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centro de tortura será testimonio


[Monte Reel] Argentina está convirtiendo su infame Escuela de Mecánica de la Armada en monumento conmemorativo de derechos humanos.
Buenos Aires, Argentina. La punta de goma del bastión de Víctor Basterra rebotó de una foto en otra, indicando las caras que evocan los recuerdos más vívidos de sus encuentros con ellos en este mismo edificio hace más de veinticinco años.
Basterra estuvo recluido aquí en la Escuela de Mecánica de la Armada, el centro de detención política más grande y notorio de la dictadura militar que gobernó Argentina de 1976 a 1983. Finalmente la armada desalojó las instalaciones a fines del mes pasado, lo que permitió que los trabajadores empezaran a transformar este campus de cuarenta acres en el primero monumento conmemorativo de derechos humanos rememorando esa época y sus persistentes consecuencias.
"Este tipo me pegó", dijo, señalando uno de los retratos en blanco y negro de ex oficiales exhibidos en un mural en uno de los edificios. "Y este tipo me golpeó mucho. Ese otro era su jefe".
Basterra tomó esas fotos él mismo cuando estuvo detenido ahí de 1979 a 1982. Los oficiales lo pusieron a trabajar revelando instantáneas de sí mismos para hacer documentos de identidad falsos, dijo. Pero también hizo en secreto copias de sus fotos, así como de otros de otros detenidos. Algunas de las fotos contrabandeadas son la única evidencia de que algunos prisioneros que nunca volvieron a ser vistos con vida, fueron efectivamente detenidos por las fuerzas armadas.
Rara vez ha quedado tan en evidencia la permanente relevancia de estas fotos, así como de gran parte de otras evidencias físicas de esa época: No sólo serán importantes piezas del nuevo museo, si no también pruebas claves en juicios futuros por delitos que ocurrieron en la Escuela de la Armada.
Los juicios contra la Escuela de la Armada son considerados por muchos como el caso de derechos humanos más emblemático de la época de la dictadura que haya sido tratados en audiencias desde que la Corte Suprema declarara en 2005 que las leyes de amnistía que protegían a ex militares y policías eran inconstitucionales.
Pero muchos de esos casos se han retrasado en los tribunales, llevando a pensar a algunos activistas de derechos humanos que algunos de los mil cuatrocientos miembros de la policía y de las fuerzas armadas que esperan juicio, no comparecerán nunca ante un juez. En una medida para solucionar el problema, la semana pasada la Corte Suprema ordenó que los casos de la Escuela de la Armada fueran agilizados. Los juicios se realizarán dentro de poco.
Durante las dictadura ‘desaparecieron' entre nueve mil y treinta mil personas -y eso quiere decir que se cree que están muertas. Se cree que muchas de ellas pasaron por la Escuela de la Armada, donde detenidos sobrevivientes como Basterra dicen que fueron torturadas.
Besterra recorrió la semana pasada el campus por primera vez desde el fin de la dictadura. En un edificio donde dijo que sacó muchas de las fotos que se exhiben ahora, miró hacia abajo desde una ventana y dijo que recordaba haber estado en el mismo lugar en 1982, mirando a los agentes que llevaban el cuerpo de un prisionero al que habían matado en el edificio de la enfermería al otro lado de la calle.
La enfermería fue también el lugar donde se cree que dieron a luz muchas detenidas, cuyos bebés eran incautados y dados en adopción a familias militares. Se cree que hay unos cincuenta de esos casos. Más de ochenta niños han descubierto la verdad de sus historias en los últimos años gracias a la ayuda de un grupo de derechos, la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo.
Estela de Carlotto, fundadora del grupo y madre de una detenida desaparecida que dio a luz cuando estaba en prisión, recorrió este mes la Escuela de la Armada apenas días después de que se marcharan los militares.
"Esto es histórico, es uno de los grandes triunfos de la democracia en la que vivimos: Tomar posesión de un lugar que fue un centro de tortura, donde nacieron muchos de nuestros nietos, y convertirlo en una centro del recuerdo", dijo Carlotto, 77, que no ha encontrado a su propio nieto, que ahora tendría 29 años. "Más que nada, le da a la gente joven la oportunidad de entender qué ocurrió, de modo que en el futuro puedan vivir en libertad".
Los organizadores del museo deben decidir todavía qué partes del campus, que contiene más de treinta edificios, albergará esos materiales. Mientras los trabajadores continúan reparando los daños estructurales en muchos de los edificios, las únicas visitas posibles son convenidas y guiadas.
Los organizadores dijeron que el plan es equipar la enorme entrada del edificio con exhibiciones multimedia con la historia del terrorismo de estado en Argentina. Otros edificios accesibles al público serán lugares de reflexión, con algunas modificaciones y letreros explicativos detallando las actividades que se desarrollaban ahí durante los años setenta y ochenta.
"No es simplemente un museo que contará lo que ocurrió en estos edificios, sino que contará toda la historia del terrorismo de estado, incluyendo sus antecedentes y sus consecuencias", dijo Ana María Careaga, directora del instituto, que revisaba el proyecto de museo. "Toda la sociedad argentina fue víctima del terrorismo de estado, porque cuando se olvidan los derechos del pueblo, sufre todo el mundo".
Algunos grupos de derechos humanos objetaron el museo cuando fue aprobado por el presidente Néstor Kirchner en 2004. Las Madres de Plaza de Mayo, un grupo diferente al de Carlotto, dijeron que los sucesos de la dictadura eran demasiado crudos y estaban todavía demasiado frescos en la memoria de las víctimas como para ser rememorados en un museo.
Durante su visita la semana pasada, Basterra dijo que creía que la apertura de los edificios al público no amortiguará esos sentimientos, sino que permitirá que más gente conozca las consecuencias de la dictadura.
"Para mí, esto se ve exactamente igual que antes", dijo, parado en un cuarto donde durmió con otros prisioneros. "Me provoca una sensación extraña, porque no ha cambiado nada. Yo pasé varios meses en este cuarto. Está lleno de horribles recuerdos, pero también recuerdos de solidaridad y coraje. Es una sensación impresionante".

19 de octubre de 2007
15 de octubre de 2007
©washington post
©traducción mQh
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revisión del caso kimel


[Alejandra Dandan] El Estado hace un mea culpa.
Buenos Aires, Argentina. En la CIDH, Argentina revé el caso Kimel. La dictadura asesinó a cinco curas palotinos, pero la única persona que recibió una condena por los crímenes es el periodista que lo contó. En 2001 la condena contra Eduardo Kimel sacudió a la opinión pública. Ahora, esa decisión puede empezar a revertirse: el Estado argentino asumió ayer por primera vez en un documento la responsabilidad por la condena. Funcionarios de Cancillería y de la Secretaría de Derechos Humanos asumieron ese lugar en nombre del Estado en el marco de la primera audiencia sobre el tema que llevó adelante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Bogotá. Kimel habló durante una hora y media en ese contexto. "Para mí –dijo después–, la audiencia fue extraordinariamente positiva."
El acuerdo que quedó suscripto en Bogotá entre Kimel, sus representantes y los funcionarios argentinos señala que el Estado "asume (la) responsabilidad internacional por la violación de los artículos 8.1 (derecho a contar con un plazo razonable) y 13 (libertad de expresión) de la Convención Americana de Derechos Humanos".
Según los especialistas, los alcances del acuerdo son importantes pero todavía insuficientes para responder al volumen de los reclamos. Argentina aceptó en el compromiso su responsabilidad penal y también económica en el resarcimiento por los padecimientos laborales y personales que vivió el periodista en estos años. "Sin embargo, los funcionarios no se comprometieron a reformar las leyes que siguen siendo usadas para la persecución de los periodistas y cuya modificación es una demanda central de los peticionarios", explicaron en este caso desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), querellantes de la causa.
Kimel publicó ‘La Masacre de San Patricio', en 1990, con la investigación del asesinato de los cinco religiosos integrantes de la comunidad palotina del barrio porteño de Belgrano R., del 4 de julio de 1976. Entre 1976 y 1977 la investigación del crimen estuvo en manos del juez Guillermo Rivarola, quien querelló al periodista luego de la aparición del libro. Según su interpretación, entendió que un párrafo con información sobre su actuación constituyó una ‘calumnia'. Tras el proceso judicial que duró nueve años, Kimel recibió una condena a un año de prisión en suspenso y el pago de una indemnización de 20.000 pesos. El CELS y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) siguieron con los reclamos judiciales fuera del país, primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 2001, y ahora en la Corte.

En la audiencia de ayer, Kimel habló ante los jueces sobre su investigación, pero también sobre los palotinos en el contexto específico de la dictadura y sobre el rol de la Iglesia Católica y los militares. Ante preguntas específicas de los jueces, él continuó hablando y se extendió más de lo acostumbrado.
"Me preguntaron qué pensaba yo del porqué de la masacre y yo les dije que podía darles mi interpretación, pero que para saberlo la Justicia tiene que juzgar y condenar a los responsables", dijo él a este diario.
En la audiencia también hablaron Pochat y un representante del CIDH. El resto de los testigos quedaron en suspenso cuando se supo que Argentina iba a firmar el acuerdo.
"El Estado argentino no va a pronunciarse en contra de nuestro reclamo –dijeron ayer–, acepta su responsabilidad, pero ahora hay que entender cómo lo hará", explicó Kimel.
La demanda contra el Estado argentino es por presunta violación de derechos consagrados en la Convención Americana que preserva el derecho a la libertad de expresión. Argentina hasta ahora dijo que acepta su responsabilidad, pero jurídicamente no se sabe cómo se implementará, porque hasta ahora no hay vías habilitadas para invalidar una condena de la Corte. En ese sentido, los querellantes esperan que luego de analizar la necesidad de adecuar la legislación argentina en materia de calumnias e injurias a los estándares de la Convención Americana promueva un pedido para exigir la despenalización de la ley.
Se cree que, como sucedió con la figura del ‘desacato', anulada por el Congreso en 1993, luego de un acuerdo de solución amistosa entre el Estado y Horacio Verbitsky, el impacto del acuerdo puede tener efecto cascada en toda Latinoamérica, donde este tipo de leyes todavía actúan como forma de coerción.
"La Corte pondera y valora la actitud positiva de las partes para llegar a esta solución amistosa", afirmó el presidente de la Corte, el mexicano Sergio García Ramírez, quien la calificó como "una contribución" al respeto de los derechos humanos en los países que integran la OEA.
Por su lado, Kimel sintió en esa audiencia una responsabilidad histórica. Explicó que el expediente de Rivarola "contiene una serie de elementos contundentes para poder llegar a la verdad, que lamentablemente no sirvieron para que la Justicia argentina detectara quiénes fueron los asesinos y sus instigadores". Y añadió que investigó el asesinato de los palotinos por su compromiso con los derechos humanos y la verdad.

19 de octubre de 2007
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dónde está lópez 24


[Adriana Meyer] Sin rastros de Julio López.
Bahía Blanca, Argentina. Otra denuncia derivó en una búsqueda infructuosa. Mientras en Bahía Blanca recién empiezan los trabajos para determinar si en un basural está el cadáver de Jorge Julio López, los dos hombres sospechados de haber arrojado el cuerpo allí lo desmintieron ante la Justicia. Simultáneamente, a pocas cuadras de la casa del testigo desaparecido, en Los Hornos, se hizo otro procedimiento con resultado negativo. La denuncia anónima recibida en el 911 decía que en un descampado, abajo de un tanque, estaba la gorra que usaba el albañil, pero los investigadores no encontraron nada. "Esto para nosotros es rutinario, tenemos dos o tres veces por semana llamadas así que terminan sin resultados. Pero no podemos dejar de hacer los rastrillajes", confesó a Página/12 una alta fuente del caso. Ayer se cumplieron trece meses de la desaparición de López: hubo manifestaciones en La Plata y frente a los tribunales federales de Retiro. "Nadie se tiene que olvidar de que hay en la Argentina un testigo desaparecido. En esas condiciones estamos empezando un nuevo juicio", dijo Myriam Bregman, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.
La policía científica rastrilló durante más de dos horas un predio de Los Hornos luego de una denuncia sobre el hallazgo de restos óseos en un descampado en las calles 141 y 80, cerca del Club de Planeadores. Las tareas comenzaron a las 9.30 con la colaboración del cuerpo de Caballería, el Destacamento Perros de la policía bonaerense y de personal de la Federal. Cerca de las 11 culminó en forma infructuosa. El rastrillaje incluía la remoción del terreno, de 25 metros por 25, que no llegó a concretarse. "Un hombre que cazaba vizcachas dijo que en ese lugar encontró huesos", explicó Walter García, segundo jefe policial de la distrital Villa Elvira, de La Plata. Sin embargo, este diario pudo saber que la llamada había mencionado el hallazgo de efectos personales de López, aunque éstos no fueron encontrados.
En tanto, peritos de la Policía Bonaerense comenzaron ayer una prueba denominada "testigo": se removerá un metro cúbico de basura en un relleno sanitario de Bahía Blanca, ubicado sobre la ruta 229. Personal de la policía científica de Mar del Plata, a cargo de la inspectora Liliana Sivak, junto con bomberos, integrantes de Defensa Civil y de la municipalidad local, con el auxilio de una máquina retroexcavadora, iniciaron el operativo pasadas las 9.30. "En esta prueba se van a remover unos cinco mil metros cúbicos de basura y residuos donde se determinarán los elementos y cantidad de personal que será necesario para analizar luego el lugar preciso identificado", explicó el fiscal Eduardo Zaratiegui. Según indicó, sacarán el material compactado, lo trasladarán a una estación de inspección, donde en forma manual lo desmenuzarán y, si no hay nada importante, volverán a depositarlo en otro lugar. El equipo interdisciplinario que armó el fiscal también está integrado por representantes de las empresas sanitarias Cliba y Fúrfuro.
Estas tareas fueron ordenadas a partir de la declaración de un empleado del basural, que dijo haber visto a dos personas arrojando un bulto que podría ser un cadáver, con el pelo "entrecano". Las dos personas denunciadas, uno conocido por el nombre de ‘Rubén' y otro por el apodo de ‘el Zorro', habrían reconocido ante el fiscal Zariategui que hicieron tareas en el predio, pero negaron en forma enfática haber arrojado un cadáver. Al declarar como testigos habrían admitido que poseen una camioneta parecida a la señalada por el denunciante, una Ford F-100 roja, pero insistieron en desmentir la versión. Sí habrían reconocido que tiempo atrás tuvieron inconvenientes con la persona que los acusó.

19 de octubre de 2007
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a la espera de astiz y compañía


[Victoria Ginzberg] Empezó el primer juicio oral por crímenes cometidos en la ESMA.
Buenos Aires, Argentina. Los querellantes se quejaron porque hay sólo un acusado que será juzgado por cuatro casos de torturas cuando se trata de un centro clandestino por el que pasaron más de cinco mil personas. El mismo represor advirtió que estaba procesado por más de 300 hechos. No prosperó un reclamo para que sea trasladado a una cárcel común y seguirá preso en una sede de Prefectura.
Entró en la sala caminando lento, casi tambaleándose y se acomodó en la silla. No llevaba esposas. Tres minutos después empezó el juicio en su contra. El prefecto Héctor Antonio Febres estuvo todo el día con la cabeza baja, por momentos hasta parecía dormido. Pero, cada tanto, movía las manos para acomodarse los anteojos o para rascarse la cabeza. Después de escuchar durante varias horas las acusaciones en su contra que fueron leídas en la audiencia, el represor se levantó y se dirigió al sitio reservado para los testigos. ‘El Gordo Daniel' o ‘Selva' llevó un papel que puso sobre el escritorio, pero se negó a declarar. Sólo dijo unas pocas frases para desmentir un testimonio que él mismo había hecho, en el que admitía haber sido parte del grupo de tareas que operó en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura. En cambio, reivindicó un escrito que presentó para oponerse a la realización del juicio. Allí se quejaba porque lo juzgaban por cuatro hechos cuando estaba procesado por más de 300.
El juicio contra Febres, que comenzó ayer, es el primero después de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida sobre los crímenes de la ESMA. Febres no es marino, sino miembro de la Prefectura Naval. De hecho, fue el ‘enlace' entre esa fuerza y el grupo de tareas que dirigía el represor Jorge ‘El Tigre' Acosta y respondía al dictador Emilio Eduardo Massera.
"De ninguna manera ratifico las declaraciones ante el tribunal militar. Sí ratifico la presentación que hizo mi abogado el 5 del corriente", fue casi todo lo que dijo el acusado. En el testimonio que trataba de invalidar, él mismo admitió, en 1984, que había sido enviado de la Prefectura en el centro clandestino de detención de la Marina. Incluso reconoció haber participado en ‘operativos' cuando "era necesario por su envergadura". El nuevo escrito al que se refirió, en cambio, era una crítica hacia el juicio: se quejaba porque no juzgaban a miembros de la Armada y, curiosamente, porque en este proceso sólo lo acusaban por cuatro hechos mientras estaba procesado por 300.
El reproche de Febres es, en realidad, el mismo que la fiscalía y las querellas habían planteado desde que se anunció la realización de este juicio y que repitieron ayer, tanto dentro como fuera de la sala de audiencias. Es que el prefecto llegó al juicio solo y acusado de cuatro casos de torturas: los de Carlos Lordkipanidse, Carlos Alberto García, Julio Margari y Josefa Prada de Oliveri, que estaba embarazada de cuatro meses al ser secuestrada. Otros diez miembros del grupo de tareas de la ESMA, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge Acosta, aún no llegaron a juicio porque, entre otras cosas, un recurso que presentaron estuvo trabado durante cuatro años en la Cámara de Casación. La semana pasada, la Corte Suprema dispuso que ese asunto se resuelva "con urgencia".
"Esto me indigna. No es posible que el primer juicio sobre la ESMA sea con una persona que no es marino y por tan pocos hechos. Más de cinco mil compañeros pasaron por ahí y hace veinte años que estamos denunciando a los represores", dijo Lordkipanidse durante un cuatro intermedio en la puerta de los tribunales de Retiro.
La fiscal Mirna Goransky había pedido directamente la suspensión del juicio y llegó hasta la Corte Suprema con su reclamo, que finalmente no prosperó. El abogado Rodolfo Yanzón, de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, en cambio, prefería que el proceso se lleve a cabo porque, señaló, de otra forma había que esperar dos años más hasta poder hacer otro. De cualquier manera, dentro de la sala, Yanzón les planteó a los jueces Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado que debían "arbitrar los medios necesarios para que éste sea el último juicio tan flaco". "La Corte debería hacer algo para unificar y acumular las actuaciones", señaló. También pidió que el acusado sea llevado hasta su silla con esposas, pero el defensor oficial Víctor Valle aclaró que Febres sólo volverá a presenciar las audiencias cuando sea obligatorio, es decir, en el momento de los alegatos.
La fiscalía también hizo su pedido. Solicitó una ampliación de un peritaje realizado sobre el legajo personal de Febres. Según un primer estudio, el documento fue adulterado para camuflar el paso del represor por la ESMA.
A su turno, la abogada Myriam Bregman, de Justicia Ya! reclamó que se cambie el lugar de detención de Febres, actualmente preso en Prefectura de Tigre, zona Delta y que no sea asistido por miembros de la Prefectura sino del Servicio Penitenciario. "Los delitos de lesa humanidad por los que está acusado no ameritan que goce de semejante privilegio. Queremos que sea alojado en una dependencia común", dijo. El tribunal no hizo lugar al reclamo que había sido fundamentado, además, en que el antecedente de la desaparición de Jorge Julio López ameritaba reforzar las medidas de seguridad para los testigos. El juez Gordo respondió que se había dado intervención a la Oficina de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia.
López también se hizo presente en prendedores que llevaban algunos de los asistentes al juicio, en el que pedían su "aparición con vida". Adriana Calvo, de la Asociación de Ex detenidos Desaparecidos, se peleó con un policía para que dejaran que lo use dentro de la sala. Entre el público estaban la ex diputada Patricia Walsh y el subsecretario de Derechos Humanos, Rodolfo Ma-ttarollo y Luis Alén, jefe de gabinete de ese organismo.
En la puerta de los tribunales, miembros de HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) reclamaban que el represor diga dónde están los niños desaparecidos. "Febres entregador", decían los carteles. Al lado estaban las fotos de doce mujeres que dieron a luz en la maternidad clandestina de la ESMA. Febres, según indican los testimonios de los sobrevivientes, era el encargado de las embarazadas secuestradas y de los niños que nacían y luego eran apropiados.
Lordkipanidse fue el único de los querellantes que estuvo en la primera audiencia. Volvió a ver a Febres después de casi treinta años. "Igual de gordo", describió. El prefecto estuvo en la sesión de tortura con la que lo "recibieron" en la ESMA. "Si no hablás reviento a tu hijo contra la pared", le dijo allí otro de los miembros de la patota mientras tenía colgado al bebé de una pierna. El niño recibió luego descargas eléctricas.

Muestra de las Abuelas
Las Abuelas de Plaza de Mayo llevaron la muestra gráfica que cuenta su historia a Ecuador. En Quito, su titular, Estela de Carlotto, se reunió con el presidente Rafael Correa, que se solidarizó con la búsqueda de bebés apropiados por los represores y le expresó su indignación por la represión durante la dictadura argentina. Desacartonado, el presidente la recibió luego de un acto en el que bailó con los representantes de un distrito de Ecuador. En el encuentro la acompañó el nieto recuperado Juan Cabandié, que sostuvo que el viaje tiene como objetivo "compartir este dolor que nos acompaña desde que llegó la dictadura, que consistió en el secuestro y muerte de 30 mil personas". "El tema de mantener viva la memoria es para que no vuelva a ocurrir en otro país", subrayó Cabandié.

19 de octubre de 2007
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empieza juicio de prefecto febres


[Victoria Ginzberg] Un represor de la ESMA al banquillo. Empieza el juicio oral contra el prefecto Héctor Febres.
Es el primer proceso, después de la anulación de las leyes de impunidad, sobre los crímenes de la ESMA. Sólo se juzgan cuatro casos.
Carlos Lordkipanidse fue torturado junto a su hijo, un bebé de unos pocos días. Carlos Alberto García recibió golpes, pasajes de corriente eléctrica y quemaduras de cigarrillo. Julio Margari estuvo encadenado con los ojos vendados durante diez días. Josefa Prada de Oliveri fue golpeada, maltratada y sufrió un intento de violación. Estaba embarazada de cuatro meses. Los cuatro estuvieron secuestrados en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Hoy comenzará el juicio en el que juzgarán por primera vez –a excepción del juicio a las Juntas– los crímenes cometidos en ese centro clandestino de detención. No estarán en el banquillo todos los miembros del grupo de tareas que respondía al dictador Emilio Eduardo Massera, sino sólo uno de sus integrantes. El acusado es el prefecto Héctor Febres.
El represor ingresará a la sala de audiencias de los tribunales de Comodoro Py y se sentará al lado de su abogado, el defensor oficial Víctor Valle. Allí tendrá que escuchar la lectura del pedido de elevación a juicio donde se detallan los hechos por los que está acusado. Luego, el tribunal, que integran los jueces Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado, le preguntará si quiere declarar. Si ningún suceso de último momento se interpone, así comenzará el proceso contra Febres.
La suspensión del juicio, de hecho, fue una posibilidad hasta ayer. El pedido lo realizó la fiscal Mirna Goransky, quien se opuso a que se llevara adelante un proceso solo por un acusado y cuatro víctimas. El reclamo llegó a la Corte Suprema, pero no prosperó. Goransky había argumentado que este juicio constituía una exposición exagerada para los testigos y se quejó porque el tribunal oral intentó hacerlo lo más pequeño posible, lo que hace más difícil dar cuenta del plan sistemático de exterminio organizado por la última dictadura. Algo parecido dirán algunos abogados de la querella en un comunicado que distribuirán antes de que Febres entre a la sala. "No es el juicio que queremos", dijo a Página/12 Liliana Mazea, una de las representantes de Lordkipanidse.
Rodolfo Yanzón, de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos y representante de García y Margari, también es crítico de lo que llamó un "juicio mutilado" pero aseguró que "este Estado no garantiza la continuidad de los juicios y si no hacemos éste ahora tendríamos que esperar otros dos años, siendo optimistas".
Febres nació el 10 de septiembre de 1941 y fue integrante del sector de inteligencia del grupo de tareas de la ESMA desde 1977 hasta fines de 1981. Miembro de la Prefectura Naval Argentina, también está preso en la causa sobre el plan sistemático de apropiación de bebés, ya que fue identificado como el encargado del "ajuar" de las desaparecidas embarazadas. En el centro clandestino de detención era conocido como ‘gordo Daniel', ‘Orlando' o ‘Selva'. "Le decían Selva porque era todos los animales juntos", recodó Lordkipanidse. Alfredo Astiz, en cambio, era ‘El Cuervo'; Jorge Acosta, ‘El Tigre'; Jorge Perrén, "El Puma".
El del prefecto será el cuatro juicio oral y público después de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Hasta ahora fueron condenados Julio Simón, un represor del centro clandestino El Olimpo (por el mismo tribunal que juzgará a Febres); Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex director de investigaciones de la Policía Bonaerense, y Christian von Wernich, ex capellán de esa fuerza.
Antes de fin de año debería conocerse, además, la condena del juicio contra diez represores por el secuestro de personas que regresaron al país en el marco de la operación de Contraofensiva de la agrupación Montoneros. Ese proceso –que se rige por el viejo código de procedimiento escrito– es el primero que involucra a miembros del Ejército, específicamente a la plana mayor del Batallón de Inteligencia 601.
Febres, si bien no es marino, será, por el momento, el representante de la ESMA en el banquillo. Después de la audiencia de hoy, el juicio en su contra seguirá con la declaración de los cuatro ex detenidos por cuyos secuestros está siendo juzgado. Está previsto que se escuchen alrededor de 50 testimonios, la mayoría de víctimas del terrorismo de Estado. La defensa solicitó doce testigos, pero cinco fueron desestimados porque se trataba de personas que estaban imputadas en otras causas. El proceso –en el que el represor podría ser condenado hasta a veinticinco años de prisión– seguirá hasta fines de noviembre. Los primeros días de diciembre podría escucharse el veredicto.

18 de octubre de 2007
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vieron a arzobispo en cárcel clandestina


[Carlos Rodríguez] De visita a centros clandestinos. Ex arzobispo Storni, procesado por abuso y jubilado de privilegio.
Argentina. Después de que este diario revelara que Edgardo Storni, procesado por abuso sexual, cobra una jubilación de privilegio, una ex detenida denunció que el arzobispo recorría los centros clandestinos.
En la voz de Patricia Isasa, víctima de la dictadura militar, se denota la indignación cuando habla del ex arzobispo de Santa Fe Edgardo Gabriel Storni. "Yo no puedo decir que él era el cura que nos venía a ‘apretar' ni que andaba recorriendo los campos de concentración, pero él sabía lo que nos estaba pasando y no hizo nada por evitarlo. El fue cómplice del genocidio con su silencio." Patricia estuvo en manos de los represores de la dictadura desde julio de 1976, cuando tenía 16 años, hasta septiembre de 1978, primero como detenida-desaparecida, luego ‘legalizada', pero siempre en manos de los responsables del terrorismo de Estado. Patricia, en diálogo con Página/12, recordó las circunstancias en las que conoció al ex arzobispo Storni: "Lo vi en el despacho del jefe de la Guardia de Infantería Reforzada, en la ciudad de Santa Fe, donde yo estuve primero como desaparecida y luego seguí detenida a disposición de la Junta Militar. Storni estaba hablando con el oficial (Julio Alberto) Villalba. Hablaban como dos amigos. Después, Storni recibía denuncias de nuestros familiares y no hacía nada, cuando sabía todo lo que nos estaba pasando".
La noticia publicada ayer por este diario sobre la jubilación de privilegio de 7 mil pesos que cobra el ex arzobispo Storni, a pesar de estar procesado en una causa por abuso sexual, decidió a Patricia a comunicarse con Página/12 para recordar, una vez más, sus vivencias. Ella ya denunció varias veces la actitud que tuvo Storni. Lo hizo ante la Cruz Roja Internacional, ante el Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe y también en los Juicios de la Verdad realizados en esa provincia. Después de lo que vivió en carne propia, Patricia realizó una investigación personal que le permite hoy dimensionar la represión en Santa Fe: "Hubo 125 desaparecidos sólo en la capital provincial, entre los años 1976 y 1978. También se registraron 30 de los mal llamados ‘enfrentamientos', que eran fusilamientos, y se sabe de por lo menos tres niños secuestrados a los que se les cambió la identidad".
A Patricia Isasa la secuestraron el 30 de julio de 1976, durante las vacaciones de invierno, cuando estaba en el cuarto año de la secundaria y quería ser arquitecta, título que pudo lograr varios años después de lo previsto. Recién recuperó su libertad en septiembre de 1978. Primero estuvo una semana en la comisaría primera de Santa Fe, en pleno centro de la ciudad, y luego dos días en "la cuarta", una comisaría convertida en centro clandestino de detención. Allí fue torturada. Luego la trasladaron a la Guardia de Infantería Reforzada de la Policía de Santa Fe. En ese recinto vio, varias veces, al ex arzobispo de Santa Fe en animadas pláticas con dos de los jefes del lugar, el oficial principal Julio Alberto Villalba y el comisario Juan Calixto Perizzotti.
De su paso por la Guardia de Infantería, ubicada en Nicasio Oroño 793, Patricia Isasa tiene recuerdos tenebrosos. "Uno de los torturadores era Eduardo Ramos, a quien todos conocen como Curro, a quien yo denuncié ante el juez español Baltasar Garzón. Yo había llevado una lista de cerca de 40 personas. De ellas, a seis se les pidió la extradición, entre ellas Ramos." Los otros pedidos fueron por el ex juez federal Víctor Brusa, el comisario Perizzotti, el comisario Mario José Facino, el comisario Héctor Romeo Colombini y la oficial María Eva Aebi, ex secretaria de Perizzotti, además del ya nombrado Ramos.
"Es importante recordar a dónde fue que lo detuvieron al Curro Ramos, que estuvo un tiempo prófugo. Lo encontraron refugiado en la sede del Arzobispado de Santa Fe, en septiembre de 2001", cuando Storni era todavía el titular de la curia local. "Ramos era un torturador confeso, alguien que salía por los medios reivindicándose como ‘interrogador' y él era amigo de Storni, quien sabía muy bien de quién se trataba. Eso es lo que vincula a Storni con la represión y con el genocidio", insiste Patricia.
La entrevistada aporta otro dato en el mismo sentido. "La causa por el pedido de extradición de los cinco represores de Santa Fe la llevó, en la Capital Federal, el juez (Gabriel) Cavallo. Una vez, cuando yo estaba acompañada por Nora Cortiñas (de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), el juez nos dijo que Storni lo había llamado para pedirle si podía mejorar las condiciones de detención de Ramos, a quien definió como ‘un muchacho católico'. Eso era lo que pensaba Storni de un hombre que no tenía reparos en ufanarse públicamente de los crímenes que había cometido."
Patricia resalta que Storni "por un lado visitaba a los jefes de la Guardia de Infantería Reforzada y por el otro recibía a nuestros familiares en el Arzobispado. Las denuncias jamás tuvieron respuestas favorables, cuando él sabía dónde estábamos. Yo lo vi por primera vez, con Villalba, en 1976 y después lo volví a ver varias veces en 1977". En esos años, Storni era uno de los colaboradores del entonces arzobispo de Santa Fe, monseñor Vicente Zazpe, uno de los pocos miembros de la Iglesia que se acercó a las Madres de Plaza de Mayo y que pidió por los desaparecidos.
En Santa Fe, incluso en círculos eclesiásticos, se afirma que no eran buenas las relaciones entre Zazpe –y sus allegados– con monseñor Storni. Hay un dato que parece corroborar esa apreciación. A comienzos de 1984 se produjo la muerte de monseñor Zazpe. Hasta que el Vaticano designó a su reemplazante, el Consejo Presbiterial de Santa Fe resolvió que el padre Edgardo Trucco fuera quien ocupara en forma transitoria el arzobispado vacante. Lo lógico hubiera sido nombrar al arzobispo auxiliar, que era Storni, quien sí fue nombrado por el Papa.
"Nadie tiene pruebas para afirmar que es cierto, pero la impresión es que Storni estaba relacionado con el poder militar, que seguía de cerca todo lo que hacía Zazpe, quien estaba dedicado a los más pobres y a los que sufrían. No se puede decir lo mismo de Storni", concluye Patricia Isasa.

17 de octubre de 2007
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religiosos piden perdón


Grupo de religiosos pide perdón por complicidad de la iglesia en crímenes de dictadura argentina.
La Conferencia Argentina de Religiosas y Religiosos (Confar) pidió "perdón" en nombre de la Iglesia Católica e hizo una "valoración esperanzadora" del juicio contra el ex capellán policial Christian von Wernich, a quien incluyeron entre los "responsables del terror" durante la última dictadura militar. "Una vez más pedimos perdón por las veces que, como Iglesia, no supimos estar cerca de los crucificados y por quienes se han manifestado más en complicidad con los victimarios que en solidaridad con las víctimas", señalaron. "Pedimos al Señor que nos impulse a no pertenecer a ningún sistema injusto de este mundo y a no desentendernos nunca del sufrimiento de ningún ser humano."

17 de octubre de 2007
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cómo pillaron al cura demoníaco


[Gustavo Villavicencio Aravena] Así se descubrió al ‘Cura del Diablo' en El Quisco, Chile.
La Plata, Argentina. Llueve fuerte en la ciudad de La Plata. Son las ocho de la noche y las campanas de la catedral suenan cuando Hernán Brienza (36) -el autor del único libro que narra con lujo y detalle la historia del sacerdote Christian von Wernich, ‘Maldito tú eres' (Editorial Marea)- llega agitado. El periodista viene desde el tribunal donde el religioso ha sido condenado a cadena perpetua por participar en torturas entre 1976 y 1983. "Un día lluvioso de justicia", sentencia.
El periodista es la persona que mejor conoce la historia de Christian von Wernich. Fue él quien se encargó de localizarlo en Chile y, de paso, poner en alerta a la justicia trasandina para su arresto.
El mismo Brienza recuerda: "Von Wernich viajó silenciosamente a Chile y se refugió en una parroquia de la Quinta Región, en la localidad de El Quisco. Allí se hacía llamar Christian González. Tras adoptar la práctica carismática, el sacerdote llegó a celebrar hasta cinco misas diarias. La mayoría de los parroquianos quería comulgar con él, que saludaba a todos sus fieles por su nombre".
Según el trasandino, Von Wernich había guardado un silencio sepulcral de su pasado, tanto que cuando en 1998 comenzaron los llamados ‘Juicios por la Verdad en La Plata', él no se preocupó. Pero cinco años después, el 5 de febrero de 2003, el fiscal del juicio, Félix Pablo Crous, presentó ante un juzgado federal una extensa denuncia de 169 páginas contra Von Wernich. El pedido incluía la detención, la declaración indagatoria del acusado y la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Dos meses después, Brienza lo localizaba por teléfono en la parroquia de El Quisco. Y así recuerda ese diálogo:

Qué tal, buenas tardes. ¿El señor Christian von Wernich?
Sí...

 

¿Usted es el sacerdote argentino Christian von Wernich?
Sí, soy yo. ¿Quién es?

Soy de la revista ‘TXT', de Buenos Aires y quería pedirle una entrevista personal.
Mire, le agradezco, pero no tengo ningún interés.

Queríamos preguntarle por el pedido de detención sobre usted que hizo el fiscal.
Mire, le agradezco la preocupación, ha sido un gusto charlar con usted. Le agradezco su llamado. Hasta luego.

Sólo eso bastó para que Brienza diera cuenta de inmediato del paradero de Von Wernich a la policía argentina y para que desde el 6 de agosto de 2003 el sacerdote quedara tras las rejas.
Después de tres años, el martes pasado el sacerdote católico fue condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, en los llamados campos de la muerte de la dictadura militar argentina, entre 1976 y 1983.

Según su opinión, ¿cuál es el episodio más espeluznante que protagonizó Von Wernich?
Podríamos decir que es el caso del denominado ‘Grupo de los Siete'. Se trata de un núcleo de militantes montoneros, ‘quebrados' por la participación de Von Wernich, a quienes se les prometió la libertad a cambio de ‘colaboración' con las fuerzas represivas.

¿En qué consistió tal episodio?
A lo largo de un año, los jóvenes (el mayor tenía 28 años) asistieron a interrogatorios, ayudaron a los verdugos y reconocieron gente por la calle con la única esperanza de poder salir del infierno en el que se encontraban. Von Wernich, además de ‘apadrinarlos' y ‘contenerlos espiritualmente', funcionaba como el nexo entre los detenidos y sus familiares, a los que les pedía sumas de entre 1.500 y 3.000 dólares para la mantención de los integrantes del Grupo de los Siete, para que en el futuro pudieran vivir en el exilio.

¿Y cómo terminó la historia?
La experiencia duró hasta finales de 1977, cuando los muchachos iban a ser liberados y llevados a distintos países limítrofes. Hubo incluso una cena de despedida en la Brigada de Investigaciones de La Plata, durante la cual Von Wernich bendijo sus vidas. Durante los días posteriores, en dos noches distintas, salieron en coche rumbo a Ezeiza. En el primer viaje, en plena madrugada, uno de los detenidos se dio cuenta de que no se dirigían al aeropuerto. Intentó forcejear, pero un culatazo en la nuca lo doblegó. La profusa sangre que emanó de la herida manchó incluso la camisa sacerdotal de Von Wernich, quien iba sentado en el asiento del copiloto.

16 de octubre de 2007
©líder de san antonio
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