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monumento a víctimas de la dictadura


[Werner Pertot] En el Parque de la Memoria, junto al Río de la Plata, se inauguró el monumento que forman cinco estelas de piedra que, vistas desde el cielo, tienen la forma de una herida y donde figuran los nombres de los desaparecidos.
Gelman, Conti, Oesterheld, Donda. Una a una, el presidente Néstor Kirchner se detuvo frente a las placas con los nombres de los desaparecidos que se extendían sobre el muro gris. Antes de llegar al río, encontró la que estaba buscando: la de su amigo Carlos Labolita. "23 años", decía. La presidenta electa Cristina Fernández de Kirchner la había visto antes, y no había podido resistirse a tocarla. Ambos presidieron la inauguración del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, en el Parque de la Memoria. Los dos coincidieron en volver a criticar la lentitud de la Justicia, a la que la senadora consideró "agraviante para las víctimas y para la sociedad". "Han pasado ese lamentable sacerdote y ese policía, ¿cuándo van a juzgar a los jefes?", preguntó Kirchner, quien le pidió a los jueces "que dejen de ir y venir".
Las cinco paredes con treinta mil placas –de las que 8718 ya llevan nombres– conforman el primer monumento a las víctimas del terrorismo de Estado. El proyecto se gestó en los noventa, mientras el gobierno de Carlos Menem trababa la posibilidad de un museo de la memoria en la ESMA. El parque, de 14 hectáreas, se comenzó a construir hace diez años con tierras ganadas al río en la costanera norte, cerca de Ciudad Universitaria.
Hoy tiene una entrada con las primeras esculturas y un centro de interpretación, donde se prevé que habrá una biblioteca, una medioteca y un lugar para conferencias. Erigidas frente al río, se destacan las cinco estelas grises que llevan los nombres de los desaparecidos y que, vistas desde el cielo, muestran la forma de una herida.
Una cascada bañaba uno de los muros de piedra, que contrasta con el verde del pasto, sobre el que se concentraron integrantes de los organismos de derechos humanos de distintas partes del país (había, incluso, un grupo de Jujuy). Los pañuelos blancos ocupaban toda la primera fila. Algunas de las madres usaba los paraguas para protegerse del sol; la mayoría traía flores para dejar en el monumento o para arrojar al río. Al final del acto, muchos fueron a buscar el nombre de su padre, hermano o amigo. Y a tocarlo.
Acompañados por el jefe de Gobierno, Jorge Telerman, y buena parte del gabinete nacional, los Kirchner recorrieron el monumento junto a las Madres y Abuelas. Los seguía también el ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, quien recibió un cerrado aplauso por su impulso para que se concretase el Parque de la Memoria. Aunque llegó tarde, también estuvo presente la vicejefa electa Gabriela Michetti. Todos ocuparon sus lugares y Cristina sacó un abanico de colores, que no dejó de usar durante el acto. En contraste, vestía de un discreto blanco y negro.
"Tenemos un lugar para recordar a los desaparecidos, asesinados y caídos en combate en este país", comenzó el fotógrafo Marcelo Brodsky, quien leyó un discurso consensuado por la Comisión pro Monumento, que integran Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, APDH, Buena Memoria, CELS, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, LADH, MEDH y Serpaj.
"Queremos más justicia, más celeridad en su trabajo, más juicios, más testimonios, más condenas", destacó Brodsky. "Es deber del Estado realizar las investigaciones necesarias para identificar a los que todavía no están, así podremos seguir agregando los ladrillos aún en blanco", reclamó. Se dirigió a los exiliados, a los nietos recuperados, a los ex presos políticos de la dictadura, y a quienes puedan aportar nombres que se agreguen al monumento. Taty Almeida, de Madres, subió al final del discurso para gritar "presente" por los desaparecidos.
"En la recorrida comentábamos que hoy era un día feliz. Todos vamos a tener un lugar para recordar. Vi al Presidente acariciar la placa de su amigo Labolita. Me vi a mí acariciando la de Dagmar Hagelin, mi amiga", contó Telerman, con su estilo. "Cuando veníamos para acá, la presidenta electa me comentaba del Museo de Praga y de otros genocidios. Estos monumentos son para contestarle a los negacionistas", interpretó.

Falta López
–¡¡Aparición de Julio López!! –comenzaron a gritar entre el público.
"Recién escuchaba un sentimiento que comparto: que aparezca Julio López", empezó Kirchner, rápido de reflejos. "Es la llama viva de que la impunidad sigue vigente entre nosotros", planteó. "Les puedo asegurar que hicimos todo lo que pudimos, pero... ¡cuántas trabas!", advirtió el Presidente, sin dar mayores precisiones. "Seguro que los monstruos de ayer seguirán amenazando", insistió.
"Me abrazo a todos los ladrillos", dijo Kirchner, en referencia a las placas. "Aquí vi los miles de nombres de los desaparecidos, y les quisiera explicar lo que nos cuesta que la justicia despierte. ¡Que los jueces dejen de ir y venir!", pidió el Presidente. "Yo veo que los más jerarcas no han pasado, o muy poquito", remarcó Kirchner, quien intentó adelantarse a las críticas por inmiscuirse con la división de poderes. "No es mi intención entrometerme... Pero tampoco vi a los responsables civiles", dijo, en probable referencia al ex ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz. También se refirió sin nombrarlos al sacerdote Christian Von Wernich y al represor Miguel Etchecolatz.
"Tenemos una Corte independiente. Sería importante que toda la estructura judicial se movilice", planteó Kirchner, quien retomó una de sus frases preferidas de la campaña ("yo sé que Cristina va a profundizar. Ella es más detallista en los temas jurídicos... Bah, en todo"). "Esto no divide a los argentinos. Al contrario, la justicia y la memoria unen. Que no haya delincuentes sueltos, une", reafirmó.
Lo interrumpió un avión que despegaba de aeroparque. "El ruido de los aviones acompaña el sentido del recuerdo", sostuvo, y mencionó los vuelos de la muerte. Por último, le prometió a las Madres que iba "a seguir trabajando" cuando deje la presidencia.
–¡Queeee hableeee! ¡Queeee hableeee! –le cantaron desde la tribuna a la presidenta.
"Muchas gracias", se limitó a responder ella. Unos segundos después, enfrentó los micrófonos, mientras se retiraba. "Hay una necesidad de justicia, que las causas puedan desarrollarse no con esta lentitud, que es agraviante no sólo para las víctimas y los sobrevivientes, que tienen que relatar una, dos, tres, cuatro veces, casi como un nuevo martirio, sino para la sociedad", sostuvo la senadora. Sobre el fondo del río, mientras comenzaba a llover, sólo quedaron las flores, que nunca alcanzan.

8 de noviembre de 2007
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el motín de la cárcel de hombres


[Horacio Cecchi] Los golpes de los guardias a los detenidos y las requisas vejatorias a las visitas fueron las causas de la protesta que derivó en tragedia.
Santiago del Estero, Argentina. El motín en el que se desató el incendio que, según la Justicia, provocó la muerte de 33 internos, en la Cárcel de Varones de Santiago del Estero, se inició durante una protesta por el recorte del horario de visitas y porque las mujeres fueron desnudadas y maltratadas durante la requisa de ingreso, según informaron los familiares de los presos, organismos de derechos humanos, el secretario de DD.HH. del obispado de Santiago, Sergio Lamberti, y todas las denuncias y antecedentes previos con que contaban las autoridades. Anoche, sin embargo, el ministro de Justicia santiagueño, Ricardo Daives, insistía en que el motín de había iniciado tras un intento de fuga de cuatro peligrosos delincuentes. Durante la mañana, tres pabellones más se sumaron al conflicto. Desde fuera se podían escuchar disparos en el interior del penal, y los familiares, a los gritos, pedían información. Pese a que a última hora las autoridades aseguraban que la situación en la antigua Cárcel de Varones estaba controlada, las ambulancias seguían entrando y saliendo mientras los familiares de los presos quemaban neumáticos cerca del penal en reclamo por algún mínimo de información de parte del gobierno. El saldo se completa con once heridos, cuatro de ellos muy graves.
El pabellón castigado fue el 2, ubicado en la planta alta del penal. En él había alojados 42 presos, de los cuales la mayoría estaba compuesta por internos procesados, sin condena. "La estructura del penal es obsoleta, es un penal viejísimo –dijo Lamberti, párroco de la iglesia San José–. En un sector donde tendrían que estar 15 personas hay más de 50. El propio presidente del Superior Tribunal de Justicia santiagueño, Leonel Suárez, admitió que la Cárcel de Varones "está al límite de su capacidad operativa y los pabellones son una trampa mortal". Como en toda situación de hacinamiento en las cárceles, el Poder Judicial tiene su parte de responsabilidad, Suárez reconoció que "puede haber algunos casos de mora judicial" como denuncian los reclusos, aunque prefirió apuntar hacia afuera y aseguró que "la mayoría de las causas están en juicio oral".
La Cárcel de Varones está ubicada sobre la calle Alsina 850, en plena capital santiagueña y a veintidós cuadras al sudoeste del centro de la ciudad. Tenía en 2005 una población de 444 presos, según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, de los cuales para esa fecha, 276 no tenían condena y había una sobrepoblación de 122 por ciento. Hoy, la cantidad de alojados es superior y nada indica que, como señalara Suárez, los procesados hayan descendido.

¿Cuántas personas hay alojadas en el penal?
No sé, más de 450. Alrededor de 467 están diciendo –aseguró sin asegurar un vocero del gobierno de Zamora.

¿En el pabellón 2 cuántos del total eran procesados?
No sé, eso hay que preguntarlo en la Alcaidía –sostuvo aunque en la Alcaidía se derivaba la información a Justicia y de Justicia al vocero de gobierno.

"No sabemos cuántas personas hay alojadas, ni cuántos metros tiene el lugar –denunció Antenor Ferreyra, abogado de la APDH de Santiago del Estero–. El gobierno no tiene ninguna información. No hay un vocero del gobierno que se pare y diga ‘éstos son los heridos, éstos son los muertos'".
Según la defensora pública Luisa Suárez, con consecuencias que ahora empiezan a entenderse.
Pero además, "las familias reclaman por el trato indignante a los que son sometidas cada vez que tienen visita, en muchos casos con la excusa de detectar si están ingresando drogas al penal –aseguró el párroco Lamberti–. La requisa de la comida se hace con una actitud de desprecio que indigna a las familias".
Según la información reunida por este diario entre familiares y organismos de DD.HH., este domingo, "durante la requisa a las visitas las mujeres fueron obligadas a desnudarse, tirarse en camas con las piernas abiertas y someterse a tacto vaginal con el argumento de que podían llevar drogas adentro", sostuvieron algunos familiares.
Para colmo, el domingo, sin que hubiera un motivo valedero, los guardias decidieron recortar el horario de visita, que debía extenderse hasta las 18, en una hora. A las cinco de la tarde los familiares fueron obligados a retirarse sin explicación previa. El odio y el hartazgo, con altas dosis de densidad humana, suelen estallar en conflictos.
La explicación del gobierno de Zamora, que sostuvieron sus voceros a rajatabla, fue el intento de fuga. El propio juez de la investigación, Antenor Ferreyra, anunció que iniciaría "una investigación hasta las últimas consecuencias", para determinar los motivos por los que no se apagó a tiempo el incendio. De todos modos, los datos que circulaban alrededor del penal y muchos de ellos anunciados por los mismos funcionarios, arrojaban ya algunas pautas: "La autobomba del cuartel de Bomberos de la policía de Santiago no funciona", señaló un integrante del cuerpo de bomberos. Y citó como ejemplo que, desde hace varios días, los aviones que deben aterrizar en el aeropuerto de la capital provincial deben ser desviados porque la única autobomba (la misma que no pudo apagar el incendio del pabellón 2) no funciona. "Hubo que pedir prestada la autobomba a los bomberos de La Banda, pero demoraron porque el camión estaba sin batería para arrancar". Para colmo, "los extinguidores dentro del penal estaban sin carga", confió un familiar.
Durante la mañana de ayer, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, envió a una comisión encabezada por Fernando Rinaldi, quien fuera titular de la Secretaría de Derechos Humanos de Santiago, durante la intervención. Rinaldi fue acompañado por un grupo de asistencia psicológica para familiares de víctimas. Por su lado, el ministro de Justicia nacional, Alberto Iribarne, se comunicó con el gobernador Gerardo Zamora y puso a su disposición "toda la colaboración necesaria". En principio, Zamora la rechazó y luego la aceptó. Iribarne envió entonces a un equipo de expertos penitenciarios del Servicio Federal.
La situación distaba de estar controlada como intentaba anunciar el gobierno: los pabellones 3 y 5 habían roto los candados y volvieron a tomar los pasillos hasta que la guardia del Grupo Especial de Tareas y Operaciones Armadas (Getoar) de la policía provincial dominó a los tiros la situación. Eran las dos, dos y cuarto de la tarde. Comenzaba la hora de la siesta en la capital provincial.

6 de noviembre de 2007
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catacumbas de la armada


[Diego Martínez] Inspección en la base naval de Puerto Belgrano.
Bahía Blanca, Argentina. Por primera vez en democracia, sobrevivientes del campo ilegal de detenciones que funcionó en la mayor base naval del país recorrieron el predio como inicio de un proceso judicial. El próximo paso serán las indagatorias a los marinos involucrados en la represión.
"Abran esa puerta", ordenó el fiscal Hugo Cañón. Pasaron cinco minutos. La llave no aparecía. "Abran", insistió. Al jefe de la Base Naval de Puerto Belgrano se le diluyó la sonrisa. El capitán de navío Néstor Omar Costa se quitó sus Ray-Ban oscuros de marco dorado, pidió que las cámaras no filmaran y acató, hacha en mano, la orden de la Justicia. Del otro lado sólo había papeles inútiles, pero para los sobrevivientes del campo de torturas y exterminio que funcionó en la mayor base naval del país, protagonistas por primera vez en 23 años de democracia de una inspección ocular a las catacumbas donde transcurrieron sus cautiverios, la imagen simboliza el comienzo de un proceso de justicia que lentamente avanza también en la inconmovible Bahía Blanca.
La medida fue ordenada por el juez federal ad hoc Eduardo Tentoni, que instruye la causa desde febrero, tras un año de excusaciones y recusaciones, en algunos casos por identificación con la dictadura. Acompañaron a los sobrevivientes representantes de las querellas: H.I.J.O.S. Capital y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local. En nombre de la Armada encabezó el contingente el comandante de operaciones navales, contraalmirante Luis Oscar Manino, secundado por Costa y el jefe de Baterías, capitán de navío Gustavo Eladio Ardusso. Gracias a un oportuno asueto por el "Día de la Madre" (sic), que benefició al personal con más de un cuarto de siglo en la Armada, los interlocutores de los visitantes a lo largo del trayecto fueron jóvenes sin protagonismo en los años ‘70.
La inspección comenzó por el Puesto 1, cerca de la entrada principal. En los días posteriores al golpe allí fueron interrogados, entre otros, los dirigentes peronistas Edgardo Carracedo, Jorge Izarra, Néstor y Hugo Giorno, que relataron ante el juez sus padecimientos. Los tres últimos fueron luego intendentes de Punta Alta. Durante tres semanas estuvieron encerrados en camarotes del crucero 9 de Julio, reciclado para la ocasión. Pese a los ojos de buey sellados, lograron ver los muelles de la dársena de Puerto Belgrano, donde hoy descansan los hierros chamuscados que catapultaron al estrellato al capitán Guillermo Tarapow.
Luego fue el turno de las baterías históricas, fortalezas de piedra con paredes de un metro de ancho levantadas a fines del siglo XIX para custodiar el puerto militar. A juzgar por pisos, paredes externas, eucaliptos, vías de trocha angosta y playas cercanas, coincidentes con los relatos de sobrevivientes, los detenidos-desaparecidos locales resistieron en alguna de esas casamatas. Es improbable que sin la confesión de algún marino la Justicia confirme con certeza cuál de las seis baterías funcionó como centro de detención. La inspección incluyó sólo dos, la sexta y la tercera, ambas abandonadas, actuales ‘villas cariño'. El silencio de los victimarios no permite descartar que el CCD haya funcionado en la cuarta, actual sede de un museo histórico.
Tentoni ya declaró nulas las leyes de impunidad y los indultos que beneficiaban a los oficiales imputados en los '80. El próximo paso serán las indagatorias no sólo de marinos detenidos en otras causas como Julio Torti, Antonio Vañek, Juan Carlos Malugani o Juan José Lombardo, sino también de quienes continúan impunes y libres, como el contraalmirante Raúl Alberto Marino, el capitán de navío Edmundo Núñez, los miembros de las patotas operativas, sus capellanes y sus subordinados de Prefectura.

5 de noviembre de 2007
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el genocidio argentino


[Santiago O'Donnell] Derechos internacional avanza poco a poco. Tan poco, de hecho, que los crímenes de la dictadura argentina no son considerados genocidio.
Argentina. Las sentencias a los represores Miguel Angel Etchecolatz y Christian von Wernich dicen que fueron condenados por cometer crímenes horrendos en el marco de un genocidio. En el caso del centro Arsenal Miguel de Azcuénaga, en Tucumán, la Justicia federal avanzó un paso más. Allí se juzga a un grupo de militares encabezado por Menéndez y Bussi, no ya por cometer crímenes dentro de un genocidio, sino directamente por el delito de genocidio. Más adelante la Corte Suprema tendrá que resolver si hubo o no genocidio en la Argentina. La respuesta no es tan obvia como parece.
Sucede que mientras la Justicia argentina y de varios países latinoamericanos parecen tener una idea de lo que constituye un genocidio, las cortes internacionales parecen tener otra, mucho más restrictiva, que dejaría afuera al caso argentino.
¿Y eso qué significa? En términos de castigo, nada. Un crimen de lesa humanidad conlleva la misma pena, la misma imprescriptibilidad y, al igual que el genocidio, no puede ser perdonado o amnistiado. Pero en términos simbólicos hay una diferencia. Y lo simbólico, en Derecho, no es irrelevante.
"El Derecho es tanto la posibilidad de castigo como la de construir un discurso de verdad", explica Daniel Feierstein, titular de la cátedra de Genocidio de la Universidad de Buenos Aires.
Cuentan los expertos que los firmantes de la Convención de Genocidio de 1948 quisieron asegurarse de que el término sólo se usara en casos muy especiales como el Holocausto y el genocidio armenio. La Unión Soviética, sobre todo, que cargaba con las purgas stalinistas, pero también Gran Bretaña, Estados Unidos y varios países latinoamericanos apoyaron e impusieron la idea de excluir la categoría ‘grupos políticos' de la lista de minorías perseguidas que forman parte de la definición de genocidio. Esa lista quedó reducida a ‘grupos étnicos' y ‘grupos nacionales'.
El debate por la exclusión de ‘grupos políticos' duró décadas, pero la definición restrictiva volvió a imponerse en el Tratado de Roma de 1998, que dio lugar a la creación del Tribunal Internacional de La Haya. Las últimas decisiones de las cortes internacionales apuntan en esa dirección.
En el caso de la ex Yugoslavia, donde abundan ejemplos de limpieza étnica, el tribunal dictaminó que –salvo en la matanza de Sbrenica– hubo crímenes de lesa humanidad a granel, pero no genocidio.
En el caso de Darfur, las primeras órdenes de captura pedidas por el fiscal argentino Luis Moreno Ocampo son por crímenes de lesa humanidad, no genocidio. Eso no quiere decir que más adelante no presente cargos de genocidio, pero aún no ha sucedido. Moreno Ocampo dijo que presentó esos cargos en base a las pruebas recogidas, pero que no puede hablar sobre una investigación en curso.
En el caso de Camboya, donde se investigan matanzas de millones de personas durante el régimen de Pol Pot, el tribunal aún no ha decidido si hubo genocidio. Ahí también se generó un debate porque los números son apabullantes, pero la mayoría de las víctimas y de los victimarios pertenece a los mismos grupos étnicos y nacional.
Hasta ahora el único genocidio declarado por los tribunales internacionales fue el de los tutsi, en Ruanda. De los casos latinoamericanos, el que más se acerca a los criterios de la corte internacional es el exterminio de pueblos indígenas en Guatemala, pero ningún caso vinculado a ese hecho ha llegado a La Haya o Costa Rica.
"En América Latina se hace una interpretación amplia y liberal del término genocidio que no está en sintonía con lo que está pasando a nivel internacional", dice William Schabas, titular de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Irlanda-Galway. "La definición de la ONU tiene sentido. Existe una convención contra la discriminación racial pero no contra la discriminación en general. Con el genocidio se buscó destacar los crímenes contra razas y naciones."
Según Schabas, para la corte internacional no basta la persecución y desplazamiento de un pueblo para que haya genocidio, sino intención de aniquilamiento. "En la ex Yugoslavia las fronteras estaban abiertas y se permitió la huida de las minorías étnicas. Esa circunstancia fue tomada en cuenta para la no aplicación del delito de genocidio."
Sin embargo, varios países del mundo, incluyendo Francia, tienen leyes de genocidio que contemplan la persecución de grupos políticos. El dictador Marian Mengistu fue condenado en enero de este año por genocidio en Etiopía, otro de los países con ley de genocidio que contempla grupos políticos. Los autores de esa ley contaron con el asesoramiento del subsecretario actual de Derechos Humanos de Argentina, Rodolfo Matarolo.
El primer magistrado en determinar que ocurrió un genocidio en la Argentina fue el español Baltazar Garzón. En 1998, pidió la extradición a Gran Bretaña del dictador Pinochet por su responsabilidad en el genocidio contra los grupos nacionales de Chile y Argentina en los ‘70. El pedido fue avalado por una decisión unánime de la Corte Suprema española, que dictaminó que la Justicia de ese país era competente para juzgar a Pinochet por el delito de genocidio. Pero la Cámara de Lores británica, siguiendo el criterio de la corte internacional, rechazó el cargo y denegó la extradición.
La Corte Suprema española dio un vuelco en el 2005 cuando sentenció al ex marino Adolfo Scilingo a 640 años de cárcel por matar a 30 personas en vuelos de la muerte. En ese caso desechó la imputación de genocidio que había hecho Garzón y lo condenó por delitos de lesa humanidad.
En América latina el primer fallo por genocidio ocurrió en Brasil en 1997 cuando una corte federal condenó a cinco ‘garimpeiros' o mineros a 19 años de prisión por su rol en la masacre de 12 indios yanomami en la frontera venezolana en 1993. Los yanomami habían vivido aislados de la civilización hasta 1950 y desde el arribo de los garimpeiros en los '70, unos 2000 aborígenes de esa tribu habían muerto por ataques o enfermedades transmitidas por los mineros. En agosto del año pasado la Corte Suprema brasileña confirmó el fallo, basado en la ley brasileña de Genocidio de 1956, que copia la definición de la Naciones Unidas.
El mes pasado el gobierno boliviano invocó su propia ley de genocidio para solicitar la extradición desde Estados Unidos del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de la matanza de la Guerra del Gas, cuando 50 manifestantes murieron en la balacera policial que precedió a la caída de su gobierno en el 2003. La ley boliviana, además de la definición de Naciones Unidas, considera genocidas a "el o los autores, u otros culpables directos o indirectos de masacres sangrientas en el país". La petición del fiscal a los Estados Unidos fue avalada por un voto del congreso boliviano.
En México, en cambio, el cargo de genocidio contra el ex presidente Luis Echeverría por la masacre de Tlatelolco en 1969 no prosperó. Primero una comisión especial creada por el gobierno de Vicente Fox para investigar la recordada masacre de los estudiantes imputó a Echeverría con el crimen de genocidio. Después un juez lo procesó y ordenó su arresto domiciliario. Después otro juez lo dejó libre y dijo que hubo genocidio, pero no podía probarse la responsabilidad del ex presidente, ni de ninguno de los otros imputados. Después la Corte Suprema desechó el cargo de genocidio, argumentado que no estaba fundamentado.
La única corte internacional en la región, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podría considerar en breve un caso de genocidio por motivos políticos. Se trata del caso de la Unión Patriótica colombiana, un partido político formado por ex guerrilleros, cuyos candidatos y militantes fueron sistemáticamente perseguidos y eliminados en los ‘90. "Estamos estudiando el caso y los querellantes nos han pedido que se los juzgue por homicidio", dijo Víctor Abramovich, miembro de la CIDH, la comisión encargada de presentar casos ante la corte. La ley colombiana de genocidio, aprobada en 2000 después de un fuerte cabildeo de los sobrevivientes de Unión Patriótica, incluye "grupos políticos" en su definición.
En la megacausa contra los represores argentinos Garzón usó varios criterios, o caminos, para llegar a la definición de genocidio de las Naciones Unidas. De todos ellos, el tribunal de La Plata que condenó a Von Wernich y Etchecolatz utilizó el de "destrucción parcial de grupo nacional".
"Me parece el criterio más apropiado porque el Proceso de Reorganización Nacional propuso transformar al conjunto de la sociedad argentina, por lo tanto la eliminación de distintos grupos políticos era el medio, pero el fin era la destrucción parcial del grupo nacional argentino y en ese sentido constituye el delito de genocidio", señala Feierstein.
Entre los abogados vinculados a los derechos humanos el genocidio argentino es tema de debate. Las ONG vinculadas a los sobrevivientes de los centros clandestinos encabezan la corriente de pensamiento que apoya la idea de juzgar por genocidio a los represores. Pero otros expertos señalan que en la Argentina el delito de genocidio todavía no se tipificó y que ése debería ser el primer paso. (En Tucumán se utiliza la figura de "delito internacional de genocidio", invocando los tratados internacionales sobre el tema a los que adhiere la Argentina.) También dudan de que el delito pueda aplicarse retroactivamente a represores ya condenados por delitos de lesa humanidad, teniendo en cuenta que se violaría el principio de cosa juzgada por un castigo que terminaría siendo el mismo.
Lo que nadie parece disputar es que un plan sistemático para desaparecer personas y robar bebés es algo especial que merece un tratamiento acorde en la justicia, que va más allá del delito individual.
Para Juan Méndez, quien fuera hasta abril pasado asesor especial del secretario general de la ONU para el Estudio y la Prevención de Genocidio, el derecho evoluciona y lo que no es ahora puede ser más adelante.
"Las sentencias de Von Wernich y Etchecolatz representan una buena evolución –opinó Méndez, actualmente director de la ONG Centro Internacional para la Justicia en Transición–. No fueron hallados culpables de genocidio, sino de crímenes `en el contexto de un genocidio'. Para el derecho penal ese ‘contexto' no quiere decir nada. Pero lo que las sentencias agregan es reconocer el carácter de la represión en la Argentina y darle el nombre de genocidio, válido para el derecho argentino aunque no para el derecho internacional, pero que se va agregando a una tendencia y algún día se puede dar."

sodonnell@pagina12.com.ar

4 de noviembre de 2007
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más represores a la cárcel


Presentación de la Secretaría de Derechos Humanos. Por la detención de Patti.
Nota madre:

Argentina. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió la detención del represor Luis Abelardo Patti, en el marco de la causa que investiga el secuestro y asesinato del ex diputado Diego Muñiz Barreto durante la última dictadura. La detención del ex comisario y de otras seis personas fue solicitada al juez federal de San Martín, Alberto Suárez Araujo.
Los demás involucrados son Juan Fernando Meneghini, Eduardo Isidro Arana, Antonio Francisco Molinari, Eduardo Espósito, Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez.
Muñiz Barreto y su secretario, Juan José Fernández, fueron detenidos ilegalmente por Luis Patti en Escobar, provincia de Buenos Aires, el 16 de febrero de 1977, señaló la Secretaría de Derechos Humanos en un comunicado. Los secuestrados pasaron por la comisaría de Escobar, fueron trasladados luego a la Unidad Regional Tigre y finalmente al centro clandestino de detención de Campo de Mayo, uno de los mayores campos de concentración y exterminio de la dictadura, junto a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). De Campo de Mayo salieron el 5 de marzo de 1977 en un Fiat 128, adormecidos con una sustancia y arrojados con el vehículo a un arroyo cercano a la localidad de Raíces Oeste, departamento de Villaguay, en la provincia de Entre Ríos. Muñiz Barreto falleció, pero Fernández logró salir con vida y antes de partir al exilio dejó su testimonio sobre las circunstancias del secuestro y asesinato del ex diputado ante un escribano público.
El nombre de Patti figura denunciado desde un primer momento, según consta en la causa. Además, la familia de Muñiz Barreto lo mencionó en una presentación ante la Nunciatura Apostólica, y pocos días después el diario Buenos Aires Herald publicaba que había sido Patti quien detuvo al ex diputado de la Juventud Peronista. En esa época oficial subinspector de la Policía Bonaerense, Patti estaba asignado al servicio de calle de la comisaría de Escobar, cuyo jefe era Juan Fernando Meneghini, y era una pieza esencial de la trama represiva en la zona.
El pedido de la Secretaría de Derechos Humanos se suma al que efectuara la familia de Muñiz Barreto y está ahora a consideración del magistrado. Patti también se encuentra imputado por otras violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, como la desaparición y muerte de Gastón Gonçalves y los asesinatos de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi. En el esquema de la represión, la Unidad Regional de Tigre y la comisaría de Escobar operaban en la órbita de la Zona 4, que comandaba el general Santiago Omar Riveros, en el área 410, encabezada por Eduardo Espósito.

2 de noviembre de 2007
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víctimas del prefecto febres


"Me había picaneado". Las victimas en el juicio a Febres.
Argentina. "Vino el oficial de Inteligencia Raúl Scheller, ‘Mariano', y me entregó la alianza que llevaba puesta Alejo para demostrarme que lo habían asesinado. Me preguntó si yo quería ver el cadáver... Tenía dos tiros en la cara. Uno entre ceja y ceja, el típico tiro de gracia. Fue ejecutado." El relato pertenece a Cristina Inés Aldini, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada y testigo en el quinto día del juicio contra el prefecto Héctor Febres. El testimonio de Carlos Muñoz fue un claro ejemplo de la jerarquía que tenía el acusado dentro del centro clandestino: "Fue responsable de organizar el viaje desde la ESMA a la isla de Tigre conocida como ‘el Silencio'". El operativo a cargo de Febres se había realizado para remodelar el lugar y ocultar las salas de tortura por la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país.
"La única alternativa era la autoeliminación. Pensé en alguna forma y lo intenté, pero sin éxito", confesó Aldini. Ella era docente y fue secuestrada al igual que su pareja, Alejo Alberto Mallea, asesinado por oficiales de la Marina. Los jueces del Tribunal Oral Federal Número 5, Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado, escucharon ayer las torturas que sufrieron los ex desaparecidos en la ESMA durante la dictadura militar. La mujer explicó que la mayoría de los sobrevivientes fueron obligados a trabajar para sus represores como parte de lo que llamaban "un programa de recuperación para hacerse con recursos humanos para el proyecto de Massera". El ex jefe de la Marina quería acceder a la presidencia a través del partido de la Democracia Social, para lo que utilizaba el diario Convicción y emitía el boletín Informe Cero.
Carlos Muñoz formó parte de la "mano de obra esclava" de la Esma, en la que tuvo que falsificar todo tipo de documentos. El testigo relató que, junto a una de las víctimas y querellantes en el juicio, Carlos Lordkipanidse, contó "unos cinco mil nombres" de personas en cautiverio. Habían accedido a un microfilm con las fichas, historias personales y destino de los secuestrados. Al ingresar en la ESMA las víctimas eran llamadas con números del 1 al 1000, cifra en la que volvía a empezar la cuenta.
Avanzado el supuesto "proceso de recuperación" algunos secuestrados tenían permiso salir de la ESMA, aunque eran acompañados por los represores. El 22 de abril de 1979, Febres llevó a Muñoz a festejar el cumpleaños de su madre junto a otro represor. "Me acompaña y estuvimos juntos en la mesa, mi familia y dos represores, después volvimos a la ESMA", narró. "Febres me había dado picana", afirmó Muñoz, que sabía que el prefecto era "responsable de su caso" por sus propias palabras.

2 de noviembre de 2007
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torturador calificado


[Victoria Ginzberg] Difundieron los fundamentos de la sentencia contra von Wernich. Por su condición de sacerdote tuvo un rol "específico" y "trascendente" en el plan criminal. Hablaron de genocidio.
Argentina. "Es tan torturador el que enchufa el cable en la pared como el que enciende la radio para que no se escuchen los gritos, el que pasa la picana por los genitales de la víctima o el que llega después a ‘aconsejarle' que hable para no ser torturado nuevamente. Ahora bien, cuando el que llega después a dar esos consejos es además un sacerdote que se maneja con autoridad ante los carceleros entrando y saliendo a su antojo de las celdas no es un torturador cualquiera, es uno calificado." Así definieron los jueces Carlos Rozanski, Norberto Lorenzo y Horacio Isaurralde al ex capellán Christian von Wernich al dar a conocer los fundamentos del fallo por el que condenaron al cura a reclusión perpetua.
El juicio contra Von Wernich que llevó adelante el tribunal oral número 1 de La Plata terminó el 9 de octubre pasado. Ese día, los jueces anunciaron que el sacerdote recibía la pena máxima por ser considerado culpable de 34 secuestros y 31 casos de torturas, además de la privación ilegal de la libertad y el asesinato de siete personas. Fue el primer miembro de la Iglesia Católica condenado por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Ayer, el tribunal difundió los fundamentos de ese fallo y dejó en claro que las pruebas acumuladas dan cuenta de la participación acabada del sacerdote en los crímenes del terrorismo de Estado que los magistrados calificaron como "genocidio".
Von Wernich fue capellán de la Policía Bonaerense que comandaba el represor fallecido Ramón Camps, quien contó con el cura –según el escrito elaborado por Rozanski al que adhirieron sus colegas– "para integrar la patota de torturadores itinerantes". El acusado no escuchó los argumentos del tribunal. Unos minutos después de que comenzara la lectura del fallo, pidió retirarse de la sala.
A diferencia de los abogados de otros represores, la defensa del sacerdote no cuestionó que la dictadura hubiera llevado adelante un plan de exterminio de personas. La estrategia de Juan Martín Cerolini y Marcelo Peña fue buscar desligar puntualmente al cura por esos hechos. Uno de sus argumentos fue que Von Wernich llegaba "después de la tortura". Pero los jueces los rebatieron al sostener que la tortura no se limitaba al uso de la picana eléctrica, sino que ese instrumento era parte de un sistema y, además, las condiciones de vida en los campos ya eran de por sí un tormento.
Los defensores también intentaron justificar la presencia de Von Wernich en los centros clandestinos en su rol de "asesor espiritual" de los detenidos. "La lógica más elemental indica que la pretendida función pastoral no pasa de un intento de la defensa de mejorar la comprometida situación procesal del nombrado", señalaron los jueces. Y agregaron que "es obvio que Von Wernich no sólo tenía pleno conocimiento del exterminio en curso, sino que además participó activa y entusiastamente de él como verdadero ‘cuadro' que era".
El hecho de que el represor fuera un sacerdote mereció más de una mención en los fundamentos del fallo: "Piénsese –señalaron los magistrados– que su calidad de religioso le permitió tanto la utilización de los hábitos y símbolos característicos, como los conocimientos que la formación de su oficio le brindaron. (...) La combinación de la imagen física de un sacerdote sin uniforme policial pero con los atributos religiosos –sotana o clergyman y cruz– en un ámbito como el de los centros clandestinos es irreemplazable. (...) El rol que tuvo en el plan criminal fue específico y trascendente y en distintos aspectos, más importante aún que el de muchos de los demás criminales que actuaron en los centros clandestinos de detención o exterminio". Y finalmente: "Es un torturador y asesino que para llevar adelante su tarea utilizó los hábitos sacerdotales de la Iglesia Católica Apostólica y Romana".
El escrito alude también al pedido de las querellas para que el cura sea condenado por genocidio. El mismo tribunal, al juzgar al ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, señaló que correspondía calificar a los crímenes de la última dictadura como un "genocidio", pero no condenó al represor por ese delito, ya que no había sido indagado bajo esa figura. Lo mismo ocurrió esta vez. El fallo habla nuevamente de crímenes cometidos "en el marco de un genocidio", pero profundiza la reflexión al respecto. En base al trabajo del sociólogo Daniel Feierstein, se menciona a la última dictadura como ejecutora de un "genocidio normalizador" que tenía como objetivo la "destrucción y refundación de las relaciones sociales". Los jueces decidieron enviar una copia del fallo al obispado de 9 de Julio, del que depende el reo, y al cardenal Jorge Bergoglio. Luego de la condena, la Iglesia dijo que revisaría "oportunamente" la situación del represor, que sigue preso en Marcos Paz. Von Wernich sigue autorizado para celebrar misa, casar, bautizar y confesar.

2 de noviembre de 2007
2 de noviembre de 2007
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llegó carapintada deportado


Un ‘Nabo' que fue deportado. Llegó el represor y carapintada Ernesto Barreiro.
Argentina. Fue jefe de los represores del campo de concentración La Perla y vocero de los carapintadas. Estuvo detenido en Estados Unidos por dar información falsa al entrar al país. Ahora será juzgado en Argentina.
Para los pocos sobrevivientes fue uno de los torturadores sádicos de La Perla, jefe del equipo de interrogadores y conductor de los grupos de tareas entre 1976 y 1977. Hace seis meses, volvió a ser recordado por un absurdo: a pesar de los pedidos de extradición argentinos, la Justicia norteamericana lo detuvo por haber mentido con los datos de su ingreso a ese país. Aquel proceso incluyó una condena de seis meses de prisión que acaba de concluir y la orden para deportarlo. Ernesto ‘El Nabo' Barreiro, militar retirado, vocero del levantamiento carapintada de la Semana Santa y hasta ¡coleccionista de arte! entre los vecinos del norte, llegó a Ezeiza a las 9.20. Apenas lo hizo quedó detenido. Ahora espera en Campo de Mayo la indagatoria por más de "una docena" de causas pendientes.
"...Me desnudaron y me ataron a los elásticos de una cama, de las muñecas y los tobillos, con esposas. Quien me aplicó la picana fue el Teniente 1ro. Ernesto Guillermo Barreiro, quien me decía que era agente de la CIA", narró Gabriel Mayorga, en ese momento de 16 años.
Barreiro llegó a Buenos Aires en un vuelo de United Airlines 847 desde Estados Unidos, acompañado por personal de Migraciones del gobierno norteamericano que trataban de evitar que escapara. Una vez en tierra, lo esperaba una patrulla de Interpol para dejarlo en manos de la Policía Federal, encargada de custodiarlo hasta el alojamiento en Campo de Mayo.
Entre la docena de causas pendientes, Barreiro aguarda la investigación por la desaparición de Diego Huzinker, un estudiante de 17 años del colegio Monserrat de Córdoba detenido el 3 de septiembre de 1977 en la Casa de Hidráulica y asesinado entre el 21 y 22 de ese mes. Los expedientes están en manos de la jueza Cristina Garzón de Lascano y de la fiscal Graciela López Filoñik, que luego de conducir el proceso dictaron la orden de captura internacional del represor hace tres años. En ese momento, Barreiro echaba raíces en Estados Unidos.
‘El Nabo' estuvo detenido en 1987 en Córdoba, en el marco de las primeras investigaciones sobre lo que sucedió en uno de los centro clandestinos más importante del país. Cuando la Cámara Federal lo convocó a declarar, él se negó y ese rechazo se convirtió en el inicio de la revuelta de la Semana Santa de ese año, que culminó en la probación de la Ley de Obediencia Debida, semanas más tarde. Más luego, los organismos de derechos humanos de la provincia recuerdan que fundó el MODIN (Movimiento por la Dignidad Nacional), se acercó al menemismo de la mano de la FELAC, la fundación de Alberto Kohan y trabajó como asesor de la familia Trusso, propietarios del quebrado Banco Comercial de La Plata.
Barreiro nació en Buenos Aires, vivió en Bahía Blanca y se casó con Ana Delia Maggi, que en los últimos años respondía en inglés el paso de un periodista que intentó entrevistarla en la coqueta casa norteamericana.
Barreiro y Maggi huyeron a Estados Unidos en 2004, un día antes de que la justicia federal dicte una nueva orden de captura. Lo que siguió fue contado por las crónicas de todo el mundo en los últimos meses. El ex mayor del Ejército compró una casa por 250 mil dólares en The Plains, un pueblo a 80 kilómetros de Washington, era tratado como parte de una familia de vecinos "simpáticos", "reservados" y "elegantes" propietarios de un chalet. En la planta baja colocaron el local de arte y antigüedades, y una sucursal en Barcelona atendida por un hijo.
"Después de la fuga, nosotros empezamos a buscarlo y de a poco fuimos obteniendo los datos que nos indicaron dónde estaba", explica en este caso Claudio Orosz, abogado de las victimas y familiares de los desaparecidos. En su "repatriación" trabajó el juzgado federal de Córdoba, la Dirección de Migraciones argentina y de Estados Unidos en un proceso que terminó de decantarse el 1º abril. Lo detuvieron en Arlington luego de que se conociera cómo había hecho su visa.
"Lo que finalmente ocurrió es que lo juzgaron por las mentiras", explica Orosz. "Porque mintió para entrar al país y dijo que no tenía causas penales y que no había estado detenido en Argentina." Barreiro estuvo preso desde entonces. En todos estos meses, la Justicia argentina le dio documentación a sus pares norteamericanos del Estado de Virginia donde el juez de migraciones J.S. Ellis se encargaría de juzgarlo. Envió las certificaciones de su detención en 1984, exactamente quince días antes de la sentencia. Eso terminó de cercarlo: "Era tan abrumadora la prueba –dice Orosz– que la defensa de Barreiro tuvo que presentarse antes al juez para reconocer su culpabilidad". De todos modos, el 21 de septiembre Ellis lo condenó a seis meses de prisión allí y ordenó deportarlo.
"Usted debería estar muy agradecido porque si yo fuese el juez encargado de fijar la sentencia por los actos atroces e inhumanos de los que está acusado en su país –le dijo Ellis– yo le daría más de cien años de cárcel."
Los seis meses de la detención efectiva acaban de cumplirse. Barreiro llegó al país ‘deportado'. "Es necesario aclarar que no lo extraditaron sino que lo deportaron", explica Orosz. Las extradiciones se hacen por el pedido de un país a otro y para que la persona sea juzgada por esa sola causa. La deportación, en cambio y como sucede ahora, no tiene restricciones. Barreiro comienza ahora otro proceso: el de La Perla, que todavía tiene pendiente.
El embajador norteamericano, Earl Wayne, manifestó ayer la "satisfacción" por el trabajo conjunto de las autoridades argentinas y norteamericanas que culminó con el viaje del represor a Buenos Aires.

31 de octubre de 2007
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