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febres cenó con un custodio


[Raúl Kollmann] La familia de Febres apunto a los prefectos que lo custodiaban. Negaron haber cenado esa noche con Febres y aseguraron que sí lo hizo con el prefecto de apellido Volpi, amigo del muerto.
Argentina. "Lo suicidaron." Los familiares de Héctor Febres, en especial la hija, Sonia, acusaron de homicidio a integrantes de la Prefectura, y particularmente a quien acompañó esa noche al ex represor, el prefecto Volpi. Desde el anochecer del sábado y hasta el mediodía del domingo fueron pasando a prestar declaración indagatoria la esposa de Febres, Estela Maris Guevara, y los hijos, Sonia y Ariel. Los familiares de Febres fueron imputados por la jueza Sandra Arroyo de un delito que podría ser gravísimo: "haber tomado parte, con el concurso de dos o más personas, en la muerte de quien fuera su cónyuge y progenitor, mediante la ingesta de cianuro". Como se ve, la magistrada no habla de suicidio ni de homicidio, sino que deja ambas variantes abiertas. La madre y los dos hijos, asistidos por el abogado Martín Orozco, dijeron que Febres no estaba deprimido, que nunca manifestó intenciones de suicidarse, que ellos no cenaron sino que almorzaron con él ese domingo y que quien compartió la última cena fue el prefecto Volpi, con quien tenía una estrecha relación.
Desde un punto de vista lógico, estaba cantado que los familiares de Febres de ninguna manera reconocerían que, por ejemplo, lo ayudaron a suicidarse. Es que la instigación o colaboración con un suicida es un delito penado con uno a cuatro años de prisión. La expectativa era que dijeran "no sabemos nada". Sin embargo, la declaración de Sonia tuvo un fuerte contenido emocional. "Lo suicidaron", respondió varias veces e incluso apuntó a Volpi, uno de los dos detenidos de la Prefectura. Volpi acompañaba a Febres en casi todas las jornadas y entre ambos habían establecido una fuerte relación.
Fuentes cercanas a la familia incluso deslizaron anoche la hipótesis que tienen sobre el asesinato. "El tenía diabetes y por eso consumía mucho líquido. Lo habitual es que tuviera un vaso muy cerca, se despertaba de noche, tomaba el líquido y además iba al baño. Es muy posible que el cianuro se lo hayan puesto en el vaso de líquido", especulan los familiares, según le transmitió a este diario un amigo de los Febres.
La indagatoria fue sorprendente en varios aspectos. El papel protagónico fue de la jueza Arroyo, quien tipeó personalmente todo lo que dijeron la madre y los dos hijos. De entrada, se sentó en la computadora una secretaria, pero como se equivocaba, la magistrada decidió hacerlo ella misma. El ritmo impuesto por Arroyo, acompañada por el fiscal Alberto Gentili, tiene pocos antecedentes. Le tomó declaración a Sonia, la hija, a las ocho de la noche del sábado. Terminó casi a las tres de la madrugada del domingo. De inmediato declaró la madre, trámite que llevó hasta las diez de la mañana del mismo domingo, y a continuación entró Ariel, quien terminó después del mediodía. Es decir que hubo 17 horas seguidas de declaraciones. Más asombrosa todavía resultó la decisión de Arroyo de continuar ayer mismo con las indagatorias. Por un lado, el prefecto mayor Iglesias, jefe del destacamento Delta de la Prefectura, el encargado general de la custodia de Febres. Y al anochecer estaba declarando el prefecto Volpi, que para la familia es el hombre clave porque no sólo fue el último que lo vio con vida, sino que Sonia deslizó las sospechas más concretas en su contra. Al cierre de esta edición corría el rumor de que Arroyo dispondría la detención de un abogado vinculado a la Prefectura, pero ese dato no pudo ser corroborado.
Las dos hipótesis sobre la muerte de Febres siguen abiertas:

- Se suicidó: Se dice que Febres estaba deprimido, no tanto por la condena que se le venía encima sino por el inminente traslado al penal de Marcos Paz. Es que las condiciones de detención eran asombrosas. No sólo disponía de dos habitaciones de las que entraba y salía cuando quería, sino que los propios familiares admitieron que usaban la piscina del destacamento e incluso una cancha de tenis criollo. "Cuando entrábamos, alguien nos preguntaba si traíamos algo, nosotros decíamos que no y eso era todo", admitieron los familiares en la indagatoria. Supuestamente el traslado a Marcos Paz afligía mucho a Febres y eso lo llevó a la determinación de quitarse la vida. El punto nodal es quién le suministró el cianuro, en una dosis elevadísima que, tal como adelantó Página/12 en su edición de ayer, tenía el doble o el triple de lo necesario para matar a una persona. Además, los forenses que dialogaron con este diario señalaron que el cianuro industrial es fácil de conseguir, pero que alguien –un químico– debe refinarlo. Por ello, debió participar un profesional, médico, químico o bioquímico.

- Lo asesinaron: Es lo que dice la familia. Este diario le preguntó a un allegado:

¿Por qué lo iban a matar? ¿Estaba dispuesto a hablar?
Es cierto que hubo una especie de pacto con quienes fueron sus superiores. El jamás habló y nos parece que no lo iba a hacer ahora tampoco. Estaba conforme con el trato que le habían dado esos superiores. No sabemos qué pasaba por su cabeza. Nunca pateó el tablero. ¿Lo estaba por hacer ahora por lo del traslado a Marcos Paz? No lo sabemos. Tal vez alguien de la Prefectura pensó que iba a patear el tablero. Y eso provocó el desenlace –le explicó el allegado a este diario; Sonia insistió con el concepto: "él estaba bien de ánimo. Su defensor, el doctor Valle, hizo un magnífico alegato y evaluó que habiendo estado nueve años preso, no tendría que pasar detenido demasiado tiempo más. Eso lo tenía ilusionado. Es más, me dio un CD con el alegato de Valle. Lo único que le preocupaba era el traslado a Marcos Paz", declaró Sonia ante la jueza Arroyo y el fiscal Gentili.
Uno de los argumentos que usó el hijo de Febres, Ariel, es que su padre fue encontrado con el rostro plácido, acostado, abrazado a la almohada. "Parecía distendido y nos han explicado que ésa no es la cara de alguien que consumió cianuro, que produce sufrimiento", sostuvo Ariel.
Según los forenses, Febres murió entre las diez y las doce de la noche del domingo 9 de diciembre. Se encontró cianuro en el estómago y por el tiempo de digestión que llevaban otros alimentos que se encontraron en el mismo estómago, se calcula que el cianuro lo ingirió muy poco después de la cena. Esa es la base de la acusación de Arroyo. Sin embargo, los familiares dicen que se fueron temprano a la tarde. Almorzaron, se quedaron unas horas más y se fueron. Y Sonia sostuvo que quien cenó con Febres fue Volpi. Por supuesto que los familiares negaron que hubiera cualquier despedida y es cierto que tampoco se encontró una carta, elementos típicos de un suicidio. Esa es la razón por la que la jueza dejó abierta la acusación por los dos delitos: homicidio o instigación al suicidio. Si la magistrada decidiera imputarles a los familiares el homicidio, la pena sería altísima, porque se trata de un asesinato agravado por el vínculo.
En los próximos días, Arroyo va a ordenar un amplio peritaje en las computadoras secuestradas, tanto en el destacamento Delta como en los domicilios de los familiares. Sobre todo tiene interés una computadora que, por lo que consta en la causa, tendría información valiosa y hubo un intento de sacarla del destacamento. La jueza convocará para ese peritaje no sólo a los expertos informáticos oficiales, sino que también permitirá que trabajen en el análisis los peritos que designe la familia y los que representen a los dos imputados por el lado de la Prefectura. El rumor es que también hay otros profesionales en la mira. Se habla de un médico y de un abogado.

17 de diciembre de 2007
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romper muro de la impunidad


[Diego Martínez] Graciela Daleo: "Fisurar el muro de impunidad golpea el poder". "En el caso López eligieron la desaparición, eje de la represión. En el de Febres, el cianuro. Y vuelve sobre el reclamo de cárcel común para los represores.
Argentina. Perdió la cuenta de las veces que declaró como testigo pero no la perseverancia para exigir justicia. Graciela Daleo sobrevivió a la ESMA, volvió a ser detenida en democracia y rechazó un indulto de Carlos Menem. Hoy coordina una cátedra libre de derechos humanos y acepta dialogar sobre el actual proceso de justicia. Padeció al represor Héctor Febres durante su cautiverio en la ESMA y cree que el prefecto murió asesinado para enviar un mensaje múltiple: a los represores y a los militantes de los '70. "Hay un plus macabro: somos las organizaciones populares las que debemos plantarnos frente a las instituciones para pedir que garanticen que lleguen vivos a escuchar la sentencia."

¿Cómo recibió la noticia de la muerte de Febres?
Me sorprendió, me dejó perpleja y me generó interrogantes múltiples. ¿Muerte natural, suicidio o asesinato? Al menos esa pregunta se develó: murió envenenado con cianuro.

¿Tiene alguna hipótesis? ¿Murió o lo mataron?
Tengo apenas impresiones, relacionadas con la significación del personaje, su pertenencia y responsabilidades. Este desenlace ratifica cuán justa es nuestra exigencia de que los asesinos estén en cárceles comunes y custodiados por penitenciarios. Eso no garantiza sus vidas, porque en las cárceles los presos mueren asesinados por el Servicio Penitenciario, incluso quemados vivos. Pero la muerte de Febres demuele el argumento del juez Sergio Torres de "garantizar la seguridad de los detenidos". Se lo hemos planteado en persona.

¿Qué respuesta dio?
Ninguna. Desde 2003 cuando empezaron las detenciones vivimos ese silencio como una burla a la lucha por juicio y castigo. Que sean cuidados por sus pares y reciban visitas sin control son lujos de los que ningún preso dispone. Ni siquiera de cárceles dignas disponen los presos comunes.

¿Conocía los privilegios que tenía?

Sabíamos cómo era el lugar, no sobre el acceso irrestricto. Si no fuera una ofensa sería risible. Es asombrosa la cantidad de visitas a médicos, dentistas, oculistas, sólo les falta ir al pedicuro. Pedimos que se investigara el significado de tantas visitas a médicos privados sin control serio y fehaciente. Intuíamos las condiciones de presos VIP porque sabemos que así se los atiende. Leer el reclamo de celular, Internet, mingitorios y más ventanas de los marinos trasladados a Campo de Mayo es una mofa. Significa que antes los tenían.

No todos los jueces admiten privilegios. ¿Por qué ocurrió así en este caso?
Es una respuesta que debe dar el juez. Ocupamos lugares distintos: él decide, no es algo que suceda naturalmente. Pero es imperioso que el diseño de las detenciones sea concienzudo. Cárceles comunes no puede implicar formar clubes de represores, como se plantea en Marcos Paz, donde el director llegó a hablar de "presos políticos". Se tomó la decisión correcta de separarlo, pero queda claro que no es un caso aislado.

¿Dónde deben estar presos?
Si los juzgados están en Capital tienen que estar en Villa Devoto o en cárceles para procesados a disposición de la Justicia federal, igual que cualquier preso.

Reitero la pregunta: ¿cuál es su hipótesis sobre la muerte de Febres?
Mi impresión es que fue asesinado. Le hicieron tomar cianuro. El primer destinatario del mensaje son los propios represores. No creo que fuera a hablar porque nunca dio un dato útil. El mensaje para ellos es "ojo con lo que hacen, el pacto de silencio sellado con la sangre se debe seguir manteniendo". El segundo se relaciona con la elección del cianuro. Intentan mostrar que siguen siendo dueños de la vida y de la muerte. En el caso López eligieron la desaparición, eje central de la represión. En el caso Febres, el cianuro. Es un plus que tiene como destinatario específico a los militantes de los '70. "Ustedes apelaban al cianuro para evitar que los torturáramos y matáramos, nosotros lo usamos para no ser sometidos al escarnio que significa ser condenados". Ser perseguidos por la justicia es para ellos una forma simbólica o figurativa de muerte civil. Y hay otro plus macabro: somos las organizaciones populares las que debemos plantarnos frente a las instituciones para pedir que garanticen que lleguen vivos a escuchar la sentencia. El gran agujero negro del lunes es tener que aceptar que otro genocida murió impune. Por eso pedimos al Tribunal Oral Federal que considere probados los hechos, aunque no pueda leer la condena. Es paradójico: hay ascensos pero no condenas post mortem. Si el Tribunal Oral Federal 5 rechaza el pedido vamos a insistir en otras instancias. Si bien sobreseimiento no es sinónimo de inocencia, para el saber popular lo es, y en la historia no puede quedar inscripto que Febres fue inocente. Es responsable de centenares de desapariciones, torturas, apropiaciones, de todo el sufrimiento de nuestro pueblo y las consecuencias que aún padecemos.

Antes de fin de año la Justicia dictará sentencia en el caso de Nicolaides y el Batallón de Inteligencia 601. ¿Es posible otro Febres?
Me niego a pensarlo. La desaparición de López fue una trompada fenomenal al movimiento popular y uno se niega a pensar que pueda repetirse. Sólo sé qué debemos hacer: exigirle a las instituciones juicio justo y castigo rápido, pues las pruebas están sobre la mesa, y cárceles comunes. Esa red de exigencia debe ser cada vez más intensa y densa, para que quienes estamos más expuestos no sintamos que estamos solos. Nos toca un papel específico, pero la lucha es de todo el pueblo. Los casos López, Febres, las amenazas refutan la pretensión de que "están juzgando a estos viejos de mierda porque ya no joden a nadie". No es cuestión del pasado. Fisurar el muro de impunidad golpea al poder. Y los poderosos responden.

17 de diciembre de 2007
16 de diciembre de 2007
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cianuro para matar a un caballo


[Raúl Kollmann] Revelaciones sobre la autopsia del represor de la ESMA que murió envenenado. No se sabe si se suicidó o lo asesinaron, pero sí que la cantidad de veneno en el cuerpo correspondía a varias veces la dosis necesaria para causarle la muerte.
Argentina. "Tomó o le dieron cantidades siderales de cianuro. Diría que, como mínimo, dos cápsulas. Eso significa varias veces la cantidad que se necesita para que una persona muera. La hora de la muerte: entre las diez y las doce de la noche del domingo. Y se encontró cianuro en el estómago. A simple vista se veía que la carne tenía unas dos horas de digestión y la impresión es que el cianuro se consumió muy poco tiempo después de eso. Ahí está la razón por lo que la jueza vincula a los familiares con el cianuro." El escalofriante diagnóstico proviene de un forense que trabaja –y trabajó durante la autopsia– en el caso de la muerte de Héctor Febres. Al cierre de esta edición estaban siendo indagados la esposa del represor y sus dos hijos, que dieron las respuestas más obvias: no saben nada, no tienen idea de cómo llegó el cianuro al cuerpo de Febres. También esperaban ser interrogados los dos prefectos detenidos el jueves. La jueza Sandra Arroyo calificó los hechos como "muerte dudosa", pero tratándose de una persona que estaba presa, es decir bajo la custodia del Estado argentino, está cantado que en las próximas horas se inclinará por "instigación o facilitación de suicidio" e incluso "homicidio", si encuentra elementos que indiquen que Febres fue envenenado para silenciarlo.
"Mire, una prueba de que era descomunal la cantidad de cianuro que tenía Febres en el cuerpo lo da el hecho de que ese veneno se encontró en el primer test –explicó el forense, que pidió reserva de su nombre–. El método consiste en tomar las vísceras, por un lado, y la sangre, por el otro. De las vísceras se hace una especie de caldo y, antes, mediante un gotero se hacía la prueba con un reactivo que se pone de un determinado color ante la presencia de cianuro. Ahora eso mismo se hace con un kit, que trae un papel que reacciona ante el cianuro, otro papel que reacciona ante el arsénico y así sucesivamente. Es un primer testeo. Al sumergirse el papel de kit dio inmediatamente la presencia de cianuro. Por las dudas, por la tarde se volvió a hacer una contraprueba y estaban presentes todos los forenses. Si el cianuro aparece tan fácil, al primer reactivo, estamos hablando de importantes cantidades. Para matar una persona se necesita, más o menos, un miligramo por kilo de peso. A veces incluso hace falta menor cantidad. En el caso de Febres tenemos que hablar del doble o del triple. No menos de dos cápsulas. Se ve que querían asegurarse la muerte", completó el profesional.
"Un dato de importancia para este caso y para cualquiera es el horario de la muerte –continuó el forense–. Lo de Febres ocurrió entre las diez y las doce de la noche. Eso se percibe por el lugar donde se encuentra el cianuro, en este caso el estómago. Y, además, por experiencia, al ver el avance en la digestión de lo consumido en la cena, se percibió que el horario en que se ingirió fue bastante aproximado al de esa última comida. Por supuesto que no durante la cena, porque el cianuro mata en segundos. Hay una vieja película que se llamó algo así como ‘Cuente hasta cinco y muera', justamente sobre una muerte por cianuro."
Desde un punto de vista estrictamente criminalístico, la mayor posibilidad es que alguien le haya suministrado a Febres el cianuro para que se suicide. Ello es así –según afirma criminalistas consultados por este diario– porque el represor apareció muerto en su cama, acostado. O sea que la secuencia más probable es que haya tomado las cápsulas estando ya acostado, enseguida después de la cena familiar del domingo, y murió pocos segundos después. Sin embargo, dadas las irregularidades que la jueza federal detectó en la prisión VIP que ocupaba Febres, tampoco se puede descartar que alguien haya modificado la escena. La jueza Arroyo había convocado a la División Homicidios de la Policía Federal para que investigue el caso. Lo cierto es que cuando llegaron los criminalistas de la Federal al lugar de los hechos, el cuerpo ya no estaba y todo había sido limpiado. De todas maneras, Arroyo vio personalmente la escena de la muerte ni bien recibió la denuncia, pero Homicidios hubiera querido verificar si había vasos, medicamentos o algún otro elemento que pudiera estar relacionado con la muerte.
Una fuente judicial expuso el cuadro de situación de la siguiente manera: "Febres entraba y salía de ese apartamento que tenía en la base de la Prefectura en el Tigre. El descontrol era tan ostensible que el cuerpo sin vida del detenido se encontró once horas después de muerto y sólo porque llamó la atención que Febres no haya bajado a desayunar. Tenía celular, DVD, las visitas eran ilimitadas y extensas. En ese cuadro en el que no hubo control alguno sobre lo que le traían o le daban a Febres, va a ser muy difícil determinar si lo envenenaron o alguien le dio el cianuro porque él, que estaba deprimido, quería suicidarse".

¿Es tan fácil conseguir cianuro? –le preguntó este diario al forense que actuó en le caso.
Sí, el cianuro es fácil de conseguir en su versión industrial. Se utiliza en las industrias del plástico o del acero, por ejemplo. Eso hace que sea sencillo comprarlo en droguerías industriales. Ahora bien, viene en unas pelotitas, del tamaño de huevos de paloma, en las que el cianuro no está refinado y, además, es difícil de digerir. Eso me hace pensar que la provisión de las cápsulas fue distinta. Un químico depuró y concentró el cianuro, porque en ese estado se encontró en el cuerpo. No será fácil determinar cómo accedió Febres a ese veneno –razonó el forense.

Anoche declararon ante la jueza Arroyo, la esposa de Febres, Estela Maris Guevara, y sus dos hijos, Héctor Ariel y Sonia Marcela, todos ellos representados por el abogado Martín Orozco. Pese a que la magistrada dispuso el secreto de sumario, la declaración parecía cantada: no saben nada del cianuro ni de la muerte de Febres. Es más, no son pocos los que dicen que se constituirán en parte querellante porque Febres estaba bajo la custodia del Estado argentino y en esa situación lo mataron o se mató. "No es nuestra responsabilidad, es responsabilidad del Estado argentino", argumentan los familiares, pese a que la realidad es que los allegados a Febres estuvieron con él en la noche del domingo, la jueza sospecha de ellos y lo concreto es que terminó con cianuro en el cuerpo en ese mismo anochecer de visitas.
Judicialmente hablando, la instigación o facilitación al suicidio tiene una pena de uno a cuatro años. "Como Febres estaba en un lugar de detención, la instigación o facilitación es el encuadre mínimo de este expediente. Porque justamente quienes están a cargo de la custodia deben preservar a un preso de un homicidio o un suicidio –le dijeron fuentes judiciales a Página/12–. Lo cierto es que el homicidio por envenenamiento tampoco se puede descartar. Habrá que ver si aparecen indicios en la documentación y las computadoras secuestradas".
La jueza Arroyo dispuso que técnicos informáticos oficiales analicen lo que hay en las computadoras secuestradas, especialmente una ubicada en el lugar de detención, pero todo se hará en los próximos días porque se le dará a la defensa la oportunidad de que designe peritos. Debe recordarse que no sólo están detenidos los tres familiares sino también dos integrantes de la Prefectura, a cargo directa e indirectamente de la custodia. Según trascendió, en la mira de la Justicia hay otros profesionales, especialmente de la medicina, que atendían y visitaban a Febres en su lugar de seudodetención.
Entre los forenses y criminalistas consultados por este diario surgió ayer una preocupación relacionada con la posibilidad de que la muerte de Febres haya sido un suicidio: "Debería ponerse mucho acento en el control de quienes están presos por delitos semejantes. Aunque parezca una ironía, los suicidios son contagiosos. Cuando se produce uno de estas características, otros pueden intentar el mismo camino", razonó ante este diario un forense con más de 30 años de carrera.

17 de diciembre de 2007
16 de diciembre de 2007
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exigen cárcel común para represores


Presentación de las abuelas. Exigen cárcel común para criminales y torturadores.
Argentina. La muerte del represor Héctor Febres en su celda de privilegio en la sede de Prefectura de la zona del Tigre revalidó el reclamo de los organismos de Derechos Humanos sobre las condiciones de detención de los presos por delitos de lesa humanidad. Las Abuelas de Plaza de Mayo solicitaron ayer el traslado inmediato de todos los represores que no se encuentren alojados en unidades del Servicio Penitenciario Federal y de aquellos que estén cumpliendo condena bajo el régimen de prisión domiciliaria. "No pueden estar en este tipo de unidades por dos razones: una porque son peligrosos y en segundo lugar porque quizá (en cárceles comunes) se les va a preservar la vida", argumentó la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto.
El organismo presentó los escritos ante los jueces federales Daniel Rafecas, que actúa en la megacausa por lo actuado en el Primer Cuerpo del Ejército; Sergio Torres, que tramita la megacausa ESMA; y Alberto Suárez Araujo, que investiga los hechos ocurridos en Campo de Mayo. También se realizará la misma presentación en distintos juzgados del interior del país, donde existen muchos integrantes de la Policía Federal detenidos en dependencias de su propia fuerza. Además, Abuelas se constituirá como querellante en la causa que investiga la muerte de Febres, por ser parte en el proceso que se le seguía como responsable de los bebés nacidos en cautiverio en la Escuela de Mecánica de la Armada.
En esa presentación aseguraron que los detenidos bajo esas condiciones gozan de "un privilegio y dispensa especial" que está "estrictamente prohibida por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas", por lo que se "pone en riesgo cierto y concreto la garantización efectiva de este derecho de jerarquía constitucional y el cumplimiento de obligaciones internacionales contraídas por el Estado argentino".
El caso del prefecto "no puede pasar inadvertido" por el juez "al disponer el lugar de detención de los imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar", aseguró el organismo en su escrito.

15 de diciembre de 2007
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tras las huellas del cianuro


[Adriana Meyer] La jueza detuvo a toda la familia de Febres por el envenenamiento. La noche del domingo 10, ellos compartieron su última cena en la celda de Febres.
Argentina. Los miembros de la familia de Héctor Febres pasaron en tiempo récord de querellantes a acusados en la investigación de la muerte del represor. Y en lugar de estar organizando el velorio, la esposa y los hijos se encuentran presos porque la Justicia sospecha que participaron del envenenamiento con cianuro. La noche del domingo 10 compartieron la última cena con el detenido en su celda vip de dos ambientes. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado desplegó en las últimas horas una frenética actividad, que incluyó siete procedimientos, y encontró una pieza clave para avanzar sobre los familiares de Febres. Página/12 pudo reconstruir que se trataría del contenido de una computadora secuestrada en los allanamientos a la Prefectura y a las casas de la familia. "¿Sacaron esa computadora?", le preguntó un prefecto a otro, según consta en una escucha telefónica en poder de la magistrada. Por otra parte, las irregularidades en las condiciones de detención de Febres, que estaba a punto de ser condenado por delitos de lesa humanidad, eran de tal gravedad que fueron calificadas como "un escándalo" por una alta fuente de la investigación consultada por este diario.
El juzgado federal de la calle 3 de Febrero al 100, en San Isidro, fue escenario de un permanente tránsito de cajas. Tres camionetas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) habían traído computadoras, documentación y celulares secuestrados en los allanamientos ordenados por la jueza en Capital Federal y en Tigre. Los siete procedimientos simultáneos se realizaron en las tres casas de los Febres, en unas oficinas que tenía el prefecto, en un domicilio alquilado y en dependencias de la Prefectura. Durante la madrugada, la jueza firmó las órdenes de detención de la esposa de Febres, Estela Maris Guevara, y de sus hijos, Héctor Ariel y Sonia Marcela Febres. Si bien quedaba descartada en forma definitiva la posibilidad de una muerte natural y el hallazgo parecía marcar un camino, Arroyo Salgado fue cauta. "Esto recién empieza", comentaron en su entorno, en el sentido de que los familiares de Febres podrían ser una parte de la historia que se intuye más compleja.
Todos los Febres fueron encontrados en sus casas por los hombres del jefe de la PSA, Marcelo Saín, en su rol de coordinador del Programa Verdad y Justicia. A la espera de la declaración indagatoria, las dos mujeres permanecen en la cárcel de Ezeiza, aunque están incomunicadas en dos unidades diferentes, mientras que el hijo fue llevado a Marcos Paz. El abogado defensor de la familia, Martín Orozco, había estimado que ese interrogatorio podía realizarse "a última hora de hoy" (por ayer). Sin embargo, la jueza debía terminar primero de analizar el contenido del material secuestrado antes de proceder a la indagatoria.
Los detenidos del caso tienen en común el hecho de haber sido los últimos en tomar contacto con Febres. El represor fue encontrado por los guardias 11 horas después de su muerte. La noche anterior había cenado con su familia en la habitación doble, con balcón, que ocupaba, y la comida de esa ocasión no habría provenido de la Prefectura sino de la canasta familiar. El libro de visitas de esa unidad no registró los ingresos de sus parientes en esa y en otras oportunidades, como tampoco de un médico que lo asistió días antes del fallecimiento. Las detenciones de ayer se suman a las dos que había ordenado Arroyo Salgado apenas se enteró de que el cadáver de Febres presentaba una "alta dosis" de cianuro: la del último custodio que estuvo con el prefecto y la del jefe de la sede Delta de la Prefectura, Rubén Iglesias.
A mediodía la jueza realizó otro allanamiento en la sede Delta de la Prefectura. Los cronistas de guardia en el juzgado le preguntaron al abogado Orozco si iba a participar, a lo que respondió que no, y agregó que aún desconocía los delitos que se le imputan a sus defendidos por el secreto del sumario. En el plano especulativo, una fuente aventuró que podría tratarse del artículo 83 del Código Penal, según el cual tendrá una pena "de uno a cuatro años el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo". En tal sentido, otro de los investigadores consideró que el casi inexistente control de los movimientos y actividades del represor en su lugar de detención dejan abierta la posibilidad "tanto de un suicidio inducido o apoyado por la familia" como de un "homicidio".
Por la tarde, la jueza recibió a los querellantes Enrique Fukman y Lázaro Gladstein, sobrevivientes de la ESMA, y a la abogada Myriam Bregman, quienes le manifestaron su preocupación respecto de la posibilidad de que se repita lo sucedido con el caso del testigo desaparecido Julio López. "Ahí hubo una enorme demora en reaccionar y las fuerzas de seguridad frustraron una y otra vez las pistas", declaró Bregman. "La impunidad sigue existiendo porque hay un pacto de silencio entre los oficiales de la Armada que actuaron en la ESMA, y Febres sabía qué pasó con los cinco mil desaparecidos", afirmó Fukman. En la puerta del juzgado de San Isidro, la abogada Bregman insistió en que "los represores deben estar detenidos en cárceles comunes", aunque objetó que "se los amontone" en la prisión de Marcos Paz, donde están alojados varios procesados y condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, porque allí todos juntos "pueden conspirar".

Piden Ver a Cristina
El abogado Rodolfo Yanzón, querellante en el caso del represor Héctor Febres, pedirá una entrevista con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para solicitarle colaboración en el esclarecimiento de la muerte del represor. El objetivo del letrado es tratar, entre otros temas, "la necesidad de trasladar a cárceles comunes" a los militares juzgados por crímenes cometidos durante la dictadura. Yanzón agregó que la semana que viene la querella que representa le pedirá ese traslado al juez federal Sergio Torres, a cargo de la denominada causa ESMA. Este reclamo ya había sido planteado por otros querellantes y organismos de derechos humanos, por la Defensoría, por la Procuración e incluso por la Cámara Federal.

15 de diciembre de 2007
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criminal al servicio de la armada


[Alejandra Dandan] El derrotero del represor que entregaba a los bebés en la Esma. Un prefecto al servicio de la Armada.
Argentina. Hay dos datos que se repitieron una y otra vez a lo largo del juicio oral al prefecto Héctor Febres, como si fueran capaces de provocar una síntesis. Que se ponía "re-loco" en las sesiones de tortura que condujo dentro de la ESMA entre 1976 y 1980. Y que fue quien cargó en brazos a los hijos de las embarazadas y separó a muchos de los que aún siguen sin aparecer. En 1998, cuando lo detuvieron, habló durante cinco horas en el juzgado de Adolfo Bagnasco. "Los jefes de la Armada están en sus casas –dijo– y yo me tengo que comer las fiestas preso." Sin embargo, nunca aportó un dato que permitiera reconstruir el destino de un joven apropiado. El cianuro abrió las sospechas sobre su muerte, y la hipótesis de que alguien lo haya suministrado para impedirle hablar.
Desde la detención del '98 hasta ahora Febres no había hablado demasiado. Ese día declaró durante cinco horas en las que reconoció parte de sus tareas contra los "subversivos", admitió que había trabajado de "enlace" entre la Armada y la Prefectura y que perteneció al grupo "antisubversivo" de la ESMA. Ahora nadie sabía si iba a volver a hablar. Una vez que se conoció la muerte, se publicó alguna línea sobre una supuesta intención de preparar algo con la colaboración de los abogados.
Su pasado en la ESMA y su rol pueden explicar alguna parte de las sospechas que se dispararon al final de su historia. En 1976, Febres estaba en la ESMA por detrás de Jorge ‘'El Tigre' Acosta y Alfredo Astiz pero con las mismas facultades. Había llegado no como militar sino como oficial de inteligencia de la Prefectura Naval, un organismo que por entonces dependía de la Marina como fuerza subalterna. Los ex detenidos recordaron esa situación durante el juicio oral como si allí hubiese alguna explicación para su sadismo. Y también para entender las internas. En pasillos de la Marina, ayer se barajaba la hipótesis de que Febres podría haber decidió hablar el próximo viernes. En ese caso, estimaban, que podría haber implicando a marinos en actividad, como sus ex jefes durante la represión ilegal.
Febres era morocho y regordete, en medio de una fuerza militar como la Marina considerada entre sus tropas como una elite. Hasta 1980, tuvo a cargo el Sector 4 que funcionaba en el sótano de la ESMA y donde había tres salas de tortura, una imprenta y una maternidad a la que le decían ‘La Sardá'. El era ‘El Gordo Selva' o "El Gordo Daniel", porque expresaba la brutalidad de todos los animales al mismo tiempo. El último 10 de noviembre, la fiscal Mirna Goransky leyó su alegato para pedir la pena máxima de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad enmarcados en el genocidio. Ese día Febres siguió todo lo que se decía en la audiencia sentado en el banquillo de acusados, detrás de sus defensores mientras jugaba con una pelotita de papel entre los dedos de la mano.
El alegato confirmó allí lo que habían dicho los testigos. Para la fiscal "tuvo mucho poder de decisión dentro de la ESMA" como jefe de calle de los grupos que salían a buscar a los blancos de la marina y como jefe de zona. En ese período tenía la "triste tarea de ocuparse de las mujeres embarazadas en La Sardá", recordó. "Se llevaba los bebés y nunca reveló a quienes les entregaron los chicos: por eso dijo que él podría a ayudar a aliviar tanto dolor." Uno de los testigos, lo vio dar órdenes al grupo de secuestradores en la calle y comandar todo el operativo. Participó de los secuestros a los opositores políticos que estaban exiliados en Paraguay y Uruguay y como jefe del sector donde estaba la sala de torturas y autor de los tormentos.

14 de diciembre de 2007
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militares deben cumplir en la cárcel


[Diego Martínez] Presos en sus casas, en cuarteles militares y pocos en las cárceles.
Argentina. Sobre 339 represores presos, más de un tercio están en unidades militares. Un 35 por ciento goza de prisión domiciliaria. Hubo reclamos de querellantes, fiscales y el Ministerio de Defensa para que no están en unidades de las Fuerzas Armadas.
Los restos de cianuro hallados en el cadáver del prefecto Héctor Febres reavivan el debate sobre lugares y condiciones de detención de los represores. Algo es evidente: el Estado falla. Con o sin el consentimiento de Febres, alguien ingresó cianuro al destacamento de Prefectura. Suicidio o asesinato, el Estado, con sus jueces federales a la cabeza, tiene el deber de dar explicaciones.
Desde la reapertura de la causa ESMA, tanto querellantes como fiscalía cuestionaron los privilegios de los imputados. En 2004, la Secretaría de Justicia y Asuntos Penitenciarios transmitió a los jueces su inquietud por los detenidos en bases de la Armada, Gendarmería y Prefectura. Al mes, el abogado Rodolfo Yanzón solicitó que ocho represores de la ESMA fueran trasladados a la cárcel de Marcos Paz. El juez Sergio Torres pidió informes y constató cómo vivía Febres: recepción, comedor, dormitorio, baño privado. El juez adujo "riesgos" y negó el pedido. Cuando el fiscal Eduardo Taiano le recordó que las cárceles argentinas son inhóspitas para todos, desempolvó otro argumento: "El rechazo que han generado en la opinión pública los hechos", léase torturas y asesinatos. El rechazo no los diferencia de otros delincuentes presos, contestó Taiano. Fue en vano. El fiscal federal Félix Crous retrucó que se trataba de un privilegio insostenible, resabio de fueros derogados y competencias prohibidas. La Cámara Federal coincidió, a fines de 2005, y le ordenó a Torres que los marinos pasaran a ser custodiados por agentes del Servicio Penitenciario Federal, pero nada cambió.
Cinco meses después, la ministra de Defensa insistió para que los jueces reconsideraran la decisión de enviar genocidas a los cuarteles. La Constitución lo prohíbe, las funciones penitenciarias están vedadas a las Fuerzas Armadas y sus miembros tienen prohibido vincularse con detenidos, explicó. Pero el juez no modificó su postura.
El 17 de julio último, Garré convenció a Torres de trasladar a los marinos al Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, la cárcel de Campo de Mayo, donde ahora los custodian agentes del Servicio Penitenciario. Sin celulares ni Internet, los oficiales navales no tuvieron mejor idea que presentar un hábeas corpus, recurso que se utiliza cuando se supone en riesgo la vida, la libertad o la integridad de una persona. Claro que la medida de Garré no alcanzó a Febres, que hasta el final siguió rodeado por sus camaradas de Prefectura.
¿Alguna razón justifica que los represores detenidos no estén en cárceles comunes? Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales no disponen de la infraestructura propia de una penitenciaria. Sus hombres no se capacitan como guardiacárceles. Tampoco merecen semejantes compañías. Las leyes de defensa y seguridad vedan a las tres armas las funciones de custodia y seguridad de presos a disposición de tribunales ordinarios.
Sobre 339 represores presos registrados por el Centro de Estudios Legales y Sociales, un 35 por ciento goza de prisión domiciliaria, otro tanto está en unidades militares y el resto en cárceles comunes, categoría que incluye Campo de Mayo.
Los imputados por el fusilamiento de Margarita Belén viven plácidos en la Base de Apoyo Logístico de Resistencia. Toman aire en la plaza donde exhibieron los cadáveres y son servidos por soldados y suboficiales. El ex director de seguridad de Marcos Paz ordenó en marzo brindar un "trato privilegiado" a los genocidas. Los consideraba "presos políticos". Cuando esto se supo, fue pasado a disponibilidad. Un fiscal denunció al SPF por obstaculizar la investigación para esclarecer la segunda desaparición de Julio López. La mayor parte de los policías provinciales procesados en el interior están detenidos en dependencias de sus propias fuerzas. Los privilegios parecen haberle jugado a Febres una mala pasada.

14 de diciembre de 2007
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detienen a familiares de prefecto


Detienen a familiares de ex represor argentino envenenado.
Argentina. La Justicia ordenó la detención de la esposa y los dos hijos el ex prefecto argentino Héctor Febres, muerto el lunes por envenenamiento con cianuro, cuatro días antes del veredicto del juicio que se le seguía por delitos cometidos en la última dictadura militar, informaron hoy fuentes judiciales.
La viuda y los dos hijos de Febres fueron apresados por orden de la jueza Sandra Arrollo, quien investiga si éstos tienen relación con la muerte del represor, en cuyo cuerpo se encontraron abundantes cantidades de cianuro. La familia habría cenado con el prefecto el domingo en su lugar de detención, una dependencia de la Prefectura argentina (guardacostas) a las afueras de Buenos Aires.
Febres fue hallado muerto en la mañana del lunes y la autopsia realizada a su cadáver arrojó este jueves que el ex prefecto murió por envenenamiento con cianuro.
La esposa y la hija del represor fueron trasladadas a la cárcel de Ezeiza, mientras el hijo fue enviado al penal de la localidad de Marcos Paz, ambos en la provincia de Buenos Aires.
Arrollo ya había dispuesto este jueves la detención de los dos prefectos que custodiaban a Febres.
El ex marino, de 65 años, era juzgado como presunto coautor de cuatro casos de privación ilegal de libertad y aplicación de tormentos a detenidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó la mayor cárcel ilegal de la dictadura (1976- 1983).
Para hoy viernes estaba previsto que el Tribunal Oral Federal 5 de la capital argentina emitiera el veredicto.
El juicio al ex marino había comenzado hace dos meses y era el primero que se llevaba a cabo en este país por crímenes cometidos en la ESMA, donde -según los organismos de derechos humanos- estuvieron cautivas unas cinco mil personas.
Numerosos testigos declararon que ‘el gordo Daniel", uno de los alias del ex prefecto, había participado en sesiones de tortura en la ESMA.
El mes pasado tanto la Fiscalía como las partes querellantes solicitaron a los jueces una condena de 25 años de cárcel para Febres, quien estaba preso desde hace cuatro años, mientras que la defensa pidió la absolución y planteó la nulidad del juicio.

14 de diciembre de 2007
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