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eeuu deporta a represor argentino


Ex represor llega a Argentina extraditado desde Estados Unidos.
El mayor retirado del Ejército argentino Ernesto Barreiro llegó hoy a Buenos Aires extraditado desde Estados Unidos y será juzgado por crímenes de lesa humanidad perpetrados en su país durante la última dictadura militar (1976- 1983).
El represor, a quien se acusa de haber estado a cargo de una de las cárceles clandestinas montadas por el régimen militar, fue trasladado desde Washington en un vuelo de la aerolínea United por personal de las delegaciones de Interpol en EE.UU. y Argentina.
Nada más llegar al aeropuerto internacional de Ezeiza, Barreiro fue llevado a una guarnición militar situada a las afueras de Buenos Aires en medio de estrictas medidas de seguridad, informaron fuentes policiales.
En septiembre pasado el ex mayor fue sentenciado a seis meses de prisión y tres años de libertad vigilada por fraude migratorio en Estados Unidos, país al que había emigrado en 2003.
A Barreiro se la acusa de haber dirigido ‘La Perla', como los agentes de la dictadura llamaban al centro clandestino de detención y torturas más importante del interior del país, ubicado en la provincia de Córdoba (centro).
En Estados Unidos el ex militar, de 59 años, fue arrestado en abril último y se declaró culpable de cometer fraude en su solicitud de visado para emigrar a ese país en 2003, según la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
En la solicitud que entregó en el consulado de EE.UU. en Buenos Aires, Barreiro "falsamente afirmó que nunca había sido arrestado por un crimen en Argentina" cuando en realidad "fue acusado y detenido en 1984 y 1987 por presuntos actos de tortura y secuestro que resultó en la muerte de detenidos", agregó el ICE.
Hace tres años, la Justicia argentina lo había declarado prófugo en una causa por el secuestro y la desaparición de un estudiante de Córdoba en 1977 y libró una orden internacional de captura en su contra.
Un tribunal cordobés lo había citado a declarar en 1987 por crímenes de la dictadura, pero Barreiro rehusó presentarse y ese hecho desencadenó una intentona golpista contra el gobierno del entonces presidente, Raúl Alfonsín (1983- 1989).

30 de octubre de 2007
©la nación
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abrió la puerta y lo mataron


El dueño de una casa de La Paternal le abrió al repartidor del delivery y se encontró con dos ladrones que lo fusilaron por la espalda. Tras el asesinato, los delincuentes huyeron.
Buenos Aires, Argentina. "Seguro que el del delivery se olvidó algo", debe haber pensado Edelman Anaya cuando, momentos después de recibir y pagar la pizza que había encargado, el timbre volvió a sonar en su casa. Del otro lado de la puerta, la voz del repartidor le reforzó la suposición y entonces le abrió nuevamente. Se encontró con dos hombres armados que, según el relato de su familia, le dijeron que les entregara "la guita", aunque segundos después lo asesinaron de un balazo en la espalda. El episodio ocurrió ayer en La Paternal.
Anaya, un ciudadano venezolano de 28 años que vivía en el país desde hace siete meses, murió prácticamente en el acto luego de que los delincuentes le dispararan a quemarropa y desde una distancia menor a los dos metros, en la entrada de su casa ubicada en Lascano 2353. Al momento del homicidio, junto a Anaya estaban su esposa, embarazada, y sus dos hijos, uno de tres años y otro de seis. "Después que el delivery se fue volvieron a tocar la puerta y, al atender, le pegaron un tiro, no le dieron tiempo a nada..., entraron a la casa y le pegaron un tiro, no robaron nada", describió acongojada Mary, la suegra de la víctima.
Si bien el hecho se presenta algo confuso, el testimonio del empleado de la pizzería parece aclarar algunos puntos. Según él, apenas dejó el pedido en la casa de Anaya, tres ladrones –dos de ellos armados– lo interceptaron, lo golpearon y le robaron la recaudación. Después de eso, lo obligaron a volver a tocar el timbre de la casa de Anaya y a decirle que hubo un error en el vuelto, con la intención de que el joven venezolano abriera nuevamente la puerta.
Mientras la víctima escuchaba, con la puerta cerrada, la explicación del repartidor, dos de los delincuentes se escondían para sorprender al dueño de casa. Las fuentes policiales graficaron: "Uno de los dos que estaban armados se agachó atrás del chico de la moto, mientras el otro se ocultó al costado de la entrada de la casa". Apenas abrió, los delincuentes se pusieron enfrente de la entrada y apuntaron a Anaya con sus armas. "Flaco, esto es un asalto, traé la guita", gritó uno de ellos, siempre según el relato del repartidor.
A partir de ese momento, todo se vuelve difuso. Porque los testimonios del empleado de delivery y de la familia de la víctima que estaba en la casa coinciden en que el joven ni siquiera intentó resistirse al asalto. Sin embargo, al ciudadano venezolano la bala disparada por los asesinos le ingresó por la espalda, a la altura del hombro.
¿La víctima se dio vuelta para ir a buscar el dinero? ¿O intentó cerrar la puerta para evitar el robo? La investigación busca determinar esos interrogantes. Pero pese a que los criminales se fueron sin llevarse nada, sobre un punto las fuentes policiales consultadas por Página/12 no mostraron muchas dudas: "Todo hace suponer que se trató de un fallido intento de robo, no hay elementos que indiquen lo contrario", sostuvieron. Una de las hipótesis que tiene la investigación para intentar explicar por qué los ladrones dispararon aunque no hubo atisbo de resistencia es que al asaltante que tiró se le haya escapado el balazo fatal.
El episodio ocurrió a la vista de la mujer de Anaya, que está embarazada, y los dos hijos, de 3 y 6 años, de la pareja. Fueron ellos quienes, apenas vieron lo sucedido, llamaron a una ambulancia. Pero fue en vano, ya que cuando llegó el médico del SAME lo encontró muerto y pese a que realizó varios intentos de reanimación, no logró su cometido. Anaya era analista de sistemas y vivía con su familia en La Paternal desde hacía siete meses.
El caso es investigado por la División Homicidios de la Policía Federal y el fiscal Joaquín Rovira, mientras que el juez de instrucción a cargo es Eduardo Daffis Niklison. Tras las primeras averiguaciones, el episodio fue caratulado como "tentativa de robo y homicidio".

27 de octubre de 2007
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detenidos en caso de triple crimen


[Raúl Kollmann] Y al séptimo día hubo dos detenidos. Acusan a un empleado publico y a cuatro barrabravas por el triple crimen.
Argentina. Después de realizar cinco allanamientos en La Plata y Ensenada, la Justicia ordenó la detención de un empleado provincial, a quien acusan de instigador del crimen, y de un barrabrava de Estudiantes, quien tendría una herida de bala en la mano. Hay otros tres sospechosos, uno de ellos ex policía. Se refuerza la hipótesis del crimen pasional.
Una semana después de la masacre de tres policías bonaerenses en un destacamento de las afueras de La Plata, los investigadores sostienen que ya resolvieron el caso. La Justicia ordenó la detención de dos hombres, un empleado público y un barrabrava de Estudiantes de La Plata, en cuyas viviendas se encontraron algunos elementos que podrían incriminarlos: ropa manchada de sangre, un par de zapatillas cuya huella coincide con las halladas en la escena del crimen, cuchillos y una herida (posiblemente de bala) en la mano de uno de los sospechosos. Al hermano de una de las víctimas le parece "muy extraño" que los autores del crimen se hayan quedado con todos esos elementos.
El empleado público, identificado como Leandro Colucci, habría sido el instigador del crimen, según afirman los investigadores policiales y del Ministerio de Seguridad bonaerense. Pero también habría participado del hecho. Según esa hipótesis, el sospechoso habría contratado a cuatro pesados de la barra brava ‘pincha' para vengarse de uno de los policías destacados en la Planta de Comunicaciones del Ministerio de Seguridad, por una razón vinculada con una relación sentimental con una mujer.
Uno de esos barrabravas fue detenido ayer, con el brazo vendado. El hombre admitió que recibió un balazo, aunque dijo que fue producto de un incidente ocurrido el domingo último en un partido de fútbol. Los investigadores creen, en cambio, que recibió un disparo del sargento Pedro Díaz, el único que se defendió en la madrugada del viernes pasado. Al cierre de esta edición no se había dispuesto ninguna medida contra los otros tres barrabravas de Estudiantes, uno de ellos ex policía, que, según la pesquisa, también habrían sido contratados por Colucci –un hombre que, según fuentes policiales, tendría serios antecedentes psiquiátricos– para cometer el asesinato. Es que las fiscales sostienen que todavía no hay elementos suficientes para disponer la privación de la libertad.
En principio, el móvil del triple crimen habría sido la venganza contra el oficial Alejandro Vatalaro (27), que recibió 33 puñaladas durante el ataque. El uniformado habría mantenido una relación amorosa con una joven policía, relacionada con Colucci, y éste habría sido quien impulsó la represalia. Según la línea de razonamiento de los investigadores, para consumar la venganza habría recurrido a cuatro barrabravas de Estudiantes, uno de ellos policía bonaerense exonerado en 1997.
Según los investigadores, la trama en la que se trabajó ayer recuerda –tal como anticipó este diario el lunes último– a lo ocurrido cuando se produjo el crimen del fotógrafo José Luis Cabezas. En aquel hecho también fueron contratados cuatro barrabravas de Estudiantes del barrio platense de Los Hornos, por lo cual pasaron a ser conocidos como Los Horneros. Sin embargo, aquellos cuatro no eran únicamente patoteros del mundo del fútbol: revistaban también en una corriente interna del justicialismo y, más aún, fueron entregados a la Justicia por un senador del PJ. En La Plata dicen que las cosas ahora son similares y por eso los investigadores buscan en las imágenes de los incidentes del 17 de octubre del año pasado en la quinta de San Vicente, para detectar si algunos de esos hombres participó de aquella gresca descomunal, durante el traslado de los restos del ex presidente Juan Domingo Perón. En esa ocasión, en el bando que se enfrentó con el grupo del gremio de los camioneros participaron integrantes de la hinchada de Estudiantes, como fuerza de choque del dirigente de la Uocra de Juan Pablo ‘El Pata' Medina.
Si bien todo apunta a un móvil pasional, los investigadores creen que por la forma en que fue cometido el hecho, sus autores tuvieron la intención de crear conmoción. Anoche, desde una agencia de noticias de La Plata se aseguraba que Colucci revista en las filas de uno de los candidatos a la intendencia de La Plata, hecho que fue rápidamente desmentido por esa agrupación política. En todo caso, podría decirse que los barrabravas no estarían únicamente ligados al fútbol. Es más, uno de ellos evidencia un pasar aceptable: se mueve en un BMW amarillo.
Ayer, desde temprano, se presumía que podría haber novedades importantes sobre la causa: el gobernador Felipe Solá recibió a los familiares de uno de los policías asesinados el viernes pasado y el ministro de Seguridad, León Arslanian, salió a informar que habría "novedades en las próximas horas".
Por la tarde, el juez en lo Criminal de La Plata ordenó cinco allanamientos a otras tantas viviendas, en respuesta a un pedido de la fiscal Leyla Aguilar, a cargo de la investigación.
En cuatro de los cinco domicilios allanados ayer en La Plata y Ensenada se encontraron elementos que podrían estar vinculados con el triple crimen. Remeras y pulóveres manchados con sangre, zapatillas cuyo dibujo de suela podría corresponderse con algunos de los tres detectados en los alrededores de la planta transmisora. Se encontró también un toallón con el que se trató de limpiar sangre, una gorra de policía, un jogging que tiene rastros de tierra y vegetales que podrían corresponderse con los del predio donde se cometió el crimen, un frasco de una sustancia antiséptica en el que también hay restos de sangre, un llavero con manchas, cuatro cuchillos que serán analizados para ver si fueron los usados para matar a los policías; 35 cartuchos calibre 9 milímetros y cuatro cartuchos calibre 12/70 que es el que corresponde a la escopeta robada después del homicidio.
Uno de los domicilios allanados fue la casa de Colucci, en 74 y 30. El sospechoso es empleado de un ministerio de la provincia. En otra vivienda fue hallado un automóvil Chevrolet Corsa de color blanco, que habría sido visto en el lugar del hecho.
Después de que los investigadores policiales les presentaran la evidencia encontrada a las fiscales Leyla Aguilar y Cristina Larroca, éstas emitieron una pedido de aprehensión, que fue avalado por el juez Melazo, contra los dos imputados. Ambos se encontraban en sus domicilios en el momento del procedimiento.
En cambio, las fiscales no consideraron suficientes las pruebas para detener a un tercer barrabrava, un policía exonerado, que también estaba en su casa. En la hipótesis de los investigadores, este hombre habría sido quien facilitó el acceso del grupo de homicidas al lugar donde estaban las víctimas, por tener conocimiento del lugar. Por eso, el policía Ricardo Torres Barboza les abrió la puerta y se convirtió en la primera de las tres víctimas.
Según la hipótesis de los investigadores, la venganza habría sido contra uno de los tres policías –el que recibió 33 puñaladas– mientras que los otros dos fueron asesinados para eliminar testigos. De confirmarse esa línea, quedarían descartadas las teorías de un ataque con intencionalidad política –esgrimida por el Gobierno– y el de un episodio vinculado con el delito y la inseguridad, como sostuvo la oposición.

27 de octubre de 2007
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cae fugitivo de atroz crimen


Recapturaron en El Bolsón a peligroso evadido. Se fugó hace 20 días de una institución de Roca. Apuñaló y enterró viva a víctima, que murió de asfixia.
El Bolsón, Bariloche, Argentina. Un hombre que había sido declarado inimputable por el alevoso homicidio del combatiente forestal Javier Barrera ocurrido en 2005, fue recapturado el sábado en la localidad tras fugar hace más de 20 días de una institución mental-judicial, de Roca.
Claudio Albrecht fue ubicado por efectivos de la comisaría 12 en el barrio San José, donde vive su familia, y conducido a Bariloche, ciudad en que casualmente hoy comenzará a ventilarse otro juicio que lo tuvo como imputado y ahora sólo lo convoca como testigo.
Se trata, en este caso, del tiro que recibió en la pierna un niño de 13 años, de apellido Bonnefoi, en abril de 2005, en El Bolsón. El acusado es Wálter Delgado.
En el otro hecho, la muerte de Javier Barrera, acaecida también en 2005, Albrecht fue declarado inimputable por una junta médica mientras que otro ciudadano, Lucio Gallardo, fue condenado a prisión perpetua por haber llevado el papel protagónico, de acuerdo al fallo judicial.
Durante el juicio oral y público, efectuado en parte en el Juzgado de Paz de El Bolsón, a Albrecht y a Gallardo se les imputó haber atado, golpeado y apuñalado a un joven bombero de Epuyén, Javier Barrera, para despojarlo de 790 pesos que acababa de cobrar, y haberlo enterrado estando vivo en la fosa que cavaron en una chacra del barrio San José. Consideraron que "Barrera fue acometido alevosamente, sin posibilidades de defensa, y bajo esas condiciones enterrado vivo, luego de lo cual se produjo su muerte por asfixia".
Respecto de Albrecht señalaron que "resulta peligroso para terceros, por lo que su reclusión debe ser en un instituto que permita apartarlo de relaciones barriales o familiares que influencien su comportamiento incurso en delitos. Su inmediata internación y posterior evolución permitirán determinar la conveniencia de cambio de metodología en su reclusión, y por ende su tratamiento ambulatorio como pretende la Defensa aparece ahora inconveniente por su labilidad conductual".
Sin embargo, de fuentes autorizadas aunque oficiosas, trascendió que a Claudio Albrecht no le cabría la calificación de inimputable y que fue un error de la justicia encuadrarlo de esa manera.
Desde que se dictó sentencia Albrecht habría estado primero en el hospital de Bariloche y luego en Roca, en el instituto ‘Nuestra Casa', donde se alojan, con custodia policial, a inimputables que han cometido delitos graves. Son las llamadas estructuras del ‘artículo 12', previstas en la Ley de Salud Mental 2.440, que hay en Roca y Viedma.
De allí fugó Albrecht, lo mismo que suelen huir frecuentemente peligrosos delincuentes de la propia alcaidía de Roca.

25 de octubre de 2007
©río negro
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de la rúa procesado por homicidio


[Adriana Meyer] Fernando de la Rúa fue procesado por cinco homicidios de diciembre de 2001. "No limitó el desborde represivo".
Buenos Aires, Argentina. El ex presidente fue responsabilizado por homicidio culposo, es decir, sin intención de matar. Por lo tanto, no irá a prisión. Es la primera vez que un presidente constitucional argentino es vinculado penalmente por actos represivos ordenados en su gobierno. El fallo es del juez Claudio Bonadío, que hace tres meses se hizo cargo del expediente.
El ex presidente Fernando de la Rúa pasó a la historia pero sin el bronce que hubiera deseado. Las órdenes que dio el último día de su gestión serán objeto de análisis en la Facultad de Derecho porque ayer fue procesado, en un fallo inédito, por el homicidio culposo –sin intención– de cinco manifestantes y las lesiones de ciento diecisiete ocurrida tras la represión con la que sofocó la revuelta popular que lo desalojó del poder en diciembre de 2001. El juez federal Claudio Bonadío, que también lo embargó en 2 millones de pesos, no avaló la teoría del complot en su contra con la que se defendió durante todo este proceso, y consideró que De lo Rúa tuvo una conducta "imprudente y negligente" para evitar los crímenes y luego pretendió evadir su culpa con una "pretendida ignorancia o desinformación". El magistrado encontró imposible que nada haya motivado al ex presidente a "encender un televisor o una radio o más no sea asomarse a alguna ventana y ver en panorama que acontecía en el ‘jardín de su propia casa'". Por ello concluyó que incurrió "en una violación activa de las normas de cautela, de una diligente atención al actuar y al controlar las consecuencias de sus acciones". En otras palabras, no puso límite al "desborde represivo".
Al atardecer de aquel último día la mirada de De la Rúa se perdía desde los ventanales de la Casa Rosada hacia el río. A los 64 años había imaginado otra despedida de la presidencia y de su vida política. Al rato se subió al helicóptero con el que quedó en la memoria colectiva, junto con su condición de "aburrido". Pero si hasta ahora pensaba que había podido evadir su responsabilidad penal por aquella masacre, que en todo el país costó la vida de 37 personas, ahora tendrá que acostumbrarse a la idea de ocupar el banquillo de los acusados, aunque el juez le permitió esperar esa instancia en libertad. La resolución es auspiciosa para los abogados que representan a los familiares de las víctimas porque avanza en las denominadas "responsabilidades de escritorio", y en este caso en la más alta de la jerarquía de gobierno. Si la Cámara Federal acompaña este criterio será tarea del tribunal oral que lo juzgue consolidar este antecedente. El defensor del ex presidente, Miguel Almeyra, calificó la resolución de "escandalosa aberración jurídica con fuerte colorido político". De la Rúa ya espera ser sometido a juicio oral en otro caso, por malversación de caudales públicos, una causa donde se lo investigó por usar los servicios como jardinero de un empleado del ex Concejo Deliberante porteño en su quinta particular. Además, el juez federal Daniel Rafecas debe resolver si lo considera responsable de haber pagado sobornos a los senadores para que aprobaran la ley de Reforma Laboral.
Las madres, los padres, los hermanos, las esposas de los que quedaron en el asfalto, el 19, 20 y 21 de diciembre de 2001, fueron reconstruyendo de a poco sus vidas, cada uno a su manera. Pero no dejaron nunca de reclamar justicia. Primero ante la jueza federal María Servini de Cubría y los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers. Hace pocas semanas, cuando esta magistrada se apartó de la causa invocando inverosímiles razones, fueron a golpear las puertas del despacho de quien recibió el voluminoso expediente, el juez federal Claudio Bonadío. "Los medios dijeron que es una maniobra política, y nosotros esperábamos lo peor del juez, pero esto lo hizo bien, es una decisión que esperábamos desde hace cinco años. Servini no tuvo la voluntad política de hacerlo, no sabemos si Bonadío la tiene, pero lo hizo", comentó a Página/12 María Riva, viuda de Gastón Riva, el motoquero que fue asesinado mientras circulaba por avenida de Mayo. "La única dificultad sería que pasen las elecciones, la Cámara acepte la apelación de De la Rúa, y todo vuelva para atrás, pero nuestros abogados pelearán a fondo. De la Rúa tiene que responder por todas las muertes. Esta decisión alivia la impunidad y de alguna manera le da sentido a nuestra pelea", agregó Riva.

Desconectado
De la Rúa deambulaba por los salones, pasillos y despachos de Gobierno y le dijo a la Justicia que no vio televisión ni tenía cerca una ventana como para tomar conciencia de la matanza que ocurría en torno al Palacio. Sin embargo, varias de las decisiones que tomó ocurrieron luego de escuchar y ver los canales de noticias junto a sus colaboradores. Así pareció entenderlo el juez al afirmar que "el ex jefe del Estado no usó las herramientas" que tenía a su mano para evitar los gravísimos episodios, y sostuvo que De la Rúa –a quien calificó como "experimentado abogado y legislador con importante trayectoria"– no puede sostener que ignoraba lo que ocurría en la Plaza de Mayo. "No doy credibilidad a los dichos del ex presidente, en cuanto a su desconocimiento", expresó Bonadío, y descartó que no haya escuchado detonaciones que provenían de Plaza de Mayo. El juez también descreyó de que ningún asesor lo haya informado de los sucesos, incluida "la propia familia". Por lo tanto, consideró que "no existen muchas dudas para sostener que Fernando de la Rúa conocía el desarrollo de los acontecimientos" y no les puso límite. "Una vez ocurridos los hechos buscó a partir de una pretendida ignorancia o desinformación evadir las responsabilidades propias de su función, faltó a su deber de cuidado, al no controlar los sucesos que se desencadenaron después que firmara el decreto por el cual estableció el estado de sitio (...) Esa falta de control derivó en la muerte de cinco personas y lesiones de otras", agregó Bonadío. El magistrado enfatizó que los dichos del ex presidente referidos a que ese día no vio lo que ocurría ni siquiera por televisión "se dan de bruces" con las contradicciones referidas a "si vio o no vio por los medios las escenas que daban cuenta del nivel de violencia que estaba desarrollándose". En su extensa resolución, Bonadío se permitió ironizar. "Extraña situación, donde el encartado ve televisión cuando le conviene". Durante los primeros años de la investigación, De la Rúa evadió declarar como acusado. Cuando la Cámara se lo ordenó a la jueza esgrimió una serie de excusas, entre ellas que tenía turnos con el dentista, al punto que la abogada María del Carmen Verdú pidió su captura. Luego de escucharlo, la jueza lo sobreseyó. Ante una nueva apelación de las querellas, la sala II le dictó la falta de mérito mientras mandaba investigar qué hizo realmente por esas horas el ex presidente, si vio televisión, escuchó radio, miró por la ventana, nada de eso o todo. En esa situación le llegó el expediente a Bonadío, hace apenas tres meses.
En la casa de los Almirón en Villa Albertina, donde vive la familia del asesinado Carlos ‘Petete' Almirón, hubo ayer una gran algarabía. "Es una mezcla de emociones, reí, lloré, se me erizaba la piel, fue un despertar, es un paso importante", dijo Marta Almirón, la mamá de Petete, a Página/12. "Me parece lo más sensato, que el responsable del gobierno responda. Me parece que va a llegar a juicio aunque todo esto es supertardío", comentó Martín Galli, el bajista que fue herido y sobrevivió al diciembre negro.

24 de octubre de 2007
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condena de cura despierta fantasmas


[Patrick J. McDonnell] En la era de las dictaduras militares en América Latina, la iglesia católica no siempre hizo frente a la represión.
Buenos Aires, Argentina. Era un sacerdote católico que recorría el gulag de centros de detención secretos argentinos, como una suerte de predador espiritual.
"La vida de los hombres depende de Dios, y de tu cooperación", dijo el Padre Christian Federico von Wernich una vez a un detenido antes de traicionar la confianza del prisionero, de acuerdo a testigos.
Von Wernich, 69, fue sentenciado a reclusión perpetua por crímenes contra la humanidad, el primer sacerdote condenado por violación a los derechos humanos en la era de las dictaduras militares y guerras civiles en América Latina.
Según declaraciones de testigos, von Wernich trabajaba como informante de la policía para el gobierno militar de Argentina, de 1976 a 1983, usando su función como capellán de la policía para recabar información de los detenidos. Fue condenado como ‘co-autor' en siete homicidios, 42 secuestros y 31 casos de tortura.
Este macabro caso ha arrojado nuevas luces sobre el papel de la iglesia católica en América Latina durante esos turbulentos tiempos para la iglesia y la sociedad. Rebeliones de izquierda pusieron en jaque a sacerdotes y obispos cogidos entre las enseñanzas tradicionalmente conservadoras y anticomunistas de la iglesia y los dictados del Vaticano II a participar en el mundo.
"En América Latina la iglesia misma estaba sufriendo tremendos cambios, independientemente de lo que estaba ocurriendo en el campo político", dijo Kenneth P. Serbin, historiador de la Universidad de San Diego, que es una institución católica.
En toda la región sacerdotes, monjas y laicos con coraje eran frecuentemente acérrimos defensores de los derechos humanos, pagando a menudo esa defensa con sus vidas. Eso también era verdad en Argentina, donde la jerarquía de la iglesia gozaba de un relación inusualmente estrecha con los militares renegados.
"El ejército representaba para la iglesia argentina el lugar donde se resguardaba la esencia de la identidad nacional", dijo Loris Zanatta, profesor de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Bolonia, Italia. "Entre la iglesia y las fuerzas armadas había una relación casi simbiótica".
Fuera de Argentina, las jerarquías eclesiásticas a menudo cosecharon elogios por denunciar la represión.
El caso más famoso fue el del arzobispo de San Salvador, Óscar Romero, que fue asesinado en 1980 después de implorar a las fuerzas armadas que "paren la represión" durante la guerra civil de El Salvador.
Líderes eclesiásticos de Brasil y Chile, los vecinos más grandes de Argentina, también se pronunciaron contra los abusos militares, a pese al respaldo inicial que brindaron a los golpes en los dos países.
En Chile, el cardenal Raúl Silva Henríquez se convirtió en símbolo de la oposición a la dictadura del general Augusto Pinochet. La iglesia facilitó la fuga de activistas cuyas vidas corrían peligro.
"Durante muchos años la iglesia católica era la única fuerza capaz de contener de algún modo la brutal represión de Pinochet", dijo José Miguel Vivanco, abogado chileno que encabeza la división Américas de Human Rights Watch. "Muchos chilenos están hoy vivos gracias a la iglesia católica".
En Brasil, el país católico más grande del mundo, la iglesia fue un vehículo para las reformas políticas durante la dictadura militar de 1964 a 1985.
"En el caso brasileño, la iglesia se convirtió en uno de los polos más importantes de la oposición", dijo Serbin. "El caso de Argentina es atípico".
Von Wernich es seguramente un ejemplo extremo, incluso en Argentina. Pero críticos de la iglesia dicen que el caso es ilustrativo de la postura colaboracionista de la jerarquía durante la ‘guerra sucia'.
Von Wernich tenía antecedentes manchados como seminarista antes de que se ordenara sacerdote en 1976, el año del golpe argentino más reciente. Se convirtió de inmediato en capellán de la policía, una rama del servicio sacerdotal especialmente cercana al aparato de estado.
El vicario general del ejército argentino, monseñor Victorio Bonamin, fue especialmente explícito en su apoyo de la brutal campaña contra los ‘subversivos'.
"El ejército está extrayendo la impureza de nuestro país", declaró Bonamin.
Von Wernich se convirtió en asesor espiritual de un infame jefe de policía provincial, Ramón Camps, que controlaba una red de centros de detención clandestinos. Según testigos, los dos eran amigos íntimos.
Según declaraciones, von Wernich estuvo presente durante al menos tres asesinatos, llegando en una ocasión a lavarse la sangre de sus manos con los verdugos. Llamaba "acto patriótico" a los asesinados cometidos "en nombre de Dios', de acuerdo a testimonios jurados.
Un ex capitán contó a las autoridades que von Wernich también reconfortaba a los agentes de los ‘vuelos de la muerte' -vuelos militares desde los cuales los prisioneros, sedados, eran arrojados al océano. El sacerdote decía a los agentes que los vuelos eran "por el bien de la patria", dijo el capitán.
Sin embargo, mientras von Wernich ponía su condición de clérigo al servicio de la dictadura, otros clérigos y trabajadores religiosos argentinos se enfrentaron al aparato represivo.
Entre los ‘desaparecidos' en Argentina hay dos monjas francesas que ayudaron a las renombradas Madres de la Plaza de Mayo, cuya cruzada a nombre de sus hijos e hijas desaparecidos ayudaron a minar a la junta.
La mañana del 4 de julio de 1976, un escuadrón de la muerte militar asesinó a tres sacerdotes palotinos y dos seminaristas en la rectoría de la Iglesia de San Patricio, en el barrio de Belgrano, Buenos Aires. Monolitos de piedra frente a la iglesia de ladrillo recuerdan hoy sus muertes.
Los asesinos dejaron una nota anónima acusando a los cinco sacerdotes de estar vinculados con las corrientes religiosas izquierdistas tercermundistas.
Hasta hoy, muchos critican duramente a la iglesia argentina por no condenar al gobierno por la masacre de los sacerdotes palotinos y otras causas.
Tras la condena de von Wernich, la iglesia emitió una declaración lamentando la participación del sacerdote en "graves delitos".
Pero la iglesia no acepta responsabilidad institucional por las acciones de von Wernich y llamó a los ciudadanos a dejar atrás "la impunidad, así como el odio y el rencor".
Muchos se desilusionaron de que la iglesia se niegue a pedir excusas por las acciones del sacerdote. Durante el juicio de von Wernich, otro sacerdote, Rubén Capitanio, había llamado a la jerarquía a aceptar responsabilidad por su oscuro pasado.
"Fuimos cómplices", dijo Capitanio. "Eso por eso que creo que es hora de que pidamos perdón.
"La iglesia debería estar al lado de los crucificados, no al lado de los verdugos".

patrick.mcdonnell@ latimes.com

Andrés D'Alessandro contribuyó a este reportaje.

22 de octubre de 2007
©los angeles times
©traducción mQh
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secuestrado por la policía


[Adriana Meyer] "La jueza me dijo que Iván está vivo". La madre de Iván Torres, desaparecido en Chubut en 2003, denuncia a la policía.
María Millacura, la madre de Iván, acusa a la policía de Chubut por el secuestro. En el último aviso de la recompensa, se aplicó una foto diferente de la que había entregado ella. La imagen es posterior y se supone que fue tomada cuando estaba desaparecido. Nadie sabe cómo llegó esa foto al gobierno.
María Leontina Millacura de Llaitén empieza disculpándose por las interferencias de la línea telefónica que sufre desde la desaparición de su hijo Iván Torres, hace cuatro años. "Desde el día que detuvieron a Iván nunca más fui libre, no puedo hablar, a veces contestan por mí, tengo los teléfonos tomados por la Justicia provincial", sintetiza esta mujer para graficar parte del calvario que está viviendo. En su relato denuncia que la policía tuvo al joven cinco meses en la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia mientras ella hacía vigilia en la vereda, que en la causa las declaraciones fueron alteradas, y que la policía la insultó cuando comenzó a buscar a Iván, a quien ya venían acosando incluso con un secuestro y simulacro de fusilamiento ocurrido poco antes de su desaparición. "Esto recién empieza, ahora viene la lucha en el exterior", dice respecto de la reciente resolución de la jueza Eva Parcio, que sobreseyó a todos los policías imputados y modificó la calificación de "desaparición forzada de persona" a "privación ilegal de la libertad", y ordenó que se siga buscándolo por su "ausencia injustificada". Esa magistrada le aseguró que su hijo estaba vivo, sin darle mayores precisiones, y ella se aferra a esa posibilidad. "Lo mismo me dicen familiares de policías y policías que han venido a quebrarse conmigo", completa con énfasis.
María es ama de casa, nació en Chile, tiene 54 años y se expresa con entereza y claridad, a pesar del dolor que la atraviesa. "No tengo profesión, mi hijo era el jefe de la familia porque estoy discapacitada por mi columna desde hace 16 años, soy separada y crié sola a mis tres hijos", describe. Los hermanos de Iván, que al momento de su detención tenía 25 años, son Valeria, de 27, que tiene una hija, y Marco, de 31, con dos hijas. "Marco compró acá en el centro para edificar, pero apenas tenemos un ranchito donde nos llueve adentro, no tenemos baño ni gas. Pero qué vamos a edificar si nuestro ser querido está desaparecido, todo está dedicado a la búsqueda, nuestra vida está postergada por este dolor, desde ese 2 de octubre que nos dimos cuenta que a mi hijito lo tenía la policía agonizamos cada día", cuenta la mujer en diálogo con Página/12 desde Comodoro Rivadavia. "Iván tiene que aparecer, no porque una jueza haya dicho lo que dijo acá se termina", agrega.

¿Qué hacía Iván? ¿Es cierto que ayudaba a chicos de la calle?
Iván trabajaba desde los 11 años por la necesidad que teníamos. Los patrones aún lo recuerdan. Estaba en reparto de materiales. Es un chico muy solidario, solía traer chicos que encontraba en la calle a bañarlos y darles comida, les compraba las zapatillas más baratas. Nosotros sufrimos mucho la falta del padre, que nos dejó por una adicción al alcohol. Por eso ayudaba siempre a los chicos, es muy sensible, bueno y honesto.

¿Cómo fueron los últimos momentos antes de la detención?
El jueves 2 de octubre de 2003 salió de la casa, a las tres y media de la tarde. Me dijo que iba a jugar un partido de fútbol porque justo ese día sus patrones se habían quedado sin materiales. Al otro día tenía una changa, así que me dijo "vuelvo temprano". Cuando pasó por una heladería unos chicos que él conoce le pidieron un favor a cambio de un helado, fue un minuto, y cuando salieron a la vereda con el helado Iván ya no estaba. Ellos vieron al patrullero 469 de la seccional primera que andaba rondando. Esos chicos declararon, pero las fiscales entorpecieron esas declaraciones, los contradecían. Y con la jueza declararon bajo presión.

¿Qué pasó después?
Pasaron unos días y me dijeron que estaba detenido. Mi hijo nunca salió sin avisarme, ni era de dormir afuera o merodear porque sabía que la policía le pegaba y lo dejaba preso un día hasta que yo iba a reclamarlo.

¿Entonces esto ya había pasado otras veces?
Todo el tiempo, lo venían torturando por ser solidario con los chicos de la calle. Acá la policía en Comodoro, como en otras partes, hace abuso de poder. Acá se llevan a los chicos a los cerros, y además de darles palos los violan y los dejan tirados. Así le hicieron a Iván un mes y medio antes de que desapareciera, fue un simulacro de fusilamiento. Pero cuando no volvió, en octubre, fui a la comisaría y me dijeron "vieja de mierda, a tu hijo lo mandamos de viaje, para qué lo querés". Eso está en mi denuncia, pero toda esa parte quedó adulterada. Les pedí que lo larguen, y me quisieron pegar, me escupieron, mientras el jefe, que yo en ese momento no lo reconocí, veía todo y se reía.


Un uniformado que no puedo decir quién es me guió para que fuera a los medios porque ya no sabía más dónde ir. El juez Herrera me recibió en la comisaría con el comisario a los cinco días y se encerró conmigo para saber qué iba a hacer, si tenía idea cómo denunciar. Me decían que en algún lado estará Iván, y yo estaba segura de que estaba ahí. Luego apareció el testigo Miguel Angel Sánchez, en el diario Crónica, que dijo que estuvo con Iván. Lo busqué y lo tenían incomunicado desde que estuvo con mi hijo, lo cambiaban de comisarías. Me escribió una carta de puño y letra diciéndome que había estado con mi hijo desde el 2 de octubre hasta el día que se lo llevaron. Esa carta está en los expedientes. Ahora a Sánchez lo mandaron a Río Grande por indicación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pidió el traslado porque lo estaban torturando en la comisaría de General Mosconi, es diabético y le sacaban los medicamentos. Hay otro testigo que compartió celda con Iván y vio cómo le pegaban a Iván, David Alles. El también hizo una carta adelante mío y de su madre, antes de que lo mataran en la Alcaidía de Comodoro.

¿Hay más testigos muertos?
Otros dos, uno que mataron por equivocación porque se llama igual que un testigo nuestro (N.d.R: Hugo Alvarez apareció colgado de un árbol). Y el otro es Camaño, que apareció con un tiro en la cabeza. Es desgarrador.

Pero más allá de estas muertes, en la causa hay testimonios de los golpes a Iván y de que se lo llevó la policía. ¿Es así?
Le dieron una paliza en la seccional primera, que está pegada a la Regional. Le pegaban mientras lo tenían esposado. Ahí se cayó y se rompió la cabeza, estaban varios policías, entre ellos Juan Montesino, los conozco a todos. De ahí lo sacaron a la rastra hacia la Unidad Regional y me dicen que lo tuvieron allí cinco meses. Yo estuve haciendo vigilia tres meses afuera. Lo sacaron Leonardo Favio Bustos, que era jefe, en su auto amarillo, con otros policías. Todo esto lo sé por los testigos y por familiares de policías que han venido a quebrarse a mi casa. Delante de Dios te lo digo. Lo mismo que algunos policías que me dijeron "señora, se lo llevaron de Comodoro". Alguien de alto rango en la Justicia me dijo que estaba vivo. Y la jueza Parcio también, que tenía ganas de vivir...

¿Cómo le dijo eso la jueza?
Delante de Dios te lo digo.

¿Cómo lo interpreta?
Yo la fui a ver cuando la causa pasó a sus manos, a Federal. Ella me hizo pasar a su oficina, le di el pésame porque su hijo se mató en Buenos Aires. Lloramos juntas y ella me dijo: "Mi hijo no quería vivir pero Iván sí quiere vivir". Por esa razón voy a buscarlo y lo voy a encontrar. Después ella hizo dos viajes a Buenos Aires, a reunirse con el Estado e hizo luego lo que quiso. Cuando volvió me dijo: "Soy capitán de un barco, hago lo que quiero". Ella quería las pruebas, las cartas que yo tengo.


La hipótesis de alguien de alto rango en la causa es que puede estar en algún nosocomio porque la policía le ha pegado mucho y le hizo perder la memoria, fuera de la provincia pero en el país.

¿No pensó que puedan querer confundirla?
No. Una mamá presiente lo que le pasa a un hijo. Soy cristiana evangélica, siento que mi hijo está vivo. Y ellos mismos lo dicen, la policía, las personas de alto rango. Yo no me voy a enloquecer, no voy a perder la esperanza. Voy a denunciar esto internacionalmente. Lo que hizo la jueza no está bien, pero me ayuda para ir a la Corte Interamericana de Justicia. No voy a parar, cada día que pasa la impotencia y el dolor me hacen más fuerte. Y sé que lo voy a encontrar.

Pero la resolución de la jueza liquida el caso.
Es que no es un fallo, es una burla que manda a hacer el Estado usando a esta pobre mujer. No la voy a insultar pero va a tener que responder por qué ignoró todas las pruebas, tomó las pruebas adulteradas que le convenían. Nunca esperé justicia con ella, ni cuando detuvo a los policías.

¿Por qué los avisos de pedidos de datos a cambio de una recompensa publicados en los diarios tienen fotos diferentes?
La última no la aporté yo, la encontré en Internet puesta por el gobernador en búsqueda de personas de la provincia. Lo reconocí a pesar de que se nota que lo han maltratado. Esa foto apareció en 2006 y nunca lo conocí a mi hijo en esas condiciones. Fue el error más grande que cometieron, y me da pie para seguir denunciándolos. La foto en la que aparece más gordito es la que yo les di, y es anterior a que lo detengan.

En el último aviso del 13 de octubre aparece flaco y demacrado.
Así lo deben tener, en esas condiciones. Es gravísimo todo esto.

¿Iván tenía antecedentes penales?
Lo armaron ellos cuando lo detuvieron, le armaron un prontuario, que era ladrón. Ahora van a tener que probar todo eso. Estoy hablando con organismos de derechos humanos en Chile para presionar.

¿Qué le dijo el presidente Néstor Kirchner cuando la recibió?
Que estaba todo bien, y me dio un beso en la frente. Pero yo quiero justicia y esclarecimiento.

¿En Comodoro hay un clima de amedrentamiento?
Te lo digo con el corazón en la mano y Dios de testigo. Desaparece uno cada dos meses, siempre jóvenes, y no hay denuncias porque los medios no sacan nada. Pero no los juzgo, están presionados y tienen miedo.

22 de octubre de 2007
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apuñalan a muerte a tres policías 2


[Raúl Kollmann] Las últimas llamadas a las víctimas. La pesquisa por el crimen de los tres policías bonaerenses.
La Plata, Argentina. Los investigadores analizan los llamados telefónicos que recibieron los policías y buscan a un ex presidiario con problemas psiquiátricos que habría tenido un enfrentamiento con el agente Rubén Vatalaro. No descartan ninguna de las hipótesis. Los atacantes habrían sido tres personas.
Aunque no se diga públicamente, los investigadores judiciales y policiales están estudiando todas las llamadas recibidas por los tres policías asesinados, en especial las correspondientes a Rubén Alejandro Vatalaro, el oficial al que asesinaron de la forma más brutal ya que recibió 33 puñaladas. Existe incluso alguna idea de que los homicidas –de acuerdo a las huellas, habrían entrado tres al destacamento– conocían el lugar, o sea que al menos uno de ellos estuvo en la planta transmisora anteriormente. Y además es posible que un atacante fuera conocido de los policías porque éstos le habrían abierto la puerta. Como es obvio, se está igualmente relevando la actividad de celulares en esa zona entre las dos y las cuatro de la mañana, horario de los homicidios. Como anticipó Página/12 hay una mirada concentrada en un sujeto que salió recientemente de la cárcel –según parece fue, o es, integrante de una banda de narcos– y que tuvo un enfrentamiento grave, por razones personales, con uno de los policías asesinados. Los investigadores no quieren revelar cuál fue la naturaleza del enfrentamiento, pero sí admitieron que el ex presidiario tiene serios problemas psiquiátricos.
El otro frente en el que avanza la pesquisa es en el barrio Unión, donde fue dejada la camioneta-patrullero que usaron los homicidas después del ataque. En el vehículo hay rastros de sangre, a la que se le pasó un trapo, y que podría ser de uno de los que cometieron el triple homicidio. Se mantiene igualmente la hipótesis de que lo ocurrido en La Plata fue encargado por alguien que quiso producir conmoción y un mensaje. Es que si se hubiera tratado de una venganza de un sujeto casi demente, no se explica por qué participaron tres o más personas ni por qué se llevaron después las armas. Aunque se trate de un triple homicidio por encargo, la mecánica de la investigación es la misma: primero hay que dar con los autores directos de los crímenes y luego recién podrá llegarse a los autores intelectuales.
Las autopsias y las pericias de rastros indican que los agresores entraron al destacamento cuando los dos oficiales jóvenes, Vatalaro y Ricardo Torres Barbosa estaban acostados. Sin embargo, uno se levantó, tal vez abrió la puerta, y murió al lado de la entrada. El ensañamiento mayor fue con Vatalaro, de 27 años, a quien le clavaron 33 puñaladas, algunas de ellas en la cara, pero la mayoría en la espalda. Torres Barbosa recibió 14, también en la espalda. A ambos les quitaron las pistolas Bersa que tenían encima y –esto lo tendrán que confirmar los estudios anátomo-patológicos y balísticos– los remataron con tiros en la cabeza de sus propias armas.
Las características inéditas del ataque, de una atrocidad que casi no registra antecedentes en las últimas décadas, llevan indefectiblemente a mirar si tanto odio y locura tiene que ver con un episodio anterior de la vida de alguno de los tres policías. En especial, de Vatalaro, al que le dieron más puñaladas, pero también de Torres Barbosa o el sargento Pedro Díaz.
Sólo para dar un ejemplo, un criminalista le explicó a Página/12: "Supongamos por un instante que alguno de los policías muertos mantuvo relaciones con la esposa de un preso, algo que rompe los códigos más sagrados. Supongamos que el tumbero sale de la cárcel y decide vengarse. Agreguemos a ello que es un desquiciado, además dado vuelta por la droga. ¿Es capaz de producir un hecho como ése? Y, podría ser. Lo que pasa es que no ocurrió nunca, no encaja que haya ido acompañado en su locura por otros individuos y tampoco cierra demasiado que se hayan llevado la ametralladora y la escopeta que había allí. Esa hipótesis puede ser valedera, pero también puede estar errada".
Lo cierto es que la teoría de la venganza amerita una revisión de la vida de los tres policías. Este diario ya mencionó en su edición del sábado que existió un conflicto de uno de los policías con un preso que salió recientemente de la cárcel. Se habla de un integrante de una banda relacionada con la droga, aunque no un narco de gran envergadura. La cuestión se mantiene en el más absoluto secreto y se está investigando. Esto llevó también a hacer un análisis de las llamadas que hicieron y recibieron los policías en los últimos tiempos.
La cuestión del robo de las armas llama la atención. La ametralladora Uzi, la escopeta 12/70 y las dos pistolas Bersa de los oficiales son hoy en día brasas calientes. Ningún delincuente con experiencia se quedaría con esas armas: tenerlas encima lleva casi de inmediato a una condena por los asesinatos y, por lo tanto, a la reclusión perpetua.
El dato que aportó la autopsia sobre el horario de los homicidios tiene importancia. La prensa transmisora queda en un lugar relativamente aislado y no son muchas las comunicaciones de celulares que se cursan a esa hora, entre las dos y las cuatro de la mañana. Es seguro que se trabajará en esa vertiente.
El estudio de rastros –adelantado por Página/12– indica que en la camioneta-patrullero que se llevaron los homicidas y que dejaron en el barrio La Unión quedó una mancha de sangre, aunque se nota que la lavaron. Esto indicaría, con alto grado de probabilidad, que uno de los atacantes terminó herido. Eso es probable si se tiene en cuenta que el sargento Díaz, muy corpulento, se defendió y, además, vació todo su cargador en el tiroteo posterior al asesinato de los dos oficiales jóvenes. Por supuesto que con esos datos hay mucha atención puesta en la aparición de heridos en hospitales, clínicas, pero también en los lugares de atención clandestinos a los que recurren los delincuentes. Es igualmente obvio que alguna explicación tiene que haber al hecho de que los agresores dejaron la camioneta en ese barrio. Desde el mismo viernes "se está caminando La Unión", como le dicen en el argot policial a la recogida de datos entre vecinos, pero también entre los que tienen vínculos non sanctos con los uniformados: dealers, buchones, ladrones, prostitutas, curanderos, cabarets, dobladores de de quiniela clandestina y todos los que pagan peaje por seguir con sus actividades.autos, pasadores
Hay dos datos que este diario no pudo confirmar pero que, según parece, son parte de la investigación que encabeza la fiscal platense Leyla Aguilar. Por algunos detalles del camino que tomaron los agresores, existe la idea de que por lo menos uno de ellos conocía el lugar, o sea que estuvo en la planta transmisora antes. El otro elemento es que se infiere que tal vez uno de los homicidas era conocido de los policías y eso llevó a que mataran a los tres para que ninguno pueda reconocerlo. Sucede que uno de los dos oficiales jóvenes abrió la puerta, aparentemente lo encañonaron, lo obligaron a ponerse en el piso y lo acuchillaron. Murió al lado de esa puerta.
Una de las hipótesis más fuertes es que el golpe de la madrugada del viernes fue contratado para provocar un fuerte impacto en la ciudadanía. Una operación al estilo de la que se hizo con el crimen de José Luis Cabezas, en la que –según la conclusión de la Justicia– fueron contratados delincuentes del barrio platense de Los Hornos. El objetivo podría ser una amenaza para quien asuma como gobernador bonaerense, probablemente Daniel Scioli, y su ministro de Seguridad, casi seguro Carlos Stornelli. El mensaje sería: "Hay que darle mayor poder a la policía, porque de lo contrario ya ven lo que puede ocurrir". Quienes no creen en esta hipótesis sostienen que el hecho "fue demasiado berreta" –como le dijo un especialista en seguridad a este diario–, con cuchilladas o la huida en un patrullero, cosas que no se corresponden con una operación organizada. También argumentan que los comisarios o ex comisarios hubieran recurrido a un golpe distinto, un secuestro resonante o un asesinato de impacto, más que un triple homicidio contra integrantes de la propia fuerza. Esos mismos especialistas, sin embargo, admiten que la hipótesis de la venganza tampoco cierra del todo y que la idea de un golpe contratado de ninguna manera puede ser descartada.
En la misma línea está la idea de que el objetivo del ataque de la planta transmisora fue incidir en la campaña electoral. La base de esta hipótesis es que no hay antecedentes en las últimas décadas de semejante crimen, con tres policías muertos y sesenta cuchilladas. Todos los especialistas coinciden en que no tiene ninguna lógica delictiva y no responde a los parámetros de un hecho de inseguridad habitual. En cualquier caso, si se trata de un triple crimen que fue contratado para lograr un efecto político, el camino de la pesquisa es el mismo: encontrar primero a los autores materiales.

22 de octubre de 2007
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