argentina

cuando el crimen paga

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[Irina Hauser] Indemnización a una abuela por el asesinato de su nieta por nacer.

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La Corte dispuso que el Estado le reconozca a una abuela el derecho de recibir una reparación económica por el homicidio de su nieta por nacer. Ana María del Carmen Pérez fue asesinada por la dictadura.
Ana María del Carmen Pérez estaba cerca de dar a luz cuando fue secuestrada, el 14 de septiembre de 1976. Hubo quienes la vieron en los centros clandestinos de detención Automotores Orletti y Campo de Mayo, pero en poco tiempo fue fusilada. Su cuerpo fue arrojado a un canal de San Fernando adentro de un tanque de doscientos litros al que le habían agregado cemento. Sus restos aparecieron en 1989 en un cementerio de la zona y fueron exhumados. El Estado indemnizó a la familia de la mujer asesinada durante la última dictadura, pero negó el beneficio en relación con la beba. La Corte Suprema, sin embargo, ordenó que se le reconozca a la abuela el derecho a recibir una reparación económica por el homicidio de su nieta por nacer.
La decisión del alto tribunal fue unánime y revocó un fallo de la sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que negaba –en sintonía con el Ministerio de Justicia– la indemnización reclamada por Elvira Berta Sánchez respecto de la beba que su hija estaba a punto de parir cuando fue asesinada. Aquella resolución de segunda instancia decía que "no es posible reconocer derechos en el nonato que sean transmisibles". En contraste, los jueces de la Corte sostuvieron que a la abuela le corresponde una reparación no por derecho hereditario sino por derecho propio: como víctima, por el perjuicio personal, moral o material que el crimen le ha provocado.
El fallo del máximo tribunal recuerda que al analizar el cuerpo de Ana María, hallado en el cementerio de San Fernando, los peritos en antropología forense determinaron que "los restos óseos de un nonato fueron hallados asociados en la zona pelviana", ya en posición de parto, y "al momento de la muerte contaba una edad comprendida entre 9 y 10 meses lunares". Esto "es compatible", señalaron, "con el embarazo a término" que presentaba la mujer al ser secuestrada. Los forenses también señalaron que ella murió "como consecuencia de una herida de arma de fuego en dicha región pelviana".
La Corte diferencia dos circunstancias que prevé la ley 24.411: la indemnización prevista para las personas en situación de desaparición forzada que tienen derecho a percibir sus "causahabientes" o "herederos"; y la reparación que tienen derecho a recibir los familiares de personas asesinadas por "el accionar de las Fuerzas Armadas, de seguridad, o cualquier grupo paramilitar" durante la última dictadura. En el segundo caso, separa el alto tribunal, "el beneficio no le es otorgado al fallecido, ni éste lo percibe por medio de sus causahabientes (...) son estos últimos los beneficiarios".
Según la Corte, "tratándose en el caso del fallecimiento de una persona ‘por nacer', vale decir una de las especies jurídicas del género persona según nuestra ley civil (...) no existe motivo alguno para negar a la señora Sánchez su pretensión". Evaluaron que el caso es equiparable al de la indemnización por daños y perjuicios sufridos por los parientes de alguien que fue víctima de un homicidio.
Frente a los dilemas y debates que el caso desató, la Corte señaló que la propia ley 24.411 dice que "en caso de duda sobre el otorgamiento de la indemnización" se deberá tener en cuenta "lo que sea más favorable al beneficiario" acorde "al principio de la buena fe". Los fundamentos de la norma, recordaron los jueces, llamaban a "evitar interpretaciones restrictivas" para cumplir con el objetivo de "alcanzar a la mayor cantidad de población cuyos derechos fueron avasallados por el terrorismo de Estado y cuya reparación se intenta".

29 de mayo de 2007
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nueva droga en buenos aires

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[Patrick J. McDonnell] Un subproducto de la cocaína, paco, ha causado estragos entre los jóvenes pobres de la ciudad.

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Buenos Aires, Argentina. Las madres del barrio conocido como Ciudad Oculta los llaman ‘los muertos vivientes'.Son hombres jóvenes, demacrados, de ojos hundidos, espectros acurrucados en las esquinas, entrando y saliendo de callejones, tendidos inconscientes en terrenos llenos de basura los que, junto con las endebles casas detrás de las murallas, le dieron a este vecindario el nombre de ‘Ciudad Oculta'.
Como todos los niños, alguna vez estuvieron llenos de expectativas, pateando pelotas de fútbol en las calles barridas por el viento, alejándose corriendo de la escuela con sus mochilas, indiferentes antes la ubicua pobreza del entorno.
"Ahora muchos de ellos se han perdido", se lamenta María Rosa González, llevando a los visitantes a través de sombrosas calles donde la policía se aventura rara vez, justo al otro lado del principal matadero de la capital de Argentina. "Lo peor es que los más jóvenes se enfrentan al mismo destino, a menos que cambiemos las cosas".
La calamidad que ha impactado en la Ciudad Oculta y en otras comunidades pobres de Buenos Aires tiene un hombre: paco, un habitual apodo masculino que ha adquirido una segunda y siniestra significación.
Paco es un potente subproducto de la cocaína, hecho con los sedimentos de químicos que resultan del proceso de fabricación. Los expertos dicen que es más barato, más adictivo y más dañino que su primo relativamente más exclusivo, el crack de cocaína. Paco contiene poca cocaína, y abunda en químicos tóxicos abultados a veces con cristal molido, polvo y otras impurezas.
El paco se usa en pipas caseras hechas con antenas de tele huecas, tubos metálicos, papel de aluminio. La ceniza de cigarrillos o virutas de acero sirven como agentes calentadores y filtros. Coger las abrasadoras pipas quema los dedos y la boca de los usuarios habituales. Pero ellos no lo sienten.
"Una vez que empiezas a fumar paco, eso es lo único que te importa", dice Jeremías Albano, 21, el hijo de González, que se está desintoxicando después de meses de abuso que redujeron su peso a menos de la mitad, dejándolo con menos de 45 kilos. "No duermes. No comes. No sientes el frío. Nada te importa, excepto tu próximo paco".
Para sustentar el hábito, Albano robaba a su hermana y madre y despojó la nevera de la familia de sus partes metálicas, para venderlas como chatarra, dijo.
"Lo único que me importaba era estar colocado", dice Albano, que ha vuelto a sus robustos 85 kilos y se ve físicamente saludable, aunque algo desorientado después de un extenso tratamiento post-adicción, con medicaciones psiquiátricas. "No me interesaba mi madre, ni mis hermanos o hermana, nada".
No hay cifras precisas sobre el número de adictos al paco aquí, pero los funcionarios aseguran que se trata de decenas de miles y que la cifra se está multiplicando. Una coalición de grupos de la comunidad estimó recientemente que el uso del paco en esta capital se había quintuplicado en los últimos tres años. El problema ha saturado la capacidad de las agencias de ayuda y policiales.
"Hoy no hay un solo barrio pobre donde no se encuentra una dosis de paco", dice Sebastián Cinquerrui, un congresista que ha estudiado el problema.
La devastación causada por el paco en los barrios bravos de Buenos Aires ilustra el daño secundario de la industria transnacional de la cocaína. Las autoridades policiales dicen que la llegada del paco a las calles de aquí refleja la capacidad de adaptación de la industria ante las medidas represivas.
Con su puerto atlántico y un importante aeropuerto internacional, Buenos Aires ha sido desde hace tiempo un importante centro de acopio de la cocaína con destino a Europa, que se origina en los vecinos Perú y Bolivia, donde se cultiva la hoja de coca.
Pero cuando las campañas represivas en Bolivia y Perú redujeron la disponibilidad de los químicos utilizados en la producción de cocaína, algunas organizaciones de traficantes trasladaron las operaciones de producción final a Argentina, que tiene una desarrollada industria química, una porosa frontera con Bolivia y una fuerza policial notoriamente corrupta.
"Decidieron, traigamos el material a Argentina y terminemos aquí el procesamiento", dice el doctor José Granero, director de la principal agencia antinarcóticos del gobierno federal, conocida por su acrónimo Sedronar.
Pronto los vendedores se dieron cuenta de que podían vender a los pobres los subproductos de la producción de cocaína.
Aquí la producción se hace a una escala mucho menor que en Colombia, Bolivia y Perú, pero las autoridades dicen que está aumentando, como lo evidencia el fuerte aumento en la detección de laboratorios clandestinos de cocaína, conocidos como cocinas.
Vendedores y usuarios hacen de vigilantes, informando a los jefes de las cocinas sobre allanamientos inminentes.
"Cuando las fuerzas de seguridad tratan de desmantelar una cocina, primero tienen que pasar por los vendedores de paco en las calles", observa Cinquerrui. "Para llegan al laboratorio, a menudo no encuentran a nadie, ni nada".
Los vecinos de Ciudad Oculta dicen que la policía sólo entra en masa y los traficantes son avisados de antemano. La dictadura militar ocultó con murallas, durante la Copa Mundial de 1978, el horrible distrito, conocido entonces como Barrio General Belgrano, aumentando su aislamiento y otorgándole su designación como Ciudad Oculta.
América del Sur es vista usualmente como una productora, no como consumidora de drogas ilícitas. Pero las autoridades dicen que ningún país en la ruta de la cocaína permanece inmune.
Durante años, los jóvenes de Colombia y otros países donde se cultiva la coca, han fumado bazuco, un barato derivado de la pasta base de cocaína, el primer producto secundario del proceso de producción de cocaína. Varias encarnaciones del crack de cocaína han plagado las ciudades brasileñas desde los años ochenta.
El paco es más barato que el crack o el bazuco, dicen los expertos, y cuesta a menudo menos de un dólar por una ‘roca' que proporciona cuatro a cinco minutos de euforia. Los fumadores habituales fuman cientos de rocas al día.
"Sé que me estoy matando", dice Ernesto, 29, un nervioso paquero de Ciudad Oculta que no quiere que se mencione su apellido. "Pero el paco me supera. Es algo que no puedo resistir".
La crisis económica argentina de 2001-2002 puede haber contribuido al rápido crecimiento del paco, dicen los funcionarios. Los jóvenes ya no podían pagar la cocaína o la marihuana y se volvieron hacia el más barato y potente paco.
Pero el paco, dicen los expertos, es extremadamente adictivo y tóxico. La droga puede estar asociada a numerosos casos de lesiones cerebrales, complicaciones respiratorias y ataques al corazón, algunos de ellos fatales, dicen los doctores. Daño cerebral irreversible puede ocurrir a los seis meses de uso intensivo, dicen.
"El paco genera una fuerte adicción y un deterioro físico de los consumidores que los deja inevitablemente muertos en muy poco tiempo", concluyó un informe parlamentario el año pasado.
Un funcionario contó el caso de una joven que murió de exposición en el centro de Buenos Aires. El paco había embotado su sensibilidad frente al frío.
La mayoría de los usuarios son niños que empiezan a fumar a los ocho o nueve años.
El uso del paco también se ha extendido a las clases medias argentinas, que lo pueden pedir por teléfono, minimizando el contacto directo con los barrios bajos. Pero en general el paco sigue perteneciendo al reino de las villas, los enclaves pobres donde la presencia policial es mínima.
Pero las madres empezaron pronto a arrojar luz sobre estas conejeras.
"Mi hijo se convirtió en un esqueleto", dijo González, sobre Albano. "Era un cadáver que caminaba".
Ella y otras madres llamaron a la policía, pero pronto fueron amenazadas por los vendedores.
Las mujeres estaban determinadas: Bloquearon las calles, obteniendo los primeros cubrimientos periodísticos de la plaga del paco.
Pero salir de Ciudad Oculta no es fácil. González logró inscribir a su hijo en uno de los escasos tratamientos disponibles. Pero su condición deterioró; los doctores le estaban suministrando 26 píldoras diferentes al día. Albano era prácticamente un zombi.
"Le pregunté: ‘¿Con qué están tratando al chico?'", dijo. "Pero los psiquiatras de la clínica nunca se molestaron en hablar conmigo".
Lo llevó a otra clínica. Llegó inconsciente. No lo vio durante nueve días y estaba aterrada. Pensó que lo había perdido.
Finalmente Albano pasó intacto su tratamiento. Tenía un apetito voraz, aunque a veces se agita fácilmente. La familia ha encontrado un apartamento subsidiado, lejos de las tentaciones de Ciudad Oculta.
La campaña de las amas de casa le ganó a González la reputación de líder de las ‘madres de paco'.
Su celular suena a menudo con llamadas de otros padres desesperados. Viaja de villa en villa tratando de ayudar, con muy pocos recursos oficiales.
La mayor parte de las veces habla con las madres. Pocas tiene el coraje, la voluntad o el tiempo para confrontar a sus hijos, las autoridades y los vendedores, en lo que es una exasperante campaña de largo plazo.
La Ciudad Oculta todavía puede seducir a los que han escapado de sus murallas.
"Si vuelvo allá, sé lo que ocurrirá", dice Ariel Faget, 22, que se crió en Ciudad Oculta. "Me gustaría entrar y ver a mis amigos. Pero tengo que resistir".
Faget se describe a sí mismo como un ex adicto al paco que dominó suficiente voluntad para dejarlo.
"El paco me convirtió en un donnadie", dice Faget, arreglado e inteligente, sentado en su bicicleta frente a las murallas de Ciudad Oculta. "Para conseguir plata, vendía mi ropa, mendigaba monedas en la calle.
"Pero ahora mi cabeza está en otra cosa, y me siento bien. No quiero volver a ese lugar".

[e-mail]

Andrés D'Alessandro contribuyó a este reportaje.

29 de mayo de 2007
25 de mayo de 2007
©los angeles times
©traducción mQh

en situación de calle

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[Patricia Malanca] Trabajo psicológico y social con personas en situación de calle. "Ese otro que podría ser yo".

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Trabajar con personas en situación de calle es "tratar de revertir el estrago de la devastación social: durante meses, seguir, acompañar y acompasar los tiempos de esa subjetividad o de lo que haya quedado de ella".
Juntamente con la crisis manicomial, los que trabajamos con personas en situación de calle percibimos un aumento de la población con perfiles vinculados con padecimientos mentales crónicos en la vía pública. La presión de los vecinos –los solidarios, los piadosos, los querellantes– interpeló la ética de nuestro servicio. ¿Qué hacer con la locura que no se cronifica en una institución, sino que se cronifica en las calles? ¿Es peor, es mejor, es más sana?
El contexto socioeconómico de los '90 y la globalización no sólo abrieron la importación de productos al mercado, proporcionalmente a la destrucción de la industria nacional, sino también la importación de las más tristes problemáticas sociales de grandes ciudades como Nueva York, Londres, Madrid, Tokio. Así que Buenos Aires fue conociendo los efectos de la exclusión, particularmente en la vía pública. La calle fue el lugar de los más débiles y los más vulnerables del sistema. Nada tienen que ver estos excluidos con aquellos crotos que, en los trenes de los años 20, con el mono y el pase gratis, surcaron el país bajo la égida ideológica del anarquismo.
Feos, sucios y malos, junto a las puertas de los barrios de clase media acomodada que, con asombro y un poco de pacatería, volvían a golpear la puerta del Estado benefactor para exigir que escondiéramos el producto que supimos conseguir. Mientras tanto, el mercado expulsaba cataratas humanas, y el gobierno local tuvo que implementar programas sociales, paliativos para dar asistencia a los desprotegidos de la calle.
No hace mucho, un periodista radial expresó su indignación porque, a la salida de un estreno en el cine Gaumont, de Plaza Congreso, diez personas de manos sucias y pies sudorosos se abalanzaron a exigir monedas e incluso arrebataron los canapés y sandwiches que se habían dispuesto para la prensa. "¿Cómo puede ser?", se preguntaba el periodista.
Hasta los '90, Buenos Aires consentía la pobreza recluida en las villas, y la locura en el manicomio. Este universo simbólico entra en crisis cuando la incubadora de pobres de los ‘90 lanza a la gente hacia un escalafón más bajo que el de la pobreza: el excluido. La realidad del excluido desorienta y pone en crisis esas reclusiones, porque, además, en muchos de estos casos se verifica un proceso subjetivo de automarginación, y esto puede pasar en la puerta de la casa de cualquiera o a la salida del cine.
Así, la crisis empieza a desparramarse; la distancia con el espejo de "aquel que está ahí que bien podría ser yo" se acorta, y la percepción de esa proximidad es insoportable. La imagen desgarrante del excluido, su cuerpo mortificado, abierto a lo real, se hace intolerable y toma revancha en el horror devuelto hacia aquellos que lo han producido, generando angustia y culpa que luego lucirán en discursos voluntaristas, benefactores, indignados o querellantes.
En realidad, es para el vecino querellante, molesto por la suciedad del excluido, que el Estado local ofrece sistemas de contención social con hogares de tránsito, paradores nocturnos, subsidios. El excluido, en situación de calle, no suele demandar nada de eso; no querella ni pregunta. Para el excluido, tuvimos que reubicarnos, salir a las calles a replantear preguntas por la singularidad, aprender a tolerar el impacto que pueden generar sus respuestas.
Cuando salimos a trabajar a la calle en interdisciplina con los trabajadores sociales, a mediados de los '90, los psicólogos éramos pocos; en diez años, los que trabajamos en esta problemática nos cuadruplicamos. El repertorio de respuestas estaba agotado y había que dar paso a las preguntas.
Una de las primeras cosas que advertimos es que, para que alguien esté viviendo en la calle, tiene que haber otro que no se pregunta por ese alguien. Desde esa ausencia de pregunta vital, alguien empezó su derrotero para ser nadie, para ser el que duerme en Alsina y Pasco, o los del cine Gaumont que indignaron al periodista radial; también podría ser un paciente institucionalizado, con número de cama.
Pero sucede que tienen nombres. Y, si se trata de los del Gaumont, se llaman, por ejemplo, Rubén, Guillermo y Roberto. Rubén tiene 66 años: trabajaba en una carnicería; con la plata, siempre vivió al límite. Residía en el oeste, en Moreno, con su familia, pero por discusiones repetidas, finalmente se fue de su casa y se vino a vivir en la calle. Hacía algunos trabajitos, changas: barría el cine Gaumont. Lo conocemos porque lo visitamos. Costó, pero cinco meses de visitas semanales lograron que Rubén viva en un hogar permanente.
Guillermo, uruguayo, dejó periodismo a medio terminar, se vino en los años de la dictadura, hizo trabajos libres para el diario Crónica, formó familia en el barrio de Parque Patricios. Pero, por su adicción alcohólica, su mujer no lo aguantó más, lo echó. Hace cinco años que está en la calle. En estos cinco años no ha visto a su hija; melancolizado, no quiere verla, ni que nadie lo vea así.
Roberto es el de más difícil acceso. Sabemos muy poco de él. Después de siete meses de trabajo, ni un solo día hemos podido encontrarlo sobrio.
En unas jornadas que compartí con colegas especializados en adicciones, pregunté si podía derivarles a Roberto, persona alcoholista crónica en situación de calle en plena intoxicación, para que lo trataran: contestaron que, como primera indicación, debería volver al consultorio sobrio.
Pero a Roberto, del cine Gaumont, lo real no para de acontecerle; es un real de todo momento y que interpela en todo momento al otro para que lo aloje en una escucha inmediata.
Entre tanto, cada uno en su lugar: cada profesional de la salud mental en su puesto específico. El loco crónico en el manicomio o en las calles, como problemática social; los profesionales de la salud mental en los hospitales. Y el pobre en las villas.
El problema del excluido, del loco excluido, cronificado en el manicomio o cronificado en las calles, es una pregunta que cualquiera se formula, pero obedece a una pregunta que alguien no se formula. ¿Qué hacer con la locura que se instala en la calle? ¿Cuál es el lugar del excluido, del loco, del pobre? ¿La calle, el alcohol, el delirio? La casa del loco, la del excluido, no es ni un parador nocturno, ni un hogar de tránsito, ni una casa de medio camino. La casa del loco o del excluido es una pregunta que todos debemos hacer para enlazar a ese alguien que no se la hace.
Recordemos la insistencia de las preguntas que en nuestra historia, con una valentía fundacional, restituyeron su lugar a los desaparecidos. La indiferencia, que puede disimularse en la indignación, hace desaparecer a la persona, la convierte en brazos, piernas, la convierte en nada.
Así, quienes nos desempeñamos en las calles comprendimos que revertir el estrago de la devastación social en la subjetividad es una utopía e iniciamos un largo, tedioso y a veces incomprendido trabajo artesanal, uno a uno. Un agente de acción social por cada una de las personas que viven en la calle. Un profesional destinado tiempo completo, por meses, para seguir, acompañar y acompasar los tiempos de esa subjetividad o de lo que hubiere quedado de ella.
Estas experiencias derivaron en la apertura del Programa de Externación Asistida para la Integración Social de Casas de Convivencia, en respuesta al artículo 15 de la Ley 448 de Salud Mental, que se desarrolla en el ámbito del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales: la locura y la exclusión son así pensadas desde la lógica de restitución de derechos ciudadanos. Tampoco los neuropsiquiátricos son un tema a plantearse sólo desde la Salud Mental, sino que también deben serlo desde los derechos humanos. Desde nuestra experiencia en el trabajo con población en situación de calle, empezamos a repensar esas cuatro líneas del artículo 15 de la Ley de Salud Mental, que dicen: "Las personas que en el momento de la externación no cuenten con un grupo familiar continente serán albergadas en establecimientos que al efecto dispondrá el área de Promoción Social". Nos hemos planteado que, si no podemos recuperar la ideología que atravesó la lucha antimanicomial de los '60 y '70, lo que nos queda a esta generación de profesionales, vapuleados por el terrorismo económico que nos puso a cada uno en su lugar de reclusión, es dejar fluir la utopía. Parafraseando a Silvia Bleichmar en No me hubiera gustado morir en los '90, la utopía tiene que ser el horizonte ético que dirija la acción en un sentido en el que la inequidad no puede ser el destino.

La autora es directora general del Sistema Social de Atención Inmediata, Ministerio de Derechos Humanos y Sociales, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

24 de mayo de 2007
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amnistía uruguaya en jaque

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[Victoria Ginzberg] Una denuncia por el caso Gelman en la CIDH jaquea la amnistía oriental.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó tomar el caso de la nuera y la nieta del poeta al entender que Uruguay archivó la causa. La decisión habilitaría la discusión internacional sobre la invalidez de la ley de caducidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una denuncia contra Uruguay por el secuestro y desaparición forzada de la nuera y la nieta del poeta Juan Gelman durante la dictadura militar en ese país. Este proceso permitiría discutir en el organismo internacional la invalidez de la ley de caducidad, la norma que impidió y todavía impide hacer justicia en el país vecino sobre los crímenes cometidos durante la dictadura que se extendió desde junio de 1973 a marzo de 1985.
"Hay decisiones sobre otros países en las que se ha manifestado que las leyes de amnistía para este tipo de delitos son violatorias del sistema interamericano de derechos humanos", señaló a Página/12 Liliana Tojo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organismo de derechos humanos que patrocinó a Juan Gelman y su nieta Macarena ante la CIDH junto con el abogado José Luis González.
Tojo recordó el caso de la masacre de Barrios Altos en Perú y el de la ejecución del profesor Luis Alfredo Almonacid en Chile. En ambas resoluciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a los estados por aplicar normas que impedían investigar los crímenes y sancionar a los responsables. En Argentina, el antecedente de Perú fue valorado por la Corte Suprema al confirmar la anulación de las leyes de punto final y de obediencia debida, así como un informe anterior de la CIDH respecto de las leyes de impunidad en el país.
Al admitir el caso de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y su hija Macarena, el organismo internacional consideró que "aunque merecen reconocimiento las buenas intenciones del gobierno uruguayo, y actualmente los tribunales de Argentina y Uruguay que están investigando las operaciones del Plan Cóndor, no puede ignorarse que la judicatura uruguaya archivó el caso específico de la desaparición de María Claudia Gelman el 19 de octubre de 2005". Así, la CIDH entendió que las víctimas habían agotado los recursos a nivel local y, por lo tanto, correspondía habilitar la discusión en la instancia internacional.
María Claudia fue secuestrada de su domicilio en Buenos Aires junto con su marido, Marcelo Gelman, el 24 agosto de 1976. Ambos fueron llevados al centro clandestino de detención Automotores Orletti. Marcelo Gelman fue asesinado tiempo después. En 1989 fueron hallados sus restos, que habían sido arrojados al Río Luján en un tonel. María Claudia, que estaba embarazada de siete meses al momento del secuestro, fue trasladada a Uruguay en el marco de las acciones amparadas bajo la Operación Plan Cóndor, en la cual se coordinaron las políticas represivas de los países del Cono Sur. Durante su cautiverio en Montevideo, dio a luz su bebé en el hospital militar. La nena fue entregada a otra familia, que la crió como propia. La niña, Macarena, recuperó su identidad en 2000 a partir de una investigación de su abuelo. Pese a las gestiones realizadas por las familias Gelman y García Iruretagoyena, el paradero de María Claudia nunca pudo ser esclarecido, ni encontrados sus restos.
La investigación penal sobre la desaparición de María Claudia fue reabierta en Uruguay por el juez Gustavo Mirabal. Además, el presidente Tabaré Vázquez consideró que este crimen estaba "excluido" de la ley de caducidad, por lo que dio el aval para que el expediente siga su curso. Aun así, el fiscal del caso, Enrique Moller, insistió con que el hecho quedaba comprendido dentro de la amnistía a los represores uruguayos, argumento que fue respaldado por un tribunal de apelaciones. De este modo, la justicia oriental terminó cerrando la causa. La desaparición de María Claudia fue incluida recientemente como parte de la investigación general sobre un grupo de uruguayos secuestrados en Argentina y llevados luego a Montevideo. Pero hasta el momento no hubo novedades judiciales al respecto. En Argentina el caso es investigado por los jueces federales Guillermo Montenegro y Norberto Oyarbide, que pidieron la extradición de los involucrados.
Ahora que la CIDH consideró "agotados los recursos" en Uruguay, Gelman, su nieta y sus abogados esperan que sean removidos los "obstáculos" que impiden hacer justicia. Por eso, esta denuncia podría ser un caso testigo para comprometer al gobierno de Tabaré Vázquez en la anulación de la ley de caducidad. Actualmente, existe en Uruguay una Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Impunidad, que decidió comenzar la elaboración de un proyecto de reforma constitucional con el objetivo de invalidar la norma que impide el juzgamiento de los represores.

21 de mayo de 2007
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confirman condena de turco julián

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[Victoria Ginzberg] La Cámara de Casación confirmó la condena contra el Turco Julián.

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El represor había recibido 25 años por la desaparición del matrimonio Poblete. Fue la primera sentencia luego de la anulación de las leyes de impunidad. El fallo quedó firme.
La Cámara de Casación confirmó la sentencia a 25 años de prisión contra el ex suboficial de la Policía Federal Julio Simón, alias el Turco Julián. El represor fue considerado responsable de los secuestros de José Poblete y Gertrudis Hlaczik, las torturas a las que fueron sometidos y el ocultamiento de su hija, Claudia Victoria. Con esta resolución queda firme la primera condena por secuestros y torturas durante la última dictadura dictada luego de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida.
El fallo de Casación, firmado el martes pasado, rechaza el planteo que hizo la defensa del represor, quien había reclamado que se aplicara la prescripción y la obediencia debida. Además, había pedido que se bajara el monto de la pena. La Sala I de la Cámara de Casación –integrada esta vez por Raúl Madueño, Liliana Elena Catucci y Amelia Berraz de Vidal– negó todos los recursos de Simón y ratificó por unanimidad la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal 5 en agosto del año pasado.
En el escrito, los jueces hicieron mención al fallo de la Corte Suprema que en este mismo caso convalidó la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida y que confirmó la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad en el caso del ex agente pinochetista Arancibia Clavel. Así, reconocieron que la desaparición del matrimonio Poblete es crimen de ese tipo.
José Poblete, Gertrudis Hlaczik y su beba Claudia Victoria Poblete fueron secuestrados el 28 de noviembre de 1978 y llevados al centro clandestino de detención El Olimpo, en Floresta. El año pasado, el Turco Julián fue condenado a 25 años de prisión por este hecho. Fue la primera sentencia después de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida. El tribunal consideró que el hecho había sido "doblemente agravado" porque el represor había sido funcionario público y porque el secuestro duró más de un mes. También culpó a Simón por "imposición de tormentos agravados por ejecutarse en perjuicio de perseguidos políticos" y por el "ocultamiento" de Claudia Victoria, la hija del matrimonio Poblete, aunque no por su secuestro. Además, le impusieron una inhabilitación absoluta y perpetua. Todo esto fue ratificado por Madueño, Catucci y Berraz de Vidal. "El juicio seguido a Simón fue contundente, de manera que la Sala I debía seguir el camino trazado por la Corte Suprema en el histórico pronunciamiento de 2005", señaló Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, organismo que fue querellante en el proceso a través de la abogada Carolina Varsky. La familia Poblete estuvo representada por Alcira Ríos.
Berraz de Vidal, una de las juezas que firma el fallo, ya presentó su renuncia, que se hará efectiva desde el 1º de junio. La magistrada dio un paso al costado "para jubilarse" luego de los cuestionamientos a la Cámara de Casación por demorar las causas contra los represores de la última dictadura. Berraz de Vidal no estaba directamente mencionada en la denuncia que 61 familiares de desaparecidos y sobrevivientes hicieron al Consejo de la Magistratura porque se apartó de las causas de derechos humanos por su amistad con un militar acusado. Aun así, firmó esta resolución.

19 de mayo de 2007
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destruyó a su familia

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[Carlos Rodríguez] Mató a su ex mujer y a sus dos hijos y luego se suicidó.

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El drama comenzó el martes al mediodía, en Caballito. Un hombre con antecedentes de violencia familiar mató a golpes a su ex mujer y a su hijo de 3 años. Ayer retiró a su hija del colegio, la llevó a un hotel en Chacarita y allí la mató. Luego se suicidó.
Entre el mediodía del martes y la tarde de ayer –en dos etapas a cual más terrible–, un hombre que tenía antecedentes de violencia familiar mató a golpes primero a su ex mujer y a su hijo menor, de 3 años, para luego asesinar de un balazo a su hija de 6 años y, posteriormente, suicidarse arrojándose por la ventana de un hotel del barrio porteño de Chacarita. La tragedia comenzó a gestarse cerca de las 12 del martes, cuando Gabriel Hernández, de 34 años, llegó a la casa de su ex mujer, Verónica Andrea Tuna, de 32, en el pasaje El Maestro número 5, en Caballito. En el interior de la vivienda, el hombre atacó a su ex mujer y a su hijo Iván, golpeándolos con un palo de amasar hasta quitarles la vida. Luego se fue, dejando los cuerpos adentro de la bañera. El asesino fue después al colegio donde iba su hija mayor, Andriela, de 7, y se la llevó, como si nada hubiera pasado. Al otro día, en un hotel de Corrientes y Olleros, mató a la pequeña de un balazo y luego se suicidó tirándose por una ventana. Aunque desde la noche del martes se sabía que era el autor de los primeros dos crímenes, Hernández no pudo ser detenido por la policía, que lo estaba buscando, y eso permitió que se concretara el segundo capítulo del drama familiar.
Los cuerpos de la mujer y del hijo menor fueron encontrados, alrededor de las 20, por el suegro del asesino, que había concurrido al edificio alarmado porque su hija no respondía a sus llamados al teléfono celular. Con la ayuda del portero, y utilizando una copia de la llave, pudo entrar al departamento B del primer piso, donde encontró los dos cadáveres en la bañera, tapados con un colchón. Una fuente policial comentó que si bien el doble crimen se cometió "en pleno día, en un edificio de departamentos, los vecinos dicen que no escucharon gritos ni ruidos extraños". Desde el hallazgo de los cuerpos, la policía se puso a buscar al ex marido y padre de las víctimas, dado que tenía "antecedentes de violencia familiar, con una personalidad obsesiva y muy celosa". Además, había dejado una carta manuscrita en la cual asumía los asesinatos y, según dijeron fuentes de la investigación, "explicaba los motivos de su decisión".
La policía realizó allanamientos infructuosos en Hipólito Yrigoyen al 2900, del barrio de Balvanera, donde vivía la madre de Hernández, y en la ciudad bonaerense de Trenque Lauquen, donde residía el autor de los crímenes. Las dos primeras víctimas habían sido golpeadas en todo el cuerpo. Cerca de los cadáveres encontraron un palo de amasar ensangrentado que habría sido utilizado por el asesino. El ex marido de la mujer fue visto cuando entraba al departamento del pasaje El Maestro, el mediodía del martes. "Era una persona de gran físico, que medía 1,80 metro. Los familiares dicen que estaba desocupado y que tenía alteraciones psíquicas", explicaron a este diario fuentes de la investigación.
El matrimonio se había separado hacía dos años y los hijos quedaron bajo la custodia de la mamá. El portero del edificio de El Maestro relató que el suegro del autor del triple crimen le confirmó que había concurrido a la casa de su hija "porque le mandó varios mensajes por teléfono y ella no los había respondido; el padre me dijo que la había estado llamando desde las cinco de la tarde porque se tenían que encontrar y ella no había llegado al lugar de la cita". Los familiares dijeron que la pareja tenía "una relación conflictiva motivada por las actitudes del hombre, que rara vez estaba a solas con sus hijos", confió una fuente policial.
Martín Tuna, hermano de la mujer asesinada, explicó que su ex cuñado "en los últimos tiempos no había tenido actitudes violentas, pero desde hace dos años estaban separados porque era celoso y obsesivo con ella. Él visitaba a los chicos, pero nunca se iba solo con los nenes a ningún lado, salvo alguna eventualidad". De acuerdo con su versión, el papá de los chicos "era un hombre que tenía problemas psicológicos y con mi hermana era muy posesivo, a veces no dejaba ni que los familiares viéramos a los hijos, ni que les habláramos, ni que les regaláramos juguetes".
El hermano de la mujer asesinada también informó que su ex cuñado "no hacía nada, no tenía trabajo. Desde que se separaron con mi hermana lo vimos muy esporádicamente. Estuvo viviendo un tiempo en la ciudad de Trenque Lauquen y nosotros creíamos que se había ido para allá". Luego de los dos primeros asesinatos, Hernández fue a retirar a su hija a la escuela Normal 4, en Caballito, y se la llevó con él. Antes de que se conociera la muerte de la pequeña, la abuela materna rogó que encontraran a su ex yerno "porque es un asesino". "Lo tienen que encontrar, porque si no también va a matar a Andriela", anticipó entre llantos. En su desesperación, la mujer aseguró: "Si no lo encuentra la policía lo hago yo y lo mato".
Hernández fue hallado muerto ayer al mediodía en el entrepiso de un hotel ubicado en Corrientes y Olleros. Antes había asesinado de un balazo a su hija, a quien encontraron sobre la cama de una habitación del octavo piso. El hombre se había arrojado al vacío por una ventana. "Nos dimos cuenta quién era cuando esta mañana (por ayer) vimos su imagen por televisión. En ese momento, casi en simultáneo, un vecino nos dice que una persona se había arrojado", relató Carlos Mouso, gerente del hotel. En el hotel se encontraron varias cartas y un revólver calibre 38 largo. Hernández fue encontrado en el piso de un comercio del entrepiso, luego de romper una claraboya en la caída.

17 de mayo de 2007
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víctima como victimaria

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[Mariana Carbajal] La víctima de su marido enjuiciada como victimaria.

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Una mujer que sufría la violencia de su pareja, que también golpeaba y sometía sexualmente a la hija en común, empieza a ser juzgada hoy como partícipe del abuso por no haberlo impedido. Denuncian que la Justicia actuó con prejuicios.
Hoy en San Martín comienza un juicio oral y público contra una mujer víctima de violencia familiar, a la que se acusa de no haber sido buena madre por no evitar que el marido abusara y golpeara a la hija de ambos. "Es un caso emblemático porque demuestra el modo en que el Poder Judicial invisibiliza las situaciones de violencia familiar y, además, pone en evidencia las formas que puede asumir en una causa judicial el prejuicio y el estigma", destacó el Comité contra la Tortura, de la Comisión por la Memoria bonaerense, que patrocina a la joven, de 27 años. Ella y su ex compañero están imputados del mismo delito: abuso sexual calificado y lesiones graves contra su hija de 6 años. "En su historia se replican las historias de miles de detenidas, condenadas o culpabilizadas, aun siendo víctimas. Nunca se tuvo en cuenta el círculo de violencia y terror al que estaba sometida", apuntó Laurana Malacalza, integrante del Comité. Representantes de organizaciones de derechos humanos y de mujeres, entre ellas la hermana Martha Pelloni, estarán presentes, como veedores, en las audiencias del juicio.
El juicio estará a cargo del Tribunal Criminal Nº 7 de San Martín, integrado por los jueces José Angel Marinato, Eduardo Jorge Parto y Gustavo Varvello. Soledad G. y su ex compañero Claudio estarán sentados en el banquillo de los acusados. "Su pareja la molía a golpes y había abusado de su hija. Sin embargo, para el Poder Judicial, Soledad no es una víctima. Se la acusa de haber cooperado en la perpetración del delito de abuso calificado y lesiones. Da la sensación de que la Justicia pensó en una mujer de clase media, sentada en un sillón con un teléfono a mano y no en una mujer en una situación de extrema pobreza, maltratada, sin recursos, como es la que vivía Soledad", consideró Malacalza.
Soledad y su ex compañero están detenidos desde mayo de 2004, luego de que ella decidiera poner a salvo a la niña y la entregara para su cuidado a la Fundación Felices los Niños. Según contó la joven a miembros del Comité contra la Tortura, había escuchado del hogar y le pareció la mejor opción para la nena, entonces de seis años. Consta en la causa que la pequeña tenía más del 80 por ciento del cuerpo con lesiones: hematomas, escoriaciones, mechones de cabello arrancados. El informe médico de un hospital público señala que presentaba además quemaduras en las manos, lesiones en el cuello con costras, traumatismos en el cráneo. Había sido abusada sexualmente, al menos en dos oportunidades. Hoy tiene 9 y vive con el abuelo materno, a disposición del juez de San Martín Carlos Alberto Gallardo.
Tal era el terror que Soledad le tenía a su marido, que al dejar a su hija en la Fundación no se animó a señalarlo como el autor de las gravísimas lesiones de la nena, ni de las que su propio cuerpo evidenciaban. "Nunca pudo culparlo a Claudio. Ella se hacía responsable, les decía que había sido ella quien le pegaba. Le preguntaron sobre los golpes y las marcas de mordeduras que tenía ella en sus brazos y volvía a inventar un episodio que volvía a desvincular a Claudio. Desde el hogar llamaron a la policía. Fue su primera detención. En la comisaría de José C. Paz, Soledad volvió a negar la responsabilidad de Claudio en cada uno de los golpes que tenían tanto ella como su hija", contó Malacalza a este diario. Soledad les contó: "Yo no sabía más que inventar. Les puse cualquier bolazo. Y ahí me llevaron a José C. Paz y de ésa me llevaron al comisario. Entonces decía que me había caído. Me dice: ¿fue él, no? Y yo le decía que no. Me dejaba un rato sola y cuando volvía me decía que no me creía".
En la policía vieron las marcas que tenía en las piernas, en el pecho, en la espalda. "A pesar de que claramente en la comisaría se advirtió cuál era la verdad, no hubo ninguna intervención efectiva que diera cuenta de lo que sucedía. Ninguno de los oficiales que presenciaron el interrogatorio cumplió con lo establecido en la Ley de Violencia Familiar, que los obliga a denunciar. Por el contrario, la mandaron nuevamente a su casa. Allí la aguardaba Claudio y la prolongación de la violencia", siguió Malacalza.
La Comisión contra la Tortura conoció la historia de Soledad en una de sus periódicas visitas a las cárceles bonaerenses. Ella está alojada en la Unidad 33 de Los Hornos, junto a su segundo hijo, que nació a los pocos días de ingresar al penal. El organismo que fiscaliza la situación penitenciaria desde la Comisión por la Memoria de la provincia decidió patrocinarla.
Paradójicamente, para Soledad la cárcel fue liberadora. Recién en ese ámbito, lejos de su pareja y protegida por los barrotes, pudo poner en palabras su calvario. Su historia da cuenta de una mujer, como tantas en el país, expuesta a una situación de extrema vulnerabilidad: el principal ingreso familiar eran los 150 pesos que ella cobraba a través del Plan de Jefas y Jefes de Hogar. Él hacía algunas changuitas y la tenía sometida a fuerza de golpes. "Nunca se me ocurrió denunciarlo", dijo la joven, en la primera entrevista que tuvo con miembros de la Comisión. Ese día apenas pudo elaborar un primer relato que explicara las causas de su detención. "Con palabras entrecortadas, reiteradamente se culpaba por no haber podido denunciar a Claudio. Por no haber podido proteger a su hija a tiempo", recordó Malacalza.
El proceso de reconocimiento de las situaciones de violencia que ambas vivían fue acompañado por profesionales del Comité Contra la Tortura. "Hasta entonces Soledad no contó con los mecanismos de protección y asistencia a las víctimas que garantiza la Ley de Violencia Familiar y el marco internacional vigente en nuestro país", cuestionó el Comité contra la Tortura. Cuando fue detenida, Soledad presentaba evidentes señales de los golpes que había recibido. "En ningún momento se dio intervención a la oficina de atención a la víctima del Departamento Judicial de San Martín para que evalúe si Soledad era o no víctima de violencia y si lo era, que detallara en qué grado de sometimiento se encontraba", objetó el organismo.
Según el testimonio de vecinos y familiares, tanto la niña como Soledad eran víctimas de violencia física y psicológica por parte de Claudio. En la causa judicial hay varias declaraciones de la niña en las que afirma que él la golpeaba a ella y a su madre. Pero la Justicia invisibilizó la condición de víctima de la madre. Textualmente, el auto de elevación a juicio sostiene "que en todos los hechos perpetrados por el sujeto de sexo masculino, la progenitora de (...), abusando de su situación de encargada de la niña, cooperó en la perpetración de los delitos referidos, en tanto encontrándose en una posición de garante respecto de su hija, no asumió conducta alguna a fin de evitar la comisión de los delitos de mención a pesar de tener conocimiento de los mismos".
En la audiencia de mañana comprometieron su presencia el presidente de la Comisión por la Memoria, Hugo Cañón, otros miembros del organismo, como la ex legisladora Elisa Carca, y la hermana Martha Pelloni.

18 de mayo de 2007
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justicia narco en la villa

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[Cristian Alarcón] La justicia interna que administran los narcos. La ley de la villa.

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Un marido que le pega a su mujer. Otro que engaña a la suya. Las deudas tras la pesificación. Los conflictos en el Bajo Flores son solucionados por los narcos que lo manejan, aun después del operativo del domingo pasado.
Sobre la mejilla morena de Johana la mancha azul no deja dudas. El recuerdo de la pateadura que soportó una semana antes todavía la dobla sobre la panza, como si se protegiera de su ex marido. Así le pega él desde hace mucho. Así vinieron juntos de Oruro. Así quiso echarla de la casa. Así fue a denunciarlo por malos tratos. Pero en la comisaría 38ª no le tomaron la denuncia. Ni a ella. Ni a él, que quería acusarla de ladrona. Al mediodía de ese domingo, hace ya unas semanas, la trifulca volvió a comenzar en el pasillo que hace una década es custodiado por las organizaciones de narcos peruanos. De pronto, sin aviso, dos personas se presentaron a aquietar las aguas. Eran los mediadores enviados "por alguien de más arriba". Sin armas, con el talante rudo de los que se saben poderosos, les dejaron en claro que si no resolvían el problemita la pasarían mal. "Si la casa se la queda la mujer tiene que pagarle seis mil dólares al hombre. Si el hombre se queda con la casa le pagará ocho mil a ella, porque ella además cuida al único hijo de los dos, y no ha pasado alimentos", fue el veredicto de los visitantes tras escuchar las dos campanas. La sentencia de los "chicos malos" no les resolvió el asunto: ella dice no tener la plata. Pero los dejó en silencio con sus dramas; ya no llamarán la atención del Estado en una zona en la que la ley es de quienes controlan el territorio, los que intervienen cuando "algo se va de las manos". En esta crónica se cuenta cómo se aplica la justicia informal de la villa 1.11.14. Cómo la paralegalidad se gestiona desde la vida cotidiana bajo la amenaza de expulsión o muerte. Una situación que sigue intacta a pesar del megaoperativo del domingo pasado, que no logró desarticular la cúpula de la banda.
Según los relatos, la cadena de instancias que se suceden hasta que "los chicos malos" –como prefieren llamar a los soldados de los narcos– aparecen en escena no es tan corta. Existen maneras de mediar que se ensayan antes del claro lenguaje de las armas. A saber: primera orden incumplida, un disparo en un pie. Tras la segunda advertencia: directo a la cabeza. Y perderlo todo como les pasó a los paraguayos que vendían marihuana entre el ‘99 y 2000, la época en que fueron asesinados Higinio Pereyra Roa, el Conejo, Mamarracho, Roger Aguirre, Raúl Rojas, Harry, y el viejo Barrera, Robertson Recalde, Vera Cristaldo, Balmaceda Pimentel y Pozo Palacios. Esos, los nombres que no todos recuerdan de las víctimas de la guerra de narcos, son los ejemplos que cunden, los que construyeron el terror que hoy aún impera cuando la opinión de los líderes narcos se conoce. Los jefes mandan a sus esbirros a poner el límite. El que rompe el límite lo paga caro. Aunque no todos valen lo mismo a los ojos de los capos: los lazos de sangre, familia o amistad otorgan categorías y diferentes niveles de violencia a la hora de ser víctimas.

Los Límites del Infiel
"Ellos son de meterse en conflictos de familia cuando ya se van de las manos para que no se pueda meter la policía. Ellos intentan entender el problema tratando de solucionar a su manera. Al principio son de hablar fuerte, poniendo en claro cómo es que se sale del asunto. A veces con amenazas. Ya se sabe que ellos matan. Que no obedecerles puede ser motivo para que lo bajen cualquier rato de éstos", dice uno de los más antiguos vecinos de la zona caliente, como se les suele decir a las manzanas que rodean un potrero que supo llamarse "La canchita de los paraguayos". Los ejemplos abundan. Pero el del marido infiel es bien ilustrativo.
Matrimonio peruano. El se dedica a falsificar billetes. Goza de una buena relación comercial con los narcos, con quienes suele intercambiar dinero chico para encajárselo a los adictos que compran de noche, o para disolverlo en el flujo constante de dinero en la feria de La Salada, en Lomas de Zamora. Ella lo acompaña en los negocios y juntos han construido un inquilinato de catorce piezas. Tras veinte años de matrimonio, se embelesa con una veinteañera argentina.
Resume una amiga de la familia: "La mujer se entera de que le está poniendo los cuernos, y le pega a la argentina. No llegan a marcarla a ella porque su familia supo proteger a la de los peruanos. Hay un pasado de favores que se respetan. Igual se la dan a la paliza, pero no tan violenta. El peruano se lava las manos y dice que no tiene nada que ver. La familia argentina dice que va a hacer una denuncia por el maltrato a la chica. Entonces los chicos malos intervienen y le agarran directamente al peruano. Le dicen que deje de joder con la chica argentina y que se porte bien. Que si se enteran de que le sigue poniendo los cuernos a la esposa, que le van a meter un tiro en el pie. La segunda vez, ya se sabe, es en la cabeza". El hombre de la historia asumió la orden, pero negoció. Sigue bígamo, con su amante, pero lejos de la vista de los demás, en otra villa, donde construyeron un bulo con el excedente de su empresa familiar que sigue viento en popa.

El Anticrético
Lorna, mujer de armas tomar, habla con cierta admiración por la capacidad del líder narco del Bajo Flores para poner orden ante algunas ambigüedades en los contratos de la gente, como ocurrió tras la devaluación con los préstamos informales entre vecinos. El método más extendido es el del "préstamo anticrético". Bolivianísimo, el sistema es en La Paz y Cochabamba usado por el diez por ciento de los propietarios de casas. En la 1.11.14, y en algunas otras villas porteñas en las que es evidente una explosión de la construcción y el precio de las propiedades se ha disparado, el anticrético ha sido clave en el crecimiento horizontal. Se trata de un contrato en el que un propietario cede su morada a alguien que le paga por adelantado el uso de la propiedad, pero con el compromiso de recuperar el inmueble tras un lapso de uno o dos años, si devuelve el dinero que le dieron sin intereses. Tomemos el caso de Lorna, la mujer boliviana dedicada a la costura que tiene tres piezas y un baño valuadas en cuatro mil dólares. Si las entrega en anticrético le darán esa cifra. Y entonces ella podrá armar el taller de costura que sueña, y ganar lo suficiente como para en dos años recuperar su casa, teniendo ya un taller en marcha.
El taller, un remise, pagar una deuda o crecer hasta llegar al cuarto piso lleno de escaleras caprichosas para vivir del alquiler de las piezas. Todo vale para estos contratos. "Fue grande el lío que se armó en el 2001 porque muchos habían firmado los papeles en pesos", cuenta un delegado que participó entonces de las negociaciones. Cuando se firma un contrato en la villa no es necesaria la participación de un escribano. Se convoca al delegado de la manzana y algún otro con mayor relevancia territorial. Ellos firman como garantes. Ante la crisis, no había solución a muchos conflictos. Los propios abogados de derechos humanos y algunas organizaciones comunitarias mediaron para resolverlos. "Como no existe una ley para el anticrético, la persona que va o hace esa denuncia se queda a la deriva –cuenta una vecina paraguaya con el contrato de su anticrético en la mano–. No le queda otra que recurrir al delegado. A veces el delegado puede hacer algo. Si la persona se pone violenta entonces intervienen los chicos malos. En el 2001 el capo peruano intervino para frenar la violencia. Dijo que se pagaba la mitad en dólares y la mitad en pesos, así perdían un poco las dos partes. El beneficio es que a veces no llega a la violencia y no tarda como en la Justicia, que se lava las manos. El perjuicio es que mucha gente ya no da la casa en anticrético, ya tiene ese temor de saber a quién darlo. Ahora preferible el alquiler".

Contratos
"Nosotros nos damos cuenta en algunos casos que hay una mano negra, o alguien superior decidiendo más allá de nuestro radio de acción, pero en general nadie nos cuenta qué pasó dentro de la villa", le cuenta a Página/12 un abogado de la Secretaría de Derechos Humanos porteña, que cuenta con equipo de atención a la víctima. Federico Ravina, también abogado y miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Bajo, dice que "cuando las agencias jurídicas no solucionan o complican el conflicto, la gente deja de recurrir a esas instancias y busca salidas alternativas". "A los jueces, los más vulnerables de la ciudad no les importan. Si con la clase media hay desatención, cuando un pobre va a un juzgado, le ladran. Luego se genera una sensación de inviabilidad, la sensación de que las personas dejan su problema en tribunales, cuando es una ficción porque el problema lo siguen teniendo", opina. Es por eso que en la consulta jurídica que atiende hace ya cinco años que los problemas de aporte de cuotas alimentarias de los desempleados suelen suplirse con hacer las colas para acceder a los subsidios sociales, por ejemplo. Claro que nada tienen que ver estas mediaciones comunitarias con la acción de los grupos armados, con otro estilo para imponer las supuestas "soluciones".
La intervención de los "mediadores" se da cuando la sangre está a punto de llegar al río. Ni antes ni después. Es más concreta cuanto más obviamente violento sea el conflicto, y cuanto más afecte al negocio de la organización. Los principales enemigos de "la paz" –como llaman a la costa sin moros los narcos– son los ladrones, los fisuras y los violadores. En ese orden, los combaten con menor piedad y sin negociación mediante. En las últimas semanas, un rumor cruzó la avenida Bonorino de un lado a otro. Que los peruanos barrerían con los adictos (a la pasta base) que ranchan en la calle Varela a la madrugada. Molestan a los clientes que se quieren acercar a los pasillos. La "limpieza" sería parte de una estrategia nueva, vista con malicia hasta por los fiscales, que creen que los peruanos intentarán recuperar la capacidad reguladora de conflictos para fortalecerse territorialmente prestos a resistir la media docena de causas judiciales en las que son investigados.
En este orden paralelo no hay santos. Al poder vertical en el que la figura de un líder narco ausente del barrio habla por sus hermanos o por sus más antiguos soldados, lo subvierten las jugadas por zurda de sus propios muchachos. "En algunos casos también ha habido manos negras que les han ofrecido plata a los chicos para amedrentar a una de las partes para que le entregue lo que pide la otra", explica la dueña de un inquilinato. La propiedad de la zona narco de la 1.11.14 se cotiza en alza. Está en venta una casa con 17 piezas. Su valor: 35 mil dólares. Una de tres piezas y baño puede salir en 4 mil dólares. Es mucho dinero para que alguien se niegue a pagarlo. "Ese servicio esta tarifado –explica Lorna–. Según con quien se hable para el trabajo. Si se habla con los chicos de la esquina, que aprovechando que no está el capo hacen uso o abuso de sus armas, es un precio. Si se habla con algún jefe más importante, otro. Pero lo hacen a espaldas del número uno. El sólo quiere que la paz reine en el barrio".

14 de mayo de 2007
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