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von wernich, el cura asesino 2


[Laura Vales] Cura demoníaco escribe carta "un prisionero de guerra". Insólito texto de von Wernich, ex capellán preso por secuestro y torturas.
Fue confesor de Camps y está detenido por 41 casos de tortura y secuestro. El suyo es el próximo juicio oral y el primero después de la desaparición de López. Para el aniversario del golpe, publicó una carta donde se define como un cristiano "tirado a los leones", difundida en webs de ex militares y en la revista Cabildo.
El próximo juicio oral por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura será el del capellán policial Christian Federico von Wernich, confesor de Ramón Camps. El sacerdote está acusado de participar en siete homicidios y 41 casos de secuestro y torturas, entre ellos el de Jacobo Timerman, director del diario La Opinión. Será un proceso significativo, no sólo por la gravedad de los delitos que se investigan, sino porque posiblemente se convierta en el primer juicio oral a un represor luego de la desaparición de Julio López. En este marco, Von Wernich acaba de hacer pública una declaración en la que se define como un "prisionero de guerra" y se compara con los cristianos arrojados por el César a los leones. "Un nuevo Coliseo abre sus puertas y prepara la arena, no ya en Roma, sino en nuestro país", dice el capellán en una carta en la que se define como una víctima del "revanchismo". La declaración es un pedido de apoyo, se supone que dirigido a jerarquía católica y a los cristianos, que convoca a "orar para vivir esta persecución con la misma fuerza y valentía que los hombres, mujeres y niños que, entregados a los leones, bañaron con su sangre de mártires a nuestra Iglesia".
El escrito fue publicado por la revista de ultraderecha Cabildo en su última edición y también fue difundido por páginas de internet de militares retirados, que tienen como lectores al planeta procesista. Cabildo presentó al capellán como "el reverendo padre Christian von Wernich"; previsiblemente, habló de "ultraje" y de "odio a Jesucristo" como móviles del juicio. La declaración del sacerdote ocupa una página.
Comienza el texto: "Durante el Imperio Romano, dos mil años atrás, el César ordenó que el uso del Coliseo fuese para grandes espectáculos, promoviendo la distracción y diversión del pueblo".
"Uno de esos ‘espectáculos' fue el feroz aniquilamiento de los primeros cristianos que eran llevados al Coliseo, en cumplimiento de una persecución –llena de odios y venganzas– que los entregaba a los leones para una cacería humana, mientras una parte del pueblo con su emperador presente gozaban del ‘espectáculo'". Párrafos más adelante, Von Wernich habla de sí como si fuera uno de aquellos antiguos cristianos "sometidos a todo tipo de torturas", lo que no es una alucinación lisérgica sino que está escrito por Von Wernich así como se lee.
La declaración salta luego al presente: "Pasaron veinte siglos y un nuevo Coliseo abre sus puertas y prepara la arena, pero no ya en Roma sino en nuestro país, gobernado por un módico César que ocupa, por ahora temporalmente, el gobierno", señala. "El módico César (...) inspirándose en aquellos crueles paganos de la Roma antigua, ya ha bajado el dedo a los ‘tribunales populares' urgiéndolos a que actúen y condenen a las víctimas elegidas (...) A ese ‘tribunal popular' pronto entraré como entraban los cristianos al Coliseo romano, para ser también devorado (...) Ya han encontrado su presa ideal para despedazar. Esa presa deseada soy yo, Christian Federico von Wernich, sacerdote de la Iglesia Católica y ex capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires durante los años 1975-1985".
El capellán Von Wernich fue asesor de los grupos de tareas de Camps. Tenía rango de oficial de la policía y estuvo adscripto a la Dirección de Investigaciones que comandó el ex comisario Miguel Etchecolatz, la mano derecha de Camps. En aquellos años de la dictadura, Von Wernich recorría los centros clandestinos de detención manejados por Camps y Etchecolatz. Visitaba a los prisioneros e intentaba quebrarlos emocionalmente.
Luis Velazco, que estuvo detenido en la comisaría 5ª de La Plata, es uno de los principales testigos del caso. Tenía 20 años cuando lo secuestraron; el sacerdote lo visitó luego de que Velazco pasara por su primer sesión de torturas. "Tuve un relación extraña con él –contó a Página/12 el año pasado–. La primera vez que lo vi trató de demostrarme que sabía mucho de mí y de mis hermanos. Yo me sentía muy nervioso; me dijo ‘tranquilo, soy primo de Monona', la mujer de mi tío. Tenía una foto mía, que le había dado mi familia creyendo que iba a localizarme. Nunca les dijo nada." Velazco relató que Von Wernich estaba al tanto del destino de una niña nacida en cautiverio, la hija de Héctor Baratti y Elena de la Cuadra, a quien su abuela todavía busca.
El sacerdote también deberá responder en el juicio oral por siete detenidos a quienes Camps había ofrecido sacar del país y fueron asesinados. Las familias de los desaparecidos habían entregado dinero para pagar sus rescates que, al menos en un caso, se encargó de recolectar el capellán. En 1984 el policía Julio Emed relató este hecho a la Conadep y contó cómo, en presencia de Von Wernich, el médico policial Jorge Bergés les aplicó a tres de estos prisioneros "dos inyecciones a cada uno, directamente en el corazón, con un líquido rojizo que era veneno". El policía dijo que se había sentido "impresionado por lo ocurrido". "El padre Von Wernich habló conmigo –recordó el policía–, me dijo que lo que habíamos hecho era un acto patriótico y que Dios sabía que era para bien del país."
Entre los casos elevados a juicio está el de Jacobo Timerman. Sus hijos Héctor y Javier, representados por el abogado Alejo Ramos Padilla, pidieron que se juzgue al cura por el secuestro y las torturas sufridas por su padre cuando estuvo detenido en Puesto Vasco y Coti Martínez. Von Wernich está acusado en la causa elevada al tribunal oral por su participación en siete asesinatos y 41 casos de secuestros y torturas.
Sin condena pero expuesto al repudio social, Von Wernich se había ido del país en 1996. Fue descubierto dando misa en Quisco, un paradisíaco pueblo chileno. En septiembre del 2003 fue detenido por orden del juez Arnaldo Corazza y desde entonces permanece arrestado en la División Antiterrorista de la Policía Federal, en Palermo. En los tribunales de La Plata, donde se realiza el proceso oral, cuentan que el cura no es el único de los represores que autotitula "prisionero de guerra". Todos los integrantes de la banda de Etchecolatz están poniendo su firma seguida de esa leyenda en los escritos judiciales. El juicio oral no tiene fecha, aunque se espera que comience entre mayo y julio. Si es así, Von Wernich llegará a las audiencias con 69 años; en el 2008 cumplirá 70, el piso para solicitar el arresto domiciliario.

Durrieu, a Declarar0
El abogado Alejo Ramos Padilla, patrocinante de los hijos de Jacobo Timerman, pedirá que se cite a declarar en el juicio oral contra Von Wernich a Roberto Durrieu, que figura en los agradecimiento del libro El caso Timerman, punto final, escrito por Ramón Camps. Durrieu fue secretario de Justicia durante el gobierno de Jorge Rafael Videla, ocupó también el cargo de fiscal de Estado bonaerense y es en la actualidad abogado de Juan Carlos Blumberg.
"En el libro, Camps transcribió todas las declaraciones que a Timerman le extrajeron bajo tortura en los centros clandestinos de detención manejados por Miguel Etchecolatz y la patota que operó en la provincia de Buenos Aires", señaló Ramos Padilla. "Allí agradece a quienes colaboraron en la investigación de lo que él llama ‘el caso Timerman', y entre los agradecimientos figura Durrieu. Queremos que explique cuál fue su rol en el caso de torturas, apremios y detención ilegal que sufrió Jacobo Timerman".
El expediente está en manos del Tribunal Oral Nº 2 de La Plata, aunque en el ambiente judicial circulan versiones de que los jueces se declararían incompetentes para entender en el caso. Si así sucede, el juicio quedará en manos del Tribunal Nº 1, que preside Carlos Rosanski, y que condenó al represor Miguel Etchecolatz.

24 de marzo de 2007
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derecho a la identidad


[Mariana Carbajal] La corte bonaerense autorizo un cambio de sexo y de nombre.
El máximo tribunal provincial ordenó el cambio en la partida de nacimiento y dispuso la entrega de un nuevo documento. La persona había nacido varón, se operó en Chile y aquí pidió la adecuación de sus documentos. Es la primera vez que la Corte avala un pedido de este tipo.
Por unanimidad, la Suprema Corte bonaerense autorizó el cambio del sexo y de nombre en la partida de nacimiento de una persona transexual que hace nueve años se sometió en Chile a una operación para modificar sus caracteres sexuales externos, que eran masculinos, en femeninos. Además ordenó la emisión de un nuevo documento de identidad y la rectificación de los datos en toda documentación de reparticiones públicas o privadas en la medida en que la mujer lo requiera. El caso sienta jurisprudencia. Es la primera vez que el máximo tribunal se pronuncia sobre el tema y lo hizo al revocar una sentencia del Tribunal de Familia Nº 1 de Morón que había rechazado el pedido de la transexual. En un extenso fallo, de 136 páginas, los ministros invocan los derechos a la dignidad, a la identidad sexual, a la salud y a la libertad, entre otros para fundamentar su decisión.
El fallo fue unánime. Los seis ministros que analizaron el caso (dos estaban con licencia) coincidieron en hacer lugar al recurso extraordinario que había presentado "H.C.C.", quien solicitaba el cambio del sexo con el cual había sido inscripto al momento de su nacimiento y que, consecuentemente, se modificara también su nombre. La sentencia lleva la firma de Eduardo de Lázzari, Francisco Roncoroni, Juan Carlos Hitters, Luis Genoud, Daniel Soria e Hilda Kogan.
Las correcciones en la partida de nacimiento deberán constar en una nota al margen. Allí, se la inscribirá como perteneciente al sexo femenino y se plasmará su nombre femenino. También se le deberá otorgar un nuevo DNI.
Los datos de la mujer se mantienen en reserva, dado que expresamente pidió que no trascendieran. Según consta en el expediente, luego de "estudios médicos sexológico y psiquiátrico" llevados a cabo en el país, H.C.C. se realizó en Chile una intervención quirúrgica de "genitoplastía feminizante". En la Argentina, la operación de cambio de sexo no está permitida, aunque ya varias personas transexuales han conseguido autorización judicial para practicársela en hospitales públicos. Pero la reasignación de sexo y el cambio de nombre en la documentación personal no están legislados.
Cuando después de la intervención quirúrgica, H.C.C. reclamó en la Justicia la adecuación de su partida de nacimiento y de su DNI, alegó que lo hacía "para conseguir mi libertad civil, para trabajar, para formar una familia, para mi pareja, en fin, para ser libre de poder salir del país como lo que soy y conducirme de acuerdo con lo que soy". Dijo, además, que siempre se sintió una mujer. Pero su drama no fue comprendido y recibió el rechazo del Tribunal de Familia Nº 1 de Morón que argumentó, entre otras razones, que "el sexo cromosómico es inalterable" y "la situación no está prevista en nuestras leyes", entre otras razones. La Suprema Corte demolió aquellos fundamentos.
Subyace en sus palabras "un doloroso reclamo por su dignidad", valoró De Lázzari sobre H.C.C.. "La dignidad humana y el derecho fundamental al desarrollo libre de la personalidad hacen necesaria la adaptación de la condición personal del individuo al sexo al que pertenece conforme con su constitución psicológica y física", escribió Hitters en su voto.
La extensa sentencia es un virtual tratado sobre el derecho a la identidad sexual como derecho humano. Abundante en citas de expertos en sexualidad y filósofos, para defender el derecho de H.C.C. a adecuar sus documentos a su identidad sexual, el fallo menciona tratados internacionales y jurisprudencia, especialmente a la europea en donde se han dado casos similares, en los que inclusive –se menciona– se llegó a conceder el derecho de pensión de la pareja de un transexual.
Después de definir –siguiendo a la Organización Mundial de la Salud– el transexualismo como un trastorno de la identidad sexual, De Lázzari sostuvo que por el hecho de no existir una norma que autorice el cambio de sexo, tal solicitud deba ser denegada y recordó que la Constitución Nacional en su artículo 19 dispone que nadie puede ser privado de lo que la ley no prohíbe.
"Estamos en presencia de una anomalía disfuncional que nos aleja de la anacrónica concepción de pensar a los transexuales como seres viciosos o simples pervertidos sexuales, para los que la psicoterapia se presenta como única alternativa; su desajuste, recientemente comprendido, es sumamente profundo y les provoca un fuerte malestar", señaló De Lázzari en su voto, al que adhirieron los demás ministros, aunque algunos de ellos hicieron otros aportes al debate. La identidad sexual, consideró De Lázzari, "es un derecho integrante del más amplio derecho a la propia identidad, el que a su vez forma parte del plexo mayor de los derechos humanos sustanciales". Rechazar su pedido, opinó De Lázzari, "nos acercaría peligrosamente a la discriminación, concebida ésta como tratamiento dispar dado a las personas, sin motivo o justificación objetiva".
El sexo es un fenómeno complejo, agregó Roncoroni, "cuyas dimensiones más trascendentes son, sin lugar a dudas, la biológica y la sociopsicológica, no pareciendo razonable reducir la identidad sexual a una sola de ellas con apartamiento de las restantes. Una y otra están profundamente imbricadas en el desarrollo de la identidad sexual del transexual como para pretender que su verdad personal y la respuesta a su problema puedan escribirse recortando a alguna de ellas".
Para Hitters, "en estos casos la persona cromosómicamente varón se siente y vive como mujer; se trata no de un capricho ni de una simple tendencia, sino de un hondo problema existencial que compromete por entero el ser de la persona".
Genoud entendió que "el transexual que ha sido intervenido quirúrgicamente, como consecuencia de un obrar libre y autodeterminado, tiene derecho a obtener el reconocimiento del derecho en función de una ‘identidad sexual social' que se resolvió a asumir, y que lo ha movilizado a luchar por el derecho que considera le asiste".
Pero consideró que también el derecho a la salud sirve como elemento "fundante" para viabilizar su reclamo. "Según la Organización Mundial de la Salud, la noción de salud (incluida en el preámbulo de su Constitución) es el completo e integral bienestar psíquico, mental y social", escribió Genoud.

23 de marzo de 2007
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amenaza anónima contra las madres


[Emilio Ruchansky] Una amenaza anónima llegó a la escuela Vera Peñaloza cuando se recordaba la dictadura. "Dejen de lavarles el cerebro a los chicos".
La abuela de Plaza de Mayo Alba Lanzillotto, Eduardo Nachtman de HIJOS y Susana Reyes, una docente ex desaparecida, hablaron con los alumnos de sexto y séptimo grado sobre las historias personales que fueron atravesadas por el horror de la dictadura.
"Dejen de lavarles el cerebro", pedía el anónimo enviado ayer a la escuela primaria Rosario Vera Peñaloza, en Almagro, justo el día en que las autoridades habían armado una clase abierta con Eduardo Nachtman de HIJOS, Susana Reyes –una docente ex desaparecida– y Alba Lanzillotto de Abuelas de Plaza de Mayo. "¿Qué van a hacer cuando no puedan seguir?", preguntó uno de los alumnos a la Abuela: "Sabemos que la vida se acaba. Estamos tranquilas gracias a ustedes. Tenemos nietos, hijos y sobrevivientes; y los tenemos a ustedes para que sigan luchando por la memoria". En la escuela, que se caracteriza por este tipo de actividades, no se sorprendieron por la carta. "Hace dos años trajimos a dos especialistas brasileños para que hablen sobre los medios y la dictadura. Una chica pidió la palabra y dio argumentos a favor de los militares (seguramente los trajo de su casa). La dejamos hablar. No necesitó mandarnos un anónimo", recordó la directora Marta Bustos durante el acto, que formó parte de la Semana de la Memoria a poco de cumplirse 31 años del último golpe de Estado.
Ayer, el encuentro de estas cuatro generaciones empezó con un relato: 'La historia de Juan'. Su padre era panadero, su madre maestra de una villa. Un día estaban cenando mientras veían por televisión a unos tipos vestidos de verde. A Juan le encantaron los botones de sus uniformes. Más tarde, a la hora de dormir, el niño sintió ruidos que venían de la puerta. Entraron y se llevaron a sus padres. Eran los mismos uniformes que él había visto en la tele un rato antes. Este cuento, casi haiku, fue escrito grupalmente por chicos de una escuela de Ciudad Evita en La Matanza y ganó un concurso de literatura infantil; fue leído a modo de preámbulo por Nachtman y atrapó a los chicos. El docente contó que su padre, actor y director de teatro, estaba desaparecido desde 1976, cuando fue secuestrado en Mar del Plata. A su lado, Reyes tomó la palabra para presentarse: "Soy sobreviviente del centro de detención ilegal El Vesubio, estuve secuestrada durante tres meses". Lanzillotto también apeló a la contundencia. "Estoy buscando a mi sobrino o sobrina, tengo dos hermanas desaparecidas", resumió la Abuela de Plaza de Mayo. Una docena de alumnos levantaron la mano para preguntar.
–¿Cuántos chicos encontraron?
–87 chicos... en verdad, ya no son chicos; son hombres y mujeres.
–¿Por qué se reunían en la Plaza de Mayo?
–Al principio nos juntábamos en otros lugares. Un día decidimos ir a la Plaza de Mayo porque ahí pasan todas las cosas en este país. Queríamos que los funcionarios nos vieran antes de ir a trabajar.
–¿Qué siente cuando alguien no quiere saber su identidad?
–Me da cosa los que no quieren volver con sus parientes. Habrá dos o tres, pero siempre nos preguntan por eso. Igual, los casos felices son la mayoría. Creemos que todos van a querer saber quiénes son.
–¿Qué es lo primero que hacen cuando encuentran a alguien?
–Primero, tomar champán. Alegrarnos y festejar. Hace unos años había un médico que cuando ya sabía que se trataba de un nieto de desaparecidos, venía directamente con la botella de champán. Lo más importante es que las abuelas que encuentran a sus nietos no se van. Así como los hijos dicen que todos son sus hermanos; para nosotras, todos son nuestros nietos.
–¿Cómo hacen para encontrarlos?
–Al principio, nos disfrazábamos, hacíamos de detectives. Teníamos una abuela que era actriz: hacía de mucama o de vendedora de libros. Después tuvimos un equipo de investigación y armamos el banco genético.
–¿Cómo hacen para soportar el dolor?
–El dolor te lleva a la paralización, eso querían los militares. Muchos abuelos murieron de tristeza. Otros todavía mantienen el cuarto de sus hijos igual que hace treinta años, como si fueran a volver. Yo sé que ustedes no van a entender esto todavía, cuando te quitan a tu hijo, todo te da igual. Nosotras transformamos el dolor en lucha.
–Si los encuentran a todos, ¿se haría justicia?
–Sería incompleto encontrarlos a todos y nada más. Hay que trabajar por cumplir los sueños de nuestros hijos.

Flores
"Rosita estaba embarazada, como yo. Fue la primera en parir. La sacaron de El Vesubio y la llevaron a Campo de Mayo. Cuando la trajeron nos contó que ni siquiera le dejaron ver a su bebé. Lo tuvo con los ojos vendados", respondió Reyes, mientras caían las primeras lágrimas en un costado del hall, en el sector donde madres y padres se acomodaron para escuchar la charla. Allí también estaba la ministra de Educación porteña, Ana María Clément. Le habían preguntado sobre la relación que tenía con los demás secuestrados. Ella nunca bajó la mirada, ni cuando explicó que su marido estaba desaparecido y que al salir lo había esperado durante mucho tiempo.
–¿Cómo era la vida en el campo de detención?
–No sabíamos qué iban a hacer con nosotros. Al principio nos separaron a mi marido y a mí. Pero aunque estuviéramos vendados y aislados, con el tiempo se gestaron lazos solidarios entre los compañeros. Había momentos afectivos entre nosotros.
–¿Cómo logró salir?
–Me soltaron ellos. Yo estaba embarazada de cuatro meses cuando me secuestraron, jamás pensé que nos podían robar a nuestros hijos. Después de salir traté de no olvidarme nada, ni de las caras ni de las voces. Hace poco me mostraron un pilón de fotos y pude reconocer a algunos de mis compañeros.
–¿Esperaba la dictadura después del golpe?
–No esperábamos que fuera algo tan sistemático. Tampoco entendíamos lo de la de las desapariciones... Hoy no podemos recuperar a nuestros seres queridos, mis hijos no pueden llevarle una flor a su padre.
–¿Quiero preguntarle a Eduardo (Nachtman) cómo se sintió cuando desaparecieron a su padre?
–No sabíamos que estaba desaparecido. Preferimos hacer silencio, pensando que si no bardeábamos aparecería en alguna cárcel como preso político. Con el tiempo, nos dimos cuenta de que nuestro silencio ayudó a su desaparición.

Inquietudes
"Este tema mejor, no", "hay que pedir permiso", "la política no tiene que entrar en la escuela", "puede irritar", "es una verdad parcial" son los prejuicios más comunes que ha recibido a lo largo de los dieciséis años que ejerció la docencia Claudio Altamirano. Designado recientemente como coordinador del área de comunicación de la División General de Educación porteña, este hombre organizó la charla y propuso trabajar el tema en clase muchísimas veces. "La historia siempre fue el miedo", advirtió a Página/12. "Después vino la normativa legal y fue más difícil boicotear este tipo de charlas." ¿Amenazas? "Sí, un montón de veces. Mayormente, las apretadas de los propios directores de escuela." Ayer, después de la charla, fotocopió el anónimo, que venía acompañado del texto imperdible de un tal Hans Edelhausen. Consultado sobre la amenaza, el maestro refirió que, históricamente, "siempre hubo mucho miedo, temor, ignorancia, prejuicio y, por supuesto, todo esta cuestión reaccionaria".
Habían pasado dos horas de charla. Lucía Tomasi, de séptimo B, había levantado la mano desde el principio. Cuando se cansó, apoyó el codo sobre su palma. Al rato, ponía cara de puchero y hasta se hizo la dormida. "Bueno chicos, tres preguntas más y terminamos", avisó la directora. Lucía se desesperó: entró a chistar, a buscar la mirada de Marta Bustos, les pidió a sus compañeras que la llamaran. La directora se acercó, ella le susurró al oído su pregunta, tomó el micrófono y le preguntó a Susana Reyes por qué la habían secuestrado. En un costado, Altamirano detuvo con su brazo a los niños que tenían flores y regalos para los disertantes.
–Esa es la pregunta. ¿Qué hice? No sé. Yo alfabetizaba adultos, era lo que me gustaba hacer y lo que hago ahora.

23 de marzo de 2007
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mujeres militares piden perdón


"Le queremos pedir perdón". Bonafini recibió las disculpas de mujeres militares.
La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo contó que hace diez días, en el ministerio de Defensa, un grupo de mujeres militares se le acercó para pedirle "perdón por lo que pasó" durante la dictadura.
Un grupo de mujeres militares le pidió perdón a Hebe de Bonafini por los crímenes de la dictadura. Ocurrió hace dos semanas, en el Edificio Libertador, donde la titular de Madres de Plaza de Mayo había concurrido a un acto oficial; a la salida, cinco o seis mujeres de uniforme se le acercaron. "Le queremos hablar, pedirle perdón por lo que pasó", le dijeron. Bonafini contó que el gesto la "emocionó muchísimo".
"Me pareció una actitud de mucha valentía", señaló ayer al relatar el hecho a Página/12.
Bonafini ya había participado, el año pasado, de un acto en el ámbito castrense, cuando el presidente Néstor Kirchner la invitó a colocar una placa en el Colegio Militar. Como en aquella oportunidad, recordó Hebe, también esta vez las Madres discutieron "si había que ir o no, si valía la pena, si era o no un nuevo momento. La Comisión aprobó que fuera. Era el único pañuelo blanco en un salón lleno de militares".
El motivo del acto en el Edificio Libertador fue la presentación del libro editado por el ministerio de Defensa sobre Equidad de género y defensa. Por esto, en el auditorio estuvo la plana mayor del ejército y un buen número de mujeres, oficiales y suboficiales, ante los cuales Garré elogió la figura de Bonafini.
Terminada la ceremonia, Hebe se iba del lugar cuando el grupo de militares mujeres se le acercó. "Yo les pregunté qué necesitaban y me dijeron: ‘Le queremos hablar, pedirle perdón por lo que pasó'."
"Eso fue todo. No nos saludamos, no hablamos más, pero a mí me emocionó totalmente." Era la primera vez en 30 años.
Bonafini contó el episodio sin cargarlo de interpretaciones: "Son mujeres que están en las Fuerzas Armadas, que no están de acuerdo con lo que pasó y encontraron una oportunidad para decírmelo", señaló como toda lectura del hecho.
Por otra parte, la titular de Madres habló de las demoras en los juicios contra los represores acusados de violaciones de derechos humanos. "Hace rato que venimos denunciando que siguen en sus cargos jueces que vienen de la época de la dictadura. Ellos son cómplices, y van a demorar en todo lo que puedan el avance de los juicios. El problema es que son como cuatrocientos y no se les puede hacer juicio a todos; pero en la medida en que se realicen denuncias como la que presentaron esta semana contra la Cámara de Casación, vamos a cambiar" este panorama, consideró Bonafini. Se refería así a la denuncia que el lunes presentaron 61 sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo de Estado, quienes pidieron el juicio político de cuatro miembros de la Cámara de Casación, el tribunal que se ha convertido en un tapón para las investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura.
Las Madres cumplirán el mes que viene 30 años, y en estos días están preparando los festejos, que se extenderán por un mes y serán cerrados por un concierto latinoamericano en la Plaza de Mayo.
Esperan delegaciones del Italia, Suecia, Francia y España. "De afuera va a venir muchísima gente, muchos compañeros que han estado siempre con nosotros", señaló Hebe. Para ellos, la Universidad de las Madres dará clases especiales y los llevará a conocer fábricas recuperadas. Los visitantes serán también invitados a conocer el barrio construido por las Madres en Lugano.
El aniversario será celebrado con la edición de un libro con la historia de las Madres en fotografías y una muestra de fotos montada por Renata Schussheim en el Museo Nacional de Parque Lezama. Y habrá por lo menos tres conciertos: uno en el teatro Cervantes, donde se interpretará la obra ganadora del concurso "Treinta años venciendo a la muerte", otro de la orquesta Juan de Dios Filiberto; finalmente, el 30 de abril, un concierto latinoamericano en la Plaza de Mayo con artistas argentinos y del exterior cerrará los festejos.

21 de marzo de 2007
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contra la política del cajoneo


[Irina Hauser] Víctimas del terrorismo de estado denunciaron a cuatro miembros de la Cámara de Casación.
Víctimas de la dictadura presentaron una denuncia en el Consejo de la Magistratura y pidieron el juicio político de cuatro miembros de la Cámara de Casación. Los acusan de favorecer a los imputados en las causas por crímenes de lesa humanidad paralizando las investigaciones. El Consejo ahora deberá iniciar el trámite.
La Cámara de Casación Penal cambió sus propios criterios "para favorecer a los imputados" en las causas sobre crímenes de la última dictadura militar. Más aún: "paraliza las investigaciones", "demora en expedirse" y "obstaculiza" el funcionamiento de los tribunales orales que deben juzgar a los represores con el fin de beneficiarlos. Esos son los cuatro pilares de una denuncia que presentaron ante el Consejo de la Magistratura 61 sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo de Estado, que reclamaron la destitución de los camaristas Gustavo Hornos, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, Eduardo Riggi y Alfredo Bisordi. "Hay sólidos fundamentos para eso", dijo la diputada K Diana Conti, presidenta de la Comisión de Acusación, que este jueves ya iniciará el trámite que podría derivar en un juicio político.
El Tribunal de Casación Penal, que actualmente preside Bisordi, es el segundo en importancia del país después de la Corte Suprema. Tiene cuatro salas. El mayor embudo en las causas sobre derechos humanos, ese gran obstáculo que retarda los juicios orales, se produce en la Sala IV, especializada en temas militares. La integran Hornos, Capolupo y Riggi (en reemplazo de Amelia Berraz de Vidal, que se excusó). Hay siete expedientes sobre crímenes del terrorismo de Estado que ya llegaron a los tribunales orales porteños, pero las audiencias no pueden comenzar porque Casación mantiene sin resolver planteos de los acusados. En total, cerca de cien recursos e incidentes demoran desde esa cámara, también durante la etapa de instrucción, las investigaciones en todo el país. El más antiguo corresponde a la causa ESMA y cuestiona nada menos que su reapertura.
Los denunciantes que acudieron al Consejo de la Magistratura son querellantes en las megacausas sobre el Primer Cuerpo de Ejército, Campo de Mayo, ESMA y el Plan Cóndor. "Analizamos la actuación de Casación en todas las causas de derechos humanos. Hay dos temas centrales: cómo dilatan sus resoluciones, al punto que tienen planteos sin resolver desde hace tres años, y cómo la sala IV cambió su criterio restrictivo sobre excarcelaciones por uno más flexible desde que empezó a recibir pedidos de represores", explicó a Página/12 el abogado Rodolfo Yanzón, que representa al grupo. También intervienen los abogados Mónica González Vivero, Luz Palmás Zaldúa, Leonel Curutchague y Flavia Fernández Brozzi.
En base a un análisis comparativo de los fallos, el pedido de expulsión de los cuatro jueces cuestiona la reciente liberación de Jorge Olivera Rovere, segundo de Guillermo Suárez Mason en el Primer Cuerpo de Ejército, acusado de 180 desapariciones y asesinatos. Objeta también la excarcelación de once militares imputados por el Plan Cóndor.
Desde su creación en 1992 y hasta 1999, la Cámara de Casación –detallan los denunciantes– ni siquiera aceptaba analizar reclamos sobre la libertad de los imputados. Luego empezó admitir algunos, pero siempre los rechazaba. El gran cambio, subrayan, se produjo en 2005, cuando empezó a recibir una avalancha de recursos de imputados por "las masivas violaciones a los derechos humanos". Entonces, no sólo empezó a estudiar los recursos que antes rechazaba, sino "a conceder el beneficio de la libertad" sin tener en cuenta "la calificación legal y gravedad de los crímenes, ni la multiplicidad de imputaciones, ni las reglas concursales, ni las eventuales condenas". "En la Sala IV –dice Yanzón– también usan ese criterio abierto cuando se trata de empresarios y delitos económicos, pero no cuando se trata de delitos comunes, donde fluctúan."
Al hilar más fino, la presentación ante el Consejo pone una alerta sobre los argumentos que usó el juez Riggi para devolverle la libertad a Olivera Rovere. Se basó, dice, en "su arraigo en la comunidad por ser un oficial del Ejército", consideró "sus vínculos sociales, entre los que figuran los mismos jueces de casación" y "valoró que obtenía sus ingresos como oficial retirado, lo que dificultaría su fuga". "No nos cuesta mucho establecer el amplio sector de la población que no será alcanzado por las buenas intenciones de Riggi", ironiza el texto, y pone como ejemplo a los extranjeros, los desocupados, "y los que tengan vínculos sociales que el juez desconoce".
La diputada Conti, que lidera la Comisión del Consejo que promueve los juicios políticos, recibió ayer la denuncia. Después de leerla, aseguró que "aporta en concreto situaciones de clara reticencia de los jueces de Casación para avanzar. En algunos casos –remarcó– se advierte un favoritismo ideológico por los represores".
A la consejera le llamaron la atención, dijo, algunos datos del informe recibido. Por ejemplo, que la Cámara de Casación solía celebrar las misas de fin de año en la catedral Stella Maris, que pertenece al Obispado Castrense, que estaba a cargo de monseñor Antonio Baseotto. Los querellantes recuerdan que en la misma estructura del vicariato castrense estaban el carapintada Pedro Candia y el presbítero Alberto Angel Zanchetta, capellán de la ESMA en 1977, época en que alentaba a los torturadores con justificaciones religiosas. También, detallan, hubo acuerdos de Casación con la Armada en otros rubros para que el personal judicial pudiera usar el comedor y el gimnasio del edificio Libertad. Lo curioso, relatan, es que el día que quiso entrar allí el fiscal Carlos Rívolo le prohibieron la entrada porque había dictaminado en contra de varios represores por crímenes en la ESMA.
En la misma línea, la documentación que recibió Conti muestra cómo cada vez que Casación designaba conjueces para las causas contra represores, salían sorteados personajes con algún vínculo con la dictadura, que terminaban recusados, como es el caso de Roberto Durrieu, ex secretario de Justicia del dictador Jorge Rafael Videla.
Y la lista continúa. Los promotores del juicio político cuestionan que, desde el vamos, las megacausas sobre la ESMA y el Primer Cuerpo quedaran a cargo de la Sala IV, por ser la que históricamente atiende temas militares. Esto resultó así, añadieron, "con la anuencia de los fiscales Raúl Plee y Ricardo Weschler". "Está expresamente vedado por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas", señalaron.
En cuanto al juez Bisordi, recordaron que el propio Consejo de la Magistratura le impuso una sanción por referirse a Graciela Daleo, una sobreviviente de la ESMA, como "delincuente terrorista" y por agredir también al abogado Yanzón. Ambos lo habían recusado por su conocida aprobación de los métodos del terrorismo de Estado.
La Comisión de Acusación del Consejo este jueves designará un consejero para instruir el expediente contra los camaristas. Como paso siguiente, serían citados como sospechosos. Luego habrá un dictamen que podría promover el juicio político. "No creo que haya resistencia para acusarlos porque la morosidad es palmaria", sostuvo Conti, una diputada oficialista dispuesta a acatar los reclamos que hizo el presidente Néstor Kirchner para acelerar las causas durante la apertura de sesiones en el Congreso.
Otro dato que los consejeros difícilmente puedan soslayar es que de los 259 militares, policías y civiles presos (70 con arresto domiciliario) por crímenes de la dictadura, sólo cinco cumplen condena luego de ser juzgados. En el medio, dicen los 61 sobrevivientes y familiares, actúa la Casación, más conocida en Tribunales como "el tapón". "El espíritu de cuerpo entre los uniformados" y "con el que colaboran sucesivos gobiernos, jueces y fiscales", apunta a proteger a los imputados y, "lo que es más grave, impide dar a conocer lo sucedido con las víctimas".

20 de marzo de 2007
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dónde está lópez 14


[Emilio Ruchansky] Acto y reclamos a seis meses de la desaparición de López. "No hay ninguna medida efectiva".
Organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos se concentraron en Plaza de Mayo para exigir la aparición con vida del testigo. Hubo fuertes críticas al gobierno nacional.
Llegaron a las cinco de la tarde, instalaron las tiendas, armaron el escenario y se tiraron al pasto a matear. Al rato cayeron las murgas con letras especialmente preparadas para la ocasión. A seis meses de la desaparición de Jorge Julio López, las agrupaciones políticas y de derechos humanos optaron por concentrarse en la Plaza de Mayo durante tres horas y difundir información sobre la situación de la lucha contra la impunidad. Se habló de la Triple A, la represión en tiempos democráticos y de una movilización independiente de la del gobierno Nacional para el próximo 24 de marzo. "No queremos ser parte del paisaje", explicó Adriana Calvo, de la corriente Memoria, Verdad y Justicia.
Durante el acto se leyó un documento consensuado entre 312 organizaciones que piden la anulación de los indultos a militares, identificar "cuáles son los grupos paramilitares y parapoliciales" que estarían involucrados en desapariciones como la de López y la remoción de "9026 efectivos de la policía bonaerense que se desempeñan desde la dictadura". También hubo críticas para el oficialismo, centradas principalmente en el presidente Néstor Kirchner. "¡Basta de doble discurso!", le exigieron desde el escenario montado de espaldas a la Rosada. "No se toma ninguna medida efectiva por la aparición con vida de Jorge Julio López", señalaron en el documento leído ante 400 personas. "No tomarla significa, de hecho, mantener un silencio cómplice", remataron los organizadores, entre los que se encontraban la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, HIJOS y la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos.
"Ya le pedimos a (el juez Arnaldo) Corazza que les tome declaración sobre lo que dijeron", comentó a Página/12 Adriana Calvo, en referencia a las afirmaciones que hizo el subsecretario de Derechos Humanos, Rodolfo Mattarollo, el pasado 6 de marzo pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esa ocasión, el funcionario comentó que el ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, tenía pistas firmes sobre la desaparición del testigo, víctima y querellante contra el genocida Miguel Etchecolatz. Ayer, gracias a un taller de serigrafía improvisado sobre la plaza, varias personas se hicieron estampar su remera con la frase "¿Dónde está Julio López?" sobre la silueta negra de la Casa Rosada.
Antes del acto, al que asistieron representantes de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, el Partido Obrero y el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), hubo una muestra con fotos y recortes periodísticos, organizada por el Movimiento al Socialismo (MAS), donde se resaltaban las "luchas populares" de los años 70. Las organizaciones enmarcaron la concentración en la "Semana Nacional de Lucha" que comenzó anteayer y finalizará el sábado próximo, cuando se cumplan 31 años del último golpe militar. Ese día habrá dos movilizaciones: la promovida por el Gobierno nacional y otra integrada por distintas asociaciones y partidos políticos que exigen que los movimientos de derechos humanos sean independientes del gobierno de turno.
"Jorge (López) no se permitió olvidar. Por eso, pudo dar los detalles que dio durante el juicio", repasó Nilda Eloy, otra de las querellantes del juicio contra Etchecolatz. Sus palabras, junto al testimonio de López, fueron transmitidas al cierre del acto en una pantalla de video. También pudo verse, entre silbidos, el momento en que Etchecolatz ninguneaba a los jueces que lo condenaron. "Soy un perseguido político", decía el represor.

19 de marzo de 2007
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argentinas en la cárcel


[Cristian Alarcón] El transporte. Las mulas que traen desde Perú la cocaína por la que empezó la guerra narco en Buenos Aires.
La cárcel de Santa Mónica, en Lima, tiene lugar para 500 mujeres. Hay 1050. Muchas de ellas son argentinas que cayeron traficando. Un cronista de Página/12 registró sus testimonios de desesperanza y terror. Las autoridades antinarco peruanas explican que cada vez viaja más droga hacia la Argentina. Y revelan rutas y modos. Historias de necesidad extrema, riesgo y desolación.
El grito viene del fondo. Es un grito colectivo, enardecido, y cualquiera pensaría que es signo claro de motín o pelea. Aunque al final se puede distinguir: "¡Gooooooool!". Es el tanto que define minutos antes del final el partido de fútbol que se libra en una cancha de cemento entre dos pabellones de cuyas ventanas cuelgan tangas, corpiños, remeras, polleras y pantalones; las pilchas recién lavadas de las chicas presas por traficar droga. En el penal de Santa Mónica, en Lima, son más de 1050 aunque hay lugar para 500: siete de cada diez ha caído como ‘burrier'. Ese es el término, que nadie sabe quién acuñó, usado a diario para nombrar a las mulas del narcotráfico en Perú. Burrier, una palabra nueva a fuerza de mezclar ‘burro' y ‘courrier'. Aunque por ahora Argentina ocupa el quinto puesto como país de destino de la 'merca' peruana, las mulas que salen desde Lima hacia Buenos Aires son cada vez más. Sólo en enero, informa un general en jefe de tropas antinarco de Perú, Miguel Hidalgo, de 191 burriers apresadas con cocaína en el aeropuerto limeño, 45 venían hacia Buenos Aires: casi el 35 por ciento.
El penal de Santa Mónica queda en Chorrillos, un barrio popular al sur de Lima, muy cerca del mar. Es una de esas calles que se parecen a muchas otras en las zonas empobrecidas de las grandes ciudades: camiones, buses, smog y en la puerta de la cárcel, a las ocho de la mañana, los familiares con los bagayos cargados en día de visita sólo para las que cumplen años. Del lado de adentro, tres chicas esperan al camión que las llevará a sus comparendos. Y en el patio, con una remera de la selección puesta, Leonor Romero, 37, espera una de las dos argentinas presas por transportar droga desde el aeropuerto. "Yo nací en Palermo, en la clínica Anchorena. Y la primera casa que recuerdo es en la esquina de México y Saavedra. Pero desde que se murió mi papá, todo cambió. Primero me fui a Europa, allá conocí al pibe que me trajo a Perú", se presenta.
Rubia, de ojos claros, rellenita, Leonor tiene arrastre entre las mujeres del penal. La persiguen, cuenta su compinche, una colorada de ojos azules que cayó cuando pretendía salir, vía Buenos Aires, hacia Sudáfrica, hace apenas cuatro meses. Pero ‘la Colo' no habla; "mi ex marido, mi hijo y toda mi familia sabrían mi historia en mi país, en mi barrio, no lo soportaría, no sería justo para ellos", argumenta y con los dedos como pinzas se alisa el pelo planchado que le cae sobre la cintura. Leonor acepta y no tiene problemas en ser filmada para Telenoche, el noticiero del 13. Tiene la esperanza, dice, de que en su casa de Misiones, la pueda ver su madre, de 77 años. "¡Mamá, acá está tu hija! Está entera. Está viva a pesar de todo", dice de sí misma en tercera persona, y se toca los brazos, como palpando lo real de su tragedia.
Leonor se sienta en el banco de cemento, junto a un jardín minúsculo cuidado con obsesión por una mujer absorta en su única ocupación: abrir y cerrar la canilla y acomodar el regador. Leonor se atropella con las palabras de su defensa pública, que ni siquiera será la defensa ante el juez peruano del Callao con el que tiene audiencia dentro de dos semanas. "Para hacerla corta, porque acá si te equivocás una palabra en lo que decís, te dan quince años, ante la Justicia declaré y voy a repetirlo en el juicio, que sabía lo que había en la maleta", dice. Desmiente su versión oficial con una historia confusa, pero parecida a otras cientos de historias: un novio nuevo, evangélico, que prometía casamiento por iglesia y futuro con hijos, le dio la valija que llevaba, al momento en que fue abierta por la policía del aeropuerto, un kilo 900 de ‘cloro', o clorhidrato de cocaína.

La Carnada
Dice Leonor que ella había juntado siete mil dólares y que con eso podía ponerse una peluquería, un kiosco, algo en Posadas. Pero le robaron en Pueblo Libre, un barrio de Lima en el que se había instalado. Las versiones de Leonor, dice ella misma de entrada, no coinciden. No coincide la que le da al juez, según la que aceptó que fondearan 1800 gramos de cocaína en su valija. "Llamo a una amiga allá (en Italia), ella me conecta...", esboza pero enseguida vuelve a una vida laberíntica en la que tiró las cartas del tarot en la Barceloneta, fue niñera en Roma y vidente en Oberá. Quizá por eso sus amigas en Santa Mónica son las chicas europeas que se subieron al avión hacia Madrid o Amsterdam, "cargadas". La española cuenta que lo hizo porque era adicta a la heroína. La reclutó su propio dealer. Se queja porque padeció una abstinencia cruel sin pastillas ni nada que le parezca y porque la cárcel está "llena de gente inculta".
"Me detuvieron con 550 gramos. Es que vomitaba por la abstinencia de la heroína. Por eso me puse las cápsulas pegadas en el cuerpo. Tenía que llegar con eso a Barcelona. O me mataba el nigeriano que me mandó para acá, o me mataba el peruano que me había dado la droga. Era un peruano muy especial, nunca tomaba yo contacto con él, sino que él me encontraba a mí. Parecía un skinhead, hasta estaba bueno el hijoeputa!", dice Jackeline Beltrán Ortega, con 17 meses en Santa Mónica y siete más por delante. Así y todo, ella, como otras chicas que cayeron presas saliendo hacia Francia, Italia y Alemania, reciben asistencia mensual de sus consulados: con trescientos euros pagan quien les lave la ropa en el penal. Así vive Koku Kasusura, con pasaporte holandés, y padres etíopes. La traen entre varias para que dé una entrevista a los periodistas extranjeros, pero ella, hermosa, reina de Santa Mónica 2006, dice que no le interesa hablar de delito, y prefiere volver a la tribuna de su pabellón que va ganando el partido por goleada.
No corren la misma suerte que las subvencionadas europeas las argentinas que se quejan amargamente del Consulado patrio. Leonor fantasea con que le darán condena en la audiencia inminente y entonces sí, con la condena firme, lograr que su caso ingrese en el acuerdo entre las cancillerías argentina y peruana para extraditar detenidos a cumplir condenas a sus países de origen. El sueño de Leonor es que su madre pueda visitarla en la cárcel de Ezeiza.
"Acá te dicen que sos burrier, y te ponen la 296", se lamenta Leonor. Es el número de la ley antidrogas del Perú, equivalente a la 23737 argentina. Por el delito de tráfico no agravado la pena puede ir hasta los seis años. Pero si resulta demostrado alguna responsabilidad dentro de una organización, la pena se va a los quince años. Esa diferencia es el terror de los encausados. "Mi expediente dice que tal cual está me suceden los hechos –se explica Leonor–. Tenés que tener mucho cuidado de no decir una palabra con otra, porque si yo me llego a equivocar en una palabra me ponen 15 años sin yo poder llegar a aclarar nada. Te ponen en la 297." La rubia se pierde en los meandros del pasado, relata con una particular dislexia de tiempos y espacios, pero sabe lo que tiene que saber: no pelear para ganarle a la desmesurada burocracia judicial peruana, y no hablar de más. "Si yo llego a hablar de más... Estoy sola acá y mi vieja esta sola en casa. A mí me rompieron la boca de un cabezazo acá adentro antes de ir a declarar. Es tan grande esta organización, pero no puedo hablar más porque tengo miedo. Lo único que puedo decir es que paso yo, quedo, y atrás mío pasan otros."
Alfonso Zavaleta Martínez es médico farmacólogo, experto en epidemiología de drogas, y ha sido el coordinador de una investigación de campo entre burrieres del narcotráfico en la cárcel limeña. Su experiencia como psicólogo frente a las mujeres del penal de Santa Mónica y el resultado de una encuesta masiva realizada por Cedro (Centro para la Prevención y Educación contra el uso de las Drogas) indican que esa estrategia es habitual en Perú: el 90 por ciento de las personas que detienen en el aeropuerto cae presa en el primer viaje. "Los relatos de las burrieres que entrevistamos es que en el mismo vuelo, cuando una de ellas cae están pasando otras personas al mismo tiempo –asegura–. Es un táctica que se da también antes, cuando la droga va de la selva a las ciudades. La policía se ocupa de la detención formal de uno o dos sujetos mientras pasan nueve o diez más que van ubicados en el mismo avión o en otros vuelos pero a la misma hora."
La necesidad extrema. El riesgo. Esa es la única similitud que se puede encontrar en todas las burrieres de Santa Mónica. Las europeas como la española y la Colo, que fue toda la vida enfermera hasta que le ofrecieron la oportunidad de irse a Sudáfrica y luego a Lima, para pasar por Buenos Aires cargada, ninguna de ellas deja de hablar de la necesidad como condición a la que se le suma la adicción o la ambición modesta. "Tenía que arreglar problemas, ver si me paraba", explica. "Acá la he pasado muy mal, pero no quiero contar mucho –dice–. He llorado todo el primer mes, y de a poco fui asumiendo que estoy en un lugar donde hay gente salvaje. Tengo terror. Tengo miedo de no salir viva de acá adentro."

18 de marzo de 2007
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dónde está lópez 13


[Adriana Meyer] Carta a seis meses de la ausencia. La familia de Julio López pide ayuda, justicia e información.
Buenos Aires, Argentina. En una carta abierta a "todos los argentinos", la familia del desaparecido pide que "no se olviden de Jorge Julio López" y dice que "ya no podemos vivir con esta incertidumbre, es una pesadilla de nunca acabar". A las autoridades les piden que "no bajen los brazos".
Pasaron 180 días desde que el albañil Julio ‘Tito' López desapareció de su casa de Los Hornos y su familia volvió a difundir una "Carta pública a todos los argentinos", a la que le pusieron un título que evoca al asesinado fotógrafo José Luis Cabezas: "No se olviden de Jorge Julio López". El paso del tiempo hizo que el mensaje de los López se vuelva cada vez más desesperado. "No podemos seguir con esta incertidumbre, es una pesadilla de nunca acabar, queremos saber dónde está Tito, necesitamos imperiosamente saber algo y a todos los argentinos en general, que nos ayuden, alguien tuvo que haber visto algo, alguien sabe lo que pasó, no puede habérselo tragado la tierra...", escribieron tras reiterar su pedido de que "no bajen los brazos" al presidente Néstor Kirchner, a sus ministros, legisladores y a "todos los gobernantes del país". Mientras tanto, se organizan actos y marchas en Capital y varios puntos del país. Y la investigación judicial sigue apuntando al entorno del represor Miguel Etchecolatz, a cuya condena contribuyó López con su testimonio, y se amplió a las agencias de seguridad que trabajan con la denominada "mano de obra desocupada".
Desde que el caso recayó en el juzgado federal de La Plata a cargo de Arnaldo Corazza, y una vez que este magistrado estudió los partes que le enviaron de la Justicia ordinaria, el eje de la pesquisa fue puesto en una presunta banda integrada por ex policías y ex militares como responsable del secuestro y desaparición del testigo. Sin embargo, el hermetismo de los investigadores no permitió desde entonces avanzar en más detalles. La semana pasada, el subsecretario de Derechos Humanos, Rodolfo Mattarollo, dijo en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que había "progresos sustanciales" en el caso. Hubo una reacción casi inmediata de la familia, a través de su abogado Alfredo Gascón Cotti, y de las abogadas de Justicia Ya!, Myriam Bregman y Guadalupe Godoy, que exigieron al juzgado que cite al funcionario para que amplíe sus dichos. El punto es que Mattarollo había explicado que esa afirmación se la había formulado el ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, quien a su vez se basaba en datos provenientes de fuentes judiciales. Según pudo saber Página/12, los familiares están "molestos" por las declaraciones del funcionario que, hasta ahora, no se materializan en nada concreto. Por su parte, Corazza citaría en breve a Mattarollo.
En medio del material recibido, el juzgado encontró algo que pareció irregular: el operativo en Atalaya, cuando unos perros adiestrados enloquecieron al olfatear un colchón en la vivienda del delegado municipal Rubén Durso, lo que alimentó la hipótesis de que allí había estado López. Resultó que la policía había pasado por el lugar con pertenencias del testigo antes de que llegaran los caninos. Interrogados al respecto, los efectivos adujeron que se trató de "un error", y que "Durso se confundió". La nueva carta de la familia empieza con una frase que López escribió en sus cuadernos: "Justicia, los argentinos tienen que saber". Tras invocar la ayuda de la gente y de los gobernantes, los familiares afirmaron que "las personas no desaparecen así como así, es cierto que Tito puede ser el padre de cualquier argentino, es cierto también que no es una persona cualquiera: es testigo y querellante del primer caso de genocidio en la Justicia argentina". A pesar del misterio que rodea la desaparición del testigo de 77 años, Irene, Ruben y Gustavo López se mostraron optimistas. "Dentro de toda nuestra angustia estamos seguros de que él está bien, que lo vamos a encontrar en cualquier momento, es la única idea que nos mantiene unidos y esperanzados." Y dijeron saber del "esfuerzo del gobierno nacional por hallarlo con vida, de su preocupación, y que ellos lo tienen presente en cada acto, diríamos que hasta cada día de sus vidas, pero parece que no alcanza".
En el último párrafo agradecieron los gestos y las palabras de aliento que les llegan desde diferentes puntos del país y del extranjero, y también "a todos los que luchan por los derechos humanos, a los periodistas que saben comprender nuestra elección, la de no hablar demasiado o dar pocas notas, ya no sabemos qué decir, sólo que Tito aparezca con vida, al señor presidente, a los organismos provinciales y nacionales abocados a su búsqueda, y a todos los habitantes de nuestra querida Argentina". Y para aquellas personas que quieran acercarse para dar alguna información o acompañarlos en este momento que les "toca vivir por segunda vez", dispusieron una dirección electrónica: ruben_eduardo_lpez@yahoo.com.ar.

17 de marzo de 2007
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