argentina

cumplirán en cárceles comunes

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[Diego Martínez] Después de la muerte de Febres, 15 represores de la ESMA van a Marcos Paz. El juez Sergio Torres ordenó el traslado de los marinos que estaban presos en una cárcel militar de Campo de Mayo..

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Argentina. Con un cuerpo envenenado de por medio, el juez federal Sergio Torres ordenó ayer trasladar a una unidad bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal a los oficiales de la Armada imputados por crímenes en la ESMA. El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos tomó nota y al atardecer informó que el nuevo destino será un pabellón de la cárcel de Marcos Paz, la misma donde cumplen sus condenas Etchecolatz, Von Wernich & Cía. La medida, otro coletazo de la muerte del prefecto Héctor Febres, es reclamada por fiscales y querellantes desde la reapertura de la causa, en 2003. Los traslados terminarían de concretarse hoy mismo.
El 27 de diciembre de 2005 la sala II de la Cámara Federal le ordenó a Torres que los represores de la ESMA, dispersos en bases navales, pasaran a ser custodiados por penitenciarios. Cinco meses después, la ministra de Defensa, Nilda Garré, sugirió a los magistrados reconsiderar la decisión de enviar genocidas a los cuarteles. Todo siguió igual.
Finalmente, en julio, por iniciativa de Defensa, Torres concedió el traslado de los marinos al Instituto Penal de las Fuerzas Armadas en Campo de Mayo, bajo custodia de Gendarmería. A principios de mes, los ministerios de Defensa y de Justicia firmaron un convenio para que la custodia pase a manos del SPF, medida anunciada para el 1º de enero. Pero ante la solicitud de Abuelas de Plaza de Mayo, formulada el martes pasado, el juez decidió desandar su camino y anticiparse.
Ante el envenenamiento de Febres "se impone una nueva evaluación" sobre lugar y condiciones de detención, escribió. Subrayó su responsabilidad de proteger a los imputados "frente a posibles circunstancias que puedan poner en peligro sus vidas, salud e integridad física" y al mismo tiempo de "garantizar el sometimiento a la acción de la Justicia", que implica entre otras cosas evitar suicidios o asesinatos.
La resolución comprende al ex jefe de inteligencia Jorge Acosta y sus lugartenientes Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Carlos Capdevila, Juan Carlos Rolón, Alberto Eduardo González, Jorge Radice, Raúl Scheller, Adolfo Donda, Néstor Savio, Víctor Cardo, Carlos Guillermo Suárez Mason (h.), Carlos Pazo, Hugo Damario y Rogelio Martínez Pizarro.
El juez también ordenó que agentes del SPF reemplacen en la custodia de Juan Antonio Azic –internado en la Clínica San Jorge– a sus camaradas de Prefectura, y en la del marino Pablo García Velazco –en teoría en el Hospital Naval– a "aquella que tuviere en la actualidad" (sic). Para evitar sorpresas, solicitó "un constante y permanente control de salud de los detenidos", de modo de ser informado "sobre cualquier anomalía, descompensación o deterioro en la salud".
Según la solicitud presentada la semana pasada por Abuelas de Plaza de Mayo, la detención "en unidades dependientes de la propia fuerza que integraron o en su propio domicilio constituye claramente un privilegio y dispensa especial, estrictamente prohibida por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas". El escrito también fue presentado ante los jueces federales Daniel Rafecas, a cargo de la megacausa del Cuerpo I; Alberto Suárez Araujo, que investiga los crímenes en Campo de Mayo, y magistrados del interior del país.
A contramano de Torres, el Tribunal Oral Federal 5 rechazó la solicitud del fiscal Félix Crous de trasladar al capitán Enrique Berthier a una unidad del SPF. Berthier está detenido en Campo de Mayo a la espera del juicio oral por su rol en la apropiación de María Eugenia Sampallo. El TOF 5 es el mismo que –junto con Torres– tuvo bajo su responsabilidad la custodia del prefecto Héctor Febres hasta su muerte por envenenamiento.

20 de diciembre de 2007
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poner orden

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[Horacio Verbitsky] Ordenar los juicios por campo de concentración.

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El coronel Pascual Guerrieri dijo que él y sus colegas de la inteligencia del Ejército no eran represores y que habían cumplido con su deber durante una guerra revolucionaria que se libró sin tambores, clarines, frente ni retaguardia, para poner orden en la sociedad. Agotó así el pobre repertorio de justificaciones para lo que los tribunales nacionales e internacionales consideran crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra sucia militar contra la sociedad argentina.
El resto de los procesados se abstuvo de declarar y algunos acusaron problemas de salud para no presentarse ante la Justicia. El último comandante en jefe del Ejército durante la dictadura, teniente general Cristino Nicolaides, ingirió suficiente sal como para producirle un cuadro de hipertensión. Siguió así el modelo del dictador chileno Augusto Pinochet cuando simuló demencia en Londres para escapar al pedido de extradición de España y volver en buena salud a Chile.
Quien ayer puso algo de orden fue el juez federal Ariel Lijo al pronunciar, en la misma sala en la que hace dos décadas fueron condenados Videla, Massera & Cía, el primer fallo contra militares después de la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida. Esta vez no se juzgó a un solo represor, sino a un grupo significativo, encabezado por Nicolaides e integrado por media docena de coroneles del Batallón 601 de Inteligencia. Según el fallo, esa unidad operativa fue un núcleo central de la represión, que con sus distintos grupos de tareas se desplegó en todo el país. Hasta ahora el día del juicio sólo había llegado para dos policías y un cura católico.
Guerrieri también dijo que no tenían cara de asesinos sino de soldados. Pero no fueron juzgados por portación de cara sino por crímenes bien probados pese a la clandestinidad de las operaciones criminales con que se buscó impedir su esclarecimiento y encubrir a sus autores.
Documentos de las propias Fuerzas Armadas describieron la estructura de la represión en zonas, subzonas y áreas. Informes del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia de Estados Unidos corroboraron la desaparición de los militantes secuestrados al regresar al país en 1980. Su desclasificación y envío a la Argentina hace cinco años a solicitud de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y del CELS mostró hasta qué punto los jefes de la dictadura habían quedado solos.
Un policía afectado a un control de rutas narró el momento de la detención de uno de los desaparecidos. Una mujer contó que su esposo, sargento del Ejército, trajo de Campo de Mayo el collar de la adolescente Verónica María Cabilla y el documento de Ricardo Marcos Zuker, asesinados en ese campo de concentración que dirigía Nicolaides. La hija de la mujer vio a su madre llorando mientras lavaba la camisa del sargento, manchada con sangre.
El fallo leído ayer obra como una respuesta oportuna a quienes intentan impedir el avance de la justicia, con episodios como la desaparición de un testigo en La Plata y la muerte por envenenamiento de un prefecto procesado en el Tigre. Ayer se vio que la impunidad no es una maldición ineludible. Pero las cosas no ocurren tampoco por generación espontánea.
Ordenar los juicios por campo de concentración, para que se perciba el carácter sistemático y masivo de los crímenes y evitar a los testigos la traumática repetición de sus padecimientos en un proceso tras otro; desconcentrarlos, para que diversos tribunales puedan realizar sus audiencias al mismo tiempo; proveer los cargos en los juzgados vacantes o a cargo de suplentes provisorios; dotarlos de los recursos materiales y humanos para que las causas progresen a buen ritmo; alojar a los procesados en verdaderas cárceles es la tarea que los cuatro poderes del Estado tienen por delante para que, de una vez por todas, el horror quede atrás.

19 de diciembre de 2007
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los secretos del batallón 601

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[Diego Martínez] Quiénes son los acusados y qué funciones tenían. Las tareas del Batallón que operaba en las sombras y cuyos miembros fueron los primeros dentro de las Fuerzas Armadas en ser juzgados. Los documentos del Departamento de Estado de EE.UU. que los señalan.

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A la mayor parte de los militares condenados ayer por el juez federal Ariel Lijo no se les conocía el rostro. En algunos casos aún se ignoran sus alias y se desconoce si participaban o no de sesiones de tortura. Se sabe con certeza, en cambio, que sin el aporte de esos anónimos oficiales que en las sombras del Batallón de Inteligencia 601 procesaban testimonios obtenidos a fuerza de picana, redactaban informes para destacamentos de todo el país y señalaban "blancos" que los grupos de tareas debían secuestrar, el mundo no hablaría hoy del genocidio argentino.
En el extremo superior de la cadena de mandos entre los condenados se ubica el general Cristino Nicolaides, jefe del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo al momento de los hechos. El sargento Nelson González contó hace diez años que fue Nicolaides quien ordenó fusilar a Ricardo Zuker y demás secuestrados en el polígono de tiro de ese centro de exterminio, el mayor del país. Ya en 1981 el entonces jefe del Cuerpo III relató orgulloso ante 600 personas la captura de "dos células guerrilleras" provenientes del exterior y agregó que "tuve oportunidad de hablar con uno de esos delincuentes". Confesión de parte.
En el extremo inferior se ubica Julio Simón, el único policía condenado, único preso en Marcos Paz, único que no vistió traje para las cámaras y que no escuchó inmutable el fallo. Después de sobrepasar todo límite de crueldad y sadismo en el circuito Atlético-Banco-Olimpo, al Turco Julián le tocó custodiar –a su manera– a Silvia Tolchinsky, que sobrevivió para contarlo.
El coronel Jorge Luis Arias Duval, jefe de la central de reunión del 601 de la que dependían los grupos de tareas, se hacía llamar Ratón o Arizmendi. Tolchisnky lo padeció más de una vez. La primera le propuso dar una conferencia de prensa para desmentir la existencia de desaparecidos. La segunda le preguntó si le convenía comprar dólares y no ocultó su prejuicio antisemita. "Sos judía, tenés intuición económica", dijo. Junto con el coronel Alberto Roque Tepedino, jefe del 601 aún impune, autorizaron a uno de sus hombres –que usaba el nombre falso Jorge Contreras– a brindar detalles de sus tareas mundanas al oficial regional de seguridad de la Embajada de Estados Unidos, James Blystone.
El personal civil de inteligencia Santiago Manuel Hoya se hacía llamar Pancho o Villegas. Tenía a su cargo grupos operativos y era jefe de quienes custodiaban a los cautivos. "Le tenían un temor reverencial", recuerda Tolchisnky.
Sobre el jefe de operaciones Pascual Oscar Guerrieri, el jefe de la división Inteligencia General Subversiva, Juan Carlos Gualco, y los miembros de la central de reunión Carlos Gustavo Fontana y Waldo Carmen Roldán, las constancias más contundentes de su pertenencia a la asociación ilícita que derivó en sus condenas son sus propios legajos. Más que a cualquier otro, a ellos les cabe el anonimato del primer párrafo.
En agosto el Ejército respondió al juez que el Batallón de Inteligencia 601 era "una formación" encargada del "proceso intelectivo" que consiste en "el análisis de dos o más informaciones".
Bastante más útil para comprender qué fue en los hechos el Batallón 601 hasta su clausura a fines de 1985 y por qué ocho de sus ex miembros no podrán salir más a la calle son sus propios documentos, que detallan los secuestros pero no el destino final de sus víctimas, y sobre todo los desclasificados del Departamento de Estado norteamericano, inobjetables aún para los propios imputados.
En abril de 1980 los oficiales de la Embajada de Estados Unidos tomaron nota sobre caídas de militantes, apuntaron que "la operación había sido desplegada por el Batallón de Inteligencia 601" y que los cautivos estaban en la "prisión secreta de Campo de Mayo". Dos meses después el oficial Blyston deja constancia de que nuevos cautivos "serán interrogados y –he aquí la palabra clave– desaparecidos permanentemente". En agosto los norteamericanos llegaron a considerar que la junta era "prisionera" de las decisiones del 601, que el gobierno "ha sido avergonzado e importunado" por su trabajo sucio y, precisaron, "la desaparición es trabajo del 601".

19 de diciembre de 2007
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les llegó la hora

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[Victoria Ginzberg] Condenan a siete miembros del ejército y un agente de inteligencia. Los represores recibieron entre 20 y 25 años de prisión por el secuestro de seis personas y por haber formado parte de una asociación ilícita.

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Argentina. "Afianzar la Justicia", dice la leyenda del vitral de la sala de audiencias del Palacio de Tribunales. Arriba está la cruz. Y, por encima, el escudo nacional. Con este marco de fondo, el juez federal Ariel Lijo condenó ayer por primera vez desde la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida a altos oficiales del Ejército. El fallo involucró a siete militares y un ex policía federal y agente de inteligencia.
Waldo Carmen Roldán, Pascual Guerrieri, Carlos Gustavo Fontana, Jorge Luis Arias Duval y Julio Simón entraron a la sala, en fila, en ese orden, poco después de las cuatro de la tarde. Los cuatro primeros llevaban traje. Simón –el único que no es militar–, una camisa rosa. Se acomodaron de cara al juez. El público, compuesto por familiares, sobrevivientes, miembros de organismos de derechos humanos, funcionarios judiciales y del Poder Ejecutivo, sólo veía las nucas. Los otros tres acusados, Cristino Nicolaides, Juan Carlos Gualco y Santiago Manuel Hoya no estuvieron en la audiencia. Sus defensores adujeron razones de salud.
Antes de leer la sentencia, Lijo les dio la palabra a los acusados presentes, todos ex miembros del Batallón de Inteligencia 601. Guerrieri fue el más locuaz. "Rechazo el término represor. Nosotros fuimos soldados pagados por este pueblo que está atrás y a los costados. Salimos a poner orden. No tenemos cara de asesinos, tenemos cara de soldados que cumplieron con su deber", dijo parado y micrófono en mano.
Luego, el juez leyó el fallo, que por sí mismo rebatió la proclama de Guerrieri: "Las constancias reunidas, la realidad y contexto histórico en los cuales se sucedieron los hechos tratados en este juicio, dan cuenta del desarrollo entre los años 1976 y 1983 de un plan de estado sistemático, elaborado fuera de todo marco legal llevado a cabo por las fuerzas militares, con la colaboración de fuerzas de seguridad y civiles".
En el marco de ese plan, en el que la sentencia destacó que fueron cometidos delitos de lesa humanidad, los ocho represores fueron condenados por los secuestros de Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Angel Carbajal, Lía Mariana Ercilia Guangiroli, Ricardo Marcos Zucker y Silvia Noemí Tolchinsky. Los cinco primeros, apresados entre el 21 y el 29 de febrero de 1980, eran parte del grupo de exiliados que decidió regresar al país como parte de la llamada operación de Contraofensiva organizada por la agrupación Montoneros.
Tolchinsky fue secuestrada en septiembre de ese año mientras intentaba salir por el paso fronterizo mendocino de Las Cuevas. Es la única víctima de esta causa que logró sobrevivir a su cautiverio y su testimonio fue una pieza clave en el juicio. La mujer estuvo detenida en varias quintas cercanas a la unidad militar de Campo de Mayo y vio o escuchó a otras personas secuestradas. También reconoció a los represores.
Tolchinsky fue llevada un tiempo al paso fronterizo de Paso de los Libres. Allí fue vigilada de cerca por Simón, el Turco Julián. "Recibí siempre un trato muy vejatorio y humillante de su parte. Una vez detuvo un micro de un colegio judío y les clavó alfileres en las fotos de los documentos de los chicos, era una persona que creía en la magia negra. Me contó cómo torturaba gente, que una vez volvió loco a un chico torturándole la cabeza. Era repulsivo y a mí me daba muchísimo pánico. Al poco tiempo de llegar a Paso de los Libres viene con un cuadro y me muestra la foto de mis hijos tomada desde adentro de la casa de mi suegra, como demostrando que él podía llegar a cualquier lugar. Esto generó sentimientos encontrados, por un lado que después de dos años pude ver a mis hijos y por el otro el pánico de saber que él podía llegar a donde quisiese. Resulta difícil transmitir el horror", contó la mujer. Lijo recordó ayer esta declaración. Mientras la leía, Simón sonreía.
El testimonio de militares, ex agentes de inteligencia, el de la mujer de un represor de Campo de Mayo, documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos y un informe del propio Batallón de Inteligencia rescatado del archivo de la policía de la provincia de Buenos Aires, además del relato de los familiares de las víctimas, se conjugaron para que el juez diera por probados los secuestros y torturas y la asociación ilícita por la que fueron condenados los ocho represores. Nicolaides, Arias Duval y Hoya recibieron 25 años. Gualco, Roldán y Simón, 23. Fontana, 21, y Guerrieri, 20.
Después de la sentencia hubo aplausos. Y cuando los condenados salían de la sala se escuchó un grito: "En la cárcel se van a morir". Los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que llevaron adelante el proceso, salieron conformes. El fiscal Jorge Alvarez Berlanda anunció que apelará el fallo, pero porque el viejo código de procedimiento lo indica, ya que no todos los represores recibieron la pena que él había pedido: 25 años. Como esta causa se rige por ese código, el proceso fue escrito, pero Lijo accedió, a pedido del CELS, a "oralizar" la etapa final.
"Es un paso importante", señaló el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, antes de retirarse de la sala. "Hace más de 25 años que espero este día. Que cumplan la sentencia y que nadie les acerque una pastilla de cianuro", dijo Cristina Zucker, hermana de Pato Zucker y querellante. Ana María Abalos, mamá de Verónica Cabilla, señaló: "Ahora hay que lograr que vayan a cárceles comunes. Además, todavía no sé qué pasó con mi hija. No sabemos dónde están ella ni los demás".
En el fallo, Lijo ordenó profundizar la investigación sobre la responsabilidad que pudieron tener los jefes de las áreas militares en estos crímenes y mencionó que el hecho de que cinco víctimas siguieran desaparecidas "ocasiona un tormento adicional para sus familiares por el que (los condenados) también deben responder, que perdurará en el tiempo, así como también para el resto de la sociedad argentina".

Decisión de la Corte
La Corte Suprema de Justicia podría emitir antes de fin de año una resolución orientada a ordenar el curso de las investigaciones sobre los crímenes de la última dictadura. A fines de agosto, la Procuración General envió al máximo tribunal un informe elaborado por la Unidad de Seguimiento y Coordinación de las causas sobre el terrorismo de Estado en el que se alertaba, entre otras cosas, sobre que los jueces se tomaban tiempos que "excedían lo razonable". En el documento se proponía que la Cámara de Casación tuviera un plazo para expedirse sobre los procesos y se hablaba de la posibilidad de que la Corte terciara cuando una investigación se queda sin juez al excusarse todos a los que les llega la causa. El máximo tribunal podría tomar una resolución sobre la forma de acumulación de los expedientes, lo que hace que actualmente la mayoría de estas causas, en Capital Federal, esté a cargo del Tribunal Oral Federal 5 y esto implica una demora en la realización de los procesos orales.

19 de diciembre de 2007
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diecisiete años por secuestro

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Condenan a una mujer a 17 años por el secuestro de Fernanda Aguirre. Un tribunal de Paraná condenó a Mirta Chávez por coautora del secuestro ocurrido el 25 de julio de 2004. Pero absolvió a Raúl Monzón, el otro acusado. Indignación en la familia de Fernanda.

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Paraná, Argentina. Diecisiete años de condena para Mirta Chávez y absolución para Raúl Monzón; la sentencia por el secuestro de Fernanda Aguirre, ocurrido el 25 de julio de 2004, envió a prisión a la mujer del principal sospechoso, Miguel Ángel Lencina, quien supuestamente se suicidó ahorcándose en la celda de una comisaría al poco tiempo de ser detenido. Por su lado, Monzón, primo de Lencina, fue absuelto porque los jueces José María Chémez, Hugo Perotti y Ricardo González, de la sala I de la Cámara del Crimen, de Paraná, consideraron que no había pruebas suficientes como para condenarlo. Inés Cabrol, madre de la joven desaparecida, se retiró del tribunal visiblemente indignada y más tarde sostuvo que el tribunal "votó a favor de la mafia". La fiscalía había solicitado 20 años para Chávez y 11 para Monzón, y la familia querellante, entre 20 y 18 para la mujer y entre 18 y 14 para el hombre.
El juicio por el secuestro de Fernanda debió iniciarse el 30 de julio pasado, pero su presidente, Felipe Celli, denunció presiones políticas que lo obligaron a renunciar, dejando al caso en stand by hasta que Celli tuvo reemplazante: el juez José María Chémez. Finalmente, el 13 de noviembre pasado, los jueces de la Sala I iniciaron las audiencias. Monzón se negó a declarar. Mirta Chávez llegó libre a las audiencias, ya que en octubre había sido excarcelada, y reconoció que ella había realizado las tres llamadas extorsivas a la familia Aguirre reclamando el rescate por Fernanda, pero dijo que lo había hecho amenazada por su marido que, a esa altura, poco podía decir.
Chávez admitió además haber recibido en sus manos el rescate de dos mil pesos que los padres de Fernanda habían pagado para obtener su libertad. Dijo que luego fue con Lencina a la terminal de micros de Paraná, donde se reunieron con Monzón, quien luego fue acusado de facilitar hospedaje a Lencina y movilidad a la pareja tras el secuestro.
A fin de noviembre, un sobrino de Lencina, de 17 años, declaró ante el tribunal y confirmó que su tío había sido el secuestrador. En su relato sostuvo que el 25 de julio de 2004 había salido a pasear con su hermana, su tío Lencina y Mirta Chávez, que visitaron el cementerio Parque de la Paz, en la localidad de San Benito, donde vive Fernanda con sus padres. En un momento, según dijo el chico, su tío le pidió a Chávez 10 pesos para pagar su debut sexual. Después dijo que su tío intentó asaltar una florería con un revólver que llevaba oculto entre las ropas, pero que él lo convenció de que no lo hiciera. Y luego, mientras estaban parados bajo un árbol, pasó la chica (luego supo que era Fernanda Aguirre) y Lencina la saludó. "Ya vas a ver lo que le pasa a ésta cuando vuelva", le dijo Lencina a su sobrino. Y cuando Fernanda regresó, Lencina la tomó del cuello y la llevó a un campo. Allí se la ofreció a su sobrino para debutar, pero él aseguró que rechazó la propuesta. Dijo que vio cómo Lencina le apuntaba a la chica todo el tiempo y que cuando él se retiró lo escuchó preguntarle si los padres de ella tenían plata. Poco tiempo después de la desaparición fue detenido Lencina, quien luego apareció ahorcado en su celda.
El fiscal de juicio, Juan Carlos Almada, pidió penas de 20 años para Chávez y 11 para Monzón. Los abogados querellantes, Julio Federick y Leandro Ríos, pidieron para Monzón 18 años. Los defensores de Chávez, Norma Lanfranqui y Humberto Franchi, y el de Monzón, Rubén Paglioto, pidieron la absolución de sus asistidos por falta de pruebas en su contra. Almada logró demostrar que las llamadas de Chávez no fueron realizadas por amenazas de Lencina porque, sostuvo, "no había indicio alguno de que se llevaran mal o tuvieran una relación violenta entre ellos". Por otro lado, sostuvo que el dinero se lo quedó Chávez, ya que Lencina llegó con 600 pesos a la cárcel de Concepción del Uruguay, de donde había salido en forma transitoria porque cumplía una pena de veinte años por el crimen de una prostituta".
Finalmente, Chávez fue condenada a 17 años como coautora del secuestro de Fernanda Aguirre y Monzón absuelto por falta de pruebas. "Me deja tranquilo y satisfecho que el tribunal haya reconocido nuestra argumentación", sostuvo Almada. Inés Cabrol, en cambio, salió indignada y dijo: "El tribunal votó a favor de la mafia".

18 de diciembre de 2007
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condenan a jefes militares

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[Victoria Ginzberg] Primera condena a jefes militares tras anularse las leyes de impunidad. Hoy se conocerá la sentencia del juez Ariel Lijo en el juicio a ocho represores, entre ellos Cristino Nicolaides y la plana mayor del Batallón 601, acusados de secuestros, torturas y desapariciones.

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Argentina. Por primera vez desde la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, jefes militares serán condenados por la Justicia argentina. Hoy a las 15, en la misma sala del Palacio de Tribunales en que se realizó el Juicio a las Juntas, el juez federal Ariel Lijo leerá la sentencia del juicio que involucra a ocho represores, entre ellos el general Cristino Nicolaides y la plana mayor del Batallón de Inteligencia 601.
Cristino Nicolaides, Jorge Luis Arias Duval, Juan Carlos Gualco, Carlos Gustavo Fontana, Pascual Oscar Guerrieri, Santiago Manuel Hoya, Waldo Carmen Roldán y Julio Héctor Simón están siendo juzgados por haber participado en el secuestro, las torturas y la reducción a la servidumbre de seis personas. Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Angel Carbajal, Lía Mariana Ercilia Guangiroli y Ricardo Marcos Zucker eran parte del grupo de exiliados que decidió regresar al país en 1980, en el marco de la llamada operación de Contraofensiva, organizada por la agrupación Montoneros. Silvia Tolchinsky fue secuestrada en Mendoza, cuando intentaba salir del país e ingresar a Chile, y es la única de las víctimas de esta causa que sobrevivió.
Este expediente se rige por el viejo código de procedimiento, lo que implica que se realiza por escrito. Pero a pedido del CELS, Lijo accedió a "oralizar" el tramo final del proceso. Por eso la sentencia se escuchará hoy en una audiencia que será abierta al público y a la prensa. Antes de leer su resolución, el magistrado dará a los represores la posibilidad de que digan las "últimas palabras". Ayer, el juez terminó de realizar las entrevistas con los acusados, un requisito previsto en el viejo código.
Desde la anulación de las leyes de impunidad fueron condenados el ex jefe de Investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires Miguel Osvaldo Etchecolatz, el policía federal y agente de inteligencia Julio Héctor Simón (también involucrado en este expediente) y el capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires Christian Federico Von Wernich. El jueves pasado debía ser condenado el prefecto Héctor Antonio Febres, integrante del grupo de tareas de la ESMA, pero el cianuro que tomó o le hicieron tomar mientras estaba preso en condiciones privilegiadas en un edificio de la Prefectura impidió que terminara el juicio. El proceso que sí concluirá hoy involucra a un ex jefe del Ejército (Nicolaides) y a altos mandos del Batallón de Inteligencia 601 (Bellene fue segundo jefe; Arias Duval, jefe de la central de reunión, y Guerrieri, jefe de la central de operaciones).
La semana pasada, durante los alegatos, el fiscal Jorge Álvarez Berlanda fundamentó su pedido de 25 años de prisión para los ocho represores que, además de los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y reducción a la servidumbre, están imputados de haber formado parte de una asociación ilícita. Los representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Carolina Varsky y Santiago Felgueras reclamaron la pena máxima y destacaron que se trata de un juicio que es "representativo" de lo que ocurrió durante el terrorismo de Estado. Así, hicieron un llamamiento a que los futuros procesos contra responsables de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura sigan este camino, es decir, que los expedientes no se desarmen en infinitas piezas.

18 de diciembre de 2007
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manipularon escena del crimen

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[Adriana Meyer y Raúl Kollmann] La desaparición de elementos de prueba en el crimen del prefecto.

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Argentina. "Esa hipótesis es muy firme y la familia no es ajena a esos mismos intereses", respondió una alta fuente del caso cuando Página/12 quiso saber si creía posible que al represor Héctor Febres lo mataron para silenciarlo antes de sus últimas palabras en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en su paso por la ESMA. La duda consistía en si la detención de la viuda y los hijos de Febres constituía una línea de investigación sin relación alguna con la posible revelación de información sensible sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese centro clandestino por parte del represor. Si bien la jueza federal Sandra Arroyo Salgado no descarta ninguna de las posibilidades abiertas, en su entorno aseguran que "a esta altura ya casi ni se habla de suicidio". Según pudo saber Página/12, en el juzgado consideran clave el contenido de la computadora de Febres y se quejan porque la escena del presunto homicidio fue "totalmente modificada".
Para esclarecer el caso, la magistrada afronta una dificultad casi insalvable: considera que le alteraron el escenario de la muerte. Los hombres de la Prefectura le dijeron que encontraron el cuerpo a la mañana, porque Febres "no bajó a desayunar", como si se tratara de un hotel. Los forenses calculan que la muerte se produjo entre las diez y las doce de la noche del domingo y a la jueza recién la notificaron cerca de las diez de la mañana del lunes. De inmediato, Arroyo se trasladó al destacamento Delta de la Prefectura, pero en el lugar ya estaban los familiares. "Desde el primer día las cosas no cerraron", comentó la fuente. Según explicó, la familia estaba al tanto de que faltaba la computadora que usaba Febres y lo ocultó. Los investigadores tuvieron que allanar la casa de un experto en informática que trabaja para la Prefectura, en San Martín, para encontrarla. Mientras analizan cartas y notas secuestradas en los procedimientos, esperan realizar un peritaje sobre el contenido de las computadoras con especialistas y la presencia de los peritos de las partes.
También llamó la atención de la jueza la insistencia con que los familiares querían mostrar que había muerto por causas naturales. "Era diabético y no se cuidaba", habrían dicho en el lugar de los hechos cuando la jueza fue a levantar el cadáver. Además, insistían en cremarlo enseguida. "¿Ustedes qué hacen acá?", habría preguntado Sonia Febres, la hija del represor, ante la comitiva judicial. Los investigadores comprobarían más adelante que la familia recibía variados beneficios por parte de la Prefectura. Y recordaron que, en esos minutos iniciales del caso, los familiares evidenciaron su preocupación por los aspectos económicos que podían perjudicarlos. Sin embargo, el móvil vinculado al dinero no excluiría la motivación política.
Los peritos refuerzan las dudas. El cianuro, sobre todo en las cantidades encontradas en el cuerpo de Febres, tarda entre cinco y diez segundos en producir la muerte. Si el represor tomó las cápsulas con el veneno, se habría encontrado un vaso con agua al lado de su cama, ya que Febres fue hallado muerto acostado en el lecho ubicado en el camarote, que es como los prefectos llaman a la habitación. Sin embargo, no había vaso de agua al lado de él, sino en la mesa del living del departamento que ocupaba en la unidad. Además, Febres estaba en su cama, abrazado a la almohada, y con el rostro plácido. Eso hace pensar a los peritos forenses que tal vez no consumió el cianuro en cápsulas sino que lo fueron envenenando de a poco, tal vez mezclándole la sustancia en algunas de sus comidas. En ese caso deberían haber aparecido rastros de cianuro en algunos de los elementos usados durante la cena. El problema es que todo eso ya no estaba allí cuando la jueza llegó. "La convicción es que lo mataron y que no fue una sola persona. La familia le quiere echar toda la culpa al prefecto Volpi, pero se percibe una amplia participación tanto en la muerte como en la modificación de la escena de esa muerte", le dijo a Página/12 una fuente del caso.

18 de diciembre de 2007
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muerte de febres fue asesinato

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[Adriana Meyer] Citarían a declarar al ex jefe de prefectura por el caso Febres. Los investigadores se inclinan por la hipótesis de homicidio del represor que apareció envenenado con cianuro en su celda cuatro días antes de la condena.

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Argentina. "¡Desocúpenme el casino de oficiales que voy a ir con mi familia!", era una de las habituales órdenes que impartía el represor Héctor Febres mientras estuvo detenido en la sede Delta de la Prefectura Naval Argentina. Y volvió a hacerlo dos semanas antes de su muerte, para festejar allí el bautismo de una de sus nietas, tal como describió Página/12 la semana pasada. Durante el allanamiento a la casa del hijo de Febres la Justicia encontró pruebas del acontecimiento familiar celebrado en un edificio público que debía servir como cárcel para este prefecto, enjuiciado por delitos de lesa humanidad. Los investigadores del caso afirmaron que en su vida vieron condiciones de detención "tan irregulares", y uno de ellos consideró que el prefecto que murió envenenado con cianuro "entraba y salía" de su prisión vip. Esta situación, que calificaron de "escandalosa", podría motivar en breve la citación a prestar declaración indagatoria del recién destituido jefe de la Prefectura Carlos Fernández. En la causa hay dos de sus ex subordinados detenidos. Los dos investigadores, de alta jerarquía, consultados por este diario coincidieron en inclinarse por la hipótesis del homicidio.
La colaboración que intentó prestar el ex jefe de la Prefectura Carlos Fernández, durante las primeras horas del caso no le sirvió para quedar al margen del curso de la investigación. La sospecha es que hubo hechos de corrupción por parte de quienes dirigían la sede Delta que hicieron posibles las relajadas condiciones de detención de Febres. "Parecía que no vivía ahí, había pelusa en el piso", fue el comentario de un experimentado integrante del equipo que allanó la celda vip de dos ambientes, con balcón y vista al río, que tenía el represor. Además de contar con un teléfono celular, televisor con DVD y de gozar de visitas sin límite que podían ingresar alimentos u objetos varios sin ser revisados, Febres usaba una pileta y una cancha de tenis. El prefecto que lo custodiaba, de apellido Volpi y que está detenido, era quien iba a buscar a su esposa cuando quería visitarlo. "Daba órdenes a gente que tenía menos grado que él, que lo trataban con un temor reverencial y no como alguien acusado de delitos de lesa humanidad", comentó a Página/12 uno de los investigadores.
El último domingo de noviembre acudieron a la sede Delta de la Prefectura Naval, en Lavalle 13, cincuenta invitados que participaron del bautismo de una de las nietas de Febres. El festejo pudo haber sido bien regado con bebidas alcohólicas, cuyo ingreso no parece haber estado prohibido. De hecho, en las habitaciones de Febres fueron halladas botellas de aperitivos. Ninguno de estos movimientos quedaba registrado en los libros de guardia. Los investigadores encontraron que los correspondientes a 1993 estaban en mejores condiciones que el de octubre de este año. "Todo muy burdo, todo altamente irregular", resumió uno de ellos.
Es posible que el prefecto general Fernández, jefe de la Prefectura hasta el sábado, cuando lo relevó el Gobierno, tenga que responder sobre algunas de estas cuestiones, como ya lo han hecho el ex jefe de la sede Delta, Rubén Iglesias, y el custodio Volpi. Y que su sucesor, el subprefecto nacional Ricardo Rodríguez, tenga que prestar su "máxima colaboración" con la Justicia.
Los sobrevivientes del centro clandestino de la Escuela de Mecánica de la Armada solicitaron en 2004 la cárcel común para Febres. El juez federal Sergio Torres pidió informes y comprobó que el prefecto disfrutaba de un living, dormitorio y baño privado, entre otros beneficios. Pero se negó a mandarlo a la cárcel de Marcos Paz aduciendo el "riesgo" que corría. Ni la oposición de los fiscales Eduardo Taiano y Félix Crous ni una resolución de la Cámara Federal modificaron la situación. Así, Febres siguió gozando de un encierro con generosas libertades. Los investigadores no dudan en vincular esos privilegios con su propia muerte. Y sugirieron al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que revea su apreciación de los hechos. El funcionario había declarado que "esta persona estaba detenida con todas las custodias que tienen los detenidos".

18 de diciembre de 2007
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