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iglesia pierde oportunidad

mqh - 15 de octubre de 2007 - 18:37 - argentina

[Elio Brat] El padre Capitanio criticó a la cúpula de la iglesia. "Perdió otra oportunidad".

Neuquén, Argentina. Ante la condena a Von Wernich, el sacerdote Rubén Capitanio sostiene que la respuesta de los obispos fue incompleta. Pide que la Iglesia tome medidas con el ex capellán de la policía.
De regreso a su parroquia Nuestra Señora Virgen de Luján, en Centenario, a 30 kilómetros de Neuquén capital, el padre Rubén Omar Capitanio reflexiona acerca de la condena al ex capellán de la Policía Bonaerense Christian Federico von Wernich, su propio paso como testigo en el juicio que se realizó en su ciudad natal, La Plata, y el papel que en estos momentos lleva adelante la institución que contiene a ambos: la Iglesia argentina.

–¿Qué sintió al conocer y escuchar la condena a Von Wernich?
Sentí mucho dolor y mucha vergüenza. En el juicio volvieron a ponerse sobre la mesa los delitos cometidos durante la dictadura militar y se reabrieron las heridas de muchos que vivieron ese horror que pasó en nuestra patria. Y la vergüenza es porque un hermano de la Iglesia había tenido participación en ese horror y en esos delitos tan aberrantes. Los argentinos todavía tardamos en hacernos cargo de esas heridas: pasaron 30 años para que hubiera un poco más de verdad y de justicia. Pero también sentí una serenidad de saber que los argentinos estábamos mejor, porque desde el 9 de octubre del 2007 la Argentina es más digna.

Al hablar por último ante el tribunal, Von Wernich se comparó con Jesucristo...
Sí. Creo que volvió a desperdiciar una nueva oportunidad muy importante en su vida. Y me pareció terrible porque manipuló textos de la Biblia y daba la sensación de que estaba dando una clase de religión. No demostró ningún sentimiento ante los delitos que se investigaron y que él no podía negar ya que sus mismos defensores lo reconocieron en el juicio. Von Wernich no expresó ningún dolor ante todas esas aberraciones. Entonces ese compararse con Jesucristo me pareció realmente patológico... Cuando dijo "a Jesucristo lo crucificaron pero resucitó", no sé por qué pero me pareció como la amenaza de Etchecolatz cuando recibió su sentencia y les dijo a los jueces "esta condena se volverá contra ustedes". Lo que dijo Von Wernich fue como decir "ustedes me matan pero yo voy a resucitar". Y él, me parece, no tiene ninguna credibilidad para hablar así, cuando no vio los cristos vivos y crucificados en lugares donde él estuvo y que él mismo y su propia defensa reconocieron que fue así.

La Iglesia hasta ahora dio algunos signos de reacción que para muchos fueron muy blandos. ¿Qué le parecieron?
Yo creo también que la iglesia, nuestra Iglesia, perdió otra oportunidad. Estoy seguro de que los obispos estuvieron conmovidos ante la condena a Von Wernich, pero esa conmoción no debió impedirles asumir la responsabilidad primera que como iglesia tenemos que asumir. Ciertamente el sacerdote (Von Wernich) es el responsable personal de los actos de los que se lo acusa, pero no podemos negar que es el miembro de una institución que no solamente en Von Wernich ha faltado o ha fallado o ha sido infiel a su compromiso con la vida. La Iglesia en el año 2000 pidió perdón por todo eso. Entonces yo adhiero totalmente al comunicado de los tres obispos en la noche del 9 de octubre, lo que me parece es que le falta, que está incompleto.

¿Usted espera que Von Wernich sea sancionado y que no pueda ejercer más el sacerdocio?
Yo creo que la Iglesia tiene el deber de resguardar a la gente de sacerdotes que no sirven desde la doctrina cristiana. Von Wernich ha demostrado en muchísimos casos que no lo hizo. Y aun peor: no es que se abstuvo de brindar un servicio al pueblo de Dios, sino que él brindó un servicio en contra de la doctrina de la Iglesia. Y eso fue probado en el juicio. Entonces un sacerdote que no torturó pero participó o estuvo o sabía lo que se hacía en los tiempos de la dictadura militar y donde él mismo entraba y salía de los lugares donde se combatía la vida sin ningún tipo de legalidad ni de moralidad, la Iglesia tiene que asegurarse de que ese sacerdote no vaya a brindar un servicio a la gente porque es un riesgo muy grande. Cuanto antes, espero que la Iglesia, el obispo de su diócesis, tome la medida que corresponda para evitarle más mal a la gente.

Después de declarar en el juicio, ¿sintió que había dicho todo lo que quería decir o que todavía le quedaban cosas?
No, sentí y siento que pude decir todo lo que me parecía que debía decir ante el tribunal. Y tengo que decir que los jueces fueron muy respetuosos conmigo y con todos. Para nada me sentí presionado ni exigido. Y por eso pude decir todo lo que sentía la necesidad de decir. No me fue fácil, pero estoy sereno y tranquilo en conciencia.

15 de octubre de 2007
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la complicidad de la iglesia

mqh - 15 de octubre de 2007 - 16:57 - argentina

[Eduardo Aliverti] Iglesia católica formó parte integral de dictadura argentina.

Hay los hechos y los protagonistas representativos, y hay los hechos y los protagonistas significativos. Es una diferencia semántica enorme, o eventualmente enorme.
Cuando las Madres de Plaza de Mayo daban vueltas solas, alrededor de la Pirámide, en plena dictadura, eran un episodio significativo impresionante. Solas contra todos. ¿Contra todos los milicos? No, contra toda la sociedad. Las Viejas Locas. Significaban una máxima expresión de reclamo y valentía. ¿A quién representaban? Virtualmente a nadie, por fuera de sus hijos. Retornada la democracia, pasaron a ser, más o menos, Las Madres de Todos. Ya no eran sólo significativas, sino representativas de la conciencia –cínicamente culposa– de la mayoría de la comunidad.
En realidad, ése fue el decurso de todos los organismos de derechos humanos y de los luchadores sociales. Ellos supieron atravesar con su significación el desierto tenebroso de la dictadura, y el adormecimiento colectivo renovado durante la rata, para que su voluntad inclaudicable terminara venciendo. Y en forma pacífica. No hubo aquí, ni siquiera, un solo hecho de revancha individual violenta. Apenas si puede encontrarse la conmovedora trompada que Alfredo Chávez le pegó a Astiz en una garita de colectivo, en Bariloche, el 1º de septiembre de 1995. Apenas eso: una piña frente a 30 mil desaparecidos, frente a los campos de concentración, frente a las salas de tortura, frente a la apropiación de bebés. Sólo una piña en todos estos años. Nulidad del Punto Final y la Obediencia Debida, Juicios de la Verdad, crímenes imprescriptibles, indultos en lista de espera para ser liquidados. Todo eso lo consiguieron los que en algún momento fueron gente significativa pero no representativa. Gente socialmente sola, pero imprescindible para que toda la Argentina termine siendo vista, ahora, como un ejemplo mundial de lucha contra la impunidad de un genocidio. Gente portentosa, como la hay en cualquier terreno para que después los laureles queden compartidos (relativamente, puede ser) con conjuntos que, cuando hubo que poner lo que había que poner, aportaron entre nada y muy poco. También puede ser que no importe mucho, en tanto el resultado final es ‘los argentinos' como ejemplaridad universal de condena efectiva contra una masacre cívico-militar. Pero no se pierda de vista que no fue gracias a la mayoría de los argentinos. Porque en ese caso se pierde una de las cosas más jodidas de perder: pensamiento crítico.
Que todo lo anterior venga a cuento de un hecho que esta semana recorrió el mundo, en esa línea de modelo admirado: la sentencia de reclusión perpetua contra un cura responsable de homicidios, torturas y secuestros. El único antecedente es la condena a un sacerdote participante del genocidio ruandés, en 1994, pero por parte de un tribunal internacional. Significa que nuevamente, como en el caso del Juicio a las Juntas, Argentina marca el paso mundial en carácter de máxima meta alcanzada por administraciones civiles en el juzgamiento de crímenes dictatoriales. Ni Nuremberg puede comparársele. Y se irá o deberá irse por más, porque todavía falta que tanto el Ejecutivo como la Corte Suprema asuman la responsabilidad de liberar designaciones de jueces, y acortamiento de tiempos procesales, cuyas carencias vienen frenando trámites expeditivos contra otros muchos ejecutantes del horror. Sin embargo, no hace falta todo lo que falta para tener claro que la epopeya ética y militante de las organizaciones de derechos humanos ya está, hace rato, entre lo mejor de lo mejor que pueda encontrarse en la historia de este país. Y habría que ver si acaso hay algo que la supera.
Ante semejante estatura moral y activa que acaba de redundar en la condena contra un psicópata que integra sus filas, la cúpula del Episcopado argentino ha contestado, otra vez, con el silencio. Ni la probanza judicial de 7 homicidios, 31 casos de tortura y 41 secuestros, aun cuando sólo en la persona de Christian von Wernich y no de la culpabilidad institucional de la Iglesia Católica, logró sacar a sus jerarcas de su tétrica afonía. Esa actitud tuvo, si se quiere, más repercusión que la propia sentencia. Lo cual revela el grado de expectativa creado en torno de la reacción de la curia. Si ni esto basta para que la Iglesia sancione a su asesino; si puede seguir ejerciendo su ministerio sacerdotal y si su superior, el obispo de 9 de Julio, con la atrozmente obvia aprobación de la jefatura, asume la infamia indescriptible de pedir perdón a la par de anunciar que tomarán una decisión cuando sea "oportuno", ¿entonces qué? ¿Entonces cuándo? ¿De qué momento oportuno hablan estos canallas disfrazados con sotana, después de más de 30 años?
Acá vamos: en la furia de esas preguntas se encierra el núcleo de la cuestión, que exige hallar una respuesta política y no un simple desenlace ‘espiritual', condenatorio, como quien juzga a un criminal individualmente considerado. Es aquí donde falla esa expectativa social o sectorial de una reacción diferente por parte de la cúpula eclesiástica. Se dice que la Iglesia perdió una oportunidad poco menos que inmejorable para expiar sus culpas, con costo político cero. Es un error interpretativo serio, porque si los príncipes de la Iglesia reconocieran su complicidad activa en los crímenes de la dictadura irían a contramano de su sentido existencial, que consiste en formar parte inseparable del sistema de dominación y exclusión social. La Iglesia no fue cómplice coyuntural del genocidio. Fue una ejecutora estructuralmente clave porque no asistió al poder, sino que lo constituye en tanto elemento de control de las clases dominantes. No caer en esa cuenta es como suponer que el salvajismo de los milicos de la dictadura fue nada más que una circunstancia bestial, en lugar de entender que la bestialidad era inherente a la necesidad de implementar un modelo económico, ‘satisfactor' del dominio de clase del que las Fuerzas Armadas son porción categórica. Establishment de los grupos concentrados de la economía, Iglesia, militares, grandes medios de comunicación. Eso es el Poder, no una circunstancia.
¿Qué se pretende, entonces, de la jerarquía católica? ¿Que ejerza una autocrítica respecto de su propia razón de ser? ¿Que (se) provoque un sincericidio porque condenaron a Von Wernich?
Más que una tontería, una esperanza de esa naturaleza es un yerro político muy grande.

15 de octubre de 2007
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el episcopado y von wernich

mqh - 14 de octubre de 2007 - 21:29 - argentina

[Horacio Verbitsky] Von Wernich es un caso extremo, pero la verdadera excepcionalidad es la de la Iglesia argentina. En su historia hay que buscar la explicación acerca de cómo fue posible que en vez de amparar a los perseguidos santificara a los verdugos.

Argentina. Un caso excepcional. La condena por crímenes de lesa humanidad conmueve a la Iglesia Católica, según dijeron sus líderes. Se comprende, porque sólo en Ruanda había ocurrido lo mismo.
Cuando el tribunal de La Plata terminó de leer la sentencia, el columnista político de un canal de noticias comentó que eran "gravísimos los cargos contra Bergoglio". El locutor lo corrigió: "Contra Von Wernich". El columnista asintió sin comentarios y continuó con el desarrollo del tema. Menuda confusión: Jorge Mario Bergoglio es el actual presidente de la Iglesia Católica argentina y nunca fue sometido a ningún proceso; Christian Von Wernich fue capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires y la justicia lo condenó a reclusión perpetua por participar en secuestros, torturas y asesinatos durante la dictadura militar.
El acto fallido reveló un aspecto subyacente del juicio. Es obvio que la responsabilidad penal atañe sólo a la persona sometida a proceso, a ninguna otra y, mucho menos, a una organización. Uno de los abogados defensores, Juan Martín Cerolini, se concentró en atenuar la situación de Von Wernich. La tarea del otro, Marcelo Peña, quien fue contactado en la Universidad Austral de Buenos Aires para que se hiciera cargo del caso, consistió en el control del daño para la Iglesia Católica. Sin embargo, la actitud del Episcopado amplió la significación del proceso. La falta de transparencia eclesiástica impide saber si Von Wernich mencionó a Bergoglio ante el tribunal para involucrarlo porque se sentía abandonado, o si hubo un acuerdo entre ambos. El domingo 7, durante la misa que dijo en Luján luego de la peregrinación, Bergoglio habló del "padre de la mentira, el demonio", sin referencia a ningún hecho específico. Von Wernich completó ese significado en su descargo, que entonó como si fuera un sermón y estuviera en el púlpito, con una expresión tan crispada pero menos meliflua que la del cardenal: con esa cita se refirió a quienes narraron su participación en las torturas. "El testigo falso es el demonio", dijo, antes de instar a la reconciliación y ampararse en dos mil años de historia para negar los cargos por los que fue condenado: nunca un sacerdote ha violado o usufructuado con otros fines el sacramento de la confesión, agregó.

Sólo Dos
A un cuarto de siglo de la conclusión del último régimen de facto sólo quedan en actividad dos obispos de aquella época y no han tenido responsabilidad en la mezquina respuesta episcopal. Uno de ellos, Vartan Waldir Boghossián, es el Eparca de los armenios, nació en Brasil, se ordenó sacerdote en Roma, y por su jurisdicción sobre los armenios de toda América recorre otros países de la región. El otro, Jorge Casaretto, tuvo una posición más generosa que la Comisión Ejecutiva e inspiró la declaración de Justicia y Paz, una comisión nacional integrada por seglares como el ingeniero agrónomo Eduardo Serantes pero conducida por la longa manus episcopal. Ese organismo deploró sin mayor reticencia las "acciones directas, en colaboración o complicidad, que algunos integrantes de la Iglesia Católica pudieron llevar a cabo y que posibilitaron el secuestro, la tortura y la desaparición de personas durante la última dictadura militar". También expresó solidaridad con las víctimas y la esperanza de que "la justicia pueda actuar como reparación y consuelo para los sobrevivientes y los familiares de los desaparecidos".

Bajo Sospecha
En cambio el texto de la Comisión Ejecutiva, firmado por Bergoglio y por los obispos Luis Villalba y Agustín Radrizzani, muestra que pese a su renovación casi completa el cuerpo episcopal no ha conseguido articular una reflexión sobre el desempeño eclesiástico en aquellos años que reconcilie la imagen institucional con las percepciones de la sociedad. Su posición evoca la que adoptaron durante y después de la dictadura las conducciones castrenses, cuyo rechazo a cualquier crítica institucional y la pretensión de que sólo podían reprocharse errores o excesos de determinadas personas consiguió el efecto paradojal de colocar bajo sospecha a todos sus cuadros, incluso aquellos que ingresaron después de los hechos investigados. Por supuesto, el cuerpo eclesiástico se manifestó ahora con mayor sutileza que los mandos militares de hace dos décadas, porque el tiempo no ha corrido en vano y hay una distinta densidad cultural. Pero su texto ni siquiera nombra a Von Wernich y al referirse a los crímenes que cometió agrega con ostensible toma de distancia "según la sentencia del Tribunal". En términos similares a los que usó el condenado, la Comisión Ejecutiva señala "el camino de la reconciliación", y agrega una fórmula de magistral ambigüedad que viene usando en los últimos años: encomia la justicia que termina con la impunidad y al mismo tiempo la equipara con "el odio o el rencor". Ningún obispo acepta el diálogo con los comunes mortales para explicar cómo se concilian ambos conceptos. Similar asepsia discursiva utilizó al día siguiente Martín de Elizalde, el obispo de Nueve de Julio de quien depende Von Wernich. "El Tribunal lo ha considerado culpable", escribió. También lamentó que haya habido "en nuestra Patria tanta división y tanto odio, que como Iglesia no supimos prevenir ni sanar". Esta sugerencia de un pecado de omisión se hace explícita en la sentencia siguiente: "Que un sacerdote, por acción o por omisión, estuviera tan lejos de las exigencias de la misión que le fue confiada, nos lleva a pedir perdón, con arrepentimiento sincero". Más próximo a un reconocimiento de la realidad parece cuando pide a Dios que otorgue a Von Wernich "la gracia que necesita para comprender y reparar el daño ocasionado". Sobre la reconciliación, menciona las condiciones explícitas en el catecismo católico, "el arrepentimiento y el [pedido de] perdón", y los reclamos que la sociedad ha hecho propios, de verdad y justicia. Pero aun así, Elizalde difirió para otro momento cualquier resolución sobre el estado eclesiástico del condenado, que se resolverá "oportunamente" de acuerdo con la ley canónica. Este Episcopado tan rápido para colgar piedras de molino en cuellos ajenos se vuelve parsimonioso cuando se trata de sus propias filas.

Responsabilidad Personal
Como reflejo del conflicto interno entre quienes querían ser más explícitos en el repudio al cura torturador (como el salesiano Radrizzani, quien hizo su carrera sacerdotal en Neuquén junto a uno de los principales denunciantes de los crímenes dictatoriales, Jaime de Nevares) y quienes consideran el proceso como un ataque a la Iglesia ("perseguida, calumniada y difamada" según la homilía de Bergoglio al inaugurar la Asamblea Plenaria de abril), la declaración episcopal se remitió a dos documentos anteriores, de 1995 y 2000, testimonio de las dificultades para enfrentar la propia historia. El 3 de marzo de 1995 el capitán de la Armada Adolfo Scilingo confesó su participación en el asesinato de treinta personas a las que arrojó desde aviones en vuelo sobre el mar. Según Scilingo, el Comandante de Operaciones Navales, vicealmirante Luis María Mendía anunció a los oficiales reunidos en la base naval de Puerto Belgrano que ese procedimiento había sido aprobado por la jerarquía eclesiástica, que lo consideró "una forma cristiana de muerte". Cinco días después, el 8 de marzo, la Comisión Permanente negó que sus autoridades hubieran sido consultadas y dijo que "si algún miembro de la Iglesia, cualquiera fuera su condición, hubiera avalado con su recomendación o complicidad alguno de esos hechos, habría actuado bajo su responsabilidad personal, errando o pecando gravemente contra Dios, la humanidad y su conciencia". La Conferencia Episcopal lo reiteró en 2003, en respuesta al dictador Benito Bignone, quien dijo que la jerarquía había avalado el uso de la tortura a prisioneros. Ese documento escrito en condicional subjuntivo era explicable ante una afirmación genérica sobre la jerarquía, pero aplicado al caso del ya condenado Von Wernich sólo transmite desdén por la justicia.
El otro texto citado ahora, ‘La reconciliación de los bautizados', fue emitido en setiembre de 2000 por la Conferencia Episcopal, en Córdoba. En el capítulo "Confesión de los pecados contra los derechos humanos" colocó en un mismo plano "la violencia guerrillera y la represión ilegítima", por lo cual suplicó a Dios "que acepte nuestro arrepentimiento y sane las heridas de nuestro Pueblo". Pidió perdón a Dios, no a las víctimas, por los actos de otros, no por los propios ("por los silencios responsables y por la participación efectiva de muchos de tus hijos..."), en una variedad de hechos como el atropello a las libertades, la tortura, la delación, la persecución política y la intransigencia ideológica, "en las luchas y las guerras y la muerte absurda que ensangrentaron nuestro país". Entre los invitados a la ceremonia estaba el jefe del Ejército pero ningún representante de las víctimas del terrorismo de Estado. En la misma celebración litúrgica, el enviado papal Rosalío Castillo Lara explicó que "el perdón no elude la justicia pero sí hace que la exigencia de justicia no sea una venganza disfrazada".

Justicia y Venganza
Esta curiosa asociación entre justicia y venganza contradice el conocimiento histórico y jurídico, tanto nacional como internacional. Cinco siglos antes de Cristo, Esquilo presentó en La Orestíada el momento del tránsito de una forma a la otra. Orestes venga la muerte de su padre Agamenón, matando a su madre, se presenta en Atenas para responder por su crimen y un jurado de ciudadanos lo absuelve. El imperio de la ley y la justicia impartida por el Estado cierran el ciclo de represalias sangrientas. Pero la caída del imperio romano retrotrajo las cosas a su estado anterior. En el derecho germánico no existía ningún representante de la sociedad que ejerciera la acción pública y el proceso era una continuación de la lucha entre dos contendientes. Mientras ese derecho germánico prevaleció en Europa, la prueba judicial no guardó relación con la verdad, sino con la fuerza de cada parte. Recién en la Edad Media se repite el tránsito de la venganza a la justicia con la aparición de la sentencia, que Michel Foucault describe como "la enunciación por un tercero de lo siguiente: cierta persona que ha dicho la verdad, tiene razón; otra, que ha dicho una mentira, no tiene razón". Con la monarquía medieval la justicia deja de ser un pleito entre individuos y se convierte en la imposición de un poder superior, un tercero imparcial que no puede ser a su vez víctima de la venganza en razón de su sentencia.
Del mismo modo, la condena a las Juntas Militares en diciembre de 1985 fue el cierre civilizado de un ciclo de tres décadas de violencia y represalias, que se había abierto con el bombardeo a la Plaza de Mayo en junio de 1955 por aviones que llevaban sus alas pintadas con la consigna "Cristo Vence" y que incluyó el secuestro y ejecución de Aramburu ("que Dios Nuestro Señor se apiade de su alma", decía el comunicado del comando Juan José Valle), la masacre de Trelew, los atentados personales de la guerrilla, los crímenes de la Triple A y la fábrica represiva montada por las Fuerzas Armadas a partir del golpe de 1976. Que no haya habido represalias de los familiares de las víctimas, habla de la capacidad regeneradora de la convivencia que tuvo aun la escasa medida de justicia que el país conoció entonces y que se reanudó en 1996 con el primer juicio por la verdad que impulsó Emilio Mignone, se amplió en 1998 con los procesos contra Massera y Videla por la apropiación de bebés, y en 2001 con la nulidad de las leyes de impunidad dispuesta por el entonces juez Gabriel Cavallo, confirmada en 2003 por el Congreso a pedido del presidente Néstor Kirchner y por la Corte Suprema de Justicia en 2005.
"No existe reconciliación justa y durable sin que sea aportada una respuesta efectiva a los deseos de justicia" dicen los "Principios para la protección y la promoción de los Derechos Humanos y la lucha contra la impunidad", elaborados en 1996 por el relator especial de las Naciones Unidas Louis Joinet. El derecho a la justicia "implica que toda víctima tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos beneficiándose de un recurso justo y eficaz, principalmente para conseguir que su opresor sea juzgado, obteniendo su reparación". El perdón es un "acto privado" y supone, "en tanto factor de reconciliación, que la víctima conozca al autor de las violaciones cometidas contra ella y el opresor esté en condiciones de manifestar su arrepentimiento; en efecto, para que el perdón sea concedido es necesario que sea solicitado". La propia Iglesia Católica ha codificado las condiciones de ese perdón: el reconocimiento de los yerros, su detestación y la búsqueda de posibles caminos de reparación. Lo que le sigue costando es llevarlas a la práctica cuando se trata de yerros, o crímenes, de alguno de sus hombres. Eso es muy humano.

Vox Populi
En sus breves pero expresivas palabras, Von Wernich dijo que le parecía que habían cambiado el crucifijo de la sala de audiencias, que "antes había uno más chico". Notable alucinación, como se comprueba con las fotos y filmaciones de diversas audiencias. "Miro el crucifijo, donde está Cristo, y pienso que está aquí porque, como ahora, hubo un juicio apoyado por el pueblo", agregó. No menos significativo que esa arrogante comparación es el reconocimiento del consenso social del que gozan los juicios por violaciones a los derechos humanos. Entre los aspirantes a la presidencia en los comicios del 28 de este mes, sólo el ex ministro de Defensa Ricardo López Murphy los cuestionó. Dijo que no se podía juzgar dos veces a una persona por el mismo delito, cosa que no se aplica a Von Wernich, quien no había sido procesado antes de ahora. En cambio, CFK, Roberto Lavagna, Elisa Carrió y Alberto Rodríguez Saa, con matices diferentes en cada caso, aprobaron el juicio y la condena. El porcentaje de votos que sumarán estos aspirantes a la representación popular, que cubren desde el centro derecha hasta el centro izquierda, coincide con el de rechazo a la impunidad y de apoyo al proceso judicial que se registró de 1984 en adelante cada vez que se realizó algún sondeo al respecto.

Comparaciones Odiosas
El de Von Wernich es un caso extremo, pero no único. También está procesado el capellán del Batallón de Ingenieros de San Nicolás, Miguel Angel Regueiro. En la misma causa el juez Carlos Villafuerte Ruzo procesó la semana pasada al ahora ex asesor en temas de seguridad de la Coalición Cívica Libertadora bonaerense, comisario Edgardo Mastrandrea. Regueiro deberá enfrentar el juicio por la privación ilegal de la libertad de Carlos Fernando Alvira, quien en 1977 era un bebé y cuyos padres siguen desaparecidos. El teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant se lo entregó luego del ataque a la casa donde vivía la familia, mientras continúa la investigación respecto de la desaparición forzosa de María Cristina y Raquel Rosa Alvira y de Horacio Arístides Martínez. El juez también le embargó bienes por un millón de pesos. El sacerdote explicó que sus funciones eran dar misa, enseñar catecismo, dar primeras comuniones, bautizar soldados, atender desertores o personal con problemas específicamente militares. Sin embargo está acreditado que primero entregó el bebé a un vecino, luego se lo quitó y lo llevó a un asilo y por último participó en una operación de chantaje sobre los abuelos: para restituirles el chico los militares de la guarnición exigían que firmara un documento acusando a sus hijas de delincuentes subversivas. El cura lo traía y cuando los abuelos intentaban tomarlo se lo llevaba. Si no firmaban, no volverían a verlo, era la amenaza. La abuela "nunca pudo entender la dureza del cura, que los maltrató". Regueiro había enfrentado al obispo Carlos Ponce de León, quien en julio de 1977 fue asesinado en un falso accidente de carretera. La verdadera excepcionalidad que el juicio a Von Wernich puso de relieve es la del Episcopado argentino en el contexto regional: mientras los de Chile, Brasil y Uruguay protegieron a los perseguidos por las respectivas dictaduras, el Episcopado argentino santificó la persecución. El mejor aporte que podrían hacer sus actuales integrantes a la sociedad y a sí mismos es ofrecer una explicación para este hecho, de la que se deriven efectos palpables, con propósito de enmienda. Formados para recibir confesiones ajenas, les cuesta enfrentar las propias.

Identidades
En un país cuya burguesía fue incapaz, antes de Maurizio Macri, de crear un partido político que representara sus intereses dentro del sistema democrático, la Iglesia cumplió el rol decisivo de evangelizar a las Fuerzas Armadas hasta convertirlas en Partido Militar al servicio de esa clase incompetente. Esto explica tanto la sucesión de golpes militares a partir de 1930, como la dificultad eclesiástica para evolucionar hacia un rol menos totalizador o integral. La Iglesia universal dejó de defender los sistemas totalitarios en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, con el célebre mensaje radial de Pio XII en la Navidad de 1944, cuando la derrota del Eje era inminente. Pero en la Argentina la Iglesia Católica fue conducida durante los veinte años previos al golpe de 1976 por dos obispos integristas, convencidos de la identidad entre la Nación y el catolicismo y, en consecuencia, de la asociación entre cualquier diversidad y una subversión del orden natural que debía ser extirpada en defensa de la única verdad admisible. Ambos presidieron la Conferencia Episcopal y al mismo tiempo fueron titulares del Obispado Castrense. Antonio Caggiano encabezó el Episcopado desde 1955 hasta 1970, fue vicario general castrense desde 1959 hasta 1975 y primado de la Argentina hasta su muerte, en 1979. Adolfo Servando Tortolo lo sucedió como presidente de la Iglesia hasta 1976 y como vicario castrense hasta su muerte, en 1981. El arzobispo cismático Marcel Lefebvre reveló su simpatía por ambos. Dijo que Caggiano había compartido sus posiciones durante el Concilio y que Tortolo no pudo ser cardenal por "su fidelidad al rito tradicional". Durante esas dos décadas tuvieron como provicario castrense al obispo Victorio Bonamín. Sin oposición del resto del Episcopado, abrieron las puertas de los cuarteles a la prédica de religiosos y civiles integristas, que importaron la doctrina francesa de la guerra contrarrevolucionaria. A la muerte de Tortolo los integristas hicieron desde sus publicaciones un sincero análisis sobre el rol que cumplió y postularon a Bonamín para sucederlo porque, según el diario bahiense La Nueva Provincia, sólo él podría evitar la formulación de objeciones morales al comportamiento de las Fuerzas Armadas en la represión. La revista Cabildo sostuvo que "la guerra contrasubversiva se libró bajo una inspiración, según una doctrina y desde una óptica, en última instancia religiosa" que, gracias a la conducción enérgica y unitaria de los capellanes, transformó "su campaña en una cruzada", sin dejarse tentar por "el humanismo modernista, contemporizador y tramposo, con que los profetas de la izquierda cristiana buscaron quebrar y alterar los sentidos de la lucha". Esos capellanes explicaron "la justicia de la muerte propia y ajena". La lucha contra la guerrilla fue una "causa cristiana y nacional" en la que se expresaban los ideales comunes entre la Iglesia y las Fuerzas Armadas, por lo que era "el momento de que la Espada defienda a la Cruz que defendió a la Espada". El nuevo vicario castrense, responsable de la salud espiritual de las Fuerzas Armadas, sólo podría ser un pastor "convencido de la legitimidad, de la bondad y de la necesidad de la guerra antisubversiva hasta sus últimas consecuencias". Por eso recién en 1982, con el documento "Iglesia y comunidad nacional" el Episcopado argentino admitió que también las dictaduras de la seguridad nacional habían pasado a la historia. Pero ese tardío reconocimiento de la soberanía popular como fuente de autoridad no fue más que una resignación. Es improbable que la Iglesia Católica pueda ir más lejos de ese punto sin ayuda de la sociedad política, de la que se ha ido separando por etapas, con el Concordato de 1966 y con la reforma constitucional de 1994. El próximo paso es obvio.

14 de octubre de 2007
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partero maligno todavía en libertad

mqh - 14 de octubre de 2007 - 19:40 - argentina

[Victoria Ginzberg] El director de la maternidad clandestina esta libre. Los relatos de los partos.

Argentina. La maternidad clandestina que funcionó en el sector de Epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo fue comandada por el médico militar Norberto Atilio Bianco. En el último año, las Abuelas de Plaza de Mayo reclamaron dos veces la detención de este represor, pero el juez Alberto Martín Suáres Araujo se resiste a encarcelarlo. La semana pasada un grupo de familiares de desaparecidos se entrevistó con el magistrado para reclamarle celeridad en este expediente, pero no salió conforme. "Vamos a informar al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema de las demoras en esta causa", anunció Abel Madariaga, coordinador general de los equipos de Abuelas de Plaza de Mayo, cuyo hijo nació en Campo de Mayo.
Bianco ya estuvo en prisión, pero por la apropiación de dos menores a quienes anotó como hijos propios. Hasta ahora, no fue arrestado por su rol protagónico en el plan sistemático para apropiarse de hijos de desaparecidos. A diferencia de lo ocurrido en la ESMA, en Campo de Mayo no hay muchos sobrevivientes que puedan relatar detalles del cautiverio de sus compañeros. Pero médicos y enfermeros se sumaron a los pocos ex detenidos de ese sitio y aportaron testimonios que sirvieron para reconstruir los partos y el robo de los niños.
La obstetra Luisa Yolanda Arroche de Sala García dijo que en 1976 y 1977 atendió entre 20 y 30 mujeres embarazadas en Epidemiología. Vio a mujeres con las manos atadas y la cara tapada. Siempre había custodios. "En una oportunidad llevaron a un chiquito de 3 o 4 años a eso de las doce de la noche, pero al día siguiente ya no estaba. En otra oportunidad vi a tres criaturas al cuidado de una monja. No escuché comentarios sobre esos chicos pero ‘evidentemente eran hijos de subversivos'", aseguró.
Concepción Piffaretti fue enfermera auxiliar en epidemiología. Aseguró que las mujeres que estaban internadas allí tenían los ojos vendados y a veces estaban encapuchadas y que no sabe sus nombres porque se las denominaba NN. "Las que tenían parto natural no volvían, sólo volvían las que tenían cesárea, pero no estaban más de dos días", afirmó.
Luis Eposto, técnico radiólogo y enfermero, afirmó que "una vez nacido el niño, las prisioneras embarazadas eran separadas de él e inmediatamente desaparecían con destino desconocido". Y contó que todas las noches salía de Campo de Mayo un avión Hércules con rumbo sur-este. Despegaba entre las once y las doce de la noche y volvía en menos de una hora, El comentario en el hospital era que "llevaba gente que era tirada al mar".
Los testimonios coinciden en señalar a Bianco, al médico militar Julio César Caserotto (que murió) y Agatino Di Benedetto, subdirector y luego director del hospital, como los responsables de esos partos y de las detenidas.
"Se encuentra probado el desarrollo de una práctica sistemática respecto a mujeres embarazadas detenidas que se extendía desde su secuestro hasta la sustracción de sus bebés y la posterior desaparición de sus madres", señalaron las Abuelas en un escrito que presentaron a fines del año pasado ante el juez Suáres Araujo y que ampliaron hace diez días.
Allí detallaron que en la guarnición militar de Campo de Mayo funcionaron al menos tres centros clandestinos de detención. Uno estaba ubicado en la plaza de tiro, próximo al campo de paracaidismo y era conocido como ‘El Campito' o ‘Los tordos'. El segundo dependía de inteligencia y estaba en la ruta 8, frente a la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral. El último era la prisión militar de Campo de Mayo.
La semana pasada Madariaga, Alba Lanzillotto y Juliana García Recchia participaron de un encuentro con Suáres Araujo. Fueron para pedirle que activara las denuncias presentadas por Abuelas. "La verdad es que el juez nos faltó el respeto. Después de 30 años no puede decir que los tiempos de la Justicia no son los nuestros. El argumenta que no hay ‘elementos directos'. Pero en el caso de mi mamá hay una monja que la reconoció, se sabe que estuvo detenida ahí. Le dije que lo ideal sería que viniera mi vieja y le dijera quién se había quedado con su hijo pero que no podía ser porque mi mamá está desaparecida", cuenta Juliana García Recchia.
Madariaga no esconde su bronca: "Nos llegó a decir que los nacimientos no estaban registrados en el libro del hospital, cuando justamente eso es la prueba de la clandestinidad de estos hechos. Parece que se puede investigar la ESMA, el Pozo de Banfield, La Cacha, es decir, la Armada, la Policía Federal, pero no el Ejército. Yo creo que hay un pacto y si no, que me demuestren lo contrario".

14 de octubre de 2007
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lobo psicópata con paraguas

mqh - 14 de octubre de 2007 - 17:25 - argentina

[Mario Wainfeld] La imbricación entre las dictaduras y la jerarquía eclesiástica, cifrada (pero no confinada) en los vicariatos castrenses, es una larga, nefasta y coherente tradición.

Argentina. La anécdota es referida en el libro ‘Cristo Revolucionario', del historiador Lucas Lanusse. Ocurrió durante la dictadura autodenominada Revolución Argentina, bajo la presidencia de Alejandro Agustín Lanusse. Un conflicto sindical paralizaba las obras del complejo El Chocón. Los gobiernos nacional y neuquino se obstinaban en minar el apoyo popular que tenían los trabajadores, también acompañados en su reclamo por curas ligados al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM). La huelga se castigó con represión. En ese contexto, la empresa pretendía inaugurar una capilla en el pueblo. El obispo Jaime de Nevares se opuso, adujo que era "una farsa" construir una capilla en Villa Permanente mientras no se llevaran las relaciones laborales "con sentido cristiano". El poder político, ilegal, se valió de un gambito: apeló al vicariato castrense para bendecir el templo. Victorio Bonamín, futuro profeta del terrorismo de Estado se encargó de la tarea, avalado (la Iglesia es una institución vertical) desde arriba.
La imbricación entre las dictaduras y la jerarquía eclesiástica, cifrada (pero no confinada) en los vicariatos castrenses, es una larga, nefasta y coherente tradición.

Christian von Wernich comenzó su sermón en La Plata señalando un crucifijo que dominaba la sala de audiencias. "Me parece que lo cambiaron desde que empezó el juicio –propuso, socarrón–, el otro era más chico." El acusado puesto en inquisidor reprochaba hipocresía a sus juzgadores. Por vía sinuosa destacaba algo relevante. El sociólogo Fortunato Malimacci (cristiano militante, especialista en sociología de la religión) dio vuelta el argumento en nota publicada el miércoles en Página/12. Con tino republicano interrogó: "¿Hasta cuándo será un salón sacro un tribunal de justicia?". La libertad de cultos no debe confundirse con la imposición de un credo, precisamente en un ámbito público.

Frío como Von Wernich, el comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) eludió mencionar a las víctimas. Los exégetas-apologistas que son voceros mediáticos de la jerarquía no repararon en esa omisión estruendosa, plena de significado. Torrentes de tinta reinterpretaron un texto de diez líneas y no dieron cuenta de esa carencia que todo lo explica.
El diario La Nación, fiel a su línea histórica de treinta años que se moteja ‘periodismo independiente', asumió la defensa vicaria del acusado. Se preocupó en un editorial por el tratamiento mediático del tema. Echó mano a una metáfora que se las trae. Habló de la "muchedumbre anónima e iletrada", una alusión algo severa para quien hace un tópico de la libertad de prensa. En otros casos, se habla de ‘opinión pública' y se la endiosa.
¿Le dará Von Wernich la comunión a Miguel Etchecolatz en la cárcel? Suena chocante pero las leyes canónicas lo facultan para hacerlo, de momento. El obispo de su diócesis, Martín de Elizalde, se tomará un tiempito para resolver si lo suspende, diz que esos trámites son trabajosos. Sin embargo, las propias reglas facultan para imponer sanciones temporarias que eran lo mínimo esperable.
Ayer mismo, informa la agencia AP, en el Vaticano se suspendió transitoriamente de sus funciones administrativas a "un monseñor" cuyo nombre se reservó, después de que confesara haber mantenido relaciones homosexuales. Algunas faltas producen reflejos más expeditivos que la comisión probada de decenas de crímenes atroces, todos ellos pecados capitales.
Elizalde, chimentan los que conocen ciertos pasillos, es un obispo cercano en pensamiento a Esteban Caselli, ese laico tan influyente que ahora hace campaña por Ramón Puerta en Misiones.

La burocracia es un modo de memoria, también un bastión de las organizaciones. Si se aspira a la longevidad, a la vigencia ultrageneracional, los archivos se conservan y se resguardan. Lo sabe el último escribiente que atiende en mesa de entradas, lo sistematizó Max Weber.
Esa lógica institucional, que lleva veinte siglos de vida, echa luz sobre una deuda fenomenal de la jerarquía de la Iglesia argentina. Es revelar la información que atesora sobre el terrorismo de Estado. En su reciente novela ‘El Camarada Carlos', la escritora Alicia Dujovne Ortiz revela cómo investigó la vida de su padre expurgando en la Rusia actual archivos del comienzo de la revolución socialista. Pasaron casi cien años, guerras, la revolución, la Perestroika... y los papeles siguen allí.
En Sevilla cualquier paseante puede darse una vuelta por el Consejo de Indias y asombrarse de la cantidad de documentos que se guardan del imperio español, siglos ha. El proverbial conservacionismo de las burocracias podría tener una utilización virtuosa.
La reconciliación es por esencia bilateral. La que pide la derecha argentina es pura renuncia de las víctimas y defección del Estado. Sus invocaciones son, bien leídas, facturas emitidas a los otros. No las completa ningún aporte ni esfuerzo propio. Develar parte de lo que se sabe sería una señal en pos de la verdad, aunque no de la plena justicia que se construirá en los estrados de la sociedad civil.
Los organismos de derechos humanos han pedido ese gesto a la Iglesia, jamás tuvieron respuesta positiva. Hablamos de decenas de miles de personas desaparecidas, insepultas. El cristianismo honra a los muertos, propone ritos y normas para su cuidado y evocación como todas las religiones y todas las culturas.

Llegó la tercera condena tras la anulación de las leyes de la impunidad. El trabajoso devenir de las causas remarca una carencia de la auspiciosa etapa abierta por la consistente política oficial en materia de derechos humanos. El cambio cualitativo habilitó un escenario nuevo, con exigencias jamás imaginadas. Tal como le ocurre en otras áreas de su gestión, el Gobierno no se dio maña para hacerse cargo de esas tareas, novedosas y exigentes.
Deben garantizarse condiciones materiales y legales para que muchos procesos se realicen con relativa celeridad, ante tribunales debidamente integrados y respetuosos de las garantías constitucionales. La misión es elaborar una ingeniería procesal que acumule causas para evitar dispendio de actividad, repetición de los testimonios, grandes procesos con un solo acusado que se repetirán casi con carbónico con otros. El Ejecutivo tiene mucho que hacer en ese rumbo, amén de apostrofar a los jueces o constituirse como querellante. Entre otras cosas, ponerse al día con la designación de magistrados, frenada por un embotellamiento pampa en la Casa Rosada.
El Poder Judicial y en especial su cabeza, la Corte Suprema, también están en falta. La Corte empezó a repararla exigiendo a la Cámara de Casación que destrabe recursos que no ha resuelto en años y que impiden el desarrollo de la megacausa ESMA. La acción debe ser bienvenida aunque llega cuanto menos un año tarde, sin fijarle plazos al tribunal remolón. La Corte fue más drástica y precisa con los otros poderes del Estado en la causa del Riachuelo.
Las Asociaciones de Magistrados, muy celosas ante lo que leen como atropellos a la legalidad cuando provienen de extramuros, podrían ponerse las pilas y pronunciarse respecto de sus propias ovejas negras.
Ay, las corporaciones, las corporaciones.

En las páginas de este diario la periodista Sandra Russo y el escritor Rolando Concatti (que integró el MSTM) escribieron agudas variaciones sobre la banalidad del mal. Vayan unas líneas más en ese empeño.
Visto por tevé, Von Wernich habilita las miradas más descalificadoras: es altivo, tiene fuego en la mirada, invoca autoridad todo el tiempo, es psicópata hasta para tomar agua. Y sin embargo, no fue un lobo solitario y descarriado. El hombre dio en la tecla cuando se guareció bajo el paraguas de la institución que lo cobija, que ahora gambetea expedirse sabiendo lo que hizo y que en su momento no podía ignorar lo que estaba cometiendo. Seguramente sus condiciones personales propiciaron que se ocupara por mano propia de tareas materiales violentas, como hicieron sus compañeros de armas. Pero la dictadura no fue una asociación ilícita. Fue un proceso político con fines determinados, que se plasmaron incurriendo en genocidio. Algunos emergentes se ponen en el banquillo de los acusados. Deben ser juzgados, todos y cada uno. Y condenados si hay pruebas suficientes.
La memoria y la justicia son imprescindibles como tránsito a una etapa superadora. La reparación plena podrá, eventualmente, alcanzarse con años y años de democracia, de libertad, de pluralismo, de respeto a las leyes locales e internacionales. Nunca se sabrá cuándo llega, lo importante es el empeño en buscarla y en construir una sociedad mejor a través de medios acordes con tan sublimes fines.

14 de octubre de 2007
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cura con piel de oveja

mqh - 14 de octubre de 2007 - 16:54 - argentina

[Victoria Ginzberg] Un ex capellán en la maternidad clandestina de Campo de Mayo. "El cura iba a dar la bendición".

Argentina. Una monja y una enfermera aseguraron que el vicario de la diócesis de San Miguel, Federico Gogala, entraba a la sala donde estaban las detenidas embarazadas de Campo de Mayo. La pista de una fundación involucrada en el último caso resuelto por Abuelas.
"Las mujeres embarazadas se encontraban desnudas, con la capucha o con una venda negra en los ojos. El sacerdote ingresaba mucho a ver a las mujeres y también los médicos. El sacerdote es el que en la actualidad es el monseñor del hospital, monseñor Gogala." La declaración pertenece a una enfermera del hospital militar de Campo de Mayo, donde durante la última dictadura funcionó una maternidad clandestina en la que nacieron y fueron apropiados por lo menos treinta hijos de desaparecidos. Y señala la participación de miembros de la Iglesia en el robo de bebés. Las Abuelas de Plaza de Mayo están investigando el rol de los religiosos en la ‘distribución' de los niños: la última nieta que recuperó su identidad nació en Campo de Mayo y fue entregada a la pareja que la crió a través del Movimiento Familiar Cristiano, una fundación de laicos que actuaba como ‘mediadora' de familias adoptantes.
La condena a reclusión perpetua al ex capellán de la policía bonaerense Christian von Wernich convirtió en certeza jurídica las afirmaciones sobre la participación directa de miembros de la Iglesia en delitos de lesa humanidad como secuestros, torturas y asesinatos. Además, volvió a dejar en evidencia la complicidad de la jerarquía eclesiástica con la última dictadura militar. Von Wernich fue uno de los símbolos de la comunión entre la Iglesia y las Fuerzas Armadas, pero aún hay personajes que permanecen en las sombras.
Federico Gogala es vicario general de la diócesis de San Miguel. Fue capellán del Ejército hasta principios de este año, cuando fue ‘jubilado' por el obispado castrense. Se trató, en realidad, de un acuerdo con el gobierno para desplazar a los sacerdotes que tuvieron vínculos con la dictadura y todavía estaban en funciones. Por eso, a Gogala hasta hace poco todavía se lo veía por el hospital militar de Campo de Mayo.
La enfermera que habló de él ante la Justicia trabaja en ese establecimiento desde 1971. Durante la dictadura, estuvo destinada al sector de Epidemiología, donde permanecían cautivas las embarazadas y donde funcionó la maternidad clandestina. En el testimonio que dio en agosto en la causa en la que se investigan los crímenes cometidos en Campo de Mayo, la mujer reconoció que en Epidemiología "ingresaban personas detenidas". Dijo que "tenían custodia militar, estaban esposados y con su cara tapada" y que "no estaban identificados con su nombre y que no existían registro de los mismos". La enfermera admitió que había también mujeres embarazadas que eran llevadas a parir a maternidad y que volvían "solas", sin sus bebés. "Yo sólo las atendía al regreso cuando habían dado a luz mediante cesárea o cuando tenían alguna herida post parto y para colocarles una inyección para cortar la lactancia", aseguró. Agregó que "permanecían pocos días y luego dejaba de verlas".
Este testimonio no es el primero que revela detalles de los partos clandestinos en el hospital militar de Campo de Mayo. Por el contrario, ratifica las declaraciones de muchos otros testigos que durante años narraron cómo el médico militar Norberto Bianco regenteaba el sitio. Pero es novedoso en tanto pone en evidencia la participación de Gogala en los hechos. No es el único relato en que se menciona al religioso. Una monja que se presentó ante la Justicia hace un mes y que se desempeñó desde 1974 a 1983 en Campo de Mayo también lo recordó.
"Cuando íbamos al lavadero pasábamos por Epidemiología, que estaba en frente y allí veíamos guardias que custodiaban, pero no nos llamaban la atención porque era zona militar. Al lugar, en algunas oportunidades concurría el sacerdote Gogola a dar la bendición", contó la religiosa.
La mujer narró que una noche le dieron una orden a la madre superiora para que fueran a dar de comer a unos niños que estaban en el hospital. Fueron tres monjas ("la declarante, la hermana Haydée y otra más). Se encontraron con "un varoncito de seis o siete años y dos nenas que eran hermanas de dos y cuatro, que eran primas del varoncito". "Las nenas –relató– lloraban mucho pidiendo por su madre y el nene les decía que la madre ya no estaba más, luego les comentó que los padres los habían puesto debajo de la cama y sobre ella además un colchón. Los chicos se encontraban en maternidad, en Ginecología, en una pieza estaban solitos. El varón era flaquito, de piel blanca, vestido con un jean, remera y pullover. Las nenas eran de piel blanca y con vestido. Cuando se retiraron las monjas del lugar, los dejaron a los chicos solitos en esa habitación." "Es irrefutable que Gogala sabía de la existencia de mujeres detenidas en forma clandestina que estaban en el hospital por sus embarazos. Y la sospecha de la participación de la Iglesia en la apropiación de niños en el centro clandestino de detención de Campo de Mayo no es para nada descabellada teniendo en cuenta la participación de un grupo de monjas de la congregación Cristo Rey y que la última chica restituida, cuya madre estuvo detenida en Campo de Mayo, fue entregada a través del Movimiento Familiar Cristiano", dijo a Página/12 Luciano Hazan, abogado de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
Según su página web, el Movimiento Familiar Cristiano (MFC) es "una institución que desde hace 58 años se dedica a conocer, vivir y difundir los valores naturales y sobrenaturales del matrimonio y la familia cristianos". Según las sospechas de las Abuelas, se trata de un organismo que "blanqueó" apropiaciones de niños.
Belén Altamiranda Taranto es la nieta 88, la última joven que recuperó su identidad. Su mamá, Rosa Luján Taranto, estuvo secuestrada en El Vesubio y fue llevada a Campo de Mayo para parir. Según les dijo a sus compañeras cuando la "devolvieron" al Vesubio sin dejar que conociera a su beba, durante el parto había estado encapuchada, pero por debajo del vendaje había logrado ver "un hábito como el de monjas". La niña fue entregada a un matrimonio a través del MFC. Las Abuelas suponen que no fue el único caso. "Tenían muchísima llegada a la secretaría de minoridad y familia y funcionaba como una especie de agencia de adopción para familias civiles y militares. A la madre biológica, fuera de familia bien o una chica pobre, se le hacía una ficha. Pero hay fichas en las que las madres no figuran, niños que `aparecen de la nada`", confió a Página/12 una persona que está estudiando esa fundación.

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demonios en argentina

mqh - 14 de octubre de 2007 - 04:34 - argentina

[J. M. Pasquini Durán] Es inaceptable que jerarquía católica eluda sancionar al cura von Wernich, un verdadero demonio.

Durante el mandato presidencial que pronto termina, hubo hechos económicos y sociales que ya le ganaron un lugar en la historia, con la carga de aciertos y errores que el tiempo se encargará de ordenar. Capítulos como la negociación de la deuda externa, la sostenida tasa de crecimiento con la consiguiente reactivación económica y la creación de nuevos empleos que reestablecieron la integridad familiar en tantos hogares que vivían de la asistencia pública, cuando no de la caridad privada, son apenas referencias de un catálogo mucho más extenso. Sin embargo, en el recuento de estos cuatro años habrá que ubicar bien alto el compromiso del Poder Ejecutivo contra la impunidad de los violadores de los derechos humanos; el primero de los gobiernos elegidos por las urnas, en casi un cuarto de siglo, que no tuvo inflexiones de pensamiento en tremendo asunto ni claudicó en sus convicciones, sin espinazo de goma para saludar a curas y militares, portadores de la cruz y de la espada, antiguos emblemas de dominación. Una mirada retrospectiva sobre los años transcurridos desde el final de la dictadura puede confirmarlo. Raúl Alfonsín, que inició el presente ciclo democrático, tuvo los enormes méritos de formar la Conadep y de cobijar el juicio a las juntas militares, con los que se colocó como ejemplo para el mundo, pero luego no quiso, no pudo o no supo disciplinar a los carapintada y terminó promoviendo las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, ordenanzas de bochornoso olvido, enredado en la engañosa hipótesis de los dos demonios que hacía tabla rasa de víctimas y verdugos.

Carlos Menem, en sus diez años de gobernante, sólo tuvo desméritos en la materia, cuya pieza mayor fue el indulto a los mismos jefes que habían sido condenados por aquel tribunal, con la excusa de una presunta reconciliación nacional, imposible sin verdad ni justicia. Los gobernantes que vinieron después pasaron por el pináculo institucional centrifugados por vertiginosos torbellinos críticos, sin que ninguno pudiera consumar nada, pese a que hubo miembros de la Alianza con antecedentes políticos y personales como para despertar expectativas. En todos esos años, las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, y los demás organismos que compartían objetivos, siguieron bregando por conseguir juicio y castigo a los culpables y buscando los rastros de los seres queridos que habían sido capturados por la gran bestia infernal, el terrorismo de Estado. En esa incansable movilización radica la razón principal de lo que se consiguió, incluida la conducta del actual gobierno, puesto que la causa de los derechos humanos fue ganando la conciencia de millones de argentinos que durante años justificaron su indiferencia refiriéndose a las víctimas con una sentencia banal: "Algo habrán hecho". Hoy en día todos los que quieren lo saben: no importa lo que hayan hecho, ninguna persona merecía la prisión clandestina, los tormentos, los vuelos de la muerte y la apropiación de los recién nacidos como parte del ‘derecho al botín' de los verdugos.

Nadie habrá encontrado novedades en esta introducción de memoria, pero resulta indispensable para asumir la dimensión de los hechos actuales en su apropiado contexto. Con el gobierno de Kirchner, las políticas públicas salieron al encuentro de la larga marcha cívica por verdad y justicia, con tanta transparencia y sinceridad que concitaron las adhesiones explícitas de Abuelas y Madres, suficiente garantía para disipar dudas sobre la calidad del compromiso oficial. Aun así, no alcanzó para develar tantas complicidades ocultas, para cerrar las tumbas abiertas y para procesar alrededor de 850 expedientes con 300 militares inculpados. Hasta la Corte Suprema de Justicia intervino, anteayer, para ordenar a la Cámara de Casación Penal que adopte "medidas urgentes" en un recurso vinculado con la causa ESMA que está cajoneado desde hace más de cuatro años. La mayor parte de las dificultades no tolera otra explicación que la complicidad latente de núcleos de poder, dentro y fuera de los tribunales, con las tareas cumplidas por los terroristas. La desaparición del testigo J. J. López, cuya suerte sigue en el misterio después de un año sin que ninguna fuerza de seguridad o de inteligencia del Estado aportara indicios sobre su destino, alcanza para probar la perversa y poderosa latencia. Hay un pensamiento ideológico-cultural que confunde, con deliberación, la paciente demanda judicial de los familiares de las víctimas con malévolas intenciones de venganza.

Peor aún: a propósito de la condena impuesta a Von Wernich, según las normas del derecho común, La Nación editorializó el jueves último en términos inexcusables. "A menudo –afirma– se tiene la impresión de que la persona juzgada por la Justicia ha sido condenada de antemano por la ‘muchedumbre anónima e iletrada', como en los procesos bárbaros y a menudo sombríos de la Edad Media." Dicho esto para criticar la condena a reclusión perpetua como partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad agravada de 34 personas, coautor de la aplicación de tormentos agravados de otras 31 y del homicidio triplemente calificado de siete detenidos-desaparecidos, todos "delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la Argentina entre 1976 y 1983", según el fallo impuesto por los tres jueces que escucharon abundantes testimonios, evaluaron las evidencias y otorgaron al acusado las plenas garantías de la defensa en juicio, un derecho que fue negado a todas las víctimas.

El superior inmediato del condenado, obispo en 9 de Julio, pidió "perdón, con sincero arrepentimiento" por la conducta de su subordinado, pero omitió sancionarlo, por lo que podrá seguir usando el uniforme, celebrar la eucaristía, impartir los sacramentos y darles la comunión a sus antiguos cómplices, entre ellos Etchecolatz, con quienes convive en el penal de Marcos Paz. Para comparar: por el delito de opinión, ya que defendía la Teología de la Liberación, el sacerdote brasileño Leonardo Boff fue perseguido y sancionado con rigor por el Vaticano. No hay una sola vara, tan claro como que la afirmación editorial del matutino conservador no es una opinión solitaria. Hace dos semanas, el cardenal Bergoglio, en Luján, alertó a los fieles acerca del "demonio de la mentira", figura y autor que fueron evocados por el reo en su última intervención en el tribunal. Después de la sentencia, la Conferencia Episcopal, que preside el cardenal, difundió un escueto comunicado en el que no figuran las víctimas. Tampoco en la declaración del superior de Von Wernich, al menos por piedad con los caídos, criaturas humanas que habrán rezado al mismo Dios en los momentos más crueles, sin olvidar que obispos, monjas y curas figuran en las nóminas de los que ahora ni merecen una mención. Por temor a que su autoridad se agriete en las napas oligárquicas, prefiere consolar al verdugo, aunque la Iglesia sea patrimonio de la mayoría del pueblo creyente y no de sus autoridades temporales. Sin esa condición no hubiera sobrevivido dos mil años.

Los que se ponen del lado del terrorismo de Estado alguna vez deberán comprender que el olvido es imposible mientras haya un solo hogar en duelo que no sepa cómo, cuándo y por qué fueron sacrificados sus seres queridos ausentes, quién lo ordenó y quién lo ejecutó. Interpelado en círculo íntimo sobre la existencia de archivos, un oficial superior del Ejército respondió: "No me consta que existan, pero mi intuición profesional me dice que deben estar en algún lado. En tren de conjeturas, me animaría a decir que lo debe tener algún civil amigo". ¿Por qué no un Von Wernich? No hay cronología biológica que pueda cerrar esta causa, igual que no cesó por más de medio siglo la caza de criminales nazis. La aparición de esos archivos, si es que existen, a lo mejor podría pacificar los espíritus. De lo contrario, cada generación le entregará la antorcha a la siguiente, porque el esclarecimiento de lo que pasó no es un antojo de bárbaras y sombrías turbamultas medievales, sino una condición de civilidad madura, de progreso de la condición humana en la comunidad nacional. Mientras tanto, el bando del terror, militares y civiles, tendrá que seguir con las barbas en remojo.

Sería interesante que los candidatos del bando democrático incluyan en sus plataformas la voluntad de seguir la búsqueda de verdad y justicia, porque no es un valor que se sobreentienda, hay que prometerlo en voz alta. Son poderosos los aliados del pasado, pero no son invencibles. No lo son las iglesias si pierden la fe popular, como tampoco los bancos, las oligarquías, los supermercados, los sindicatos, los políticos tradicionales o los medios de difusión masiva. Puede suceder que en determinadas ocasiones, la temporada pre-electoral como en estos días, todo parezca confuso, incierto o entremezclado. Cuando las dudas acosan, hay que mirarse en el espejo de Abuelas y Madres que se elevaron a la consideración del mundo con la sola fuerza de su entrañable amor y la defensa de la vida. En treinta años, no hubo demonio capaz de doblegarlas.

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de líder gremial a torturador

mqh - 12 de octubre de 2007 - 21:29 - argentina

[Adriana Meyer] De supuesto ‘líder gremial policial' a procesado por torturas y secuestros. Edgardo Mastrandrea está involucrado en las detenciones ilegales de ex alumnos del Colegio Don Bosco de San Nicolás.

Argentina. El ex comisario Edgardo Mastrandrea recorrió un largo camino desde que comenzó a hacerse conocido como pretendido líder sindical de la Policía Bonaerense hasta ayer, que fue procesado por delitos de lesa humanidad. En el medio, logró convertirse en el asesor en temas de seguridad de la Coalición Cívica (CC), aunque cuando trascendieron sus antecedentes varios de sus candidatos salieron a desmentirlo. El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo lo consideró responsable de privación ilegal de la libertad de seis jóvenes y los tormentos a otros cinco, en el marco del caso de los ex alumnos del Colegio Don Bosco de San Nicolás. "Luego de nuestro secuestro nos hicieron aparecer blanqueados en la comisaría de Junín, y él intervino en ese proceso, y otros compañeros que cayeron más tarde lo recuerdan durante los interrogatorios", dijo a Página/12 José María Bugassi, sobreviviente y testigo querellante en esta causa.
Corría 1992 cuando un grupo de policías protagonizó la toma de una comisaría en el sur del conurbano y se autoacuarteló por reclamos "gremiales". Fue una de las primeras apariciones públicas de Mastrandrea y le costó que lo separaran de las filas policiales. Conocedor de los vicios y actividades non sanctas de sus colegas, se fue transformando en un mediático opinador que se presenta como "especialista".
Cuando Bugassi se enteró de las versiones periodísticas sobre una posible candidatura de Mastrandrea por el espacio político que lidera Elisa Carrió presentó un escrito con sus abogadas, Ana Oberlín y Nadie Schujman, pidiendo su inmediata detención e indagatoria. "No queríamos que pase lo mismo que con Patti, por eso lo impugnamos antes", expresó Budassi. Elisa Carca, ex legisladora y referente de la Coalición Cívica en San Nicolás, se comunicó con Budassi y le aseguró que el ex policía no estaba en ninguna de las listas de candidatos. Sin embargo, en junio el comisario retirado participó de un acto del candidato a gobernador de CC, Carlos Raimundi, tal como mostró la página oficial del ARI. El postulante dio a conocer los "ejes de una propuesta de seguridad sólida para construir una sociedad más segura" y estuvo acompañado por Eduardo Macaluse, Marta Maffei, Adrián Pérez, Elsa Quiroz y Horacio Piemonte, "y los ex comisarios Luis Méndez y Edgardo Mastrandrea, que colaboraron en la elaboración de las propuestas de la fuerza", reza el sitio de Internet. El mes pasado, Rosario/12 publicó la foto de ese encuentro y Raimundi se comunicó con ese medio para aclarar que "Mastrandrea no era asesor en seguridad".
El fiscal federal Patricio Murray y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires pidieron hace un mes la detención de Mastrandrea en el caso Don Bosco, un desprendimiento de una causa mayor, en la que ya están procesados los coroneles Manuel Saint Amant y Carlos Ricardes. Los secuestrados tenían entre 16 y 22 años y eran alumnos o egresados de ese colegio nicoleño. De ese grupo nunca volvió a saberse de Gerardo Cámpora, Carlos Farayi, las hermanas Rosa y María Cristina Alvira, Horacio Martínez, Regina Spotti, María Rosa Baronio, Jorge Luis Reale y Carlos Alberto Grande. "Pablo Martínez y yo estuvimos desaparecidos durante un mes, para ser luego blanqueados en Junín, donde Mastrandrea era tercero en la jerarquía de la comisaría, era oficial inspector", describió Bugassi. "Nos tomó declaración y nos presionó para que firmáramos eso, que no tenía nada que ver con lo que había pasado, e incluso detuvieron a un grupo de otros compañeros, a dos de los cuales torturaron", agregó.
Murray aseguró al programa Ladran Sancho, de LT8, que "Mastrandrea tendría vinculación con la recaudación de dinero para hacer frente a la defensa de policías investigados por delitos de lesa humanidad".

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