Blogia
mQh

argentina

tras los asesinos de su hijo


[Cristian Alarcón] La mujer que busca ella misma a los tres asesinos de su hijo. "Me cansó que la policía los proteja".
Una madre del Bajo Flores cuyo hijo fue muerto "por error" en la guerra narco se lanzó tras los pasos de los tres acusados. Ayer, otro hijo suyo estuvo a punto de atrapar a uno de ellos.
Desde el lunes sabía que los asesinos de su hijo se paseaban por Flores. Los habían visto en un restaurante de comida peruana de Cobo y Curapaligüe. Y también en dos hoteles de Once, donde solían dormir. En Escobar, provincia de Buenos Aires, tendrían otro aguantadero. Pero ninguno de estos datos, ni la red de vecinos y amigos que se grabaron las caras de los tres ciudadanos peruanos acusados del crimen sirvió para encontrarlos. Por eso ayer a la mañana, cuando la llamaron para avisarle que uno de los tres sospechosos compraba tranquilamente en la feria boliviana de Camilo Torres y Riestra –con la confianza en la policía quebrada–, sus otros hijos, su ex marido y ella misma los corrieron. La brigada de la 34ª llegó, pero tarde. "La policía cuando quiere puede. El domingo entraron con 450 gendarmes y no se llevaron a los jefes, y cuando nosotros pasamos datos no llegan a nada. Me piden que no hable con la prensa, pero me cansé: la policía los protege", le dijo ayer a Página/12 Susana Acosta, la mamá del joven asesinado Lucas Gómez, una víctima "por error" de la guerra que sigue golpeando ahora en zonas más céntricas de la ciudad. Aunque no han logrado cruzar la información, los investigadores de la trama narco ya saben que estos asesinos prófugos se apellidan igual que el que murió acribillado en Once el mismo lunes: Calderón.
El 9 de diciembre pasado a la medianoche, Susana Acosta, delegada de la manzana 1 de la villa 1.11.14, vio desde la ventana de su dormitorio, en el primer piso, el brillo de un cuchillo al salir del corazón de su hijo de 20 años. Lucas tomaba una cerveza en Perito Moreno casi Cruz, sobre la vereda, junto a su esposa, su bebé, su hermano Carlos Acosta. Carlos, de 29, también estaba con su mujer y su hijo en un cochecito. Medio mareado por la cerveza que había tomado esa tarde en una fiesta, apenas pudo moverse antes de recibir un botellazo de Quilmes en la cabeza. Había visto cómo los dos primeros le daban a Lucas ocho puñaladas. Eran los hermanos Juan Carlos Calderón, de 30 años, y Gustavo Bonifaz Morales, de 19. Llegados hacía un tiempo desde Perú, se dedicaban a ojos del barrio a la venta de cocaína fraccionada en una pieza pequeña, un pasillo más allá. El tercero fue el que le dio el botellazo a traición. En la manzana le decían "el mulo nuevo", porque había llegado hacía tres días de Lima. "Uno detrás de otro llegaban los primos, todos supuestamente cargados de droga en la panza", dice Susana. A ése, al "tercero" de los atacantes, fue a quien ayer le pisó los talones el más chico de los hijos de Susana, Sergio, un muchacho de 22.
Lucas había dejado la escuela a los 14, y pronto hizo rancho aparte con su novia, Zaida. Hacía tres años que trabajaba en una fábrica –Easyglass– esmaltando vidrios. Casi ni conocía a los tres transas peruanos que se le tiraron encima queriendo cobrarse nadie sabe exactamente qué. "Para nosotros, ellos se confundieron, porque esa misma noche nos mandaron un mensajero hasta la guardia del Hospital Piñero", cuenta Carlos Acosta. "Fue una confusión, hermana. Seguramente que fue una confusión. No conocían a tu hijo. Me parece que era para otra gente. Te mandan disculpas. Pero podemos arreglar con dinero", le dijo un hombre de acento dulce y amistoso a Susana Acosta, que lo recuerda en una nebulosa de dolor. A las 2.20, le habían dicho que Lucas no se había podido salvar y operaban las heridas en el hígado y el pulmón de Carlos, el "Buri", con pronóstico reservado. Le ofrecían una indemnización. Aunque le sonara una locura, aunque parecía una broma pesada, Susana supo que era verdad y sólo atinó a levantar el brazo fuerte de madraza bien plantada para asestarle un cachetazo sonoro al maldito que la ofendía de esa manera.
Ha sido difícil para una mujer que vive rodeada de todos los recursos que la violencia pone a disposición de quienes viven en los territorios de los flujos ilegales comportarse como una ciudadana leal al sistema y las leyes. ¿Por qué? Porque la norma en el territorio no es creer en la Justicia. Todo lo contrario. Para eso, el mismo sistema narco que genera la violencia produce su resolución: la contratación privada de justicieros, por ejemplo. Algo que Susana Acosta, convencida como delegada de que es el Estado quien debe intervenir, no prefiere. "Para alguien que vive aquí no sería difícil tomar justicia por mano propia. Con dinero se puede contratar la venganza. Pero me niego a ensuciarme las manos, las de mi familia, correr el peligro de que mis propios hijos terminen presos, porque a estos narcos los protegen", le dijo entre llantos ayer a este cronista, minutos después de que "el mulo", como le dice al tercer sospechoso, se escabulló en un pasillo de la manzana 29 de la villa.
De manera por ahora casual, estos transas peruanos aparecen en la misma zona que esta semana se transformó en el escenario de los ajustes de cuentas entre narcos de esa nacionalidad. Mezclados entre miles y miles de inmigrantes de una extraordinaria capacidad de trabajo –desde el comercio informal a la gastronomía más exquisita del continente–, los peruanos que se dedican al negocio de la droga se instalan en los núcleos habitacionales de sus connacionales y aplican la ley del más fuerte allí donde van. No hay demasiados permisos ni perdones en los códigos del territorio narco: una oposición al negocio, cualquier perjuicio para la salud de la red, puede ser motivo de venganza y ajuste. El terror se construye con método: los disparos de los sicarios, hasta ahora, no fallan. "Tenemos gente que nos dice que estos personajes, los Calderón y sus mujeres, duermen en dos lugares del Once. Sobre la avenida Belgrano –donde el martes apareció un hombre con un disparo en la sien en una casa tomada–, ellos tenían un aguantadero, dicen", cuenta Sergio en la feria que pasado el mediodía comienza a desarmarse.
"El tipo tenía una gorrita de jean, un buzo clarito y una gorrita. Me vio y me reconoció y salió a ochenta por un pasillo del Barrio Rivadavia", cuenta Sergio mientras vuelve a hacer el camino en "u" por el que corrió durante unos 400 metros al sospechoso de matar a su hermano. El llegó en auto, mientras su madre avisaba al 911. Un hombre de la brigada de la 34ª se lanzó a la persecución, pero el otro corrió tan rápido que les llevaba varios cuerpos cuando logró entrar a la villa. "Lo perseguí hasta donde está la FM Bajo Flores, un poco más allá ya no quise seguir porque ahí se separa en varios pasillos y puede haber gente de ellos que a uno lo reciba. Yo no estaba armado", dice el pibe de gorrita blanca que no deja de sentirse culpable "por no alcanzar al tipo que mató a Lucas: lo tuve tan cerca...", se remuerde.
En la fiscalía de Pompeya, que investiga la causa 10.921 en la que los hermanos y "El Mulo" no identificado están imputados por el homicidio de Lucas, no desconfían de la Policía Federal. "Lo que creemos es que como la familia se desesperó y llegaron todos a correrlo al sospechoso fue imposible agarrarlo en esta oportunidad", le dijo a este diario una fuente judicial. En esa misma fiscalía –a la que por jurisdicción llegan muchos de los hechos violentos de la trama narco– se investigó el homicidio de Moisés Abdala, un joven de la villa que murió de un tiro en la cabeza por una bala perdida que provenía de un enfrentamietno entre narcos. El hombre que está acusado de matarlo surgió de las filas del capo narco del Bajo Flores ahora prófugo, Marco Estrada González, alias "Marcos". El mismo que, se supuso esta semana, había robado el avión Cessna en Saladillo para huir a Perú.
Al ex soldado de Marcos lo conocen como Peluchín. Tras dejar la banda se independizó e intentó armar, con un arsenal poderoso, su propia empresa en el Barrio Rivadavia. Protagonizó una guerra secundaria por ese territorio con la banda de "Los Soliz" tras la muerte, también "errónea", de otro chico, Brian Viggiano, investigada por el juez federal Claudio Bonadío. Pero Peluchín cayó preso en La Boca hace unos cinco meses. Aun así, en el barrio varios aseguran que sigue comandando el grupo desde la cárcel y que los tres acusados de matar a Lucas estarían protegidos por ese grupo con oficinas en Once, Balvanera y Abasto, la zona que se acaba de revelar como otro escenario de la guerra narco. Anoche la gente del barrio trataba de saber quiénes habían caído presos en las manzanas 3, 4 y 7, donde habrían allanado y encontrado armas de guerra y droga. "La que cae no es gente de Marcos, es gente de Peluchín, de los renegados de Marcos, los que se abrieron y tienen su propio negocio", le dijo a este cronista un hombre desde esos pasillos.
La lógica no le alcanza a Susana Acosta para comprender todos estos movimientos de violencia y poder. Fue esta mujer salteña que se atrevió a tomar un terreno cuando la 1.11.14 era un descampado lleno de ranchitos de cartón, la primera que decidió hablar con nombre y apellido de los narcos de su barrio. Ayer estaba por salir para la fiscalía cuando se despesperó porque se le escaparían otra vez. Cuando se comunicó con este diario temblaba. Hacía quince minutos que el sospechoso se había esfumado. Su hijo había estado en peligro. Su confianza se había quebrado. "¿Por qué no hay un grupo importante de policías haciendo la inteligencia necesaria para encontrarlos? ¿Por qué no se han dedicado con seriedad a buscarlos? ¿Por qué somos nosotros, los familiares, los que andamos investigando, preguntando, mostrando la foto de los asesinos a la gente para que nos ayude?", se preguntaba. "Pienso que es desde más arriba de donde tiene que llegar la ayuda. Del Presidente, de los ministros, alguien tiene que hacer algo para que no me engañen más diciéndome que los buscan cuando es obvio que no", pide.

12 de mayo de 2007
©página 12
rss

otro capítulo en el caso belsunce


[Horacio Cecchi] El caso García Belsunce. Declaraciones en torno de la bala. Testigos del pituto.
Pachelo presentó un escrito para denunciar que le quieren plantar pruebas falsas. En la audiencia, declararon los peritos que buscaron el famoso pituto. Y se discutió el supuesto pedido para cremar el cuerpo de la víctima. Aquí, las dos versiones de lo que pasó.
La audiencia de ayer no abundó en un popurrí temático, sino que la querella prefirió concentrar los testimonios en dos temas bien definidos: el primero, demostrar que la familia no pretendía averiguar por ningún tipo de trámite de cremación ni nada por el estilo; el segundo, dejar bien en claro el interés de la propia familia por hallar el pituto originario, perdido en el pozo ciego de los Carrascosa después de que fuera arrojado al inodoro en una suma de ingenuidad, shock e ignorancia que sólo el destino puede lograr mixturar tan sabiamente. Uno y otro eje son claves de la estrategia defensista, perdón, querellante, porque argumentan el interés de Carrascosa no por encubrir sino por buscar la verdad, si fuere necesario revolviendo lo que fuera. Para la primera fase, fue citada una ex gerenta del cementerio privado Jardín del Pilar; para la segunda, la más escatológica, una serie de policías y bomberos que se las rebuscaron en el pozo ciego codo a codo con hermano John. Pero la ex gerenta cayó en una confusión de llamados que no supo explicar, y los bomberos y policías confirmaron que no hallaron ningún pituto pero sí un objeto reconocible como un proyectil en el que se podía leer la inscripción 32, que no sería un número de estantería ni un versículo sino que vendría a ser un calibre.
Estela Álvarez Costa era, en octubre de 2002, la gerente comercial de Jardín del Pilar, que explotaba varios cementerios privados, entre ellos Lázaro Costa y Casa Sierra. La mujer fue citada por los querellantes para dejar por sentado de una vez por todas que no existía ningún interés de la Familia por una cremación, lo que podría interpretarse (la cremación, válgame Dios) como un intento por borrar pruebas. Aseguró que ella personalmente escuchó los mensajes en el 0800 que la empresa dispuso para atender las necesidades de sus clientes y que en el contestador de esa línea no figuraba ningún pedido por MM. "Nosotros escuchamos las llamadas de todos los clientes de ese día (27 de octubre de 2002) y del día siguiente. Nadie pidió una cremación para esta persona fallecida", sostuvo la testigo.
"¿Por qué llamó Constantino Hurtig después de la muerte y antes de la autopsia del 2 de diciembre?", preguntó el fiscal Diego Molina Pico, basándose en el sistema VAIC de entrecruzamientos telefónicos. "No sé quién es ese señor", respondió Álvarez Costa. "El padrastro de María Marta", aclaró el fiscal y continuó: "¿Tampoco sabe a qué se debieron las llamadas del doctor Scelzi?". "No sabía que había llamado." "¿Y el señor Binello?" "Lamentablemente no. No tenía conocimiento de que hubieran llamado." Álvarez Costa no mentía cuando dijo que el 0800 de la empresa no había recibido ninguna llamada con ese objetivo. Lo que no dijo es que el VAIC detectó que las llamadas fueron realizadas a los números de línea común con que cuenta la empresa. Según el VAIC, una fue realizada desde el teléfono de Binello, tres desde el de Scelzi (la última, curiosamente, el 2 de diciembre) y tres desde lo de Dino Hurtig.
Después llegó el turno de cinco peritos en rastros escatológicos: los policías Héctor Entreolivano y Alejandro Elorz, los peritos José Luis Dipólito y Pablo Larrañaga, y el bombero voluntario Julio Riquelme. "Se levantó la tapa del pozo ciego. Se sacó todo el agua. Hice poner una sábana blanca y empezamos a sacar baldes de deposiciones que peinábamos arriba de la sábana donde yo le pasaba el detector de metales", explicó el perito de Policía Científica, Entreolivano. El detector sonó con un papel metalizado de paquete de cigarrillo, un alfiler, una arandela y finalmente "con el pituto", recordó. "Era un proyectil –aseguró el perito–. Una persona que trabaja en esto se da cuenta de que era un proyectil." Elorz, quien en aquel momento era el segundo jefe de la SubDDI Pilar, coincidió en que "para una persona idónea es difícil confundir un proyectil deformado con otro fragmento o trozo, pero no puedo hablar por personas que no están en la fuerza". Es precisamente lo que intentó demostrar la querella en defensa de Carrascosa, que al no ser especialista no tiene por qué enterarse. Después, el perito Larrañaga agregó que "se le veían las estrías y el calibre". Pero también en defensa del viudo habrá que aportar que para un lego en el tema, 32 podría ser un número cabalístico o una posición de estantería (los tarugos, por ejemplo, tienen su número correspondiente). El propio Elorz concurrió a detener a Carrascosa en abril de 2003 y aseguró que el viudo no tenía ánimo fugatorio.
Después, extra audiencia, llegó aquello de que Pachelo contraataca, denunciando que en su terreno le plantaron proyectiles versículo o salmo .32, no quedó claro.

Una Denuncia Preventiva de Pachelo
Abriendo el paraguas

[Raúl Kollmann] Roberto Ribas, el abogado del sospechado vecino Nicolás Pachelo, presentó ayer sorpresivamente un pedido de habeas corpus, porque –según él– existe un peligro de que Pachelo sea detenido sobre la base de pruebas que alguien le plantaría mediante una maniobra. Según parece, el dúo Ribas-Pachelo piensa que en cualquier momento podrían aparecer evidencias de que el vecino efectivamente usaba un arma 32 largo (el mismo del crimen de María Marta García Belsunce), que disparó en forma reiterada en la tosquera que heredó después del extraño suicidio de su padre, que incluso usó como blanco fotos de su propio padre, que compró proyectiles de ese tipo y, además, parece que existe el temor de que terminen declarando testigos que lo vinculen con el arma del crimen. El texto, de una carilla y media, fue presentado ante el juez de garantías Diego Martínez.
Como se sabe, Pachelo fue condenado a cuatro años y tres meses de prisión por un total de ocho robos, todos ellos en casas de vecinos o amigos. La hipótesis de los García Belsunce, justamente, es que María Marta regresó en forma imprevista a su casa el 27 de octubre, se encontró a Pachelo y/o algún vigilador robando dentro de la vivienda, y como los conocía, la mataron. El vecino sospechado dijo que no estaba en el country a esa hora, pero –entre otras pruebas– tres jóvenes declararon en forma categórica que lo vieron trotando cerca de la casa de MM minutos antes del crimen.
Lo curioso de la presentación de Ribas es que sostiene que existe una maniobra en marcha para plantarle pruebas y que ese trabajo sucio lo haría un alto funcionario judicial. Es decir que se previene sobre la aparición de evidencias y las rotula como falsas ya de entrada, además acusando a quien las presente. En todo caso, resulta llamativo que Pachelo esté tan a la defensiva, casi asegurando que aparecerán cosas en su contra.
En la audiencia de ayer, la defensa intentó despejar una sospecha que se echó a rodar en estos cuatro años: que como parte de la intención de tapar el crimen, existió una movida para cremar el cuerpo de MM, en lugar de enterrarlo, con lo cual se habrían borrado todas las pruebas del asesinato. El funeral de MM fue contratado el domingo 27 de octubre por Guillermo Bártoli. Si la intención hubiera sido cremar a MM no había ningún impedimento para hacerlo. Así lo admitió el gerente de la sucursal de Casa Sierra, Oscar Sierco, en el propio juicio.
–¿Si le hubieran pedido la cremación, se le habría dado ese servicio? –le preguntaron cuando declaró.
–Sí, claro –fue la respuesta.
El hijo de Sierco instaló en la causa la idea de que el intento de cremación se hizo en otra funeraria: Lázaro Costa. Estela Alvarez Costa, ex gerente comercial de esa empresa, negó que hubiera existido un pedido de ese estilo e incluso dijo que averiguó entre todo el personal de Lázaro Costa si hubo alguna gestión para cremar a MM. La ex gerente sostuvo que nadie pidió, sugirió o averiguó por la cremación.
Ante esta respuesta, el fiscal Diego Molina Pico le mencionó que tres personas allegadas a MM –el abogado José Scelzi, el padrastro, Constantino Hurtig y el vecino Sergio Binello– se habían comunicado con Lázaro Costa en el mes posterior al entierro. La ex gerente no pudo responder a qué se debieron esas llamadas, pero la defensa de Carlos Carrascosa informó por la tarde que tanto Scelzi como Hurtig como Binello tienen lotes comprados en el cementerio Jardín de Paz, que es propiedad de Lázaro Costa.
Las preguntas que quedan flotando son claras: en todo caso, ¿se está sugiriendo que la ex gerente mintió?, ¿que trató ayer de tapar un intento de cremación?, ¿por qué lo iba a hacer? Y, sobre todo, ¿por qué no cremaron a MM si no había impedimento alguno para hacerlo?
El otro tema abordado ayer es el del famoso pituto que, según confirmaron dos peritos policiales, fue encontrado en el pozo ciego con la ayuda de John Hurtig, hermano de MM. Cuando John y Dino Hurtig encontraron en el baño esa planchuela metálica pensaron que era un elemento médico, ya que por ahí habían pasado dos médicos, con sus ayudantes y el estudiante avanzado de medicina, Diego Piazza. Ya está probado que ninguno advirtió ni de balazos ni de ningún otro elemento que pudiera hacer sospechar que aquello no fue un accidente. Pero, además, el baño estaba lleno de elementos médicos utilizados para intentar reanimar a MM. En ese marco, creyendo que era parte de algo usado por un médico, el pituto –mucho después designado de esa forma por Horacio García Belsunce (h)– fue arrojado al inodoro. Y nunca se hubiera encontrado si John Hurtig no le advierte al fiscal Molina Pico que ellos hallaron ese pedazo de metal debajo del cuerpo de María Marta.

9 de mayo de 2007
©página 12
rss

marcha contra el hambre


[Adrián Figueroa Díaz] La marcha de los chicos contra el hambre se lanzó desde Misiones. La recorrida de los Chicos del Pueblo comenzó en Puerto Iguazú. Hoy estarán en Corrientes.
Puerto Iguazú, Argentina. Luego de recorrer kilómetros de ruta surcada de tierra colorada y pinares que llegan hasta más allá de la vista humana, los Chicos del Pueblo llegaron a Misiones. Se metieron hasta el medio de la espesura misionera para saltar y cantar al pie de las Cataratas del Iguazú. Con el colorido y la alegría de siempre, los 450 pibes que representan a más de 300 organizaciones sociales de todo el país comenzaron ayer su cuarta marcha nacional que busca, una vez más, sacudir la conciencia social. A pesar de la lluvia, que no dio tregua durante todo el día, cientos de gurises’ los acompañaron a ganar la calle’ y levantar la bandera que denuncia que 'El hambre es un crimen’ y que exige que no haya "ni un pibe menos" a causa de la pobreza.
El lanzamiento formal de la marcha tuvo lugar en el centro de Puerto Iguazú, hasta donde se acercaron unos cincuenta pequeños de la etnia mbyá Guaraní, de Fortín Mbororé, una de las comunidades donde en sólo un mes de 2006 se registraron 17 muertes de niños "a causa de la desnutrición", según datos confirmados por los representantes de la escuela bilingüe que los trasladó hasta donde se encontraban los Chicos del Pueblo.
Fueron al menos mil personas las que se convocaron en Iguazú y Eldorado para reclamar el cumplimiento de los derechos de los chicos. El tinte internacional de la marcha lo pusieron cien niños y adolescentes de la organización paraguaya Calle Escuela, que viajaron hasta Misiones y dejaron en manos de los pibes argentinos una bandera de ese país con la consigna "Con hambre, ni paz ni justicia", en irónica alusión a la leyenda estampada en su escudo nacional.
"Pedimos que se cumplan todos nuestros derechos, también el del trabajo para nosotros y nuestros padres, porque eso hace al desarrollo personal", enfatizó Víctor Hugo Villalba, delegado nacional de la Coordinación de Niños Trabajadores de Paraguay (Connat).
La marcha multicolor fue acompañada también por pequeños de escuelas locales, que aprovecharon para hacer oír sus propias demandas: "Faltan políticos honestos en Iguazú", decía el cartel que levantaba Gustavo, un alumno de la Escuela 746. "¡Mirá que lo hicieron ellos solos, eh!", se apresuró Silvia Caram, una de las tantas maestras que aprovecharon el paso de la marcha para introducir en la currícula la problemática social, "como la explotación sexual de los gurises, que es mucha" en esa provincia, añadió.
Algunos de los que acompañan el recorrido son el dirigente de la CTA Víctor De Gennaro; el titular de Suteba, Roberto Baradel, y el del MTL, Carlos Chile. También marchan las Madres de Plaza de Mayo santafesinas Norma Wiekler y Celina %u2018Queca’ Koffman, para quienes "nuestros hijos y todos los 30 mil desaparecidos están aquí, presentes en cada niño y en cada hombre y mujer que reclama dignidad y justicia".
La marcha continúa. Las banderas y el multicolor de las marionetas gigantes, los payasos y malabaristas caminarán hoy por Posadas. Y mañana estarán en la ciudad de Corrientes, para luego cruzar el río Paraná y llegar a Resistencia, Chaco.
Durante el viaje, las charlas reflexionan sobre cada paisaje de pobreza que aparece tras las ventanillas. Los cánticos con las consignas no cesan ni en los micros: "Que todo el país lo sepa/que esta marcha es una fiesta/la ternura de los pibes vencerá", corean los pibes del pueblo y sus educadores, mientras avanzan.

©página 12
rss

cura endemoniado muestra la cola


[Alejandra Dandan] Luego de ordenar el traslado de von wernich, amenazaron al juez Rozanski. Obra de los conocidos de siempre.
El presidente del Tribunal 1 de La Plata, Carlos Rozanski, recibió diez llamados con amenazas telefónicas en su domicilio. Ocurrieron luego de que el viernes dispusiera el traslado de Von Wernich a una cárcel común. El gobernador Solá anunció que le darían protección.
Nadie olvida que el juicio oral al ex comisario Miguel Etchecolatz concluyó el año pasado con la primera condena por genocidio y con la desaparición inmediata de Julio López. Aquello incluyó una serie de amenazas a jueces, fiscales y testigos que ahora parece reeditarse. El presidente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, aquel que leyó personalmente la condena a Etchecolatz, ahora trabaja en los preparativos del próximo juicio oral al ex capellán de policía Christian von Wernich. El domingo pasado a la madrugada, el juez Carlos Rozanski recibió diez llamados al teléfono de su casa con amenazas. La Justicia investiga si el traslado del ex capellán a una cárcel común ordenada por el juez el viernes pasado está detrás de los llamados. El entorno de Von Wernich, en tanto, está que trina: el ex capellán acusado por la ejecución de siete personas y por 45 casos de torturas y secuestros hizo un descargo (a su manera) en Internet, apoyado por amigos como Cecilia Pando. El gobernador Felipe Solá ofreció apoyo en la investigación.
"Compréndame pero no puedo hablar porque son horas clave y estamos en plena etapa de investigación", dijo Rozanski a Página/12. Las amenazas a los jueces y las víctimas de las causas de terrorismo de Estado, explicó, "es sí un tema central para nosotros, de todos modos vamos a tener un encuentro clave para analizarlo".
El último fin de semana Rozanski atendió varias llamadas en el teléfono de su casa. Los datos sobre el origen de esas comunicaciones o sobre el contenido de los mensajes aún son escasos. El mismo radicó la denuncia ante el Juzgado 1 de La Plata, a cargo de Manuel Blanco. Según fuentes judiciales, recibió los telefonazos en la madrugada. Una misma persona le habría hecho varias de las llamadas y esa persona tuvo la oportunidad de hasta discutir con el juez durante uno o dos minutos. Desde el comienzo, Blanco intenta determinar si hay una unidad penitenciaria en el punto de origen de las comunicaciones y si el caso tiene relación con la orden de traslado dictada la semana pasada para el ex capellán.
–¿Usted cree que ese episodio pudo estar detrás de las amenazas? –le preguntó este diario a Rozanski.
–De eso justamente es de lo que no puedo hablar.
Von Wernich fue capellán de la policía de Ramón Camps en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura; está detenido desde 2003 en el Cuerpo de Policía Montada de la Federal, una decorosa unidad VIP en Tagle y Alcorta, una dependencia con baño compartido, por donde pasaron María Julia Alsogaray y Rubén Beraja. El viernes pasado los días de privilegio del ex cura empezaron a concluir: el Tribunal Oral 1 de La Plata, formado por Horacio Insaurralde, Norberto Lorenzo y Rozanski ordenó el traslado "en forma inmediata, resguardando debidamente su integridad psicofísica" a una cárcel común del Servicio Penitenciario Federal.
Von Wernich llega a las audiencias del juicio tras un cuidadoso, pero duro, proceso de recolección de pruebas. El mismo juez del caso Etchecolatz, Arnaldo Corazza, elevó la causa y lo acusó por su responsabilidad en siete homicidios calificados del llamado ‘Grupo de los Siete', militantes de Montoneros, y por 45 casos de privación ilegal de la libertad y torturas, entre ellos el de Jacobo Timerman y Osvaldo Papaleo. Según los cálculos, el juicio podría empezar en los próximos dos meses y durante unos tres meses pasarán unos 150 testigos.
Las amenazas a Rozanski cayeron en ese escenario. Tanto él como numerosos jueces y fiscales recibieron amenazas el año pasado, una semana después del juicio a Etchecolatz. A fines de septiembre se encontraron con cartas iguales: "Sabemos que usted directa o indirectamente está recibiendo presiones del gobierno nacional", les dijeron. Los jueces de La Plata descargaron la denuncia por las cartas en el juzgado de Corazza, entre ellos lo hizo Rozanski. Esta vez su denuncia llegó a manos de Blanco y quienes lo conocen dicen que no la hubiese hecho si no intuyera el caso Von Wernich detrás de las llamadas.
¿Qué buscan los amenazantes? ¿Cuál puede ser el impacto sobre los juicios? ¿O cuál es la interpretación de quienes tienen en sus manos las causas? Las respuestas son variadas, pero coinciden en algún punto: en el avance de las causas por las responsabilidades de la última dictadura militar los testigos y las amenazas son "una cuestión central" y una verdadera "cuenta pendiente" cuyos efectos vuelven a verse en casos como estos, de puertas al inicio de otro juicio oral.
"A todos nos inquieta que a alguien con causas tan importantes le ocurran estas cosas", dice a Página/12 Carlos Dulau Dumm, el fiscal general de La Plata que intervino en el juicio a Etchecolatz y volverá a intervenir con Von Wernich. "Una de las deudas pendientes que tiene este país es el hecho de no poder determinar en tiempo rápido la procedencia de estas llamadas." Hace dos años, al fiscal lo subieron a punta de pistola en un auto, durante ocho o diez cuadras para amedrentarlo. "Estoy con una persona de seguridad por las amenazas, yo sé en carne propia que esta gente existe, que estas amenazas a Rozanski puede ser que sean por el capellán, pero estamos en un país donde todo está agarrado con alfileres y nos va a costar mucho machacar sobre las instituciones democráticas para hacer ver a la gente que la Justicia funciona."
Los querellantes sabían que Von Wernich estaba donde estaba, lo denunciaron oportunamente, pero ya no esperaban nada. El cambio de cárcel también los sorprendió a ellos. "El traslado lo resolvió Rozanski por lo que sé", dice Guadalupe Godoy, abogada y querellante de algunos familiares de las víctimas en este juicio y con Etchecolatz. "No hubo un pedido de nadie, supongo que el juez lo hizo por una cuestión de principios", dice. "En el contexto de impunidad que se agravó con la desaparición de López –agrega– el escenario de los juicios cambió y sin medidas, éste va a ser el marco en el que se van a llevar adelante."
Norberto Liwski formará parte del encuentro en el que participará Rozanski, un coloquio sobre estos temas organizado por Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación el jueves y viernes próximos. "Mi impresión es que lo predominante es una voluntad manifiesta de parte de los administradores de justicia de llevar esto adelante y garantizar el proceso debido, más allá de los nostálgicos del terrorismo de estado."

8 de mayo de 2007
©página 12
rss

doble crimen en coronel vidal


Y el Cartel de Juárez, nada que ver.
Un policía mató a su ex pareja y a su amante en Coronel Vidal. El hombre era Ángel Salvia, investigado como presunto testaferro del Cartel de Juárez. Un sargento de la Policía Bonaerense asesinó ayer a balazos a su ex esposa y a la actual pareja de la mujer y después se entregó, en Coronel Vidal, a unos 60 kilómetros de Mar del Plata. La muerte de la pareja, en especial del hombre, traerá cola aunque las autoridades se esforzaron por aventar cualquier suspicacia: era un empresario de 60 años cuyo nombre, Ángel Salvia, quizá diga algo a quienes seguían la investigación por el lavado de narcodólares. Salvia estuvo investigado en la causa del Cartel de Juárez en 2000 y alguna conexión se siguió luego en relación con el caso García Belsunce.
El doble crimen ocurrió en la noche del sábado pasado, cuando el sargento Óscar Buseta, de 42 años, encontró a su ex esposa, Karina Pili –de 34–, hablando con Salvia, que se encontraba dentro de su auto, sobre la entrada a la casa de la hermana de Pili. Sin mediar palabra, el policía le disparó al hombre un tiro en la cabeza y otro en el tórax, lo que le causó la muerte en forma instantánea. Frente a esto, Pili salió corriendo hacia el interior de la vivienda, donde estaban dos de los hijos de su matrimonio con Buseta. Pero el efectivo la alcanzó y, ante la mirada de los chicos, le pegó dos balazos en los mismos lugares del cuerpo donde le había disparado al empresario: cabeza y tórax. Según la versión de las fuentes policiales, después de eso el sargento llamó a la comisaría, relató lo ocurrido y se entregó.
Cuando los policías de Vidal llegaron al lugar, encontraron a Pili agonizando en el living de la casa. Fue trasladada a un hospital de la zona, pero falleció en el camino. Buseta quedó detenido y será indagado hoy por el fiscal Rodolfo Moure, a cargo del caso.
Salvia estuvo preso en 2000, cuando el juez Rodolfo Canicoba Corral dictó esa medida en el marco de una causa penal en la que se lo acusaba de haber blanqueado unos 18 millones de dólares pertenecientes al Cartel de Juárez. El magistrado consideró que Salvia era miembro de una asociación ilícita creada para lavar el dinero proveniente del narcotráfico de esa organización delictiva a través de falsificación de documentos y transferencias bancarias vinculadas con la compra de propiedades.
La causa había tenido su origen en una denuncia de un contador mexicano, que aseguraba que Salvia pretendía quedarse con propiedades adquiridas en Argentina por inversionistas de México. Esos empresarios estaban siendo investigados por Canicoba Corral, que exploraba si el dinero para la compra de las propiedades en cuestión provenía del narcotráfico del Cartel de Juárez. A su vez, analizaba si con esos fondos de dudosa procedencia Salvia y un martillero habían comprado una petrolera, el ex hotel Tourbillón, y la estancia Rincón Grande, donde vivió Amado Carrillo Fuentes, el fallecido ex jefe del cartel mexicano.
Cuando dictó la prisión preventiva para Salvia, Canicoba Corral sospechaba que el empresario Salvia había ‘mejicaneado' al cartel aprovechando su supuesto rol de testaferro, junto al empresario inmobiliario, prófugo por aquel entonces de la Justicia, Nicolás Di Tullio. Finalmente, Salvia fue sobreseído.
De todas maneras, fuentes judiciales y policiales descartaron que el doble crimen tenga relación con la presunta vinculación de Salvia con el Cartel de Juárez, y por ese motivo los investigadores creen que se trató de un crimen pasional. Esa línea es abonada por los comentarios de vecinos y testigos, que aseguran que Buseta y Pili se habían separado hace poco tiempo y mantenían una relación conflictiva.

7 de mayo de 2007
©página 12
rss

último velo de la impunidad


[Irina Hauser] Dictamen del procurador sobre la inconstitucionalidad del indulto.
Esteban Righi consideró que el indulto dictado por el ex presidente Carlos Menem en favor del general Santiago Omar Riveros es "inconstitucional". Será el caso testigo para que la Corte Suprema se pronuncie en el mismo sentido.
Ahora sí: la Corte Suprema ya tiene lo que le faltaba para poder anular los indultos a represores que concedió Carlos Menem. El alto tribunal estaba esperando la opinión del procurador general de la Nación, Esteban Righi, quien finalmente la dio a conocer ayer, con un dictamen que propone declarar la inconstitucionalidad de los decretos presidenciales que impidieron juzgar a los responsables de violaciones a los derechos humanos en la última dictadura. La resolución se refiere al ex general Santiago Omar Riveros en la causa sobre los crímenes cometidos en el centro clandestino que funcionó en Campo de Mayo. Será el caso testigo con el que los jueces supremos terminarán de derribar el manto de impunidad que se tejió en democracia.
"No es posible olvidar que ya al momento del dictado de los indultos éstos eran inconstitucionales", advierte el procurador. Eso era así, explica, porque la Constitución Nacional "contiene de suyo la prohibición de amnistiar los delitos cometidos en el ejercicio de facultades extraordinarias o de la suma del poder público". Esta ley –especifica– "pretende" evitar "la lesión de las vidas, el honor y las fortunas de los argentinos". Righi reconoce al indulto como una facultad presidencial, pero que tiene importantes restricciones que surgen del propio derecho argentino. Hay crímenes, los de lesa humanidad, que no caben en el universo del perdón, alega.
El dictamen del jurista estaba al mediodía de ayer en los escritorios de los siete jueces de la Corte, pero no todos lo leyeron. El tema forma parte de la agenda de prioridades del tribunal, aunque todavía no fijó una fecha. Entre Sus Señorías ya hay consenso para anular los indultos que beneficiaron a represores y cerrar así un ciclo de fallos que pusieron de relieve el carácter imprescriptible de los crímenes dictatoriales y que tuvieron como hito previo, en 2005, la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Riveros integró la primera tanda de indultos que concedió Menem a través del decreto 1002/89, que benefició a cerca de cuarenta represores y que va camino a caer definitivamente. Entre 1975 y 1978, este militar fue comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo. Allí funcionó un centro de exterminio que, se estima, fue el que más detenidos albergó durante el terrorismo de Estado y el que menos sobrevivientes tuvo. Fue, además, sede de numerosos partos clandestinos. Mientras gozaba del amparo del perdón presidencial, el ex general evitó que lo juzguen por las desapariciones, pero fue procesado por apropiación de menores nacidos en cautiverio.
La nulidad de las leyes de impunidad permitió la reapertura de la causa sobre Campo de Mayo, a cargo del juez de San Martín Alberto Suares Araujo. En 2006 la Sala II de la Cámara de Casación Penal anuló el indulto a Riveros. Este año quedó detenido, aunque con arresto domiciliario. Un grupo de querellantes le reclamó al máximo tribunal que invalidara también el decreto de Menem. Como acostumbra hacer en los fallos con impacto institucional, la Corte le pidió al procurador que se pronunciara.
Así como parte de los fundamentos de Righi se apoyan en las normas locales, otro tanto se basa en el derecho internacional. Recuerda que la Convención Americana de Derechos Humanos fue ratificada por Argentina en 1984, antes de los indultos. Esto implicaba para el país la adopción de los criterios fijados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. Ambos organismos reprobaron los decretos que favorecieron a represores.
El tribunal internacional, repasa el procurador, señaló en varios fallos (de aplicación obligatoria) la prohibición de toda medida que impida que se juzguen los "crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes estatales en ejercicio de sus funciones". Las violaciones a los derechos humanos "tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas", definió esa Corte, no son amnistiables. Y algo más que está vedado, destacó Righi, es "la invocación de la cosa juzgada", un recurso al que suelen apelar religiosamente para defenderse los militares, civiles y miembros de fuerzas de seguridad acusados de crímenes aberrantes. Así lo hizo Riveros, quien incluso aventuró que los crímenes que se le atribuyen son delitos comunes.
Righi señala que existe una protección universal de los derechos humanos y allí donde su violación está en juego no tiene cabida el concepto de "cosa juzgada". Más allá de eso, aclaró, hay hechos para los que no existe "cosa juzgada" simplemente porque no habían sido identificados e investigados antes del indulto.
Hubo dos factores que le dieron al procurador el empujón decisivo para que firmara el dictamen. Uno fue el fallo con que la Cámara Federal anuló la semana pasada los indultos a los dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Massera en un expediente de fuerte significado histórico, el del Juicio a las Juntas. El reciente fallo los obliga a completar la pena de cadena perpetua que recibieron en 1985. También influye el reclamo del Gobierno para que haya más celeridad en los juicios por los crímenes del terrorismo de Estado. En este punto, varios jueces de la Corte dejaron trascender: "No nos van a condicionar los tiempos políticos". Aun así, es probable que el máximo tribunal intente que su futuro fallo no se superponga con el fragor de las elecciones.
En el máximo tribunal es casi cantado que el único juez que avalaría los indultos (como una facultad presidencial absoluta) sería Carlos Fayt, como ya lo hizo a comienzos de los noventa. El resto estaría dispuesto a seguir, cada quien con su pluma personal, la misma línea de Righi, quien sostuvo sin vueltas que el decreto que indultó a Riveros "está viciado de nulidad". "La persecución (penal) y, en su caso, la sanción de los crímenes de lesa humanidad se ha erigido en una obligación internacional", reforzó el procurador. Esto quiere decir que para todos los represores deberá haber juicios que empiecen y lleguen a una sentencia, algo por lo que luchan históricamente los organismos de derechos humanos. Quiere decir que pronto caerá la trama que amparó a los genocidas y se volverá efectivo el derecho de los familiares de los desaparecidos y las víctimas de la dictadura a conocer la verdad.

5 de mayo de 2007
©página 12
rss

policías vuelven a matar


[Carlos Rodríguez] Un testigo silenciado para siempre. Había denunciado crimenes cometidos por policías de la bonaerense.
Lo habían amenazado antes y después del juicio en que fue condenada una suboficial por el asesinato a golpes de una mujer, en una comisaría. Por su testimonio debía ser juzgado otro policía.
"Le habían dicho que lo iban a matar, pero no había hecho la denuncia." El amenazado era Jorge Galván Plaza, de 31 años, quien había sido testigo de cargo en el juicio oral por el homicidio de Andrea Viera, de 25, por el que fue condenada a cadena perpetua la cabo primera Marta Jorgelina Oviedo, mientras que fueron absueltos "por el beneficio de la duda" otros cuatro policías. El caso Viera tiene que tener una segunda parte, con más uniformados en el banquillo, pero Galván Plaza ya no podrá ratificar su testimonio. El viernes, a las seis y media de la mañana, su cadáver fue hallado dentro de una zanja, en un camino de tierra que lleva a la tosquera de Sacarpatto, cerca del barrio Pepsi, en Florencio Varela, a unos 200 metros de la ruta provincial 36. El padre de la víctima, que lleva el mismo nombre, fue quien confirmó las amenazas recientes contra su hijo, que estaba acostumbrado a las persecuciones, en algunos casos por hombres de uniforme que se movían en móviles oficiales. El fiscal que investiga el crimen tiene varias hipótesis, entre ellas la de la venganza. Eugenia Vázquez, hermana de Andrea Viera, no tiene dudas: "Lo mataron porque su testimonio hundió a los policías".
"La autopsia dice que lo mataron en otro lugar y que luego llevaron el cuerpo al descampado donde apareció. Le pegaron un tiro en la sien desde muy cerca, cuando estaba sentado. Usaron un arma de grueso calibre, una 38 o una 9 milímetros o similar. No aparecieron el arma ni el proyectil", le dijo a Página/12 Carlos Zimerman, uno de los abogados de la familia de Andrea Viera. El disparo lo hicieron "desde una distancia muy corta". Una versión dijo que fue a menos de 50 centímetros. El cuerpo apareció boca abajo y bien vestido. Zapatillas rojas, de buena marca, pantalón jean azul, remera roja y campera. Tenía una pulsera en una de sus muñecas y aritos. El robo no fue el móvil del homicidio. El fiscal Darío Provisionato tiene tres hipótesis: crimen pasional, ajuste de cuentas o venganza relacionada con el caso Andrea Viera.
Una fuente del Ministerio de Seguridad bonaerense, consultada por este diario, admitió que a nivel oficial se están realizando "algunos sondeos" para tratar de averiguar los entretelones de un caso que despierta "una gran preocupación". El vocero aclaró que Galván Plaza tuvo custodia policial durante un mes, a partir del lunes 12 de junio de 2006, cuando dio comienzo el juicio por la muerte de Andrea Viera, asesinada por policías de la comisaría primera de Florencio Varela, en mayo de 2002. "El testigo había sufrido amenazas antes, durante y después del juicio oral", confirmó Zimerman. "Cuando terminó el juicio, Galván Plaza pidió que la retiraran la custodia, que era de la Policía Bonaerense, porque no se sentía cómodo", aclaró la hermana de Andrea Viera.
"El gobernador de la provincia (Felipe Solá) nos recibió en su despacho y a Galván Plaza lo felicitó por la valentía con la que había actuado al denunciar a los policías", recordó Eugenia Vázquez.
El testigo Galván Plaza estaba detenido en la comisaría primera de Varela, acusado de robo, la noche del 10 de mayo de 2002, cuando llevaron a Andrea Viera, una vendedora ambulante detenida por error. En el juicio oral fue importante el testimonio de Gustavo Daniel Cardozo, esposo de la víctima, quien fue detenido junto con ella. De todos modos, lo dicho por Cardozo tuvo que ser corroborado por 22 presos, entre los que se destacaron Galván Plaza y Walter Silva, quienes sufrieron apremios ilegales y amenazas mientras permanecieron en prisión.
El testigo Galván Plaza declaró ante los jueces del Tribunal Oral 3 de Quilmes, Alicia Anache, Armando Topalian y Alejandro Fortunato, que había sido golpeado mientras estuvo preso en la comisaría primera.
–¿No pidió que lo atendiera un médico para certificar los golpes? –le preguntó en el juicio Daniel Valenga, el otro abogado de la familia Viera.
–Qué voy a pedir, si hasta el médico me pegaba –fue la inmediata respuesta de Galván Plaza.
Uno de los datos más contundentes contra la cabo primera Oviedo, única condenada por el caso Viera, fue aportado por Galván Plaza. El testigo comentó que la imputada, después de la golpiza a la que fue sometida Andrea Viera, le confesó que ella "sólo le había pegado seis patadas" a la detenida y también le comentó, en tono confidencial, que esa noche "se les había ido la mano". Como consecuencia de los golpes, Andrea Viera fue internada, en estado de coma, en el hospital Mi Pueblo, de Florencio Varela, donde falleció el 22 de mayo de 2002.
Galván Plaza también había acusado con dureza al oficial Marcelo Aquino, cuya conducta debería ser considerada, en un nuevo juicio oral, por la actuación que le cupo la noche en que golpearon a Andrea Viera. "Aquino le decía a los gritos: ‘Callate, hija de puta que te voy a matar'". El mismo testigo que ahora apareció asesinado había señalado que, días después de lo ocurrido con Viera, el oficial Aquino se presentó en las celdas para amenazar a los detenidos: "A ustedes les gusta abrir la boca. Ahora se la van a tener que bancar".
Todos los detenidos dijeron que los amenazaron de muerte y que Aquino era uno de los que más golpeaba a los presos. Otros policías acusados fueron Emilio José Ortega, alias ‘Mamacha', Erica Parra, el comisario José Cita y el subcomisario Rafael Ominelli. Ninguno de ellos fue juzgado por el caso Viera y por ninguna de las irregularidades denunciadas durante el proceso. El Tribunal Oral 3 de Quilmes había ordenado investigar todos esos hechos, incluyendo a los posibles coautores del crimen de Andrea Viera, pero todo está paralizado. "El mismo tribunal que pidió que se investiguen esos hechos, todavía no remitió las actuaciones a la Fiscalía General de Quilmes, que es la que debe abrir los procesos", le dijo a este diario el abogado Carlos Zimerman.
El balazo que mató a Galván Plaza tenía entrada por la sien izquierda y salida por la derecha. En el lugar donde apareció el cuerpo no había signos de lucha, ni mucha sangre, ni marcas de arrastre en el suelo, lo que confirma que lo asesinaron en otro sitio. El abogado Luis Valenga, que representa a la familia Viera, opinó que fue "una ejecución impecable, con un claro mensaje mafioso. No existe la menor duda". Tanto él como Zimerman expresaron su preocupación por la situación de Walter Silva, el otro testigo clave.

2 de mayo de 2007
©página 12
rss

amor sin barreras


[Andrés Osojnik] Para que el Código Civil no discrimine. Presentan un proyecto que implementa el matrimonio homosexual en el país.
La federación que agrupa a entidades gay de todo el país presentará hoy la iniciativa en el Congreso nacional, en el marco de su campaña por el casamiento homosexual. Su autor es un diputado socialista, pero lleva la firma de otros 19 legisladores de todos los partidos. Qué dice el proyecto.
Los diputados y senadores tendrán, a partir de hoy, en sus manos un proyecto que puede cambiar radicalmente a la sociedad argentina: la instauración del matrimonio entre personas del mismo sexo. La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt) presentará en el Congreso la iniciativa, redactada por un diputado socialista, pero apoyada por otros 19 legisladores de un amplio abanico partidario, que incluye el Frente para la Victoria, el ARI y la UCR, entre otros. El proyecto se inscribe en la campaña nacional que lleva adelante la entidad para implementar el casamiento homosexual en el país con la consigna 'Los mismos derechos con los mismos nombres'. El primer paso fue un pedido a la Justicia para que declare inconstitucional la actual prohibición. Ahora, es el turno del Parlamento.
El proyecto, pese al cambio profundo que propone, es muy simple: no se trata de una nueva figura, distinta a la del matrimonio actual, sino que se limita a modificar dos artículos del Código Civil.
- Uno es el 172, que prescribe que "es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado personalmente por hombre y mujer ante la autoridad competente". La propuesta modifica los términos "hombre y mujer" por "los contrayentes" e incluye el concepto de que el consentimiento "exige iguales requisitos y produce idénticos efectos, sean los contrayentes del mismo o de diferente sexo".
- El otro es el 188, que establece el famoso "los declaro marido y mujer". El texto, en la parte pertinente, reza así: "En el acto de la celebración del matrimonio, el oficial público leerá a los futuros esposos los artículos 198, 199, y 200 de este Código, recibiendo de cada uno de ellos, uno después del otro, la declaración de que quieren respectivamente tomarse por marido y mujer, y pronunciará en nombre de la ley que quedan unidos en matrimonio". El proyecto cambia la frase "tomarse por marido y mujer" por "constituirse en cónyuges".
El resto de los artículos que se propone modificar tiene que ver con la adecuación a esa norma principal. Es decir, cambiar siempre los términos que impliquen género por conceptos "neutros" como cónyuge, contrayente o persona.
"Lo que buscamos es la igualdad ante la ley y la no discriminación. La Constitución nos avala porque establece, tanto en su texto como en los tratados internacionales incorporados, que todas las personas tienen derechos a casarse y fundar una familia", explicó María Rachid, dirigente de la Falgbt. "No hay en la Carta Magna ninguna definición de familia que la limite a la unión entre un hombre y una mujer. Tampoco está prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo", argumentó. Y expresó que "hay encuestas que muestran la alta aceptación a este reclamo. Hay muchas personalidades que lo respaldan. Ahora necesitamos que esa mayoría que ya existe en la sociedad llegue al Congreso. Tenemos una gran expectativa, porque estamos recibiendo muchas muestras de apoyo de todos los sectores".
El proyecto reconoce el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo en igualdad de condiciones con las parejas heterosexuales, es decir, "los mismos derechos con los mismos nombres". Eso incluye herencia, pensión, obra social y adopción. "De aprobarse, no existiría ninguna diferencia de derechos, en lo relacionado con el matrimonio y sus efectos, entre parejas del mismo o de distinto sexo", explica Bruno Bimbi, secretario de Relaciones Institucionales de la Federación.
La entidad, que agrupa a unas veinte entidades de todo el país, viene llevando a cabo desde febrero una campaña para implementar el matrimonio gay en el país. El primer paso fue la presentación de un recurso de amparo en la Justicia para permitir el casamiento en un registro civil porteño de María Rachid y su pareja, Claudia Castro (ver recuadro). Otros recursos similares serán presentados en diversas provincias. La campaña incluye también la recolección de firmas para una declaración de apoyo a la iniciativa.
Aunque contó con el asesoramiento de la Federación, la iniciativa fue redactada por el diputado socialista santafesino Eduardo Di Pollina. También aportó a su elaboración Marcela Rodríguez, del ARI. El proyecto lleva en total la adhesión de 20 legisladores: además de Di Pollina y Rodríguez firmaron Silvia Augsburger (PS), Marta Maffei, Leonardo Gorbacz, Delia Bisutti, Carlos Raimundi, Susana García y Eduardo Macaluse (ARI); Remo Carlotto, Marta De Brasi, Araceli Méndez de Ferreyra y Nora César (Frente para la Victoria); Miguel Bonasso (PRD), Norma Morandini (Partido Nuevo de Córdoba), María del Carmen Rico (Peronismo Federal), Claudio Lozano (Corriente Germán Abdala), Alicia Tate (UCR), Lucrecia Monti (Justicialista Nacional) y Carlos Tinnirello (Bloque Redes).
En la Federación aseguran que tras la presentación conseguirán varias firmas más. De hecho, descuentan la del santafesino Hermes Binner, que ya mandó su carta de adhesión. También destacan el apoyo a la movida del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi).
El proyecto, además de consagrar la igualdad jurídica entre las parejas heterosexuales y las parejas homosexuales, también avanza en la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer en los matrimonios heterosexuales. Varios artículos (algunos en desuso) mantienen en la letra la discriminación de género, como el que establece que la mujer casada no puede aceptar donaciones "sin licencia del marido", pero no prevé la situación recíproca. La idea en este caso es directamente eliminar ese párrafo. En otros casos, se pretende "adecuar" las normas para evitar situaciones de discriminación.
En su argumentación para fundamentar el proyecto de ley, el diputado Di Pollina enumera una larga lista de legislaciones, tratados y declaraciones que avalan "el derecho de las personas a contraer matrimonio" y "el derecho a no sufrir discriminación de ninguna índole en razón de la religión, raza, color o sexo". Pero también analiza los casos internacionales en los que el matrimonio entre personas de igual sexo ya fue implementado, como en Holanda, Bélgica y España. "¿Por qué citamos lo que ocurre en otros países? –se pregunta el diputado, y se contesta–. Porque otro argumento recurrente de los homofóbicos es sostener que el concepto de familia y el concepto de matrimonio es, universalmente, la unión del hombre y la mujer. Sin embargo, en buena parte del mundo, existe un concepto de familia y de matrimonio más abarcativo, que incluye las relaciones entre un hombre y un hombre o entre una mujer y una mujer, incluyendo también a las personas transexuales."
"Hay muchos tipos de familia. Por ello, allí donde la Constitución Nacional garantiza la protección a la familia, todas las familias deben tener derecho a estar incluidas", concluye.

2 de mayo de 2007
©página 12
rss