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malos tratos y torturas en cárceles

mqh - 08 de diciembre de 2007 - 20:13 - argentina

[Irina Hauser] Una nota de Página/12 motivó una discusión sobre las torturas y agresiones a los presos. El rol de la Defensoría Oficial, la Procuración Penitenciaria y las ONG especializadas.

Argentina. Una investigación de la Procuración Penitenciaria Nacional revelada el domingo pasado por Página/12 da cuenta de un elevado índice de malos tratos en las cárceles federales: 63,4 por ciento de mil presos entrevistados dijo haber sufrido agresiones físicas. La publicación causó de entrada una reacción virulenta de parte de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, que cuestionó la validez del estudio. "No se ajusta a la realidad", sostuvo el organismo en base a números propios que pintan un escenario bastante menos terrorífico. "Minimizar que en las cárceles se tortura y se golpea es irresponsable", replicó la socióloga Alcira Daroqui, coordinadora técnica de la encuesta de la Procuración. A partir de entonces se desató un enorme debate, con evidentes batallas políticas de fondo, pero que si logra encauzarse permitirá discutir la situación de los detenidos y sus derechos humanos. La polémica fue sumando voces calificadas de ambos lados y todavía sigue.
La Procuración Penitenciaria es el órgano oficial encargado de proteger los derechos de las personas privadas de su libertad. Para eso debe visitar las cárceles y denunciar toda irregularidad detectada. La Defensoría Oficial es un brazo del Ministerio Público Fiscal. Da su servicio a quienes no puedan pagar un abogado o prefieren la defensa pública, reconocida por su prestigio. Los defensores oficiales suelen representar a personas detenidas y se espera que visiten las cárceles y denuncien abusos u otras ilegalidades. En cierto punto las funciones de ambos organismos se tocan. La Procuración estudió los malos tratos en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF), y la Defensoría, el ‘perfil' de sus detenidos. Los resultados fueron distintos (ver aparte).
En un comunicado que difundió el martes, la Comisión de Cárceles de la Defensoría advirtió que "llama la atención el elevado porcentaje de detenidos que (según la Procuración) habrían sido sometidos a agresiones físicas, que de resultar cierto hablaría de una práctica sistemática de tortura (...) un cuadro que no se ajusta a la realidad y no sería posible sin el conocimiento de los jueces, fiscales y defensores". Destacó además los cinco meses de gestión al frente del SPF de Alejandro Marambio, el primer civil en ese cargo desde el gobierno de Raúl Alfonsín. Le atribuyeron "profundas reformas", reconocidas "por el Ilanud (Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito) y la presidencia de la Cámara en lo Criminal y Correccional".
"Nuestra investigación no está hecha contra ningún funcionario. Llama la atención esa defensa del titular del SPF", retrucó Daroqui, del Observatorio de Prisiones de la Procuración. "Estamos muy seguros del estudio que hicimos", afirma. "Fue diseñado en diciembre de 2006 y pensado como un aporte en el marco del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Lo hizo todo el equipo de la Procuración, generando un clima de confianza y comunicación con los presos", explicó.
El informe explica que es común que los presos no denuncien lo que les pasa, por miedo a sufrir represalias y por cierta naturalización de los malos tratos. "La Comisión de Cárceles no leyó el informe, no puede desautorizar lo que no conoce. La defensora general fue invitada a la presentación, que hicimos en un foro de discusión donde se abrió al debate, pero no vino ni mandó a nadie en su nombre", argumentó Daroqui, también coordinadora del grupo de estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani (UBA). "Si tenían información diferente a la nuestra tenían que habernos pedido el trabajo. Están desconociendo la palabra de mil presos y esperemos que esto no atente contra ellos. Minimizar que allí se tortura y se golpea es irresponsable", criticó.
Lo que hasta aquí parecía un problema entre dos instituciones comenzó a propagarse. Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora informó que "respalda el informe de la Procuración en cuanto investiga las torturas tanto físicas como psíquicas que se cometen en las cárceles federales". La Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos calificó "las afirmaciones de la Comisión de Cárceles" como "un intento de justificación de las acciones y omisiones de jueces, fiscales y defensores oficiales". "La realidad de las cárceles –acusa– es consecuencia directa de la tolerancia y/o complicidad" con "los malos tratos a los presos". Luego enumera: "Las requisas, las largas horas a tribunales, sin alimento y ni baño; lo castigos arbitrarios; el aislamiento para debilitar la resistencia personal; el hacinamiento denigrante; la corrupción de los agentes penitenciarios; la aplicación de torturas como golpes, privaciones y amenazas".
En la presentación de la encuesta, en noviembre, estuvieron Iñaki Ribera Beiras, del Observatorio del Sistema Penal de la Universidad de Barcelona; el defensor de Casación Bonaerense Mario Coriolano y varias ONG. Al director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier, los datos le parecieron "inquietantes" y reclamó una política para desterrar estas prácticas "de parte de la nueva administración". En cambio, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), en medio del revuelo mediático, agregó sus "observaciones". Sostuvo que "sin desconocer el maltrato (...) las cifras mencionadas por tratarse de datos anónimos deben ser corroboradas con otras fuentes de información". Cita como ejemplo los jueces de ejecución y defensores oficiales que visitan las unidades "y no aceptarían la comisión de este tipo de delito sin denunciarlos". A juzgar por el comunicado de la Liga por los Derechos Humanos, tal vez no tendría la misma suerte el preso que caiga en manos del fiscal de ejecución Óscar Hermelo, denunciado por su "participación en el campo de exterminio que funcionó en la ESMA".
El Inecip suma su aval a Marambio por haber traído, señala, "cambios positivos". "Es deseable –agrega– que el Poder Ejecutivo profundice estas transformaciones y se impulse la reforma de la ley orgánica del SPF, que data de la dictadura de Onganía." El informe de la Procuración, en rigor, no menciona a Marambio. Por casualidad la encuesta estaba en plena confección cuando él fue designado. Fue aludido, en cambio, ante una consulta de este diario por el procurador Francisco Mugnolo. Dijo que su designación había sido "positiva", pero "no significó un nuevo enfoque". Marambio, a su vez, critica a Mugnolo.

8 de diciembre de 2007
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procesado por secuestros y torturas

mqh - 06 de diciembre de 2007 - 14:33 - argentina

[Diego Martínez] Procesaron a Patti por allanamientos ilegales, secuestros y torturas durante la dictadura. Además de procesarlo, el juez Alberto Suares Araujo embargó sus bienes por dos millones de pesos.

Argentina. Luis Abelardo Patti no vivirá una Navidad feliz. Un mes después de su rotundo fracaso como candidato a gobernador bonaerense por el PAUFE –obtuvo un pobre 2,48 por ciento de votos–, a trece días de una detención que no esperaba y a nueve de su primer cumpleaños –el 55– en "el pabellón de lesa de Marcos Paz", como cariñosamente lo llaman los presos, el ex subcomisario de la policía de la provincia de Buenos Aires y ex intendente de Escobar recibió ayer el peor regalo de fin de año: el juez federal de San Martín Alberto Suares Araujo, que tiene a su cargo la megacausa por los delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, lo procesó con prisión preventiva por allanamientos ilegales, secuestros y torturas que lo tuvieron como protagonista hace treinta años, cuando era un joven pero ya destacado suboficial inspector de la maldita policía, y ordenó embargar sus bienes por dos millones de pesos.
Contra la pretensión de sus escasos pero tenaces seguidores, que pretenden encontrar motivaciones políticas para explicar el mal trago, la causa contiene una cantidad abrumadora de pruebas, recolectadas desde el momento de los hechos, cuando nadie podía prever su futura carrera política. "Durante ocho meses trabajamos intensamente con mi abogado. Leí su indagatoria y la enumeración de pruebas empezaba en la letra A y terminaba en la S, es decir casi un abecedario completo. Ni yo ni mis hermanos militamos políticamente, sólo exigimos justicia y actuamos en consecuencia. Por eso es injusto que se hable de persecución política", explicó emocionada pero serena Juana Muniz Barreto, hija del ex diputado Diego Muniz Barreto, secuestrado en febrero de 1977, quien antes de ser torturado, adormecido y arrojado en un auto a un arroyo entrerriano alcanzó a escribirle a su esposa desde su cautiverio: "Movete rápido, estamos en Escobar, nos detuvo el suboficial inspector Luis A. Patti".
Tal como documentó Página/12 hace un año, hasta la Nunciatura Apostólica registró el apellido del represor en 1977, al mismo tiempo que cometía sus tropelías. La familia de Muniz, en su incansable trajinar, denunció el secuestro ante la representación diplomática del Vaticano, que en un escueto informe firmado por monseñor Ubaldo Calabresi dejó asentada la participación de "una comisión policial a cargo del oficial que se identificó como Patti".
La medida de Suares Araujo abarca los secuestros de Muniz y su secretario Juan José Fernández –salió vivo de aquel arroyo y antes de exiliarse asentó ante escribano su testimonio, incluido el paso por la comisaría de Escobar–, el asesinato de Gastón Gonçalves –secuestrado el 24 de marzo de 1976, cautivo una semana en un camión celular detrás de esa comisaría, asesinado el 2 de abril, abandonado al borde del río Luján, enterrado como NN en el cementerio de Escobar e identificado veinte años después por el Equipo Argentino de Antropología Forense–, las desapariciones de Carlos Souto y los hermanos Luis y Guillermo D'Amico y el secuestro de Osvaldo Arriosti, que también sobrevivió para contarlo e identificó al enérgico policía entre sus captores. Como agravantes, el juez subrayó su carácter de funcionario público y la utilización de violencia y amenazas durante los procedimientos.
"El procesamiento implica la confirmación de los hechos aportados en la instrucción y es el fruto de la investigación de las familias de las víctimas. Pero hay algo aún más importante: el avance en esta causa ya no sobre los autores mediatos de los crímenes sino sobre miembros de grupos de tareas y torturadores. Patti formaba parte de la primera cadena de la barbarie, la que secuestraba y trasladaba a sus presas a los campos de concentración", analizó el abogado Pablo Llonto.
"Me emocioné otra vez. Dimos otro pasito. ‘Es una carrera de cien metros y recién vamos por los diez primeros', como dice mi abogado", sintetizó Juana Muniz Barreto. "Estamos viviendo un proceso notable, que ojalá otras familias puedan atravesar. Acompañar el camino de la justicia permite empezar a cerrar una historia de vida dolorosa. Luchar contra la impunidad genera paz, tranquilidad, no sólo para las víctimas y sus familias. Ninguna sociedad democrática puede madurar si tiene como base la impunidad".
El procesamiento torna cada vez más lejana la posibilidad de que Patti llegue a ocupar su banca de diputado nacional, para la que fue electo con 400.000 votos en 2005, siempre en representación del Partido Unidad Federal. La cámara baja impidió su ingreso por carecer de "idoneidad moral", el policía devenido en político trasladó el caso a la Justicia y ahora espera una definición de la Corte Suprema de Justicia.
Una vez que su defensor Silvio Duarte apele el procesamiento de ayer le tocará a la Cámara Federal de San Martín confirmar o rechazar la medida. No se trata de un tribunal bien visto por los organismos de derechos humanos: es la única cámara federal del país que avaló las leyes de impunidad, además de haber desprocesado a la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, apenas horas después de que sus defensores apelaran el procesamiento en la causa que investiga la posible apropiación ilegal de sus hijos adoptivos. Mientras tanto, Luis Patti pasará sus días en "el pabellón de lesa", donde dispondrá de todo el tiempo del mundo para conversar con condenados como el ex jefe de investigaciones Miguel Etchecolatz y el ex capellán Christian Von Wernich.

6 de diciembre de 2007
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acosan a familiares de reos quemados

mqh - 04 de diciembre de 2007 - 16:31 - argentina

[Adriana Meyer] Hoy se cumple un mes del incendio de la Cárcel 1 de Varones, en el que oficialmente fallecieron 35 presos. El juez del caso no admite a los familiares como querellantes. Denuncian que el gobierno los persigue.

Santiago del Estero/Buenos Aires, Argentina. Empezaron a marchar por justicia al día siguiente de haber enterrado a sus hijos, hermanos y esposos. Ya pasó un mes y los familiares de los 35 muertos del incendio de la cárcel de Santiago del Estero tuvieron que viajar a Buenos Aires porque dicen que en su provincia no fueron escuchados hasta ahora, y denuncian que los están persiguiendo para que no hagan más reclamos, incluso con ofrecimientos de dinero. A pesar de las promesas, el gobernador Gerardo Zamora aún no los ha recibido. "No fue ni una fuga ni un motín; los prendieron fuego, algunos murieron golpeados, otros carbonizados", dicen, y sospechan que unos cuantos puedan haber muerto baleados, sospechas que se subrayan con el impedimento que establece el juez de la causa para que se presenten como querellantes. Los familiares piden la detención de los guardiacárceles y de los funcionarios "que sabían que esta situación podía llegar". Hasta ahora no hay una causa penal, sólo fue interrogado un guardia y tres están "en disponibilidad". En diálogo con Página/12, los familiares relataron que todos los que murieron estaban marcados con "una cinta blanca" en la muñeca, que en la morgue había treinta cajones "preparados" y que la policía los sigue hasta cuando van al cementerio.
Para juntar el dinero necesario vendieron empanadas y chipá, y así pudieron viajar en tren. "Vinimos los que pudimos para ver si alguien nos escucha", dijo Graciela Farías, tía de Juan José Santucho, uno de los presos muertos en el incendio que se desató el 4 de noviembre en la Cárcel de Varones de Santiago del Estero. "Marchamos todos los días pidiendo justicia, desde ese lunes en que enterramos a nuestros muertos", completó. La comitiva se entrevistó con el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y con el defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, quienes les dieron una "buena acogida", y también con los diputados de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja. También pidieron, sin éxito, una audiencia con el presidente Néstor Kirchner. "Le hubiera pedido justicia porque esto ha sido premeditado, sabían lo que iba a pasar, por eso los marcaron a los chicos con la cinta blanca. Le pediría que vea cómo trabaja nuestro gobernador en la provincia", agregó la mujer.
La interrumpió Stella Maris Gómez, esposa de Sergio Juárez, otro de los detenidos fallecidos. "A las siete de la tarde (del domingo 4 de noviembre) estábamos enloquecidas buscando por los hospitales y no teníamos respuesta en ningún lado, fuimos al hospital Independencia, que tiene atrás la morgue, y vimos que había más de treinta cajones. ¿Cómo sabía el gobernador cuántos muertos había y nosotros no sabíamos nada? Ya estaban preparados los cajones", dijo Gómez con lágrimas e indignación. La abogada Marta Luisa Cárdenas de Infante agregó que "el subsecretario de Salud, Enerio Lugones, salió a decir que no se preocuparan, que él tenía cien cajones más a disposición. Eran las ocho de aquel domingo 4 de noviembre y hasta ese momento nadie había informado sobre muertes. Pero eran cajones de cartón, que les dieron a la gente del interior, y esos muertos no llegaron a ningún destino porque se les rompió a los 30 kilómetros, se les desfondó". La letrada se quejó de que "luego contrataron una empresa fúnebre con el peor servicio, pero facturan 8 mil 800 pesos, están lucrando con las muertes que ellos provocaron". Cárdenas, ex jueza de la provincia, afirmó que "el poder político de Santiago les ofrece 10 mil pesos y una casa a las familias para que dejen a sus abogadas y no hagan denuncias. Pero ellos exigen justicia, que haya responsables, no están pidiendo plata".
Más allá de la versión oficial, el detonante de la crisis habrían sido las quejas de los presos por la requisa a sus familiares. "Desde hace años que venimos denunciando los apremios, las requisas, las constantes amenazas de traslados al Chaco si decían algo de los derechos humanos. Y a los familiares nos cerraban la puerta en la cara, nos tiraban la comida, nos humillaban con requisas corporales que eran violaciones, nos desnudaban completamente con las piernas abiertas en una camilla. A los nenes había que sacarles los pañales. Ellos estaban cansados de aguantar. Si nos quejábamos era peor, nos hacían esperar más horas y después se tomaban represalia con ellos", describió Gómez.
Con su bebé en brazos, Carol Pamela Gaoán –otra de las abogadas– explicó que se concertó una audiencia con el gobernador Zamora, pero los familiares no quisieron ingresar porque el gobernador no permitió que participaran ella ni Cárdenas. "El Poder Ejecutivo hace oídos sordos a los reclamos: la detención de los responsables por acción, que son los guardiacárceles que estuvieron ese día, porque no fue ni fuga ni motín, sino que murieron golpeados, carbonizados y baleados; y de los responsables por omisión, que son los funcionarios", enfatizó Gaoán. Mientras una de las mujeres trataba de calmar al bebé de Gaoán, las abogadas coincidieron en que el ministro de Justicia, Ricardo Daives, "conocía los reclamos e hizo público que sabía que esta situación podía llegar a pasar".
La Justicia sólo investiga los motivos por los que murieron los internos en la Cárcel de Varones 1 de Santiago, porque no hay impulso penal por parte del fiscal Cristian Vitar. Y, a pesar de que el Superior Tribunal relevó al juez Ramón Tarchini Saavedra de otras causas, el magistrado sólo interrogó a uno de los guardiacárceles y se tomó varios días de licencia. "Nos hemos constituido como querellantes pero no nos aceptaron, es decir, no tenemos posibilidad de investigar ni de pedir imputaciones o pruebas. El gobernador mantiene la versión oficial del motín e intento de fuga. Nosotros la descartamos totalmente porque es imposible que quienes se quieran fugar se hayan autoinmolado sin razón alguna", afirmó Cárdenas. "Aquí no hubo ni fuga ni motín; los internos del pabellón 2 fueron asesinados por los guardiacárceles con conocimiento y consentimiento de las autoridades. Hemos recogido una bolsa de proyectiles adentro de la unidad, pero no nos permitieron estar presentes durante la pericia realizada allí", agregó la letrada.
Esta semana murió César Leguizamón, uno de los presos que había sobrevivido, y acudieron al velorio abogados que, según Cárdenas y Gaoán, son socios del presidente de la Legislatura. "Le traían un sobre a la viuda del muchacho, pero la gente reaccionó y los corrieron", relató Cárdenas. "Están yendo a ver a las familias con ofrecimientos de dinero para que acallen la voz. Algunos de los que están acá antes de viajar recibieron llamados de la gobernación diciéndoles que ya está el cheque para cobrar. No sabemos de qué hablan, porque en ningún momento reclamaron dinero, queremos detenciones de los responsables, no que renuncien como se ha ido (el subsecretario de Justicia Darío) Nassif y hoy se pasea por las calles de Santiago", agregó Gaoán, mientras varios de los familiares asentían con la cabeza.
Este grupo de santiagueños no tiene paz siquiera cuando va al cementerio. "La policía nos pregunta qué hacemos ahí, y hay rumores de que no nos van a dejar hacer más las marchas", contaron.

4 de diciembre de 2007
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yerbatera colaboró con dictadura

mqh - 03 de diciembre de 2007 - 16:28 - argentina

[Carlos Rodríguez] La represión en una planta yerbatera. Pruebas de la complicidad empresaria con la dictadura en Corrientes. En el establecimiento Las Marías hubo trabajadores secuestrados y asesinados. "Nos denunciaron con cargos falsos", cuentan los sobrevivientes.

Corrienes, Argentina. Desde siempre, en Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes, las huellas de la represión partían y se perdían, a fuerza de impunidad, en torno del establecimiento yerbatero Las Marías, donde hubo obreros secuestrados y torturados, desaparecidos y asesinados por las fuerzas de seguridad durante la dictadura militar 1976-1983. El establecimiento, que produce la yerba Taragüí, es propiedad de la familia Navajas Artaza, uno de cuyos miembros, Adolfo Felipe Navajas Artaza, fue gobernador de facto entre 1966 y 1972, y ministro de Acción Social del ex dictador Reynaldo Benito Bignone. "Hoy tenemos la certeza de que todo lo que pasó con nosotros, las acusaciones que sufrimos, la persecución, las torturas y lo que sucedió con nuestros compañeros desaparecidos y asesinados, fue por culpa de los hermanos Navajas Artaza. Nos denunciaron con cargos falsos." Los que responden hoy, en diálogo con Página/12, son Marcelo Acuña, ex secretario general del Sindicato de la Industria de la Alimentación, y Juan Manuel Gómez, un trabajador de Las Marías que fue perseguido por ser delegado gremial.
"Siempre tuvimos la sospecha de que los Navajas Artaza fueron los que señalaron a estos trabajadores, que fueron acusados de desarrollar ‘acciones subversivas' y sufrieron persecución, tortura y cárcel sólo por defender sus derechos como trabajadores", dijeron a este diario Hilda Pressman, de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, y Noemí Acuña, hija de Marcelo Acuña. Ahora cuentan con la documentación necesaria: encontraron copias de las declaraciones testimoniales formuladas en 1977 y 1978 por los hermanos Adolfo Felipe, Víctor Amado y Pablo Navajas Artaza, ante el juez federal de Paso de los Libres Humberto Victoriano Perego. Esto les permitirá iniciar acciones penales y civiles contra la familia Navajas Artaza.
En Las Marías se produjo la desaparición de dos trabajadores, Neris Pérez, secretario adjunto de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales (Fatre), Marcelo Peralta, delegado de esa organización sindical, y la de Rómulo Artieda. El primer paso para corroborar cuál había sido el rol jugado por los Navajas Artaza se dio a partir de una investigación personal iniciada por Catalino Pérez para saber quiénes habían sido los culpables de la desaparición de Neris, su padre. En mayo de 1997, Catalino tuvo acceso a la declaración testimonial del policía ‘arrepentido' Ramón Alberto Giménez, que brindó detalles sobre hechos ocurridos en Las Marías, con la condición de que fuera respetada su vida "y guardada también la de mi familia" de las acciones que pudiera realizar "una persona feudalista (sic), que puso siempre al pueblo bajo su poderío económico", en alusión a Adolfo Felipe Navajas Artaza.
Catalino Pérez, en mayo de 1997, grabó una confesión del policía Giménez y el 2 de junio de ese año hizo certificar la declaración ante escribano público. El testimonio dio lugar a la primera presentación judicial contra los Navajas Artaza, que hoy tramita en los tribunales federales de Paso de los Libres. En su declaración, Giménez admitió que él mismo actuó "como entregador" en el secuestro de Neris Pérez, junto con el sargento primero José Anchetti, luego encontrado muerto de un balazo en la cabeza. Se dijo que fue un suicidio, aunque su ex compañero Giménez asegura que fue "un asesinato cometido por un capitán de apellido Saco" que trabajaba para los Navajas Artaza. Según Giménez, a su colega lo asesinaron porque era "el correveidile" de Gobernador Virasoro y temían que hablara de más.
La persecución gremial en Virasoro incluyó también a Ramón Aguirre, que hoy está exiliado en Bélgica; a Pablo Franco, tesorero de Fatre, que estuvo cinco años preso; a Héctor Sena y Carlos Escobar, delegados de Fatre secuestrados por grupos de tareas de la dictadura y llevados a centros clandestinos de detención; a un cajero de apellido Mendieta, al que lo conocían como Lembú (escarabajo, en guaraní) y al que acusaron de cometer un supuesto sabotaje "ordenado desde la cárcel por nosotros", cuenta Marcelo Acuña; y al Polaco Bernal, otro delegado de Fatre. También lo buscaron para detenerlo al operario Luis Alvez "al que todos llamábamos Cucaracha y que se pudo escapar".
En Las Marías, la empresa abrió varias causas contra los delegados gremiales del Sindicato de la Alimentación y de Fatre. "Primero nos acusaron de malversación de fondos en el sindicato y como no lo pudieron probar, dijeron que formábamos una ‘asociación ilícita', pero como eso tampoco prosperó, pasaron de la Justicia ordinaria a la Justicia federal y nos acusaron de ‘subversión'". Casi todos siguieron presos durante esas instancias judiciales. El 9 de enero de 1978, Adolfo Felipe Navajas Artaza declaró ante el juez Perego que todos los nombrados habían participado en supuestos actos de "sabotaje industrial" en perjuicio del establecimiento Las Marías. Según el más conocido de los Navajas Artaza, esos hechos se habrían producido "a partir del 25 de mayo de 1973", es decir desde la llegada al poder de Héctor José Cámpora. Marcelo Acuña recuerda que la actividad sindical en Las Marías "había comenzado con la asunción de Cámpora, pero lo que hacíamos era realizar asambleas y reclamar derechos que no se cumplían... el régimen laboral era un trato de esclavos".
Lejos estaba de esa visión la postura que dejó sentada Navajas Artaza en su declaración judicial. Recriminó "la actitud de una parte del personal (...), sobre todo la que respondía a la directa conducción gremial" de Marcelo Acuña y Pablo Franco que fue "de abierta rebelión contra las normas de trabajo implantadas en la empresa y que durante toda la vida habían fructificado en una cordial relación con todo el personal". Pero admitió que "no podría manifestar que hubieran habido actos de sabotaje y mucho menos quiénes lo hubieran ejecutado". A pesar de esa limitación, aseguró que "es de toda evidencia (...) una cantidad de hechos anormales acaecidos", como "la descompostura reiterada de los motores de las máquinas cosechadoras de té, así como los desperfectos continuos ocurridos en las mismas máquinas, donde por negligencia la azada cortaba las plantas tiernas de yerba o té". Con esos cargos tan endebles, todos los detenidos sufrieron golpes, vejaciones, torturas y varios años de cárcel. Víctor Amado Navajas Artaza acusó a los gremialistas por varios incendios que habían ocurrido en Las Marías. Y Pablo Navajas Artaza dijo que conocía a los imputados como "agitadores valiéndose de sus actividades gremiales".
En la causa, además de los ya nombrados, estaban como imputados de los supuestos hechos subversivos otros empleados, entre ellos Epifanio Monzón, Juan Carlos Avila, Rómulo Gregorio Artieda y Gregorio Delfino Viana, aunque los Navajas Artaza no los identificaron como personal de la planta. Entre los testimonios acusatorios que llevaron a la cárcel a los trabajadores de Las Marías figuraron los que aportaron miembros del personal jerárquico como Froilán Fernández, José Isaac Centeno, Sergio Schneider, Miguel Gaviña Naón y Fernando Pereira Coimbra Ganduglia.
Con los datos aportados por los propietarios y los directivos del establecimiento Las Marías, el juez federal Perego convirtió en prisión preventiva la detención ilegal que venían sufriendo Sena, Escobar, Acuña y Franco. En su resolución dijo que Sena y Escobar habían admitido "haber integrado una asociación ilícita cuyo objeto era realizar sabotajes en el establecimiento donde trabajaban y actividades subversivas". Todos habían sido torturados y privados de ejercer en forma plena su defensa en el juicio.
En el caso de los dos desaparecidos que hubo en Gobernador Virasoro, se sabe que Marcelo Peralta fue asesinado, aunque su cuerpo jamás fue hallado. "El trabajaba como tarefero (el que cosecha la yerba mate) y lo asesinaron a balazos en un galpón en el que se había refugiado. Marcelo tenía un hermano mellizo, Ramón Peralta, al que habían detenido primero porque lo confundieron con él. Le pegaron y lo torturaron mientras le preguntaban sobre el supuesto sabotaje, hasta que se dieron cuenta del error", relata Marcelo Acuña.
Sobre lo ocurrido con Neris Pérez, está el relato del policía Giménez: "Les indicamos a estos señores (se refiere a soldados del Ejército), que siempre venían en Ford Falcon, dónde quedaba la casa del señor Neris Pérez (...) Uno golpea la puerta y se esconden los dos (...) el hombre sale de la casa con un calzoncillito de pintas y una camisa celeste (...) le dan con la cachiporra en la nuca (...), uno de ellos ya con la bolsa lista, le introduce la cabeza (...) corren hacia el vehículo que ya estaba con el baúl abierto, lo ensartan adentro y nunca supimos más de él".
Como final, Acuña expresa un deseo: "Ahora esperamos que se haga justicia y que la familia Navajas Artaza pague por lo que nos hizo a todos nosotros".

3 de diciembre de 2007
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plan cóndor a juicio

mqh - 29 de noviembre de 2007 - 17:06 - argentina

[Victoria Ginzberg] Diecisiete represores van a juicio oral por secuestros dentro del Plan Cóndor. Cuando los crímenes no tenían fronteras.

Argentina. Los responsables argentinos de los secuestros que se cometieron como parte de la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur irán a juicio. Los represores Videla, Nicolaides, Menéndez, Harguindeguy y Bussi entre los acusados.
Jorge Rafael Videla, Cristino Nicolaides, Luciano Benjamín Menéndez, Eduardo Albano Harguindeguy, Ramón Díaz Bessone, Santiago Omar Riveros, Antonio Domingo Bussi y otros diez represores serán juzgados por su participación en la coordinación represiva con las otras dictaduras de la región durante la década del '70. El juez federal Sergio Torres dispuso ayer que la causa sea elevada a juicio oral. "El Plan Cóndor resultó ser una vasta organización criminal que actuó en el Cono Sur, dirigida al secuestro ilegal de personas, su desaparición, muerte y/o tormento, sin importar los límites territoriales o nacionales de las víctimas", señaló el magistrado en su resolución.
La investigación que Torres dio por concluida ayer se inició en 1999 y abarca los secuestros de 107 personas de diferentes nacionalidades. Los acusados, además, están procesados por ‘asociación ilícita'. La mayoría esperará el juicio en libertad, ya que los represores fueron excarcelados. Videla no pidió salir y Bussi, Nicolaides y Riveros, entre otros, están presos en otras causas. Los que por el momento irán a juicio son todos argentinos, aunque se había pedido la extradición de siete represores uruguayos que aún está pendiente.
Este expediente pasó por varios jueces y llegó a Torres recientemente, luego de que el juez federal Guillermo Montenegro renunciara para integrar el gabinete de Mauricio Macri. Ahora, el caso pasará a un tribunal oral, que deberá poner fecha al proceso oral y público.
En la resolución de ayer se señala que está acreditada "la existencia de un pan criminal denominado ‘Operativo Cóndor' celebrado y ejecutado por quienes ocuparon los gobiernos de Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia y Argentina cuyo objetivo central resulto ser la lucha contra los opositores mediante la sistematización de la desaparición forzada de personas, entre otros injustos".
Según se detalla en el fallo, "dada la ilegalidad de los procedimientos" no es posible determinar con exactitud la extensión temporal del Plan Cóndor, pero "puede sostenerse que comenzó a desarrollarse luego de la instalación en Chile de la dictadura de Augusto Pinochet en 1973 y que se extendió a lo largo del tiempo que duraron los gobiernos de facto en América Latina".
Una de las pruebas de la coordinación internacional de la represión es un documento desclasificado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El papel fue enviado por el agente especial del FBI Robert Scherrer desde la embajada de su país en Buenos Aires y el 28 de septiembre de 1976: "Operación Cóndor es el nombre clave para la recopilación y el intercambio sobre los llamados ‘izquierdistas' comunistas o marxistas. Fue recientemente establecida entre los servicios secretos de América del Sur. [...] Una tercera etapa y más secreta implica la formación de equipos especiales de los países miembros, los cuales pueden viajar a cualquier parte del mundo con el cometido de castigar a los terroristas y a quienes los apoyan y hasta asesinarlos".
El juzgado estableció tres "fases o etapas" de la organización criminal: el intercambio de información de inteligencia, la ubicación del blanco ("el subversivo") y la ejecución o traslado del sujeto a otro país. La asociación ilícita entre las cúpulas militares se materializaba cada vez que desaparecía una persona como consecuencia de esta acción coordinada.
Graciela Rutilo Artes y su hija Carla, de nueve meses, fueron secuestradas el 2 de abril de 1976 en Oruro, Bolivia. De allí, fueron llevadas a La Paz, donde Graciela fue torturada por una comisión de la Policía Federal Argentina. El 29 de agosto, ambas fueron entregadas en la frontera Villazón-La Quiaca a las autoridades argentinas, hecho que fue comunicado oficialmente por el gobierno de Hugo Banzer a la Cruz Roja Internacional. En Argentina, Carla fue apropiada por el represor Eduardo Ruffo. Su abuela la recuperó en 1985. A Graciela la vieron en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, que regenteaba la SIDE y era la sede del Plan Cóndor en Buenos Aires. Sigue desaparecida.
María Claudia García Iruretagoyena y su esposo, Marcelo Ariel Gelman, fueron secuestrados el 24 de agosto de 1976 en Buenos Aires y llevados a Orletti. Marcelo fue asesinado. A María Claudia, que tenía 19 años y estaba embarazada de ocho meses, la trasladaron a Montevideo, donde nació su hija, que fue apropiada por un policía uruguayo. La niña recuperó su identidad, su madre sigue desaparecida.
Edgardo Enríquez Espinosa se fue de Chile en marzo de 1976 para escapar de la persecución de la DINA (policía secreta de Augusto Pinochet). Pero fue detenido en Buenos Aires el 10 de abril. Fue visto en Campo de Mayo. Luego, habría sido trasladado a Chile.
Alejandro José Logoluso fue secuestrado el 18 de marzo de 1977 en Asunción, Paraguay. El 26 de mayo el gobierno de Alfredo Stroessner lo entregó al servicio de inteligencia del Ejército argentino. Lo trajeron a Buenos Aires en un avión birreactor de la Armada Argentina, con matrícula 5/T/30 0653, piloteado por el Capitán de Corbeta José Abdala. La precisión surge de un documento del Archivo del terror de Paraguay.
Videla, "en su carácter de Presidente de la Nación Argentina, durante el período comprendido desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 29 de marzo de 1981", deberá responder como máximo responsable de más de cien casos como estos. Lo acompañarán otros dieciséis represores.

29 de noviembre de 2007
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cura en recuperación de tierras

mqh - 27 de noviembre de 2007 - 12:39 - argentina

[Darío Aranda] El sacerdote que puede ir preso por resistir un desalojo rural. Es el cura párroco de un pueblo cordobés. Un tribunal lo juzga por desalambrar una propiedad. Aquí explica por qué lo hizo.

Serrezuela, Córdoba, Argentina. Turismo, monocultivo de soja, ríos caudalosos y sierras arboladas son postales recurrentes de Córdoba. Nada de eso existe en Serrezuela, al norte provincial, pleno desierto cordobés, con una sensación térmica que supera los 40 grados, humedad asfixiante, sequías –la última lluvia cayó hace ocho meses– y pobreza como regla. El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) tiene presencia en la zona, con centenares de familias organizadas que resisten desalojos empresarios, exigen justa distribución del agua y luchan por mantener su forma de vida ancestral. Uno de sus más estrechos colaboradores es el párroco local, Carlos Julio Sánchez, de 41 años, formado con la Teología de la Liberación, libros de Arturo Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz. Junto a la organización, resistió el avance de un empresario sobre tierras familiares, fue denunciado –junto a diez campesinos– y ahora afronta un juicio por "daño calificado agravado por delito en banda", con una pena de hasta cuatro años de cárcel. En el patio de la parroquia, debajo de un árbol centenario y a la espera de la sentencia, parece tranquilo, serio, habla pausado, viste una remera con la leyenda "Ni un metro más. La tierra es nuestra" y comparte un mate recién preparado.
"Para un campesino, la justicia es la policía de la zona, que criminaliza la pobreza, la protesta y la organización de las familias. Hay una gran desprotección. Pero a partir de la organización ha crecido la concientización, y las familias campesinas luchan para que se les respeten sus derechos, ponen el cuerpo en la defensa de su tierra, protegen su forma de vida", explica el cura.
Y cuenta cómo fueron los hechos por los cuales ahora está imputado. "El 5 de febrero de 2005 había reunión de delegados, hacía un calor asfixiante, más de 40 grados, viento caliente. Había pasado más de un mes del alambrado en las aguadas y los animales no podían tomar agua. Los Loyola estaban desesperados, plantearon el caso en la reunión y pidieron ayuda para sacar el alambrado y abrir paso a los animales. Y así se hizo", resume el cura Sánchez, que visita las comunidades a diario y aporta sus dibujos en cartillas, periódicos y afiches del MCC. "Pero el empresario hizo la denuncia en la policía, la elevaron a Fiscalía e imputaron, con rapidez meteórica, a diez miembros del MCC y a mí", explica y mueve la cabeza, en gesto de desaprobación.
Las familias campesinas suelen padecer presiones de empresarios para abandonar sus parcelas. Radican denuncias, pero escasas veces las causas prosperan. El MCC, que forma parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena, detalla que sólo en el norte de Córdoba afrontan un centenar de conflictos, con cerca de 100.000 hectáreas en disputa. "Ha habido algunas intervenciones de la Justicia, muy pocas, donde ha sido favorable a las familias ancestrales, por lo cual quiero pensar que la Justicia funciona, pero hay muchos eslabones de esa cadena que bloquean todos los derechos de los más pobres. Es una situación similar al poder político, al que no le cae nada simpático tener que dialogar con interlocutores tan incómodos como el MCC, porque los políticos están acostumbrados a sentarse con otros, como los empresarios sojeros o ganaderos que, justamente, son quienes pretenden las tierras campesinas", explica el párroco.
Durante las audiencias del juicio, realizado la última semana, el Movimiento Campesino de Córdoba reivindicó el corte de alambres como "ejercicio legítimo del derecho a la tierra de las familias" y remarcó que desalambrar "no constituye delito en el marco que fue realizado".
El mate caliente acentúa el calor, pero el cebador no se detiene. Es sábado a la tarde y una melodía de cuarteto comienza a hacerse escuchar desde una casa vecina. El cura sigue el ritmo con el pie y parece esperar la pregunta maldita:

¿Qué sucede si la Justicia los condena?
Detiene el movimiento rítmico de su pie, deja el mate en el piso y busca entre sus dibujos un escrito. Extiende su brazo y comparte el papel. Es un comunicado del MCC, que en su parte superior resalta en color: "No es justo que las familias campesinas paguen con su tierra, con represión y persecución el negocio inmobiliario que se realiza con complicidad de funcionarios de la Justicia y del poder político". Mira fijo a los ojos y nombra a los otros diez imputados, siete hombre y tres mujeres. "Estamos acusados por defender la vida campesina. Para algunos eso pareciera ser un delito", denuncia y se produce un silencio incómodo, de esos que preceden una mala noticia. Pero el cura retoma la palabra, vuelve a reivindicar la organización de las familias y, por primera vez en la tarde, sonríe: "Ya no es una vergüenza llamarse campesino, es un orgullo que se grita y se canta, se pone en afiches y banderas. Ese es nuestro triunfo".

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caza de nazis, última temporada

mqh - 27 de noviembre de 2007 - 12:34 - argentina

Campaña del centro Simon Wiesenthal para capturar jerarcas nazis. ‘Última chance' antes de que mueran. [Foto, el ex fugitivo nazi Erich Priebke]

Argentina. El Centro Wiesenthal lanzará hoy el operativo ‘Ultima Chance', destinado a ubicar a criminales de guerra que se siguen escondiendo en la Argentina y en América latina. Todos tendrían más de 90 años. El proyecto prevé el pago de recompensas a cambio de información.
El Centro Simón Wiesenthal (CSW) lanzará hoy la Operación Ultima Chance destinada a capturar a criminales de guerra responsables de miles de muertes durante el nazismo. Efraín Zuroff, director de esa operación, le dijo a Página/12: "Sabemos que hay genocidas aún con vida, tanto en la Argentina como en el resto de América latina. Por ejemplo, buscamos al doctor Aribert Hein, médico del campo de concentración de Matthausen y que mandó a la muerte a centenares de personas". El proyecto Ultima Chance prevé el pago de recompensas a cambio de información sobre los criminales de guerra del Tercer Reich.
Zuroff, junto al director para América latina del CSW, Sergio Widder, y el doctor Stefan Klemp, investigador principal en el Centro de Documentación en Alemania, ofrecerán hoy una conferencia de prensa en la sede de la AMIA, Pasteur 633, a las 14.30. Allí darán detalles de la operación que se lanzó primero en Lituania, Letonia y Estonia en julio de 2002 y que ha permitido plantear en la Justicia 99 casos de sujetos vinculados a crímenes cometidos durante el nazismo, así como la emisión de tres órdenes de arresto y dos solicitudes de extradición.

¿Cómo se interpreta desde el punto de vista ético que ustedes continúen la búsqueda de personas que hoy tienen más de 90 años? –le preguntó este diario a Zuroff, quien por primera vez visita la Argentina.
Le contesto en tres sentidos. Primero, si ellos hubieran tenido el menor respeto por los ancianos, a los que mataron sin piedad alguna, tal vez estaríamos hablando de otra cosa. Segundo, el paso del tiempo no rebaja la culpa. Nadie recibe una medalla por tener más edad o por llegar a viejo. Un asesino es un asesino, tenga la edad que tenga. Tercero, supongamos por un instante que ponemos un límite de edad para juzgarlos o condenarlos. En ese caso estaríamos permitiendo que escape sin castigo un genocida. Eso sería intolerable.

Aunque no quiso adelantar aspectos de Ultima Chance, Zuroff sí le dijo a este diario que tiene un listado de nombres y personas que aún pueden estar con vida y con nombre falso en la Argentina o en otro país de América latina. De hecho, el programa será lanzado en Santiago de Chile el viernes que viene, en San Pablo, el 4 de diciembre y en Montevideo el 7 de ese mes. Uno de los ejemplos al que se refirió Zuroff fue el del doctor Hein, un hombre que vivió en Cataluña hasta 2005. El sujeto era conocido como el Doctor Muerte, igual que otro siniestro galeno, Josef Menguele, quien vivió en la Argentina, tuvo cédula de identidad a su propio nombre en el país y murió ahogado en Brasil cuando la Justicia le seguía los pasos.
Como es obvio, el nombre de la operación, Ultima Chance, está referido al hecho de que los criminales de guerra buscados tendrán alrededor de 90 años. Es que han transcurrido 62 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial y los cuadros de las SS nazis, que tenían funciones en los campos de concentración seguramente rondaban en aquella época los 30 años.
Son muy pocos los casos de jerarcas nazis extraditados desde la Argentina para ser juzgados en otros países. Los más resonantes fueron los de Erich Priebke, detectado en Bariloche en 1994, Josef Schwamberger, encontrado en La Plata en 1987 y Gerhard Böhne, uno de los creadores de las cámaras de gas móviles, en 1964. Unos años antes, Adolf Eichmann fue capturado clandestinamente en San Fernando por un comando israelí y, tras un juicio en Jerusalén, fue condenado a la horca. Existen pruebas categóricas de que genocidas alemanes y croatas vivieron en la Argentina, entre ellos Menguele, Ante Pavelic, Eduard Roschmann y Walter Kutschmann, pero hay sospechas de que decenas de jerarcas también se escondieron en el país y nunca fueron detectados.

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por el crimen del hijo del poeta

mqh - 27 de noviembre de 2007 - 12:10 - argentina

[Victoria Ginzberg] Marcelo Ariel Gelman fue secuestrado y asesinado en 1976. Concluida la instrucción en la causa que sigue el juez Rafecas, la querella solicitó que sean sometidos a juicio represores que se desempeñaban en el centro clandestino Orletti.

Argentina. El poeta Juan Gelman, a través de su abogado, Marcelo Buigo, pidió que cinco represores sean sometidos a juicio por el asesinato de su hijo. Marcelo Ariel Gelman fue secuestrado el 24 de agosto de 1976 y llevado al centro clandestino Automotores Orletti, que dependía de la SIDE y fue la sede del Plan Cóndor en Buenos Aires. Su cuerpo fue encontrado el 14 de octubre de ese año dentro de un tambor que había sido arrojado en el canal San Fernando, pero recién pudo ser identificado en 1989.
"No caben dudas que los imputados obraron con conocimiento y voluntad. En efecto, dadas las condiciones de detención, que se llevaron a cabo dentro del marco de la represión instaurada el 24 de marzo de 1976, sabían que actuaban sobre seguro, sin riesgo para ellos porque sabían que no existía la más remota posibilidad de alguna acción defensiva por parte de la víctima", señala Buigo en el escrito que presentó ante el juez federal Daniel Rafecas.
Los represores que irán a juicio por el caso del hijo del poeta son:

- Néstor Horacio Guillamondegui: entre el 1º de abril de 1975 y el 12 de septiembre de 1976 ocupó la jefatura del Departamento de Operaciones Tácticas I de la Dirección de Operaciones Informativas (OT 1) del cual dependía la OT 18, es decir, el centro clandestino Automotores Orletti.

- Rubén Víctor Visuara: sucedió a Guillamondegui en la jefatura del Departamento de Operaciones Tácticas I, del que dependía Orletti. Estaba en ese puesto el 9 de octubre de 1976, el día en que asesinaron a Marcelo Gelman, según se ha establecido en otro expediente judicial. El propio Visuara reconoció haber prestado servicios a la SIDE en 1976.

- Eduardo Rodolfo Cabanillas: se desempeñó desde el 5 de agosto de 1976 como uno de los jefes de Orletti. En su declaración indagatoria ante Rafecas, el represor negó todo vínculo con ese centro clandestino de detención. Pero no tuvo en cuenta lo que había dicho cuando fue interrogado casi 30 años antes en otra investigación. Fue en un tribunal militar que admitió haber sido "segundo jefe de la OT 18" (Orletti) y que su labor consistía en "realizar actividades especiales de inteligencia ordenadas por la SIDE". También reconoció tener a su cargo a un grupo de personas que hacían "operativos contra la subversión ordenados por la SIDE".

- Honorio Carlos Martínez Ruiz: era uno de los agentes que actuaba junto al fallecido Aníbal Gordon en Orletti. Su alias era Pájaro. Los testimonios de los sobrevivientes señalan que era uno de los hombres más cercanos a Gordon y que tuvo activa actuación en las torturas que sufrieron los secuestrados en el centro de la SIDE.

- Eduardo Alfredo Ruffo: su apodo era Zapato. Además de los testimonios de los sobrevivientes, este dato fue corroborado por Cabanillas, que también lo identificó como miembro del grupo que actuaba en "operativos contra la subversión". Según su legajo personal, perteneció a la SIDE desde el 1º de septiembre de 1970 hasta el 13 de febrero de 1978. El propio Rufo admitió en el sumario militar número 417 que trabajó para el organismo de inteligencia desde 1970 y que en 1976 su jefe era Visuara. Además, este represor aparece como fiador del contrato de locación del inmueble de Venancio Flores 3519/21, donde funcionó Automotores Orletti. Los ex detenidos de Orletti lo describieron como "una persona con capacidad de mando sobre el resto de los represores", "participante de las sesiones de tortura", "el nexo con los represores uruguayos" y "alguien que hacía de todo".

Orletti fue la base del Plan Cóndor en Buenos Aires, es decir, la coordinación represiva que establecieron en la década del ‘70 las dictaduras del Cono Sur. En el centro clandestino había tanto represores como víctimas uruguayas y de otras nacionalidades.
Marcelo Ariel Gelman fue secuestrado junto a su esposa María Claudia García Iruretagoyena de Gelman. Ambos estuvieron cautivos en Orletti pero la mujer, que estaba embarazada, fue luego llevada a Montevideo, donde dio a luz y su hija fue apropiada. La niña recuperó su identidad, pero su madre aún sigue desaparecida.

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