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más evidencias incriminan a patti


[Adriana Meyer] Documentos del año 1977 ya involucran a Patti con secuestros y torturas. Se cae la teoría de la persecución. Una nota de la Nunciatura demuestra que el nombre de Patti ya figuraba en las denuncias mucho antes de que se hiciera conocido.
Argentina. "Querida Jovita, movete rápido, me detuvo el oficial Luis A. Patti, avisale a Joe." El ex diputado justicialista Diego Muniz Barreto escribió en un papelito este mensaje el 16 de febrero de 1977, sentado en una celda de la comisaría de Escobar, tras haber sido secuestrado por la patota de ese represor. Consciente de que su vida corría peligro, invocó uno de sus altos contactos, el ex ministro de Economía de la dictadura José Martínez de Hoz. Un familiar de uno de sus circunstanciales compañeros de cautiverio hizo llegar la nota a las oficinas de su empresa. Así, la familia se puso en marcha para liberarlo y acudió a otro poder: la Nunciatura Apostólica. Con el dato que había aportado el mismo secuestrado, la Iglesia pidió informes sobre un tal "Patti".
El ex legislador fue preciso en identificar a su victimario, porque ya lo había detenido poco tiempo antes. En el expediente judicial por el cual Patti quedó preso, varios testigos aseguraron haber visto ese papel, que también sirvió para presentar el hábeas corpus en el que consta el nombre de Patti. Estos documentos datan de 1977 y demuestran que las acusaciones contra el ex intendente de Escobar no se vinculan con su protagonismo político posterior.
La denuncia de los hijos de Muniz Barreto –que incluye el secuestro de su secretario Juan Fernández– es una de las causas por las que el represor fue detenido el jueves. A ella se sumó el secuestro y asesinato de Gastón Gonçalves y cuatro casos reactivados por el juez federal de San Martín Alberto Suares Araujo, en los que uno de los sobrevivientes asegura haber reconocido a Patti como su secuestrador.
El abogado Pablo Llonto, representante de Juana Muniz Barreto, evaluó que la detención de Patti se produjo en este momento por dos motivos: el "efecto contagio" de sentencias como la del cura Christian Federico Von Wernich y "la etapa política, que abre un impacto en la sociedad civil y en la judicial, e indican que es el momento de tomar decisiones más fuertes". Pero esto no sería posible sin pruebas contundentes. "La acumulación de pruebas nos impulsó a pedir la detención y el procesamiento. Decidimos hacerlo el lunes 29 para que el juzgado no entendiera que se mezclaban los tantos. Por la gravedad de los delitos el juez tenía obligación de detenerlo", explicó Llonto.
Patti no es el único acusado por estos hechos. "Todo esto empezó la semana pasada, cuando quedaron detenidos el ex general Santiago Riveros, el ex general Reynaldo Bignone y el ex coronel Eduardo Espósito. El lunes está citado Fernando Meneghini, que estaba a cargo de la comisaría primera de Escobar", precisó.
Respecto del torturador confeso, ex intendente de Escobar y frustrado diputado, reunieron 17 elementos de prueba para imputarle:

- Documentación de la Comisión Provincial de la Memoria que muestra las tareas de inteligencia previas sobre las actividades y movimientos de Diego Muniz Barreto mucho tiempo antes de su secuestro.
- El testimonio de Juan José Fernández, quien en su declaración ante escribano público dijo que "unos meses antes" Diego Muniz ya "había sido detenido" en la comisaría de Escobar.
- Testimonios de empleados del ex diputado sobre esos seguimientos.
- El informe de la Nunciatura, en el que consta las primeras denuncias de la ex esposa ante la representación diplomática del Vaticano.
- Informes redactados por familiares y amigos en 1977.
- El hábeas corpus presentado por el hermano de Fernández.
- Recortes periodísticos de la época, es especial del Buenos Aires Herald.
- Diez testimonios claves, entre ellos el del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde

Llonto respondió a los seguidores de Patti, que dicen que el represor es un "preso político". "Si esto fuera una persecución política, ¿por qué no habló en la indagatoria? Se le leyeron todas las acusaciones y no dijo nada. Si sos inocente y te persiguen políticamente armás un escándalo en la indagatoria, pero este tipo es tan cobarde y en vez de defenderse aduce que es una cuestión política, algo que nadie ya se lo cree. Evidentemente hay una responsabilidad y una culpa".
A las pruebas mencionadas se suma la aparición del caso Souto. Campo de Mayo es una megacausa que tuvo sus expedientes muy paralizados durante muchísimos años, recién se están abriendo algunos de 1985 o 1986. Uno de ellos es el Souto, en el que hay testimonios que dicen que ya en 1976, cuando secuestran a los hermanos Damico, a Souto y a Ariosti, los vecinos reconocían a Patti entre la patota que bajó de los autos. Eran de Garín.

¿Apareció un testigo directo que lo reconoce por haberlo visto?
Sí, pero no quiero restarle valor a lo de Diego Muniz Barreto, porque conocía a Patti por su secuestro anterior, sino no hubiera podido sacar ese papelito en el que dice "me detuvo el oficial Luis A.Patti". Es llamativo la precisión en el nombre, y bien escrito. Ese papel sale horas después de la comisaría llevado por el familiar de alguno de los otros presos. Ya no existe físicamente, pero declararon un montón de testigos que lo vieron. Estaba dirigido a Jovita, que es la hermana. Muniz Barreto tenía enormes e increíbles relaciones, entre ellas Martínez de Hoz. Fue un hombre muy fuerte en ese momento en el mundo político, por eso la Nunciatura tomó la denuncia, se movió por él haciendo una averiguación.

¿Puede ocurrir que sea liberado antes de que llegue a juicio?
El caso Patti es una prueba de fuego para ver si hay jueces dispuestos a ir a fondo con el tema derechos humanos. Hasta el miércoles era un símbolo de la impunidad: había pruebas, están los casos de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, los casos de La Plata. La cuestión de impugnarlo electoralmente y como diputado electo, que ahora está en la Corte. Si no salía esta detención casi seguro iba a sacar un fallo parecido al de Bussi diciendo que tenía derecho a asumir en su banca.

¿Eso puede cambiar ahora?
Y, si no se da cuenta de lo que está pasando con estos siete casos va a sacar el peor fallo de toda su historia nueva. Por eso destaco que es una de las pocas veces en que uno puede decir que el juez superó los temores y las dudas, y se metió a fondo con uno de los símbolos de la impunidad. Cuando declaró Patti siempre negó todo. Dice que luchó contra la subversión, pero no dice dónde ni contra quién. Para detener a Patti no hace falta tener a cuarenta testigos que lo hayan visto, porque todo fue ilegal y muchos no están vivos. Funcionó un aparato clandestino y la justicia tiene que tener una valoración acorde a eso. Cada uno de estos casos tiene a dos que lo han reconocido. Se movían con sobrenombres y apodos, no daban la cara, hubo treinta años en que se dedicaron a ocultar. Patti los va a secuestrar con un Mercedes Benz. Estuvimos buscando ese auto hasta que nos dimos cuenta de que evidentemente era un auto robado.

24 de noviembre de 2007
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no hay fueros para el genocidio


[Miguel Bonasso] La democracia se basa en dos pilares: soberanía popular y derechos humanos.
Argentina. El 11 de diciembre de 2005, cinco días después de que le impidiéramos tomar juramento como diputado al genocida Luis Abelardo Patti, publiqué en este diario una columna de opinión titulada ‘Las causas de Patti'. El artículo detallaba todos los procesos judiciales pendientes que tenía este personaje que se jactó más de una vez de haber torturado a prisioneros indefensos, para desmentir –como ya lo había hecho antes en la Cámara– su afirmación de que "no tenía causas abiertas" sino puros "sobreseimientos de la Justicia".
En mi discurso ante la Cámara del 6 de diciembre de 2005, y en la nota citada, sostuve que tenía varias causas abiertas por graves violaciones a los derechos humanos y cité expresamente la referida al secuestro y asesinato de Gastón Goncalvez, su esposa Ana María del Carmen Granada y Diego Muniz Barreto, entre otros.
En marzo de este año también publiqué en Página/12 un testimonio referido al secuestro y asesinato del ex diputado Muniz Barreto, en cuya primera fase (secuestro) aparecía involucrado Patti.
Ayer el ex subcomisario de la Bonaerense fue indagado y detenido por orden del juez federal de San Martín, Alberto Suárez Araujo, en el marco de la causa que investiga precisamente las desapariciones de Gastón Goncalvez, Ana María del Carmen Granada, Carlos Souto y Diego Muniz Barreto, entre otros.
El represor intentó eludir la acción del Juzgado Federal Nº 2 de San Martín, presentando a través de sus abogados un escrito en el que afirmaba, con todo desparpajo, que tiene "fueros parlamentarios", a pesar de que es público y notorio que el 23 de mayo de 2006, por el voto calificado de dos tercios de los diputados presentes, se le negó el diploma por falta de "idoneidad moral" (artículo 64 de la Constitución nacional).
La impugnación a Patti, de la que participé activamente con varios colegas, fue realizada de acuerdo con la Constitución y el Reglamento de la Cámara. El torturador gozó plenamente del derecho a la defensa durante la intensiva investigación que llevó a cabo la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento de la Cámara de Diputados. Nunca se animó a asistir a esas sesiones, pero estuvo representado por sus abogados y algunos individuos que concurrieron para matonear a los diputados de la Comisión.
Esa impugnación fue cuestionada por los diputados del Paufe (el Partido de Patti), los del PRO de Mauricio Macri, algunos de partidos provinciales y parte del bloque de la UCR. También algunos opinadores profesionales criticaron la decisión democrática de los diputados, alegando que se violaba el principio de la soberanía popular, porque lo habían votado cerca de 400 mil ciudadanos, como si los impugnadores no hubiéramos sido votados por millones de ciudadanos y representáramos por tanto a la soberanía popular.
En la histórica sesión del 23 de mayo de 2006, cuando la mayoría calificada de los diputados le negó definitivamente el acceso a la banca, varios legisladores sostuvimos que la democracia se basa en dos pilares: la soberanía popular (el voto) y el respeto a los derechos humanos.
El voto, sin respeto por los derechos humanos, puede ser Mussolini o Hitler.
En su amenazadora defensa del 6 de diciembre de 2005, cuando no pudo jurar, Patti nos advirtió que la historia no debía ser mirada con un solo ojo, porque se corría el riesgo de repetirla.
Ayer la Justicia lo indagó y detuvo sin perpetrar ninguno de los cinco delitos que según Patti debe cometer la policía para determinar una culpabilidad. Lo hizo otorgándole todas las garantías que brinda el estado de derecho.
Más allá de las peripecias que siga éste y otros juicios que el represor tiene pendientes (como el asesinato de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereira Rossi), en los que gozará –como debe ser– del principio de inocencia, ha quedado demostrado una vez más que también es un mentiroso. Mintió a los diputados cuando dijo que no tenía causas abiertas y mintió a la Justicia al afirmar que gozaba de "fueros parlamentarios".
Una de las razones que esgrimí para rechazar su diploma como diputado fue precisamente que no gozara de fueros para eludir la acción de la Justicia. Era un temor justificado.

El autor es diputado nacional e integrante de Diálogo por Buenos Aires.

23 de noviembre de 2007
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asesino sin coartada


[Victoria Ginzberg] Patti fue arrestado por secuestros, desapariciones y asesinatos cometidos durante la última dictadura, cuando era policía de la comisaría de Escobar. Presentó un escrito y se negó a declarar. Los casos, las pruebas.
Argentina. Llegó a los tribunales federales de San Martín una hora antes de la cita y pidió adelantar el trámite. La audiencia duró dos horas, lo que tardaron en leerle los cargos: los secuestros de Diego Muniz Barreto y Juan Fernández, el asesinato de Gastón Gonçalves, las desapariciones de Carlos Souto y Luis y Guillermo D'Amico y la detención de Osvaldo Arriosti. Por toda respuesta, se remitió al escrito que había llevado su abogado. Entonces, el juez Alberto Suares Araujo le informó al ex subcomisario Luis Abelardo Patti que quedaba detenido.
Patti llegó acompañado por sus hijos, su abogado, Silvio Ramón Duarte, y su suegra, la ex diputada Nélida Mansur. Ya con Patti preso, la mujer increpó a los miembros de la agrupación HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). "¿Esto era lo que querían? ¿Están contentos?". Y estaban. Pero también conmovidos. "Esto comenzó hace treinta años, cuando secuestraron a mi padre y lo enterraron como NN. No buscamos otro rédito que no sea juicio y castigo", dijo luego Manuel Gonçalves, hijo de Gastón. "Sin hablar de felicidad o alegría decimos que tenemos esperanza de que las cosas se pongan en su lugar y que la Justicia actúe como corresponda", señaló Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo en una conferencia de prensa que hicieron los organismos de derechos humanos.
Después de la detención de Patti, los HIJOS, que estaban en la puerta del juzgado, recibieron los insultos de las militantes del Paufe que habían ido temprano a acompañar a su líder con carteles que decía "Patti perseguido político". Mientras sus seguidoras gritaban que por qué sólo se protegían los derechos humanos de los delincuentes, el ex subcomisario ya estaba en un auto bordó camino a la Alcaidía del palacio de tribunales. Allí le hicieron una revisación médica. Finalmente se dispuso que quedara alojado en el penal de Marcos Paz, con otros delincuentes como el cura Christian von Wernich y el ex director de investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz.
"Teniendo en cuenta la penalidad de los tipos penales, se dispuso la detención preventiva" del ex intendente de Escobar, se informó desde el juzgado. Suares Araujo ordenó el arresto del represor por considerar que era responsable de "las privaciones de libertad agravadas y la eventual aplicación de tormentos" de siete víctimas.
El ex diputado Muniz Barreto y Fernández, que era su secretario, fueron secuestrados en Escobar en febrero de 1977. Los llevaron a la comisaría de la zona, a la Unidad Regional Tigre y finalmente a Campo de Mayo. De allí salieron el 5 de marzo en un Fiat 128 adormecidos con alguna sustancia. Fueron arrojados con el auto a un arroyo cercano a Raíces Oeste, en Entre Ríos. Muniz Barreto murió pero Fernández sobrevivió y antes de irse al exilio dejó su testimonio ante un escribano público.
Patti está implicado en este caso desde el principio. La ex esposa de Muniz Barreto lo denunció en 1977. Así figura en una presentación hecha ante la nunciatura por la mujer. Un amigo de la familia declaró en la causa que el 17 de febrero se entrevistó con un hombre que dijo venir de parte de Muniz Barreto (era familiar de un preso de la comisaría de Escobar) que le entregó una nota de puño y letra del diputado que decía: "Movete rápido, estamos en Escobar. Nos detuvo el suboficial inspector Luis A. Patti". Muniz Barreto mandó dos mensajes más de este tipo que llegaron a la familia y a su empresa.
Otra prueba que vincula al ex intendente de Escobar con el hecho es que según el informe del personal de la comisaría de Escobar, Patti fue promovido el 7 de marzo de 1977, un día después del asesinato de Muniz Barreto. "Como es sabido, en los usos y costumbres de la actuación policial, el personal es ascendido cuando a criterio de sus superiores ‘cumple con un objetivo destacado'. En aquella época, el secuestro y eliminación de ‘subversivos' era constantemente premiado con medallas y ascensos", señaló Pablo Llonto, abogado de la familia, cuando reclamó en octubre la citación a indagatoria y la detención de Patti. A ese pedido se sumó la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Suares Araujo decidió convocar a Patti, pero no sólo por ese caso. El secuestro de Gastón Gonçalves es otro hecho en el que el represor está involucrado desde hace años.
Gonçalves fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 en Zárate. Dos testigos narraron que estuvieron detenidos con él en un camión celular ubicado detrás de la comisaría de Escobar, donde Patti cumplía funciones de oficial subinspector. El 2 de abril de 1976 el cadáver de Gonçalves fue dejado en el paraje ‘El Cazador', en la ruta 4. Lo habían fusilado y después incinerado. Veinte años más tarde, el cuerpo, que estaba enterrado en el cementerio de Escobar como NN, fue identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Unos meses antes de su secuestro, Gonçalves y su mujer habían discutido con Patti a raíz de la organización de un acto en Escobar. "Ya vas a ver lo que te va a pasar. Te voy a hacer matar", lo amenazó el policía.
Ana Oberlin, abogada de HIJOS y de la los Gonçalves, había pedido la detención de Patti hace más de dos años, pero la causa pasó por diferentes jueces, hasta que a principios de este año llegó a Suares Araujo. Este magistrado investiga los crímenes que se cometieron en el centro clandestino que funcionó en Campo de Mayo y en jurisdicción del Comando de Institutos Militares desde que la causa se reabrió como consecuencia de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Del viejo expediente de los años '80, el juez rescató otros cuatro hechos en los que había sido denunciado Patti. Se trata de las detenciones ilegales de Souto, los hermanos D'Amico y Arriosti. Estos secuestros se produjeron en marzo de 1977 en la zona de Garín. Arriosti sobrevivió a su cautiverio e identificó a Patti como uno de los hombres que lo capturó.
Estas no son las únicas causas abiertas contra el represor. Hace tiempo ya el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo debe resolver un pedido para reabrir la investigación por los asesinatos de Eduardo Pereira Rossi y Osvaldo Cambiasso. Y en La Plata también tiene cuentas pendientes.
Suares Araujo debe resolver en los próximos días si procesa al represor. La situación de Patti quedará luego en manos de la Cámara Federal de San Martín. "Esperemos que ese tribunal se ponga los pantalones largos y que no haga como he hecho en otras oportunidades", dijo Llonto.
Hace sólo un mes, Patti fue candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sacó el 2,48 por ciento de los votos. Dos años antes le había ido mejor: logró ser electo diputado nacional. Pero los integrantes de la Cámara impidieron su asunción. Después de escuchar a las víctimas, testigos y dar la posibilidad de que el acusado se defendiera, los legisladores resolvieron que Patti no tenía "idoneidad moral" para ejercer ese cargo. Los fueros, que hasta hace poco pretendía invocar, lo habrían salvado de la cárcel o, al menos, habrían complicado su llegada a la celda de Marcos Paz.

23 de noviembre de 2007
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mató a papá, madrastra y hermano


[Raúl Kollmann] La investigación del triple crimen de Entre Ríos derivó adonde apuntaban las sospechas: el hijo del funcionario judicial. El joven confesó y quedó detenido en una clínica psiquiátrica.
Entre Ríos, Argentina. M. salió ayer al mediodía del juzgado con las esposas puestas. En la noche anterior concurrió al velatorio de su padre, Miguel Bressán, secretario de un juzgado penal; de su madrastra, Silvia Taleb, y del hijo de 20 meses de ambos. Parece que en ese momento tomó la decisión de confesar y por la mañana fue a ver al juez Maximiliano Benítez, a quien le contó la verdad: que era el autor del triple crimen de Concordia. Como M. tiene 17 años, el magistrado se declaró incompetente y le pasó al expediente al juez de Menores, Rodolfo Jáuregui, y éste resolvió anoche internar al adolescente en una clínica psiquiátrica. El móvil del triple homicidio fue un durísimo conflicto familiar. Silvia Taleb, la nueva pareja de Bressán padre, tenía muy mala relación con el joven, al punto de que ambos no podían estar juntos. Trascendió que cuando el adolescente iba a la quinta de los Bressán, se metía o lo metían en un galpón y que incluso M. mandaba mensajes de texto amenazantes. "Es una víctima más de este caso", dijo ayer el juez Benítez refiriéndose a M.
Cuando el joven fue ayer a confesar la autoría del triple crimen, la suerte ya estaba echada. Las pruebas en su contra eran lapidarias, como suele suceder con quienes no tienen experiencia en el delito.

- Un remisero declaró que el domingo lo llevó hasta la finca de Colonia Yeruá.
- El dermotest mostró que tenía rastros de pólvora en las manos.
- La camioneta del padre, sustraída por el homicida, fue vista delante de la casa del adolescente el domingo al atardecer.
- Se supo que había comprado los proyectiles calibre .380 en un taller de recarga de balas.
- Se detectaron los mensajes de texto amenazantes.
- Su coartada era endeble. Dijo que estuvo caminando por Concordia el domingo, pero no pudo presentar ningún testigo.
- En sus ropas había manchas de sangre.

Todo indica que el triple homicidio fue en el marco de un ataque de furia o producto de una acumulación de odio, especialmente contra la madrastra. A Silvia Taleb le apoyó el caño del arma en la espalda y le disparó seis veces. Al padre lo mató de seis tiros y al bebé de dos.
Bressán era un cuestionado secretario judicial. Varias veces fue acusado de firmar dudosas órdenes de detención y allanamientos pedidos por la policía de la zona. Su esposa también tuvo una estrecha relación con los uniformados. Fue delegada judicial, o sea un vínculo entre Justicia y policía. Tal vez ese perfil de personalidad llevó a Bressán a regalarle a su hijo un arma calibre 22 y a enseñarle hace pocos meses a disparar. No sabía en ese momento que le estaba dando una instrucción fatal al adolescente.
Bressán tenía dos familias en forma paralela. Con Norma Bernard, la madre de M., tiene otros tres hijos más, dos de ellas mujeres. El secretario judicial sólo reconoció a M., que es el mayor, y después se negó a reconocer a los otros tres. Con Silvia Taleb tuvieron a Facundo, de 20 meses, que también resultó muerto en el triple crimen. Las cosas transcurrían entre verdades y mentiras. M. llevaba a Facundo a escondidas a la casa de Bernard y la relación con su madrastra era más que tirante. Lo cierto es que algo se fue desarrollando dentro de su mente y todavía no está claro si planificó lo ocurrido durante bastante tiempo o fue una explosión de furia del mismo domingo.
Después de hacer una primera confesión, asistido por el abogado Arturo Mac Loughlin, M. fue derivado al juez de Menores. El joven no puede ser enviado a una cárcel común y las normas indican que debe ser puesto "en lugar adecuado para su mejor estudio durante el tiempo indispensable". El juez Jáuregui ordenó por ello la internación en la clínica psiquiátrica San José de Concordia. Lo más probable es que el magistrado considere que M. es peligroso para sí mismo y para terceros, por lo cual es muy probable que disponga que siga internado durante bastante tiempo. Mientras tanto, irá recibiendo las pericias psiquiátricas correspondientes y habrá que ver si en un proceso judicial es declarado imputable o inimputable. Una de las medidas que suelen tomar los jueces de menores es sacar al imputado de la zona en la que ocurrieron los hechos, de manera que es casi seguro que en poco tiempo el joven será trasladado a una institución similar ubicada en otro lugar de la provincia.

22 de noviembre de 2007
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hospital era cárcel clandestina


[Victoria Ginzberg] El hospital que también fue un centro clandestino. El juez federal Daniel Rafecas procesó ayer al dictador Reynaldo Bignone y a otros cuatro represores por las detenciones de trabajadores de la salud del Hospital Posadas.
Argentina. "Al mirar por las ventanas que daban al frente del edificio vimos soldados armados y camiones del Ejército que avanzaban desde el parque al hospital. Por las ventanas posteriores se dijo que se vieron helicópteros. Ante el desconcierto general, se apersonaron militares en ropa de fajina. Me llamaron, ya que era el médico de guardia, para recibir a los militares que entraban a urgencias. Yo no entendía nada pero estaba recibiendo a los asaltantes. Uno de ellos era Reynaldo Bignone. Iba vestido con ropa de combate de color verde y llevaba armas en la cintura." El médico Juan Manuel Nava describió así el operativo del 28 de marzo de 1976, con el que la dictadura ocupó el Hospital Posadas. A partir de ese hecho, el establecimiento fue tomado por los militares, que hasta instalaron un centro clandestino dentro del predio. El dictador Reynaldo Benito Bignone y otros cuatro represores fueron procesados ayer por el juez federal Daniel Rafecas por los crímenes que cometieron allí.
Entre el día del ‘copamiento' y los siguientes, médicos, enfermeros y otros trabajadores del hospital fueron perseguidos. Más de 30, detenidos. Algunos estuvieron en un centro clandestino que se montó en lo que había sido la residencia del director del hospital. Jacobo Chester, Jorge Roitman y Julio César Quiroga siguen desaparecidos.
Bignone fue procesado por su responsabilidad en el secuestro de quince personas. Todas esas detenciones se realizaron entre el 28 y 29 de marzo de 1976, luego de la ‘entrada triunfal' del represor, que fue acompañada por tanques y camiones del Ejército y que se produjo con el hospital en pleno funcionamiento (personas en la guardia, pacientes en los quirófanos). El coronel médico Agatino Di Benedetto, que fue interventor del Posadas, el brigadier Hipólito Rafael Mariani y los represores Luis Muiña y Argentino Ríos son los otros acusados procesados por el juez ayer. En marzo de 1976 Bignone era general de brigada. Encabezó el operativo en el Posadas como delegado de la Junta Militar en el área de Bienestar Social. Su llegada implicó la detención de médicos y enfermeras y la imposición de ‘listas negras' que manejaban los militares que supervisaban, todos los días, la entrada del personal. Mauricio Schraier relató que el 29 de marzo había "una gran cantidad de personas, médicos y otros empleados que formaban filas, siendo controlado su ingreso a través de listas. Algunas personas podían ingresar y otras eran detenidas".
Los secuestros no se realizaron exclusivamente dentro del hospital. También hubo operativos en la calle y en los domicilios de los trabajadores. Rafecas pudo documentar 33 detenciones, entre ellas, la del director del Posadas, Julio César Rodríguez Otero. "El régimen se comportó del mismo modo que se ha verificado de modo sistemático en estos actuados, esto es, tratando de mantener en secreto todo el proceso relacionado con la individualización, detención y traslado de las víctimas a lugares de cautiverio para ser interrogadas. Como vemos a través de los numerosos testimonios recogidos, los episodios acaecidos en el Hospital Posadas no fueron la excepción frente a la dinámica propia del aparato clandestino de poder que se instaló a nivel nacional a partir del 24 de marzo de 1976", señaló el juez en su resolución.
Muiña y Ríos, dos de los represores procesados ayer, formaban parte de un grupo de choque ("comando de seguridad interna") que era conocido en el hospital como "Swat". El coronel médico Julio Ricardo Esteves lo puso en marcha cuando asumió como director –sucedió a Di Benedetto– para, entre otras cosas, proteger el lugar de "resentidos, disociadores y subversivos". Los testimonios de los empleados dan cuenta de cómo este grupo, formado por diez personas que solían vestir de civil e ir armadas y que habían sido empleados en el Ministerio de Bienestar Social, amenazaban, insultaban y humillaban a los trabajadores.
Rafecas resaltó la ‘paradoja' de que hubiera existido un centro clandestino dentro de un hospital: "En el seno de una institución al servicio de la salud funcionó un centro clandestino de detención, en el cual, lejos de velarse por la vida y por la integridad física de las personas, se sometió a los cautivos a un régimen de terror que no difirió, en ese aspecto, de otros centros clandestinos de detención que han funcionado bajo el mando del Primer Cuerpo del Ejército".
El clima de terror que se vivía en el hospital "en el cual el miedo era un sentimiento colectivo" fue otro de los aspectos de la represión que destacó el juez. "Se expresaba –dijo– como miedo a ser detenido, miedo de las mujeres a sufrir vejaciones, miedo a ser licenciado, miedo a concurrir al lugar de trabajo. Un sentimiento justificado en datos objetivos de la realidad, ya que día a día desaparecían profesionales y aparecían luego sus familiares, a quienes generalmente incluso les era negada una entrevista con las autoridades. En estas circunstancia los médicos, enfermeros, asistentes y demás empleados continuaban sus labores entre el ruido de disparos de armas de fuego que se intensificaba durante la noche, el paisaje visual de un grupo de vigilancia que patrullaba el hospital a pie y en vehículos con exhibición de armas, entre los rumores sobre el destino que quien ese día no había asistido a su lugar de trabajo y con el esfuerzo que implicada cubrir los espacios que los profesionales detenidos iban dejando involuntariamente; como de aquellos que por miedo o terror fueron dejando la institución."
Con el fallo de ayer, Rafecas ya procesó a 67 represores por su participación en crímenes cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.

22 de noviembre de 2007
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un balazo en el baúl


[Raúl Kollmann] El supuesto secuestro, una muerte y muchas dudas. Al principio se investigó el caso como un presunto secuestro, pero luego quedó en evidencia una sórdida trama de relaciones sentimentales.
Lomas de Zamora, Argentina. El empresario Daniel Toimil fue asesinado de un disparo en el ojo cuando ya estaba dentro del baúl de su auto, un Honda Accord, que terminó estacionado a 40 metros de la comisaría número 4 de Lanús. La trama del homicidio es extraña. Por un lado podría tratarse de una especie de secuestro en el que a Toimil le exigieron dinero y después, por alguna razón que no se conoce, lo mataron. La otra hipótesis, más sustentada por la fiscalía y por los investigadores policiales, es que detrás del asesinato hay un furibundo conflicto derivado de la tumultuosa vida sentimental del empresario y con base en ambiciones económicas. Que la pesquisa apunta más a esta última variante lo demuestra que la causa continúa en manos de la Justicia ordinaria de Lomas de Zamora y que no pasó a la órbita de la Justicia federal, que es la que se ocupa de los secuestros.
Toimil tiene una ex esposa y dos hijos con esa primera mujer. Además, hace ocho años inició otra relación de pareja, tuvo un hijo con la nueva esposa y actualmente se encontraba otra vez en proceso de separación. Esta última mujer es la que denuncia la desaparición de Toimil y relata una historia que registra pocos antecedentes. Según ella, el empresario la llamó el lunes para decirle que un hombre iría a su casa a retirar 6500 pesos que ella debía sacar de una caja de seguridad. El individuo llevaría la llave para abrir la caja y, según afirmó en la comunicación, el dinero era para un negocio. Efectivamente el hombre apareció en el domicilio de Toimil y su segunda pareja, pero no pudieron abrir la caja. Un rato más tarde –siempre según el relato de la mujer–, Toimil volvió a llamar y le dio instrucciones más precisas de cómo abrir la caja. El desconocido apareció otra vez en el domicilio y ella le entregó el dinero. Desde entonces no se supo nada más del empresario. La mujer se presentó en la comisaría, hizo la denuncia, pero a la salida casualmente encontró estacionado en la calle, a 40 metros de la dependencia policial, el Honda Accord de Toimil. En el baúl apareció el cuerpo.
"Mire, esto no parece un secuestro –le dijo a Página/12 uno de los investigadores–. Cuando una banda quiere cobrar un rescate no da la cara. No va a casa del secuestrado a buscar el dinero y, supuestamente, deja las huellas digitales. Por lo general le dicen a usted que tire la plata en una bolsa en un descampado. Así que si estamos ante un secuestro, se trataría de un caso muy, muy raro. Por el otro lado, vemos demasiados conflictos familiares y entre las diferentes parejas, incluyendo una tercera mujer que es con la que salió de su casa el lunes por la mañana."
Según las fuentes judiciales y policiales había enfrenamientos cruzados. Por un lado, entre la primera esposa y sus hijos con la segunda pareja, a la que acusaban de vincular a Toimil con "malas compañías". Además, el empresario puso a nombre de esa mujer varias propiedades, entre ellas una casa importante en Lomas de Zamora, un maxikiosco muy bien ubicado, un Mercedes Benz, un Bora 2007, un Peugeot 206 y una cuenta corriente. Pero además, existía un conflicto muy fuerte entre la segunda pareja y el propio Toimil, ya que estaba en un controvertido proceso de separación y divorcio, con un niño de siete años de por medio.
Podría ser que alguien haya secuestrado a Toimil, le exigiera los 6500 pesos, lo obligara a hacer las llamadas a su segunda esposa y fuera a buscar el dinero a la casa. Luego lo matara porque él los conocía o por alguna otra razón que no está clara. Los interrogantes que deja esta hipótesis son varios. Por qué no reclamaron más dinero, ya que Toimil lo tenía. Segundo, por qué corrieron el riesgo de ir a su casa, que la segunda esposa le viera la cara al que se llevó el dinero y la lógica de que ese sujeto dejara su huella digital en algún lugar de la vivienda.
Ante las dudas que suscita la versión de la segunda pareja, se está evaluando si la historia que cuenta es real o falsa. Por ejemplo, se hará un análisis de las llamadas telefónicas y se ordenaron otras pericias de importancia. Por supuesto que en el análisis entra el hecho de que ella se convertiría en la principal heredera de Toimil, un dato de importancia si se tiene en cuenta que estaban separados, en proceso de divorcio. También se busca a la mujer que estuvo con el empresario en la mañana del lunes. Su testimonio puede resultar igualmente clave.

21 de noviembre de 2007
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militares robaban hijos y bienes


[Adriana Meyer] La ex jueza Emilia García, procesada por el despojo de bienes de desaparecidos. La Justicia la procesó por "asociación ilícita y extorsión" en la causa que investiga a la ESMA y la apropiación de inmuebles de secuestrados.
Argentina. Los marinos represores de la ESMA no sólo torturaron e hicieron desaparecer a sus víctimas, se apropiaron de sus hijos y también de sus bienes. Y para este despojo contaron con la complicidad de civiles. El ex almirante Emilio Eduardo Massera, verdugo mayor de ese centro clandestino, y algunos de sus subordinados engordaron sus patrimonios con dinero, terrenos y hasta caballos que pertenecían a tres empresarios mendocinos secuestrados por sus patotas en enero de 1977. Antes de asesinarlos en los sótanos de la Escuela de Mecánica armaron la maniobra de la que participó la ex jueza Emilia Marta García, por entonces de profesión escribana. En el marco de la megacausa en la que se investigan los crímenes de la Armada en esa cárcel clandestina, la justicia federal porteña la procesó por el delito de asociación ilícita y extorsión. "Estoy emocionado, lo considero un éxito personal porque fueron muchos años luchando contra la impunidad institucional, y ahora espero que la Cámara confirme este procesamiento, vaya a juicio oral y se active la causa del segundo despojo", expresó ante Página/12 Federico Gómez, hijo del abogado Conrado Gómez, una de las víctimas del saqueo masserista.

La Historia
A las 7 de la mañana del 10 de enero de 1977 una patota de la Armada vestida de civil ingresó a las oficinas y vivienda de Conrado Gómez, en Santa Fe 1713. Nueve horas más tarde se fueron y se llevaron a la fuerza a Gómez, junto a Emilio Assales Bonazzolla, Marcelo Hernández, Carlos Romero y Juan Gasparini, en distintas camionetas y en un Ford Fairlane, también propiedad de Gómez. El dueño de casa era parte de la estructura de finanzas de Montoneros. Durante el procedimiento robaron todo el dinero –"miles, tal vez un millón", declaró su hijo en la causa que investiga el juez federal Sergio Torres–, además de expedientes, escritos y documentación que estaban en la caja fuerte. También se llevaron máquinas de escribir, electrodomésticos y ropa.
Federico Gómez, testigo y denunciante en el expediente, agregó que el 25 de enero personal de la Armada y del Ejército volvió a ese domicilio, interrumpió el tránsito en la avenida Santa Fe y cargó en camiones un piano de cola, calefones, mesadas, sillas y otras pertenencias de los Gómez. "Literalmente vaciaron la vivienda", dijo. En su relato continuó describiendo los sucesivos despojos, como el que ocurrió en Paso de los Libres cuando les robaron veinte caballos pura sangre. Y aportó los detalles de diversas maniobras por las cuales la patota de Massera se apoderó de la Sociedad Cerro Largo.

Procesada y Embargada
El juez Torres comprobó que Emilia García fue integrante de la escribanía cuyo titular era el fallecido Ariel Washington Sosa Moliné, a la sazón notario que intervino en varios actos públicos relacionados con el otorgamiento fraudulento de Cerro Largo, en perjuicio de los herederos y de sus accionistas. "García fue erigida como síndica suplente de la sociedad Will Ri, por las siglas de Federico Williams (identidad que asumió Francis Whamond) y Héctor Ríos (Jorge Radice), ambos integrantes del grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA. Luego pasó a ser accionista del 5 por ciento de la firma. Esta empresa sirvió de andamiaje legal para pasar definitivamente los bienes a su continuadora, Misa Chico, que reconoce como accionistas a Eduardo Massera y Carlos Massera, hijo y hermano del ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas", dice la resolución a la que Página/12 tuvo acceso. "Mediante uso de violencia e intimidación ejercida sobre Conrado Gómez se logró que dispusiera de sus bienes en beneficio de sus captores y/o de las personas que éstos indicaran, para lo cual se lo obligó a suscribir distintos documentos que facilitaban el traspaso de esos bienes a nombre de otras personas cuya identidad a veces era verdadera, y en otras ocasiones falsa", concluyó el juez. Torres conoce en detalle cómo operaban los marinos. "A los fines de efectivizar las maniobras, la estructura organizó un complejo sistema a través del cual se falsificaban todo tipo de documentos en un laboratorio de fotografía y fotomecánica montado en la ESMA, como así también en uno de los subsuelos del edificio Libertad de la Armada, en los que eran obligados a trabajar las personas cautivas", describió el magistrado.
En septiembre, cuando fue interrogada en declaración indagatoria, la imputada ex jueza afirmó que actuó "coaccionada" por temor a eventuales represalias sobre su hermana, que estuvo secuestrada en la ESMA. García dijo en aquella oportunidad que "vivía en estado de terror permanente" y que "sólo firmaba lo que le pedían" en referencia a los jefes de la escribanía en la que trabajaba.

Revelación y Caída
En noviembre de 2000 la jueza en lo contencioso administrativo Emilia García concedió un pedido de hábeas data presentado por el represor Jorge Olivera para acceder a los archivos de la Conadep. En ese momento Página/12 reveló que esa magistrada había sido parte de la operación de desapoderamiento de los bienes del bodeguero Vittorio Cerutti, del abogado Conrado Gómez y del contador Horacio Palma, detenidos en la ESMA que permanecen desaparecidos. El entonces presidente de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura pidió la investigación de esos hechos, pero tuvieron que pasar seis años hasta que la jueza García renunció, en abril de 2006. Durante ese período declaró dos veces ante el Consejo y dio versiones diferentes. La dimisión quedó a consideración del presidente Néstor Kirchner, que la aceptó en noviembre de ese año, pocas horas antes de la primera sesión del jury de enjuiciamiento. Renunciada mantuvo la jubilación que hubiera perdido si finalmente terminaba destituida. En el medio el Consejo la suspendió, la Justicia la indagó y determinó que tenía elementos suficientes para procesarla, sin prisión preventiva, por extorsión, en calidad de partícipe secundaria, y como integrante de una asociación ilícita.

21 de noviembre de 2007
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pueblo sale a remate


Un juez mando subastar un paraje entero de Córdoba. Olivares tiene unos 800 habitantes. Una empresa reclama deudas hipotecarias sobre los terrenos en que está asentado. Remate incluye escuela y comisaría.
Córdoba, Argentina. A principios del siglo XX era simplemente un paraje más de localidad de Ischilín, a 90 kilómetros de Córdoba capital, pero ya tenía esa impronta virginal que lo convertía en un campo ideal para el cultivo. En la Década Infame llegó la empresa Olivares y Viñedos San Nicolás SA, que montó allí "la más extensa plantación orgánica del mundo": 100 mil olivos en 1200 hectáreas. Hace 60 años, la firma construyó viviendas para sus trabajadores. También se levantaron una capilla, una escuela que fue cedida a la provincia de Córdoba, llegó la comisaría, el juzgado de Paz y la sala de atención sanitaria. Todo era esplendor para el creciente pueblito rural. Pero hace 10 años, algunas malas cosechas provocaron que la firma hipotecara el predio para cobrar un préstamo del Banco Francés. Nunca se saldó y la deuda actual es de un millón de dólares. Un juez civil porteño decidió que las tierras se remataran. Así, Olivares pasó del auge de la agricultura orgánica a estar al borde de la subasta total del pueblo.
La empresa intentó acordar con la entidad financiera el pago de la deuda con el producto de la próxima cosecha, en marzo de 2008. Serían 800 mil dólares para el banco y 200 mil para pagar las costas del litigio. También los trabajadores se presentaron ofreciendo hacerse cargo del pago del proporcional a las 20 hectáreas –de las 1200 del predio– que habitan. Pero ambas propuestas se encontraron con sendas negativas. Un problema jurídico frena el reclamo de los pueblerinos: los terrenos nunca se parcelaron ni escrituraron a su nombre. Por el lado de la empresa, su presidente, Jorge Pierrestegui, aseguró que un abogado y un martillero insisten en rematar, porque "quieren los honorarios lo antes posible".
En el marco de esas discusiones, el juez civil porteño Carlos Molina Portela dispuso ayer que el terreno será subastado el 18 de diciembre. En lo que no se expidió fue en lo referente a las dependencias públicas radicadas allí: un juzgado de Paz, una comisaría, una escuela y un centro sanitario. No está claro aún el futuro de esas instituciones ni tampoco el de las 120 casas en las que viven al menos 800 personas. Otro foco de resistencia son los comercios de la zona, que trabajan únicamente con empleados de la empresa y sus familias. Y la capilla.
El intendente saliente de San Nicolás, el radical Manuel Díaz, presentó una medida cautelar que solicita la revisión de la subasta. Frente a la revocatoria de Molina Portela, los abogados de los pueblerinos apelaron la medida, argumentando la violación de derechos humanos y la imposibilidad del Poder Judicial de disponer sobre bienes estatales. Además, los demandantes invocaron "derechos posesorios anteriores al crédito del acreedor hipotecario" –ya que la deuda se contrajo hace una década y hay quienes habitan el paraje desde hace seis– que deben respetarse en virtud de lo dispuesto en convenciones internacionales sobre derechos humanos.
Por su parte, el intendente electo, el también radical Antonio Heredia, aseguró que existe "incertidumbre" y "preocupación" entre los lugareños por la decisión de Molina Portela. Ya había habido un intento de remate el 30 de mayo último, pero el Ministerio de Justicia cordobés intervino y la subasta, si bien no se canceló, se pospuso.

20 de noviembre de 2007
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