patrones roban tierras campesinas
[Darío Aranda] Juicio oral a diez campesinos y un cura por un reclamo de tierras. Once trabajadores rurales, entre ellos un sacerdote vinculado con los derechos humanos, podrían ser condenados a cuatro años de prisión por cortar alambres de tierras que reclaman como propias.
Córdoba, Argentina. Un empresario ingresa por la fuerza a fincas de pequeños productores de Córdoba, exhibe papeles de un remate judicial, los reprime e intenta echarlos de las parcelas donde siempre vivieron. Los campesinos rechazan abandonar sus chacras y resisten el avance privado, pero son denunciados y, finalmente, llevados a juicio penal, acusados de delitos con penas de hasta cuatro años de cárcel. "Nos invaden los campos, nos reprimen y ahora nos quieren meter presos. Es un paso más de la represión que se vive en el campo argentino", denunciaron desde el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), organización donde militan los acusados. Un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que recorrió la zona en 2006, anunciaba que en el sector rural de la provincia "se produce una sistemática violación de los derechos humanos". Entre los procesados figura un cura párroco defensor de los derechos humanos.
"Ni un metro más. La tierra es nuestra", afirmaban las remeras de los once campesinos enjuiciados y de un centenar de familias que esperaban ayer fuera de los tribunales de Cruz del Eje, uno de los departamentos más pobres de la provincia, a 140 kilómetros al noroeste de la capital. Fue la primera jornada del juicio iniciado por la denuncia del empresario porteño Ramón Alberto Mazzeo, que en 1997 adquirió en remate judicial 2000 hectáreas en el paraje Cañada Larga, con animales, sembradíos, viviendas y hasta las propias familias campesinas dentro. Hoy será la segunda audiencia, con los magistrados en terreno, recorriendo los ranchos campesinos, y también será el turno del empresario. Luego los jueces fijarán fecha para la sentencia, que podría ser el próximo viernes o el 30 de este mes.
Carlos Loyola tiene 56 años y cuatro hijos. Siempre vivió en la misma tierra, que heredó de su abuelo. A fines de 2004, Mazzeo avanzó con topadoras, guardias privados y policías sobre su chacra, derribó cercos y amenazó a la familia, que denunció el hecho. En enero de 2005, el empresario Mazzeo alambró las tierras ancestrales y encerró las aguadas para que no ingresaran los animales. Las familias volvieron a radicar denuncias, pero la Justicia tampoco actuó.
En febrero de 2005, cuando el calor del norte cordobés alcanzaba los 40 grados, las cabras y vacas de las familias comenzaron a morir de sed. Nuevas denuncias e inacción judicial mediante, el Movimiento Campesino de Córdoba desalambró, en tierras de Loyola, 1600 metros impuestos por el empresario. Por esa acción recayó la denuncia de "daño calificado agravado por delito en banda", que prevé hasta cuatro años de prisión, a cargo de la Cámara en lo Criminal y Correccional Séptimo de Cruz del Eje, integrado por Clara Luna de Manzano, Nancy Ruth Menehem y Angel Francisco Andreu.
Los once acusados declararon ayer. Todos reivindicaron la acción como legítima a derecho (por los años de posesión y por la necesidad del agua) y remarcaron que lo volverían a realizar. "No es justo que las familias campesinas paguen con su tierra, con represión y persecución el negocio inmobiliario que se realiza con complicidad de funcionarios de la Justicia y del poder político de Córdoba", remarcaron desde el MCC.
Desde inicios de la década pasada, Córdoba es una de las provincias con mayor siembra de soja. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en un informe de octubre último, confirma la tendencia: durante 2007, las hectáreas del país dedicadas a la soja fueron 16,8 millones de hectáreas, 4,3 por ciento más que en el año anterior, con fuerte alza en Córdoba. "La soja crece hacia zonas no tradicionales, a expensas de la ganadería y de otros cultivos", reconoce la Bolsa de Cereales.
Desde el MCC, que integra a nivel nacional el Movimiento Campesino Indígena, afrontan más de un centenar de conflictos, con aproximadamente 100.000 hectáreas en disputa. "Se produce una sistemática violación de los derechos humanos, que padecerían hombres y mujeres de los sectores más vulnerables del campo", denunció el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que en 2006 recorrió los pueblos y parajes de Córdoba. Remarcó que continúa la violencia por medio de grupos armados o del "uso irregular de la fuerza pública" y advirtió que "es el accionar de algunas empresas de agronegocios, una forma de acorralar y presionar al campesino para que abandone el lugar".
Córdoba, Argentina. Un empresario ingresa por la fuerza a fincas de pequeños productores de Córdoba, exhibe papeles de un remate judicial, los reprime e intenta echarlos de las parcelas donde siempre vivieron. Los campesinos rechazan abandonar sus chacras y resisten el avance privado, pero son denunciados y, finalmente, llevados a juicio penal, acusados de delitos con penas de hasta cuatro años de cárcel. "Nos invaden los campos, nos reprimen y ahora nos quieren meter presos. Es un paso más de la represión que se vive en el campo argentino", denunciaron desde el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), organización donde militan los acusados. Un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que recorrió la zona en 2006, anunciaba que en el sector rural de la provincia "se produce una sistemática violación de los derechos humanos". Entre los procesados figura un cura párroco defensor de los derechos humanos."Ni un metro más. La tierra es nuestra", afirmaban las remeras de los once campesinos enjuiciados y de un centenar de familias que esperaban ayer fuera de los tribunales de Cruz del Eje, uno de los departamentos más pobres de la provincia, a 140 kilómetros al noroeste de la capital. Fue la primera jornada del juicio iniciado por la denuncia del empresario porteño Ramón Alberto Mazzeo, que en 1997 adquirió en remate judicial 2000 hectáreas en el paraje Cañada Larga, con animales, sembradíos, viviendas y hasta las propias familias campesinas dentro. Hoy será la segunda audiencia, con los magistrados en terreno, recorriendo los ranchos campesinos, y también será el turno del empresario. Luego los jueces fijarán fecha para la sentencia, que podría ser el próximo viernes o el 30 de este mes.
Carlos Loyola tiene 56 años y cuatro hijos. Siempre vivió en la misma tierra, que heredó de su abuelo. A fines de 2004, Mazzeo avanzó con topadoras, guardias privados y policías sobre su chacra, derribó cercos y amenazó a la familia, que denunció el hecho. En enero de 2005, el empresario Mazzeo alambró las tierras ancestrales y encerró las aguadas para que no ingresaran los animales. Las familias volvieron a radicar denuncias, pero la Justicia tampoco actuó.
En febrero de 2005, cuando el calor del norte cordobés alcanzaba los 40 grados, las cabras y vacas de las familias comenzaron a morir de sed. Nuevas denuncias e inacción judicial mediante, el Movimiento Campesino de Córdoba desalambró, en tierras de Loyola, 1600 metros impuestos por el empresario. Por esa acción recayó la denuncia de "daño calificado agravado por delito en banda", que prevé hasta cuatro años de prisión, a cargo de la Cámara en lo Criminal y Correccional Séptimo de Cruz del Eje, integrado por Clara Luna de Manzano, Nancy Ruth Menehem y Angel Francisco Andreu.
Los once acusados declararon ayer. Todos reivindicaron la acción como legítima a derecho (por los años de posesión y por la necesidad del agua) y remarcaron que lo volverían a realizar. "No es justo que las familias campesinas paguen con su tierra, con represión y persecución el negocio inmobiliario que se realiza con complicidad de funcionarios de la Justicia y del poder político de Córdoba", remarcaron desde el MCC.
Desde inicios de la década pasada, Córdoba es una de las provincias con mayor siembra de soja. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en un informe de octubre último, confirma la tendencia: durante 2007, las hectáreas del país dedicadas a la soja fueron 16,8 millones de hectáreas, 4,3 por ciento más que en el año anterior, con fuerte alza en Córdoba. "La soja crece hacia zonas no tradicionales, a expensas de la ganadería y de otros cultivos", reconoce la Bolsa de Cereales.
Desde el MCC, que integra a nivel nacional el Movimiento Campesino Indígena, afrontan más de un centenar de conflictos, con aproximadamente 100.000 hectáreas en disputa. "Se produce una sistemática violación de los derechos humanos, que padecerían hombres y mujeres de los sectores más vulnerables del campo", denunció el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que en 2006 recorrió los pueblos y parajes de Córdoba. Remarcó que continúa la violencia por medio de grupos armados o del "uso irregular de la fuerza pública" y advirtió que "es el accionar de algunas empresas de agronegocios, una forma de acorralar y presionar al campesino para que abandone el lugar".
20 de noviembre de 2007
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Argentina. Con apenas unos meses de vida, como tantos bebés en la Argentina, Cristina Ferreyra fue bautizada. El ritual se cumplió en la parroquia porteña de San Pedro Telmo, el 16 de enero de 1953. El agua bendita en la frente marcó su ingreso a la Iglesia Católica. Poco más de medio siglo después, se convirtió en una de las primeras apóstatas del país: personas que rechazan su fe cristiana y piden formalmente su desvinculación de la Iglesia Católica. Cristina hizo el trámite el 2 de octubre en el Arzobispado de Buenos Aires. El ejercicio de la apostasía –o desafiliación del catolicismo– está creciendo con fuerza en España, donde ya se han hecho varias entregas masivas de solicitudes. En Argentina, por ahora es un procedimiento poco conocido aunque va ganando adeptos, fundamentalmente ateos, defensores del laicismo –bautizados a poco de nacer– que no quieren que se los cuente como católicos: las estadísticas, argumentan, significan dinero (en subsidios) y poder político para la jerarquía eclesiástica. La Iglesia, en tanto, se resiste a borrarlos de sus registros. Alega que el bautismo es un sacramento de carácter indeleble, que dura para toda la vida. Sin embargo, la Ley de Protección de Datos Personales, hábeas data, podría amparar el reclamo de los apóstatas, que tendrían el derecho para exigir que se suprima su nombre de los archivos clericales.
Buenos Aires, Argentina. La Sala II de la Cámara de Casación rechazó ayer un recurso presentado por el represor Raúl Enrique Scheller y confirmó la reapertura de la causa sobre los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Se trata de una decisión que demoró cuatro años, lo que convirtió a este expediente en el ejemplo emblemático de las trabas de Casación en los juicios vinculados con las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Con esta medida, se despejó el camino para que diez represores, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge ‘El Tigre' Acosta, sean sometidos a juicio oral.
Argentina. "Es una deuda pendiente que venimos a saldar", dijo la diputada kirchnerista Rosario Romero. Por 167 votos a favor y sólo dos en contra, la Cámara de Diputados dio ayer media sanción a la incorporación al Código Penal del delito de desaparición forzada de personas. Por la noche, los diputados convirtieron en ley otra iniciativa vinculada con los crímenes de la dictadura: la ratificación del tratado sobre el mismo delito de desaparición forzada.
Santiago del Estero, Argentina. Monte santiagueño. Madrugada. Rancho campesino. Silencio y tranquilidad. Hasta que cuarenta efectivos de infantería, con pasamontañas, chaleco antibalas y armas largas patean la precaria puerta, se abalanzan sobre un anciano hemipléjico de 69 años, lo esposan, interrogan a punta de fusil y detienen. Al hijo le atan las manos a la espalda, boca abajo lo arrastran por el piso, indagan y amenazan hasta que un ataque de epilepsia lo deja al borde del desmayo. A la hija, que dormía al momento del allanamiento, le arrojan gasoil sobre la cama, amenazan incendiarla y es levantada a fuerza de insultos y empujones. El hecho, con formas propias de la dictadura militar, ocurrió el viernes 2 en Santiago del Estero, a 290 kilómetros de la capital provincial, y el ‘delito' del anciano, Domingo Leguizamón, fue resistir que un abogado lo expulse de su tierra ancestral. Estuvo seis días incomunicado, y desde entonces con prisión domiciliaria acusado de usurpar la tierra donde siempre vivió. Desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), donde milita la familia atacada, denuncian que "el actual gobierno provincial, y el sistema judicial, actúan coordinados según los intereses de empresarios sojeros, que quieren hacerse de las tierras de las familias".
Argentina. La Cámara de Diputados abrió el camino para que las mujeres presas que tengan hijos menores de 5 años o estén embarazadas puedan cumplir la pena de arresto en sus hogares. Por amplia mayoría (127 a 2), y como último tema de la sesión del martes, al filo de la medianoche dio media sanción a un proyecto de ley que amplía los supuestos de detención domiciliaria y faculta a los jueces a otorgar ese beneficio –que hoy rige para mayores de 70 años y enfermos terminales– a internas con chicos pequeños o personas discapacitadas a cargo y también a detenidas que estén esperando un bebé.
Santa Fe, Argentina. Pedro Ángel Lemos no pudo volver a ser el mismo después de la muerte de su hijo. El chico tenía 19 años y fue fulminado hace dos años por un escopetazo que le disparó un amigo, en una casa de Santa Isabel, un pueblo rural del sur santafesino. El episodio quedó para siempre teñido por el manto de la confusión que da la falta de testigos y algún exceso en las bebidas. El homicida fue condenado, pero la herida que sufrió Pedro Lemos nunca terminó de cicatrizar. Es más, durante dos años maduró lo que para él fue una venganza de aquella muerte: el miércoles, en apenas una hora, fue hasta un pueblo vecino en su pequeña moto, fusiló a la madre del chico condenado por el homicidio y a su pareja; regresó a Santa Isabel y baleó a la jueza de Paz del pueblo, una mujer de unos 60 años cuya única participación en el caso –se dice– fue haber intercedido para que el condenado no cumpliera la pena en una prisión común sino en una comisaría. Después, siempre en su moto, fue hasta el cementerio y, junto a la tumba de su hijo, dio por terminada la historia: con la misma pistola con que había masacrado a sus víctimas se disparó un tiro en el pecho.
Argentina. Hace diez años, el 10 de diciembre de 1997, en un momento en que la memoria no estaba en la agenda del Estado y en que aún regían las leyes de impunidad, tras la aprobación de la Constitución que dio a los porteños una institucionalidad propia e independiente, los organismos de derechos humanos iniciamos el proceso para que esta Ciudad Autónoma asumiera una política pública de memoria que reconociera a las víctimas del terrorismo de Estado. Nos dirigimos a los legisladores electos por primera vez en el marco de esta Constitución, para presentarles una iniciativa destinada a construir en las márgenes del Río de la Plata un Monumento y un Parque de Esculturas para recordar y reivindicar a las víctimas del terrorismo de Estado.