verdad que se abre paso
Una verdad busca abrirse paso en los testimonios del juicio.
[Óscar Pellegrini] Argentina. He sentido la necesidad de sumarme al debate público que se viene sosteniendo en medios locales y nacionales a partir de la "Carta Abierta" que más de sesenta sobrevivientes del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario enviaran a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, relativa a la Causa Díaz Bessone (con juicio oral en curso en el TOF2 de nuestra ciudad), cuestionando la modificación de la posición de dicha Secretaría al desistir de la imputación que oportunamente y en forma bien fundada formulara en la requisitoria de elevación a juicio, a los procesados Ricardo Chomicki y Nidia Folch, dos de los cinco colaboradores que habiendo compartido un pasado de militancia, terminaron formando parte de la patota represiva. Entiéndase: secuestrando, torturando, violando e incluso matando a antiguos compañeros.
Estas imputaciones, sostenidas por distintos actores del juicio, se basan en las declaraciones de los sobrevivientes, quienes, con sus testimonios de lo vivido allí, se convierten de este modo en la prueba viva de lo sucedido, permitiéndonos saber al conjunto social una aproximación a la verdad histórica de lo acontecido en ese centro clandestino de detención, tortura y desaparición de personas, sito en pleno centro de nuestra ciudad.
Es de destacar que tan valiosos testimonios se dan bajo la presión no sólo de lo que significa el relato de los hechos en sí, como causa eficiente de la actualización de angustias asociadas a las experiencias traumáticas que se relatan y que nos aproximan a lo inimaginable del horror vivido; sino que además se suma que esos relatos se producen en el ámbito judicial en esta instancia oral ante la presencia de los propios torturadores. Pero lo que es aún más grave si pensamos que lo que se actualiza es del orden del terror, es que estos seis verdugos imputados en esta causa están en libertad por decisión tanto de la Cámara de Casación como de este mismo Tribunal Oral, a pesar de los antecedentes dictados por la Corte Suprema de Justicia.
Es difícil imaginar una autoridad mayor para tener un concepto sobre este centro de detenciones clandestinas que la reconstrucción que hemos podido escuchar a lo largo de las audiencias en la voz de unos ciento cincuenta sobrevivientes-testigos que han vivido la experiencia en carne propia en el Servicio de Informaciones de la Policía Provincial de Rosario y que llevan más de treinta años de reflexiones sobre lo acontecido en ese sitio de horror, por donde han pasado más de dos mil personas, de las cuales más de cuatrocientas se encuentran aún desaparecidas.
En el caso particular de Chomicki, el único de esos cinco civiles colaboradores que está esperando sentencia en el juicio oral, han cobrado difusión en medios locales las incongruencias que presenta en sus propias declaraciones, lo que, sumado a la masa de testimonios de las víctimas, arrojan dudas no sólo acerca de la fecha de su pretendida detención sino acerca de la existencia misma de tal detención y de su pretendida condición de víctima.
Desestimar esas imputaciones, no ser consecuente con la búsqueda de los aún prófugos de esta causa, genera un cono de sombra sobre lo que debe ser dicho para iluminar al conjunto social lo acontecido en ese sitio de exterminio y que hoy por fin se juzga, dando lugar a nichos donde cierta "obediencia debida" parece querer hacerse un lugar dentro de la particularidad de este centro clandestino de detención, generando una suerte de inimputabilidad para ciertos crímenes según su agente. Una suerte de "no ha lugar", que Althusser, en su particular tragedia, reclamando llevar su voz como imputado, nombrara de "lápida sepulcral del silencio".
Lejos de significar un "aplastamiento del problema de la lógica concentracionaria" -como argumentaron desde esos ámbitos para oponerse a las propias víctimas que padecieron el horror- dar lugar a estas voces en este juicio oral es introducir en el debate crucial de su sustanciación histórica, la intimidad de sus contradicciones, acercarnos a la verdadera trama de su horror y que la Justicia pueda cumplir más eficazmente su rol en esta construcción colectiva de memoria.
Erigirse en quien sabe lo que "esta sociedad debe y quiere enjuiciar" y sostener la "lógica concentracionaria" como una verdad universal ya dada como argumentos para no acusar a los civiles colaboradores, plantea dos conceptos que nos alejan de la construcción de los procesos de verdad en el marco de las luchas histórico-sociales con sus contradicciones.
En el marco de este debate, sería una buena muestra de salud mental que como sociedad podamos hacernos cargo de estas contradicciones que han tomado estado público en el transcurrir de este juicio oral y reconstruir nuestra verdad histórica con el aporte de la justicia.
[El autor es coordinador del Equipo de Acompañamiento Del Programa de Protección de Testigos en la Provincia de Santa Fe.]
15 de agosto de 2011
©rosario 12
Argentina. Las abogadas del equipo jurídico de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas cerrarán hoy, desde las 9.30, los alegatos de las querellas en la causa Díaz Bessone, que se tramita en el Tribunal Oral Federal Nro 2 de los Tribunales Federales de Rosario. "La Liga es el único organismo que es querellante como tal en la causa", dijo la abogada Leticia Fascendini. La acusación que sostendrán será el de genocidio, "con la alternativa de condenar por los delitos de derecho interno que más se acercan: homicidio triplemente calificado, aplicación de tormentos agravados, privación ilegítima de la libertad calificada y desaparición forzada de personas, una figura recientemente agregada al Código Penal y que se ajusta perfectamente a algunos de los hechos más graves ventilados en la audiencia", explicó Fascendini.
[José Maggi] Argentina. El comisario retirado de la Policía Federal Federico Almeder es el primero de su fuerza que esta detenido en Rosario por crímenes de lesa humanidad. La última semana la Gendarmería lo ubicó en Buenos Aires, y lo detuvo por orden del juez federal Marcelo Bailaque, quien había recibido el pedido de la fiscal federal Mabel Colalongo. Almeder esta presos imputado por 22 secuestros y homicidios ocurridos en 1976, y estuvo presente en el operativo en el que fueron secuestrados Ricardo Klotzman y Cecilia Barral, embarazadas de nueve meses. En el mismo hecho resultó asesinado el comisario federal Norberto Etchepare, aunque la sospecha judicial es que fue ajusticiado por sus propios pares. Almeder tiene una foja de servicio sugestiva, y que revela su responsabilidad en los crímenes: fue curiosamente felicitado por sus superiores, y debidamente gratificado " por haber participado en operativos antisubversivos en Rosario", entre julio de 1976 y marzo de 1977 cuando fue destinado nuevamente a Buenos Aires. Es que en abril del 77 una familia rosarina lo denunció por secuestro, amenazas y extorsión.
[Flor Monfort] Argentina. Desde el 24 de enero, día en que un policía canadiense dijo que las mujeres teníamos que dejar de vestirnos como putas si queríamos evitar los ataques sexuales hasta hoy, miles de voces, cuerpos y sexualidades se sumaron a esta convocatoria que ya pasó por Alemania, México, Brasil, Sudáfrica, Nicaragua, Australia e Inglaterra, entre otros países. Una experiencia riquísima impulsada por jóvenes feministas y otras que desde afuera del colectivo entendieron la importancia de reapropiarse de la palabra puta para llevarla tan alto y lejos donde nadie pueda tocarla (ni tocarnos).
[Horacio Cecchi] Argentina. La investigación de las causas fraguadas en la comisaría 4ª de Mar del Plata apunta a revelar mucho más que deslices en el control judicial de los operativos policiales: la sumatoria de causas en las que participó el mismo grupo de uniformados y de testigos/víctimas engrosa cada vez más, al punto que podría analizarse como una práctica lo suficientemente generalizada como para pensar si no se trata de un sistema. Este cronista tuvo acceso a varias causas, en una de las cuales se realizaron numerosos allanamientos tras el asalto a un supermercado chino en junio pasado. La declaración de uno de los testigos del grupo investigado por asociación ilícita y la de uno de los policías desafectados por la misma causa derivaron en la detención de un hombre. La detención fue publicada en los medios, que dieron fe de la correcta actuación policial, según fuentes policiales. Ahora, el juez de garantías Gabriel Bombini ordenó el cese de la preventiva sobre el acusado, considerando que el testimonio y la participación uniformada generaban demasiadas dudas como para sostener las pruebas recolectadas como valederas.
Argentina. El Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario, que juzga al ex general Ramón Genaro Díaz Bessone y otros cinco imputados por delitos de lesa humanidad, escuchó ayer alegato final de HIJOS, que solicitó "prisión perpetua y cárcel común" para el ex jefe del Segundo Cuerpo de Ejército. En tanto solicitó 25 años de cárcel para los policías José Rubén Lofiego, Mario Marcote, José Carlos Scortecchini y Ramón Rito Vergara. "Con la verdad sobra para condenar a los imputados", señaló Nadia Schujman quien junto a Alvaro Baella representan a HIJOS. Al igual que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, HIJOS no pidió penas para el civil Ricardo Miguel Chomicki.
Argentina. La pena fue solicitada por Federico Delgado, que investiga la causa por el secuestro de los empresarios textiles Federico y Miguel Ernesto Gutheim, ocurrido en 1976. Acusa al ex ministro de Economía de la última dictadura militar José Alfredo Martínez de Hoz y el entonces titular de la cartera del Interior, Albano Harguindeguy, ambos procesados y con prisión preventiva, como "autores del delito de secuestro extorsivo".
[Horacio Cecchi] Argentina. Cuando organizó la marcha de reclamo contra la inseguridad en Ayacucho, después del "crimen" de la beba de tres meses Antonia Olano, el párroco de Ayacucho Miguel Angel París no tuvo presente tanto ánimo de piedad como sí había guardado tres años antes, cuando se proclamó por el perdón al dictador Jorge Rafael Videla. La proclama del "perdona a nuestros genocidas" fue pública y la realizó a una FM de su entonces sede parroquial, la ciudad de Azul, el 23 de mayo de 2008, en pleno enfrentamiento entre los capangas de la Sociedad Rural y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por las retenciones a la soja. Las declaraciones de París desataron en aquel momento un vendaval de críticas y hasta una resolución de repudio de la Legislatura bonaerense que, en aquel momento tan sensible, le significó el freezer celestial: lo desplazaron como párroco de la catedral de Azul a cura de la parroquia de Ayacucho. Tres años después, París volvería a demostrar su necesidad de colocarse en el centro de su homilía mediática.