argentina

nuevo juicio contra menéndez

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El ex jefe del III Cuerpo de Ejército durante la última dictadura militar, Luciano Benjamín Menéndez, será nuevamente procesado por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 15 personas, esta vez en San Rafael, Mendoza.

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Argentina. El Tribunal Oral Federal 2 de esa provincia fijó para el 19 de octubre el inicio de una nueva causa en donde, además de Menéndez, autor mediato de la privación abusiva de la libertad en nueve hechos e imputado por la aplicación de tormentos en seis casos; serán juzgados el ex Jefe de la División Cuerpos de la Unidad Regional II, Pierino David Massaccesi, y el ex Jefe de la División Cuerpos de la Unidad Regional II, Juan Roberto Labarta Sánchez, acusados de cometer los mismo delitos que Menéndez.
El debate oral, presidido por los jueces Roberto Julio Naciff, Héctor Fabían Cortés y Jorge Roberto Burad, se llevará a cabo en la sala de audiencias del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Rafael, Mendoza. Por otra parte, está previsto que el 26 de octubre, pero en el TOF 1, comiencen otros juicios contra el ex jefe del Ejército, en un debate que acumula al menos 17 causas por crímenes contra los derechos humanos en perjuicio de 24 víctimas.
22 de agosto de 2011
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ocho juicios más contra dictadura

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Comienzan al menos ocho nuevos juicios por crímenes en dictadura argentina.

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Argentina. Al menos ocho nuevos juicios comenzarán antes de fin de año en Argentina por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura (1976-83) y que involucran a los ex dictadores Jorge Videla y Reynaldo Bignone, anticipó el domingo el Centro de Información Judicial (CIJ).
Los procesos contemplan la investigación de desapariciones, secuestros, torturas y apropiación de menores que tuvieron lugar en la Capital Federal, las ciudades bonaerenses de La Plata y Mar del Plata y las provincias de San Juan, Entre Ríos, Mendoza y Tucumán, señaló el CIJ en su página de internet.
Los juicios involucran a decenas de ex militares, entre ellos los ex dictadores Jorge Videla y Reynaldo Bignone, quienes ya cumplen prisión perpetua por otros delitos de lesa humanidad.
El primero de los juicios previstos comenzará este miércoles en Paraná, la capital de la provincia de Entre Ríos, ubicada a 500 km al noreste de Buenos Aires.
Casi 200 personas fueron condenadas desde 1983 en Argentina por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último régimen militar, según la Procuración General de la Nación.
Durante 2010 concluyeron 19 juicios en los que se juzgó a 119 personas, de las cuales 110 resultaron condenadas (98 condenados nuevos y 12 que ya tenían condenas anteriores) y nueve fueron absueltas, según la fuente.
En tanto, otras 53 personas se sentaron este año en el banquillo de los acusados en once juicios que aún están en trámite, como el que se sigue contra el ex marino Alfredo Astiz y otros, por crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), entre ellos el de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon.
Unas 480 personas están detenidas vinculadas con violaciones a los derechos humanos, de acuerdo a la Procuración.
La anulación de las leyes de perdón de mediados de la década de 1980, por impulso del fallecido ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), permitió la reapertura de centenares de causas por violaciones de los derechos humanos y la realización de juicios orales en todo el país.
Unas 30.000 personas fueron desaparecidas en Argentina durante el régimen de facto y unos 500 niños fueron apropiados, según organizaciones de derechos humanos.
22 de agosto de 2011
21 de agosto de 2011
©radio biobío

represores que hablan por primera vez

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Una docena de militares del Centro de Operaciones Tácticas de la dictadura en el banquillo. Es un grupo que se desempeñaba en el II Cuerpo de Ejército.

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[José Maggi] Argentina. Una docena de militares integrantes del Centro de Operaciones Tácticas (COT), del Segundo Cuerpo de Ejército en los primeros tiempos de la dictadura militar; desfilaron en los últimos días frente a la justicia federal rosarina. A pedido de la fiscal Mabel Colalongo, el juez Marcelo Bailaque dispuso detener y recibir declaración indagatoria a los integrantes del COT entre los años 1976 y 1979. El órgano militar estaba integrado por jefes de distintas áreas como Operaciones, Inteligencia, Recursos Humanos o Logística, entre otras, que conformaban el estado mayor del Segundo Cuerpo. El COT diseñaba las operaciones posibles, se las proponía al comandante y este era el que decidía cuál se ponía en marcha. Finalmente, la ejecución y el control de la misma quedaba en manos de este grupo de militares. La justicia les imputa haber sido responsables de una veintena de secuestros, torturas y desapariciones ocurridas en el segundo semestre de 1976.
Los cargos por los que se los imputa son 28 privaciones ilegítimas de la libertad, 22 de las cuales terminaron en homicidios (básicamente ocurridos en agosto de 1976 en una furibunda represalia contra el Ejército Revolucionario del Pueblo), el secuestro y desaparición de Óscar Medina, el secuestro y asesinato de la joven María Victoria Gazzano Bertos y la alteración de identidad de la hija de Ricardo Klotzman y Cecilia Barral. La responsabilidad del COT es evidente, a juzgar por la declaración de uno de los imputados: "Funcionaba las 24 horas".
Los indagados, hasta el momento son:

* Horacio Guillermo Canestro, en aquel momento era Mayor y estuvo destinado desde Junio a Diciembre de 1976. Según declaró estaba "a cargo de tareas de seguridad externa e interna", todas supervisadas por el COT

El militar aclaró que " era el comandante el que determinaba el formato y la amplitud, la forma o la extensión del COT".
"Ahí no opinaba ni la Policía, ni la Gendarmería, ni la Prefectura, es decir ninguna área externa al Ejército" dijo Canestro.
En su tiempo, el COT estaba integrado por "personal de mayor jerarquía" que él, que era considerado de la línea joven, y aclaró que no tomaba decisiones en ese marco, sino que su tarea era controlada por el COT".
Canestro es defendido por el abogado rosarino Gonzalo Miño.

* Edgardo Antonio Faur era capitán del ejército.

"Nunca maté a nadie, nunca maté a una persona, niego terminantemente las imputaciones y no me hago cargo de ninguna de las acusaciones que se me hace". Se defendió argumentando que el 24 de marzo del 76 lo sacaron de la Escuela Superior de Guerra, para reasignarlo al Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, y lo trasladaron a Formosa.
Faur es defendido por Ricardo Saint Jean, hijo del ex gobernador de facto de Buenos Aires Ibérico Saint Jean, quien acuñara la famosa frase:
"Primero mataremos a todos los subversivos luego mataremos a sus colaboradores después a sus simpatizantes enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y finalmente mataremos a los tímidos."

* Julio Ezequiel Franciulli. Era coronel, y jefe del departamento Personal e integrante del Estado Mayor del Segundo Cuerpo a cuyo cargo se encontraba el control operacional de la zona Dos." Niego todas las imputaciones y no voy a declarar". Su defensor es Carlos Zürchr y Federico Tschopp, ambos defensores oficiales.

* Eitel Aramis Ferreira. Era coronel, jefe del departamento de Logística, del estado mayor del Segundo Cuerpo de Ejército a cuyo cargo se encontraba la zona operacional 2. Se abstuvo de declarar. Lo defiende Alberto José Ensinck, quien fijo domicilio en un estudio del foro local: Santa Fe 1211 piso noveno oficina 1 y 2.

* José Javier de la Torre, era capitán, y jefe de la sección Comando y Servicio del Destacamento de Inteligencia 121 del Segundo Cuerpo de Ejército. Es defendido por Eduardo Sinforiano San Emeterio.

Se abstuvo de declarar.
* Enrique Benito Laurenti. Era Mayor. Es defendido por Gonzalo Miño.

Primero se negó a declarar, aunque después decidió ampliar su indagatoria. "Cuando vino a buscarme la gendarmería, pensé ’esto pasó hace 35 años’ asi que me hice un ayuda memoria" explicó Laurenti. De todos modos no contestó preguntas de la fiscalía"
"Vine a Rosario en 1975, y estuve en el Departamento 3 de Operaciones hasta julio del 76. En ese momento el coronel Gazzari Barroso era mi superior ya que era el G 3. El 15 de diciembre de 1976 viaje a Bolivia como asesor del Estado mayor del ejército de aquel país"
Laurenti intentó defenderse argumentando que " el Destacamento de Inteligencia no tenía que ver con el de Operaciones".
Ante el relato de los hechos, respondió "se me habla de la Quinta de Fisherton" sobre la que dijo " desconozco si realmente existió" es decir que no lo negó, sino que no lo sabía.
"Mi función no era ni ejecutiva ni tenía mando de tropa, solo de Estado Mayor, es decir que colaboraba en el planeamiento de la instrucción y la organización de los juegos de guerra" (sic)
Laurenti recordó que "el comandante (Díaz Bessone) quería mantener presencia del Ejército en las calles de Rosario como acción disuasiva, pidió que se realizaran patrullajes, control de rutas. Pero siempre las tropas estaban uniformadas, con armas reglamentarias, cumpliendo los reglamentos militares. Mientras me desempeñé en el COT en el área de Operaciones nunca recibí ninguna orden que no fuera reglamentaria ni impartí ninguna orden que lo fuera. Todos los operativos se hicieron con órdenes reglamentarias".
El mayor Laurenti desplegó entonces la frase que desnudaría el eje de su declaración: "Quiero dejar en claro que en 35 años nunca me llamaron ni desde el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ni de la justicia federal" disparó el militar, reconociendo su sorpresa por la indagatoria y detención. Y por si fuera poco recordó que "cuando asumió Alfonsín se revisaron mis antecedentes y aprobaron mi ascenso en 1984, y en el 88 me ascendieron a general. Durante el gobierno doctor Menem fui propuesto para ascender a General de división y además en el año 93 y 94 fui comandante general electoral del doctor Ruckauf".
Laurenti finalizó su exposición volviendo sobre la sorpresiva declaración: "no entiendo porque por el simple hecho de aparecer en una plantilla de organización del COT donde estaba destinado, se me imputan ahora estos hechos que desconozco".
Roberto Oscar Galuppo, Jorge López, Heriberto Lavallén y Roberto Fossa, completan la lista, de la que forman parte el ex comisario federal Federico Almeder (del que dio cuenta este diario el último domingo) y Rubén Oscar Jaime, experto en incautaciones fraguadas de vehículos.
21 de agosto de 2011
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las patotas de camps y etchecolatz

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El 12 de septiembre comenzará un juicio contra 26 represores de La Plata. Entre los acusados están el interventor en la gobernación Ibérico Saint Jean y su ministro de Gobierno Jaime Lamont Smart, único imputado civil. Se juzgan 280 casos, entre ellos los jóvenes de la Noche de los Lápices, el periodista Jacobo Timerman y Jorge Julio López.

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[Diego Martínez] Argentina. A 35 años de los crímenes, 24 de la condena al general Ramón Camps y un lustro desde la última condena al subcomisario Miguel Etchecolatz y la segunda desaparición de Jorge Julio López, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata comenzará a juzgar el 12 de septiembre a un grupo de veintiséis policías y militares por delitos de lesa humanidad en el llamado "Circuito Camps", como pasó a la historia el conjunto de campos de concentración que comandó durante la dictadura el entonces jefe de la Policía Bonaerense. El proceso oral y público tendrá en el banquillo al interventor militar en la gobernación de la provincia, general Ibérico Saint Jean, y a su ministro de Gobierno Jaime Lamont Smart, único civil entre los imputados. Entre las 280 víctimas por las que rendirán cuentas, se encuentran los militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios secuestrados durante la denominada Noche de los Lápices, el periodista Jacobo Timerman y la sobreviviente Adriana Calvo, quien murió en diciembre luego de luchar durante el tercio de siglo posterior a su cautiverio para llevar a los genocidas a la cárcel. También se juzgará la masacre de calle 30 en la que policías y militares asesinaron a cuatro militantes montoneros y secuestraron a la beba de tres meses Clara Anahí Mariani, a quien desde entonces busca incansablemente su abuela María Isabel ‘Chicha’ Chorobik de Mariani.
El 2 de diciembre de 1986, a un año del juicio a los ex comandantes y mientras el presidente Raúl Alfonsín se aprestaba a anunciar la Ley de Punto Final, la Cámara Federal porteña condenó a Camps y a su sucesor, el general Ovidio Ricchieri, a 25 y 14 años de prisión; al ex director de investigaciones Etchecolatz, a 23 años, y a los policías Jorge Antonio Bergés y Norberto Cozzani a seis y cuatro años, en tanto absolvió a los comisarios Luis Vides y Alberto Rousse. Lejos de la interpretación de la obediencia debida que el jefe de Estado radical intentaba imponer por medio de instrucciones a los fiscales, el tribunal destacó que "matar a un enemigo en el campo de batalla y en el fragor de la lucha no es situación que guarde identidad alguna con la de aplicar crueles tormentos a personas inermes en la tranquilidad y seguridad de cuatro paredes".
No habían pasado seis meses cuando la Corte Suprema de Justicia, con votos de José Severo Caballero, César Augusto Belluscio y Carlos Santiago Fayt, aplicó por primera vez la Ley de Obediencia Debida de Alfonsín y absolvió por "falta de capacidad decisoria" a Etchecolatz, ex mano derecha de Camps, al médico Jorge Bergés, que controlaba que los secuestrados no murieran durante la tortura, y al resto de los subordinados. Camps y Ricchieri purgaron su condena hasta el 30 de diciembre de 1990, cuando a pesar del "día de protesta y duelo nacional" convocado por los organismos de derechos humanos y en medio de una masiva manifestación de repudio, el presidente Carlos Menem los indultó junto con los ex comandantes condenados y el ex ministro José Martínez de Hoz, entre otros.
La impunidad de los miles de policías bonaerenses que secuestraron y torturaron durante la dictadura tuvo un primer quiebre en 2004, cuando Bergés y Etchecolatz fueron condenados por la apropiación de una menor. Dos años después, tras la declaración de inconstitucionalidad de la obediencia debida, el tribunal presidido por Carlos Rozansky comenzó a jugar a Etchecolatz en el primer proceso oral y público a represores del país (luego comenzó en Buenos Aires el de Julio Simón, alias ‘el Turco Julián’). El 26 de septiembre de 2006, días después de la desaparición de Jorge Julio López, testigo central del proceso, el tribunal condenó al ex subcomisario a la pena de prisión perpetua, que purga en el penal de Marcos Paz.
En noviembre de 2007, en otro proceso con un solo acusado, el mismo tribunal sentenció a pasar el resto de sus días en la cárcel al capellán Cristian Von Wernich, quien a pesar de tener condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia continúa en actividad como sacerdote de la iglesia Católica. El primer proceso platense con un número significativo de imputados fue recién el año pasado y concluyó con la condena a catorce agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, encabezados por Abel Dupuy, ex director de la Unidad 9, por torturas y asesinatos de presos políticos.
La demora en concretar el primer juicio por el Circuito Camps es consecuencia de la lentitud en las instrucciones a cargo de los jueces Arnaldo Corazza y Manuel Blanco, pero también de las internas en el TOF1, cuyo presidente, Carlos Rozansky, afronta un sumario en el Consejo de la Magistratura por el elevado número de causas prescriptas bajo su responsabilidad y por el maltrato a sus empleados, denunciado por el gremio de los judiciales que conduce Julio Piumato.
El juicio que arranca el 12 de septiembre se desarrollará en el teatro platense de la AMIA, donde se juzgó a los penitenciarios. Acompañarán a Rozansky los jueces Roberto Falcone y Mario Portela. En representación del Ministerio Público Fiscal intervendrán los fiscales Hernán Schapiro y Marcelo Molina. También participarán como querellantes abogados de Justicia Ya!, la APDH de La Plata y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Más allá de los 26 imputados que llegan a juicio por secuestros, torturas y asesinatos en la Comisaría 5ª, el Destacamento de Arana, las brigadas de San Justo y de Investigaciones de La Plata y los centros clandestinos Puesto Vasco y COT 1 Martínez, hay ya un listado de más de cincuenta procesados del Circuito Camps en condiciones de ser juzgados, pero también de morir si el proceso judicial no se acelera.
21 de agosto de 2011
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horror en la penitenciaría

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Torturas: nuevas imágenes del habitual horror penitenciario.

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[Horacio Cecchi] Argentina. Como cuando el video de las torturas en el Anexo San Felipe en Mendoza, que circuló (brevemente) escandalizando a los medios que apenas le dieron espacio mientras duró su sorpresa, ahora surge una denuncia tan feroz como aquella con la única diferencia de que son fotos y no imágenes vivas, son textos y no un relato televisivo, y son posteriores con lo que muestran los resultados y no el momento en que ocurre. Estas tres cuestiones me impulsan a suponer que el horror mediático será sensiblemente menor a aquel caso aunque se trate de lo mismo: tortura como práctica cotidiana. También me impulsan a anticiparme (ojalá me equivoque) a que el caso sea tratado por medios y autoridades con el erróneo formato de la manzana podrida que termina por no resolver aquello que discursivamente sostiene. La denuncia fue tomada del Cepoc y presentada por la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales (ACiFAD).
"El día 17/10/2010 B., nacido el 15/07/1991 fue alojado en la unidad del servicio penitenciario de Ezeiza (Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza)  Siendo ‘primario’ mi hijo comenzó un calvario infinito de golpizas, las cuales dejaron secuelas psicológicas, morales y físicas."
El texto es el inicio del relato de una madre cuyo hijo adolescente fue alojado en la mentada unidad y recibido con la clásica "bienvenida" de los penitenciarios, método que no tiene fronteras de jurisdicción, sea federal o provincial. Fue tomado del blog del Cepoc y está acompañado de fotos como prueba.
La madre continúa:
"Yo como madre mi dirigí al juzgado donde se encontraba su defensora (…)  allí realice la denuncia por las golpizas diarias que recibía mi hijo, estas dejaron secuelas, le reventaron el tímpano del oído izquierdo, cada visita que iba a verlo él tenía hematomas en distintas parte del cuerpo; VIVIA SANCIONADO, en esas sanciones era torturado vilmente. NUNCA falte a las visitas porque temía que me lo entreguen en un cajón (…) soy una persona humilde y me manejo con los defensores del ESTADO. Vivía en el juzgado contándoles las penurias que soportaba mi hijo, JAMAS  la defensora  se dirigió a hablar con mi hijo. Lo único que hizo la defensora fue llamarlo para HABLAR el asunto del abreviado;  él se negaba a ir al juzgado porque estaba engripado y con mucha fiebre, al negarse fue golpeado ferozmente y durante el trayecto hacia el juzgado siguieron golpeándolo y para "diversión" de los penitenciarios fue rociado con gas pimienta; en ese momento mi hijo casi se muere porque estaba congestionado."
Cuando la defensora pide verlo, los penitenciarios se lo niegan, diciéndole que estaba "re drogado".
El relato continúa:
"Ante esta situación la abogada ordenó que lo traigan porque lo quería ver y sacar sus propias conclusiones, los penitenciarios se negaron al principio. B. fue llevado a la oficina de su defensora y vio que mi hijo no estaba drogado, ella lo encontró perturbado y aturdido, pregunto el motivo por el cual se hallaba en esas condiciones."
La madre de B. relata el modo en que se le habría hecho firmar un juicio abreviado a su hijo, quien no estaba en condiciones como para decidir si era o no favorable para él:
"Le dijeron que tenía que firmar un "ACTA DE PRESENCIA" el no podía leer, se sintió presionado y no pudo firmar, lo que hizo fue "GARABATO" porque sabía que no podía firmar sin antes leer el "ACTA" ante la presión no tubo alternativa. Hubo promesas de la "pulsera" (arresto domiciliario). Antes de retirarse del juzgado  le dijeron a mi hijo "NOS VEMOS EN LA PROXIMA PARA FIRMAR EL ABREVIADO, SI ESTAS DE ACUERDO".
Y luego, la madre de B. relata torturas parecidas a las que es posible escuchar por parte de testigos en los juicios contra el terrorismo de Estado:
"El 20 de Julio de 2010 fue trasladado junto con otros menores al anexo de la unidad 24 de jóvenes adultos modulo 5 pabellón 8. En este establecimiento se aplican los mismos métodos de tortura que en Ezeiza porque los penitenciarios son los mismos que estaban en Ezeiza; considero que estos métodos están TOTALMENTE PROHIBIDOS y sé que no estoy errada con lo que digo. Todos los chicos del penal pasan por lo mismo lo he visto en visita (chicos con muletas, en sillas de ruedas, ojos morados) las madres quieren hacer las denuncias pero los chicos no quieren porque tienen miedo que les pase algo peor.
En este penal mi hijo cumplió sus 20 años el día 15/7; una semana antes los penitenciarios le dijeron "N. TENEMOS UN LINDO REGALO PARA VOS POR TU CUMPLEAÑOS QUE TE VA A GUSTAR MUCHO". El 16/7 fui a la visita mi hijo se encontraba en perfectas condiciones, ese mismo día a las 18:30 hubo una discusión con el jefe de la visita, casualmente era "el día del penitenciario" y los mismos estaban festejando en "HORARIO DE TRABAJO" comiendo asado y tomando vino. Yo no sé como permiten que trabajen en esas condiciones, de una pequeña discusión casi me lo devuelven en un cajón. El jefe de visita M. junto con 6 penitenciarios mas lo torturaron, "MI HIJO FUE LA DIVERSION DEL DIA DEL PENITENCIARIO" TORTURADO desde las 18:30 hs a 20:30 hs; se turnaban para darle palazos en la planta del pie "el pata pata" tal es así que le quebraron 3 dedos 2 de un lado del pie y un dedo del otro pie, las piernas golpeadas (quedaron negras), y no conforme con esto apagaron cigarrillos en su cuerpo y lo quemaron con encendedores las plantas de los dos pies y el hombro, su oído izquierdo fue aplastado por los borcegos de los penitenciarios, recibió  "TROMPADAS" en la cara, boca y ojos también patadas en la cabeza y para terminar el "PAÑOLERO" tuvo INTENCION DE VIOLACION. Durante toda la tortura mi hijo estuvo esposado y atado con ganchos de pies y manos, después de la tortura lo hicieron caminar de rodillas porque no sentía las piernas a la ducha de agua helada, lo arrastraban de la ropa y le pegaban trompadas en la cabeza, B. estuvo una hora bajo el agua helada (en pleno invierno) después de eso le dieron un sedante (pichicata) y lo dejaron tirado en la celda de los locos. Mi hijo estaba shockeado, desorientado y cansado de que lo verdugeen dijo "SI NO ME DEJAN DE VERDUGUEAR EN ESTE MOMENTO ME MUERO PORQUE ME SIENTO MUY MAL NO PUEDO CAMINAR MAS".
Al ingresar una nueva guardia, y observar el estado de B., lo trasladaron al Hospital de la Unidad 24, de Marcos Paz, donde, según relata su madre, volvió a padecer torturas y corrió riesgo su vida:
"A los 20 días de estar en la unidad 24 no sé cómo pero el lugar se incendio, ninguno de los penitenciarios socorrió a los chicos; mi hijo solo y como pudo se paro y saco a tres chicos que estaban con él, cuando vinieron a apagar el fuego había mucho humo por ende Brian inhalo mucho monóxido de carbono. Los penitenciarios buscaban a mi hijo entre el humo con linternas, Brian vio que venían con palos y utilizó su silla de ruedas como escudo gracias a esto no recibió TANTOS golpes, pero aun así le dieron un palazo en la cabeza que le dejo un tajo de 10 centímetros y esta con puntos, como si fuera poco tiene nuevos golpes y ahora le rompieron el tobillo donde tiene los dos dedos rotos."
Como le sucedería a cualquier madre o padre que viera y escuchara a su hijo en esas condiciones, L. está aterrorizada, y teme por la vida de su hijo:
"Quiero decir que estoy atemorizada porque esto parece un campo de concentración nazista y me recuerda a la época de los militares. Yo como madre les pido a ustedes que son madres por favor ayúdenme S.O.S estoy desesperada porque mi hijo corre peligro. Estoy enterada que los vidrios del "hospitalito" están todos pintados lo cual quiere decir que pude volver a haber un incendio o una muerte y nadie sabe nada. Estoy segura de que le hicieron esto a mi hijo por las denuncias que realice por las torturas que recibió en el complejo penitenciario de Marcos Paz modulo 8 pabellón 5 (Anexo 5 de la unidad 24). Yo quiero saber hasta dónde vamos a llegar con todas las aboliciones que hacen en contra de los derechos humanos (…)"
Finalmente, hace un llamado, que es una súplica desesperada:
"POR FAVOR les pido que realicen una intervención inmediata. Y les pido a las madres de los penales que no se callen la boca, cuantos más seamos menos chicos van a sufrir y de a poco vamos a ponerle fin a las torturas inhumanas."
Desde la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales y del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, hemos hecho llegar estas fotos y este relato a la Secretaría de Justicia,  al  Director del Servicio Penitenciario Federal y a la Secretaría de Derechos Humanos. La madre de B., además, hizo la correspondiente denuncia judicial, el 29 de julio de 2011, ante el Juzgado Federal 2 de Morón, Secretaría 6. La vida y la integridad física de B.O.N. está en manos de todas esas autoridades.
La difusión de esta denuncia tiene por objeto, no solo proteger la vida de B. y acompañar a su madre; sino también reclamar, una vez más, por la implementación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, para que las organizaciones sociales y de derechos humanos que trabajamos en la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad podamos controlar lo que sucede dentro de las instituciones de encierro, evitando así la aplicación de torturas y tratos inhumanos y degradantes como los descritos por la madre de B., que no son de ningún modo un hecho aislado, sino un ejemplo de una práctica cotidiana, habitual, tolerada y, en la mayoría de los casos, impune.
18 de agosto de 2011
17 de agosto de 2011
©horacio cecchi

pruebas de los crímenes

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Lágrimas en la causa Díaz Bessone.

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Argentina. El equipo jurídico de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticos, terminó de presentar y valorar la prueba de los 77 casos que representa en la causa. Ante una sala llena de público, las abogadas expusieron pruebas de cada uno de los crímenes sufridos por tantas personas que pasaron por el Servicio de Informaciones de la Policía de la Provincia de Santa Fe.
En el relato de cada caso, se vivieron momentos muy emotivos. Las primeras lágrimas entre el público se vieron cuando se escuchó a Durruty decir en referencia al caso de Rut González: "Solo hay una situación más terrible que una persona retenida en un centro clandestino y es estarlo y saber que tus pequeñas hijas se encuentran recibiendo los mismos tratos de los monstruos que se encargan de los tormentos de todos". La menor de las hijas de Rut, Josefina Victoria Tosetto González, escuchaba conmovida.
Lo mismo ocurrió al ser presentado el caso de Oscar Manzur, quien fue secuestrado y torturado hasta la muerte en el Servicio de Informaciones. Otro de los casos en cuya presentación se detuvieron especialmente fue el conocido "Caso de los Surgentes". Daniel Barjacoba, Analía Murgiondo, José Oyarzabal y María Cristina Márquez integran el grupo de siete personas cuyos cadáveres aparecieron en esa localidad cordobesa luego de permanecer cautivos en el Servicio de Informaciones. El resto del grupo son Sergio Jalil, Eduardo Laus y Cristina Costanzo, que por cuestiones procesales, no pueden ser parte de este juicio.
Las abogadas detallaron la situación de la familia Bettanin, diezmada por las fuerzas represivas en un operativo en su domicilio de Barrio Gráfico el 2 de enero de 1977.
Al final del alegato, volvió a vivirse un momento de mucha emoción cuando se relató el caso de Eduardo Nasini, una de las personas más activas en el inicio e impulso de esta causa, que por una grave enfermedad no pudo llegar con vida a este juicio. Las abogadas le rindieron un sentido homenaje. El alegato continuará el 29 de agosto, desde las 9.30.
18 de agosto de 2011
17 de agosto de 2011
©rosario 12

fiscal colaboraba con apropiador

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El fiscal Juan Martín Romero Victorica presentó su renuncia para evitar el jury en su contra. Estaba en marcha un proceso que podía terminar con su destitución. La nieta recuperada Victoria Montenegro lo acusó de ayudar y adelantarle información a su apropiador. La Procuración debe decidir si le acepta la renuncia.

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[Irina Hauser] Argentina. El fiscal de la Cámara de Casación Penal Juan Martín Romero Victorica presentó la renuncia justo cuando se avecinaba el jury de enjuiciamiento que podría llevar a su destitución. La apertura del procedimiento había sido ordenada por el procurador general de la Nación, Esteban Righi, ante la denuncia de la nieta recuperada Victoria Montenegro, quien lo acusó de adelantarle información a su apropiador, el coronel de Inteligencia del Ejército Herman Tetzlaff, sobre la causa en su contra y de haberle puesto abogados. La joven también aseguró que el fiscal sabía que Tetzlaff había sido quien mató a sus padres. Ahora Righi debe resolver si acepta que deje el cargo sin pasar por el proceso de remoción. En el organismo están analizando cuál sería la mejor decisión. Las Abuelas de Plaza de Mayo se inclinan por que se haga el juicio político.
Romero Victorica presentó la semana pasada una nota en la que anunciaba su renuncia. Alegaba simplemente sus largos años en el Poder Judicial, donde fue fiscal en San Martín antes de desembarcar en Casación, en 1994, según informaron funcionarios judiciales a Página/12. Pero su decisión apuntaría a evitar el enjuiciamiento que tiene en puerta, que podría llevar a su destitución y quizás a la pérdida de toda o parte de su jubilación. De todos modos, Righi debe resolver formalmente y por escrito si acepta el planteo. En otros casos donde también estaba en juego la suerte de fiscales implicados en historias de complicidad con la última dictadura o con represores, decidió aceptar las renuncias por considerar que la finalidad de que se vayan de su puesto quedaba cumplida.
En el balance de la Procuración, por lo general, pesan a favor de la aceptación de renuncias factores como que el proceso se puede prolongar por dos o tres años; que la sentencia del jurado se puede apelar ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo (lo cual estira más los tiempos); que no parecería deseable que en el ínterin siga actuando como fiscal, en especial en causas de violaciones a los derechos humanos; que aunque el fiscal imputado sea suspendido preventivamente no se puede nombrar a nadie en su reemplazo hasta el final del proceso; que si el jurado lo absuelve, inmediatamente intentará retirarse o jubilarse; y que si el fin es que pierda la jubilación, existen altas chances de que logre recuperarla con una demanda. En el caso de Romero Victorica, además, hay una denuncia penal en trámite en su contra, a cargo del juez Norberto Oyarbide. Righi tomaría una determinación en el transcurso de esta semana.
En Abuelas de Plaza de Mayo preferirían que avance el jury. "Por el momento nos parece que, dado que hay una instancia de enjuiciamiento abierta, debería evaluarse que Romero Victorica sea destituido. Como declaró Victoria Montenegro, habría colaborado con el encubrimiento de delitos de lesa humanidad. No parece una buena señal que se vaya como si no hubiera pasado nada. Sería muy bueno que, teniendo en cuenta las graves denuncias, la institución donde se desempeñó como fiscal lo separe por medio de la destitución", dijo Alan Iud, abogado del organismo. "Desde Abuelas lo recusamos en todas las causas de derechos humanos, con lo cual no hay riesgos de que entorpezca este tipo de procesos", aclaró.
Romero Victorica ya había sido sancionado por la Procuración a raíz de que, en una audiencia en Casación por la excarcelación del ex ministro de Gobierno de facto Jaime Smart, dijo: "No puedo creer que a Jimmy le imputen esos hechos, no sé qué hace esta causa acá, si yo estoy de acuerdo con la excarcelación". Los hechos eran 60 privaciones ilegales de la libertad y tormentos en el circuito Camps. Pero el ocaso de su carrera se hizo más palpable el día que Victoria Montenegro tomó la decisión de contar la estrecha relación que había tenido con su apropiador, al brindar su testimonio durante el juicio de apropiación de menores hijos de desaparecidos el 25 de abril último, ante el Tribunal Oral Federal 6.
Victoria recuperó su identidad en el año 2000. Entonces supo que es hija de Hilda Torres y Roque Montenegro. Su apropiador, el coronel Tetzlaff (fallecido), estaba desde mucho antes en la mira de la Justicia por su papel en grupos de tareas del centro clandestino El Vesubio y en Campo de Mayo, y también por su apropiación. Fue jefe del operativo en el que fueron secuestrados los padres de Victoria y cuando empezaba a avanzar la causa que mostraría cómo se quedó con ella, para la joven quedó en evidencia el vínculo que tenía con Romero Victorica, como relató ante el TOF6. El fiscal, dijo, "llamaba a casa y le daba información" adelantada sobre la causa en su contra.
Cuando Tetzlaff fue detenido por primera vez, por orden del ex juez Roberto Marquevich, Victoria atendió en su casa un llamado de Romero Victorica, que le dijo que se quedara tranquila, "que él iba poner a unos amigos (abogados) para que lo sacaran". Hablaba, dijo la chica, del ex juez Martín Anzoátegui y los abogados Federico Casal y de Manuel Romero Victorica (sobrino del fiscal). Victoria contó que su apropiador le había confesado que había matado a sus padres y hasta le mostró el arma que utilizó. Dijo que Romero Victorica lo sabía.
El consejo evaluador de la Procuración analizó el testimonio de Montenegro y el descargo presentado por el fiscal de Casación, quien dijo que ese relato no tenían relación con la realidad y respondía a "mandatos" de "personas" que desconoce pero que quieren su desprestigio. Los fiscales evaluadores recomendaron iniciar el proceso de su destitución, que ahora quedó stand by, a la espera de una definición sobre su renuncia.
18 de agosto de 2011
17 de agosto de 2011
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pruebas del genocidio

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Último alegato de las querellas particulares en Díaz Bessone. Las abogadas que representan a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas establecieron las pruebas del genocidio, al tiempo que plantearon las pruebas de cada caso.

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Argentina. "La verdad de lo ocurrido está marcada en los cuerpos de los sobrevivientes, es parte de la memoria y de lo repetido hasta el cansancio todos estos años. El testigo narra su verdad como parte de la verdad total, su persona es la prueba viviente del horror, incluso, poder convertirse en testigos de lo ocurrido, es lo que a muchos los motivó a sobrevivir". La frase pertenece a la abogada Gabriela Durruty y se escuchó ayer en el marco de la Causa Díaz Bessone en medio del alegato de los abogados querellantes que patrocinan a Marta Bertolino, Alfredo Vivono, Eduardo Seminara, Azucena Solana, José Aloisio, Liliana Gómez. El alegato estuvo a cargo de las abogadas Daniela Asinari, Leticia Faccendini y Jesica Pellegrini, quienes integran el equipo jurídico de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas.
En primer lugar, Pellegrini hizo referencia al contexto histórico en el que se enmarcaron los hechos afirmando que el gobierno militar que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976, implementó un modo clandestino de represión, un plan sistemático de tortura y desaparición de personas que derivó en una escalada represiva sin precedentes en la historia argentina.
Asimismo destacaron que ese plan fue diseñado con anterioridad al golpe y contó con la participación protagónica de varios sectores de la población, entre ellos el sector financiero y empresario y la Iglesia Católica. Específicamente en relación a ésta, sostuvieron que "el apoyo explícito de las autoridades de la Iglesia al golpe genocida en la UR II tuvo nombre y apellido. En esa convicción esta querella solicitó al juez Bailaque que indague a Eugenio Zitelli por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita, y esperamos que así lo haga".
Asimismo, el plan sistemático de exterminio fue producto de la influencia de la doctrina contrarrevolucionaria francesa. En el documental de Marie Monique Robin "Los Escuadrones de la Muerte: La Escuela Francesa" que fue incorporado a la causa así como el propio testimonio de la autora, pudimos observar a Ramón Genaro Díaz Bessone, admitir que se utilizó la tortura para obtener información y diciendo que no se pudo utilizar la ley marcial ni el fusilamiento por las condiciones internacionales, por lo que se desaparecieron los cadáveres de los prisioneros asesinados".
En lo que a este juicio concierne, el Segundo Cuerpo del Ejército estuvo comandado por el imputado Ramón Genaro Díaz Bessone, en principio hasta octubre de 1976, cuando fue ascendido a ministro del poder ejecutivo nacional usurpado por Jorge Rafael Videla.
En su alegato la letrada hizo hincapié en que "los sucesos señalados no fueron hechos aislados producto del comportamiento criminal de algunos militares y policías, sino que lo que examinamos en este Juicio es un episodio inescindible del drama general que no es otro que el del genocidio perpetrado contra un grupo nacional del cual, nuestros representados, como el conjunto de las víctimas, fueron objeto".
Posteriormente, Durruty se refirió a la forma en que debe merituarse la abundante prueba que obra en la causa y que "refieren a un andamiaje burocrático orquestado por el estado terrorista con la única finalidad de ocultar responsabilidades en aquellos casos en que el destino del secuestrado, del torturado, era acceder poco a poco a la legalidad. Si no decidían asesinar en un enfrentamiento fraguado, o directamente desaparecer el cuerpo, los detenidos entraban de a poco en la pseudo legalidad pensada para los opositores políticos como parte del maquillaje que intentaba establecer y perpetrar la impunidad del genocidio. Pero hoy, una vez probada la existencia y mecánica del plan sistemático, clandestino e ilegal de eliminación del colectivo integrado por todos aquellos que militaban por una mejor distribución de las riquezas, por un país más justo, no podemos caer en la trampa". Luego, junto a las abogadas Asinari y Faccendini, dieron comienzo a la exposición de cada uno de los 77 casos que representan en este juicio. Seguirán hoy, a las 9.
16 de agosto de 2011
©rosario 12