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cree que a febres lo asesinaron


[Raúl Kollmann] Un prefecto seria imputado por el homicidio del represor de la ESMA. Ángel Mario Volpi, el prefecto que ‘custodiaba' al represor envenenado, es el más comprometido en el caso.
Argentina. Los forenses y toxicólogos concluyeron que Febres ingirió el cianuro después de la cena y que muy posiblemente lo engañaron: le dieron una pastilla diciéndole que era un medicamento para alguna de sus enfermedades.
La jueza Sandra Arroyo decidirá esta semana a quién procesa por la muerte del represor Héctor Febres. Todo indica que para la magistrada el delito es homicidio, o sea que a Febres lo asesinaron envenenándolo con cianuro. Es muy probable que el prefecto Ángel Mario Volpi, la última persona que estuvo con Febres y quien, además, tenía llaves de su departamento, sea imputado por el homicidio. Después de las declaraciones de forenses y toxicólogos del viernes pasado, está claro que Febres ingirió el cianuro después de la cena y muy posiblemente lo engañaron: le dieron una pastilla diciéndole que era un medicamento para alguna de sus enfermedades y le suministraron el cianuro por esa vía. Para la jueza Arroyo, el caso es un laberinto, porque eran tan grandes –e increíbles– las irregularidades en el lugar de detención de Febres, que resulta casi imposible saber quién entraba y quién salía del Destacamento Delta de la Prefectura y del "camarote", como llamaban al departamento de Febres.

Suicidio No
"La hipótesis del suicidio está superada. No va", analizan los investigadores judiciales del caso. Hay varios indicios que llevan a esa conclusión:

- Febres no dejó ninguna carta de despedida ni explicativa. Todos los familiares y los médicos y sacerdotes que tenían relación con él afirman que lo hubiera hecho. Esa habría sido la forma de desincriminar a todos los que lo rodeaban. Pero, además, si quería denunciar a sus superiores durante la dictadura, si quería mantener el silencio por considerarse un supuesto hombre de honor, si consideraba que era víctima de una injusticia, lo habría dejado asentado.

- El miércoles próximo, con presencia de todas las partes, empezará el peritaje informático sobre los archivos de su computadora. El aparato ya encierra un escándalo en sí mismo, porque fue sacado del camarote después de la muerte de Febres. La jueza Arroyo detectó la maniobra y logró secuestrarlo. Habrá que ver si en la computadora, por ejemplo, aparece documentación relativa a la muerte.

- En cartas de Febres de 2003, el prefecto habla de que quiere ponerle un final a su situación, pero al mismo tiempo menciona que no tiene agallas –"no tengo valor"– para el suicidio. Al mismo tiempo, en esas cartas hasta dice que si algo le pasa debe quedar claro que no es un suicidio. El sacerdote que declaró en la causa también descartó la hipótesis del suicidio: mencionó que tenía fuertes convicciones religiosas y no hubiera tomado la decisión de quitarse la vida.

Asesinato
En la tarde del viernes se hizo circular la versión de que Febres murió de un paro cardíaco y que el cianuro fue puesto después. Esa información fue atribuida a supuestas conclusiones de los peritos.
La realidad es que los forenses y toxicólogos que declararon el viernes dijeron todo lo contrario: está probado que el cianuro fue la causa de la muerte.

- Se encontró cianuro en el estómago y en la sangre. En las paredes del estómago se verificaron lesiones producidas por el cianuro que fueron las que llevaron a Febres a la muerte. Estos estudios se hicieron en presencia de los peritos de parte, incluyendo los designados por la familia Febres a través de su abogado, Martín Orosco.

- En el estómago se encontró tomate y cítricos en un estado de digestión avanzado. No hubiera sido así si el cianuro se consumía al mismo tiempo que la cena. Eso significa que el veneno se ingirió después de la cena.

- Quien lo acompañó esa noche en la última comida y aún después fue el prefecto Ángel Volpi, una especie de insólito edecán de Febres, al punto que traía y llevaba a su esposa a la casa y le servía de asistente personal.

- Para la causa judicial, el acceso al "camarote" de Febres es un elemento clave. El represor tenía la llave de su departamento, entraba y salía cuando quería, pero Volpi era el otro que tenía acceso irrestricto. La familia, especialmente su hija Sonia, lo acusa en forma directa de la muerte.

- La idea de forenses y toxicólogos es que el cianuro fue suministrado a Febres o bien diluido en agua o bien con una pastilla que le dijeron que era un medicamento. Al lado de su cama no se encontró un vaso de agua, sino en el living del departamento-celda. Los profesionales afirmaron que el cianuro, ingerido por vía oral, no produce la muerte instantánea. Es posible que haya tomado el vaso de agua, luego ingresó a su "camarote", se acostó y el cianuro lo mató después de dormirse. Febres solía levantarse a la noche para ir al baño y tomar agua. Tal vez el cianuro estaba diluido en el agua del vaso, pero es imposible saberlo porque la escena fue totalmente alterada. A la jueza le avisaron por teléfono una hora y media después de encontrado el cuerpo, pidió que se fajara el lugar hasta que ella llegara a la escena del crimen y cuando arribó estaba toda la familia, amigos y allegados dentro del departamento-celda.

Lo que ocurrió fue una verdadera provocación. En el libro de visitas se dejó asentado que ingresó la jueza, su secretaria, el fiscal Alberto Gentili, y una secretaria, pero no figuran la esposa ni los hijos ni varios primos, amigos y camaradas de armas que entraron al Destacamento Delta y al "camarote" de Febres.
La jueza Arroyo tiene hasta el 3 de enero para resolver si mantiene detenidos a Estela Maris Guevara, esposa de Febres, los hijos, Sonia y Ariel, al prefecto mayor Rubén Iglesias, jefe del Destacamento, y al prefecto Volpi, el más directamente relacionado con la custodia de Febres. La magistrada les prometió a las partes que haría el esfuerzo de resolver antes de fin de año, por lo cual ayer estaba trabajando en el juzgado. Según coinciden todos los investigadores, el más comprometido es Volpi. Y el delito, homicidio. La jueza tendrá que evaluar, también sobre la base de las diligencias que se harán esta semana, incluyendo el peritaje de la computadora, si tiene los elementos suficientes como para hacer la imputación y dictar la prisión preventiva.

24 de diciembre de 2007
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niños de la calle en buenos aires


[Pedro Lipcovich] Son 800, segun un censo realizado por el gobierno porteño. Los que viven en la calle son unos 240. El resto acompaña a sus padres cartoneros. Habrá el doble de personal para asistencia.
Buenos Aires, Argentina. En la ciudad de Buenos Aires, se registran 798 chicos en situación de calle, de acuerdo con el censo efectuado por las flamantes autoridades porteñas. Esa cantidad incluye a más de 400 que colaboran con sus familiares en actividades de cartoneo y no duermen en la calle. Dos tercios del total de chicos en la calle son varones; casi la mitad tiene menos de 15 años y el resto entre 15 y 18. Hace tres años, los conteos arrojaban alrededor de 3000 chicos en situación de calle, de los cuales 570 no tenían ningún lugar de residencia. Mauricio Macri, jefe de Gobierno porteño, anunció que se "duplicará" la cantidad de agentes que trabajan con chicos en situación de calle "en los próximos tres meses" y que "se triplicará en 2008".
El censo fue organizado por el Ministerio de Desarrollo Social porteño y el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad; se efectuó entre las 21 del lunes y las 9 del martes pasado en toda la ciudad, con intervención de casi 200 operadores, incluyendo organizaciones no gubernamentales. De los 798 menores de 18 años, 573 o sus padres contestaron las preguntas de un cuestionario. El 23 por ciento de los menores tenía entre 16 y 18 años; el 29 por ciento, entre 13 y 15; el 17 por ciento, entre 10 y 12 años; el 12 por ciento, entre 7 y 9; el 10 por ciento, entre 4 y 6 años; y el 10 por ciento tenía 3 o menos años de edad. Del total, un 67 por ciento eran varones, un 32 por ciento mujeres, y del uno por ciento restante no se llegó a registrar el género.
El 82 por ciento de estos chicos procedía de la provincia de Buenos Aires, mientras que el resto eran de la Ciudad Autónoma. Entre las localidades bonaerenses más representadas están José C. Paz, de donde proviene el 7 por ciento de los niños; Villa Fiorito, con otro 7 por ciento; Lomas de Zamora, con el 5,5 por ciento; y Florencio Varela, con un 5 por ciento.
"Nos proponemos trabajar en conjunto con la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia bonaerense", anticipó Jorge Sammartino, titular del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad.
El 68 por ciento de los chicos encuestados vive con su familia; el 14 por ciento vive "en alternancia casa-calle" y otro 14 por ciento está propiamente "en situación de calle". Del 4 por ciento restante no hay datos.
¿Qué hacían los chicos cuando llegaron los censistas? Unos 420 estaban dedicados al "cartoneo"; unos 60 dormían; otros 60 estaban "hablando"; poco más de 50 estaban "jugando"; algo menos de 50, "limosneando"; unos 30 estaban "consumiendo" sustancias adictivas; unos 20 se dedicaban a la "venta ambulante", sólo unos diez estaban "comiendo" y otros tantos hacían "malabares".
Las zonas en que se registraron más chicos en situación de calle fueron: "Córdoba y Pueyrredón, con 52 casos, Chacarita, con 60, y San Telmo, con 57". Clásicamente se estima que la mayor concentración de chicos en situación de calle se da en la proximidad de estaciones ferroviarias: "Efectivamente, buscamos en Once, Retiro y Constitución pero no encontramos tantos como en esas zonas; no hay que olvidar que estos datos no son más que una fotografía de lo observable en una fecha determinada", señaló Sammartino.
Mauricio Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad, admitió que la cantidad de chicos en situación de calle "es menor que la que había en plena crisis" y anunció que la tarea se centrará "en el reencuentro de los chicos con su familia; cada caso es un mundo en sí mismo; duplicaremos la cantidad de asistentes en los primeros tres meses, y la triplicaremos para fines de 2008". Soledad Acuña, subsecretaria de Promoción Social, señaló que la tarea se efectuará "en tres etapas: primero, el trabajo en la calle; segundo, a los chicos que sean sacados de la calle, llevarlos a lugares de contención, propios o de ONG; tercero, propiciar que vuelvan al ámbito de la familia".

–En cuanto a los chicos que "sean sacados" de la calle, ¿se tomará en cuenta la Ley 114, según la cual en ningún caso un niño puede ser privado de su libertad con la excusa de su protección? –preguntó Página/12.

–Así lo marcan también la ley nacional y la Constitución de la ciudad –contestó Acuña–; los operadores deberán actuar profesionalmente para convencer a cada chico, que tendrá libertad para entrar y salir de los hogares.

–¿Cómo evalúan el Proyecto de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle, que comenzó en 2005? –preguntó este diario.

–No todos los operadores estaban suficientemente capacitados y no había suficientes lugares adonde llevar a los chicos, lo cual generaba cuellos de botella –contestó Acuña.

En 2004, las autoridades habían contabilizado (por conteo, metodología que no se superpone exactamente con el censo de esta semana) entre 2800 y 3000 chicos en situación de calle, de los cuales 570 no registraban ningún lazo familiar y dormían en la vía pública. Según Gabriela Cerruti, ex ministra de Derechos Humanos y Sociales de la ciudad, "cada uno de ellos fue seguido personalmente; muchos fueron revinculados con sus familias, trabajando en relación con la Dirección de la Niñez bonaerense; otros fueron recibidos por instituciones de medio camino. Cuando, este año, dejamos la gestión, la cantidad de chicos que dormían en la vía pública había bajado a 270.

23 de diciembre de 2007
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cinco perpetuas por diego peralta


[Horacio Cecchi] Los padres de la victima se mostraron agradecidos al tribunal federal nº 1 de La Plata. Las perpetuas correspondieron a Cejas, Rotella, Báez, Pistillo y Pereyra. Shimabukuro recibió 10 años y García, 5.
"Estoy conforme. Pero no se olviden de que ésta es la primera etapa. Hay policías de la brigada que están detenidos", dijo Emilse Silva, madre de Diego Peralta, apenas el presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, Carlos Rozansky, terminó de leer las condenas y la absolución del caso a cinco de los acusados, el Chelo Cejas, Julio César Rotela, el Chaca Pereyra, la Gorda Rosita Pistillo y el Bati Báez a reclusión perpetua. El Chino Shimabukuro recibió diez años y José García, 5. El remisero Fermín Amarilla fue absuelto. Tanto García por haber cumplido la condena como Amarilla por inocencia salieron libres en el acto. Cuando Emilse mencionó a los de la brigada se refería al ex subcomisario de la DDI de Lomas de Zamora, José Hernández, y su equipo, detenidos y acusados de participar en una típica tautológica de la Bonaerense: investigar secuestros mientras tenían un comerciante secuestrado en la DDI.
Diego Peralta, de 17 años, fue secuestrado la mañana del 5 de julio de 2002, en la localidad bonaerense de El Jagüel, cuando se dirigía en un remis conducido por Amarilla al colegio privado al que asistía. El chico fue trasladado a una vivienda del barrio Los Plátanos, en Berazategui, donde lo mantuvieron dopado con tranquilizantes mientras pedían a Luis Peralta 200 mil dólares de rescate, suma que creían que el padre de Diego tenía guardada en su casa.
Durante la investigación inicial, la causa estuvo plena de absurdos, errores, vacíos y situaciones anómalas. La mayor fue que el subcomisario Hernández, que dirigía la investigación, fue detenido acusado por un comerciante de El Jagüel de haberlo retenido secuestrado en su despacho mientras le exigía para liberarlo que le entregara un rescate. Hernández estuvo detenido y lo sorprendente es que luego fue liberado y retomó su ardua tarea de investigación tanto en el caso Peralta como en el secuestro del padre de Pablo Echarri.
Inicialmente, el juez federal de Lomas de Zamora, Carlos Ferreiro Pella, había tomado como cierta la versión de no participación policial en el secuestro. Detuvo a 17 personas de las cuales más de la mitad quedaron libres por falta de pruebas. La versión de que no había policías inmiscuidos fue poco menos que obvia: la dio nada menos que Hernández, quien aseguró que los datos los tomó de la "minuciosa declaración de Cejas". Ayer, Marcelo "Chelo" Cejas, en su momento de alegato previo a la lectura de la sentencia, poco menos que reconoció su papel en la historia cuando reconoció que toda su declaración "fue la verdad", pidió "disculpas a los padres de Peralta" y agregó que "soy un arrepentido pero para los pibes soy un buchón", dijo. El chaleco antibalas que llevaba colocado daba la impresión de que confirmaba su discurso.
Según la confesión de Marcelo Cejas, el 8 de julio la banda ya tenía pensado asesinar a Diego porque estaban convencidos de que el padre no quería pagar la suma y porque creían que Diego les había visto los rostros y los reconocería. De todos modos, continuaron con la negociación por el rescate. Según los forenses, el chico fue asesinado entre el 8 y el 13 de julio de 2002 y el rescate fue pagado el 20 de julio. Ese día, Peralta acordó el pago de 9 mil pesos y 2 mil dólares. La llamada fue interceptada por la SIDE, que puso en alerta a Hernández. Lo paradójico de la situación es que ese día Hernández estaba preso por aquello de la función tautológica.
De los acusados, el Chelo fue el único que reconoció lo hecho. El resto se declaró inocente o rechazó la posibilidad del alegato final. Rotella se dirigió a su familia para decirle que "no tengo absolutamente nada que ver. Me molesta mucho que piensen que yo participé. Ellos (su familia) me conocen bien y saben qué clase de delincuente soy. Saben muy bien que en la calle yo uso pistola, no cuchillo, y si tengo que matar a una persona, la mato a tiros". David Pereyra sostuvo que "fui condenado por la Justicia mediática"; Lauro Shimabukuro y Fermín Amarilla se dijeron inocentes y pidieron justicia. Al único que le creyeron los jueces fue a Amarilla, quien fue absuelto. Enrique Báez y Rosa Pistillo prefirieron no hablar.
Los cinco condenados a perpetua lo fueron por ser considerados como autores del secuestro extorsivo agravado (por haberse obtenido su fin, que era el cobro de un rescate) y homicidio triplemente calificado por ensañamiento y alevosía, por haber actuado en forma premeditada dos o más personas, y para ocultar otro delito (el secuestro) y asegurarse impunidad. Shimabukuro no fue condenado por el homicidio y por ese motivo su condena se redujo a diez años; y García recibió cinco años como coautor de tentativa de extorsión, mientras que Amarilla fue absuelto del cargo que le enrostraba el fiscal como partícipe necesario del secuestro.
Cuando el presidente del tribunal, Carlos Rozansky, terminó de leer las sentencias, los padres de Diego aplaudieron a los jueces Rozansky, Horacio Insaurralde y Norberto Lorenzo, quienes condenaron ya a Christian von Wernich y Miguel Etchecolatz.
En agosto de 2003, Emilse Silva había dicho a Página/12: "No voy a parar hasta que se haga justicia, hasta que todos los involucrados estén presos". Ayer, después de los aplausos, sostuvo que "estoy conforme pero voy por más porque ésta es la primera instancia. Hubo policías que hicieron mal la investigación, en la que a Diego no lo buscaba nadie".
De hecho, el abogado querellante, José Vera, pidió al tribunal que se extrajeran copias del expediente para remitir a la fiscalía de turno para que investigue por encubrimiento e incumplimiento de deberes de funcionario público a los policías que trabajaron en el caso.
Se refería, en concreto, a las tautologías del ex subcomisario de la DDI de Lomas de Zamora, José Hernández, y su equipo. Emilse Silva dijo que "se va a investigar también al juez (Carlos) Ferreiro Pella. Esta es una primera etapa muy esperada, muy peleada, en cuanto a que se cerraron muchos caminos, pero voy a seguir peleando, buscando la verdad".

21 de diciembre de 2007
19 de diciembre de 2007
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muere otro represor condenado


[Victoria Ginzberg] Por una vez, la Justicia llegó antes. Murió ayer el represor Santiago Hoya, que había sido condenado el martes. El juez ordenó realizar una autopsia.
Argentina. "Todos le tenían pánico, tanto los detenidos como su propia gente". Así describió el juez federal Ariel Lijo al represor del Batallón de Inteligencia 601 Santiago Manuel Hoya. Lo hizo el martes al condenarlo a 25 años de prisión por el secuestro de seis personas en 1980. Dos días después de la sentencia murió. Fue ayer por la mañana en el Hospital Militar. "En principio no hay nada que nos haga pensar en algo extraño, pero se están tomando todos los recaudos y por eso ordenamos una autopsia", explicaron desde el juzgado. Tenían presente que el día después de que el prefecto Héctor Febres fuera hallado sin vida en su habitación se hablaba de "muerte natural". Luego, la pericia indicó que en su cuerpo había grandes cantidades de cianuro. Los médicos que revisaron el cadáver de Hoya descartaron la presencia de veneno, pero el resultado completo del análisis estará listo en veinte días.
Hoya tenía 83 años. Los últimos cinco estuvo preso. La semana pasada, Lijo ordenó que viniera desde Mar del Plata, donde cumplía su arresto domiciliario, para entrevistarlo antes de dar a conocer el fallo. Esta es una medida prevista en el viejo código de procedimiento, que regía el expediente en el que además de Hoya fueron condenados otros siete represores, entre ellos, el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides.
El militar dedicó un buen rato de la entrevista a hablar de sus achaques de salud. Su carrera militar fue otros de los temas centrales de la reunión. Mencionó con orgullo, por ejemplo, que se había negado a participar de un curso de entrenamiento en Israel. Hoya pudo escabullirse de la audiencia en el que el juez leyó su condena. Quedó alojado en el Hospital Militar y estuvo allí hasta ayer.
El nombre de Hoya no dice demasiado. Esto se debe, sobre todo, a las características del sitio desde dónde aportó a la maquinaria de la represión del terrorismo de Estado. El Batallón de Inteligencia 601 era por definición un lugar donde prevalecía el secreto. Sin embargo, algunos de sus misterios fueron descubiertos. De hecho, fueron integrantes de ese organismo los primeros miembros de las Fuerzas Armadas en ser condenados por delitos de lesa humanidad después de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Podría pasar más de un año hasta que Alfredo Astiz –cuyas facciones son fácilmente reconocidas por varias generaciones de varios países– y sus compañeros de la ESMA vayan a juicio.
El relato de Silvia Tolchinsky, secuestrada en septiembre de 1980 y llevada a varias quintas cercanas a Campo de Mayo antes de ser liberada, permite un acercamiento a la figura de Hoya, conocido con los alias de "Pancho" o "Villegas". Mayor retirado, se enroló en 1970 en el Batallón como "personal civil de inteligencia". Allí se desempeñó como jefe, primero de sección y luego de grupo. En 1976 pasó a integrar las filas de la "central de reunión" bajo las órdenes del coronel Jorge Ezequiel Suárez Nelson, del teniente coronel Mario Alberto Gómez Arenas y del teniente coronel Luis Jorge Arias Duval.
Hoya fue el responsable del grupo de tareas que estuvo a cargo de los secuestros de los militantes de la agrupación Montoneros que volvieron al país en 1980 en el marco de la operación de Contraofensiva. También trabajó en Centroamérica en el apoyo a los "contras" que ofrecían los represores argentinos. Por eso, estaba de viaje cuando a Tolchinsky la llevaron a la primera "quinta". "Cuando volvió me puso un bombón en la boca, me empujó y me retó como si yo fuera un caballo, diciéndome por qué era que yo militaba y que si quería que las cosas mejoren me tenía que portar muy bien. A partir de su llegada el régimen en las tres quintas fue terrible", contó la mujer.
Durante su cautiverio, Tolchinsky no llegó a ver a Hoya. "Estuve todo el tiempo con vendas en los ojos, además de los grilletes y las esposas, pero lo escuché muchas veces, tenía una voz muy autoritaria. Puedo decir que tenía dos hijos, una hija en Mar del Plata y al otro hijo alguna vez lo trajo al "trabajo"". Todos los datos, además de su marcado acento cordobés, fueron ratificados durante la investigación.
El martes, Lijo lo condenó a veinticinco años, accesorias legales, costas e inhabilitación especial por ser integrante de una asociación ilícita, por los secuestros de Angel Carbajal, Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Lía Mariana Ercilia Guangiroli, Ricardo Marcos Zucker y Silvia Noemí Tolchinsky y por reducción a servidumbre. Iba a salir en libertad en 2027. Era previsible que no llegara a cumplir con la sentencia. Pero, a diferecia de Febres, murió después de que la Justicia se expidiera. "No descartamos que eso le haya generado un disgusto", se escuchó en un pasillo de los tribunales federales.

21 de diciembre de 2007
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preso con chofer personal


[Adriana Meyer] La muerte de Febres y su carcel de privilegio.
Argentina. En la investigación del envenenamiento del represor Héctor Febres conviven dos líneas: la que tiene que ver con las groseras irregularidades de sus condiciones de detención en la Prefectura y la del homicidio en sí mismo. Así lo definió ante Página/12 una alta fuente del caso, que no descartó la posibilidad de que sean acusados más miembros de la cúpula de esa fuerza de seguridad. Anteayer declaró un prefecto que tenía una tarea específica: era el chofer personal de Febres.
Carlos Bozzano usaba el automóvil Ford Escort gris propiedad del represor para ir a buscar a sus familiares, que lo visitaban sin restricciones. Ese vehículo estaba en la delegación Delta de la Prefectura Naval de Tigre la noche en que habrían matado a Febres, pero las autoridades omitieron mencionarlo cuando llegó la comitiva judicial. Los investigadores comprobaron que los prefectos lo sacaron y, finalmente, lo secuestraron en un garage en San Isidro. Algo similar ocurrió con la computadora que usaba el represor, que también fue sacada y apareció en San Martín. Por estas evidentes alteraciones de la escena de la muerte, y por el intento de reunión que organizaron los prefectos de alto rango con quien era jefe de la sede Delta, el ahora detenido Rubén Iglesias, es que la jueza federal Sandra Arroyo Salgado estaría evaluando citar a indagatoria a varios de los miembros de la conducción de la Prefectura.
El chofer de Febres también lo transportaba cuando el represor iba y venía de los juzgados o a sus visitas médicas, pero los investigadores sospechan que entraba y salía cuando quería. Consultado al respecto, Bozzano lo negó. En otro tramo de su declaración aseguró que la esposa de Febres se quedaba a dormir los sábados en la sede Delta. La fuente consultada puso en duda tanto las afirmaciones como las desmentidas del testigo. Otro de los investigadores comentó que ya habían descubierto que el lugar de detención de Febres "parecía un hotel cinco estrellas", pero la aparición de un chofer personal los "sorprendió".
En medio del "desquicio" que era la supuesta cárcel del represor de la ESMA es muy difícil para los investigadores determinar cómo llegó el cianuro a su cuerpo. "Sigue siendo un misterio", confesó uno de ellos, quien agregó que todo lo que surge de la escena de la muerte "hay que tomarlo con pinzas" porque la misma fue "totalmente alterada". En tal sentido, hoy declararán como testigos los médicos de la Morgue Judicial que realizaron la autopsia para precisar el mecanismo de la ingesta del poderoso veneno. Incluso podrían aportar los resultados de los análisis de orina y sangre, ordenados para determinar si, además, aparecen rastros de algún tipo de sedante. Durante el diálogo que mantuvo con este diario, la fuente no mencionó en ningún momento la palabra suicidio.
En los últimos días la jueza Arroyo Salgado y el fiscal federal Alberto Gentili tomaron decenas de declaraciones, entre ellas a los abogados defensores que tuvo Febres. Relevados del secreto profesional, fueron interrogados sobre las condiciones de detención del represor. Y también declaró un sacerdote, que hacía de confesor y amigo. El miércoles desfilaron por el juzgado conocidos y parientes pedidos por la defensa de la familia de Febres, que permanece detenida, que habrían confirmado que la viuda dejó la sede Delta a las 18.45, mientras que los hijos lo hicieron entre las 15 y las 16. "No había ningún familiar cuando lo envenenaron", dijo a Página/12 el abogado Martín Orozco, quien también descartó la hipótesis del suicidio.

21 de diciembre de 2007
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procesos por espionaje ideológico


[Werner Pertot] La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó los procesamientos de nueve marinos por el espionaje ilegal en Trelew y procesó a tres acusados, incluido el ex número tres de la Marina.
Argentina. La causa por espionaje político ya no es un "hecho aislado" de la Base Almirante Zar de Trelew, como había sostenido en un principio el jefe de la Armada, Jorge Godoy. También estuvieron involucrados los mandos superiores de Puerto Belgrano, en lo que significó un sistema de espionaje ilegal a nivel nacional. Así lo entendió la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que confirmó los procesamientos a nueve marinos y además procesó a otros tres que tenían falta de mérito, incluido el ex número tres de la Armada, vicealmirante Eduardo Luis Aviles. Sus Señorías agregaron dos palabritas que podrían llevar las investigaciones aun más arriba: dijeron que esas autoridades navales son responsables "entre otros". Los camaristas advirtieron además que las fichas ilegales se hacían con el mismo criterio y terminología que "en épocas de facto".
Los jueces Aldo Suárez, Javier Leal de Ibarra y Hebe Corchuelo de Huberman confirmaron los procesamientos por "abuso de autoridad" –un delito que tiene una pena máxima de dos años– a los nueve marinos de la Base Almirante Zar y al ex director de Inteligencia Pablo Rossi, quien fue separado de su cargo junto con Aviles cuando se conoció el caso de espionaje. Además, revocaron la falta de mérito y procesaron a Aviles y a dos jefes de inteligencia de Puerto Belgrano, Cristian Vidal y Carlos Vázquez, y les trabaron un embargo simbólico (por mil pesos, el mismo que se les había dictado al resto de los oficiales).
Los jueces dieron por probado que "se ha obtenido y almacenado información sobre distintas personas por cuestiones relacionadas con la política interna y desde un punto de vista prioritariamente ideológico".
La resolución de la Cámara es un avance importante dentro de la causa de espionaje, que comenzó en marzo de 2006, cuando el cabo Carlos Alegre hizo la denuncia ante el CELS. Alegre pertenecía al equipo de inteligencia de Trelew, pero se negó a hacer espionaje político, por lo que sufrió maltratos y persecuciones por parte de sus superiores. En un reportaje a Página/12, Alegre señaló que incluso después de iniciada la causa el actual número dos de la Armada, Benito Rótolo, le dijo: "Por tu culpa, la Marina se está hundiendo".
A partir de la presentación del CELS, la Justicia Federal de Rawson ordenó allanar la base Almirante Zar de Trelew, y luego la de Puerto Belgrano y otras seis bases navales. Los principales documentos los encontraron en Trelew: fichas de funcionarios del Ministerio de Defensa, políticos locales, dirigentes sociales e indigenistas, seguimientos por los actos de la masacre de Trelew, en la que los marinos fusilaron a 16 presos políticos en 1972 en la misma base Almirante Zar.
Posteriormente se presentó en la causa un ex marino, Luis Alberto Sánchez, quien había trabajado hasta enero de 2007 en inteligencia de Puerto Belgrano, bajo el mando de Aviles. Sánchez contó que allí también se hacía espionaje ilegal y advirtió que sufrió persecuciones por negarse a participar. También relató que los documentos comprometedores fueron retirados por "el capitán de navío Fernando Pendido", una vez que se conoció la denuncia del CELS. "Se los ocultó o se los quemó", agregó.
Los documentos encontrados en Trelew incluían carpetas divididas por "factores", como el político, las minorías extranjeras y religiosas, las protestas piqueteras y huelgas. En las fichas se describía a algunos de los políticos locales como "militante de BDT", una sigla que se utilizaba en la dictadura para referirse a las "bandas de delincuentes subversivos". También en el caso de la ministra de Defensa, Nilda Garré, se especificaba su "relación con los derechos humanos y la subversión".
Los jueces no se privaron de subrayar en el fallo –al que accedió Página/12– que "la clasificación de la información resultaba similar a la efectuada para el fichaje de personas y entidades en épocas de facto (...) resaltando como dato su eventual vinculación con los sectores de derechos humanos o de izquierda".
Además de la remoción del director de Inteligencia Pablo Rossi y del titular del Comando de Operaciones Navales Eduardo Avilés, el escándalo por el espionaje ilegal tuvo consecuencias sobre la totalidad del sistema de inteligencia naval: Garré ordenó cerrar las dependencias de inteligencia de las bases navales y hacer un sumario interno de las actividades y documentos que allí se encontraban.
El proceso judicial, en tanto, pasó por las manos de tres jueces y estuvo paralizado más de un año por una presentación que hizo la Armada, por orden de Godoy, en la que aseguraron que entre las computadoras secuestradas en la base aeronaval había una que contenía un código de encriptamiento de secretos militares.
En julio de este año, el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, procesó a nueve marinos y les dictó la falta de mérito a otros tres. Consideró que "el contenido de la información reunida nada tiene que ver con la inteligencia militar como ha sido concebida y sí se trata de información que les está absolutamente vedada" por las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior, que prohíben a las Fuerzas Armadas hacer espionaje interno. Los abogados defensores apelaron los procesamientos y el CELS y el fiscal Fernando Gelves hicieron lo propio con las faltas de mérito. La definición quedó en manos de la Cámara de Comodoro Rivadavia, que le dio la razón a los querellantes.

Órdenes de Arriba
Al procesar a los tres marinos de Puerto Belgrano, los jueces sostuvieron que "la actividad de obtención de información de la base Almirante Zar fue sostenida en el tiempo y transmitida con continuidad a los organismos de los que resultaban ser las máximas autoridades". "Toda la actividad desarrolladas en la base Almirante Zar se originó y luego continuó desarrollándose a partir de órdenes dictadas por los superiores jerárquicos de la Armada", destacaron en el fallo.
Los superiores eran el vicealmirante Avilés y los jefes de inteligencia Vidal y Vázquez, quienes son los responsables "entre otros". Sobre Aviles, los camaristas indican los partes de inteligencia eran remitidos a él y como ejemplo transcriben uno donde se le informa que en un hotel de Puerto Madryn había un grupo de cinco o seis iraquíes. Sus Señorías también destacaron que en uno de los cuadernos se encontró una anotación que decía "informar a Vidal tema Comodoro Rivadavia comisión interna".
Los jueces también remarcaron que hay un documento en el que Vázquez pide que "a partir de la fecha mantener actualizada a esta central sobre eventos de todo tipo, referidas al próximo aniversario 24 MAR". El capitán de Navío además reclamaba información política y sobre piqueteros de Puerto Madryn. También recordaron que el cabo Sánchez dijo en su testimonio que "Vázquez le ordenó vestirse de civil junto con otro grupo de personas que tenían asignadas tareas de calle".
Además, los camaristas advirtieron que se podría haber destruido más documentación que los incriminaba, como sostuvo Sánchez. "No debe perderse de vista que las demás diligencias fueron realizadas entre dos y tres días más tarde", estimaron. Pidieron al juez de Rawson que se extreme el cuidado de los documentos.
El abogado del CELS Rodrigo Borda destacó que el fallo "confirma nuestra hipótesis: no fue un hecho aislado. Era un sistema estructurado en base a órdenes y solo se puede entender lo que pasaba en Trelew en un sistema de inteligencia que se extendía a todas las bases de la Armada". Borda recordó que "por ejemplo, hay una orden que estaba en Trelew pero venía de la base de Ushuaia".

21 de diciembre de 2007
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terminó el traslado a marcos paz


Represores condenados fueron trasladados a cárcel común.
Dos días después de recibir la orden del juez federal Sergio Torres, el Servicio Penitenciario Federal concluyó ayer el traslado de los ex miembros de la ESMA al penal de Marcos Paz. De este modo el ex jefe de inteligencia del grupo de tareas 3.3.2 Jorge Acosta y los oficiales Alfredo Astiz, Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón, entre otros, compartirán alojamiento con condenados a perpetua como el ex policía Miguel Etchecolatz o el ex capellán Christian von Wernich. El traslado es un añejo reclamo de querellantes y fiscales de la causa ESMA y fue reiterado por última vez por abogados de Abuelas de Plaza de Mayo tras la muerte por envenenamiento del prefecto Héctor Febres.
La mayor parte de los oficiales de la Armada fueron detenidos en 2003, ni bien se reabrió la causa ESMA. Hasta mediados de año permanecieron dispersos en su hábitat natural: bases navales. Cuando por sugerencia del ministerio de Defensa fueron trasladados al Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, en Campo de Mayo, presentaron un hábeas corpus para que les permitieran seguir usando celulares y navegar por la web.
Tras la muerte de Febres el juez Torres admitió que se imponía "una nueva evaluación" y concretó el pedido que la sala II de la Cámara Federal le había formulado dos años antes: trasladar a los marinos a un lugar de detención custodiado por el SPF. La medida se terminó de concretar ayer.
Doce de las catorce plazas de Campo de Mayo liberadas por los marinos serán ocupadas en los próximos días por militares imputados en la masacre de Margarita Belén y en crímenes cometidos en el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, detenidos en la actualidad en la Base de Apoyo Logístico del barrio La Liguria, en Resistencia, Chaco.
En el Instituto Penal de Campo de Mayo la custodia externa está a cargo de Gendarmería y la interna de camaras del Ejército. A partir del 1° de enero, por un convenio firmado entre los ministerios de Defensa e Interior hace tres semanas, los guardias que tendrán contacto directo con los detenidos serán agentes del SPF.

21 de diciembre de 2007
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nace ong contra la esclavitud


Nace la primera ONG dedicada a la lucha contra el trabajo esclavo. Se trata de la Fundación La Alameda, que integran ex funcionarios porteños y abogados defensores de los derechos humanos.
Argentina. "La idea de formar esta fundación tiene que ver con la necesidad de incrementar las acciones tendientes a preservar los derechos humanos y el trabajo en la Argentina." El abogado Rodolfo Yanzón, en diálogo con Página/12, explicó las razones de la creación de la Fundación La Alameda, cuyo lanzamiento formal se produjo el martes. Se trata de la primera ONG dedicada en el país al tratamiento de casos de trabajo esclavo. Gustavo Vera, presidente de la ONG, aseguró que se trata de "un logro que no cayó del cielo", sino que es el resultado "de la labor desarrollada en los últimos dos años por costureros, militantes y un puñado de profesionales e intelectuales que, más allá de sus posturas político-partidarias, lucharon contra el trabajo esclavo y el tráfico de personas en la industria de la indumentaria".
La idea fundacional, surgida en 2005, se aceleró a partir de marzo de 2006, cuando el incendio de un taller de la calle Luis Viale 1269, en el barrio de Caballito, produjo la muerte de seis personas de nacionalidad boliviana que trabajaban y vivían en el lugar en condiciones infrahumanas. Yanzón, patrocinante de una causa en la que se formularon cargos contra los propietarios de 85 marcas de indumentaria, algunas de ellas de primera línea, es el secretario general de la Fundación La Alameda. "El proyecto cobró impulso con el descubrimiento de cientos de talleres clandestinos, sólo en la Capital Federal, porque en el conurbano son muchos más, donde trabajaban y trabajan miles de personas que son esclavizadas por los dueños de esos lugares." Yanzón resaltó que la labor realizada les permite asegurar que esa situación de ilegalidad contó con la complicidad "por acción u omisión de la Policía Federal y la Dirección de Migraciones".
"Con la creación de la fundación vamos a poder incrementar la tarea que veníamos realizando, a la vez que nos permitirá desarrollar áreas de estudio, de debate y de capacitación a otros compañeros para hacer respetar los derechos humanos en el trabajo", resaltó Yanzón. Otros miembros de la ONG son el socialista Mario Ganora (vicepresidente), ex funcionario de la Defensoría del Pueblo de la ciudad; el tesorero es Néstor Escudero, militante de la Unión de Trabajadores Costureros y de la Cooperativa 20 de Diciembre, y Alejandro Pereyra, ex subsecretario de Trabajo porteño, que impulsó la investigación contra le empresa Kosiuko, una de las grandes firmas involucradas en la causa que lleva el juez federal Norberto Oyarbide.
Gustavo Vera recordó que fueron la Cooperativa 20 de Diciembre, la Unión de Trabajadores Costureros y el Centro Comunitario La Alameda los que encabezaron la lucha "acompañados primero por la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires y luego por la Subsecretaría de Trabajo porteña y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)". El trabajo realizado permitió "acelerar el programa de radicación gratuita de los migrantes a través del programa Patria Grande y rebajar casi a cero los aranceles para obtener la documentación que ellos necesitaban".
En el marco de la causa judicial, además del procesamiento de los talleristas, se logró la imputación a 85 marcas reconocidas y se puso sobre el tapete que "el sistema clandestino funcionaba aceitadamente con la complicidad de la mayoría de los cuerpos de inspectores del Estado y mediante una alianza corrupta entre varias comisarías y el ex cónsul de Bolivia en la Argentina Albaro Gonzales Quint", recordó Vera.
Lo que se busca ahora, con la fundación, es "centralizar y potenciar la lucha contra el trabajo esclavo". En ese sentido se brindará asesoramiento gremial y jurídico a los costureros "tanto de los talleres clandestinos como de las fábricas registradas". Los abogados se constituirán en querellantes en todas las causas relacionadas con el tema y se capacitarán "nuevos cuerpos de delegados y de abogados que se sumarán a la lucha que iniciamos en 2005". Otros miembros de la fundación son Ariel Lieutier, ex funcionario del gobierno porteño; el abogado Luis Palmeiro, que patrocinó en forma gratuita a los primeros denunciantes de los talleres clandestinos; Carlos Beisun, otro ex colaborador en la gestión de Aníbal Ibarra, y los ex empleados de la Subsecretaría de Trabajo Fernando Gelfo y Fernando Saks.

20 de diciembre de 2007
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