otilio romano, suspendido
Inician el juicio político y suspenden al juez por haber sido "funcional" a la ultima dictadura. Fue acusado por unanimidad de haber "omitido en forma reiterada y prolongada" la investigación de "delitos de lesa humanidad de los que habría tomado conocimiento en su condición de fiscal federal y de juez federal subrogante", entre 1975 y 1983.
[Irina Hauser] Argentina. En Tribunales, en territorio de la Justicia en general, esperar es costumbre. Es un dato insalvable, casi naturalizado, que la realidad depara. Esperar un trámite, un papel, un fallo. Los organismos de derechos humanos y las víctimas que ayer llenaban buena parte de la sala de audiencias del Consejo de la Magistratura tuvieron que aguardar cerca de dos horas a que empezara esa reunión plenaria que tanto ansiaban. Era, de todos modos, la prolongación de un continuo que llevaba más de un año y medio, cuando una medida cautelar frenó casi todo lo que habían avanzado en sus denuncias contra jueces de Mendoza por complicidad con la última dictadura. Pero ellos apostaron a convertir ese paréntesis en un tiempo activo, en el que sacaron a la luz sus historias y las de otros ex detenidos-desaparecidos ignorados por ciertos integrantes del Poder Judicial durante el terrorismo de Estado, cuyo auxilio ante el secuestro y la tortura nunca llegaba y devenía en una de las más crueles esperas. Cerca del mediodía, cuando el público se acomodaba para escuchar largos discursos, el Consejo sorprendió con una decisión expeditiva: sin mediar discusiones aprobó por unanimidad la "inmediata suspensión" y la apertura del juicio político del camarista federal mendocino Otilio Romano, a quien le adjudicó una conducta "funcional" al terrorismo de Estado al haber "omitido en forma reiterada y prolongada en el tiempo" la investigación de "delitos de lesa humanidad de los que habría tomado conocimiento en su condición de fiscal federal y de juez federal subrogante", entre 1975 y 1983.
Romano quedará suspendido como camarista hasta que termine su juicio político, algo que deberá ocurrir –según la Constitución– antes de que se cumplan 180 días hábiles contados a partir de la sesión de ayer. La decisión del Consejo señala sospechas de "mal desempeño" y la "posible comisión de delitos" en función de un dictamen que propuso el representante del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales, quien estuvo al frente del expediente. A su vez, este consejero se basó en los fallos judiciales, de primera instancia y de Cámara, por los que Romano está procesado como partícipe primario en 103 delitos de lesa humanidad que van desde secuestros, torturas, allanamientos ilegales y robo de bienes hasta el archivo de la causa por la apropiación de una hija de desaparecidos que impulsó invocando las leyes de impunidad (pese a que no eran aplicables a ese delito). Se le adjudican conductas como no haber denunciado o investigado evidentes violaciones a los derechos humanos de las que habría tenido conocimiento por los detenidos o por visitas a los centros de detención como el D2 –el del Departamento de Policía de Mendoza– y la U9 de La Plata (ver testimonios aparte), e incluso haberse basado en testimonios obtenidos bajo tortura para promover causas por la llamada "ley antisubversiva", de los tiempos de la Triple A.
La acusación y suspensión fueron votadas por integrantes de todos los sectores y fuerzas políticas representados en el Consejo: el camarista laboral y presidente del cuerpo, Mario Fera; el académico Manuel Urriza, el representante del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales; los senadores kirchneristas Ada Iturrez y Marcelo Fuentes y el radical Mario Cimadevilla; el diputado oficialista Carlos Moreno y el de la UCR Oscar Aguad, y los abogados Alejandro Fargosi y Daniel Ostropolsky. Este último, un mendocino que había sido cuestionado por vínculos con el acusado, apoyó la suspensión, pero acotó que había que investigar y juzgar por igual a jueces que pudieran tener "claudicación en la independencia judicial" cualquiera fuera el gobierno de turno. Los únicos ausentes fueron el camarista Ricardo Recondo –asumido militante antikirchnerista y referente de la Asociación de Magistrados– y la diputada del Frente para la Victoria Stella Maris Córdoba, de campaña por Tucumán, donde es candidata a gobernadora.
En el recinto, que desbordaba de gente, estaban la secretaria de Derechos Humanos de Mendoza, María José Ubaldini; el subsecretario de Gobierno, Ariel Pringles; representantes de organismos de derechos humanos como el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) –que impulsó la causa–, algunas de las víctimas que comprometieron a Romano con sus relatos, el abogado Rodolfo Yanzón y Angela Urondo, secuestrada junto con sus padres, el escritor Paco Urondo, asesinado, y Alicia Raboy, desaparecida. Había un grupo encabezado por el secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, y unos cuantos curiosos del Poder Judicial. A medida que los consejeros encendían su micrófono y anunciaban su voto, la platea iba ganando sonrisas, que terminaron en un intenso aplauso ante el anuncio de la suspensión.
Si hay algo que desconcierta a los mendocinos es haber pasado de ser una de las provincias más rezagadas en los juicios de lesa humanidad, con record de represores sueltos, a tener audiencias y condenas y en menos de un año dos jueces suspendidos por haber actuado en complicidad con la maquinaria dictatorial. Uno de ellos, Luis Miret, juez durante la última dictadura, fue destituido en marzo último. Tenía imputaciones y hechos en común con Romano, quien en forma contemporánea era fiscal. El caso de Miret abrió un nuevo ciclo donde crece el número de investigaciones que involucran a jueces en acciones colaboracionistas con la dictadura y/o en conductas tendientes a evitar el juzgamiento del terrorismo de Estado aún en la actualidad. Pero Romano recurrió a todo a su alcance para frenar su juicio penal y su proceso de destitución, y lo logró por un tiempo: con una medida cautelar de un conjuez abogado puso stop en el Consejo hasta hace poco. En la causa judicial hizo apartar al juez que lo procesó, algo que llevó meses revertir. Los consejeros Ordiales y Moreno, que fueron fiscales en el jury a Miret, también lo serán en el juicio a Romano.
El dictamen acusatorio aprobado propone siete cargos contra Romano, que precisan algunos casos concretos de omisión de denuncias y requerimiento de medidas, pero confluyen en una conclusión: "La conducta omisiva del Dr. Romano respecto de delitos de lesa humanidad resulta sistemática, ya que no se reduce a uno o pocos casos aislados, sino que por su reiteración demuestra un patrón de conducta, un modus operandi, y por otra parte resulta prolongada, ya que ha perdurado en el tiempo. Ello se registra no sólo (...) entre 1975 y 1983 sino que (...) hasta el día de hoy nada hizo el juez Romano para promover la investigación de los delitos de los que tuvo conocimiento mientras se desempeñaba en el cargo de fiscal federal de primera instancia, sin perjuicio de haber continuado ininterrumpidamente siendo funcionario, ya sea como miembro del Ministerio Público Fiscal o del Poder Judicial de la Nación".
26 de agosto de 2011
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Argentina. Al fin comenzarán a alzarse las paredes de la futura Escuela 9, en Morón, en un sector del predio donde funcionó el centro clandestino conocido como Mansión Seré. Ayer se abrieron los pliegos para su construcción, una iniciativa que había sido vetada por el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. La Legislatura de la ciudad, con el voto de todos los bloques, incluido el oficialista, dejó sin efecto ese veto y, así, habrá aulas donde reinó el horror durante la dictadura. En el predio ubicado en Castelar ya funciona la Casa de la Memoria y la Vida. El propósito de la nueva escuela es resolver los problemas de matrícula de tres escuelas del partido, porque podrá recibir a unos 800 alumnos, para lo cual contará con doce aulas, un patio cubierto y dos abiertos, sala de informática, una biblioteca y un laboratorio, además de rampas para discapacitados y un ascensor. Los terrenos donde se construirá fueron cedidos por el gobierno porteño a Morón en 2006, con un destino específico para el desarrollo de las actividades de promoción de los derechos humanos y los deportes, que se generaron desde la gestión del ex intendente Martín Sabbatella. Luego se pidió que se ampliara dicho criterio para la construcción de un edificio para la Escuela 9, que funciona en una casa alquilada y en el edificio de la escuela 17. A fines de 2010, la Legislatura porteña aprobó por unanimidad modificar el destino del predio. Pese a que se trata de un histórico reclamo de la comunidad de Morón, Macri vetó lo resuelto por los legisladores. Tras el repudio unánime, la Legislatura finalmente habilitó el proyecto.
Argentina. El Consejo de la Magistratura resolvió la "inmediata suspensión" y promover el juicio para remover de su cargo al camarista federal de Mendoza Otilio Romano, procesado y acusado en su provincia de haber sido partícipe en 103 hechos de violaciones a los derechos humanos como fiscal y juez subrogante entre 1975 y 1983. Se lo acusa de "mal desempeño de sus funciones" y "comisión de delitos" de lesa humanidad.
[Juan Cruz Varela] Paraná, Argentina. La ciudad vivió un día histórico con el comienzo del juicio contra cinco represores militares de Rosario -que eran parte del grupo de operaciones especiales creado en Segundo Cuerpo de Ejército-, y un médico con rango militar por sustracción de menores y sustitución de identidad, en el caso de los hijos mellizos de Raquel Negro y Tucho Valenzuela. Sabrina, hija de Raquel y Tucho que recuperó su identidad en 2008, señaló que "es un momento muy importante y conmovedor, con la certeza de que aunque la justicia sea lenta, el esfuerzo de los organismos y de tanta gente valió la pena".
Argentina. El fiscal federal Luis Comparatore pidió que se investigara si la actriz Graciela Alfano recibió bienes de detenidos-desaparecidos en forma ilegal durante la última dictadura militar. La denuncia que se basa en la "presunta relación" de Alfano con el dictador Emilio Eduardo Massera quedó en manos del juez Claudio Bonadío. Al enterarse del requerimiento judicial, la actriz dijo: "Señor Comparatore, me encanta. Señor Comparatore, venga mañana, lo estoy esperando con los brazos abiertos. Y por favor, rápido, porque así se puede limpiar mi nombre de una buena vez". "Cada uno decide con su desaparecido hacer lo que se le da la gana, con sus muertos", repitió la integrante del jurado de Bailando por un sueño después de contar que tiene un ex cuñado que desapareció en 1979. El dictamen del fiscal explica que "sin perjuicio de esta anécdota de alcoba, propia de la intimidad de los intervinientes, cierto es que se ha deslizado que la vedette habría recibido como obsequio algunos bienes que les fueran usurpados a personas detenidas en forma ilegal y clandestina durante la última dictadura militar. Ello cobró mayor verosimilitud a través de los dichos de Gabriela Biasi, hija de un ex custodio de Massera, quien dejó entrever la entrega a la nombrada (Alfano) de bienes de personas desaparecidas". El fiscal señaló que "también se dio a conocer la existencia de documentos de inteligencia recientemente desclasificados colectados por el Servicio de Inteligencia Chileno que concurrirían en apoyatura de estas versiones".
[José Maggi] Argentina. La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario habilitó definitivamente la posibilidad de persecución penal contra los autores del secuestro y asesinato de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, ocurrido en mayo de 1983. Se trata del entonces oficial inspector de la policía bonaerense Luis Abelardo Patti, el entonces cabo Juan Amadeo Spataro y el ex sargento Rodolfo Dieguez, adscriptos al entonces Comando Radioeléctrico dependiente de la Unidad Regional de Tigre. La decisión marca el final de un largo capítulo judicial iniciado en el año 2005 por el fiscal federal de San Nicolás Juan Patricio Murray que con la adhesión de los representantes de las hermanas Cambiaso, Ana Oberlin, Nadia Schujman, Lucas Ciarnello y Alvaro Baella, habían solicitado la anulación de los sobreseimientos de Patti, y los otros dos imputados. En agosto de 2010 el juez Villafuerte Ruzo habia decidido reabrir la causa pero el defensor del represor había apelado la reapertura, y finalmente la Cámara local, refrendó lo actuado por le juez. "Este era un obstáculo para poder indagarlos, incluso porque ellos esgrimían que habían sido sobreseídos, por lo cual no se podía perseguirlos. Esto destraba la posibilidad de la persecución penal hacia estas personas", explicó Ana Oberlin a Rosario/12
[Irina Hauser] Argentina. La Comisión Interpoderes, creada para evaluar y agilizar la marcha de los juicios por crímenes de la última dictadura –integrada por fiscales, jueces, secretarios, diputados, senadores y funcionarios del Ministerio de Justicia–, resolvió exhortar a los magistrados y tribunales de todo el país a dar la máxima celeridad al trámite de esos expedientes y los procesos orales correspondientes. La decisión del grupo de trabajo responde a que si bien ha habido avances generales importantes en el juzgamiento de los represores, persisten problemas operativos. En ciertas provincias aún no se ha llegado a hacer ni un juicio oral, como en Jujuy, y priman criterios que fragmentan las investigaciones, lo que no sólo genera demoras, sino problemas como la exposición de los testigos a tener que declarar varias veces sobre lo mismo, y ante los acusados. A eso se suman problemas burocráticos que llevan a que una vez que se llega a los juicios orales, las audiencias se prolonguen por más de un año, como el de los crímenes cometidos en la ESMA.
[Gustavo Veiga] Argentina. Recuperaron las historias de sus padres desde la militancia. Son hijos de trabajadores del Estado desaparecidos o asesinados, unidos por una infancia de ausencias y familias diezmadas. Cuando se juntaron, comprobaron que había vida en los números de legajo de sus seres queridos. Esa información, que se salvó de las empresas desguazadas durante el gobierno de Carlos Menem, ahora les permite completar una porción de su pasado. Adriana Reydó, Gerardo Salcedo, Diego Rodríguez y Javier Juárez heredaron de la generación del ’70 el compromiso y la visión de una salida colectiva. Por eso apuntalan el trabajo de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad que nació en el Ministerio de Planificación Federal.