centro de tortura será testimonio
Buenos Aires, Argentina. La punta de goma del bastión de Víctor Basterra rebotó de una foto en otra, indicando las caras que evocan los recuerdos más vívidos de sus encuentros con ellos en este mismo edificio hace más de veinticinco años.Basterra estuvo recluido aquí en la Escuela de Mecánica de la Armada, el centro de detención política más grande y notorio de la dictadura militar que gobernó Argentina de 1976 a 1983. Finalmente la armada desalojó las instalaciones a fines del mes pasado, lo que permitió que los trabajadores empezaran a transformar este campus de cuarenta acres en el primero monumento conmemorativo de derechos humanos rememorando esa época y sus persistentes consecuencias.
"Este tipo me pegó", dijo, señalando uno de los retratos en blanco y negro de ex oficiales exhibidos en un mural en uno de los edificios. "Y este tipo me golpeó mucho. Ese otro era su jefe".
Basterra tomó esas fotos él mismo cuando estuvo detenido ahí de 1979 a 1982. Los oficiales lo pusieron a trabajar revelando instantáneas de sí mismos para hacer documentos de identidad falsos, dijo. Pero también hizo en secreto copias de sus fotos, así como de otros de otros detenidos. Algunas de las fotos contrabandeadas son la única evidencia de que algunos prisioneros que nunca volvieron a ser vistos con vida, fueron efectivamente detenidos por las fuerzas armadas.
Rara vez ha quedado tan en evidencia la permanente relevancia de estas fotos, así como de gran parte de otras evidencias físicas de esa época: No sólo serán importantes piezas del nuevo museo, si no también pruebas claves en juicios futuros por delitos que ocurrieron en la Escuela de la Armada.
Los juicios contra la Escuela de la Armada son considerados por muchos como el caso de derechos humanos más emblemático de la época de la dictadura que haya sido tratados en audiencias desde que la Corte Suprema declarara en 2005 que las leyes de amnistía que protegían a ex militares y policías eran inconstitucionales.
Pero muchos de esos casos se han retrasado en los tribunales, llevando a pensar a algunos activistas de derechos humanos que algunos de los mil cuatrocientos miembros de la policía y de las fuerzas armadas que esperan juicio, no comparecerán nunca ante un juez. En una medida para solucionar el problema, la semana pasada la Corte Suprema ordenó que los casos de la Escuela de la Armada fueran agilizados. Los juicios se realizarán dentro de poco.
Durante las dictadura ‘desaparecieron' entre nueve mil y treinta mil personas -y eso quiere decir que se cree que están muertas. Se cree que muchas de ellas pasaron por la Escuela de la Armada, donde detenidos sobrevivientes como Basterra dicen que fueron torturadas.
Besterra recorrió la semana pasada el campus por primera vez desde el fin de la dictadura. En un edificio donde dijo que sacó muchas de las fotos que se exhiben ahora, miró hacia abajo desde una ventana y dijo que recordaba haber estado en el mismo lugar en 1982, mirando a los agentes que llevaban el cuerpo de un prisionero al que habían matado en el edificio de la enfermería al otro lado de la calle.
La enfermería fue también el lugar donde se cree que dieron a luz muchas detenidas, cuyos bebés eran incautados y dados en adopción a familias militares. Se cree que hay unos cincuenta de esos casos. Más de ochenta niños han descubierto la verdad de sus historias en los últimos años gracias a la ayuda de un grupo de derechos, la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo.
Estela de Carlotto, fundadora del grupo y madre de una detenida desaparecida que dio a luz cuando estaba en prisión, recorrió este mes la Escuela de la Armada apenas días después de que se marcharan los militares.
"Esto es histórico, es uno de los grandes triunfos de la democracia en la que vivimos: Tomar posesión de un lugar que fue un centro de tortura, donde nacieron muchos de nuestros nietos, y convertirlo en una centro del recuerdo", dijo Carlotto, 77, que no ha encontrado a su propio nieto, que ahora tendría 29 años. "Más que nada, le da a la gente joven la oportunidad de entender qué ocurrió, de modo que en el futuro puedan vivir en libertad".
Los organizadores del museo deben decidir todavía qué partes del campus, que contiene más de treinta edificios, albergará esos materiales. Mientras los trabajadores continúan reparando los daños estructurales en muchos de los edificios, las únicas visitas posibles son convenidas y guiadas.
Los organizadores dijeron que el plan es equipar la enorme entrada del edificio con exhibiciones multimedia con la historia del terrorismo de estado en Argentina. Otros edificios accesibles al público serán lugares de reflexión, con algunas modificaciones y letreros explicativos detallando las actividades que se desarrollaban ahí durante los años setenta y ochenta.
"No es simplemente un museo que contará lo que ocurrió en estos edificios, sino que contará toda la historia del terrorismo de estado, incluyendo sus antecedentes y sus consecuencias", dijo Ana María Careaga, directora del instituto, que revisaba el proyecto de museo. "Toda la sociedad argentina fue víctima del terrorismo de estado, porque cuando se olvidan los derechos del pueblo, sufre todo el mundo".
Algunos grupos de derechos humanos objetaron el museo cuando fue aprobado por el presidente Néstor Kirchner en 2004. Las Madres de Plaza de Mayo, un grupo diferente al de Carlotto, dijeron que los sucesos de la dictadura eran demasiado crudos y estaban todavía demasiado frescos en la memoria de las víctimas como para ser rememorados en un museo.
Durante su visita la semana pasada, Basterra dijo que creía que la apertura de los edificios al público no amortiguará esos sentimientos, sino que permitirá que más gente conozca las consecuencias de la dictadura.
"Para mí, esto se ve exactamente igual que antes", dijo, parado en un cuarto donde durmió con otros prisioneros. "Me provoca una sensación extraña, porque no ha cambiado nada. Yo pasé varios meses en este cuarto. Está lleno de horribles recuerdos, pero también recuerdos de solidaridad y coraje. Es una sensación impresionante".
19 de octubre de 2007
15 de octubre de 2007
©washington post
©traducción mQh
Buenos Aires, Argentina. En la CIDH, Argentina revé el caso Kimel. La dictadura asesinó a cinco curas palotinos, pero la única persona que recibió una condena por los crímenes es el periodista que lo contó. En 2001 la condena contra Eduardo Kimel sacudió a la opinión pública. Ahora, esa decisión puede empezar a revertirse: el Estado argentino asumió ayer por primera vez en un documento la responsabilidad por la condena. Funcionarios de Cancillería y de la Secretaría de Derechos Humanos asumieron ese lugar en nombre del Estado en el marco de la primera audiencia sobre el tema que llevó adelante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Bogotá. Kimel habló durante una hora y media en ese contexto. "Para mí –dijo después–, la audiencia fue extraordinariamente positiva."
Bahía Blanca, Argentina. Otra denuncia derivó en una búsqueda infructuosa. Mientras en Bahía Blanca recién empiezan los trabajos para determinar si en un basural está el cadáver de Jorge Julio López, los dos hombres sospechados de haber arrojado el cuerpo allí lo desmintieron ante la Justicia. Simultáneamente, a pocas cuadras de la casa del testigo desaparecido, en Los Hornos, se hizo otro procedimiento con resultado negativo. La denuncia anónima recibida en el 911 decía que en un descampado, abajo de un tanque, estaba la gorra que usaba el albañil, pero los investigadores no encontraron nada. "Esto para nosotros es rutinario, tenemos dos o tres veces por semana llamadas así que terminan sin resultados. Pero no podemos dejar de hacer los rastrillajes", confesó a Página/12 una alta fuente del caso. Ayer se cumplieron trece meses de la desaparición de López: hubo manifestaciones en La Plata y frente a los tribunales federales de Retiro. "Nadie se tiene que olvidar de que hay en la Argentina un testigo desaparecido. En esas condiciones estamos empezando un nuevo juicio", dijo Myriam Bregman, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.
Buenos Aires, Argentina. Los querellantes se quejaron porque hay sólo un acusado que será juzgado por cuatro casos de torturas cuando se trata de un centro clandestino por el que pasaron más de cinco mil personas. El mismo represor advirtió que estaba procesado por más de 300 hechos. No prosperó un reclamo para que sea trasladado a una cárcel común y seguirá preso en una sede de Prefectura.
Es el primer proceso, después de la anulación de las leyes de impunidad, sobre los crímenes de la ESMA. Sólo se juzgan cuatro casos.
Argentina. Después de que este diario revelara que Edgardo Storni, procesado por abuso sexual, cobra una jubilación de privilegio, una ex detenida denunció que el arzobispo recorría los centros clandestinos.
La Conferencia Argentina de Religiosas y Religiosos (Confar) pidió "perdón" en nombre de la Iglesia Católica e hizo una "valoración esperanzadora" del juicio contra el ex capellán policial Christian von Wernich, a quien incluyeron entre los "responsables del terror" durante la última dictadura militar. "Una vez más pedimos perdón por las veces que, como Iglesia, no supimos estar cerca de los crucificados y por quienes se han manifestado más en complicidad con los victimarios que en solidaridad con las víctimas", señalaron. "Pedimos al Señor que nos impulse a no pertenecer a ningún sistema injusto de este mundo y a no desentendernos nunca del sufrimiento de ningún ser humano."
La Plata, Argentina. Llueve fuerte en la ciudad de La Plata. Son las ocho de la noche y las campanas de la catedral suenan cuando Hernán Brienza (36) -el autor del único libro que narra con lujo y detalle la historia del sacerdote Christian von Wernich, ‘Maldito tú eres' (Editorial Marea)- llega agitado. El periodista viene desde el tribunal donde el religioso ha sido condenado a cadena perpetua por participar en torturas entre 1976 y 1983. "Un día lluvioso de justicia", sentencia.