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febres preso viajaba al extranjero


[Raúl Kollmann] A jueza encontró una multa de tránsito del 2005 con el DNI del prefecto en Toledo. Investigan además si Febres viajó a España.
Argentina. Durante el allanamiento a la celda del represor envenenado con cianuro apareció una multa de tránsito a su nombre. La jueza Sandra Arroyo investiga si entre sus privilegios pudo haber figurado ese viaje o si alguien uso su documento.
La investigación del caso Febres seguirá hacia arriba, hacia los más altos mandos de la Prefectura. Es que los increíbles privilegios de los que gozaba el represor no podrían emanar de una orden de un subalterno, sino de las jerarquías más altas. La jueza Sandra Arroyo, al dictar los procesamientos por homicidio, menciona una circunstancia que superaría todos los límites conocidos. La magistrada deja asentado en su escrito que está investigando si Febres, aún detenido, viajó al exterior, más precisamente a España. Es que cuando allanó el lugar de detención del represor encontró una multa por infracción de tránsito realizada el 21 de septiembre de 2005 por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Para esa fecha, Febres llevaba ya varios años de detención. La multa figura a nombre de Alfredo Febres Méndez, pero lo curioso es que el número de documento es el que corresponde a Héctor Febres, 8.674.928, y el domicilio al que llegó la notificación es el de Ángel Carranza 1551, Capital Federal, el domicilio en el que vivían Febres y su esposa. O alguien usurpó el documento y la identidad del represor o éste salió del país por alguna vía.
"Un punto que plantea otro interrogante –dice la jueza– resulta ser la multa expedida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, España, que se secuestrara del propio camarote que ocupara Héctor Febres en Zona Delta. La misma sanciona a Alfredo Febres Méndez, con domicilio en la calle Ángel Carranza 1551 de Buenos Aires, Argentina, una infracción a normas de tráfico y seguridad vial cometida en la ciudad de Toledo, España". Se infiere que el auto estaba matriculado en Canarias y fue usado en Toledo.
El propio Febres pidió a su defensor oficial que averiguara por Internet sobre la multa, pero la jueza dejó asentado lo siguiente en su escrito: "En verdad, podría resultar impensable que Febres, detenido, pueda haber viajado a dicha ciudad cuando no obran constancias de haber sido trasladado a España sin previa autorización de las judicaturas a cuya disposición se encontraba. Sin embargo, el estado embrionario de la pesquisa impone que dicha cuestión quede, al menos por el momento, en estado de incógnita".
Arroyo libró exhorto a España para conseguir más precisiones y a la Dirección Nacional de Migraciones para que se le informe si existen registros de salida del país de Héctor Febres. Este diario pudo averiguar que sólo el hijo de Febres, Héctor Ariel, registra salidas del país. Ninguna en 2005; una en 2003 hacia Bogotá y otras tres hacia países limítrofes.
Por el escrito de Arroyo, se ve que la magistrada no descarta nada. Es que si Febres tenía chofer, mozo, dos líneas telefónicas fijas, un celular, su esposa se quedaba a dormir, sus amigos jugaban con él a las cartas hasta la madrugada sin que quedara registrado su ingreso al Destacamento; si tenía las llaves de su propio lugar de detención, si lo llevaron tres veces de vacaciones a una base naval de Azul, no puede dejar de investigar una prueba que evidenciaría una salida clandestina de la Argentina.
Peor aun en caso de que alguien hubiera usurpado el documento del represor, queda flotando en el ambiente que ese alguien podría ser del área de Inteligencia de Prefectura o la Armada, lo que también corroboraría que las más altas jerarquías movieron los hilos en todo momento.
Los interrogantes que deben afrontar en los próximos tiempos la jueza Arroyo y el fiscal Gentili son los siguientes:

1 ¿Quién envenenó a Febres con cianuro?

La jueza dice que, por los privilegios y el descontrol total en el que vivía Febres, le resulta imposible determinar quién le dio el veneno. Arroyo y también la familia de Febres están convencidos de que fue asesinado, porque no hay un solo mensaje de despedida ni una explicación de un eventual suicidio. En su escrito, y sobre la base de los informes de forenses y toxicólogos, Arroyo determina que el cianuro fue ingerido entre las doce de la noche y las dos de la mañana. A esa hora el prefecto Ángel Volpi estaba en el Destacamento y era el único que tenía la llave del camarote de Febres. El Gordo, como le dicen a Volpi, aparece en la mira como el más probable envenenador, pero la jueza no lo puede probar. Al menos por ahora.

2 ¿Cuál era la relación de Volpi con Febres?
Los distintos testigos dicen que tenían una relación muy estrecha, que Volpi estaba casi siempre con Febres. Es más, había prefectos que se mofaban del Gordo por ser "solterón" y escuchas en las que se habla de que "se ponían en pedo juntos" y que "tal vez el Gordo le puso el cianuro". Además, como se sabe, está pendiente un análisis de ADN de muestras de semen encontradas en el recto de Febres. Lo único concreto es que la relación era, como mínimo, extraña. Y la clave es saber para quién jugaba Volpi. Algunos sugieren que fue puesto por los altos mandos de la Prefectura, pero no faltan quienes mencionan que podría estar relacionado con la Armada. O sea que la relación, si no era personal, era de control y espionaje sobre todo para vigilar si Febres iba a contar o no los datos que conocía de la ESMA.

3 ¿Quién abrió el Messenger?

El cianuro fue suministrado entre las doce y las dos de la mañana, en la noche que fue del nueve al diez de diciembre. Algo después de la una, desde la computadora de Febres se abrió el Messenger con la identificación de patofe, la usada por el represor. No queda claro si el propio Febres abrió el Messenger o si estaba con alguien, el homicida.

4 ¿Qué papel jugaron los altos mandos?

Parece seguro que Arroyo llamará a declarar a quien fuera la más alta autoridad de la Prefectura, el prefecto nacional Carlos Fernández, ya desplazado por el caso Febres. Es que tamaña cantidad de privilegios no podía emanar de las órdenes de un cuadro medio de la Prefectura. El ejemplo más palmario, citado por Página/12 en su edición de ayer, es que en la cena del 197º aniversario de la Prefectura, en la mesa principal, la número uno, se sentaron el jefe del Destacamento Delta, Rubén Iglesias, junto a su señora, y Febres, con su esposa. "Tamaño privilegio sólo puede venir de instrucciones de arriba", sugiere un prefecto en su testimonio. Pero en paralelo con los privilegios y hasta el eventual viaje a España, había una operación de espionaje para saber si Febres iba a hablar o no. Y lo que la jueza sugiere en su resolución es que alguien de jerarquía, al menos en la parte de Inteligencia de Prefectura o Marina, pudo concluir que el represor estaba a punto de contar "nombres y circunstancias", como él mismo anotó. A partir de ese punto –da a entender la magistrada–, se puso en marcha la operación cianuro.

6 de enero de 2008
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detienen a ex gobernador


Por desaparición de 14 personas.
Argentina. El ex gobernador argentino Carlos Juárez, que junto a su esposa gobernó la provincia de Santiago del Estero durante medio siglo, fue detenido y procesado por la desaparición de 14 personas durante su gestión, informaron fuentes judiciales.
El ex gobernador argentino Carlos Juárez, que junto a su esposa gobernó la provincia de Santiago del Estero durante medio siglo, fue detenido y procesado por la desaparición de 14 personas durante su gestión, informaron fuentes judiciales.
El cinco veces mandatario cumple arresto domiciliario debido a su avanzada edad, por orden del juez federal Guillermo Molinari, que investiga la desaparición de estas personas, producidas entre 1973 y 1976.
El magistrado también ordenó el embargo de bienes por 4.200.000 de pesos (1,32 millones de dólares) del ex gobernador, en el marco de la causa que tiene como querellante a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, precisaron portavoces judiciales a medios locales.La resolución fue dictada el pasado 28 de diciembre, pero fue divulgada recién ahora.
El juez también dictó el procesamiento y la detención de otros ex funcionarios que se desempeñaron durante la gestión de Juárez que, junto a su esposa, Mercedes Aragonés, rigió los destinos de la empobrecida provincia durante unos 50 años.
En la causa también existen denuncias de torturas a ciudadanos santiagueños que se oponían al gobierno provincial.
Ante la resolución judicial los abogados defensores de Juárez, encabezados por Francisco Cavallotti, anunciaron hoy que apelarán la medida y presentarán una denuncia contra el juez federal Molinari.
La pareja de ex gobernadores estuvo detenida en 2005, acusada de ‘coacción agravada' y ‘privación ilegítima de la libertad' de un ex vicegobernador del distrito.
Al ser detenido el matrimonio, la provincia fue intervenida durante once meses, hasta la realización de una nueva elección de autoridades.
Lo que hizo tambalear el poder casi feudal de los Juárez fue además el asesinato de dos jóvenes mujeres, cuyos cadáveres mutilados aparecieron en 2003 en cercanías de la capital de Santiago del Estero.

6 de enero de 2008
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los otros desaparecidos


Desde el regreso de la democracia, en 1983, en el país trasandino se ha perdido el rastro de centenares de personas.
Argentina. En Argentina suele hablarse de los desaparecidos durante la aciaga era de la dictadura militar (1976-1983). Pero desde el fin de los gobiernos con uniforme y el advenimiento de la democracia, el inquietante fenómeno de las desapariciones no ha acabado. Esto, porque cientos de personas se han ‘esfumado', sin que hasta ahora se tengan pistas sobre su paradero.
De estos "otros" desaparecidos suele culparse a las fuerzas policiales, que por lo general niegan su responsabilidad. Uno de los casos más resonantes es el de Iván Torres, de quien no se sabe nada hace cuatro años. Este joven, que por entonces tenía 24 y trabajaba ayudando a niños de la calle, desapareció a fines de 2003 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia sureña de Chubut.
Su madre, María Millacura, denunció que fue detenido y torturado por la policía, simplemente por defender a los pequeños sin hogar del supuesto maltrato de los efectivos.
"Él era muy solidario con los huérfanos de la calle. La policía acostumbra a maltratar a esos chicos e Iván los defendía. De ahí fue arrestado, brutalmente golpeado y desde ese entonces no lo he vuelto a ver más", contó Millacura.
Sin embargo, la policía de Chubut ha negado todas las acusaciones en su contra. Ninguno de sus agentes ha sido procesado ni encarcelado por la desaparición de Iván. Los testigos de la causa no han tenido la misma suerte: cuatro personas que dijeron ver a las fuerzas policiales maltratando al joven fueron asesinadas o fallecieron en circunstancias aún no esclarecidas.
Daiana Luvoth, abogada del Programa Nacional Anti-impunidad para las víctimas de la policía, que depende del Gobierno argentino, dijo que "hay pruebas de que murieron en circunstancias confusas".

Tiempos Sombríos
Si bien las estadísticas oficiales indican que 10.000 personas desaparecieron o fueron asesinadas durante el Gobierno militar en Argentina, grupos de derechos humanos elevan esta cifra en 30.000. Y casos como el de Iván Torres parecen traer del pasado aquellos tiempos sombríos.
El de Iván no es el único nombre que resuena en la lista de cientos de desaparecidos presuntamente atribuidos a las fuerzas de seguridad desde el retorno de la democracia. En ella también figura Jorge Julio López, un testigo clave en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad tras la anulación de las leyes del perdón.
La madre de Iván dice que la justicia argentina ha tardado mucho en reaccionar. "El expediente de la causa tiene más de veinte cuerpos, miles de hojas, pero hasta hoy nadie ha sido condenado, ni nadie busca a mi hijo", señala.
Consultada por el caso, la jueza que instruye la causa, Eva Parcio, prefirió no dar declaraciones sobre la marcha del proceso.
La causa ha llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha exigido al Gobierno argentino proteger a una decena de testigos.

Ignorancia
El Programa Nacional Anti-Impunidad trabaja en éste y otros casos de desparecidos en tiempos de democracia. Según Raquel Witis, uno de los referentes de ese organismo, a menudo la "ignorancia" hace que la justicia no investigue adecuadamente.
"Falta formación en los actores judiciales, que no saben qué tipo de pericias deben realizar, y estas falencias no llevan las causas a buen puerto", aseguró.
Witis recomienda tomar medidas específicas cuando se denuncian desapariciones como la de Iván Torres. "Lo que planteamos son protocolos de investigación. Si hay una seria sospecha de connivencia policial, debe apartarse a las fuerzas locales y llamar a otras para que investiguen. Esto daría más transparencia a las indagaciones", dijo.
Mientras tanto, el Gobierno argentino ha ofrecido una recompensa de más de 30.000 dólares para quienes aporten datos sobre el paradero de Iván.
Su madre aún tiene esperanzas de hallarlo con vida. "Lo único que les pido a Dios y a las autoridades nacionales y provinciales es que hagan lo posible para encontrar a mi hijo y me lo devuelvan. Sólo ellos lo pueden hacer", dice.

5 de enero de 2008
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caso febres, homicidio agravado


[Raúl Kollmann] Procesaron a dos prefectos y a la familia del represor Febres. La jueza consideró que el represor fue silenciado. Hay apuntes que indicarían que iba a hacer revelaciones.
Argentina. La jueza Sandra Arroyo procesó ayer, con prisión preventiva, a dos prefectos como partícipes necesarios en el homicidio triplemente agravado del ex represor Héctor Febres. El homicidio es agravado, en primer lugar, por el uso de veneno; en segundo lugar, por haber actuado dos o más personas y, en tercer lugar, porque el asesinato se concretó para tapar otro delito, es decir para silenciar a Febres. Los procesados como cómplices del homicidio son los prefectos Angel Volpi, una especie de ladero permanente de Febres; y Ruben Iglesias, el jefe del Destacamento Delta en el que el represor estaba detenido. Respecto de la familia de Febres, la jueza Arroyo dispuso el procesamiento, sin prisión preventiva, por el delito de encubrimiento. Anoche, la esposa y los dos hijos de Febres recuperaban la libertad. Los procesamientos y las calificaciones fueron adelantadas, en exclusiva, por Página/12 en su edición de ayer.
El escrito de la jueza fue notificado a las partes a última hora de ayer. Por la tarde, el prefecto Volpi, uno de los ahora procesados pidió hablar con la magistrada y eso demoró aún más la medida.
Según se desprende del fallo, las increíbles condiciones en las que vivía Febres, en un departamento del que entraba y salía cuando quería y sobre el que no existía control alguno, hicieron imposible que Arroyo pudiera determinar quién le suministró el cianuro al detenido. Es como una muerte en la cárcel, que técnicamente se llama ‘muerte en custodia', pero con la particularidad de que se trataba de una cárcel asombrosa, en las que se producían "irregularidades incomensurables", según señala la magistrada. La conclusión de la jueza es que el crimen no se pudo cometer sin la complicidad de los responsables de la custodia, Volpi e Iglesias.
Arroyo se apoya en varios testimonios que indican que Febres estaba cerca de hablar y de contar "nombres y situaciones". El represor –según dicen sus allegados en el expediente– planteaba que era injusto que sólo él fuera juzgado, que durante la dictadura fue personal subalterno y ahora estaba preso, mientras que disfrutaban de la libertad los oficiales y jefes de la Marina que dieron las ordenes, que si lo pasaban a una cárcel común no soportaría ser visitado por su familia en ese lugar y que estaba dispuesto a hablar. Es más, la magistrada considera elementos fundamentales los apuntes encontrados en el departamento de Febres: indicarían que se preparaba para hacer revelaciones. "Lo dejaron solo y estaba furioso", declaró el sacerdote que lo asistía. Hay un texto en el que figuran dos apellidos, Lavairi y Marti, y al lado de éste último apellido, una anotación, que sería de puño y letra de Febres, que dice: "chicos, contar todo". (El represor era en la ESMA el encargado de las embarazadas y los niños que fueron apropiados.)
En el procesamiento de los prefectos por complicidad con el asesinato, la jueza evalúa que al ser informada de la muerte de Febres concurrió de inmediato al Destacamento Delta y se encontró con una escena totalmente alterada, donde ya se encontraban familiares y amigos, y en la que todo se dispuso para convencerla de que Febres murió de muerte natural. En otras palabras, que hubo un intento de tapar el homicidio, lo que profundiza las sospechas sobre la participación de los prefectos en lo ocurrido.
La magistrada sostuvo que, dentro del Destacamento Delta, Febres era menos un detenido y más un superior jerárquico. Pero, al mismo tiempo, hubo una especie de monitoreo sobre lo que iba a hacer o decir en el juicio. O sea que le daban libertades increíbles para un detenido, mientras lo evaluaban y medían si iba a hablar o no. La base del procesamiento de Volpi e Iglesias es que "existe la sospecha de que quienes lo custodiaban, fueron quienes intervinieron en la ejecución final del homicidio, para silenciar a Febres".
Los privilegios que aparecen en el expediente baten récords. No sólo tenía un chofer que llevaba a la esposa al destacamento, sino también a hacer trámites o ir de compras. Además, durante los años 2003, 2004 y 2005 fue trasladado durante enero y febrero a la localidad de Azul, o sea de vacaciones. Se armaron en el destacamento varias fiestas de grandes dimensiones: el bautismo de los nietos y el cumpleaños de 60 años de la esposa de Febres. Eso sí, nunca se registraba quién entraba y quién salía del supuesto lugar de detención.
En ese marco, Volpi, que tenía las llaves del departamento y acompañó en la última noche a Febres, es sindicado como cómplice del homicidio porque, siendo que el represor estaba en custodia, los que debían cuidarlo dieron las facilidades para envenenamiento. La responsabilidad engobla a Iglesias porque era quien tenía el poder de decisión.
En el Código Penal, para la figura del partícipe necesario o cómplice, es decir la persona sin la cual el crimen no pudo cometerse, se prevé la misma pena que para el autor. En este caso, por ser homicidio triplemente agravado la condena podría ser a reclusión perpetua.
Respecto de la familia, la jueza dice que colaboró en tapar las cosas. Por ejemplo, supieron desde el primer momento que faltaba la computadora personal de Febres y, sin embargo, lo ocultaron. Además se les endilga haber participado de la alteración de la escena del homicidio. Para la jueza, esa conducta –-entre otras– evidencia una acción destinada a tapar el crimen. El delito de encubrimiento es excarcelable y, por lo tanto, la esposa y los hijos de Febres se disponían anoche a recuperar la libertad.

4 de enero de 2008
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lo mataron para callarlo


[Raúl Kollmann] La jueza apunta a que Febres fue asesinado. Con el objetivo de callarlo. La jueza Sandra Arroyo definirá hoy la situación de los involucrados en el caso Febres.
Argentina. La lógica de la investigación sobre la muerte del represor Héctor Febres indica que, muy probablemente, la jueza Sandra Arroyo procesará hoy, con prisión preventiva, a los oficiales de la Prefectura Angel Volpi y Rubén Iglesias como partícipes necesarios –o sea, cómplices– del homicidio del represor. Volpi e Iglesias estaban encargados de la custodia de Febres, de manera que –según el razonamiento que seguiría la magistrada– no se lo podía envenenar sin la ayuda de ambos prefectos. Volpi compartió con Febres la última cena, en la que casi seguro le suministraron el cianuro, e Iglesias era el responsable de todo el Destacamento y, por lo tanto, de las increíbles irregularidades que se cometían en la custodia. Respecto de la esposa y las dos hijas, es probable que Arroyo les impute encubrimiento o un delito similar, pero sería sin prisión preventiva, es decir que saldrán en libertad. El móvil del crimen, creen los investigadores, habría sido silenciar a Febres, ya que en su computadora personal hay textos en los que esbozaría la idea de hablar, en especial sobre la cuestión de la apropiación de bebés.
Arroyo basaría su resolución de hoy en los siguientes elementos:

- Febres no se suicidó: lo mataron. Ello surge, en primer lugar, del informe forense que indica que ingirió cantidades récord de cianuro, al punto de que el instrumento usado por el Cuerpo Médico no pudo registrar la totalidad porque el cianuro detectado excedió el máximo.

- No hay rastros de una carta, un mensaje o algún otro elemento que pudiera dejar consignado que Febres se quitó la vida. Por los testimonios de familiares, sacerdotes y amigos la jueza concluiría que Febres no se hubiera suicidado sin dejarlo asentado, sin intentar limpiar su pasado, explicar sus acciones e incluso echar culpas.

- En ese cuadro de situación, alguien entró el cianuro y se lo dio al represor. Ello no se habría podido hacer sin la complicidad de Volpi, quien estaba todo el tiempo a su lado y tenía llaves del camarote, como se le decía a la habitación del departamento que ocupaba Febres. De acuerdo con la lógica de la pesquisa, también Iglesias, jefe máximo del Destacamento Delta, tendría responsabilidad en el ingreso del cianuro. Le imputarían ser cómplice imprescindible en el homicidio.

- Las insólitas irregularidades del cautiverio de Febres –tenía chofer, mozo, dos líneas telefónicas, celular, su esposa se quedaba a dormir, sus amigos permanecían jugando a las cartas hasta la madrugada, nadie aparece en el registro de visitas– hacen muy difícil determinar la forma en que entró el cianuro. Por ello es casi seguro que la jueza no podrá acusar a una persona directamente por el homicidio, pero es probable que la magistrada diga que la complicidad de los dos prefectos resultó esencial.

- Una prueba de importancia contra los prefectos y también de los familiares es la forma en que se alteró la escena del crimen. Como anticipó Página/12 el domingo, hay una evidencia categórica. En una filmación hecha por la Prefectura antes de la llegada de la jueza se observa una mesa en la que sólo hay papeles. Sin embargo, en las fotos sacadas por los fotógrafos policiales que llegaron con la magistrada, aparece un vaso con agua, en el que –por supuesto– no se encontraron huellas digitales. El mensaje sería que si Febres tenía algo encima, lo tomó él mismo. De todas maneras, las declaraciones iniciales de todos los prefectos y allegados estuvieron orientadas a convencer a Arroyo de que la muerte fue natural. Le insistían hablándole de las enfermedades del represor. Fue un intento de despistarla. Esa sería una de las razones por las que la familia podría ser procesada por encubrimiento.

- Debido a que el encubrimiento u otro delito similar es de menor gravedad, todo indica que Arroyo dictará los procesamientos contra la familia, pero sin prisión preventiva.

- Los primeros resultados del análisis de ADN del semen encontrado en el recto indican que en el líquido seminal hay dos grupos sanguíneos distintos. Si esto se confirma, entra en juego una persona con la que Febres mantuvo una relación sexual.

- Aunque este diario no pudo confirmar la información, en fuentes judiciales sostienen que se encontraron dos o tres escritos de Febres en los que señala que se disponía a revelar datos, en especial sobre la sustracción de bebés. El represor tuvo un papel decisivo en el robo de niños dentro de la ESMA. Abogados de las organizaciones de derechos humanos ya tenían, en forma informal, la versión de que Febres hablaría. Es posible que en su resolución de hoy Arroyo cite elementos de esa naturaleza para explicar el móvil del crimen: silenciar a Febres.

El procesamiento requiere de semiplena prueba, o sea de la convicción de la jueza respecto de las acusaciones que hace, pero teniendo en cuenta que la investigación está en marcha. Lo cierto es que el caso es complejo y todavía hay muchas pruebas por realizar. Esto significa, por ejemplo, que Arroyo puede procesar a Volpi como cómplice del homicidio, pero si luego aparecen nuevas evidencias, puede terminar imputándole el homicidio mismo. Y lo mismo para cualquiera de los que hoy están presos. Algunos de los trabajos pendientes son la conclusión de los análisis de ADN del semen, el peritaje completo de la computadora personal de Febres, una investigación profunda del origen del cianuro y quién pudo haberlo refinado, el estudio de las comunicaciones telefónicas y numerosas declaraciones y peritajes que aún faltan incorporar al expediente.

3 de enero de 2008
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absuelven a campesinos y el cura


[Darío Aranda y Alexis Oliva] En un inédito fallo, la Justicia cordobesa absolvió a diez campesinos y un cura que resistieron un desalojo rural. El fallo ordena al gobierno a hacer efectiva la política de protección social.
Argentina. En un fallo que sienta precedente, once campesinos que habían sido procesados por desalambrar un campo en defensa de su posesión ancestral fueron absueltos por la Justicia de Córdoba. En la sentencia, la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje avanzó sobre la problemática rural del norte provincial, instó al poder político (Ejecutivo y Legislativo) a ejecutar líneas de trabajo efectivas en el derecho a la tierra, reconoció las fallas de la institución policial y, al Banco Central –que había rematado el campo con los campesinos dentro–, le solicitó que no ejecute parcelas ocupadas por habitantes ancestrales. "No es justo que las familias campesinas paguen con su tierra, con represión y persecución el negocio inmobiliario que se realiza con complicidad de funcionarios de la Justicia y del poder político. No cederemos ni un metro más de nuestra tierra", remarcaron desde el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), donde militan los acusados. Sólo en la provincia existen más de 100 mil hectáreas en conflicto.
Además de absolver a los diez campesinos y al cura párroco Carlos Julio Sánchez, la Cámara solicitó "a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la provincia la concreción, con la urgencia que la realidad social exige, de acciones tendientes a la real y efectiva protección posesoria de los habitantes de esta provincia, especialmente en el noroeste cordobés, por no resultar suficientes las ya existentes". En la sentencia, dictada el viernes último, también advirtió al fiscal general de la provincia sobre las cajoneadas denuncias de los pobladores rurales (en las audiencias quedó explicitado que los efectivos policiales discriminan a los campesinos, y que las acciones judiciales impulsadas por ellos rara vez prosperan).
"Quiero agradecerles a todos", remarcó a la salida de los tribunales Carlos Loyola, el trabajador rural del predio en disputa. Con voz entrecortada por la emoción, recordó la gran cantidad de casos como el suyo y advirtió: "Vamos a seguir para adelante, en la lucha". Mientras unas cincuenta personas, con la leyenda "acusados por defender la vida campesina" en sus remeras, aplaudían y coreaban: "Alerta, alerta que camina, la lucha campesina por América latina".
Loyola, de 56 años y cuatro hijos, siempre vivió y trabajó en la misma tierra –paraje Cañada Larga, norte de Córdoba–, que heredó de su abuelo. A fines de 2004, el empresario Ramón Alberto Mazzeo avanzó con topadoras, guardias privados y policías sobre su chacra, derribó cercos y amenazó a la familia, que denunció el hecho. En enero de 2005, el empresario Mazzeo alambró las tierras ancestrales y encerró las aguadas para que no ingresaran los animales. Las familias volvieron a radicar denuncias, pero la Justicia tampoco actuó. En febrero de 2005, cuando el calor del norte cordobés alcanzaba los 40 grados, las cabras y vacas de las familias comenzaron a morir de sed. Nuevas denuncias e inacción judicial mediante, el Movimiento Campesino de Córdoba desalambró, en tierras de Loyola, 1600 metros impuestos por el empresario. Por esa acción recayó la denuncia de "daño calificado agravado por delito en banda", que prevé hasta cuatro años de prisión.
Durante las audiencias, los once acusados reivindicaron el corte de alambres como "ejercicio legítimo del derecho a la tierra (por los años de posesión de las familias y por la necesidad del agua)", remarcaron que desalambrar "no constituye delito en el marco de necesidad que fue realizado" y afirmaron que lo volverían a realizar.
La fiscal Ahidé Gersicich había rechazado que los campesinos actuaron en legítima defensa, los cuestionó por no utilizar "los caminos legales y constitucionales, que le permiten el libre acceso a la Justicia, sin gasto", aunque evitó referirse a la negativa policial de recibir denuncia a los campesinos, y reclamó la prisión de los acusados. El abogado querellante Pablo Olmos redobló la acusación, imputó al Movimiento Campesino de constituir una "asociación ilícita que pretende poner en juego el orden constitucional mediante una cantidad indeterminada de delitos".
El empresario porteño Mazzeo había adquirido, mediante remate judicial, 2000 hectáreas. Pero en gran parte de esas tierras viven desde hace décadas, con derechos de posesión adquiridos por ley veinteañal, familias campesinas con sus animales y sembradíos. La sentencia no omitió lo irregular de esa venta. Solicitó "a las autoridades del Banco Central de la República Argentina –agente de remate– que los instrumentos públicos por los cuales transfiere el dominio de inmuebles contengan una correcta acreditación de titularidad (que conste a quién pertenece, no sólo en papeles sino quién cuenta con la posesión y uso efectivo del inmueble)".
Desde inicios de la década del 90, Córdoba es una de las provincias con mayor siembra de soja. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en un informe de octubre último, confirma la tendencia: durante 2007, las hectáreas del país dedicadas a la soja fueron 16,8 millones de hectáreas; 4,3 por ciento más que en el año anterior, con fuerte alza en Córdoba. "La soja crece hacia zonas no tradicionales, a expensas de la ganadería y de otros cultivos", reconoció la Bolsa de Cereales. Desde el MCC, que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena, explican que ese corrimiento de la frontera agropecuaria es una de las principales causas del desalojo de miles de familias campesinas. Sólo en Córdoba, la organización afronta más de un centenar de conflictos, con aproximadamente 100 mil hectáreas en disputa.
"Para un campesino, la Justicia es la policía de la zona, que criminaliza la pobreza, la protesta y la organización de las familias. Hay una gran desprotección. Pero a partir de la organización, las familias campesinas luchan para que se les respeten sus derechos, ponen el cuerpo en la defensa de su tierra, protegen su forma de vida", había explicado a este diario el cura párroco de Serrezuela, Carlos Julio Sánchez, que participó del corte de alambres y fue uno de los enjuiciados. En la última audiencia, cuando aún cabía la posibilidad de ser condenado a cuatro años de cárcel, el párroco dijo: "Los instrumentos que los campesinos tienen para defender la posesión de sus tierras son pobres, son precarios, no son perfectos, pero existen. Uno de los instrumentos es la denuncia, otro es la defensa de la posesión, con medios proporcionales a la agresión".

2 de enero de 2008
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terrorismo de estado, los juicios de 2008


[Diego Martínez] Tres debates orales y públicos ya tienen fecha de inicio. Querellantes y fiscales esperan que haya una cantidad significativa de condenas a.
Argentina. Luego de cuatro condenas esporádicas y otra frustrada por un envenenamiento imprevisto, 2008 será el primer año con una cantidad significativa de juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Si bien sólo tres causas tienen fecha confirmada, querellantes y fiscales coinciden en que sus esfuerzos se traducirán en los próximos meses en debates orales y públicos en todo el país. La mayor incógnita sigue siendo quién y cómo resolverá el atolladero de expedientes paradigmáticos radicados en el Tribunal Oral Federal 5. De no surgir una directiva de la Corte Suprema de Justicia que reasigne una de las dos megacausas que tiene asignadas –ESMA o Cuerpo I de Ejército– el comienzo de varios juicios se postergará de manera inevitable hasta 2010, con el riesgo evidente de que más imputados queden en el camino.
Desde la reapertura generalizada de investigaciones en 2003, cuando el Congreso anuló las leyes de impunidad, hubo cinco juicios. En 2006 fueron condenados dos policías emblemáticos del Estado terrorista: Miguel Etchecolatz y Julio Simón. En 2007 el panorama se diversificó, incluyó por primera vez a un sacerdote de la Iglesia Católica, el capellán Cristian von Wernich (segunda condena en La Plata) y a un grupo de coroneles del Batallón de Inteligencia 601. La muerte por envenenamiento en su prisión VIP salvó al prefecto Héctor Febres de escuchar una condena inexorable.
Si bien la Justicia instruyó y elevó más de veinte causas, sólo tres tienen fecha confirmada:

- El 5 de febrero el Tribunal Oral Federal de Corrientes comenzará a juzgar a los responsables del Regimiento de Infantería 9 por quince secuestros y desapariciones forzadas. Será el primer juicio oral del interior del país, con más de 40 testigos. Rendirán cuentas el ex comandante de la Brigada de Infantería VII general Cristino Nicolaides, su jefe de inteligencia capitán Juan Carlos Demarchi (próspero ganadero, miembro de la Sociedad Rural), los coroneles Horacio Losito (agregado militar en Italia hasta su detención) y Rafael Manuel Barreiro, el suboficial Carlos Roberto Piriz y el gendarme Raúl Alfredo Reynoso. Salvo Nicolaides, con domiciliaria, y Reynoso, en Marcos Paz, el resto aguardará en el Instituto Penal de Campo de Mayo.

- El 19 de febrero el TOF5 comenzará a juzgar al capitán Enrique José Berthier y al matrimonio de civiles compuesto por Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto por la sustracción de la menor María Eugenia Sampallo, primera nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo que querella a sus apropiadores. Berthier también espera en Campo de Mayo.

- El 29 de abril otra vez el TOF5 juzgará a los oficiales de la Policía Federal Carlos Gallone, Juan Carlos Lapuyole y Miguel Angel Timarchi por la masacre de Fátima, un desprendimiento de "Cuerpo I". El 20 de agosto de 1976 veinte hombres y diez mujeres fueron trasladados hasta un camino vecinal cercano a la localidad de Fátima, donde los vendaron y fusilaron. Luego apilaron y dinamitaron sus cuerpos. La mayor parte de los 16 identificados estuvieron secuestrados en Coordinación Federal, donde prestaban servicio los imputados. Durante la instrucción murió impune el comisario Carlos Vicente Marcote. Continúa prófugo Luis Alberto Martínez.

El Embudo
Sinónimo de iconos del genocidio como Alfredo Astiz o el Tigre Acosta, la ESMA es el centro clandestino con mayor cantidad de represores identificados: más de setenta. Durante los cuatro años transcurridos desde septiembre de 2003, cuando la Cámara Federal resolvió su reapertura, el juez federal Sergio Torres dividió la investigación por años y elevó causas de imputados puntuales como Febres, Adolfo Donda o Juan "Jeringa" Barrionuevo, o bien por hechos específicos como la muerte del escritor Rodolfo Walsh, la desaparición de las monjas francesas y las Madres secuestradas en la iglesia Santa Cruz, o el robo de bienes a los cautivos.
"El juez avanza por año, va por 1977 y eleva causas menores. Es improbable que alguna llegue a juicio en 2008 sin una decisión superior que reorganice el expediente y redistribuya las causas del TOF5", lamenta Mirna Goransky, fiscal general adjunta de la Procuración General de la Nación asignada a la megacausa ESMA. "Antes del comienzo del juicio a Febres presentamos una propuesta ante la Corte Suprema para que en uso de sus facultades de superintendencia unifique causas y las distribuya de otra manera. No tuvimos respuesta. Ahora, junto con las querellas, estamos pensando cómo reeditar el reclamo", advierte. "No creo que sea posible un solo juicio por ESMA pero sí se podría unificar varias investigaciones elevadas con ‘Testimonios A' (nombre de la causa cerrada en 1987), que tiene diez imputados por más de 70 hechos", concluye.
En principio los primeros delitos cometidos en la ESMA en llegar a juicio serían los robos de bebés nacidos en cautiverio. De las 34 sustracciones, ocultamientos y sustituciones de identidad que integran la causa "Plan Sistemático", doce se produjeron en la ESMA. Por sorteo le corresponde intervenir al TOF 6. Los imputados son Cristino Nicolaides, Reynaldo Benito Bignone, Santiago Omar Riveros y Rubén Franco, todos de Ejército, más los marinos Antonio Vañek y Jorge Acosta.
La instrucción de la megacausa "Cuerpo I", a cargo del juez Daniel Rafecas, se organizó por centros clandestinos y por hechos significativos como la masacre de Fátima. En octubre de 2005 Rafecas elevó por separado las acusaciones contra un grupo de represores procesados en los '80 e impunes por las leyes alfonsinistas: César Miguel Comes, Hipólito Rafael Mariani, Pedro Durán Sáenz, Héctor Rubén Gamen y Pedro Alberto Barda. Aún esperan su turno en el abarrotado TOF5.
Por la relación jerárquica entre los imputados y la comunidad de casos y pruebas, es probable que se unifique el juicio al comandante de la subzona Capital Federal, general Jorge Olivera Róvere, con los jefes de área que ejecutaban sus órdenes: Teófilo Saa, Felipe Jorge Alespeiti, Humberto José Lobaiza y Bernardo José Menéndez. Lo improbable es que el dueño de vidas y muertes porteñas cumpla una larga condena. Tiene 84 años.
En el TOF que condenó al "Turco Julián" y fracasó con Febres también esperan la causa conocida como "masacre de calle Belén", contra los jefes del Batallón de Inteligencia 601 (Carlos Alberto Tepedino, Mario Gómez Arenas y Jorge Suárez Nelson), el gendarme apropiador Víctor Enrique Rei y una docena de represores de la provincia de La Pampa.
Desde la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, que en agosto difundió el primer diagnóstico estatal preciso sobre los motivos que explican la lentitud de los procesos, el fiscal Jorge Auat y el coordinador Pablo Parenti coinciden en destacar como preocupación central la acumulación en el TOF5.
"Aspiramos a que las causas parciales ya elevadas se junten, porque tienen testigos y acusados comunes. Sabemos que un juicio único es imposible, que el conocimiento de los hechos es gradual, pero trabajamos para lograr juicios representativos de lo que fue la estructura represiva. Entendemos que primero debe juzgarse lo que ya está elevado, pero tratamos de fijar pautas para ordenar los procesos de modo de llegar a juicios con la mayor cantidad de imputados y hechos posibles", explican Parenti y Auat.
"Queremos juicios significativos, con un número elevado de imputados y de víctimas, para que sobrevivientes y testigos no tengan que seguir declarando el resto de sus días", coincide la abogada Carolina Varsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). "La aceleración de los procesos es imprescindible y compete a los tres poderes del Estado", advierte.

Tierra Adentro
Entre las causas del interior del país con más chances de seguir los pasos correntinos se destaca la que investiga a los jefes de La Escuelita, el centro clandestino del Batallón 181 de Neuquén. Los querellantes estiman para marzo el juicio al general Enrique Olea, al teniente coronel Oscar Reinhold y al mayor Luis Farías Barrera.
San Luis también pinta rápida. Tres meses después de la detención del capitán Carlos Esteban Plá, la Justicia ya elevó la causa por el asesinato de Graciela Fiochetti, los secuestros, torturas y desapariciones forzadas de Pedro Ledesma y Sandro Santana Alcaraz. Los otros imputados son el coronel Miguel Angel Fernández Gez (quien denunció al obispo emérito Juan Rodolfo Laise porque le pidió hacer desaparecer a un sacerdote que pretendía casarse) y los policías puntanos Víctor Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Orozco. Sus abogados no apelaron los procesamientos.
En Tucumán serán juzgados los dos mayores símbolos del genocidio del Norte argentino. Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez rendirián cuentas por el secuestro, las torturas y la desaparición forzada del ex senador peronista Guillermo Vargas Aignasse. Los generales gozan de buen pasar, viven con los suyos, pero no parece razonable prolongar la espera: ya pasaron los 80 abriles.
En Rosario acaba de elevarse a juicio la causa Quinta de Funes. Los primeros militares en rendir cuentas serán el flamante condenado Pascual Guerrieri y sus lugartenientes Juan Amelong, Rubén Fariña, Eduardo Constanzo y Walter Pagano, apresado mientras escuchaba misa por el hijo del Tucu Constanzo.
Córdoba no tiene elevaciones pero las querellas confían que tendrán juicios el próximo semestre. El primero sería al general Menéndez y siete subordinados de La Perla, por los secuestros, torturas y homicidios agravados de cuatro personas –incluido Humberto Brandalisi, que da nombre a la causa– a las que asesinaron después de simular su liberación. Para mediados de año los organismos de Chaco prevén sentar ante un tribunal a los fusiladores de Margarita Belén, trasladados días pasados desde la cómoda base de La Ligura a la cárcel de Campo de Mayo. Pese a su buena cosecha de enemigos continúa prófugo el mayor Norberto Raúl Tozzo. Entre los departamentos judiciales que en los '80 hicieron un trabajo ejemplar y hoy se resisten a juzgar a sus mayores criminales se destaca la inconmovible Bahía Blanca.

31 de diciembre de 2007
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the miami affair


[Horacio Verbitsky] Como se organizó el escándalo de la valija. El FBI entró en acción cuando la jueza argentina pidió la captura de Antonini.
Argentina. Guido Antonini ingresó con su valija a la Argentina el 4 de agosto y dejó el país el 6, no rumbo a Venezuela sino a Miami, de donde ya no volvió a salir. Allí el presunto agente venezolano se convirtió en un efectivo agente estadounidense. El 14 de agosto, el diario Miami Herald publicó un artículo de sus periodistas Nancy San Martín y Gerardo Reyes. Su último párrafo dice que el caso "provocó especulaciones en los medios y en círculos políticos de Buenos Aires y Caracas de que el dinero era para la campaña presidencial de Cristina, la esposa del presidente argentino Néstor Kirchner". Nancy San Martín suele firmar junto con otros columnistas. Se ha especializado en temas sensibles para la inteligencia estadounidense y cubierto informaciones sobre Cuba, Colombia, Venezuela y Afganistán. En cambio el colombiano Gerardo Reyes es un reconocido abogado e investigador periodístico, autor de varios libros y ganador de los premios Pulitzer, Planeta y Maria Moors Cabot.
Al día siguiente, 15 de agosto, esa especulación fue reproducida por el boletín del Consejo Militar Cubano-Norteamericano (CAMCO por sus siglas en inglés), una organización integrada por militares norteamericanos y cubanos, incluyendo desertores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y miembros de la Brigada de Asalto 2506, rechazada en 1961 en Playa Girón. Sus objetivos declarados son alentar y apoyar a los militares cubanos a comenzar "una transición pacífica hacia la democracia sin los hermanos Castro" y organizar "un ejército profesional, subordinado al poder civil y democrático que sea elegido por el pueblo cubano". Su presidente es el mayor general Erneido Oliva, a quien el Departamento de Estado y el Pentágono le dijeron que los planes de CAMCO coincidían con los de la Casa Blanca. Al presentar la información, CAMCO hizo un montaje fotográfico, por el que Antonini aparece sosteniendo el maletín abierto colmado de dólares.

Fuentes de Inteligencia
Pero la única mención previa al alegado destino del dinero que apareció en la prensa venezolana es un artículo publicado el 10 de agosto en el semanario de Caracas Quinto Día, con la firma de Antonio Batistini Ortega, quien cita como fuente a presuntos servicios de inteligencia de Caracas y Buenos Aires, que no identifica. El desconocido Antonio Batistini Ortega, quien escribe desde Buenos Aires, atribuye a un denominado "analista local Marcos Batistini" que los 800 mil dólares decomisados eran "para la campaña electoral de Cristina Fernández". El conocimiento del autor sobre la Argentina no es sobresaliente: menciona a Julio Da Vido, Claudio Uberdi, el Grupo Techi y la empresa energética Enersa (sic). En la Argentina sólo hubo una declaración hipotética de los dirigentes de la Coalición Cívica Libertadora Elisa Carrió y Adrián Pérez, quienes el 9 de agosto, recordaron que habían denunciado a De Vido y Uberti como recaudadores ilegales de la campaña de Néstor Kirchner en 2003. Ante la aparición de Uberti en el avión con Antonini, Pérez conjeturó que "puede ser un modus operandi en esa materia". El 10, el diario La Nación sostuvo en un editorial que en un año electoral "siempre se sospecha que los fondos para las campañas pueden provenir de rutas poco habituales y cubiertas de neblina". Ni siquiera el semanario Noticias mencionó esa posibilidad en su nota del 11 de agosto. Sólo afirma, como Carrió, que Uberti fue el "recaudador de la campaña del 2003".
Es decir que la única fuente que se anticipó al FBI estadounidense en su acusación a la presidenta argentina fue Quinto Día. También llamado "El Semanario de los Nuevos Tiempos" es un periódico semanal con información política y económica, que desde 1996 se imprime en papel y se publica en la web, con acceso pago a las notas. Su director, el periodista Carlos Croes, fue ministro de Comunicación durante el gobierno de Jaime Lusinchi. También dirige el canal Televen, donde tiene su propio programa.
Según el Secretario de Comunicación e Información de la Embajada de Venezuela en la Argentina, Alfredo Rojas, en sus inicios Quinto Día fue impulsado por el gobierno de Chávez. Por su contacto con un ex Ministro del Interior, Croes tenía acceso directo a las fuentes gubernamentales y mucha publicidad oficial. En noviembre de 2001, Chávez lo propuso como "un ejemplo a seguir en el periodismo venezolano", pero las relaciones se agriaron luego del fallido golpe de abril de 2002. Hoy el presidente califica de "perverso" el mensaje del semanario, que ve ceñirse sobre Venezuela una "siniestra noche".
Quinto Día es una publicación establecida pero nadie sabe nada sobre el autor de la nota ni sobre su fuente. Consultado para esta nota, su jefe de redacción dijo que Batistini Ortega ofreció el artículo y ellos lo publicaron, pero que no tienen relación contractual con él: "No es un periodista conocido y ésa fue la única nota que publicó". Curioso que semejante tema se encargue a un desconocido. Nadie puede dar fe tampoco de la existencia real de Marcos Batistini, mencionado en la nota con la muy significativa palabra de la jerga de inteligencia "analista". Ni en el padrón electoral ni en la guía telefónica figura ninguna persona con esos nombres. Tampoco tienen legajo en la Policía federal, ni cédula ni pasaporte argentino, ni son periodistas o analistas extranjeros que hayan ingresado al país en forma legal. Ante una consulta para esta nota, la Dirección de Migraciones respondió que un ciudadano italiano de nombre Antonio Batistini estuvo cuatro días de tránsito en la Argentina, entre el 20 y el 24 de enero de 2007, es decir, siete meses antes del episodio de la valija.

Fiscales Teledirigidos
Mientras los voceros oficiales y oficiosos del gobierno de Estados Unidos, los partidos opositores y la prensa militante argentina encomiaban la independencia de los fiscales estadounidenses, el diario norteamericano The Washington Post informaba que el nuevo titular de Justicia había decidido restringir los contactos con funcionarios de la Casa Blanca sobre "investigaciones civiles o penales en curso" y un senador demócrata dijo que así se impedirían las interferencias políticas en la justicia.
Michael B. Mukasey asumió el 9 de noviembre de este año como Attorney General, un cargo que no tiene equivalente exacto en la Argentina. Es miembro del gabinete, como el ministro de Justicia, y jefe del ministerio público fiscal, como el Procurador General de la Nación. En la Argentina el ministerio público fue un híbrido similar hasta la reforma constitucional de 1994, cuyo artículo 120 lo definió como "un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad".
La medida anunciada el jueves 20 por el principal diario de la Capital estadounidense es la primera decisión política importante de la gestión de Mukasey. El artículo firmado por el redactor Dan Eggen consigna que el Attorney General había prometido fijar nuevas normas debido al escándalo por el despido de fiscales poco cooperativos con el gobierno dispuesto por su predecesor, Alberto Gonzales. Legisladores y abogados habían reclamado porque la Casa Blanca "era informada en forma indebida sobre los detalles de las investigaciones penales o civiles". El embajador en Buenos Aires Earl Anthony Wayne y el vocero de la cancillería estadounidense en Washington dijeron que el gobierno del presidente George W. Bush no tenía ninguna injerencia en las acusaciones que ofendieron al gobierno argentino, cuyo canciller Jorge Taiana las calificó como sorpresivas e injustas. El designado embajador argentino en Washington, Héctor Timerman, quien desde el mes pasado tenía un almuerzo convenido con su contraparte Wayne, dijo que corresponde alguna forma de reparación por parte del gobierno estadounidense, aunque no aventuró cuál. Quien creó el problema debe resolverlo, es el razonamiento.
Pero aun con las nuevas normas el diálogo sobre las investigaciones que afecten la "seguridad nacional" estadounidense no será afectado por ninguna limitación. Este es precisamente el rubro en el que se encuadra la investigación sobre el venezolano-estadounidense Guido Antonini. Por eso interviene el adjunto de Mukasey para Seguridad Nacional, Kenneth Wainstein, el funcionario que se aventuró a calificar el caso como un "creciente escándalo internacional". El senador demócrata por Rhode Island Sheldon Whitehouse (que en inglés quiere decir casa blanca) dijo que las nuevas normas "restablecerán las garantías contra la interferencia política" en la justicia. Reveló que durante el gobierno de Bill Clinton sólo había siete personas autorizadas en la presidencia y el ministerio de Justicia a sostener ese tipo de conversaciones sobre casos abiertos. Ese número sufrió una notable inflación durante el gobierno de Bush: llegó a 40 cuando el Attorney General fue John D. Ashcroft y a 900 con Gonzales.

Incongruencias
La revelación de datos con cuentagotas impide determinar el punto inicial de la investigación del FBI. El fiscal Thomas Mulvihill dijo que Antonini colabora con su gobierno desde que regresó de la Argentina. En la larga madrugada del 5 de agosto, mientras se contaba el dinero en el aeropuerto, Antonini se jactó de las relaciones con el gobierno de Chávez, con quien dijo haber almorzado el día anterior en la casa de gobierno de Caracas, tal como se publicó aquí. Pero el gobierno venezolano demostró que Chávez estuvo fuera de la capital todo ese día, acompañando al actor estadounidense Sean Penn. Esta locuacidad de Antonini habilita a sospechar que ya entonces trabajaba para otro patrón que el aparente. La jueza argentina Marta Novatti ordenó la captura internacional de Antonini el 16 de agosto. Recién una semana después se produjo la primera grabación conocida del FBI que, como dijo el ex secretario de asuntos interamericanos Roger Noriega en el diario La Nación, "tuvo que armar su caso".
El sistema penal estadounidense permite a los fiscales negociar con los presuntos delincuentes, para librarlos de cargos a cambio de su cooperación para acusar a otros. Nueve de cada diez causas penales terminan sin juicio, por ese tipo de acuerdos. En la Argentina, en cambio, rige el principio de legalidad, que obliga a perseguir todos los delitos. Pero en cualquier caso, recién el jueves 20 de diciembre un Gran Jurado determinó que existían motivos para llevar a juicio a los socios venezolanos de Antonini, es decir tres meses después de que un funcionario de la Cancillería argentina entregara en Washington la solicitud de extradición del imputado en Buenos Aires por la causa de la valija. De acuerdo a los convenios vigentes entre ambos países debería primar entonces la jurisdicción argentina.
Las grabaciones obtenidas por los fiscales y policías de Miami son pruebas que la Corte Suprema de Justicia de ese país suele considerar insuficientes. Su contenido en este caso es de una incongruencia asombrosa: si Antonini trajo la valija en el avión de Uberti y luego formó parte de la delegación venezolana que asistió a la firma de convenios energéticos en la Casa Rosada, ¿qué sentido tiene que sean sus socios venezolanos en negocios de petróleo y armas quienes le revelen cuál era el destino del dinero? Más incomprensible aún es que le ofrezcan dos millones de dólares para que calle lo que sólo sabe porque acaban de decírselo y/o lo amenacen con consecuencias para su familia en caso contrario.

Polarizaciones
El gobierno argentino tramitó la extradición de Antonini, despidió a Uberti, exigió el alejamiento del vicepresidente de Pedevesa y reclamó una explicación por parte de Caracas. Sin embargo ahora omite cualquier consideración acerca de los curiosos modos del gobierno venezolano, a cuyo pedido embarcó Antonini en el avión de Enarsa, y concentra sus objeciones sólo en la ofensa estadounidense. La oposición, por su parte, se aferra a los dudosos procedimientos judiciales y policiales de Miami y sin más prueba que sus deseos da por cierto que el dinero incautado estaba dirigido a financiar una campaña electoral que, por otra parte, denunció como realizada con fondos estatales. El gobierno del presidente George W. Bush ha conseguido deteriorar la relación con uno de los pocos países de Sudamérica con los que no tenía conflictos y obtuvo el efecto paradojal de acercar más a la Argentina y Venezuela, justo cuando el nuevo gobierno de Buenos Aires se proponía una acción internacional más matizada. Las manifestaciones del ex presidente Néstor Kirchner reforzaron el mensaje sobre la inadmisibilidad de la agresión a un gobierno que no ha sido ofensivo con el de Washington, pero al precio de frustrar su voto de silencio por un semestre para no invadir el espacio de la presidente. Como la oposición liberal en el siglo XIX contra Juan Manuel de Rosas o contra Juan D.Perón en el siglo XX, la Coalición Cívica Libertadora y su tronco radical no han vacilado en legitimar una intromisión extranjera prepotente, peligroso consuelo a su dificultad para hacer pie en sectores significativos de la sociedad argentina.

31 de diciembre de 2007
24 de diciembre de 2007
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