. Cuatro años después, cuando fueron escuchados, contaron que Sala sabía que el traslado equivalía a su muerte, que les habló a los que se quedaban para darles fuerza y que dijo que iba a salir para evitar que el Ejército entrara y se produjeran males mayores. "Incluso los propios guardiacárceles decían que los habían matado a todos", señaló uno de los testigos.
Crous destacó en el sumario que si bien resultaba "altamente probable que una investigación sobre lo ocurrido en Margarita Belén en plena dictadura militar hubiera encontrado diversos inconvenientes y escollos, al menos el intento por parte de los funcionarios hubiera demostrado su preocupación y responsabilidad por salvaguardar la vida de los detenidos a su disposición, dando cumplimiento al imperativo legal y ético que la sociedad deposita en la función judicial".
La lectura de los numerosos testimonios que forman parte del pedido de Righi de iniciar el jury contra estos dos fiscales demuestra que no se trataba de dos funcionarios sobrepasados por el terrorismo de Estado, ni siquiera de dos personas indiferentes. Eran dos colaboradores. Su presencia en interrogatorios bajo torturas, las amenazas y sus propias palabras dan cuenta de ello.
"Sentía una situación de impotencia dada la identificación total del Poder Judicial con la policía del Chaco, la sensación de que la tortura había sido transformada en un método habitual de interrogación. Actuaban como si fuera un método legal. Durante mis siete años de prisión y frente a la cantidad de causas que tenía abiertas tuve oportunidad de charlar en innumerables oportunidades con Flores Leyes, Mazzoni y Córdoba. Lo que surgía de estas charlas es que en el Poder Judicial del Chaco existía una compenetración ideológica con el poder policial militar, una compenetración con el proceso, con la dictadura militar, con el terrorismo de Estado, con la tortura... especialmente por parte de Flores Leyes y Mazzoni", aseguró el ex detenido Aníbal Ponti.
María Graciela de la Rosa les reprochó a los funcionarios judiciales por la forma en que tomaban las declaraciones: de noche, con amenazas y la clásica luz sobre la cara que no permitía ver nada. Les dijo que parecían interrogatorios de tipo militar. "Trabajamos en equipo", fue la respuesta. "Flores Leyes siempre intervenía como una especie de represor más, no como funcionario del Poder Judicial", afirmó Eugenio Domingo Silva. Jorge Héctor Castro contó que, en una oportunidad, cuando les dijo a Flores Leyes y Mazzoni que estaban haciendo preguntas que no correspondían a su función, Mazzoni lo increpó: "Esto es una guerra entre Argentina y Cuba. Yo estoy del lado de Argentina. Agradecé que estás vivo".
Además de los cargos que lo vinculan directamente con participar o encubrir crímenes de lesa humanidad, Mazzoni también fue acusado por no haberse excusado, una vez en democracia, en las causas en las que él mismo estaba implicado.
Righi ya había tomado una medida relacionada con un funcionario del ministerio público del Chaco por favorecer a represores. La secretaria de la fiscalía general de Resistencia, Ana María Torres, fue exonerada por considerar que "colaboró directamente con la estrategia de la defensa" de los imputados en la masacre de Margarita Belén. La mujer fue la subordinada de Mazzoni durante once años. No se apartó del caso que involucraba a su jefe y permitió que los acusados recuperaran su libertad mediante un recurso de hábeas corpus. La remoción de Torres no tuvo necesidad de un jury porque no se trataba de una fiscal sino de una empleada del Ministerio Público. Ahora, Flores Leyes y Mazzoni enfrentarán sus acusaciones, promovidas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la agrupación HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). No será la primera oportunidad para que el Poder Judicial revise la actuación de sus miembros durante la última dictadura. El juez federal Víctor Hermes Brusa enfrentó un juicio político por haber estado en sesiones de tortura en centros clandestinos de Rosario. Sin embargo no terminó destituido por eso, sino por haber atropellado a una persona con su lancha y huir. Su conducta durante el terrorismo de Estado sirvió para que los miembros del Consejo de la Magistratura se hicieran un perfil del personaje.
Mazzoni y Flores Leyes, cuyas responsabilidades penales ordenó investigar la Cámara de Apelaciones de Resistencia, todavía siguen ejerciendo como fiscales. Pero no será así por mucho tiempo. "Es evidente –señaló Righi– que la suspensión resulta imprescindible para garantizar la normal prestación del servicio de justicia". Para el procurador, "la afectación del servicio de justicia originada en el descrédito de los magistrados investigados y del Ministerio Público como órgano, existirá hasta tanto se aclaren las circunstancias en las que aparecen menoscabados derechos fundamentales en sucesos presuntamente vinculados a acciones represivas por parte del Estado".

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no se recibe a familiares de subversivos

mqh - 24 de diciembre de 2007 - 07:19 - argentina

[Diego Martínez] Durante la dictadura, obispo de San Luis se negaba a recibir a familiares de detenidos.

Argentina. Cuando los familiares de detenidos-desaparecidos de San Luis comenzaron a golpear puertas, el obispo Juan Rodolfo Laise colgó un cartel en la suya: "No se reciben familiares de subversivos". Uno de los pocos que logró traspasarla logró ver detrás de una cortina un voluminoso archivo con informes sobre presos políticos. "El obispado recibía las cartas de los presos y evaluaba si podían llegar o no a la familia. Ante el más mínimo contenido político las guardaba y ordenaba a los carceleros llamar al orden al preso", recuerda la presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Luis, Lilian Videla. Para entonces ya eran habituales sus visitas al comandante del Cuerpo III, general Luciano Benjamín Menéndez, dueño de la vida y de la muerte del norte argentino.
El capuchino Laise fue nombrado obispo de San Luis en 1971 en reemplazo de Carlos María Caferatta, quien había moldeado la diócesis inspirado en el Concilio Vaticano II. Apegado a la tradición integrista, Laise imprimió un brusco cambio de rumbo, se deshizo de los sacerdotes cercanos al obispo saliente y militarizó varios edificios de la Iglesia.
También se lo recuerda en la Universidad Nacional de San Luis, tanto por sus clases de adoctrinamiento, de las que excluía a ateos o creyentes no católicos, como por exigirle al interventor militar ampliar la lista negra de expulsados, según investigó el periodista puntano Gustavo Heredia.
En 1980 Laise exigió públicamente censurar dos programas de entretenimientos en televisión porque desprestigiaban "la figura del sacerdote y de las religiosas". Los consideraba viles medios de "difamación y calumnia abiertamente subversivos" que "no contribuyen al Proceso de Reorganización Nacional", publicó el periodista Horacio Verbitsky en su libro ‘Doble Juego'.
Aún después del desastre de Malvinas, cuando la dictadura se desintegraba y renacía la posibilidad de volver a votar, el obispo machacaba desde el pasquín Cabildo que "la autoridad y los derechos del poder vienen de Dios y no del pueblo o consenso de las mayorías".
Con el retorno de la democracia no tardó en amoldarse a los hábitos de los Rodríguez Saá. En 1993 indultó "al Adolfo" por su infidelidad con la "Turca" Sesín, pero tuvo que hacerlo en una parroquia periférica porque las señoras de Acción Católica le prohibieron dar la misa del perdón en la Catedral. Los contribuyentes puntanos pagaron caro aquel servicio. Su última aparición trascendente, documentó Heredia, fue en 2004, cuando dos fotos del ex obispo se publicaron en el sitio web de una agrupación neonazi española.

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obispo encargó desaparición

mqh - 24 de diciembre de 2007 - 07:09 - argentina

[Diego Martínez] En 1976, Laise, obispo de San Luis, le pidió al máximo responsable militar de la provincia que secuestrara a un sacerdote que había dejado los hábitos. Como el coronel se negó, el obispo prohibió a los curas locales que le casaran a la hija.

Argentina. El obispo emérito de San Luis monseñor Juan Rodolfo Laise le encargó en 1976 al máximo responsable militar de la provincia "que hiciera desaparecer a un sacerdote, porque había dejado los hábitos y se iba a casar con una mujer". Lo declaró ante la Justicia el destinatario del recado, el coronel (R) Miguel Ángel Fernández Gez, entonces jefe del Comando de Artillería 141 y del área militar 333. No fue el único que encendió el ventilador. El capitán (R) Carlos Esteban Plá, ex subjefe de policía de San Luis sindicado como autor material del asesinato de la estudiante Graciela Fiochetti, contó que en realidad la mataron cuatro miembros de la plana mayor del comando enfrentados con Fernández Gez. Dio sus nombres y admitió que se reunió con ellos en un bar porteño mientras estaba prófugo de la Justicia. Fernández Gez lo ratificó y agregó que los acusados fueron a apretarlo a su casa. La Justicia aún no ordenó sus detenciones. Ambos militares serán juzgados en 2008 junto con tres policías puntanos por crímenes cometidos durante la última dictadura.
El coronel Fernández Gez, de 81 años, goza de arresto domiciliario. No aceptó ser entrevistado pero a pedido de Página/12 recordó ante su abogado Carlos Daniel Mercado el diálogo con Laise:

¿Pero qué me pide, padre? ¿Se volvió loco? –reaccionó ante el recado de "hacer desaparecer" al cura descarriado.
Entonces no tenemos más nada que hablar –concluyó Laise.

"Me negué rotundamente porque no soy un genocida. Ni siquiera permití que me dijera el nombre del sacerdote", declaró ante la Justicia.
Como represalia por la negativa, Laise prohibió a los curas de la diócesis casar a la hija del militar. La ceremonia se realizó en la iglesia de Santo Domingo, frente a la gobernación, pero con un cura que viajó especialmente desde Río Cuarto a pedido de la esposa del coronel.
Laise fue obispo de San Luis durante 30 años, hasta 2001. Si el juez federal Juan Esteban Maqueda decide citarlo debe dirigirse al santuario Nuestra Señora de las Gracias, en Viale Padre Pío 71013, San Gionvanni Rodondo, en Foggia, Italia. Pese a sus 81 años cumplidos, el obispo no se deja amedrentar por la tecnología: su correo electrónico es juanrodolfo@ya hoo.com.ar, aunque nunca respondió la consulta de este cronista.

Hablar o No Hablar
Graciela Fiochetti fue secuestrada junto con Víctor Fernández en la madrugada del 21 de septiembre de 1976. Después de las torturas, Fernández fue liberado. Cuando la familia Fiochetti se presentó ante el capitán Plá e invocó saber que la joven estaba en su poder, el entonces subjefe de policía de San Luis ordenó volver a detener al Gringo Fernández. Lo torturaron durante 28 días.
Diez años después, el ex chofer del servicio de inteligencia de la policía Jorge Velázquez declaró que Fiochetti fue torturada y violada. Le hicieron firmar un acta de liberación, pero al día siguiente Velázquez volvió a verla en un centro clandestino. Dos noches después la llevaron junto con otro secuestrado a un descampado en Salinas del Bebedero. Plá los obligó a arrodillarse. "¿Van a hablar o no van a hablar?", gritó. Ante el silencio, disparó a la nuca de Graciela. "No miré más", confesó Velázquez.
Plá fue detenido en San Isidro el 26 de septiembre, después de dos años prófugo. Cercado por las pruebas y aunque nadie le apuntaba a la nuca, no dudó en hablar. Dijo que el asesinato fue ordenado por el teniente coronel Juan Carlos Moreno, jefe del Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea (GADA) 141, y ejecutado por el teniente primero de inteligencia Horacio Angel Dana. Agregó que cuando la Justicia lo citó en 1985, el propio Dana, durante un acto militar, lamentó "el garrón que se está comiendo" y le confesó que matar a Fiochetti había sido una decisión de la plana mayor del GADA para comprometer a Fernández Gez, con quien estaban enfrentados. Incluyó entre los asesinos a los entonces tenientes coroneles Guillermo Daract, subcomandante y subjefe de área, Jerácimo Dante Quiroga, jefe de operaciones, y Raúl Benjamín López, jefe de inteligencia.
Mientras duró la impunidad, el capitán Plá olvidó el caso Fiochetti. Cuando la causa se reabrió –siempre según su relato– fue a visitar a Moreno, presidente de la Mutual de Socorros Mutuos de las Fuerzas Armadas. Días después, ya prófugo, se reunieron en un bar de Barrio Norte con Daract y Quiroga. Volvieron a verse en el estudio del abogado Mercado.

–Ustedes saben que no tengo nada que ver, busquen la forma de desvincularme –dice Plá que les solicitó.
–Chico (sic), quédate tranquilo, vamos a enfrentar las responsabilidades –asegura que respondió Moreno.

El diálogo fue en 2006. Plá aún espera, ahora entre rejas.

La Visita
Fernández Gez declaró en San Luis el 3 de octubre de 2006. No bien volvió a su prisión domiciliaria en la calle Agüero recibió una visita atípica: los coroneles Moreno, Daract y Quiroga. Recién un año después, cuando Plá cayó en desgracia –ambos imputados son patrocinados por Mercado–, el coronel aportó a la causa un acta de lo conversado aquella tarde, incluidos detalles del fusilamiento.
A Salinas del Bebedero fueron sus tres visitantes más el teniente primero Horacio Dana y "otros oficiales del GADA". Fue de madrugada, en vehículos no identificables. Cavaron fosas para enterrar a Fiochetti y a un varón, que sería Sandro Santana Alcaraz. "Moreno dirigió el fusilamiento, en el que todos dispararon sus armas. Daract y Quiroga erraron sus disparos, pero Moreno rozó el rostro de Fiochetti y fue Dana quien le dio el tiro de gracia", escribió.
Según Fernández Gez la visita no terminó bien. "Me exigieron que asumiera mi responsabilidad por haber sido el comandante", dijo. Les respondió que fueron hechos ilícitos que él no conocía, de los que no participó, que no autorizó ni consintió. Poco después Daract volvió a insistirle, pero el coronel se mantuvo firme.
La semana pasada el juez federal Juan Esteban Maqueda clausuró la etapa de instrucción y elevó la causa a juicio oral y público. Además de Plá y Fernández Gez serán juzgados los ex comisarios Víctor David Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Alberto Orozco, jefe, subjefe y encargado respectivamente de la división investigaciones de la policía provincial. Excepto Fernández Gez, los otros están presos en la cárcel de San Luis. Deberán rendir cuentas por cuatro secuestros y torturas, las desapariciones forzadas de Pedro Valentín Ledesma, Sandro Santana Alcaraz, y el homicidio de Fiochetti. Moreno, Daract, Quiroga, López y Dana aún no fueron citados a declarar. Tampoco monseñor Laise.

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