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cámara con diagnóstico reservado

mqh - 01 de abril de 2007 - 19:18 - argentina

[Victoria Ginzberg] El gobierno evalúa cambios en el funcionamiento de la Cámara de Casación.

Los fallos del plenario de la Casación ya no serán obligatorios. Además, se estudia ampliar el tribunal o directamente anularlo. De esta forma, el Poder Ejecutivo baraja las alternativas sobre la forma de introducir reformas en el tribunal cuestionado por paralizar los juicios contra los represores de la última dictadura.
El gobierno nacional está evaluando alternativas para modificar el funcionamiento de la Cámara de Casación. El viernes, la diputada kirchnerista Diana Conti presentó un proyecto para que las decisiones que tome ese tribunal en los plenarios no sean obligatorias para el resto de los jueces, algo que la Corte Suprema también dirá en un próximo fallo. Además, se está buscando la manera de acortar los plazos, o de hacerlos efectivos, para que los jueces no tengan todo el tiempo que deseen para resolver un planteo de las defensas o los querellantes. Las especulaciones que circularon esta semana entre funcionarios de alto nivel en la Casa Rosada incluyen, incluso, la posibilidad de anular la Cámara de Casación y hacer que la Cámara del Crimen y la Cámara Federal ocupen el rol de revisoras de los procesos orales.
En 1992, cuando se creó, la Cámara de Casación –el segundo tribunal de importancia del país, luego de la Corte Suprema– fue pensado como el órgano que fijaría la jurisprudencia en materia penal. Por eso mismo, se especificó que las decisiones que tomaran en plenario –todos los integrantes de la Cámara– fueran de aplicación obligatoria para los Tribunales Orales, Cámaras de Apelaciones y "todo órgano jurisdiccional que dependa de ella", sin perjuicio de que los jueces que no compartan el criterio dejaran a salvo su opinión personal.
El proyecto que Conti presentó el viernes señala que esa medida afecta la independencia judicial y viola la garantía del juez natural. Pero además, está inspirado en que el tribunal no cumplió el objetivo que le fue encomendado. Fueron pocos los fallos plenarios y también fue poco el ‘acatamiento' de los juzgados de instrucción o los tribunales orales. Pero, en concreto, la iniciativa de la diputada kirchnerista e integrante del Consejo de la Magistratura resta importancia al tribunal cuestionado por demorar los juicios contra los represores de la última dictadura.
La propia Corte Suprema está preparando un fallo en ese mismo sentido. La resolución se referirá específicamente a la probation. Según Casación, no puede suspenderse un juicio a cambio de tareas comunitarias cuando la pena del delito puede superar los tres años, pero en la práctica se utiliza un concepto menos rígido. Para respaldar la metodología que usan la mayoría de los jueces de los tribunales orales, la Corte declararía inconstitucional la obligatoriedad de acatar los plenarios de Casación.
Además de la iniciativa de Conti, el Gobierno está interesado en introducir otros cambios en el funcionamiento de la Justicia y en particular de Casación. Esta semana se comentó en la Casa Rosada un proyecto para ampliar la Cámara de Casación, pensado por el procurador ante la Corte Suprema Luis González Warcalde y los ministros de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni y Ricardo Lorenzetti. La propuesta implicaba que las salas de la Cámara del Crimen tuvieran el mismo rango y función que las de Casación. La idea no prosperó. En el gobierno creen que no soluciona el problema de fondo y desconfían de algunos jueces de la Cámara del Crimen.
Existe otra idea más radical que implica directamente eliminar la Cámara de Casación y que la Cámara Federal o la Cámara del Crimen actúen como instancia de apelación de las sentencias de los tribunales orales. El problema de esa medida es que habría que evitar que los mismos jueces que revisaron un expediente en la etapa de instrucción sean los que evalúen la sentencia.
Los tiempos que maneja Casación –y la Justicia en general– también son motivos de preocupación. Actualmente esa Cámara no tiene plazo para expedirse sobre los planteos que recibe. El objetivo es que no pueda haber expedientes durante tres años en un tribunal sin solución –como ocurre actualmente y fue uno de los motivos de la denuncia de los familiares de desaparecidos– sino que haya alguna forma de punición o consecuencia para los funcionarios que demoren investigaciones complejas por dilatar la resolución de un incidente.
De prosperar, estos cambios serían incluidos en la reforma de los procedimientos penales en la que está trabajando una comisión en el ministerio de Justicia. El objetivo de este grupo de especialistas convocados por Alberto Iribarne es elaborar dos anteproyectos de leyes: una sobre el Código Procesal Penal de la Nación y otra de organización judicial. Además, propondrá reformas a la ley orgánica del Ministerio Público. La Cámara de Casación no estaba en la agenda de esta comisión, pero los acontecimientos de esta semana podrían hacer que el tema se colara. Algo de eso se habló el miércoles en la Casa Rosada, luego de que el presidente Néstor Kirchner defendiera desde el atril las críticas que había hecho al tribunal cuestionado por organismos de derechos humanos.
La polémica sobre el funcionamiento de la Cámara de Casación se convirtió en el principal tema político de la semana. El sábado, frente al centro clandestino de detención La Perla, Kirchner criticó a los integrantes de ese tribunal por demorar los juicios contra los represores de la última dictadura. El reclamo para que el Consejo de la Magistratura avance en la destitución de los jueces, sumado al coro de funcionarios que se alinearon con los dichos del presidente provocó críticas en el ámbito judicial y en la oposición. El presidente de la Cámara de Casación, Alfredo Bisordi, dijo que no pensaba renunciar y la Corte Suprema difundió un comunicado en el que pedía "mesura y respeto", aunque sus integrantes dejaban trascender que no pretendían defender a los jueces cuestionados. El jueves, Bisordi pidió licencia.
Esa multiplicación de declaraciones y respuestas sacó de escena la denuncia realizada ante el Consejo de la Magistratura: el 19 de marzo 61 sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo reclamaron ante el Consejo de la Magistratura la destitución de los jueces Gustavo Hornos, Ana María Capoluppo de Durañona y Vedia, Eduardo Riggi y Bisordi. La presentación destacaba que la Cámara de Casación cambió sus propios criterios "para favorecer a los imputados" por crímenes cometidos durante la última dictadura. Es decir que el tribunal había cambiado su criterio restrictivo sobre las excarcelaciones por uno más flexible para favorecer que los acusados en estas causas pudieran recuperar la libertad. Esta conducta se completaba con la demora y paralización de expedientes. Una actualización del relevamiento realizado en la Procuración General de la Nación arrojó que actualmente hay 201 recursos relacionados con causas sobre violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura: 27 están en la sala I, 36 en la II, 33 en la III y 105 en la IV. Algunos de ellos llevan más de tres años sin resolución, como una presentación realizada por el represor Raúl Scheller, que impide la llegada de la causa ESMA a juicio oral y que fue reactivada esta semana, después de la denuncia y la polémica.

1 de abril de 2007
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centro de torturas y esclavitud

mqh - 31 de marzo de 2007 - 18:11 - argentina

[Carlos Rodríguez] Descubren una textil ilegal en el lugar donde funcionó Automotores Orletti.

Inspectores del gobierno porteño clausuraron un taller en Floresta donde vivían y trabajaban en condiciones infrahumanas unos veinte ciudadanos bolivianos. En ese mismo lugar funcionó el centro clandestino de detención y tortura montado por Aníbal Gordon.
El edificio de Venancio Flores 3519/3521 bien podría estar en Transilvania y no a pocas cuadras de la estación Floresta del ex ferrocarril Sarmiento. Y su morador oculto debe ser un émulo del Conde Drácula. En tiempos de la dictadura, el lugar fue un centro clandestino de detención y tortura al que se conoció como Automotores Orletti, porque en su planta baja se encontraba un supuesto taller mecánico con ese nombre. En la planta alta, tal como se precisa en el Nunca Más, funcionaban "una sala de interrogatorios, otra de torturas y una terraza donde se colgaba la ropa a secar". Anoche, en esa misma planta alta a la que se accede por el 3521 de la calle, que corre paralela a las vías, el gobierno porteño clausuró un taller, obviamente clandestino, en el cual la tortura tenía la forma de 'trabajo'. Las víctimas, que en los años de plomo fueron de nacionalidad uruguaya –en su gran mayoría–, eran esta vez unos 20 ciudadanos bolivianos, entre trabajadores explotados y sus hijos: dos adolescentes, dos niños y un bebé. Además de trabajar de 7 a 23 por un sueldo miserable, los obreros vivían en el mismo lugar, en condiciones insalubres. Prueba de ello era la ropa que anoche estaba tendida, en la misma terraza descripta en el Nunca Más.
Para completar la renovada historia de terror, el operativo a cargo de inspectores de la Dirección General de Protección del Trabajo, que depende de la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno porteño, se realizó al cumplirse un año de la tragedia ocurrida en otro taller clandestino que funcionaba en Luis Viale 1261, donde seis personas murieron en un incendio. El procedimiento de anoche fue encabezado por el subsecretario de Trabajo, Ariel Lieutier, y también concurrió el ministro de Producción del Gobierno de la ciudad, Enrique Rodríguez. El subsecretario explicó a Página/12 que la intervención se decidió "sobre la marcha", luego de haber recibido, ayer por la tarde, "una denuncia muy detallada sobre las actividades ilegales que se realizarían en este lugar". La mayoría de los datos fueron confirmados durante la inspección realizada anoche.
Este diario llegó al lugar del operativo sobre el filo de las 19 y pudo observar el extraño movimiento realizado por los ocupantes del patrullero 1188 de la comisaría 50ª, que tiene jurisdicción en la zona. Uno de los uniformados se bajó y llamó por el portero eléctrico correspondiente a la planta alta del edificio de Venancio Flores. "Ya vienen", fue la frase que se pudo escuchar y que también oyeron dos miembros de la Cooperativa La Alameda, que preside Gustavo Vera, quien encabezó un 'escrache' que se realizó anoche en el lugar, en coincidencia con la inspección que terminó con la clausura de esa parte del edificio de la triste fama.
El mismo patrullero, minutos más tarde, volvió a pasar dos veces por el frente de la vieja casona y, cuando la calle se llenó de manifestantes, dejó de hacerlo. Consultado por este diario, el subsecretario Lieutier dijo respecto de la curiosa performance policial: "En casos como éstos, nunca avisamos a la comisaría correspondiente, por precaución, para que no haya filtraciones que hagan fracasar el operativo". A pesar del aviso, los ocupantes de la planta alta –trabajadores y patrones– no tuvieron tiempo de ocultar nada porque los inspectores llegaron a los pocos minutos. El lugar, que fue clausurado, está compuesto por cinco habitaciones y una cocina. Todas las puertas, como en los tiempos de la dictadura, conservan todavía barrotes de hierro, igual que una cárcel.
El aparente dueño del taller clandestino, de nombre Roger y de nacionalidad boliviana, como los trabajadores explotados, aseguró durante la inspección que las puertas de barrotes "nunca están cerradas". De acuerdo con la información que se pudo conocer al cierre de esta edición, los responsables del lugar son el mencionado Roger y una mujer, también boliviana, llamada Graciela Quispe. En el lugar trabajaban al menos 12 personas, todas llegadas de Bolivia. Dionisio, uno de los empleados del lugar, le dijo a este diario que trabajaba allí desde hacía dos meses, junto con su esposa. Ambos tienen 39 años y dos hijos, de 14 y 15 años, que vivían con ellos en el mismo lugar donde trabajaban.
En tres de los ambientes más grandes del local se encontraron más de diez máquinas de coser. Esos serían los lugares donde se trabajaba, de 7 a 23, de lunes a viernes, y mediodía los sábados. Los trabajadores tenían un solo descanso diario, de una hora, al mediodía, para comer. Dionisio dijo que le pagaban "sesenta centavos por cada prenda" terminada. A fin de mes, el matrimonio reunía en conjunto unos 800 pesos. Con sus dos hijos dormían en la misma pieza, que tenía una sola cama de dos plazas. "Nos turnábamos: una vez dormíamos con mi esposa en la cama y al otro día, dormíamos en el suelo, a veces sin colchón."
De acuerdo con la información reunida en el lugar y que ahora se tiene que corroborar, en el taller clandestino se confeccionaban pantalones, camisas, polleras y camperas para la marca Modas Lim, cuyo propietario sería un ciudadano coreano llamado Lim Hyunuk. "En el taller trabajábamos sólo yo y mi mujer. Mis hijos, un varón y una mujer, van a estudiar, uno al secundario y otro al primario. También vivían en la misma casa, además de los que trabajábamos, otros dos chicos de unos 10 o 12 años, y un bebé de meses", precisó Dionisio durante su diálogo con Página/12. El hombre confirmó que llegó a la Argentina hace dos años "convocado por algunos connacionales míos, para trabajar en estos talleres". Antes de ingresar al taller de Venancio Flores 3521, el matrimonio trabajó un largo tiempo en otro local ubicado sobre la misma calle, en el cruce con Campana.
Cuando ya se estaba realizando el operativo a cargo de los inspectores enviados por el gobierno porteño, dos mujeres que por sus rasgos parecían ser de nacionalidad boliviana ingresaron al local del 3521 y le negaron a este diario que allí funcionara un taller de costura. Los funcionarios creen que en esa zona del barrio de Floresta hay "varios talleres de este tipo, que se han ido mudando después de la movilización que se produjo a partir de la tragedia" ocurrida hace un año en la casa de Luis Viale 1269/1271, hoy abandonada, donde murieron, a raíz de un incendio, dos adultos y cuatro niños, todos oriundos de Bolivia.
"Además de las puertas de rejas, de las máquinas y las camas amontonadas donde tenían que dormir los trabajadores, en la planta alta había gran cantidad de material inflamable y no se observaba la existencia de medidas de seguridad frente a un eventual incendio", comentó uno de los funcionarios que participó de la inspección. Dionisio confirmó que las puertas enrejadas estaban abiertas, pero sostuvo: "Muchas veces nos prohibían salir a la terraza". Anoche, a pesar de la humedad y la amenaza de lluvia permanente de estos días, la soga estaba repleta de ropa, muchas de ellas pertenecientes a niños y bebés.
En la planta baja del edificio, en la entrada por el 3519, sigue funcionando un taller mecánico que se mantuvo ajeno al operativo. No bien llegaron los inspectores y los manifestantes que hicieron el "escrache", la cortina de hierro del taller, cuyo sonido recordaron en sus testimonios los sobrevivientes de Orletti, se cerró tan rápido como la cueva de Alí Babá. Para corroborar que el horror sigue vigente, una parte de la propiedad sigue estando a nombre de Santiago Cortell, el mismo que firmaba el contrato de alquiler cuando los dueños de la vida y la muerte en ese sitio eran Felipe Salvador Silva, nombre de cobertura del parapolicial Aníbal Gordon, y el general Otto Carlos Paladino, ex jefe de la SIDE durante la dictadura de Jorge Rafael Videla.

31 de marzo de 2007
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banda con buenos contactos

mqh - 31 de marzo de 2007 - 17:49 - argentina

[Raúl Kollmann] Trece presos por el secuestro de Hernan Iannone. Es el caso difundido por Blumberg en pleno secuestro. El joven reconoció el lugar de detención. También se secuestró dinero.

Los investigadores del secuestro de Hernán Iannone, con el fiscal Paul Starc a la cabeza, detuvieron esta semana a 13 personas relacionadas con el caso y detectaron el lugar donde el joven estuvo cautivo. El propio Iannone reconoció la habitación en la que lo tuvieron 26 días. En la vivienda del jefe de ese grupo, ubicada en Pilar, se encontró dinero en efectivo y anoche se verificaba si la numeración se corresponde con la de los billetes que conformaron los 300.000 pesos que se pagaron de rescate. Hasta el momento, parece claro que hubo un entregador, que todavía no está preso. Ese individuo ‘marcó' a Iannone porque conocía las fuertes sumas que cobraba Luis, el padre de Hernán, del municipio de José C. Paz. Mario Ishii, el intendente del distrito, tenía una estrecha relación con Luis y éste había conseguido jugosos contratos al punto de que uno de los secuestradores le dijo por teléfono: "¿Cómo que no tenés plata? Si acabás de cobrar un millón de la intendencia".
El secuestro de Iannone llamó la atención porque prácticamente habían desaparecido los secuestros de muchos días y, en cambio, los que subsistían eran los secuestros express, de unas pocas horas. De hecho, el de Iannone fue el último secuestro largo que se registró en el país. Alrededor del fiscal Starc se mantiene un férreo hermetismo sobre las conexiones políticas del caso. De entrada fue detenido Salvador 'El Loco' Jorge, un matón ligado al intendente, y a quien se vio en un Ford Focus idéntico al que se usó en el secuestro. Sin embargo, Jorge fue puesto en libertad antes de fin de año. Entre los detenidos de esta semana no se registra ninguna conexión política y hay mutismo respecto de los vínculos que podría haber con Jorge o con cualquier otra persona de la intendencia. Sólo uno de los apresados vive en José C. Paz, el resto es de Grand Bourg y de Tortuguitas.
La fiscalía y la Subsecretaría de Investigaciones del Ministerio de Seguridad, que está a cargo de Roberto Vázquez, sí dan como absolutamente probado que Iannone estuvo en una de las casas allanadas, en la calle Cuzco, de Grand Bourg. El joven fue llevado allí y, pese a que durante su cautiverio le mantuvieron la cabeza tapada con un pantalón puesto al revés, pudo reconocer parte de las baldozas y distintas partes de la habitación del fondo de la vivienda. Además, allí se recibía perfectamente la FM que le hacían escuchar, se percibían perfectamente los ruidos que él escuchaba durante su cautiverio y se encontraron los dos perros que él en su momento declaró que estaban en la casa.
El centro de la investigación estuvo en las comunicaciones. Desde diciembre está detenido un sujeto al que se le imputa haber llevado adelante las negociaciones con Luis Iannone e incluso se le secuestró el celular usado en las tratativas. El entramado de las llamadas desde algunos celulares con ese individuo, mediante el procesamiento a través de dos sistemas de investigación criminal, el I2 y el VAIC, llevó a los allanamientos. En total, se secuestraron ahora otros 40 celulares y se espera que a partir de un nuevo análisis de las comunicaciones se consiga dar con los jefes de la banda, ya que los detenidos están más relacionados con el traslado y el cautiverio de Hernán que con el núcleo que lo secuestró y cobró la mayor parte del rescate.
El secuestro de Iannone estuvo en el centro de las polémicas y Juan Carlos Blumberg fue el que develó el caso cuando Hernán aún estaba en poder de los captores. Eso produjo un fuerte debate con la mayoría de los especialistas que sostenían que un secuestro debe manejarse con absoluta reserva hasta conseguir la libertad de la víctima. El otro aspecto notorio del caso Iannone es que dos oficiales de la Bonaerense intentaron quedarse con 47.000 pesos del rescate. El comisionado Oscar Giles y el capitán Gustavo Espósito, máximos responsables de la Departamental de San Martín, fueron declarados prescindibles a raíz de ese hecho.
Hernán Iannone fue secuestrado el 16 de noviembre y provocó una enorme conmoción, aunque el caso tenía, desde el principio, aristas extrañas. El padre del joven exhibía un crecimiento económico espectacular en un breve período. Algunos hablaban de contratos privilegiados entre la intendencia y el aserradero de Iannone y otros mencionaban los viajes desde Misiones de los camiones del padre del secuestrado. En ese marco, no quedaba claro si detrás del secuestro había una especie de ajuste de cuentas o si alguien cercano a la intendencia le pasó el dato a una banda de delincuentes comunes. Tal vez las detenciones de esta semana permitan sacar conclusiones sobre esos aspectos extraños de aquel secuestro.

31 de marzo de 2007
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montaje de motín para matar

mqh - 27 de marzo de 2007 - 01:20 - argentina

[Horacio Cecchi] Un penal con zona liberada. Crímenes y corrupción en la cárcel de Corrientes.

El lunes asesinaron a hachazos y tiros al jefe de una banda que controlaba la U1. Un preso denuncia que se liberó la zona y que la guardia entregó un arma, facas y varias hachas.
Un motín carcelario que no fue motín sino zona liberada para asesinar a tres internos fue denunciado por un preso de la cárcel de Corrientes que ahora tiene protección especial: de noche duerme en una comisaría y de día lo regresan al penal. El preso, Fernando Arrúa, tiene motivos justificados para temer por su vida después de revelar a la Justicia cómo se diseñó la revuelta ocurrida el 19 de marzo pasado para dar muerte a otros tres presos, uno de los cuales, Ramón María "Arnold" Centurión, era uno de los chapas más chapas del penal. La muerte de Arnold fue el resultado de una lucha interna con el Monchi Tuama para dirimir quién controlaba los negocios, con los auspicios de la corrupción interna del servicio. Cinco días antes, el propio Arnold había atacado a Tuama sin éxito. Las revelaciones de Arrúa sostienen que Arnold, Huevo Frito Ramírez y Samuel Céspedes murieron acuchillados con facas y baleados por una pistola entregada por un oficial, en medio de una gigantesca batahola que se produjo con la venia de las autoridades. Arnold y su victimario Tuama habían formado parte de la misma banda que en noviembre de 2004 asesinó, de la misma manera, a Carlos Soto, quien no sólo era dueño de los negocios internos, de las salidas para robar, del reparto de droga y alcohol y de buena parte de las bailantas de la ciudad capital: además, tenía tanto dinero que era el prestamista habitual de los guardias de bolsillos magros.
La unidad 1 de Corrientes, ubicada sobre la cabecera del puente General Belgrano que cruza a Resistencia, es un edificio de más de cien años, con capacidad para 180 internos y con 460 alojados en la actualidad. Los presos, arrumbados entre tanto ladrillo viejo, resultan además clientes cautivos de la corrupción penitenciaria. Hasta noviembre de 2004, la cárcel estaba controlada por Carlos Soto, quien además de manejar las bailantas de la ciudad, tenía fondos suficientes para hacer de prestamista de presos y guardiacárceles. Semejante jerarquía no se obtiene sin protección superior. Y duró hasta que se enemistó con las autoridades por alguna devolución mal pagada o no retribuida hacia arriba. En la cárcel los créditos tienen como hipoteca la propia existencia. Y Soto pagó con su vida. En aquella oportunidad, Arnold Centurión y el Monchi Tuama fueron las cabezas visibles de un motín dirigido a asesinarlo y a arrancarle el poder con la venia de los penitenciarios.
Muerto el rey, Arnold pasó a controlar sus negocios en el pabellón de máxima seguridad y Tuama controló el pabellón 1.
El 14 de marzo, Centurión bajó con un grupo y atacó a Tuama. En la pelea, Tuama zafó. El 19 vino la vendeta. Según las autoridades del penal, todo consistió en una "refriega entre bandas, una cuestión delictiva". El fiscal de instrucción 3, Gustavo Schmidt, seguía la línea del conflicto entre bandas y no avanzó sobre la corrupción penitenciaria. Pero el martes 20, los presos del penal lanzaron una huelga de hambre generalizada para que se profundizara la investigación.
El jueves, Arrúa declaró ante el fiscal general adjunto Jorge Semhan, durante tres horas, luego de que le aseguraran garantías para su vida. Dijo que no se trató de un motín sino de una refriega entre bandas en la que la corrupción penitenciaria tenía intereses. Sostuvo que se organizó un complot entre guardias y presos para sacarse de encima a Centurión, y que el penal se transformó en una zona liberada. Aseguró que antes de que mataran a Centurión, a las 10 de la mañana del lunes, se realizó una requisa "tremenda" que quitó todas las facas en poder de los presos. Y que media hora más tarde, la guardia entregó facas, hachas, armas blancas, dinero y una pistola calibre 38 a una decena de hombres de la banda de Tuama.
Arrúa acusó al guardia Saúl Gómez como quien proveyó el arma con que dispararon contra Arnold. También le asestaron un hachazo en el parietal derecho. En la pelea, en la que resultaron heridos diez presos, además de Arnold murió su segundo, José Oscar 'Huevo Frito' Ramírez, quien sufrió varios puntazos, y le abrieron la cabeza de un hachazo hasta el cuello. Otro de la banda de Arnold, Samuel Antonio Céspedes, fue gravemente herido e internado en el hospital Vidal de la capital correntina, pero murió el sábado.
El mismo sábado, una resolución de la Jefatura del SPC, que está intervenido, pasó a disponibilidad a siete penitenciarios y la guardia del día en que se produjo el motín que no fue motín. Los nombres de los uniformados no fueron distribuidos a la prensa, pero sí la necesaria aclaración de las autoridades de que la disponibilidad "de ninguna manera significa que se los acuse de nada sino que se realiza para facilitar la investigación de la Justicia".
Desde entonces, los presos del penal siguen en huelga de hambre, y Arrúa, el denunciante, durmiendo en una comisaría y llevado de vuelta, durante el día, a la unidad de sus denunciados.

26 de marzo de 2007
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cómo se enriquecieron los represores

mqh - 27 de marzo de 2007 - 00:24 - argentina

[Irina Hauser] Investigan los saqueos, chantajes y robos del Primer Cuerpo de Ejercito.

La Justicia está descubriendo los vastos negocios de la represión ilegal, que iban del saqueo de casas a la cesión de inmuebles bajo tortura y la creación de empresas fantasma para blanquear dinero y reciclar campos. Según el fiscal de la causa, es la "mercantilización de la muerte".
En silencio, con meticulosidad, la investigación sobre los crímenes cometidos en la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura avanza en una nueva línea. El fiscal Federico Delgado analiza la utilización de una decena de empresas de seguridad manejadas por represores para el robo de bienes de desaparecidos, el lavado del dinero que les robaban y el secuestro extorsivo de empresarios. También detectó la posible apropiación de un inmueble que pertenecía a un grupo de militantes uruguayos secuestrados en el centro clandestino Automotores Orletti y la compra, con plata de los detenidos, de otros dos edificios: los tres lugares fueron destinados para uso de la SIDE. Son sólo algunos ejemplos de lo que Delgado llama, en un dictamen preliminar, "la mercantilización del terror" o "la dimensión económica" del plan represivo.
Hasta ahora, sólo la megacausa sobre los crímenes cometidos en la ESMA había avanzado en el esclarecimiento de varios casos de robo y desapoderamiento de bienes de desaparecidos. Siete marinos e incluso el hijo del dictador Emilio Massera fueron responsabilizados hace más de cinco años por la apropiación –a través de una cadena de sociedades ficticias– de valiosas tierras de Chacras de Coria que pertenecían al empresario Victorio Cerutti, el contador Horacio Palma y el abogado Conrado Gómez. Tiempo después, el juez Sergio Torres abrió directamente una nueva causa sobre el despojo de sus pertenencias a las víctimas de la dictadura. Algunos detenidos fueron obligados a transferir su casa o a firmar poderes para entregar departamentos.
El expediente sobre el Primer Cuerpo de Ejército, que está a cargo del juez Daniel Rafecas y del fiscal Delgado, abarca los secuestros y desapariciones en varios campos de concentración como Orletti, El Atlético, El Banco, El Vesubio y El Olimpo, incluye casos de La Pampa y de la provincia de Buenos Aires. Hasta ahora hay 63 imputados en todas estas causas, de los cuales cerca de 40 están detenidos, y hay 14 excarcelados.
Cuando pidió, algunos meses atrás, ampliar esta investigación a su faceta económica, Delgado planteó un esquema teórico como punto de partida. Señaló que mientras en un "nivel macro" se desplegó un plan criminal "con el objetivo de despolitizar" y sentar "un nuevo patrón de acumulación", a "nivel micro el terror se tradujo en una licencia para delinquir para quienes eran parte del régimen de manera concomitante con la represión".

Plata, Joyas, Inmuebles
El fiscal sostiene que con sólo mirar algunas causas que tramitaron como delitos comunes se llega a advertir –por empezar– un entramado de agencias de seguridad que operaron durante la dictadura, con participación en muchos casos de agentes de inteligencia, de diferentes maneras: hacían inteligencia ‘paralela', investigaciones financieras, implementaban secuestros, se encargaban del arrebato de bienes de los desaparecidos y servían de fachada para hacer distintos negocios con el dinero o las cosas que sustraían.
Una de las hipótesis de la fiscalía es que la empresa Magister Seguridad Integral SRL fue creada para "incorporar el dinero producido de los bienes de los que fueron despojadas las víctimas" de Orletti, que se repartía bajo supervisión del ex agente Aníbal Gordon y con ayuda de un contador de apellido Benítez. El general Otto Paladino, jefe de la SIDE y de aquel centro clandestino de Flores, dirigía Magister. Mientras estuvo en la central de espías evitó aparecer oficialmente en la sociedad, pero figuraban su esposa, su hija y varios miembros de la banda de Gordon, entre ellos Eduardo Ruffo, detenido el año pasado por 65 secuestros y desapariciones en Orletti, y César Enciso (yerno de Paladino).
Magister, en los papeles, ofrecía estudios económicos y de mercado, asesoramiento industrial, administración de empresas, seguridad y espionaje industrial. En la práctica, habría recibido y canalizado ‘el botín de guerra' –joyas, dinero, inmuebles– de Orletti, sede del Plan Cóndor en Buenos Aires. Buena parte de lo robado habría pertenecido, según investiga Delgado, a un grupo de uruguayos detenidos allí, que pertenecían al Partido para la Victoria del Pueblo (PVP).
Aquí es donde la pesquisa de la fiscalía se topa con la apropiación de inmuebles para uso de la SIDE. Ya recogió testimonios que indican que un grupo de detenidos de Orletti fue obligado a concretar una venta, con nombres falsos, de propiedades que había comprado el PVP en Buenos Aires. Ya se habría verificado que un edificio en la calle Juana Azurduy que utilizó la central de espías era de los militantes uruguayos. En otros casos, se habría utilizado dinero de esas personas para comprar una sede para la SIDE en la avenida Coronel Díaz y otra en La Plata, cuyos anteriores propietarios fallecieron. Al analizar las operaciones de compra-venta los investigadores encontraron como patrón común los tres inmuebles que el primer asiento de compra es de 1976. En dos de ellos la adquisición la realiza Osgra SRL, una empresa pantalla usada por la SIDE, que luego transfiere el bien a Timayu SA, que a la vez en 2003 le hace una donación al Estado.
Hay un cuarto edificio en la mira, en la calle Rawson: la SIDE le dice a la Justicia que no le pertenece, pero en el Registro de la Propiedad está a nombre del Estado nacional. Hay testimonios que indican que allí, con la fachada de una supuesta Agencia Noticiosa Argentina, funcionaba el GTE (Grupo de Tareas Exterior) del Batallón 601 de Inteligencia, que hacía tareas de inteligencia sobre extranjeros. A Gordon, de hecho, se le encontró una credencial de esa falsa agencia de noticias. Son indicios de que las actividades de inteligencia de todo tipo, incluso financiera, también se habrían plasmado por una vía estatal.
Delgado sospecha que en secuestros extorsivos que fueron juzgados como casos aislados, también pudieron estar detrás Magister y otras empresas. El mapa, que está en pleno estudio, incluye cerca de diez agencias. Una de ellas, llamada Sidip, pertenecía al ex agente de inteligencia luego vicecomodoro de la Fueza Aérea Schillizzi Moreno y tuvo entre sus miembros a Jorge Rizzaro, sobrino de Aníbal Gordon. Estaba instalada enfrente de la ESMA. En los inicios de la causa sobre la Triple A, fue allanada y se encontró un arsenal y algunas armas de lo más sofisticadas: por ejemplo, un cinturón que disparaba. Otra de las compañías del ramo bajo sospecha se llamaba Scorpio SA y, en teoría, estaba ligada al propio jefe del Primer Cuerpo de Ejército, el fallecido Carlos Guillermo Suárez Mason. Paradójicamente, Scorpio fue allanada en plena dictadura en el marco de un hábeas corpus. Se secuestraron armas y uniformes militares, pero ahí quedó todo.

Venta de Armas
Uno de los primeros datos que salió a la luz de la investigación de Delgado el año pasado fue la participación del ex titular del PAMI del menemismo, Víctor Alderete, como síndico de una empresa oficializada doce días después del comienzo de la guerra de Malvinas, algo que había revelado Página/12 en 1997. El emprendimiento, llamado SMC, pertenecía a Suárez Mason y al ex jefe de la policía bonaerense Ramón Camps. También aparecían como socios al vocero de Alfredo Yabrán, Wenceslao Bunge, su hermano Hernán Bunge y su socio y futuro proveedor de la obra social de jubilados, Roberto de Filippis. SMC tenía un registro amplio, difuso, de actividades. Entre ellas aparecía la compra y venta de frutos y de bienes de la industria metalúrgica. Todo apuntaría, sin embargo, a que se habría dedicado a la venta de armas.
El fiscal planteó profundizar la investigación sobre tráfico de armamento durante la dictadura y planteó, como una hipótesis en ese sentido, la relación entre secuestros extorsivos a grandes empresarios ya sea "con fines de enriquecimiento particular" como con posibles "intentos de solventar incursiones bélicas en el exterior y/o el acopio de armamentos" en Argentina. Como ejemplos, cita el secuestro en 1981 del banquero Carlos Koldobsky, que era dueño del Banco de San Miguel y administrador de Cambio América SA, con un pedido de rescate millonario a depositar en una cuenta en Suiza. También señala el secuestro de Fernando Combal, que era dueño de la financiera Finsur. En ambos casos intervino el ex agente Leandro Sánchez Reisse, del GTE, quien (para evitar su extradición) reveló detalles ante la Comisión de Relaciones Exteriores de Estados Unidos en 1987. Sánchez Reisse dijo también que junto con su socio Raúl Guglielminetti tenían en Miami dos firmas para triangular dinero y proveer armas: Argenshaw y Silver Dollar SA La segunda, también figuraría en Argentina.
Delgado advierte que, con este escenario de fondo, se creó la Conarepa, una especie de entidad de facto destinada a hacer investigaciones patrimoniales de los funcionarios del segundo gobierno peronista. Funcionaba por fuera del Poder Judicial, pero con facultades similares (como allanar), y basaba su accionar en la ley de subversión económica.
Estaba a cargo de representantes de las tres Fuerzas Armadas. Fue disuelta antes de entregar el mando al gobierno democrático, en 1983, después de haber confiscado bienes de todo tipo. Esto provocó que hubiera una avalancha de juicios al Estado. Una comisión liquidadora en el ámbito del ministerio de Economía debió encargarse del tema. Llegó a destinar más de 200 millones de dólares en indemnizaciones. Entre los bienes devueltos figuran la Casa de Gaspar Campos y la Residencia de Puerta de Hierro en Madrid, que fueron de Juan Domingo Perón y luego de Isabel. La fiscalía hace meses que pide los expedientes de la Conarepa, pero hasta ahora les dicen que nadie saben dónde están.
La reconstrucción de las piezas claves de la "mercantilización del terror" parece ser una tarea ardua y compleja. El fiscal, en principio, cree que a los delitos económicos del régimen dictatorial no se los puede equiparar con crímenes de lesa humanidad, pero se los puede perseguir penalmente. Busca establecer responsabilidades individuales, pero también institucionales. Habrá que ver si el paso del tiempo permite aplicar penas, y cuántos de los responsables todavía viven para ese entonces.
"Los hechos revelan que los funcionarios aprovecharon la represión para apropiarse de bienes de las víctimas para realizar los más variados emprendimientos", asegura la fiscalía. No hay dudas de que la represión ilegal y el robo fueron de la mano y que el aparato del Terrorismo de Estado inventó las herramientas "para asegurarse el éxito de sus acciones criminales".

Con la Venia de Pajarito
"Había que esperar la orden de él." "Sin orden de él nadie salía a robar." "Él" era el represor Guillermo Suárez Mason, jefe del Primer Cuerpo de Ejército, en el relato del gendarme Omar Torres durante el juicio al Turco Julián, en julio del año pasado. El robo de bienes de las víctimas de la dictadura era aceitado, planificado y se hacía de noche, al menos en el centro clandestino El Olimpo. Allí, relató Torres, acostumbraba cambiar la guardia con algún compañero "que quería estar ahí por los botines que salían a robar, querían estar ahí para llevarse algo". Torres se refirió, en otra causa, a cómo en varias oportunidades los asesinos se terminaban peleando por el "botín", allí donde mataban y saqueaban. Relató que eso ocurrió en el operativo donde fueron asesinados Lucía Adela Révora de De Pedro y Carlos Guillermo Fassano, que fueron llevados ya muertos al Olimpo. En la casa había 150.000 dólares, que los represores se disputaron en un enfrentamiento donde un principal terminó muerto y otros dos heridos. En los días posteriores, vaciaron la casa, en la calle Belén 335, en Floresta.

26 de marzo de 2007
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marcha por los derechos humanos

mqh - 25 de marzo de 2007 - 17:10 - argentina

[Werner Pertot] Masiva marcha de los organismos de derechos humanos a 31 años del golpe. Una plaza tomada por la memoria.

Con consignas de justicia por los crímenes del pasado, y pidiendo mayor protección a los testigos en los juicios y la aparición con vida de Julio López, la Plaza se llenó bajo el sol. Se leyó la ‘Carta abierta a la Junta Militar' de Walsh, se criticaron las amenazas recibidas esta semana y se terminó con un recital.
Y el ruido de los tambores abarcó la Avenida de Mayo. Y no hubo más silencio. Bajo el tronar de los bombos, miles de personas marcharon para conmemorar los 31 años del golpe de Estado y los 30 años del asesinato del periodista Rodolfo Walsh, cuya ‘Carta abierta a la Junta Militar' se leyó en la Plaza. Con los pañuelos blancos de las Madres y las Abuelas a la cabeza, reclamaron la aparición con vida de Julio López, mayor protección a los testigos y por las trabas en la Justicia para que avancen los juicios. "La Cámara de Casación perturba el accionar de los jueces. Opinan en el tiempo que se les ocurre", sostuvo la titular de Abuelas, Estela Carlotto, en sintonía con lo que planteó el presidente Néstor Kirchner en Córdoba.
A diferencia de aquel 24 de marzo de hace 31 años, el cielo derramó sol sobre la Avenida de Mayo, desde el Obelisco hasta la Plaza. Con pases coreográficos, unas cincuenta bailarinas vestidas de blanco y negro abrían la marcha. Detrás venían los tambores del grupo de percusión La Chilinga, seguidos por la extensa bandera con los rostros de los desaparecidos. La sostenían los miembros de los organismos de derechos humanos, que llevaron como consignas ‘30 mil desaparecidos presentes', ‘Contra la impunidad, juicio y castigo ya' y ‘Aparición con vida de Julio López'.
"Cuando ya no pensábamos que teníamos que salir a la calle con la consigna de aparición con vida, pasó lo de López. Pareciera que no se hace lo suficiente para encontrarlo. Fue equivocado que lo buscara la propia Bonaerense. Los organismos vamos a seguir pidiendo y pidiendo que aparezca", aseguró Nora Cortiñas, a la cabeza de la fila.
Cerca de ella, Alba Lanzillotto, de Abuelas, respondía a las amenazas que recibió cuando fue a dar una charla a una escuela esta semana. "Como ellos lavaban el cerebro, creen que toda la gente hace lo mismo", dijo Alba, quien también cuestionó al ex capellán de la Policía Bonaerense, Christian von Wernich –detenido por su participación en siete homicidios y 41 secuestros en la dictadura–, que se comparó con los primeros cristianos que eran arrojados por el César a los leones, como reveló ayer Página/12. "Lo de Von Wernich es una vergüenza. No entiende nada de cristianismo. El hubiera estado sentado con los emperadores, riéndose", rebatió.

Banderas de la Memoria
Seguían banderas de todos los colores: de sindicatos de la CTA, de asambleas barriales, organizaciones estudiantiles, del Movimiento Chicos del Pueblo con la consigna ‘El hambre es crimen', y hasta de la promoción ‘Carajo 72' del Colegio Nacional de Buenos Aires, que portaba una bandera blanca con los nombres de los desaparecidos de ese secundario.
"Y ya lo ve, y ya lo ve, es la gloriooooooosa Jotapé", coreaban las columnas kirchneristas, con banderas argentinas de Libres del Sur FTV, Barrios de Pie, Corriente Nacional y Popular, agrupación Héctor Cámpora y el Partido de la Victoria. Más atrás flameaban las banderas rojas del Partido Socialista y del Partido Intransigente.
"Como a los nazis, les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar", cantaban los militantes de Encuentro por la Democracia y la Equidad, el partido de Martín Sabbatella. Además del intendente de Morón, se pudo ver en la marcha al dirigente peronista Juan Carlos ‘Canca' Dante Gullo, al diputado Miguel Bonasso, a la titular del Inadi, María José ‘Droopy' Lubertino; al secretario general de la CTA, Hugo Yasky; al titular de Cascos Blancos, Gabriel Fuks; y al diputado Claudio Lozano.
Mezclados entre las columnas se sumaba mucha gente suelta con hijos, como Carina, una docente que llevó a la movilización a Emilia, de cuatro años, rubia como su madre. "Vino mucha gente, porque a pesar de ser un año más se agrava por la desaparición de López", indicó Carina. "Ella todavía mucho no entiende. Le dije que unos hombres malos mataron mucha gente. ¿No te conté?", le preguntó. Emilia miraba perpleja la manifestación, con sus cientos de tambores, lanzallamas, malabaristas y bailarines de murgas.
Las banderas incluían a un grupo de misioneros con pins que decían ‘Afectados por Yacyretá' y ambientalistas con carteles de ‘El Ceamse también es dictadura'. Incluso, sobre el final, ronroneaban los motores de una fila de motoqueros.
Las diversas columnas desembocaron en la Plaza, mientras los locutores leían la ‘Carta abierta a la Junta Militar', de Rodolfo Walsh. Mañana se cumplen 30 años del asesinato del escritor, que se conmemorarán con múltiples actividades. La lectura terminó con un fuerte: "¡Presente! ¡Ahora y siempre!". Poco antes de que empezara el acto, llegaron las Madres y Abuelas que participaron del acto en La Perla. "Fue otro hecho histórico, como la toma de la ESMA", señaló Carlotto. "Lo que me conmocionó fue la cantidad de jóvenes. En ese centro de horror, como fue la ESMA, cantaron el Himno Nacional. Yo me agarré de mi hijo (de la foto) y me puse a llorar", contó Taty Almeyda, de Madres - Línea Fundadora.
Subieron al palco representantes de los distintos organismos: Carlotto, Laura Conte, Mabel Gutiérrez (Familiares), Beatriz Luque (Hermanos),
Paula Maroni y Eduardo Nachman, de H.I.J.O.S. Juntos, leyeron el documento firmado por la APDH, Asociación Buena Memoria, CELS, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Serpaj, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, MEDH, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora e H.I.J.O.S., regional Capital.
Hicieron énfasis en las amenazas y en la desaparición del testigo del juicio a Miguel Etchecolatz. "Si se hubiera encarcelado en tiempo y forma a los culpables de los crímenes de lesa humanidad, Julio estaría con nosotros", leyeron y recibieron los aplausos de la multitud. Cerraron el acto Arbolito, Horacio Fontova y Javier Calamaro. Sobre la Plaza quedó resonando la última consigna que corearon los locutores: "Ahora, ahora, resulta indispensable: aparición con vida y castigo a los culpables".

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no a la complicidad judicial

mqh - 25 de marzo de 2007 - 17:02 - argentina

[Marta Dillon] Duro discurso de Kirchner en la recuperacion de La Perla. "Digo a la Justicia que ¡basta!"

El presidente le pidió directamente a la Cámara de Casación que dejara de demorar las causas de derechos humanos. El acto fue en el mayor campo clandestino de tortura que funcionó en el interior del país, recuperado a partir de ayer como espacio de memoria.
Si miles de cordobeses miraron al cielo ayer a la mañana como señalando la conjura de algún dios fascista, no es menos cierto que esa lluvia tenaz y abundante sirvió para que cada uno y cada una de los que resistieron su asedio de pie en el barrial en que se convirtió el predio de La Perla vivieran como una epopeya compartida la recuperación de ese centro clandestino de detención por el que pasaron al menos 2 mil detenidos-desaparecidos. Empapado, los ojos hinchados y el traje desprolijo que lo caracteriza, el presidente Néstor Kirchner también desafió las cascadas de agua que se descargaban dentro del palco que compartió con los representantes de los organismos de derechos humanos que desde ahora serán responsables de abrir a la memoria colectiva las pruebas y las historias que guarda ese territorio que pertenecía al III Cuerpo de Ejército. "Yo le digo a la Justicia y sé que el Consejo de la Magistratura me va a escuchar: ¡por favor, basta! ¡Juicio y castigo, eso necesitamos! Yo les juro que empujo y empujo pero hay jueces y fiscales que se hacen los distraídos", dijo el presidente antes de cerrar su discurso con la intención expresa de hacerlo con un nombre: "El del compañero López, porque ahí está la amenaza del terror. A López no se lo llevaron dos o tres distraídos sino los mismos que defienden el terror. Y tenemos que encontrarlo vivo".
Debajo del palco principal, los gritos que decían "presente" por quienes ya no se espera se mezclaron con el reclamo de "aparición con vida" del albañil que con su testimonio contribuyó a una de las condenas más ejemplificadoras –la de Miguel Etchecolatz– desde que se anularon las leyes de punto final y obediencia debida.
Con esa altura discordante que lo recortaba de entre las mujeres que lo rodearon durante el acto –Sonia Torres, de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba, Emilia Dambra (que aún con pañuelo blanco representaba a Familiares de Detenidos Desaparecidos) y Silvia Dito Fino, de H.I.J.O.S.– el presidente acompañó asintiendo con la cabeza mientras los más jóvenes, debajo del palco, se reclamaban parte de la "gloriosa juventud argentina" y voz en cuello reivindicaban ese "no nos han vencido" que el canto popular sitúa después de enumerar los golpes, las torturas, los caídos. La lluvia, además dar la pincelada épica, lavó también las lágrimas de los familiares que nunca dejaron de recitar el inmenso rosario de los nombres ausentes y devolverlos a este, su último lugar, al grito de Presente.
Esa piedad por la emoción hubo que reconocérsela al agua. Nadie quería mostrarse quebrado a pesar de que los abrazos recogieron la emoción que no podía aplazarse. "Me van a hacer llorar y no quiero", dijo Emilia Dambra antes de citar a Agustín Tosco para reconocerse ella también como parte de "los que son, los que fueron y serán represaliados aunque al final llegaremos a la victoria de conocer un país sin explotadores ni explotados". Sonia Torres, en cambio, apenas pudo sostener el hilo de su voz cuando eligió presentarse: "Soy la madre de Silvina Parodi y de su esposo, Daniel Orozco. Ellos, como tantos jóvenes entonces, se conocieron y se enamoraron, tuvieron a su hijo, que había crecido en la panza de mi hija hasta el séptimo mes cuando fueron secuestrados. Todavía busco a mi nieto". Después de terminado el acto, cuando los sobrevivientes, los familiares y el presidente volvieron a recorrer las catacumbas donde hasta hace poco el Ejército cumplía labores de rutina, Sonia explicó por qué su voz estaba anegada: "Vi su foto en una pancarta, me sonreía desde ahí. Y la verdad es que la única manera en que pueda hablar con entereza es despegándome de esa imagen, porque los años pueden pasar, pero el desgarro es el mismo". Sonia se tomó su tiempo para respirar el aire viciado, que no alcanzaba a limpiarse aun con las puertas abiertas, de la zona donde habían estado las duchas: "Acá vieron a mi hija por última vez, con su panza a punto de dar a luz", dijo esta mujer a la que difícilmente se pueda ver como una abuela por ese aspecto juvenil, casi detenido en el tiempo. "Mi hija tenía 20 cuando se la llevaron, de mí me olvidé, no sé si tenía 40 o 41."
En la voz de Silvia Dito Fino, hija del dirigente sindical cordobés y representante de H.I.J.O.S., el dolor se convirtió en decisión y sus palabras calificaron sin dudas ni medias tintas a los ejecutores del terrorismo de estado, a sus cómplices y a sus propiciadores: "Fue un golpe cívico-militar planificado hasta el último detalle. Pero los genocidas no estuvieron solos", dijo prestando su cuerpo rotundo como la cámara de resonancia necesaria para nombrar a "los políticos de los partidos tradicionales, los empresarios y terratenientes que propiciaron el golpe y dieron listas negras, a los intelectuales y periodistas que lo defendieron, a los jueces, fiscales y abogados; muchísimos de ellos en actividad". Fue un discurso duro y contundente que ella sostuvo con la vista fija en sus compañeros y en los miles de manifestantes que cubrieron el prolijo pasto que rodea las barracas donde se ejecutó el plan de exterminio. Pero al final, haciéndose cargo de las ausencias privadas aun siendo públicas, dijo: "Queridos padres, queremos que sepan que los amamos. Estamos orgullosos de llevar su sangre en nuestra sangre. Que no podremos compartir un asado los domingos para conversar y putear y soñar juntos, que nuestros hijos no dirán abuelo o abuela; pero la vida pudo más que la muerte". Y ahí estaba ella como representante de tantos que desde abajo se sostenían abrazados formando una familia política tan estrecha como la que se añora. Mientras, miles de flores rojas en papel, cada una con un nombre, pasaron de mano en mano hasta llegar al palco donde se pegaron para hacerlas visibles.
Cuando cantó León Gieco, la comisión de organismos que se hará cargo de La Perla ya había mostrado el convenio que firmó el Presidente en representación del Estado nacional como si fuera una conquista largamente esperada. Faltaba todavía una segunda recorrida por esos galpones en donde los sobrevivientes reconocieron las huellas de su paso, a pesar de los casi treinta años en que las actividades del Ejército siguieron desarrollándose dentro. Y fue después de esas dos canciones que todos corearon que habló el presidente con su apelación a la Justicia para que se apuren los juicios y un desafío directo a quien dirigió los destinos de La Perla: Luciano Benjamín Menéndez. "No te voy a decir general porque ni eso te merecés –dijo Kirchner haciendo gala de un tuteo casi compadrito–, tené en claro que sos un cobarde. Los argentinos saben quién sos y que tendrías que estar en una cárcel común, que es donde tienen que estar los asesinos."
Para el momento de la recorrida por dentro de las barracas donde tantas y tantos desaparecidos vivieron sus últimos días, las lágrimas ya no competían con la lluvia. Se habían secado unas en los hombros de otros y lo que quedaba era la euforia, de los sobrevivientes por contar, por detallar cada paso dado en ese pozo con el fondo insolente de las sierras cordobesas, de las que se despegaban jirones de nubes como si desde esas laderas bajara una rabia que se descargaba en agua. El presidente entró primero, del brazo de Liliana Collizo y Mirta Iriondo. Fuera quedó Piero Di Monti, asomado a una ventana hasta donde se acercó Kirchner a darle un abrazo. Sonia Torres, la representante de Abuelas, intentaba recomponerse: "Me cuesta pensar que estuvo acá, que mi nieto se gestó entre gritos de tortura, que ella lo sintió en su panza sin saber si iba a sobrevivir".

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verdad y castigo

mqh - 24 de marzo de 2007 - 23:48 - argentina

El presidente de Argentina reclama castigo para violaciones a los derechos humanos.

El presidente de Argentina, Néstor Kirchner, acusó hoy a jueces y fiscales de su país de "hacerse los distraídos" y de frenar los juicios a los responsables de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar (1976-1983).
El mandatario habló en un acto que se realizó en la ciudad de Córdoba a 31 años del Golpe de Estado que abrió el camino a la dictadura, y precisó que con sus reclamos no estaba invadiendo otro poder sino "pidiendo que funcione".
"No predicamos venganza. Estamos pidiendo que funcione la justicia que no tuvieron nuestros hermanos, compañeros, nuestros amigos", detenidos, torturados, asesinados o desaparecidos en esos años. "Quiero decirle a la justicia: ¡Basta, por favor. Juicio y castigo. Necesitamos que los juicios se aceleren!", clamó Kirchner ante una multitud que se congregó en el ex establecimiento militar "
La Perla, que funcionó como centro clandestino de detención y torturas en Córdoba.
"Sepan que las trabas son porque la justicia está lenta. Empujo y empujo, pero se hacen los distraídos", agregó.
El mandatario trasandino hizo un ferviente llamado a todos los argentinos para que sigan reclamando, presionando y exigiendo. "¿Cuál es el compromiso que tienen algunos integrantes de la justicia?. ¿Qué pasa en la Cámara de Casación donde están parados desde hace años, juicios que deberían estar en marcha?. ¿Quienes son los fiscales?, preguntó el presidente. Y agregó: "Es hora de que todos hagamos todo el esfuerzo".
La Perla pasó hoy a manos civiles y se convertirá en un espacio para la memoria, porque según organizaciones de derechos humanos, por allí pasaron unos 2.500 presos y la mayoría desapareció. Fue uno de los centros clandestinos de represión más tenebrosos por las prácticas de los militares y civiles que lo dirigían, bajo el mando superior del entonces jefe de región del ejército Luciano Benjamín Menéndez.
A él se refirió también Kirchner en su discurso. "A ese general... no te voy a llamar general porque ni eso merecés... Luciano Benjamín Menéndez... tené en claro que sos un cobarde, que los argentinos saben quien sos. Y estás escondido en tu casa. Tendrías que estar en una cárcel común donde están los delincuentes y los asesinos", enfatizó, mientras la multitud estallaba en insultos hacia el ex militar.
"A esos que torturaron y mataron allí les decimos que no les tenemos miedo. Queremos que se pueda profundizar y avanzar rapidamente". Pero también Kirchner señaló a "dirigentes y militares que hoy se esconden, que tienen miedo de ir a un juzgado, y eran dueños de la vida de argentinos comprometidos con un país distinto".
En la parte final de su discurso hizo referencia a la desaparición del albañil Jorge Julio López, de quien no se tienen noticias desde hace seis meses, después de haber sido testigo en el juicio oral que, en la ciudad de La Plata, condenó a cadena perpetua al ex policía represor Miguel Etchecolatz.
"Allí está la amenaza, el terror. Allí están ellos. A López no se lo llevaron dos o tres distraídos. Se lo llevaron los de siempre. Y lo tenemos que encontrar vivo, por los argentinos, por todos nosotros y su familia. Todos juntos como un símbolo de que podemos dar vuelta este mecanismo perverso del temor, implementado durante mucho tiempo, para garantizar la impunidad".
Kirchner dijo también que el predio de La Perla, ahora recuperado de las manos de los militares, "es el signo de la victoria". "Han ganado las abuelas, los hijos y los argentinos. Han triunfado sobre el olvido", remarcó.
Aseguró además que el gobierno no va a bajar los brazos. "Nos está costando más, porque hubo muchos que claudicaron y muchos que creyeron que convirtiéndose en reyes de la globalización iban a hacer crecer la Argentina. Creo en nuestros hermanos y compañeros que nos están mirando de algún lado deben sentirse absolutamente reconfortados porque saben que la lucha no está perdida. Se está luchando y peleando", agregó.
Los actos con motivo de un nuevo aniversario del golpe de Estado en Argentina continúan con marchas y concentraciones en la emblemática Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo argentino.

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