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mano de obra para matar


[Santiago Rodríguez y Miguel Jorquera] Mano de obra calificada para matar. Detuvieron al sargento Darío Poblete, acusado de dispararle a Carlos Fuentealba.
Neuquén, Argentina. La Justicia ordenó la detención del policía que acribilló con una granada de gas lacrimógeno al profesor neuquino en medio de la represión a la protesta docente. El sargento primero Poblete había sido condenado por apremios ilegales a presos de Zapala en noviembre del año pasado. El gobernador Jorge Sobisch se recluyó en el silencio.
En medio de la convulsión que se registra en Neuquén por la muerte de Carlos Fuentealba, el docente acribillado por la policía durante una protesta salarial, las autoridades provinciales desaparecieron de la escena y quien acaparó las miradas fue el sargento primero Darío Poblete. Se trata del efectivo policial identificado como autor del disparo que terminó con la vida de Fuentealba, quien fue detenido y se negó a declarar ante la Justicia. En noviembre pasado, Poblete fue condenado a dos años de prisión e inhabilitado para desempeñar sus funciones por cometer apremios ilegales y vejámenes contra un detenido en la alcaidía de Zapala, pero apeló el fallo judicial y así consiguió mantenerse dentro de la fuerza policial. La oposición pidió el juicio político del gobernador Jorge Sobisch, aunque no tiene demasiadas chances de que prospere porque el oficialismo controla la Legislatura. Lo que no pudo evitar el mandatario es la aparición de una interna en el Movimiento Popular Neuquino (MPN), donde algunos le reclaman que renuncie a la conducción de ese partido.
La versión sobre el arresto de Poblete, integrante del temido Grupo de Operaciones Especiales de la policía de Neuquén (GEOP), corrió de boca en boca entre los docentes en huelga que pasaron la noche de 'vigilia' en los dos puentes carreteros que aún mantienen cortados: "Ya identificaron al policía que fusiló a Carlos".
El presunto asesino de Fuentealba fue detenido en la noche del jueves y ayer fue trasladado a distintos lugares de la capital provincial, bajo una fuerte custodia, para evitar "escraches". La detención de Poblete la ordenó el juez de Instrucción Número 4, Cristian Piana, a pedido de la fiscal Sandra González Taboada.
"En 36 horas se colectaron probanzas necesarias, elementos suficientes que permiten sostener el pedido de detención", explicó la titular de la fiscalía de Delitos de Suma Gravedad ante unos pocos medios periodísticos y expuso la razón por la cual pidió el arresto de Poblete: "Está sospechado de haber efectuado el disparo contra Fuentealba".
La novedad del arresto de Poblete comenzó a crecer a medida que avanzaba la mañana en Neuquén. Al mediodía ya todos los docentes conocían el nombre del policía. Lo habían confirmado los abogados de los organismos de derechos humanos en una entrevista con González Taboada.
Tanto la fiscal como el juez de la causa admitieron que Poblete tiene "antecedentes judiciales", pero se negaron a especificarlos. Los datos al respecto tampoco tardaron en salir a la luz: el policía fue condenado en noviembre del año pasado por apremios ilegales y vejámenes. Su víctima fue un detenido en la alcaidía de Zapala.
La Cámara Penal de esa ciudad neuquina le impuso a Poblete una pena de dos años de prisión más la accesoria de la inhabilitación por cuatro años para el ejercicio de sus funciones. Los camaristas Víctor Hugo Martínez, Oscar Rodeiro y Enrique Modina tuvieron en cuenta que el policía ya arrastraba una condena anterior en suspenso.
Poblete no fue apartado de la policía neuquina porque apeló la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia provincial, que aún no se ha expedido con respecto a su planteo. Lo que hicieron las autoridades policiales tras la condena fue trasladarlo a la ciudad de Cutral-Có. Desde allí fue movilizado el miércoles pasado junto a otros policías para reprimir a los docentes, quienes intentaron sin suerte armar un piquete sobre la ruta provincial 22 para hacer oír sus reclamos gremiales después de un mes de paro.
El policía se negó a prestar declaración indagatoria ante Piana. El trámite judicial se cumplió a las seis de la tarde y duró apenas unos pocos minutos. El magistrado ordenó también una serie de pericias, que serán realizadas en el Instituto Balseiro de Bariloche, con el propósito de determinar la distancia y otros aspectos relacionados con el disparo de la granada de gas lacrimógeno que provocó la muerte de Fuentealba.
"Actuó rápido", dijeron varios docentes a Página/12, en referencia al desempeño de González Taboada. Pero reconocieron que fueron las propias víctimas de la represión quienes se encargaron de recolectar las pruebas que hoy tiene la fiscal. Los docentes recogieron el material fotográfico y fílmico que captaron los medios periodísticos que estuvieron sobre la Ruta 22 el día de la "brutal cacería"; guardaron y sellaron para los peritajes el Fiat 147 en el que viajaba Fuentealba; y aún siguen aportando los testimonios de los que vivieron la tragedia.
Hasta las primeras horas de ayer a la tarde, Poblete estuvo detenido en el céntrico cuartel de bomberos de la capital de Neuquén. El lugar pasaba poco inadvertido, con los camiones hidrantes de la policía como custodia, y la información recorrió rápidamente los lugares donde los docentes se concentraban y continuaban su lucha: los dos puentes que unen Neuquén con Río Negro y la radio abierta que funcionó durante gran parte del día en el monumento a San Martín. Por ese motivo fue trasladado hasta la Jefatura de la Policía neuquina –donde se concentraba la mayoría de los móviles policiales, tanquetas e hidrantes, que evitaron mostrarse por la ciudad– y finalmente alojado en un sitio que no fue revelado. Se invocaron "razones de seguridad".
A las escondidas jugaron también Sobisch y sus funcionarios: todos desaparecieron de la escena, mientras la oposición presentó un pedido de juicio político contra el gobernador. Se descuenta que el intento no prosperará porque el oficialismo tiene más de la mitad de los miembros de la Legislatura provincial, pero aún así Sobisch no la tiene sencilla. Dentro del MPN ya se desató la interna y ahora aparecen voces que cuestionan su liderazgo y le demandan que abandone la conducción partidaria.
Sin reelección posible, la alternativa que el mandatario había encontrado para tratar de mantener al menos algo de su poder y evitar enfrentamientos internos era su proyecto presidencial, pero sus planes en ese sentido también quedaron hechos trizas. "Ni se le cruza por la cabeza pensar en su candidatura. Sus chances de seguir siendo candidato son ahora casi nulas", confió un hombre de su entorno.

Un Vía Crucis Particular
El Viernes Santo también hubo varios vía crucis en Neuquén. Pero uno de ellos fue muy particular. Se hizo en el barrio de la escuela donde dictaba clases el profesor asesinado Carlos Alberto Fuentealba, en el barrio Cuenca 15, una de las zonas más humildes de la capital neuquina. De ella, la más numerosa de todas las que se hicieron ayer aquí, participaron muchos de sus alumnos, junto a sus padres y vecinos. Varias cuadras de gente peregrinaba por las estaciones del calvario de Jesucristo, pero nadie podía dejar de pensar en Carlos. Un mártir mucho más contemporáneo y al que todos conocían y querían. La religiosidad de muchos neuquinos también reflejó el dolor por un asesinato, una tragedia, que no terminan de comprender.

7 de abril de 2007
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por mimar a represores


[Irina Hauser] Pasó a disponibilidad el penitenciario acusado de mimar a los represores.
El ministro Iribarne tomó la decisión luego de que Página/12 revelara que Héctor Altamirano había sido denunciado por la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense de disponer un trato privilegiado a los represores detenidos allí.
El ministro de Justicia, Alberto Iribarne, resolvió pasar a disponibilidad al director de Seguridad de la cárcel de Marcos Paz, Héctor Altamirano, después de que Página/12 revelara que había sido denunciado por disponer un trato privilegiado por los represores alojados en ese penal, a quienes definió como "presos políticos". El titular de la cartera judicial, de quien depende el Servicio Penitenciario Federal (SPF), había sido advertido sobre la situación por el juez de La Plata Arnaldo Corazza, que investiga la desaparición de Julio López. Iribarne le mandó ayer una nota al magistrado en la que le informa sobre la separación de Altamirano de su cargo, pero a la vez intenta demostrar que ningún preso tiene coronita. Para probarlo apela a unos e-mails que "dan cuenta del descontento de los detenidos por crímenes de lesa humanidad" porque los tratan, dicen ellos, "como si fueran delincuentes comunes".
El 14 de marzo la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, que encabeza Edgardo Binstock, denunció ante Corazza que el prefecto Altamirano había dado directivas a su personal para otorgar beneficios y comodidades a los represores que se encuentran en el penal de Marcos Paz. La presentación, firmada por la subsecretaria Sara de Cobacho, decía que las instrucciones apuntaban a dar un "trato privilegiado" no sólo a los detenidos por crímenes del terrorismo de Estado, sino a sus familiares. El ex director de la cárcel, añadía la funcionaria, "habría aclarado que no eran presos comunes, sino que los definió como presos políticos". Binstock sostuvo que es cuanto menos "delicado" que "en más de 20 años de estado democrático existan quienes sostienen esta ideología".
En la investigación sobre la desaparición del testigo del juicio contra el ex comisario Miguel Etchecolatz, el juez Corazza venía acumulando sospechas sobre la capacidad de conspirar de los 36 militares, policías y civiles presos en Marcos Paz por delitos aberrantes. Entre ellos están el propio Etchecolatz. El informe de Cobacho le dio al magistrado motivos para allanar, el 23 de marzo, las instalaciones de la unidad carcelaria. Describía que durante 2006 las visitas de los represores ingresaban sin requisa, por una puerta lateral y a cualquier hora. Entraban con teléfonos celulares, decía, y a veces con mucho dinero. Algunos se identificaban como miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad. También advertía que los detenidos "tendrían acceso a un teléfono que permite comunicarse con otros internos" y del que "sería factible realizar llamadas" afuera.
Apenas recibió la denuncia, tres semanas atrás, Corazza le mandó una copia por fax al titular de Justicia. El contenido fue revelado por este diario en su edición de ayer. Al mediodía, el ministro Iribarne tenía resuelto el desplazamiento de Altamirano. Rápidamente redactó también una carta en la que le informa esa determinación al juez. "No presta servicio activo", señala, aunque no precisa las razones. Le anuncia, además, que envió la documentación a la justicia federal de Morón, con jurisdicción en Marcos Paz, para que investigue si alguien en el ámbito del penal cometió algún delito.
Voceros de Iribarne dijeron que, en su momento, abrieron un sumario interno. Explicaron que el resultado de esa pesquisa se refleja en el texto girado a Corazza. Ese documento, al que accedió Página/12, consiste básicamente en refutaciones a distintos puntos de las revelaciones de la secretaría de Derechos Humanos Bonaerense. Por empezar, dice que el desplazado Altamirano no prestaba servicios en el penal de Marcos Paz en enero de 2006, como señala denuncia, sino que recién ingresó el 17 de julio de ese año. Agrega que "todos los visitantes deben efectuar el correspondiente pedido de visita, para lo cual debe aportar documentación, una foto y otros datos personales". En noviembre, dice, se ordenó revisar a internos, visitas y al personal para "determinar la existencia de elementos prohibidos".
En otro tramo, Iribarne describe los cinco lugares donde cumplen su detención los represores que, dice, "son de características similares al resto de los pabellones, pero con las celdas un poco más amplias, motivo por el cual se alojan dos detenidos por celda". "En ningún caso tienen acceso a teléfonos que no sean los públicos de cada sector", asegura. Y como cierre señala que "han llegado" a su "conocimiento" "algunos e-mails que circulan en el ámbito penitenciario que dan cuenta del descontento de los detenidos por los crímenes de lesa humanidad por el trato brindado ‘como si fueran delincuentes comunes'".
Cuando Corazza allanó la cárcel, sin embargo, corroboró que usan una línea telefónica interna y entre los elementos que secuestró había una carta personal de uno de los represores que decía: "Nos tratan con respeto, nos llaman el grupo de los famosos".

5 de abril de 2007
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desaparecidas en democracia


[Mariana Carbajal] "Son las desaparecidas en democracia". Acto en el congreso por la aparición de las mujeres víctimas de la trata.
Al cumplirse cinco años de la desaparición de Marita Verón, organizaciones sociales y de mujeres marcharon frente al Congreso para reclamar justicia para las víctimas de las redes de trata en el país. "Falta un compromiso político con el tema", denunciaron.
Andrea Noemí López desapareció hace tres años en Santa Rosa, La Pampa. Tenía 25 años y un hijo que el 16 de abril cumplirá 8 años. Su familia cree que fue entregada a una red de tratantes de mujeres y está encerrada en algún prostíbulo del país. Por la aparición con vida de Andrea y de alrededor de cuatrocientas mujeres "desaparecidas en democracia" por mafias de proxenetas se realizó ayer una marcha frente al Congreso, al cumplirse cinco años de la ausencia de la joven tucumana María de los Angeles ‘Marita' Verón. "El gobierno habla de los desaparecidos del '70, pero de los desaparecidos en democracia no dice nada. Falta un compromiso político con el tema", cuestionó Susana Trimarco, la madre de Marita. Trimarco adhirió a la manifestación desde Tucumán, donde encabezó una protesta frente a los tribunales de la capital provincial para reclamar que se designe fecha para el juicio oral contra los 13 procesados por la desaparición de su hija.
"Reclamamos al Estado, a los partidos políticos, a la Justicia por la aparición con vida de estas mujeres desaparecidas en democracia", explicó Fabiana Tuñez, coordinadora de la asociación civil Las Mujeres de la Casa del Encuentro, una de las ONG que convocaron a la marcha de ayer frente al Congreso. A la manifestación adhirieron más de un centenar de organizaciones de derechos humanos, de mujeres y de defensa de los derechos de la infancia, además de la Coalición contra la Trata de Mujeres y Niños de Argentina y el Inadi, que acaba de habilitar la línea telefónica gratuita 0-800-999-2345 para realizar denuncias sobre casos de trata.
No hay datos certeros, pero sobre la base de las sucesivas denuncias que se acumulan semana a semana provenientes de distintos puntos del país, Tuñez señaló que se estima que hay alrededor de cuatrocientas mujeres, adolescentes, niñas y niños desaparecidos con fines de explotación sexual en la Argentina.
Para dar una idea de la magnitud del fenómeno sirve este dato: en la búsqueda de su hija, Susana Trimarco ha rescatado en los últimos cinco años cerca de un centenar de chicas de diversos prostíbulos. Muchas de ellas le han dado pistas para seguir el rastro de Marita, que desapareció cuando tenía 23 años, en San Miguel de Tucumán. A Trimarco le han dicho que la vieron en un cabaret de La Rioja. Semanas atrás, fue distinguida con el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje, otorgado por el Departamento de Estado norteamericano de manos de su titular, Condoleezza Rice. Con la ayuda de la embajada de Estados Unidos, está armando una fundación para brindar asesoramiento a familias con hijas captadas por las mafias de la trata y ayudar a las víctimas.
"De ahora en más, todos los días 3 de cada mes vamos a hacer una ronda alrededor del Congreso para concientizar a la sociedad sobre las consecuencias de las redes de trata", anunció Tuñez.
Ayer el reclamo tuvo nombres propios, como el de Marita Verón, pero también pedidos por la aparición de decenas de mujeres cuyas historias no han tenido tanta trascendencia en la prensa. Una de ellas es Andrea Noemí López. Tenía 25 años cuando se la vio por última vez en Santa Rosa, La Pampa, donde vivía con su pareja, el boxeador Víctor Purreta, quien la obligaba a prostituirse. Con él había tenido un nene, que está por cumplir 8 años y ahora vive con su abuela materna. "Creemos que Purreta la debe haber entregado a algún prostíbulo, a lo mejor debía plata y la entregó para pagar una deuda. A los tres o cuatro meses de su desaparición, su socio en un prostíbulo, Juan Carlos Morán, nos llamó y nos dijo que Andrea estaba en un cabaret de la localidad de Daireaux, vecina a Pehuajó, en la provincia de Buenos Aires. Pero fuimos allá y no la encontramos. Después Morán apareció muerto, ahorcado, con la boca tapada, como un crimen mafioso", contó a Página/12 la mamá de Andrea, Julia Ferreira. Purreta fue condenado en 2005 por "promoción y facilitación de la prostitución" a 5 años de prisión por el caso de Andrea y en el juicio se escucharon testimonios que dieron cuenta de que además la sometía a brutales golpizas. El boxeador está preso en la Unidad Penal Nº 4 de La Pampa, aunque empezó recientemente a gozar de salidas transitorias. "Mi hija está viva y la vamos a encontrar", se esperanza Julia. Es viuda. Tiene 47 años, cuatro hijos más (una de 18 años) y trabaja como empleada doméstica. En su lucha por encontrar a su hija cuenta con el respaldo de organizaciones feministas pampeanas, entre ellas Mujeres por la Solidaridad y Mujeres de la CTA.
También estuvieron presentes las fotos de Florencia Pennachi, Fernanda Aguirre y Otoño Uriarte, que sobrevolaron la tarde de protesta frente al Congreso de la Nación. Militantes sociales y políticas, y líderes de organizaciones feministas y de defensa de los derechos de las mujeres se concentraron allí, a partir de las 18, para reclamar la aparición con vida de las víctimas de la trata de personas. "Desaparecida", decía la cinta pegada en el pecho de una joven que repartía volantes. "Es una forma de decir a la sociedad que todas podemos ser víctimas de las redes de secuestro y prostitución", explicó una integrante de la Red No a la Trata que lució la consigna en el brazo.
Con una batucada que imprimió ritmo a la marcha, las organizaciones avanzaron por avenida Rivadavia para caminar alrededor del Palacio Legislativo. Mientras un grupo de mujeres de la Casa del Encuentro llevaba un cartel con el pedido "aparición con vida de las víctimas de la trata secuestradas para la prostitución", otras repartían volantes entre los vecinos y transeúntes para alertar a la sociedad sobre este delito. "Todos debemos tomar conciencia de que esta realidad afecta a todos. Basta de desaparecidas en democracia", sostuvo una militante.
Completada la ronda, las mujeres se juntaron frente al Congreso para sellar la movilización con su reclamo: "No a la trata", fue la consigna que marcaron a fuego en el asfalto.

Informe: Elisabet Contrera

4 de abril de 2007
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entre bueyes


Adriana Meyer' Cuando los represores tienen coronita. Denuncian que los detenidos en marcos paz reciben un trato de privilegio.
La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia envió una carta al juez Corazza, quien a su vez la remitió al ministro Iribarne. El propio director del penal ordenó darle un "trato de privilegio" a los represores. Pueden hablar por un teléfono interno y sus visitas no son requisadas. El ministerio abrió un sumario.
Para el Servicio Penitenciario Federal "todo preso es político", como cantaba el Indio Solari, pero en un sentido literal. La subsecretaria de Derechos Humanos bonaerense informó a la Justicia que el director de Seguridad de la cárcel de Marcos Paz ordenó a su personal tener "trato privilegiado" con los ex miembros de fuerzas armadas y de seguridad encarcelados allí por crímenes vinculados con el terrorismo de Estado, a quienes definió como "presos políticos". Así se lo hizo saber al juez federal Arnaldo Corazza, que investiga la desaparición del testigo Julio López, en una carta en la que describió, además, que los detenidos "tendrían acceso a un teléfono interno del complejo". Esa carta ratificó las sospechas que tenía el magistrado desde que se hizo cargo del caso respecto de los conciliábulos que pudieran tejer allí los represores. Y le dio motivos para la requisa que se realizó el 23 de marzo, según afirmó a Página/12 el propio juez.
Los resultados de ese operativo –en el que se comprobó que usan una línea interna del penal, y se secuestraron papeles personales del ex comisario Miguel Etchecolatz y otros represores– y estos datos aportados por un organismo oficial confirman que los módulos 1 y 2 de Marcos Paz se parecen mucho a una cárcel VIP, tal como vienen denunciando diversas organizaciones de derechos humanos. De hecho, una carta personal secuestrada a uno de los represores dice: "Nos tratan con respeto, nos llaman ‘el grupo de los famosos'". Edgardo Binstock, secretario de Derechos Humanos bonaerense, expresó a este diario que "al parecer la ideología de algunos de los que conducen esa cárcel es similar a la de los que están presos, y esto es como mínimo delicado". Por su parte, el Ministerio de Justicia, responsable del Servicio Penitenciario Federal (SPF), informó que abrió un sumario interno tras tomar conocimiento de estos hechos.
La primera en advertir sobre los riesgos de que los represores convivan en su cautiverio fue Nilda Eloy, sobreviviente de los campos de exterminio y testigo junto a López en el juicio contra Etchecolatz. "Hay que buscar en Marcos Paz", afirmó la mujer en uno de los primeros actos por el albañil de 77 años, desaparecido desde hace seis meses y medio. Desde entonces las abogadas Myriam Bregman y Guadalupe Godoy, que representaron a López en aquel proceso, vienen pidiendo que se investigue qué sucede puertas adentro del penal. Tanto el fiscal federal Sergio Franco como el juez Corazza solicitaron al Ministerio de Justicia nacional que tome las medidas necesarias para evitar que el ex comisario y quienes fueron miembros de su patota compartan el mismo espacio. Les inquietaba la frase del chofer de Etchecolatz, Mario Guallama, luego de que su jefe cayera preso: "Nos vamos a reagrupar y vamos a pasar al frente".
El 14 de marzo, Corazza recibió la carta de la virtual número dos de Binstock, Sara de Cobacho. La funcionaria la elaboró luego de verificar dos denuncias anónimas recibidas en la secretaría que planteaban situaciones irregulares en Marcos Paz. "En enero de 2006 el director de Seguridad del Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, prefecto Héctor Altamirano, ordenó al personal del penal que estos detenidos debían tener ‘trato privilegiado', extendiéndose el mismo a las visitas que reciben. Y en este sentido el prefecto habría aclarado que no eran presos comunes sino que los definió como ‘presos políticos'", redactó Cobacho según consta en la carta a la que tuvo acceso Página/12.
La funcionaria describió que "durante el transcurso de 2006 las visitas de estos detenidos no ingresaban por la puerta correspondiente sino por la del personal, sin tener ningún tipo de requisa y sin cumplir con los horarios estipulados. Además, entraban con teléfonos celulares, cámaras fotográficas y dinero, en algunos casos sumas que superaban los mil pesos". Cobacho admitió que hacia fines de 2006 esta situación "cambió parcialmente", pero sostuvo que "la requisa siguió siendo incompleta y menos minuciosa que con las visitas de los presos comunes, dado que sólo se revisan bolsos y paquetes, por lo que es posible que puedan ingresar algunos de estos elementos ocultos debajo de la ropa".
No menos llamativo es el párrafo que sigue. "Estas personas reciben asiduamente visitas de personas que se identifican como miembros de Fuerzas Armadas y de seguridad." Ese fue uno de los objetivos del procedimiento solicitado por Corazza al SPF, los libros de guardia para revisar quiénes se acercan a llevarles cigarrillos, entre otras cosas, a estos reos. La subsecretaria también alertó que "estos detenidos no están alojados en celdas sino en los módulos 1 y 2 de la enfermería, y en este lugar la guardia se encuentra en el exterior, por lo que no existe vigilancia constante sobre las actividades de los mismos".
La abogada Bregman destacó que algo similar sucede con el represor Alfredo Astiz, detenido en la base naval de Zárate, porque "tiene acceso al río y sale a una oficina del 4º piso Hospital Naval". Según la letrada, "esto es lo que pasa con las prisiones en bases militares, y por eso insistimos en que a los represores hay que darles cárcel común y efectiva".

¡Aló Marcos Paz!
La carta de Cobacho concluye que los represores detenidos en Marcos Paz "tendrían acceso a un teléfono interno que permite comunicarse con otros internos del penal" y del que "sería factible realizar llamadas al exterior". Esto fue comprobado durante el operativo del 23 de marzo y está siendo analizado por el juez Corazza. Sus investigadores buscaban determinar de qué manera se comunican los represores con el exterior, dado que nada surgía de la intervención de las líneas telefónicas públicas para los presos. Durante la requisa fueron secuestradas tarjetas para cargar teléfonos celulares pero no encontraron ningún teléfono móvil, lo cual indujo a los querellantes a sospechar que estaban avisados. Incluso, hay quienes hablan de un aviso con "tres días" de anticipación. Sin embargo, Etchecolatz no imaginaba que los efectivos del SPF, de la SIDE, la federal y la bonaerense se iban a llevar su agenda personal. "Se puso como loco en ese momento", reconstruyó este diario. Los organismos de derechos humanos que siguen el caso emitieron aquel día una dura queja contra la Policía Federal, a la que acusaron de haber filtrado el dato.
Al día siguiente de que recibió la carta de Cobacho, el juez Corazza la envió por fax al Ministerio de Justicia de la Nación, según consta en la foja 1026 del expediente. Los funcionarios del ministro Alberto Iribarne dijeron a Página/12 que a partir de entonces se inició "un sumario interno". Y recordaron que en noviembre pasado el director del SPF Hugo Soza impartió directivas para "determinar la posible tenencia de elementos no permitidos, tales como teléfonos celulares, atento a las amenazas denunciadas por medios periodísticos, por parte de aquellos detenidos por violaciones a los derechos humanos alojados en el Complejo Penitenciario Federal II". Pero los hechos relevados por la gente de Binstock demostrarían que algo falló en la cadena de mandos.
"Nos informaron que tenían un trato privilegiado y sin control, y cierta libertad de movimientos, por lo tanto es clara la vinculación con el caso López, porque desde el inicio el tema central acá fue Etchecolatz y su entorno", indicó el secretario de Derechos Humanos bonaerense. Ayer, el ministro Iribarne aseguró que "ratificando el criterio presidencial de cárcel común para los detenidos por crímenes de lesa humanidad, Marcos Paz estará pronto en condiciones de alojar a 70 represores". Para la abogada Godoy, "esto es un diálogo de sordos porque desde hace años venimos reclamando cárcel común, pero todo indica que en Marcos Paz persisten privilegios".

4 de abril de 2007
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represor en manos del tío sam


[Alejandra Dandan] El represor de La Perla, pendiente de migraciones.
El motivo de la detención del carapintada Ernesto Barreiro fue haber mentido sobre sus antecedentes penales y no las acusaciones por delitos de lesa humanidad. Su prisión depende de un juez de Migraciones.
El gobierno norteamericano tiene que decidir si deporta o no al carapintada Ernesto Barreiro, detenido en Estados Unidos hace 48 horas por el Departamento de Migraciones en medio del trámite de renovación de su visado. Hace tres años, la Justicia cordobesa lo había declarado prófugo en la causa por el secuestro y desaparición de un estudiante de Córdoba en 1977 y ordenó la captura internacional a Interpol. El proceso terminó el domingo pasado. Como su detención es por haber mentido sobre sus antecedentes penales y no por las causas de lesa humanidad, su permanencia en prisión pende de la decisión del juez de Migraciones, que puede liberarlo bajo fianza hasta que culmine el proceso de deportación. Para evitarlo, los querellantes de las causas contra el represor piden a Cancillería que acelere un pedido de extradición frenado hace dos años.
"La Justicia de Córdoba ya hizo todo lo que tenía que hacer, ahora la extradición está en manos de la Cancillería argentina: sería un excelente momento para que viabilicen el pedido de extradición que presentamos hace dos años", dijo Claudio Orosz, abogado con Martín Fresneda de la causa contra el represor.
Según sus datos, Barreiro llegó a los Estados Unidos en 2004. Salió del país con un pasaje de avión justo un día antes de que Migraciones le cierre las fronteras argentinas por una orden de captura ordenada por la Justicia de Córdoba. La jueza Cristina Garzón de Lascano y la fiscal Graciela López de Filoñiuk pidieron su detención, junto a otras diez personas, en el marco del expediente ‘Rodríguez Hermes y otros', más conocido como la causa ‘Diego Hunziker', el estudiante de 17 años de la Escuela Monserrat de Córdoba, secuestrado el 3 de septiembre de 1977, detenido clandestinamente en Casa de Hidráulica y ejecutado entre el 21 y 22 de ese mes.
Barreiro estuvo a cargo de La Perla, el centro clandestino más importante del interior del país desde mediados de 1976. Amo y señor de la vida y de la muerte de los detenidos, condujo los grupos de tareas de secuestradores y con el represor Luis Manzanelli manejó los interrogatorios. En La Perla se transformó en uno de los especialistas en torturas más denunciado por los sobrevivientes y recordado por su sadismo. "Una sobreviviente dio cuenta de que Barreiro se lo llevó a las 4 de la mañana de La Perla hasta las fábricas de Fiat y fue ejecutado –explica Orosz–: en los diarios apareció como un enfrentamiento de dos cuadros montoneros que estaban repartiendo volantes pero fue una ejecución." Ese tipo de ‘salidas' eran conocidas como ‘operativo ventilador', aplicadas ante determinadas coyunturas políticas. Para la fecha de la ejecución de Diego Hunziker preveían un conflicto en la Fiat; las muertes de los militantes aparentemente servían como una de las formas del amedrentamiento.
La Cámara Federal de Córdoba lo citó por primera vez a declarar en 1987, en el marco de la megacausa contra el responsable del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. Su negativa a presentarse desencadenó las sublevaciones que culminaron en el levantamiento de Semana Santa la sanción de la ley de obediencia debida.
En Estados Unidos trabajó o simuló trabajar en la ciudad de Virginia, gracias a una actividad comercial de su mujer. Según las investigaciones del Departamento de Migraciones de Estados Unidos, además hizo varios viajes de ida y vuelta a Washington.
Tal como dijo este diario en su edición de ayer, Barreiro entró a ese país legalmente pero amparado en una mentira: respondió con una negativa cuando le preguntaron si tenía causas penales pendientes. Aunque parezca mentira, ésa es la razón por la que está detenido. Ante el pedido de Interpol emitido por el juzgado de Garzón de Lascano, el Departamento de Migraciones norteamericano inició una investigación que concluyó el fin de semana. Según las fuentes consultadas, los agentes constataron la existencia de la causa y decidieron no ronovarle el visado pero formalmente la detención no está respaldada en las causas de lesa humanidad. Por esa razón, la querella pide una rápida intervención de Cancillería. Una fianza puede ponerlo en libertad hasta que culmine el proceso y Barreiro podría volver a profugarse.
"Nosotros sabemos que el trámite de extradición con los norteamericanos es engorroso –dijo Orosz– porque exigen un nivel de pruebas parecido a una sentencia. Además están las traducciones. En este caso, el Gobierno puso la mejor voluntad para resolver este tema, pero estamos esperando que terminen con el trámite que ya lleva dos años."

3 de abril de 2007
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lo mataron por encargo


[Horacio Cecchi] Un preso que había denunciado un encargo fue asesinado en Campana.
Un jefe de la Unidad 3 le había encomendado el trabajito de atacar a puntazos al defensor Gabriel Ganón. El preso denunció el encargo ante la Justicia. Apareció muerto a fin de marzo.
La preocupación del Servicio Penitenciario Bonaerense por el trabajo de sus internos con miras a la readaptación es indiscutible. Precisamente, a fines del año pasado, a uno de ellos –el interno Juan Gómez Ramírez de la Unidad 3 de San Nicolás– se le encargó un trabajito que debía realizar a dúo, con un colega de pabellón, el interno Álvarez Centeno. El trabajo consistía en lastimar al defensor general nicoleño, Gabriel Ganón, por sus permanentes ocurrencias de presentar hábeas corpus, amparos, visitar cárceles, denunciar la corrupción y demás palos en la rueda al inexorable camino a la limpieza final. Como todo trabajo estatal, al dúo se le proveería de herramientas de trabajo (facas). Ocurrió que ambos se negaron a la práctica y, para colmo, la denunciaron ante una fiscalía entregando las herramientas estatales. Ramírez ya había denunciado a sus patrones en enero de 2005 y repitió en Nochebuena de 2006. Con semejante historial, el 25 de marzo pasado, Gómez Ramírez fue despedido a cuchilladas hasta la muerte. Las autoridades dejaron trascender que murió en una pelea entre presos. Curiosa deducción la del Servicio: el preso se encontraba en su celda individual, a las 7 de la mañana, un horario en que las puertas se encuentran cerradas con candado. Obviamente, por fuera.
Juan Gómez Ramírez se encontraba en la Unidad 21 de Campana a fines de 2004 y principios de 2005, cuando el defensor general de San Nicolás, Gabriel Ganón, y la defensora oficial de San Isidro María Gómez visitaron esa cárcel de improviso. Allí, además de la desastrosa situación de las comidas y del hacinamiento, recibieron testimonio de una inmensa cantidad de presos. Entre ellos, Juan Gómez Ramírez, alojado en un buzón de castigo por una falta que negaba haber cometido: el SPB lo acusaba de haberle encontrado una faca en su poder.
A fines de noviembre, la Defensoría General nicoleña recibió el llamado de un preso de la U3, de San Nicolás. Era Álvarez Centeno, que intentaba advertir que le habían encargado herir a Ganón. A los pocos días, otro interno recibió el encargo y desistió. El 1º de diciembre, Álvarez Centeno y Juan Gómez Ramírez denunciaron ante la fiscal Franca Padulo que les habían encomendado atacar a Ganón y presentaron unos bisturíes que les habían entregado para cumplir con el encargo. Ambos apuntaban contra el mismo oficial (de apellido Roselli) señalado en la denuncia anterior. Padulo abrió la causa 108.311.
En Nochebuena, Gómez Ramírez fue testigo de una golpiza generalizada encabezada por Roselli, y de cómo disparaban contra un preso mal visto por la oficialidad. El Día de los Inocentes el propio Ramírez supo que denunciar un trabajito tiene sus costos en negro. El mismo lo declaró en otra denuncia: "Escuché cuando me estaba bañando ‘ahora, ahora' y siento un golpe en la cabeza con algo de goma y caigo al piso". Lo patearon, lo llevaron a una oficina "donde me esposan a la silla y empiezan a golpearme. Después uno de ellos me pone una bola en la cabeza y la cierran mientras me siguen golpeando. Me empieza a sangrar la nariz y entonces me sueltan y siento que me inyectan algo en el brazo. Quedé dormido como 24 horas. Cuando me despierto me llevan de nuevo a la oficina, me vuelven a golpear y me inyectan plancha. Después me dijeron que no dijera nada porque me mataban".
El 25 de marzo pasado, Ramírez se encontraba encerrado por protección en la celda 18 del pabellón 1 de Campana 21. Ese mismo día, por la tarde, las agencias noticiosas repetían la información provista por las autoridades: "Un preso murió al ser atacado por otro convicto con una faca". Según esa información, el hecho se produjo alrededor de las 7 de la mañana de ese domingo y fue consumado por un solo preso que "ya fue identificado".
Lo curioso en sí mismo de la información provista es un agravante de la ya de por sí muy seria gravedad del asunto: a las 7 de la mañana todas las celdas deben estar cerradas. Con lo que ningún preso podría circular sin autorización. Mucho menos entrar a una celda ajena y cerrada por fuera. O le entregaron la llave o no era un preso.

3 de abril de 2007
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torturador, nazi y amigo de aldo rico


Nabo barreiro integro el comando de operaciones en La Perla.
Represor de oscuro pasado, sólo conocido por sus víctimas del centro clandestino de detención conocido como La Perla por sus proclamas nazis durante las sesiones de tortura, el ex mayor Ernesto Guillermo ‘Nabo' Barreiro ganó fama cuando en abril del '87 anunció que no se presentaría a declarar en la Cámara Federal de Córdoba para responder a los cargos que pesaban sobre él en una causa en la que se investigaba la muerte de 28 detenidos en la cárcel provincial. Su actitud, urdida con un grupo de cómplices, detonó el levantamiento carapintada del entonces teniente coronel Aldo Rico y sus secuaces en Campo de Mayo de Semana Santa. De aquel Nabo al de hoy, persiste su aversión a presentarse en Tribunales para responder por aquello de que se jactaba a voz en cuello según numerosos testimonios de sus víctimas de las sesiones de tortura.
Después del represor Luciano Benjamín Menéndez, Barreiro reúne los cargos más graves en la causa abierta por los crímenes cometidos en La Perla, a pocos kilómetros de Córdoba capital. Egresado del Colegio Militar de la Nación como subteniente del arma de Infantería en 1966, Barreiro fue oficial de Inteligencia e integró los ‘Comandos Especiales' que operaban en aquel campo clandestino de detención durante la última dictadura militar. Allí, llegó a ser responsable del grupo de ‘Interrogadores' del CCD. De porte nacionalista y antisemita, este represor se preciaba por su fidelidad a la doctrina nazi.
Según la denuncia que realizó el CELS en su momento, Barreiro era un gran vanidoso. Creía que, sin que ellos se dieran cuenta, podía manejar a Menéndez y a cualquier otro de sus superiores. Hablaba de "la elite de los inteligentes", sintiéndose él parte de ese grupo. Tenía la ambición de integrar un partido político militar que se mostrara como la continuación natural de la dictadura, una ilusión que compartía con sus camaradas de la joven oficialidad que encabezaba el capitán Von Diedrich. Según ellos, Jorge Rafael Videla era "un blando" y entre ellos idearon los primeros volantes de Famus (la agrupación pro dictadura que reunía a los "familiares de las víctimas de la subversión") y de los grupos ultraintegristas Falange de la Fe y Tradición, Familia y Propiedad.
En La Perla tenía cuatro alias: ‘Nabo' –el más conocido–, ‘Hernández', ‘Rubio' o ‘Gringo'. Las causas en su contra son muchas. Se lo señaló como responsable directo del secuestro de la embarazada Rita de Spíndola, de la captura y asesinato de Oscar Lineira, de la tortura y muerte de César Soria y María Luz Mugica, por nombrar algunos casos. La causa por la que se negó a declarar frente a la Cámara Federal era "Fermín Rivero y otros", que estaba referida a la muerte de 28 detenidos en la cárcel de Córdoba. Luego de la Semana Santa del '87, Barreiro se presentó a declarar y quedó en libertad, beneficiado por la ley de Obediencia Debida. La anulación de la ley lo dejó sin protección.

2 de abril de 2007
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semana santa tras las rejas


Interpol atrapó al prófugo Nabo Barreiro en Estados Unidos.
En el '87 detonó la asonada carapintada de Aldo Rico. Hacía dos años que estaba prófugo de la Justicia argentina. Interpol lo localizó ayer en Virginia, Estados Unidos. Podrían deportarlo por haber mentido en su declaración al ingresar a ese país.
Los sobrevivientes de La Perla lo recuerdan como ‘El Nabo' o ‘Hernández', un duro capaz de los más sádicos azotamientos como castigar hasta la muerte a un detenido. Entre 1976 y 1979 estuvo a cargo de los interrogatorios del principal centro clandestino del interior del país y en 1987, mientras lo cercaban las acusaciones de los primeros juicios, desencadenó la sublevación de los militares carapintadas de Semana Santa. Desde hace dos años Ernesto Barreiro estaba prófugo. A pedido de la Justicia argentina, Interpol acaba de localizarlo en la ciudad norteamericana de Virginia donde permanecía con una "visa comercial". En este momento está detenido. La fiscal cordobesa Graciela López de Filoñiuk, a cargo de la causa por la desaparición del estudiante Diego Hunziker, de 17 años, acaba de iniciar además el trámite de extradición. Según fuentes del gobierno, Estados Unidos podría deportarlo por haber declarado que no tenía causas penales pendientes cuando ingresó al país.
"La detención de Barreiro para nosotros tiene una importancia muy grande –explicó anoche la fiscal–, porque dentro de la causa Hunziker es la única persona que hasta ahora permanecía prófuga. Junto a José Arnoldo López eran los prófugos de la causa; a él lo localizamos a los meses y ahora tenemos que esperar el resultado del juicio de extradición."
Diego Raúl Hunziker era un estudiante de la escuela Monserrat de la provincia de Córdoba. Lo secuestraron el 13 de septiembre de 1977 y lo llevaron a la llamada Casa Hidráulica, donde lo torturaron, y posteriormente lo llevaron a La Perla, el centro clandestino más importante del interior del país. De acuerdo con los datos que durante estos años pudieron recoger sus familiares representados por los abogados Martín Fresneda y Claudio Arofz, su cuerpo salió de ahí a través del "operativo ventilador".
"Los militares lo llamaban así cuando mataban a la gente dentro de La Perla, y simulando un enfrentamiento lo dejaban tirado en algún lugar para justificar con la propaganda que habían abatido a la subversión", dice Fresneda. Los restos de Diego fueron enterrados como NN en el cementerio de San Vicente de Córdoba, pero sus familiares nunca lo pudieron recuperar. Su cuerpo es uno de los que aparece en 1985 entre la primera excavación que se hace en el lugar, pero también es uno de los incinerados en las 33 bolsas que ordenaron quemar. "O sea –dice Fresneda–, no lo vamos a encontrar más."
Por su desaparición y muerte fueron denunciados diez represores, entre ellos Luciano Benjamín Menéndez como responsable del III Cuerpo del Ejército, y también Barreiro, aunque la primera vez que fue convocado por la Justicia no fue por este caso sino por un pedido de la Cámara Federal de Córdoba en la megacausa Menéndez unificada en 1987. La Justicia lo convocó para una indagatoria que él rechazó a un año de la vigencia la ley de Punto Final que daba un margen de 60 a 90 días a los jueces para iniciar las causas penales contra los militares. Aquella posición de Barreiro desencadenó los levantamientos de Semana Santa.
Para quienes llevaban adelante las causas, Barreiro era un conocido torturador, jefe de La Perla durante un período y nombrado por todos los testigos sobrevivientes del centro clandestino como responsable de las torturas y flagelos en el interior. En la causa Hunziker aparece como responsable de privación ilegal de la libertad, torturas, tormentos y homicidios agravados con otros diez represores.
Hace dos años, la jueza Cristina Garzón de Lascano le dictó la orden de captura. Según los datos de los querellantes, Barreiro salió del país "días antes" de que la jueza firmase la orden de captura, como si alguien le hubiese avisado con anticipación. Entró en Estados Unidos con una visa "comercial" y de acuerdo a los datos en manos de Cancillería se alojó en el estado de Virginia.
La fiscalía de Filoñiuk pedirá la extradición para indagarlo en una causa que está apelada y a la espera de una decisión de la Cámara de Casación. "Distinto a lo que sucede en países como Francia o Italia, acá no podemos hacerles juicio en ausencia", explicó. "Tengo que pedir la extradición para indagarlo." Si el juicio de extradición se demora, la fiscalía evalúa seguir adelante. "Se puede demorar, y entonces si es que baja alguna vez la causa de la Cámara de Casación lo mismo se puede iniciar el juicio oral por los que están procesados y luego cuando él llegue se lo juzga a él."

2 de abril de 2007
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