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torturador febres murió envenenado


[Adriana Meyer] El represor Febres murió envenenado y hay dos prefectos detenidos. El último prefecto que estuvo a cargo de la custodia de Febres y el jefe de la sede Delta, donde estaba detenido, fueron arrestados. No se sabe si se suicidó o fue asesinado.
Argentina. "Encontramos rastros indubitables de cianuro en el cuerpo", le dijo el perito por teléfono a la jueza. Eran las diez de la mañana y seguía la autopsia al cadáver del represor Héctor Febres en la Morgue Judicial. Sandra Arroyo Salgado, la magistrada a cargo de la investigación de la muerte del prefecto, salió del juzgado federal de San Isidro hacia la Capital. Por la tarde, los expertos hicieron una contraprueba que dio el mismo resultado. Sin moverse del lugar, la jueza firmó la orden de detención de dos miembros de la Prefectura Naval, el último prefecto que estuvo a cargo de la custodia de Febres, en la sede Delta de esa fuerza de seguridad, y el jefe de esa dependencia, prefecto mayor Rubén Iglesias. Ambos fueron separados de sus cargos, al tiempo que el ministerio del Interior entregó una carpeta con toda la información del caso a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Todavía resta dilucidar si el represor fue asesinado o se suicidó, pero los abogados querellantes en el juicio en su contra, cuya sentencia debía conocerse hoy, responsabilizaron al Estado por su muerte y reclamaron que "esta misma noche" todos los represores sean trasladados a cárceles comunes.
Ayer a las 9.30 los peritos y médicos forenses retomaron su tarea sobre el cadáver de Febres, encontrado muerto el lunes en la habitación de la Prefectura zona Delta en la que estaba detenido mientras era juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos cuando revistaba en la ESMA. Debían seguir con la parte correspondiente a los análisis toxicológicos, aunque el color azulado del rostro había sido una primera señal del posible envenenamiento, dato que no trascendió por el secreto del sumario impuesto por la jueza Arroyo Salgado. Sin embargo, ayer se supo que encontraron una "alta concentración" de cianuro en la sangre y en las vísceras del represor. "La contraprueba dio positiva y se determinó que el cianuro fue ingerido por boca", confirmaron fuentes judiciales. En ese procedimiento estuvieron presentes peritos de la querella, la familia y la fiscalía.
Apenas le avisaron del hallazgo del potente veneno, que despierta connotaciones tanto políticas como literarias, la jueza ordenó un nuevo allanamiento y otras medidas tendientes a detectar la presencia de cianuro en los objetos que manipuló Febres y establecer cómo pudo haber llegado al lugar donde estaba alojado.
A última hora de la tarde llegaba a la Casa Rosada el informe que elaboró el Ministerio del Interior para la Presidenta con datos seguramente aportados por la Policía Federal, a cargo de la investigación desde que la jueza separó a la Prefectura.

Cárcel Común y Renuncias
"Es lo mismo que ocurrió con (el testigo desaparecido Julio) López cuando al principio decían que estaba en casa de una tía o bajo un puente. Ayer era muerte natural y hoy ya hablamos de envenenamiento con cianuro", se quejó la abogada querellante Myriam Bregman.
Febres estaba siendo juzgado desde el 18 de octubre por el Tribunal Oral Federal 5, por los secuestros y aplicación de torturas a Carlos Lordkipanidse, Carlos García, Josefa Prada de Olivieri y Alfredo Margari, quienes estuvieron cautivos en el centro clandestino que funcionó en la ESMA y lograron sobrevivir. "Esto es una cuestión de gravedad institucional y confirma lo que sospechábamos que pasaba en su lugar de detención, estos tipos te están mostrando lo matamos y te lo ponemos bien evidente, el cianuro es bien simbólico,", dijo indignado Lordkipanidse a Página/12. "La causa ESMA se convirtió en la causa Febres, estaba el gordo solo sentado ahí, sin Astiz, Acosta y los demás, y fue un cabeza de turco, no sólo porque son los que pagan sino porque les cortan la cabeza", agregó el sobreviviente.
¿Es posible que se haya suicidado?, preguntó este diario, tras confirmar que Febres estaba "muy deprimido" en sus últimos días. "Nadie se suicida con tanta cantidad, es obvio que fue un envenenamiento, estaba todo azul", dijo uno de los peritos. "Por más que se haya querido suicidar alguien se lo proveyó, estaba detenido en un organismo del Estado, si alguien entra así hay una cadena de responsabilidades, desde el que aceptó no ponerlo en una cárcel común, y dejaron encima que lo custodie la propia fuerza", respondió Lordkipanidse. "Si se hubiera suicidado es igual de grave", consideró el abogado Rodolfo Yanzón, otro de los querellantes. Este diario le preguntó si se sorprendió con la noticia dado que ayer había expresado que todo indicaba que había sido una muerte natural. "Más que sorpresa tengo preocupación porque esto hay que ligarlo con López, siguen estando ahí, incluso si alguien le dijo ‘suicidate'", contestó.
En 2004, la Cámara Federal resolvió que los procesados por delitos de lesa humanidad debían ser custodiados por el Servicio Penitenciario, pero, en los hechos, la orden sólo se cumplió en forma parcial. "Desde el primer día dijimos que Febres debía ir a una cárcel común y nos decían que estábamos locos. El TOF 5 nos respondió que ese lugar (Prefectura) lo había dispuesto el juez de la causa Nicolaides, por la que fue excarcelado en 2005, pues entonces el juez de la causa ESMA Sergio Torres y el TOF 5 son los responsables de la muerte, además de Aníbal Fernández y la Prefectura", enumeró la abogada Bregman en la conferencia de prensa de Justicia Ya!

14 de diciembre de 2007
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el hombre de la valija


[Raúl Kollmann] Detuvieron en Miami a tres venezolanos y un uruguayo por el caso Antonini Wilson.
Argentina/Miami, Estados Unidos. La Justicia federal de Estados Unidos detuvo ayer a tres venezolanos y a un uruguayo bajo la acusación de ser agentes encubiertos del gobierno de Venezuela y, supuestamente, de mantener amenazado a Guido Antonini Wilson, el hombre que intentó ingresar a la Argentina una valija con 800.000 dólares. El FBI norteamericano sostuvo ante una Corte federal que cuenta con grabaciones en las que los detenidos le exigen a Antonini que no revele el origen ni el destino de esos dólares, que –según el comunicado oficial del Departamento de Justicia– "eran una contribución política para un candidato de las elecciones presidenciales argentinas". En la Casa Rosada consideraron "un disparate" esta afirmación. "Nadie se puede creer esa versión", aseguró una alta fuente del Ejecutivo. "Fueron los propios funcionarios argentinos los que pararon el ingreso del dinero, o sea que no venía con ninguna carta blanca. Y en el hipotético caso de que Hugo Chávez hubiera querido solventar a algún candidato, lo lógico sería que el dinero lo hubieran traído en el viaje que el propio Chávez hizo a la Argentina dos días después, con valijas diplomáticas que no se podían abrir ni tocar", completó.
Los detenidos ayer en Miami fueron Moisés Maiónica, Franklin Durán y Carlos Kauffmann, los tres venezolanos, y el uruguayo Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello. Todos ellos tienen relaciones desde hace años con Antonini Wilson, al punto que figuran juntos en varias sociedades que se ocupan desde el petróleo hasta la venta de armas, pasando por la construcción y la aviación. La casa donde vivía Durán, en Miami, figura a nombre de Antonini. Además, Antonini y Kaufmann tuvieron sociedades comerciales que funcionaron en la misma dirección, el noveno piso de una torre de la calle Brickell Bay. Todos ellos son aficionados a los autos y viajaron juntos a Rumania para competir con dos Porsche en un circuito conocido como Gunball Tour.
Pese a semejantes vínculos, el FBI sostiene que Antonini Wilson fue una víctima de las amenazas y extorsiones de los demás. "El grupo de acusados –dice el comunicado oficial– coordinó y participó, a partir de agosto de 2007, de una serie de reuniones en las que le exigieron a Antonini Wilson que preste ayuda para ocultar la fuente y el destino de 800.000 dólares en efectivo que constituyeron una contribución a la campaña política de un candidato en las elecciones presidenciales argentinas. La última reunión se realizó el 11 de diciembre y los acusados se reunieron con Antonini para tratar la creación de documentos falsos para la operación de encubrimiento".
El diario The Miami Herald cita fuentes judiciales para añadir que los 800.000 dólares estaban destinados a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, que hubo un encuentro en el restaurante Las Olas, de Miami, en que los detenidos amenazaron a Antonini diciéndole que sus hijos están en peligro y que el FBI cuenta con grabaciones que supuestamente confirman la trama denunciada.
El cuadro pintado por el Departamento de Justicia es que Durán, Kauffmann, Maiónica y Wanseele Paciello son agentes secretos del gobierno venezolano y que en ese carácter "intentaron manipular a un ciudadano americano para mantener tapado un creciente escándalo internacional". O sea que Antonini, el ciudadano norteamericano al que se refiere el comunicado, es una víctima, pese a que la Justicia argentina lo reclama por haber sido la persona que intentó entrar al país con los 800.000 dólares. Desde agosto, la jueza Marta Novatti y la fiscal María Luz Rivas Diez le vienen pidiendo a la Justicia de Estados Unidos la extradición de Antonini Wilson.
Según el comunicado, en las reuniones que mantuvieron en Miami "los acusados dijeron a Antonini que varios altos funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos de la oficina del vicepresidente de la República, miembros de la Disip (Dirección de Inteligencia y Servicios Preventivos) y un funcionario de alto rango del Ministerio de Justicia de Venezuela, estaban al corriente del asunto.

Delirante
En el gobierno argentino manifestaban anoche su indignación. "De dónde salió el dinero, quiénes son estos personajes, no lo sabemos. Lo delirante es que se diga que esto vino a solventar la campaña electoral de Cristina. No es casual que lo hagan justo cuando la Presidenta habló bien de Chávez y cuando mostramos la máxima disposición a ayudar en el drama de los secuestrados en Colombia, dos cosas que parecen no caer muy bien por allá. Esto tiene todo el aspecto de una operación política para la que no sabemos si han usado como arrepentido al tal Antonini o ya era un hombre del FBI desde antes. Es curioso que no respondan nada al pedido de extradición. Y ya se sabe que un arrepentido o un infiltrado dice lo que le piden que diga", analizaron desde el Gobierno.
En su momento, este diario consultó con expertos en seguridad aeroportuaria y también a integrantes del Poder Judicial respecto de la valija de los 800.000 dólares. Todos coincidieron en que no tenía sentido que el dinero proviniera del gobierno de Chávez para actividades políticas. "Fondos de ese tipo se traen en valijas diplomáticas que no se pueden revisar. Y más todavía en este caso cuando horas más tarde llegaba Chávez a la Argentina. Nadie hubiera corrido el riesgo de entrar una valija en un viaje normal, siendo que era inminente un vuelo oficial que traía decenas de valijas diplomáticas que pasan sin revisión alguna", sostuvieron los expertos. La consulta fue realizada porque en ese entonces se mencionó que los fondos podrían ser para las Madres de Plaza de Mayo, y no para la campaña presidencial.
Los expertos esbozaron ante este diario varias hipótesis. La mayoría sostuvo que Antonini seguramente era un testaferro o socio de algún funcionario del máximo nivel de la petrolera Pdvsa, al punto de que fue subido al avión por pedido de Daniel Uzcateguy Speech, hijo del vicepresidente de Pdvsa. Seguramente los fondos –afirmaban los expertos y jueces– tenían como destino comprar alguna propiedad o negocio en la Argentina, transferir el dinero a cuentas en paraísos fiscales eludiendo el control de cambios venezolano, pagar una coima o realizar operaciones legales o ilegales en la Argentina o Uruguay. Parece obvio que los fondos no tienen un origen claro porque Antonini jamás hizo una presentación pidiendo que se los restituyan.
Entre los investigadores argentinos siempre existió la sospecha de Antonini tenía protección norteamericana y desde el principio se habló de que trabajaba para el FBI o la CIA. Las expectativas de que se concretara la extradición fueron muy bajas, justamente porque el venezolano-norteamericano vivía muy tranquilo en Miami, no fue detenido y el proceso judicial se movió poco y nada en la Florida. Ahora aparece –a los ojos del Departamento de Justicia de Estados Unidos–, como un simple ciudadano de Estados Unidos acechado por agentes secretos venezolanos, que, asombrosamente, fueron sus socios durante años.
El comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyen llamativas declaraciones de los miembros del FBI que trabajaron en el caso. Por ejemplo, la del agente especial Jonathan Salomón. "El sur de la Florida se enorgullece de la diversidad de las personas que han escogido vivir aquí y siempre reciben a quienes vienen aquí para disfrutar de la libertad y las oportunidades que están a disposición de todos nosotros. Cuando los agentes extranjeros no registrados creen que pueden operar en nuestro territorio con total impunidad y desprecio de las leyes de EE.UU., eso socava la seguridad nacional de nuestro país y la seguridad de nuestros ciudadanos. Este caso demuestra nuestra determinación de garantizar que las actividades realizadas en los Estados Unidos son libres de la influencia extranjera infame", sostuvo el expansivo agente Salomón.
"Este caso se va a manejar de acuerdo con los intereses políticos de Estados Unidos –aventuró el 28 de agosto pasado en Página/12, un veterano juez del fuero Penal Económico–. Las respuestas en la Justicia responderán a las siguientes preguntas: ¿quién es el sujeto? ¿Cuál es el delito? ¿Cómo encaja esto en la política exterior de Estados Unidos?".
Por lo pronto, Durán, Kauffmann, Maiónica y Wanseele Paciello, además de un hombre que está prófugo, Antonio José Canchica Gómez, afrontan una pena de hasta diez años de prisión por ser agentes venezolanos sin autorización para actuar en Estados Unidos.

La Respuesta de Venezuela
El canciller venezolano, Nicolás Maduro, acusó al gobierno estadounidense de estar realizando una "campaña que desde agosto ha sido pensada para deteriorar nuestras relaciones con los gobiernos de Sudamérica". Anoche, en declaraciones a la televisión estatal de Venezuela, Maduro atribuyó la acusación de la Justicia de la Florida a "un desesperado esfuerzo del gobierno estadounidense en usar la vía judicial para una guerra política, psicológica y mediática en contra de los gobiernos progresistas del continente". "No tenemos ninguna duda. Ahora ha aparecido la mano que estaba detrás de esta campaña alrededor de la famosa valija", cargó Maduro.

13 de diciembre de 2007
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con la marca del trabajo esclavo


[Eduardo Videla] Un fiscal federal pidió la indagatoria de los directivos de Soho por subcontratar talleres que explotan trabajadores indocumentados.
Argentina. Por primera vez, la Justicia pone la mira en las marcas de ropa por su responsabilidad en la producción de bienes mediante la utilización de trabajo esclavo. Lo hizo el fiscal federal Patricio Evers, quien pidió la declaración indagatoria de cuatro directivos de la empresa que elabora prendas con la marca Soho, que se venden en los principales centros comerciales del país. La denuncia había sido presentada en marzo a partir de una investigación realizada por los propios trabajadores de la empresa, quienes descubrieron que Soho tercerizaba gran parte de la confección de sus prendas en talleres clandestinos, tal como publicó oportunamente Página/12. La resolución está avalada por un reciente fallo de la Cámara Federal porteña que, en una causa contra once talleristas, sugirió al juez "no circunscribirse exclusivamente a los responsables directos de los talleres" sino investigar a los empresarios que "pudieron haberse aprovechado de esa actividad (ilegal) mediante el encargo de trabajos".
El fiscal Evers consideró acreditado que los responsables de la empresa Gilmar SA, que comercializa la marca Soho, "han tercerizado parte de la confección de las prendas de vestir en talleres de costura donde trabajan extranjeros indocumentados, realizando dicha actividad de manera oculta hacia las autoridades de contralor estatal".
La denuncia judicial fue realizada por el titular de la Cooperativa 20 de Diciembre y del Centro Comunitario La Alameda, Gustavo Vera, con el patrocinio del abogado Rodolfo Yanzón y el aval del gobierno porteño. En la causa, son testigos los inspectores de la ciudad que hicieron los procedimientos en dos talleres ilegales, el de Balbastro 2468, en Flores, y el de Tandil 4574, de Parque Avellaneda. En ambos lugares se comprobó que funcionaban talleres de costura, proveedores de la marca Soho, donde trabajaban en forma irregular obreros "extranjeros indocumentados".
"Se trata de un caso testigo de imputación penal a una marca por violación a las leyes de Migraciones y de Trabajo a Domicilio, que muy pocos jueces aplican", destacó Vera, en diálogo con este diario.
Evers inició su investigación por indicación del juez federal Norberto Oyarbide, quien desde hace dos años lleva una megacausa en la que se investiga a talleres de costura donde, según las denuncias, trabajadores inmigrantes son sometidos a condiciones de trabajo lindantes con la servidumbre. En esa causa, fueron denunciadas 85 marcas de indumentaria, pero Oyarbide procesó a once talleristas, cuatro de ellos de nacionalidad coreana y los otros siete, de origen boliviano y hasta ahora no involucró a las marcas. A partir de la insistencia de la querella, el juez le indicó al fiscal Evers que investigue a la marca Soho.
En la inspección al local de la calle Balbastro se detectaron irregularidades como falta de extintores, conexiones eléctricas inseguras y un entrepiso combustible, lo cual obligó a la suspensión de las tareas. De los seis trabajadores, cinco eran extranjeros indocumentados, trabajaban 12 horas diarias por sueldos de entre 500 a 900 pesos y vivían en una piecita que les alquilaba el tallerista. Similares condiciones se detectaron en el de la calle Tandil.
Bajo la marca Soho se comercializan pantalones, camisas, remeras, camperas y buzos, todas prendas unisex de consumo masivo. En el local de la empresa que explota la marca, ubicada en Díaz Colodrero 3562, en Villa Urquiza, trabajan unos 70 empleados, que se dedican al corte de las telas, las cuales son distribuidas en los talleres que hacen la confección. Frente a esa planta, hoy a las 17.30, trabajadores costureros realizarán un escrache contra la empresa.
Tras analizar los testimonios, el fiscal concluyó que se debe "avanzar hacia los empresarios que se aprovechan del sistema imperante". "Ningún empresario contrata a un taller de costura sin tener un mínimo de contacto previo donde se le garantice el cumplimiento de los plazos y las normas de calidad", sostuvo el fiscal.
"Esta circunstancia de explotación laboral –añadió– no sólo no puede ser desconocida por los empresarios sino que, por el contrario, indica que es consentida y tácitamente favorecida, para obtener mayor producción a menor costo."
Con esos argumentos, Evers solicitó la indagatoria de Nelson Alejandro Sánchez Anterino, principal responsable de la empresa, y de sus apoderados Gabina Sofía Verón y Hermes Raúl Provenzano.
En cuanto al fallo de la Cámara Federal, se trata de una resolución de los jueces Gabriel Cavallo, Eduardo Freiler y Eduardo Farah que confirma los procesamientos y los embargos contra los once talleristas acusados en la causa, cuatro coreanos y el resto, de nacionalidad boliviana. En uno de sus párrafos, los camaristas advierten al juez Oyarbide que "la investigación no debería circunscribirse a los responsables directos de esos talleres, si es que la cadena hasta la comercialización demuestra la existencia de conductas de relevancia penal por parte de aquellos que pudieron haberse aprovechado de esta actividad mediante el encargo de trabajos".

13 de diciembre de 2007
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hacen autopsia a torturador


[Adriana Meyer] Preso sin llave, con visitas y privilegios. El ex prefecto Héctor Febres, que actuó como torturador en la ESMA, no falleció de un infarto como se había dicho.
Argentina. Hoy podría comenzar a revelarse el misterio que rodea la muerte del represor Héctor Febres. A partir de las 7 se realizará la autopsia a su cadáver en la Morgue Judicial, en el marco de la causa que investiga la muerte dudosa de ex prefecto que revistó en la ESMA. Participarán los peritos de la familia y de los querellantes en el juicio que se le seguía por delitos de lesa humanidad. Desvanecida la primera versión del infarto, alimentada a partir de sus problemas cardíacos y de diabetes, la sospecha quedó instalada a partir de la inquietud de la propia familia y la preocupación de los querellantes por ver frustrada la culminación del proceso contra este represor. A pesar del hermetismo del juzgado, Página/12 pudo saber que la jueza federal Sandra Arroyo Salgado decretó el secreto de sumario, en parte, por las contradicciones en que habrían incurrido los oficiales de la Prefectura que custodiaban a Febres y que ya fueron interrogados. En las últimas horas la magistrada constató que el imputado gozaba de comodidad y libertad de movimientos.
La celda de Febres era, en realidad, un departamento de dos ambientes. Tenía la puerta abierta para entrar o salir cuando quisiera. Los investigadores del caso confiaron a Página/12 que su muerte fue descubierta once horas después de ocurrida, cuando no se presentó a desayunar. Tenía un teléfono celular, televisor y reproductor de DVD y gozaba de visitas ilimitadas. Por ejemplo, el domingo pasado su familia estuvo cinco horas con él y, como era habitual, le llevaron comida. Nada de lo que ingresaban era revisado por los guardias. Estas condiciones de detención, según los investigadores, estarían haciendo más difícil establecer qué es lo que sucedió.
Este prefecto que ofició de enlace entre la Armada y la Prefectura en el centro clandestino que funcionó en la ESMA tenía 65 años y fue encontrado muerto el lunes a la mañana en dependencias que esa fuerza de seguridad tiene en la zona del Delta, cuatro días antes del momento en que habría tenido la oportunidad de pronunciar sus "últimas palabras" antes de escuchar la sentencia.
Más allá de la responsabilidad que podrán tener los sucesivos tribunales que tuvieron a Febres a su disposición y la propia Prefectura Naval si se comprueba que no falleció de muerte natural, la jueza Arroyo Salgado determinó que la investigación no podía quedar en manos de esa fuerza y dio intervención a la División Homicidios de la Policía Federal. La magistrada acudió a ver el cuerpo antes de que fuera levantado de la habitación en donde lo hallaron los guardiacárceles, tomó una decena de declaraciones testimoniales y estableció el secreto de sumario por diez días, al parecer por las contradicciones entre las declaraciones de prefectos que estaban asignados a la custodia. Una de las primeras medidas que realizó la Federal tuvo que ver con un estudio de planimetría en el lugar de detención de Febres.
Apenas conocida la noticia, los abogados que representan a las cuatro víctimas por cuyos casos estaba siendo juzgado Febres se movilizaron para tener acceso a la investigación. Además de la bronca porque el juicio quede trunco, expresaron sus sospechas de que alguien haya querido silenciar al imputado antes del momento de su alegato final. Ayer tanto Myriam Bregman como Rodolfo Yanzón expresaron su satisfacción porque la jueza accedió a tenerlos como parte en la autopsia que se realizará hoy. Fueron autorizados a participar del procedimiento los peritos Hugo Nandín, Julio Raviolli y Claudio Capuano, mientras que Héctor Daniel Febres es el querellante por parte de la familia.
Una de las medidas que se tomarán hoy será la extracción de órganos, tejidos y fluidos para realizar "estudios toxicológicos tendientes a determinar la ingesta de medicamentos, tóxicos y/o veneno", según comentaron a Página/12 los abogados. Los resultados de estos análisis demorarán unas dos semanas, pero los investigadores estiman poder tener más pronto algún indicio al respecto. Otra de las iniciativas será la realización de un estudio de "histopatología y reserva de material de ADN" con el objetivo de determinar si aparece tejido de otra persona, lo cual podría indicar si Febres forcejeó con alguna persona o puso resistencia ante un ataque antes de morir. Los querellantes pidieron otras medidas, referidas a cierta documentación, que están a estudio de la jueza en la causa 8566 que sigue teniendo la calificación de "muerte por causa dudosa".
Febres, alias ‘gordo Selva', siempre fue alto y de contextura grande, pero sus víctimas coincidieron en que ahora estaba más excedido de peso. Además de su condición de enfermo cardíaco y de su diabetes, los médicos que lo trataron durante su detención le habrían relatado a la jueza que estaba "deprimido" en los últimos días, al parecer ante la inminente sentencia. Por eso los investigadores no descartaron el suicidio como hipótesis de esta "muerte dudosa".
Acusado de torturar y tratar con las mujeres embarazadas cautivas en la ESMA y sus bebés, Febres pasó nueve años preso y siempre se quejaba de no tener la edad suficiente para pedir el arresto domiciliario. Murió a los 65, poco antes de su condena.

12 de diciembre de 2007
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crueldad en cárceles de provincia


[Horacio Cecchi] El Comité Contra la Tortura presentará hoy su informe anual sobre las cárceles bonaerenses. Cifras sobre la violencia. La responsabilidad de funcionarios políticos, jueces y legisladores.
Argentina. Decir que las cárceles de la provincia son violentas no requiere de demasiado estudio. Lo interesante es determinar de quién proviene esa violencia, cómo y por qué, cuantificar, cualificar y sistematizar la información. Y luego hacerla pública. Hoy, el Comité Contra la Tortura, de la Comisión Provincial por la Memoria, presentará su tercer informe cuyo título, El Sistema de la Crueldad III, es mucho más transparente que lo que encierran los muros sobre los que trata. Por un lado dice que se está hablando de un sistema de crueldad y no de un jefe de penal despiadado y corrupto; por el otro, el número, III, indica que si algo ha cambiado en estos años, ha sido poco. En rigor, el informe subraya la necesidad de reconocer que para solucionar el problema de la violencia carcelaria hay que reconocer y tener en cuenta que el sistema se sostiene sobre tres patas, los tres poderes del Estado. Una prolija y minuciosa tarea de recolección de datos del propio CCT fundamenta la presentación: basta decir que se determinó por cifras recogidas entre presos y por escuetas informaciones oficiales, que en las cárceles de la provincia ocurrieron durante este año seis mil hechos de violencia, a razón de 500 mensuales, de los cuales al menos ocho por mes resultan en muertes o heridas graves de una o más personas. Capítulo aparte merecen el maltrato a las mujeres con hijos prisionalizados y embarazadas, 76 y 22 respectivamente, en las cárceles bonaerenses.
El fallo Verbitsky de la Corte Suprema nacional, en mayo de 2005, puso un freno al crecimiento geométrico del hacinamiento en las cárceles bonaerenses: como cita el informe del CCT, la población carcelaria se redujo de 30 mil a 25 mil. Pero el descenso más notable se produjo en personas alojadas en comisarías, de 6035 se redujo a 2982, más del 50 por ciento desde el día del fallo de la Corte. Pero la situación sigue prácticamente igual: el 73 por ciento de los presos no tiene condena firme, o sea, para la Constitución es inocente y para los jueces, no.
Durante el primer cuatrimestre de 2007, la base de datos del CCT registró 2004 casos de violencia en las cárceles. La proyección anual indica que durante este año se produjeron al menos 6 mil hechos de violencia. El informe cita que "es notablemente alta la cifra de hechos de represión informados oficialmente. La proyección indica alrededor de 100 hechos violentos al mes, lo que en el total de cárceles provinciales hace un promedio de tres casos de violencia en la represión al día".
En el informe, además, la negativa del ex ministro de Justicia Eduardo Di Rocco a brindar información se mantuvo desde el inicio de su gestión. De todos modos, el CCT, por otras vías, logró relevar 66 muertes en un año, entre junio de 2006 y junio de 2007. El CCT presentó 572 hábeas corpus por agravamiento de las condiciones de detención (golpizas, torturas, traslados constantes, falta de asistencia médica) que afectaba a aproximadamente siete mil internos. Pese a las apelaciones ordenadas por el ex ministro, en el 73 por ciento de los casos hubo resolución favorable.
Capítulo aparte lo ocupa la situación de mujeres e hijos en prisión. El informe cita que entre la población carcelaria femenina, 76 mujeres están presas con sus hijos menores de cuatro años, que viven junto a ellas como presos. También el informe cita que a la fecha de su producción, había 22 mujeres embarazadas. Los jueces, como cita el informe, no aplican medidas alternativas a la prisión. Por otro lado, las cifras de fallecimiento por VIH siguen ocultas en un agujero negro, encubiertas con el diagnóstico de paro respiratorio no traumático.
La presentación del Informe III tendrá lugar hoy, en el auditorio del Colegio de Abogados platense, calle 13, número 829. En el panel estarán Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón, copresidentes de la Comisión por la Memoria; Víctor Abramovich, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Alcira Daroqui, socióloga e investigadora. Y, especialmente, Cristian López Toledo, ex preso y testimonio viviente de que en las cárceles de la provincia la picana es parte del sistema.

12 de diciembre de 2007
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hiena muere en la cárcel


Encuentran muerto a ex represor argentino.
Argentina. El ex represor Héctor Antonio Febres, que afrontaba un juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1976-1983), fue encontrado muerto hoy en una habitación de la base de la Prefectura Naval de Argentina, donde estaba detenido.
Fuentes judiciales informaron a la agencia local DyN que Febres no se levantó hoy a desayunar y a las 10.30 los guardiacárceles, extrañados por su ausencia, abrieron la puerta del cuarto y lo encontraron sin vida.
Las fuentes judiciales no informaron sobre la causa de su muerte, y agregaron que el cadáver será sometido a una autopsia.
Febres, de 65 años, estaba siendo enjuiciado por crímenes de lesa humanidad perpetrados en el centro clandestino de detención ESMA y durante el proceso se escucharon testimonios escalofriantes sobre su ferocidad.
Febres debía presentarse el viernes ante el Tribunal Oral de Capital Federal que lo enjuició, para escuchar la sentencia, que se presumía condenatoria.
Durante el juicio, varios testigos coincidieron que Febres tenía a su cargo el área del subsuelo de la ESMA donde los prisioneros eran sometidos a los vejámenes más crueles.
Mario Villani, uno de los testigos y sobreviviente de la ESMA, recordó que "encapuchados, esposados y engrillados, cuando alguien se movía, los guardias nos pateaban la cabeza".
El testigo, detenido durante casi cuatro años en la ESMA, sostuvo que esos ataques "los guardias los hacían para divertirse", lo mismo que golpearlos cruelmente cuando los llevaban al baño.
Lázaro Gladstein, otro sobreviviente de la ESMA, reconoció durante el juicio que Febres era uno de "los más sanguinarios torturadores" del centro de detención dependiente de la Armada.

10 de diciembre de 2007
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la otra cara de la iglesia argentina


[Diego Martínez] Los pasionistas: la congregación que cobijo a las madres. En la Santa Cruz se reunían los familiares de desaparecidos durante la última dictadura. Una parroquia que mantuvo en estos treinta años su compromiso con los problemas sociales.
Argentina. La palabra refugio flota en el aire de la Santa Cruz. ¿Por qué se reunían las Madres aquí? ¿Por qué les abrimos las puertas?, titula el padre Carlos Saracini en la revista de la parroquia. ¿Los pasionistas están locos? "Sí, decididamente locos. Dicho con humildad, conociendo nuestras fragilidades, incoherencias, miedos y cobardías", responde. Igual que hace treinta años, cuando la pluma del padre Federico Richards denunciaba desde The Southern Cross las atrocidades que la Conferencia Episcopal silenciaba, los escritos de la Congregación de Misioneros Pasionistas van por carriles alejados de la jerarquía. Desde sus páginas aún predican Angelelli, Mugica, Freire y se celebra la autocrítica del almirante Godoy: ESMA como "símbolo de barbarie e irracionalidad", un descenso al fango de la historia imprescindible "para explicar las consecuencias de colocar el corazón y los pies entre los pobres".
El padre Carlos tiene 43 años. Aparenta menos. Se crió en la manzana Santa Cruz, que incluye parroquia, colegio y la Casa Nazareth, cobijo de perseguidos de dictaduras del Cono Sur aun antes del golpe. En 1991 se ordenó sacerdote, vivió el menemato desde Montevideo y en 1998 volvió "a Potenciar –con mayúsculas escribe– la manzana". Desde entonces vive "años pasionistas, muy apasionados".
¿Certezas? Apenas tres: ser coherentes con el modelo de Iglesia que predica, hacer memoria de la pasión de Jesús y vivir una fe adulta, responsable de su libertad.

La Historia
El lunes 3 el padre Bernardo Hughes cumplió 74 años. Como agradecimiento escribió una carta a sus amigos. "Siento como un don del Espíritu haberme encontrado con Madres y Abuelas: no me permitieron ser indiferente", apuntó. La espera incluye un bautismo a un joven que lucha por dejar la droga. Bernardo arma una ronda, conversa y se calza "la maxifalda" para cumplir con el rito. Después busca una habitación y se dispone al diálogo.

¿Cuándo ubica los primeros refugiados?
Cuando cae (Salvador) Allende, las familias chilenas. Muchos terminan en Suecia.

¿Había espacio para todos?
Sí, la manzana tiene varias bocas de expendio. La escuela, frente al pasaje que llamo ‘Historia Argentina' porque nace en Independencia y termina en Estados Unidos; el templo, el local de Alcohólicos Anónimos que los curas no usamos, el servicio social y la Casa de Nazareth, treinta habitaciones con baño.

Sin proponerlo la charla se desvía hacia Perón. "Fuimos a recibirlo las dos veces: la primera con lluvia, la segunda con sol y tiros. Los muchachos del barrio le dieron sentido religioso, me invitaron a rezar la noche anterior. En el camino una columna nos advirtió: ‘nos robaron la fiesta'."

¿Cuándo sintió miedo por primera vez?
La violencia nos rozó con (Juan Carlos) Onganía. A pocas cuadras, en Filosofía y Letras, fue la Noche de los Bastones Largos. Después cuando involucraron al cura (Alberto) Carbone con el secuestro de Aramburu. Invitamos a orar y vino la policía. "¿Qué significa tercermundistas? ¿Quieren casarse?", preguntó un cana. "Para eso no hace falta tanto lío", le explicamos. No había que distraerse, era sacar el foco del problema.

Hughes fue párroco de la Santa Cruz durante nueve años, hasta mayo de 1976. La historia oficial dice que se exilió. "No me dijeron las intenciones", relativiza. Cuando masacran a los palotinos le advirtieron "no vuelvas, va carta". En Bogotá conversó con Eugenio Delaney, teólogo que tenía a su cargo la Casa de Nazareth, donde una bomba había servido de advertencia. "Ahí me desayuno que en Argentina hay centros clandestinos, parecía imposible", recuerda.
El 8 de diciembre de 1977 Bernardo estaba en Montevideo. Como párroco lo había reemplazado Mateo Perdía, hermano del montonero. Junto con Delaney, el padre Richards, el rector del colegio Carlos O'Leary y el sacerdote Jorge Stanfield, Perdía –amigo de Adolfo Pérez Esquivel– fue quien abrió las puertas de la Santa Cruz a las primeras Madres. Allí nacieron el Movimiento Ecuménico (MEDH) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). También la Asociación de Trabajadores del Estado.
Y allí siguen firmes, junto con los obreros de Brukman, en la Multisectorial Vecinos de San Cristóbal o exigiendo desprocesar a los trabajadores del Hospital Francés, copado por gendarmes. Como señal de alerta, un documental que hizo el grupo de jóvenes del Area Social de la parroquia por los 30 años de los secuestros arranca con un graffiti de 1976, "Fuera curas comunistas", y otro de 2007, "Viva Videla" junto con la placa que recuerda a los doce secuestrados de aquella noche.
El padre Bernardo tampoco baja los brazos. Pelea "en medio de esa guerra brutal entre pobres que es el negocio de la droga" en el barrio San Cayetano, a mitad de camino entre Zárate y Campana. "Es un barrio cerrado, porque no tiene entrada, y privado, privado de todo", lamenta.

La sacamos barata –concluye cuando mira hacia atrás–. El secuestro de esas doce personas no fue un golpe a nosotros. No es que sea insensible. Quiero decir que si hubieran querido también nos habrían llevado.

9 de diciembre de 2007
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ivo rojnica, otro criminal de guerra


[Sergio Kiernan] Murió el que fuera uno de los asesinos del régimen ustacha que administró Croacia para los nazis. Lo protegió el Vaticano. En Argentina formó familia, hizo fortuna como empresario textil y hasta fue nombrado embajador croata en 1991, pero no asumió.
Argentina. Próspero, feliz, impune, después de una larga vida y con la satisfacción de haber visto en su tierra natal dos limpiezas étnicas sangrientas –y de haber sido activo participante en la primera–, el primer día de este diciembre murió muy tranquilo Ivo Rojnica. Empresario textil, semiembajador de Croacia independiente en los años noventa, Rojnica traicionó a su patria por motivos ideológicos para servir a los invasores nazis. Después de vestir el uniforme negro de los ustacha croatas, participar en masacres y deportaciones, y perder la guerra, fue trasladado con todas las comodidades a Argentina, donde se acababan de mudar miles de sus conmilitones de las legiones negras. Fue feliz por aquí, creó una familia numerosa, se relacionó con lo mejor de la sociedad local y hasta fue condecorado por el Vaticano como Caballero de San Gregorio Magno.
Rojnica nació en 1913 y para cuando llegaron los camaradas alemanes era un entusiasta camarada de ruta, un ustacha. El movimiento ustacha había nacido con la misma creación de Yugoslavia al fin de la Primera Guerra Mundial, en 1918, como una expresión ultraderechista del rechazo croata a compartir país con serbios y eslovenos. Dirigido por Ante Pavelic, un extremista violento que también encontró casa e impunidad en Argentina, el movimiento mató al rey Alejandro de Yugoslavia en 1934 en un atentado que fue el pico de una campaña terrorista apoyada por la Italia fascista y el Reich alemán.
Croacia no fue independiente pero sí un protectorado autónomo bajo dominio alemán y con Pavelic a la cabeza. Feliz títere de los alemanes, el Poglavnik –una traducción croata de führer que le sirviera de consuelo– obtuvo carta blanca de Hitler en junio de 1941 para comenzar su masacre contra judíos y serbios ortodoxos. Con entusiasta apoyo de la Iglesia Católica local, los ustachas obligaron a sus enemigos elegidos primero a usar brazaletes especiales, luego a entregar sus propiedades y finalmente a mudarse a campos de concentración en Croacia y Bosnia, con el complejo de exterminio de Jasenovac como instalación estrella.
Fue un Holocausto low tech, sin grandes instalaciones ni novedades tecnológicas como las cámaras de Auschwitz. Los 700.000 ejecutados por el régimen fueron apaleados, fusilados, cortados, hambreados, enterrados y quemados vivos. El investigador argentino Uki Goñi cita en su estremecedor libro ‘La Auténtica Odessa', que hasta los nazis estaban espantados y enviaban a sus superiores en Berlín repetidas protestas por las "atrocidades" causadas "por los instintos animales de los ustachas". Para 1943, los nazis concluyeron que los ustachas eran más un problema que un aliado y exigieron que los verdugos más notorios fueran expulsados del régimen. Varios huyeron a... a Argentina, dónde más. Ya en tiempos del gobierno militar del GOU encontraron oídos amigos por estas pampas.
El Ejército Rojo liquidó el régimen ustacha y miles de sus carniceros escaparon a Alemania, Austria e Italia. En 2003, Página/12 encontró su rastro en Buenos Aires cuando la Dirección Nacional de Migraciones finalmente dio a publicidad el inmenso expediente con el que entraron 7250 ustachas y sus familias en 1946/7. El trámite se inicia con una nota manuscrita de Perón, flamante presidente, ordenando a su director de Migraciones, Santiago Peralta, atender el pedido. Peralta, un nazi redomado, confeso, tan gritón que tuvo que ser removido por sus escandalosas declaraciones, atendió el trámite con celeridad.
La flamante comunidad croata incluía a Ante Pavelic, a su tesorero Ivo Schneider –que se acordó de traer el oro del Banco Central de Zagreb– y a Ivo Rojnica, comandante de Dubrovnik durante la guerra, cuando vestía el uniforme negro con esas botas tan elegantes. Rojnica impuso las leyes raciales en su territorio, era el hombre local de la Gestapo –con el nombre de Ante– y parece que ya había mostrado un gran talento comercial al manejar las propiedades y objetos confiscados por el régimen a los enemigos raciales.
En 1944/5 huyó a Trieste, haciéndose llamar Iban Rajcinovic. Fue reconocido por la viuda de una de sus víctimas y arrestado, pero se fugó justo a tiempo para no ser deportado cuando el flamante gobierno comunista yugoslavo mandó a los británicos su grueso prontuario. Usando el magnífico sistema de agentes que el gobierno peronista había montado con ayuda de la Iglesia, Rojnica llegó a Buenos Aires el 2 de abril de 1947, como "polizón" en el "María C". A poco era ciudadano argentino, al principio como Rajcinovic pero luego, consciente de su impunidad, como Rojnica nomás. Se transformó en un importante empresario textil, puntal de la comunidad croata argentina, enemigo cerrado de la embajada yugoslava y viajero frustrado desde que en 1977 casi va preso en Nueva Zelanda por pedido yugoslavo. La embajada argentina de la dictadura se movió para sacarlo a tiempo.
En 1991 fue nominado como embajador de la Croacia independiente por el presidente Franco Tudjman, autor de un notable libro cuestionando el holocausto croata –fueron "apenas" 60.000 asesinados, según explicó–. Con su habitual superficialidad, Carlos Menem aceptó lo más campante, hasta que se desató un escándalo internacional con editorial del New York Times y todo. Rojnica tuvo que conformarse con ser la eminencia gris de la embajada.
Lo que no hubo caso fue en deportarlo, como se merecía y como hubiera hecho cualquier otro país. Rojnica se hizo conocido demasiado tarde, era demasiado rico, había aportado demasiado a demasiadas campañas políticas y tenía amigos y familiares políticos de apellidos sonoros. Además era Caballero de la orden de San Gregorio Magno, creada en la década de 1830 por el Vaticano para honrar a nobles que le rindieran servicios a la Santa Sede y luego ampliada a plebeyos. Rojnica se codeaba con caballeros como el actor Bob Hope y el editor Rupert Murdoch, y la medalla debía ganarle buenos tránsitos en la Iglesia que lo apoyó en sus tiempos de verdugo cipayo de los alemanes y luego lo sacó de Italia rumbo a la amable Argentina. Ser caballero del gran Gregorio implica aceptar un código de nobleza y pureza llamativo. Será interesante leer algún día qué méritos describe la citación para honrar a este personaje.

9 de diciembre de 2007
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