Blogia
mQh

argentina

miseria en buenos aires


[Monte Reel] En Buenos Aires crecen los barrios bajos, pese a los intentos de transformarlos.
Buenos Aires, Argentina. ¿Qué pasó con las 1.500 personas que vivían en Villa Cartón?, un improvisado montón de cientos de destartaladas chabolas apretujadas debajo del paso elevado de una autopista.
Las paredes de láminas de madera estaban reforzadas con cartón; viejas sábanas se estiraban en los marcos de las ventanas. Las pasarelas se atascaban de carretones llenos de botellas y papel, los desechos reciclables que mucha de la gente que vivía aquí recogía para ganarse la vida.
En febrero, alguien puso fuego a las chabolas, y los camiones de bomberos que finalmente llegaron hicieron poco más que mojar sus cenizas. Pero el fuego -y la saga que siguió cuando los funcionarios trataron de reasentar a los vecinos- ha dejado al descubierto un problema al que se enfrentan Buenos Aires y otras metrópolis en su lucha contra los cada vez más numerosos barrios de chabolas. Las partes más precarias de la ciudad, sin importar lo indeseables, son las más difíciles de reubicar.
Casi un tercio de los habitantes de las ciudades del mundo viven en chabolas, y Naciones Unidas calcula que para 2030, y como resultado de la rápida urbanización de los países en desarrollo, el número de personas que viven en esas condiciones se duplicará. América Latina ya es la región más urbanizada del mundo en desarrollo, pero incluso en lugares donde la emigración rural hacia las zonas urbanas ha empezado a estabilizarse -como Argentina-, las villas miseria dentro de las ciudades continúan creciendo a un ritmo acelerado, en épocas económicas buenas y malas.
"En toda América Latina tienes economías que están creciendo y funcionando bien, pero el modo en que están creciendo esas economías está en realidad generando más chabolas", dice Erik Vittrup, asesor sobre América Latina y el Caribe para el Programa de Reasentamiento Humano de Naciones Unidas. "Es un crecimiento que sólo genera riqueza para los que ya la tienen".
Buenos Aires se está recuperando de la devastadora crisis económica de 2001, y su economía ha crecido con más de ocho por ciento al año en los últimos cuatro años. Incluso así, el crecimiento demográfico en la capital es más rápido en las chabolas, que continúan apareciéndose junto a líneas férreas, debajo de puentes e incluso expandiéndose en los terrenos de una reserva ecológica.
El gobierno ha promovido un plan para erradicar dos docenas de las peores villas miseria -todas ellas, como Villa Cartón, primitivas conglomeraciones de chozas improvisadas construidas en sitios vulnerables. Pero el incendio de Villa Cartón mostró que incluso cuando desaparece una villa miseria, no con ello desaparecen los problemas de la ciudad.
Cuando los funcionarios trasladaron a los vecinos desplazados a tiendas en un parque, inoportunas tormentas se convirtieron en mortíferos desastres, matando a una mujer. Cuando el gobierno ofreció dinero a los residentes para alentarles a marcharse de la ciudad hacia las provincias, muchos lo rechazaron, diciendo que no podían alejarse de las clínicas gratuitas de la ciudad. Algunos que han aceptado el dinero, se han mudado velozmente a otras barriadas de la ciudad.
Algunos funcionarios de gobierno empezaron a acusar a los líderes autoproclamados de las villas miseria de haber iniciado ellos mismos el incendio, diciendo que temían perder el poder si el ayuntamiento continuaba su plan de trasladar a la gente.
Quienquiera haya sido quién inició el incendio, no pudo haber encontrado un blanco más combustible.

"Queremos Quedarnos Aquí"
Los barrios de chabolas de Buenos Aires adoptan varias formas: villas miseria, las barriadas que -con suficiente dinero y mejoras en la infraestructura- podrían posiblemente convertirse en barrios permanentes con todos los servicios básicos; casas tomadas, normalmente enormes edificios abandonados y ocupados por okupas; y asentamientos, primitivas congregaciones de chozas temporales levantadas en lugares vulnerables, como Villa Cartón. De acuerdo a varias estimaciones de agencias de la ciudad, 300 mil a medio millón de habitantes -de los tres millones de la ciudad- viven en barrios de chabolas.
Una de esas personas es María Benítez, 60, que había vivido en Villa Cartón durante dos años antes de que se quemara. Unas dos semanas antes del incendio, estaba sentada frente a una de las tiendas que el ayuntamiento para entregado a los vecinos. Comía un grisáceo guiso de arroz, patatas y zanahorias que había recibido en un remolque del gobierno en las cercanías.
Había vivido en un apartamento en el centro, dijo, pero entonces perdió su trabajo como empleada doméstica y no pudo seguir pagando el alquiler.
"Es imposible que alguien como yo pueda comprar tierra, así que o me quedaba en la calle o me venía a Villa Cartón", dice Benítez, que tiene cuatro hijos adultos, dos de ellos en Buenos Aires.
Ella y los cientos de otros que viven temporalmente en el complejo de tiendas de campaña que se negaron a recibir la limosna del gobierno de 2.300 a 8.300 dólares -un subsidio destinado a que las familias encontraran otras soluciones habitacionales. La mitad de los vecinos desplazados aceptó el dinero, pero la otra mitad se quedó, esperando ser los primeros en la fila de las viviendas permanentes que el gobierno anunció que construiría después del incendio.
"El único lugar donde podríamos vivir con ese dinero sería en la provincia, y nadie de nosotros quiere vivir allá", dijo Benítez, que ahora trabaja en un quiosco de teléfono. "En la provincia no hay trabajo, no hay servicios, no hay nada. Queremos quedarnos aquí".
La economía de Argentina -como en la mayoría de los países latinoamericanos, a excepción de Brasil- es dominada por la ciudad capital. Las zonas rurales del continente han sido siempre pobres, lo que ha alimentado una emigración que ha convertido a la región que era en los años cincuenta predominantemente rural, en una región con un 75 por ciento de población urbana. Las reducidas inversiones en las zonas rurales han reforzado la tendencia, dice Vittrup, el asesor de Naciones Unidas.
Con la esperanza de seguir en la ciudad, Benítez y cientos de sus vecinos optaron por seguir en las tiendas, maldiciendo las condiciones cuando las lluvias convirtieron el suelo debajo de ellas en lodo. Ha trabajado toda la vida en trabajos informales, sin pagar impuestos y sin jubilación. Dijo que no iba a abandonar la posibilidad de tener una casa que cree que se merece.
"Es por eso que voy a celebrar aquí mi cumpleaños número 61, luchando por una casa miserable que sea mía", dijo.

Rabia e Impaciencia
El gobierno ha construido varios complejos habitacionales en un intento de reubicar permanentemente a los vecinos de las villas miseria en peores condiciones. Algunos han sido ocupados por okupas incluso antes de su terminación, retrasando su entrega a los vecinos de las chabolas para quienes fueron construidos. El complejo destinado a Villa Cartón hace frente a otro problema: Los vecinos del barrio obrero donde debía construirse el complejo, objetaron su emplazamiento, obligando al gobierno a buscar una nueva ubicación.
"Esta situación ha generado otro conflicto entre la clase media baja y las clases bajas sobre quién tiene derecho a los nuevos proyectos", dice Gabriela Cerutti, ministro de derechos humanos del ayuntamiento, a cargo de problemas de vivienda.
Ese nuevo conflicto intensificó la rabia y la impaciencia de los vecinos desplazados de Villa Cartón, que exigieron acciones más rápidas de los funcionarios. Tras ser trasladados a cobertizos en otro parque, un grupo de residentes encerró a varios empleados de gobierno en un remolque una noche, exigiendo una solución permanente.
"Repentinamente unas cien personas nos rodearon en el remolque, al que empezaron a aporrear con palos", dice Patricia Malanca, una de las funcionarias a cargo del campamento. "La hostilidad era extrema. Nuestras vidas corrieron peligro".
La razón de la tensión, explicaron algunos vecinos, es que creen que el gobierno les ha estado haciendo promesas durante años, sin cumplirlas.
De acuerdo al auditor del ayuntamiento, Vicente Mario Brusca, la ineficiencia ha plagado los intentos del gobierno de proporcionar viviendas adecuadas para los pobres. Mientras preparaba un informe sobre vivienda a fines del año pasado, su despacho descubrió que el gobierno había pagado demasiado por materiales de mala calidad, incurrido en costes administrativos excesivos y empleado a demasiados trabajadores en sus intentos de mitigar la escasez de viviendas para grupos de bajos ingresos.
"Con esos tasas de eficiencia, estimamos que tomará ochenta a cien años resolver el problema de la vivienda aquí", dijo Brusca.
Este es un año de elecciones, y los candidatos argentinos han enfatizado la necesidad de mejorar las condiciones habitacionales en las villas miseria, otorgando a los residentes derechos de propiedad y entregándoles acceso pleno a los servicios del ayuntamiento.
Entretanto, los vecinos de Villa Cartón siguen esperando por una vivienda permanente, como han hecho la mayor parte de sus vidas.
María Estella Martínez, 42, creció en una de las villas miseria más antiguas de la ciudad, que ha sido elegida para su eventual urbanización y remodelación. Pero después de que Martínez se separara de su marido y debiera ocuparse del cuidado de sus cuatro hijos sola, se vio obligada a bajar un escalón en la pirámide social de Villa Cartón.
Había esperado que el traslado sería temporal, dijo, pero ahora ha empezado a dudar de que obtenga alguna vez una casa permanente.
Antes vendía ropa a sus vecinas, pero el incendio destruyó sus existencias. La lucha por encontrar una casa después del incendio, dijo, ha consumido todo.
"Ya no tengo ganas de trabajar", dijo, llorando. "No me queda voluntad para nada".

1 de mayo de 2007
29 de abril de 2007
©washington post
©traducción mQh
rss

dos miradas sobre un juicio


[Horacio Cecchi & Raúl Kollmann] Las dos miradas sobre el juicio.
Nora ‘Pichi' Burgues de Taylor era amiga de María Marta. Su testimonio se centró en la duda sobre si la familia encubrió el crimen. Ella fue rotunda: dijo que no y dio sus argumentos. Y contó el temor que le tenía la víctima al vecino Pachelo. Aquí, la declaración y sus dos interpretaciones.

Taylor Dijo Que MM Temía al Vecino. El Peligro Pachelo
Además de su voz legítimamente emocionada, quebrada y al borde del llanto, de la declaración de Nora ‘Pichi' Burgues de Taylor ayer pudieron rescatarse varios datos surgidos de sus contundentes afirmaciones. El primero es que recibió una versión sorprendente del sorprendente accidente del Carmel: que María Marta se desmayó y cayó para arriba. El segundo es que no conocía a Susan Murray, aunque uno de los hijos de Pichi había sido compañerito de school con uno de los hijos de la no-amiga a la temprana edad de 8 años. Que pese al shock emocional absolutamente comprensible que sufría, como todos los allí presentes (en el Carmel, no en la audiencia), tuvo ese reflejo típico de madre, de mujer, de publicidad de jabones, cuando ese día aciago encontró un par de toallas húmedas que "me parece que había usado la masajista para limpiar el baño, pero sin sangre" y las colocó en el lavarropas. Y que habiendo sido intimidada por Pachelo, el vecino de la "mirada penetrante", y habiendo estado realmente aterrada por él, se lo hizo saber al fiscal, pero cuando éste le envió custodia policial ella preguntó al policía, extrañada: "¿Para qué vienen?, si no le tengo miedo". En la jungla de asfalto, la extraña naturaleza del miedo es irracional e ilógica.
Nora Taylor ayer demostró no ser ninguna pichi. Mujer de carácter, de rasgos que seguramente la habilitaron a ser modelo, muy paqueta, fina y decidida. Quizá con algunas lagunitas, como cualquiera. La más notoria fue cuando reveló que no conocía personalmente a Susan Murray. Aunque Murray, muy acongojada por el olvido, aseguró a Página/12 que uno de los hijos de Pichi cuando chico iba al St. Catherine's Moorlands School con uno de sus hijos y que cuando éste tenía unos 8 años, el de Pichi parece que en un juego de niños "le clavó sin querer un palo en el ojo al mío –dijo Murray– y ella vino desesperada a pedirme disculpas y yo le decía que bueno, había sido un accidente".
La otra chascomús, quizá más íntima, demuestra que su hermana Laura era reservada con algunos temas ya que Pichi dijo desconocer lo que era el Cartel de Juárez (se enteró por los medios), aunque su hermana estuvo investigada por la Justicia, sospechada (luego sobreseída) de vínculos con los narcos mexicanos y el lavado de dinero.
También dio una sorprendente y novedosa versión de la ley de gravedad, cuando, al recordar aquel aciago día, le preguntó a Carrascosa: "¿Pero cómo fue?", y él le contó que suponía que MM se había golpeado la cabeza con la viga o la ventana, se había ido a lavar la herida bajo la canilla y se desvaneció, y como la bañera estaba llena de agua, se debe haber ahogado. Deducción: o bien sufrió un desvanecimiento ascendente, que existe en muy pocos casos registrados en la medicina, y golpeó de tal manera contra la canilla que perdió masa encefálica y por lógica se ahogó (poco probable). O la canilla estaba bajo el agua y tiraba el chorro hacia arriba (un poquito más probable). Será difícil esa reconstrucción.
Tuvo tiempo de acusar a Pachelo. Para eso fue citada. Aseguró que tanto miedo le daba ese vecino a quien no conocía, que el día posterior a la muerte de MM cerró las ventanas de su casa, influida por las sospechas de John sobre las zapatillas. John se preguntaba y hay testigos de que atosigó a todo el mundo esa noche preguntando por qué MM tenía las zapatillas empapadas y los pantalones secos. Y Pichi, recordando los miedos sobre el robo del perro Tom, y todo lo demás, imaginó la escena: "Las zapatillas están mojadas porque atravesó la bañadera llena de agua para escapar por la ventana". Nadie le recomendó pensar que el jogging estaba seco, pero quizá (no lo dijo) puede haber imaginado que en un gesto muy femenino MM levantara las mangas del jogging para no mojarlo porque después debía salir, o algo por el estilo. "Esto no fue un accidente", dijo que sospechó convencida, pero después vio al fiscal y un forense y se quedó tranquila. Igual, cerró las ventanas por si acaso.
El miedo es el miedo: pese a lo que le pasó a MM, tuvo la entereza de acusar a Pachelo. En realidad, de sugerir sospechas aterradoras. Sufrió tres "amenazas, perdón, intimidaciones", corrigió al abogado Cafetzoglus, porque no llegaron a ser tal cosa. Una, cuando Pachelo llamó a su casa y atendió la mucama y Pachelo le dijo, según ella: "Decile a tu patrona que cuando esté presa le voy a llevar cigarrillos". "¿Cuándo fue?", le preguntó María Etcheverry, presidenta del tribunal, y ella contestó, "cuando yo estaba en Lagartos y tenía pedido de captura". Imagínese.
La segunda amenaza, perdón, intimidación, fue cuando su hijo Santiago (quien también declaró ayer) estaba en el boliche Pizza Banana y fue advertido por sus amigos de que Pachelo lo miraba y decidió irse porque "tiene una mirada muy penetrante". (La mujer de Pachelo también. Dios los cría.) La última fue cuando Pachelo pasó delante de ella (cuando salía ella de declarar en Fiscalía) y el vecino le apuntó, disparó y después hizo la mímica de soplar el humo. "¿Con qué?", preguntó la jueza impresionada por el relato. "Con la mano", aclaró Nora.
Después de Pichi vino pichito, Santiago Taylor, uno de sus hijos. Lo que pareció más rescatable es que cuando le preguntaron si había subido al cuarto donde se velaba a MM dijo que sólo una vez, y le preguntaron cómo estaba MM y confirmó que "acostada", lo que disipó muchas dudas.

Preguntas Selectivas del Fiscal. La coima y el perro
El testimonio de Nora ‘Pichi' Burgues de Taylor, amiga de María Marta, puso sobre el tapete los dos temas que están en el núcleo del juicio: si la familia tapó o no tapó el crimen y el miedo o terror que le tenía MM al vecino sospechado, Nicolás Pachelo. En la audiencia de ayer se volvió a mencionar que, según Inés Ongay, otra amiga de MM, Pichi le dijo que se había pagado para no hacer la autopsia. El tribunal, a pedido de la defensa, ordenó un careo entre ambas amigas, algo que ya se realizó en la instrucción y que terminó con el sobreseimiento de Taylor dictado por la Cámara de Apelaciones. El jueves próximo el careo se vuelve a hacer. Pero los criminalistas consultados por este diario coinciden en que el canje de coima por no-autopsia sólo podía tener un protagonista, el propio fiscal Diego Molina Pico, la única persona que aquel día, estando presente en el velatorio, al lado del cuerpo, tenía el poder de decidir sobre la autopsia. Y Molina Pico decidió que no se hiciera. Es evidente que al fiscal no lo coimearon. Tampoco hay ninguna evidencia de coimas a los médicos, uno de los cuales –Santiago Biassi– declaró en forma furiosa contra la familia. Respecto de Pachelo, Pichi reiteró que MM le tenía miedo, esencialmente porque fue protagonista de varios robos, pero además secuestró el perro de MM, Tom, y le pidió un rescate de 5000 pesos. En una reunión por el peligro-Pachelo en el country, se reveló entonces que una doméstica vio a Tom en casa de Pachelo y un criador de perro confirmó que el labrador estuvo en poder de Pachelo durante el secuestro.
Pichi Taylor relató ayer que la noche del crimen tuvo dudas sobre la muerte de MM. Estando en el baño vio que la víctima tenía las zapatillas puestas y mojadas, por lo que se le cruzó por la cabeza que MM intentó escapar de alguien por la ventana que está del otro lado de la bañadera. Quien primero reveló sus dudas fue el hermano de MM, John Hurtig, y eso le hizo pensar a ella en la hipótesis de la fuga. De inmediato asoció la escena con un robo y ayer dio a entender que se imaginó a MM huyendo de Pachelo.
La insistencia de John Hurtig fue acompañada por Pichi y al final –según contó ayer-– le dijeron que concurrirían a la casa un fiscal y un forense. Cerca del mediodía vio entrar a dos personas de traje. Uno era Molina Pico y ella pensó que el otro era un forense, pero en verdad se trataba del jefe de Investigaciones de la Bonaerense de San Isidro, comisario Aníbal Degastaldi. O sea que, convocados por la familia, estuvieron la Justicia y la policía, algo que –dicen los criminalistas– no haría quien quiere tapar un crimen. Un rato después, Molina Pico y Degastaldi se fueron sin tomar ninguna medida. "No puedo seguir pensando idioteces. Si había algo raro lo lógico era que se suspendiera el velorio, nos sacaran a todos y se llevaran a MM", reflexionó Taylor en ese momento y lo contó ayer.
La testigo, sobreseída en voto unánime por la Cámara de Apelaciones de la acusación de haber encubierto el crimen, reiteró que ningún médico habló de balazos, de llamar a la policía y de cualquier teoría que no fuera la del accidente. También dijo que nunca vio peleas entre MM y Carrascosa ni escenas de maltrato, que eran un matrimonio envidiado por la forma en la que se llevaban y que tampoco vio jamás un arma en manos de ninguno de los familiares cercanos a MM.
Después del entierro, Ongay estuvo en casa de Pichi Taylor. Y allí se produjo la conversación de la discordia. Ongay sostiene que Pichi le contó lo de la coima –"Pagamos para que se haga lo que el Gordo (por Carrascosa) quería"–, habría sido la frase. Pichi dice que eso es absolutamente falso y que nunca pronunció esas palabras. Es más, Taylor contó ayer que fue ella quien le presentó a Ongay al fiscal cuando éste le pidió que le llevara amigas de MM para que le cuenten cómo era y que le pudieran dar detalles de su vida. "A la testigo estrella del fiscal se la presenté yo", enfatizó Taylor.
De todas maneras, el pago de una coima para que se haga o no se haga algo requiere que el destinatario del pago tenga la facultad de hacer o no hacer lo que se pretende. El lunes 28 de octubre de 2002, el único presente en el velatorio con capacidad para ordenar que se hiciera la autopsia o permitir que no se hiciera era Molina Pico. La otra hipótesis es que se les pagó a los dos médicos que llegaron primero a la casa y el dinero hubiera tenido el objetivo de silenciarlos, que no dijeran que se veían balazos. Ni siquiera el médico más adverso a la familia mencionó que hubieran intentado coimearlo y, además, hubo dos choferes presentes en todo momento y también estaba la masajista Beatriz Michelini.
El peligro Pachelo, los robos y el secuestro del perro de MM fueron también claves de la audiencia de ayer. "El doctor Zuelgaray fue intimidado por Pachelo, a mí me hizo el gesto de apuntarme con los dedos en forma de arma y soplando el supuesto caño después y MM le tenía miedo porque ella sabía lo que le hizo con el perro", contó Taylor. El 23 de julio de 2001 desapareció el labrador de la socióloga. MM pegó carteles para buscar a su perro y en los cuatro días siguientes recibió llamadas extorsivas que le pedían 5000 pesos para devolverle a Tom. Era alguien del country porque ella puso su número de celular y, sin embargo, la llamaron a la casa. Carrascosa se opuso al pago: "Empezamos pagando por Tom y vamos a terminar pagando por nosotros", razonó. Pocos días después, la empleada de la familia Pfister reveló que el perro de MM estuvo encerrado en el baño de los Pachelo durante varios días. Para darle más contundencia a la prueba, un criador de la zona de Pilar, Florindo Cometo, declaró en la causa que Pachelo le ofreció un perro de un supuesto hermano que se iba de viaje. El vecino sospechado argumenta que se trataba de un Rottweiler, pero Cometo fue categórico: era un labrador con una característica muy precisa, le habían cortado una pequeña parte de su pata derecha con una cortadora de pasto. Eso es lo que le había hecho accidentalmente un jardinero a Tom. Pachelo se lo llevó y Tom no apareció nunca más.

30 de abril de 2007
©página 12
rss

indultos inconstitucionales


La camara federal declaro la inconstitucionalidad de los indultos de Videla y Massera. "Crímenes insusceptibles de ser amnistiados".
El mismo tribunal que juzgó a los ex comandantes anuló el perdón concedido por Menem para los condenados en ese juicio. La medida sólo alcanza a Videla y Massera, porque el resto se murió. Los jueces recordaron que, para el caso de Massera, que fue declarado "incapaz", existen "establecimientos especiales" para que cumpla su sentencia.
Los dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera deberán seguir presos hasta que se mueran, o al menos, durante otros veinte años. La Cámara Federal en pleno declaró ayer la inconstitucionalidad de los indultos con los que fueron beneficiados los ex comandantes juzgados en el Juicio a las Juntas. "Los hechos ilícitos que fueron llevados a cabo en el contexto del sistema clandestino de represión implementado por la dictadura militar que usurpó el poder entre 1976 y 1983 resultan insusceptibles de ser amnistiados", dijo el tribunal. La decisión implica que los represores que habían sido "perdonados" por Carlos Menem deben terminar de cumplir la condena a reclusión perpetua que la misma Cámara les impuso en 1985.
El decreto de indulto que declararon inconstitucional los jueces Horacio Cattani, Gabriel Cavallo, Eduardo Freiler, Eduardo Luraschi, Martín Irurzun y Eduardo Farah había beneficiado a Videla, Massera, Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini y Orlado Ramón Agosti. Pero estos tres últimos murieron el 30 de septiembre de 1994, el 15 de agosto de 2004 y el 6 de octubre de 1997 respectivamente. Por lo tanto, este nuevo fallo solo atañe a Videla y Massera. El primero está preso en su casa por su responsabilidad en la implementación del Plan Cóndor, la coordinación de las dictaduras del Cono Sur. A raíz de un derrame cerebral que sufrió en diciembre de 2002 y que lo dejó postrado e "incapaz de razonar" (según describió un psiquiatra italiano que lo examinó este año), Massera fue declarado insano en las diferentes causas en las que estaba imputado. Los jueces explicaron que en este caso el Almirante Cero debe terminar su condena porque estaba lúcido en el momento del juicio e incluso señalaron que "las disposiciones que rigen la etapa del proceso en que quedaría situada esta causa específicamente contemplan la ejecución de la pena en establecimientos especiales de carácter asistencial médico y psiquiátrico". La situación de Massera y Videla serán ahora analizadas por un juez de ejecución penal, que deberá definir si les concede el arresto domiciliario o los deriva a una cárcel común u hospital.
"Existe una obligación estatal imperativa que deriva del derecho internacional y que consiste en investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. La necesidad imperiosa de evitar la repetición de tales hechos depende, en buena medida, de que se evite su impunidad y se satisfaga el derecho de las víctimas y la sociedad en su conjunto de acceder al conocimiento de la verdad de lo sucedido", aseguraron los camaristas al fundamentar su decisión.
Esta no es la primera vez que la Justicia declara inconstitucional los indultos a represores de la última dictadura. Varios jueces ya han anulado los beneficios que recibieron, entre otros, Carlos Olivera Rovere, Antonio Vañek, Luciano Benjamín Menéndez, Ramón Genaro Díaz Bessone y hasta José Alfredo Martínez de Hoz. Pero en todos estos casos, que aún deben ser ratificados por la Corte Suprema, se trataba de personas que estaban procesadas en el momento de recibir el perdón presidencial. En cambio, Massera y Videla ya estaban condenados al recibir el indulto.
Los jueces basaron el fallo en dos grandes argumentos. El primero fue la obligación de la Argentina de juzgar los crímenes de lesa humanidad a partir de la firma de tratados internacionales que impiden perdonar estos crímenes. "Las obligaciones que de allí se derivan quedarían desvirtuadas si, luego del dictado de sentencia definitiva –una vez investigadas, comprobadas y dictada la respectiva sanción por las graves violaciones a los derechos humanos como las que oportunamente se ventilaran en estas actuaciones– se concediera el perdón", afirmaron. Y agregaron que "la medida aquí cuestionada estaría generando la `atmósfera de impunidad' expresada con preocupación por los organismos internacionales".
El otro fundamento del fallo está en el artículo 29 de la Constitución Nacional que sanciona con una nulidad insanable los actos que constituyan una concentración de funciones y un avallasamiento de las garantías individuales. Este artículo también fue invocado en los fallos en los que se declararon nulas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y otros decretos de indultos a represores que no estaban condenados.
Los camaristas recordaron que históricamente el instituto del indulto tuvo por finalidad reparar situaciones injustas, "en supuestos de delitos menores pero que no obstante tenían previstas amenazas punitivas elevadas y, por lo tanto, en la práctica generaban castigos desproporcionados en relación al contenido disvalioso de la conducta reprochada, estando vedado para crímenes de mayor gravedad como los homicidios". De hecho, se remontaron a la Asamblea del año 1813, que "dispuso exceptuar del indulto general a los reos dictado por el mismo cuerpo, entre otros delitos, el de resistencia armada a la Justicia, el de lesa patria y el homicidio que no fuera casual o en defensa propia". El supuesto de personas que sufrieron una condena elevada en comparación con los delitos cometidos no se aplica en estos casos, como bien aclararon los jueces.
El 9 de diciembre de 1985 la Cámara Federal porteña condenó a Videla y Massera a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, accesoria de destitución y pago de costas.
En esa sentencia, el tribunal consideró que el gobierno militar que usurpó el poder en 1976 implementó un modo clandestino de represión y que el 24 de marzo de ese año comenzaron de modo generalizado en el territorio nacional las privaciones ilegales de la libertad de personas. Como características comunes de "este obrar criminal" los camaristas Jorge Torlasco, Carlos León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Andrés D'Alessio, Jorge Valerga Aráoz y Guillermo Ledesma determinaron en 1985 que "los secuestradores eran integrantes de las Fuerzas Armadas, policiales o de seguridad que adoptaban precauciones para no ser identificados" y que "las víctimas del secuestro eran trasladadas en vehículos a centros clandestinos de detención donde eran ocultadas y generalmente torturadas". Massera y Videla fueron considerados los máximos responsables de la implementación de este plan criminal y recibieron las condenas más severas. Los acusados fueron indultados por Menem el 29 de diciembre de 1990, cinco años después del juicio.

26 de abril de 2007
©página 12
rss

prisión perpetua para policías


[Carlos Rodríguez] Por matar a golpes a un detenido.
Un tribunal condenó a un subcomisario y a tres ex oficiales de la Bonaerense por el "homicidio agravado" de Diego Gallardo, muerto en una comisaría de Dock Sud en 2005.
Diego Gallardo, a los 20 años, era un joven de físico menudo y una estatura que apenas pasaba del metro sesenta centímetros. El 10 de enero de 2005, cuando estaba detenido en la comisaría 3ª de Dock Sud, cuatro policías robustos y munidos del palo de abollar ideologías –y cabezas, habría que agregar a la famosa frase de Mafalda– le pegaron 57 golpes, según consta en la autopsia. Gallardo murió al día siguiente, sin haber recibido asistencia médica. La excusa para la golpiza fue un presunto intento de fuga y también fueron agredidos otros seis presos, que sufrieron lesiones de importancia. Ayer, el Tribunal Oral 1 de Lomas de Zamora condenó a prisión perpetua a los cuatro policías imputados, el subcomisario Rubén Gómez y los ex oficiales Julio Silva, Marcelo Fiordomo y Hernán Gnopko. Los tres primeros están detenidos y Gnopko sigue en libertad porque goza de la excarcelación hasta que la sentencia quede firme. María del Carmen Verdú y Daniel Stragá, abogados de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que representaron a la familia de la víctima, celebraron la condena a perpetua, pero cuestionaron la calificación que se le dio al caso.
"Estamos conformes con la condena, pero éste fue un caso de tortura seguida de muerte. Al calificar el hecho como homicidio agravado, lo que se hace es aplicar la figura de un delito común y no de un delito de lesa humanidad. Esta es la tendencia que se observa en el país y que permite que el Estado eluda su responsabilidad de tener que rendir cuentas ante los organismos internacionales de derechos humanos", explicaron los abogados de Correpi. "Lo que demuestra el fallo es que los jueces argentinos miden con una vara las torturas de hace 30 años y con otra las que ocurrieron hace dos años. Lo que pasó con Gallardo confirma que la tortura es sistemática en la Argentina", sostuvieron Verdú y Stragá.
En la sala de sesiones de los tribunales de Lomas de Zamora, donde se leyó la sentencia, hubo un enfrentamiento verbal, luego de conocido el fallo, entre familiares de los policías condenados y del joven asesinado. "Los villeros los mataron", gritó de cara a las hermanas de Gallardo un hombre de pelo corto y porte policial. De ese modo insistió con la primera versión policial, que afirmó que la muerte se produjo por un supuesto conflicto entre los mismos presos. "Nosotros somos villeros, pero no asesinos como ustedes", fue la réplica del otro sector. El grupo que acompañaba a los familiares de las víctimas coreó a manera de respuesta un cántico contra la Bonaerense: "... la del gatillo fácil, la de la mano dura, la que también tortura como en la dictadura".
En la sala estaban Claudia y Josefina, dos de las hermanas del joven asesinado. "El estaba detenido desde hacía dos meses y los policías les pegaron a él y a otros presos, con palos". Nadie le avisó a la familia que Diego Gallardo estaba muy golpeado. La madre del chico, Pilarcita Fernández, fue a visitarlo el 11 de enero de 2005, sin estar enterada de lo que había ocurrido el día anterior. "A mi hermano nadie lo hizo ver con un médico. Vino un doctor del Hospital Fiorito para atender a otro preso y cuando le dijeron que Diego estaba muy dolorido, lo único que hizo fue darle una aspirina", relató Claudia Gallardo a Página/12. Después de la golpiza, todos los presos, incluso Diego, fueron trasladados a la comisaría 1ª de Avellaneda. Cuando a Gallardo lo llevaron al Hospital Fiorito, ya no había posibilidad alguna de salvarle la vida.
Los jueces Guillermo Rolón, Fernando Bueno y Rodolfo Lanza absolvieron por falta de pruebas al oficial Gnopko por el delito de "falsificación de instrumento público". El policía fue acusado por la adulteración del informe médico sobre el estado de los presos golpeados, donde se decía falsamente que estaban "todos ilesos". A pesar de la absolución, el tribunal confirmó que el delito fue cometido, aunque no se haya podido determinar el autor.
El tribunal sólo leyó la parte resolutiva de la sentencia y en fecha a determinar dará a conocer los argumentos del fallo, que será apelado por los defensores de los policías, Amílcar Chiodo y Oscar Serrano. La lectura del fallo fue presenciada por tres de los cuatro imputados. Faltó Silva, quien no fue trasladado desde la cárcel porque sufrió una indisposición.
La figura de "homicidio calificado" fue planteada por el fiscal Jorge Michelini, quien al igual que los abogados querellantes había solicitado que se aplicara la pena de prisión perpetua. El subcomisario Gómez, vestido de traje, habló ante la prensa, esposado, luego de que se conociera la sentencia. "Soy totalmente inocente. No estaba cuando (a Gallardo) lo sacaron de Dock Sud y se lo llevaron a la primera de Avellaneda, donde lo mataron. ¡Tienen que averiguar quién fue el preso que lo mató en ese lugar!", gritó Gómez. En su alegato final, el subcomisario había responsabilizado por lo ocurrido a un subcomisario de apellido Lazarte, que estaba al frente de la comisaría de Dock Sud la noche del crimen.

26 de abril de 2007
25 de abril de 2007
©página 12
rss

el caso garcía belsunce


[Horacio Cecchi] Las dos miradas sobre el juicio. Carrascosa no pudo convertirlo en culpable. Pachelo, el testigo indemne.
En el juicio, en la sociedad y en el periodismo existen dos visiones sobre los hechos del country El Carmel y sus responsabilidades. A partir de hoy, Página/12 reflejará esas miradas divergentes para aportar información y sumar opiniones sobre un caso siempre polémico. Ayer declaró Nicolás Pachelo, el vecino de María Marta, acusado por los García Belsunce de ser el autor del homicidio. Aquí, el doble reflejo de lo ocurrido en la audiencia.
En la audiencia de ayer Nicolás Pachelo demostró, antes que nada, que su capacidad de convocatoria es envidiable. Por primera vez, la sala de audiencias estaba colmada, desbordaba, los asientos en algunos casos se compartían y debieron agregarse nuevas sillas. Se percibía cierto nerviosismo típico en la platea. Había de todo. Una cantidad de periodistas desusada hasta la fecha que colmaron la nave central; un nutrido grupo de amigos de María Marta, en especial de Missing Children, entre ellos Susan Murray, que ya pasó como testigo. Eugenio Schenone, padre de Marcos (víctima de Horacio Conzi); las Madres del Dolor. Los abogados de los dos paracaidistas acusados, Betty Michelini y Gauvry Gordon. Pero lo más notorio y llamativo de este personaje central en la novela costumbrista del Country Carmel fue su capacidad de convocatoria hacia el nutrido grupo de familiares y amigos, valga la redundancia, de la Familia en defensa acusadora que, a contramano, pobló todo el sector jacobino de la sala, obligando a compartir butacas e incluso a agregar algunas. Pachelo declaró, respondió preguntas, ironizó y fue reprendido. Pero, por encima de eso, la audiencia de ayer fue una audiencia que obliga a aplicar los métodos de la lógica.
¿Qué dijo Nicolás Pachelo? Fue el primero de todos los testigos en el juicio que aportó de traje, como quien se viste los oros para el paseo de domingo. Pachelo llegó cubierto de traje gris a rayas finas, zapatos de cuero beige, corbata rosa, camisa blanca, barbita a medio dejar tipo yuppie. Parecía como si un asesor de imagen le hubiera dicho: "Nico, hoy te vestís como para un juicio". Quizás algo excesivo por lo obvio, pero finalmente tan válido como llenar la sala de partes que después son una sola.
"El 27 de octubre no me levanté con un cronómetro en la mano", empezó diciendo Pachelo, marcando de algún modo límites e intenciones. Y las preguntas de Molina Pico fueron llevando al testigo al terreno más escabroso, aquel donde la Familia se enjuga los caninos. Uno fue el de los horarios: fue a jugar al fútbol a Benavídez alrededor de las 14, volvió alrededor de las 17.30, se duchó y salió de nuevo en dirección al centro, al llegar al peaje volvió porque no tenía la billetera, entró, estuvo dos minutos y salió para volver a la medianoche. Tres chicos dijeron que lo vieron minutos antes de las 19 con pantalones de buzo y capucha cubriéndole el rostro trotando hacia su casa detrás de MM y él dijo que estaba vestido con pantalones cortos y remera deportiva, que a esa hora no estaba y que no solía trotar en El Carmel. "Pero son tres chicos que dicen haberlo visto", le recordó Molina Pico. "Ellos sabrán lo que están diciendo", respondió Pachelo. Es su palabra contra la de tres chicos que, si lo vieron, lo vieron cubierto. La misma situación se plantea a la inversa. Carrascosa dice que no estuvo en el Club House ese día y tres testigos dicen que lo vieron. La mucama de los Bártoli dice que no estaban y ellos dicen que sí.
Le preguntaron por los palos de golf y él admitió haberlos vendido en Punta Carrasco, pero cómo los obtuvo no fue puesto en duda. Pachelo ya había dado a Tito White su versión en aquel momento (que se los había dado un jardinero) y El Carmel no avanzó por el lado de la denuncia penal, lo que invalida que se esgrima ahora como argumento en su contra.
Le preguntaron sobre el caso Augé, en el que fue condenado por participación en el robo de una casa de la madre de una amiga. Pachelo puso ahí el límite. Dijo que había sido un error y que había pagado por ello. La defensa que querella se afilaba las uñas, pero el tribunal rechazó todo intento por invadir ese territorio. La cuestión es sencilla y excede toda pretensión. Culpar a alguien por sus antecedentes ya pagados a la sociedad es el principio del fin de la Justicia. Si Pachelo fuera culpable (que no se analiza en este juicio), de seguro que no puede serlo por un delito ya cumplido sino por lo que se supone que hizo. Esa fue la tesitura del tribunal y fue una señal a la querella que defiende.
Dijo que se enteró de que a MM la habían asesinado cuando Dolores Sanjurjo –una vecina de El Carmel a la que definió socarronamente como "alguien que se dedica a llevar y traer información"– le contó que le habían pegado "un fierrazo" y que a él lo estaban involucrando. A partir de allí empezó a pensar que lo mejor era tener un abogado. También recordó una reunión en el Sheraton de Pilar en la que los abogados Scelzi y Nardi lo trataron de interrogar mientras en la mesa de al lado repiqueteaba de nervios Horacito GB.
Intentaron llevarlo por el lado de Tom, el perro manco que aseguran que lo entregó a un criador de perros. Pachelo invirtió la relación: dijo que el criador le debía dinero y que le regaló dos Rottweiler. Uno era mansito. El otro, no. Lo devolvió a pedido de White. Fue lo único que le entregó. De nuevo, la Familia quedó enfrentada a la palabra de uno contra la palabra del otro, la inversión de los hechos usando la misma lógica. Después de todo, una sola parte es la que habla del accidente.
También dijo que vendió su casa el 20 de diciembre de 2002, apenas se conoció el homicidio. Ideal para que apareciera como una fuga. Pero aclaró: "Mi casa la tenían en venta White, Piazza y Burgueño desde un año antes" y la fuga se hizo añicos.
Pachelo se mostró impertinente, arrogante, irónico (el querellante Hetchen le preguntó: "¿Sabe en qué andan los vigiladores?", queriendo empastarlo en los robos, y él respondió que "sí, a pie o en los autitos eléctricos"). Hasta llegó a ubicarse como víctima de la persecución. Se mostró rápido y caminando al límite, en la cornisa. Casi, capaz de todo. La Familia lo conocía desde antes del crimen. Supuestamente ya lo sospechaba un monstruo. Después de tanta sangre y encéfalo repartido, cómo hacer creíble que desde el primer día no pensaron en Pachelo. No parece suficiente la aparición del grifo asesino y sus seis pitutos.

Pachelo No Despejó las Sospechas en Su Contra
Sólo evasivas, nada concreto.
Raúl Kollmann
"No lo recuerdo, pero tampoco lo niego. No lo sé. No me puedo acordar de los horarios, porque para mí aquel día fue un domingo cualquiera." Esta es la fórmula que más utilizó ayer Nicolás Pachelo para intentar zafar de lo que las pruebas demuestran: que estuvo en el country El Carmel hasta después del asesinato de María Marta, que tres chicos lo vieron trotando cerca de la víctima muy poco antes del crimen y que en sus declaraciones anteriores mintió diciendo que se fue antes de la hora del asesinato hacia el shopping Paseo Alcorta. La familia García Belsunce cree que, tal vez junto a un grupo de vigiladores, Pachelo entró a robar a la casa de MM y Carrascosa. Como la socióloga volvió sorpresivamente, se los habría encontrado adentro y, como los conocía, la mataron. Cuando ayer a Pachelo le preguntaron sobre uno de los tantos robos por los que fue condenado, el que organizó en la casa de la madre de su íntimo amigo Gastón Augé, contestó: "Esos son errores del pasado –ocurrió en 2003, después del asesinato de MM– y no quiero hablar de ese tema".
Pachelo no está imputado en el juicio que se desarrolla en San Isidro. El único que puede ser condenado o absuelto es el viudo, Carlos Carrascosa, por lo que ayer el famoso vecino sólo declaró como testigo y no se le podían hacer preguntas incriminatorias ni que afectaran su honor.
Una clave de la audiencia consistía en evidenciar que Pachelo estaba en el country a la hora del crimen, a diferencia de lo que dijo en sus dos primeras declaraciones. El vecino argumentó que en la primera de ellas lo patotearon dos policías y que por lo tanto habló de horarios que no podía recordar, pese a que por entonces ya tenía en su poder un sugestivo informe que le pidió al gerente del Carmel para saber los horarios de sus entradas y salidas.
Lo concreto es lo siguiente:
- Ayer Pachelo dijo que no se acordaba, que no podía precisar. "No me acuerdo ni lo que hice ayer", bromeó.
- Cuando le mencionaron que tres jóvenes, Santiago Asorey, Pedro Azpiroz Achával y Marco Cristiani, lo vieron trotando cerca de MM momentos antes del crimen, dijo que eso no era así, que él no había salido a correr. El defensor Roberto Ribas adujo en el programa El Exprimidor que los jóvenes fueron preparados por el primer abogado de Carrascosa, José Scelzi.
- Esta última versión parece poco creíble. Se trata de hijos de familias que concurren al country y que no tendrían motivo alguno para mentir y encubrir un crimen. Conocían perfectamente a Pachelo.
- Además, hay un dato contundente. Los jóvenes describen a Pachelo trotando hacia la casa de MM vestido con un buzo con una raya blanca al costado. En la imagen en que se lo ve después de la hora del crimen saliendo del country, Pachelo viste el mismo buzo.
- El vecino dice que no puede recordar los horarios, pero sí puso marcos de referencia en sus dos declaraciones anteriores. Llegó al country a las 17.37, dice que vio cinco minutos de Boca-River o de Rosario Central–Independiente (18.15) y que luego se subió al Fiat Siena de su esposa y se fue. Pero luego recordó que se había olvidado la billetera y que tuvo que volver a buscarla. Estacionó el coche frente a su casa, lo dejó encendido un minuto y nuevamente salió.
- El informe de Movicom que consta en la causa demuestra que Pachelo hizo una llamada a las 19 y recibió otra las 19.32, ambas cursadas por la antena 394, la que abarca a Pilar. Estaba allí y no camino a la Capital mucho, mucho, después del crimen.
- Para redondear, las imágenes de la puerta del country, que el fiscal Molina Pico tuvo en su escritorio durante un año demuestran que Pachelo salió del Carmel a las 18.58, por la salida de no-socios, largamente después del homicidio. No se percibe en ningún momento que haya vuelto a entrar por el olvido de la billetera. Según declaró las dos primeras veces, a esa hora hacía rato que estaba en Capital. Ayer dijo que no se acordaba, que nadie tiene presente los horarios.
Las sospechas contra Pachelo tienen como principal fundamento los numerosos robos que cometió, al punto de que el country dispuso que un guardia lo custodiara todo el tiempo. El de aquel domingo, Villalba, fue enviado por la empresa de seguridad a otro country, Martinico, de manera que Pachelo no estaba vigilado. En la primera semana de septiembre pasado, el vecino sospechado salió de la cárcel de Marcos Paz, en libertad condicional, tras ser condenado a cuatro años y tres meses de prisión. Se le imputaron muchísimos robos, todos con una metodología similar: se metió en casas de amigos o vecinos, parecido a lo ocurrido en El Carmel. Al final fue condenado por siete hechos. En la mayoría de los casos les hurtó las llaves a sus relaciones y después entraba en sus domicilios cuando no había nadie. Ayer le preguntaron sobre el caso Augé, donde confesó haber mandado a dos personas, una de las cuales entró armada y encapuchada. "Mandé dos tipos de Pilar", admitió en aquel momento. En la audiencia de ayer se guareció con el argumento de que "son errores del pasado".
Su manejo de armas también está probado, aunque siempre en versión light. Ayer dijo que tiraba contra liebres o que practicaba con amigos en la tosquera que heredó de su padre, Roberto, quien protagonizó un dudoso suicidio disparándose un tiro. Un empleado del progenitor declaró que muerto el padre, Pachelo les disparaba a fotos de Roberto puestas contra una pared. Ayer tampoco se permitió avanzar en la llamada causa Mariano Maggi. Se trata de una persona que le vendió un vehículo a Pachelo y que consideró que éste lo engañó con unos cheques. Le tirotearon la concesionaria y cuando Maggi lo increpó, Pachelo le dijo –según figura en el acta policial–: "Si tuve huevos para matar a mi viejo, tengo huevos para matarte a vos".
Pachelo se encuadró ayer en la imagen que surge de la pericia psiquiátrica que le hicieron para determinar su adicción al juego, el aparente trasfondo de sus continuos robos: "transtornos psicopáticos de personalidad. Lúcido e inteligente, superior a la media. Sin reconocimiento de afectos, actuador, inestable, no colaborador con el estudio, todo compatible con la adicción al juego". Firmaron María Elena Chicatto, psicóloga forense, Patricia Ferreira, psicóloga de parte.

26 de abril de 2007
©página 12
rss

justicia en puerto belgrano


[Diego Martínez] El hogar de la Marina.
Luego de treinta años de absoluta impunidad la Justicia Federal de Bahía Blanca investigará por primera vez los delitos de lesa humanidad cometidos en la base naval de Puerto Belgrano y su vecina base de infantería de marina Baterías. Los primeros ocho imputados son oficiales superiores de la Armada que la Cámara Federal local citó a indagatoria en 1988 por 42 casos de secuestros y torturas, indultados por el ex presidente Carlos Menem por decreto 1002 de 1989. Entre ellos, se destacan el contraalmirante Luis María Mendía y los vicealmirantes Julio Antonio Torti y Antonio Vañek, hoy procesados con arresto domiciliario en la causa ESMA. Vañek será juzgado además por robo sistemático de bebés, causa que ayer elevó a juicio oral el juez federal Guillermo Montenegro.
Puerto Belgrano es el mayor asentamiento naval del país. Cuna de los conspiradores que bombardearon Plaza de Mayo en 1955 y símbolo de persecución ideológica durante el último medio siglo, la historia de los secuestros, torturas y asesinatos cometidos en sus bases de Punta Alta es poco conocida. En los '80, diferencias de criterio sobre el departamento judicial que debía investigar sus centros clandestinos postergaron el comienzo de la instrucción. En julio de 1988 la Cámara Federal bahiense citó a indagatoria a los ex comandantes de operaciones navales Mendía y Torti al jefe de Estado Mayor de Operaciones Navales Vañek, al comandante de la fuerza de submarinos vicealmirante Juan José Lombardo, al comandante de Puerto Belgrano, capitán de navío Zenón Saúl Bolino; a los ex jefes de la Base Naval de Mar del Plata contraalmirantes Juan Carlos Malugani (actualmente alojado en dependencias de la Policía Federal de esa ciudad por su responsabilidad como jefe de la base) y Raúl Alberto Marino, y el capitán de navío Edmundo Núñez. Gracias a los artilugios de sus defensores y a los indultos menemistas no llegaron a ser procesados.
Por pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local e H.I.J.O.S. Capital, en diciembre de 2005 el juez federal Alcindo Alvarez Canale declaró inconstitucionales las leyes de impunidad, pero se excusó de intervenir en causas de la Armada por su parentesco con el contraalmirante Marino. Durante más de un año se excusaron o fueron recusados una docena de abogados, en algunos casos por su identificación "con los postulados del Proceso de Reorganización Nacional". En junio –mientras Página/12 publicaba por primera vez el testimonio de una sobreviviente de Puerto Belgrano–, el fiscal federal Antonio Castaño solicitó la inconstitucionalidad del decreto de indulto que benefició a los ocho marinos, su detención y alojamiento "en el Servicio Penitenciario Federal, con el objeto de ser citados a prestar indagatoria". Pero la causa seguía sin juez.
Recién en febrero se declaró competente Eduardo Tentoni, abogado de reconocida trayectoria en el Colegio de Abogados bahiense, quien de inmediato aceptó las excusaciones, solicitó documentación oficial de la Armada y notificó a los imputados del pedido de inconstitucionalidad de las querellas. Si bien Tentoni no tiene despacho en tribunales, en teoría dispone –igual que Alvarez Canale– de los seis secretarios y ayudantes que el Estado designó para colaborar con causas por delitos de lesa humanidad.
En Punta Alta hubo al menos dos centros clandestinos. Uno en Baterías, probablemente en el ex Batallón de Infantería de Artillería Antiaérea, contra la costa, más conocido como séptima batería, edificio viejo y húmedo que se inundaba cuando llovía. Los secuestrados pasaban día y noche en colchonetas inmundas, sobre piso de portland, vendados y encapuchados. Desde allí escuchaban a gente distendida en una playa. El otro funcionó en un barco desmantelado, copado por ratas, amarrado a un muelle, aparentemente frente a la plaza del comando anfibios en Baterías, aunque otras fuentes creen que estaba adentro de Puerto Belgrano.
Los guardias se intercambiaban los apodos para no ser reconocidos. Entre los interrogadores sobresalían Legui y Rubio. Junto con Cacho (oficial culto con olor mezcla de perfume y tabaco fino) ambos tenían autoridad sobre el resto. Entre los torturadores se destacaban el Turco y Leona. Del testimonio de sobrevivientes se sabe que los guardias eran unos quince, estaban siempre borrachos y usaban alias como Jaime, Negro, Tierno, Laucha, García, Tornillo, Jimmy, Viejo, Pájaro y Carlitos. También un enfermero concurría a limpiarles las úlceras en los tobillos y a ponerles gotas en los ojos. De la Justicia depende saber quiénes de los miles de oficiales y suboficiales que caminan impunes por Bahía Blanca y Punta Alta usaban esos apodos en las mesas de torturas.

26 de abril de 2007
24 de abril de 2007
©página 12
rss

indemnizan a viuda


[Mariana Carbajal] Siderca tendra que pagar una indemnizacion a la viuda de un desaparecido. Una sentencia reparadora e inesperada.
La Corte bonaerense dispuso que la siderúrgica tendrá que hacerse cargo de una indemnización a la viuda de Orlando Bordisso, desaparecido en junio de 1977. La sentencia se funda en la ley de accidentes de trabajo, ya que el delegado fue secuestrado en el trayecto entre la planta y su casa. La empresa puso trabas a la demanda.
En un fallo sin precedentes en el ámbito bonaerense, la Suprema Corte de la provincia ordenó a la empresa Siderca, del grupo Techint, pagar a la viuda de un empleado desaparecido durante la última dictadura una indemnización establecida por la entonces vigente ley de accidentes de trabajo, debido a que el secuestro ocurrió en el trayecto entre la planta metalúrgica y su casa. La sentencia beneficia a la viuda del obrero Oscar Orlando Bordisso. En ese momento, se desempeñaba como delegado sindical. Su desaparición se produjo el 18 de junio de 1977, poco después de las cinco de la mañana, tras haber finalizado su turno en la fábrica y cuando se dirigía en bicicleta a su domicilio. "La reconstrucción de los hechos fue lograda más allá de la reticencia de la empleadora, quien prefirió negar que Bordisso hubiere trabajado en aquella fecha", destacó el alto tribunal. Siderca además argumentó que había prescripto el período para demandar el resarcimiento. La Corte bonaerense dejó sentado que ese plazo recién debe empezar a computarse a partir del momento en que la viuda obtuvo el certificado de fallecimiento presunto –esto sucedió en 1995– y no desde el día en que ocurrió el hecho.
El monto de la indemnización no trascendió. La sentencia fue firmada en el acuerdo del miércoles último de la Suprema Corte de la provincia y se basa en el voto de Hilda Kogan, al que adhirieron los demás integrantes del tribunal que intervinieron en el caso: el flamante presidente del cuerpo Daniel Soria, Francisco Roncoroni, Luis Genoud y Eduardo De Lázzari.
El fallo confirmó la sentencia del Tribunal de Trabajo de Campana. En esa ciudad está la planta metalúrgica de Siderca, adonde trabajaba Bordisso y se desempeñaba como delegado sindical, según confirmó a Página/12 su viuda, Ana María Cebrymsky. La empresa que deberá indemnizarla es propiedad del grupo Techint, actualmente integrante de la alianza comercial Tenaris-Siderca.
Cuando desapareció Bordisso tenía 40 años y tres hijos pequeños, que hoy tienen 46, 43 y 36 años. "Por todos lados hice denuncias, pregunté y golpeé puertas. Pero siempre la respuesta fue negativa. Nadie nunca supo decirme nada sobre él. Acá en Campana desaparecieron muchos", contó Cebrymsky, una enfermera que acaba de jubilarse. La mujer nunca pudo establecer qué sucedió con su esposo. Tampoco recuperó su cuerpo. Tiene seis nietos.
En la sentencia se expuso que Bordisso fue "víctima de un delito aberrante cuya ejecución, si bien continuada, tuvo inicio en las circunstancias definidas por la ley laboral para atribuir la responsabilidad indemnizatoria del empleador". El denominado accidente in itinere, es aquel que se produce "en sitio ubicado en el itinerario comprendido entre el lugar de trabajo y su domicilio", según define el fallo.
Para justificar la condena a Siderca, la Corte provincial rechazó el planteo de la empresa referido a que el transcurso del tiempo y razones de seguridad jurídica hacían que la viuda perdiera el derecho a promover el reclamo. En relación con este punto, el Alto tribunal juzgó que el inicio del plazo de prescripción se debe situar en la fecha de la sentencia civil que declaró el fallecimiento presunto por la desaparición forzada de Bordisso (18 de agosto de 1995) y no el momento en que el trabajador fue secuestrado (año 1977). A la vez, recordó que el inicio de la acción tendiente a la declaración de fallecimiento presunto reglada por la ley 24.321 de Desaparición Forzada de Personas "es imprescriptible, por lo cual su promoción no se halla sujeta, como es lógico, a plazo alguno". "Lo señalo así, y más allá de la diversidad del ámbito de la acción, porque me parece evidente que aun tratándose, en este caso, de una disputa de intereses aparentemente singulares, no cabe prescindir del análisis de las circunstancias que revelan la presencia de un interés público, intenso y valioso, que reclama soluciones asentadas en la verdad y la justicia", puntualizó Kogan.
En el fallo se destaca el contexto histórico en el que se produjo el gravísimo hecho y se cuestiona la postura de la empresa. "La pretensión de la demandada, en fuga de la realidad –el contexto en que se situaron los hechos ventilados en la causa– configurada por una sociedad sumergida por los delitos más aberrantes, no es aceptable, y tanto menos cuando, ante la evidente confrontación axiológica, instala dogmáticamente la opción por la tutela de un interés patrimonial cuya entidad menor, en ese cuadro, se exhibe algo más que evidente", escribió Kogan en su voto, al que adhirieron los demás ministros.
La causa se inició en noviembre de 1995, a partir de la demanda de la señora Cebrymsky contra Siderca SA en procura del cobro de las indemnizaciones por la muerte de su esposo al amparo de la ley 9688 de accidentes del trabajo, derogada parcialmente con posterioridad. El Tribunal del Trabajo de Campana hizo lugar al reclamo. Pero Siderca presentó ante la Corte provincial recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de la ley. La metalúrgica argumentó que la desaparición del obrero no constituyó un accidente in itinere debido a que la calificación de "forzosa" de la desaparición de Bordisso "pone de resalto que obedeció a causas extrañas al trabajo". Su planteo fue rechazado.
En su voto, la ministra Kogan no evaluó la posibilidad de que Siderca tuviera algún grado de complicidad con la desaparición del obrero, pero sí hizo especial hincapié en "la reticencia de la empleadora" a reconstruir el secuestro –seguido de muerte– ocurrido en la madrugada del 18 de junio de 1977. "Prefirió negar que Bordisso hubiere trabajado en aquella fecha y, consecuentemente, que hubiere egresado a las cinco horas del 18 de junio 1977 y, asimismo, luego de negar que la desaparición forzada del trabajador se hubiere producido ‘en sitio ubicado en el itinerario comprendido entre el lugar de trabajo y su domicilio', argumentó que aquélla se produjo fuera del horario y aun del itinerario denunciado en la demanda", destacó Kogan.
El relato de compañeros de trabajo de Bordisso permitió descubrir la verdad. En ese sentido, la Suprema Corte señala que declaraciones de testigos confirman que, "habiendo concluido la jornada de trabajo, Bordisso se retiró del establecimiento, para emprender el recorrido habitual a su domicilio, cual era: Avenida Mitre hasta la calle San Martín, y luego por ésta hasta Ameghino, donde vivía", en la ciudad de Campana. Como cada día el trayecto lo emprendió en su bicicleta. Nunca llegó a destino.

26 de abril de 2007
24 de abril de 2007
©página 12
rss

ladrones de bebés a juicio


Elevan a juicio oral la causa por robo de bebés después de once años.
"Existió una práctica sistemática de sustracción de menores", estimó el juez federal Guillermo Montenegro en el fallo en que da por terminada la instrucción de la investigación que involucra, entre otros, a Bignone, Nicolaides, Franco y Vañek.
Después de once años de investigación, la Justicia elevó a juicio oral y público la causa que habían iniciado las Abuelas de Plaza de Mayo por el robo de bebés nacidos en centros clandestinos de detención (CCD) durante la dictadura militar, al encontrar probado que existió una "práctica sistemática de sustracción de menores". Los represores Reynaldo Bignone, Cristino Nicolaides y Rubén Franco, que conformaban la última Junta Militar y firmaron el decreto de autoamnistía en el que declaraban a los desaparecidos "muertos", y los marinos y militares Jorge ‘Tigre' Acosta, Santiago Omar Riveros, Antonio Vañek y Héctor Febrés son los imputados que llegarán a esta instancia. La causa seguirá con la investigación de otros casos denunciados posteriormente.
"Los sucesos forman parte de una maniobra criminal cuidadosamente diseñada y en virtud de la cual aún se encuentran desaparecidas, al menos, alrededor de doscientas personas", reza con contundencia el texto del documento en el que el juez federal, Guillermo Montenegro, fundamenta la decisión de enviar a juicio oral la causa por la responsabilidad de los militares en los delitos de lesa humanidad de "sustracción, retención, ocultación de menores y sustitución de identidad".
Procesados con prisión preventiva desde 1999, a los firmantes de la ley 22.924 y el llamado ‘Documento Final sobre la lucha contra la subversión y el terrorismo', Bignone, Nicolaides y Franco, el juez los consideró responsables de "todos y cada uno de los casos" sucedidos durante el "autodenominado Proceso de Reorganización Nacional" por entender que con tal documentación "se otorgó garantía de impunidad a todos aquellos que participaron de los hechos investigados", declarando "la muerte de todos los desaparecidos, entre quienes se encuentran los menores nacidos en cautiverio y los que fueron secuestrados junto a sus padres", lo que acusó como un intento de "revestir de legalidad" el accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura. En el caso de Nicolaides, Montenegro tuvo en cuenta que fue quien dio la orden para destruir toda la documentación "relacionada con la lucha contra la subversión, que fuera emitida en el mes de noviembre de 1983 por el Estado Mayor del Ejército".
El magistrado dio por probado que en distintos CCD, como la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Campo de Mayo, El Vesubio, Automotores Orletti, La Cacha, el Pozo de Banfield o la comisaría V de La Plata, funcionaron maternidades clandestinas a las que se llevaba a las parturientas secuestradas para robar sus hijos recién nacidos. Los testimonios de sobrevivientes y testigos acerca del trato que se les daba a las mujeres embarazadas en su lugar de cautiverio y luego en las "maternidades", fue concluyente.
Por lo tanto, a Antonio Vañek, de quien recordó que revistó como comandante de Operaciones Navales de la Armada entre enero de 1977 y septiembre del año siguiente, cuando se registró la mayor cantidad de hechos de los que fueron "víctimas a los hijos de mujeres privadas ilegalmente de la libertad", y era quien verificaba que "se dispusiera de la madre y el recién nacido", se lo juzgará por diez casos. El Tigre Acosta, también detenido preventivamente desde 1999, deberá enfrentar el juicio por doce casos que sucedieron cuando era el jefe y cerebro del grupo de tareas 3.3.2 que funcionaba en la ESMA. Según declaraciones testimoniales de sobrevivientes, el prefecto Febrés era el encargado "del cuidado de las embarazadas y del traslado de los menores" y, en el escrito, el juez lo describió como el encargado de "conseguir moisés y ropa para los bebés, tomar contacto directo con las embarazadas y estar presente cuando el recién nacido era retirado de la madre".
En la acusación sobre el comandante de Institutos Militares del Ejército durante la dictadura, Santiago Omar Riveros, Montenegro tuvo en consideración el testimonio del director del Hospital Militar en aquella época, Agatino Di Benedetto, quien sostuvo en su declaración que las embarazadas que llevaban al hospital era "responsabilidad exclusiva del jefe de Personal Militar, dependiente del Comando de Institutos Militares...", aclarando que "...luego la mujer y el niño eran retirados del hospital por personal" de la misma institución castrense.
Resta esperar el sorteo por el cual se adjudicará el juicio oral a un tribunal federal, en el que se acusará a los represores por la sustracción de los hijos de María del Carmen Moyano Poblete, María Graciela Tauro de Rochistein, Susana Silver de Reinhold, Laura Estela Carlotto, Mirta Alonso Blanco de Hueravillo, Cecilia Viñas Fernández de Penino, Patricia Silvia Roisinblit, Alicia Elena Alfonsín de Cabandié, María Claudia Iruretagoyena de Gelman, Norma Tato de Barrera, Susana Beatriz Pegoraro y María Hilda Pérez de Donda, entre otras, algunos de cuyos hijos fueron recuperados por la intensa e infatigable labor de sus abuelas.

26 de abril de 2007
24 de abril de 2007
©página 12
rss