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incendio culposo seguido de muerte

mqh - 17 de marzo de 2007 - 17:14 - argentina

[Elisabet Contrera] Procesan a los dueños del taller donde murieron seis bolivianos.

Los responsables de la textil de Caballito que se incendió un año atrás fueron acusados por las condiciones en que estaba el local. El caso reavivó la polémica por los talleres ilegales.
El juez de Instrucción Alberto Baños dictó el procesamiento contra los responsables del taller del barrio porteño de Caballito, donde el 30 de marzo de 2006 un incendio causó la muerte de seis personas de nacionalidad boliviana. ‘Incendio culposo seguido de muerte' es la figura penal que pesa sobre Juan Correa y Luis Sillerico Condori. Este delito prevé una pena máxima de cinco años de prisión. En los fundamentos, el magistrado sostuvo que se encuentra "sobradamente demostrada" la responsabilidad de los imputados en el siniestro. Las precarias instalaciones eléctricas, las condiciones de hacinamiento en las cuales vivían los trabajadores y la falta de medidas de seguridad son algunas de las pruebas que lo llevaron a tomar esta resolución.
Los abogados de la querella consultados por Página/12 adelantaron que insistirán durante el desarrollo del juicio oral con que se los condene por homicidio simple, figura que tiene penas de entre 8 a 25 años. "Ellos tenían conciencia de las condiciones en las que vivían los trabajadores. Está probada su actitud a la promoción y facilitación de los hechos ocurridos. Había una posibilidad latente del siniestro y no hicieron nada para que esto no pasara", explicó Miryam Carsen, una de las letradas.
Los querellantes en la causa son Luis Rodríguez Palma y Sarah Gómez Sarmiento, dos empleados del taller y víctimas del incendio en el que murió su hijo Harry Douglas, de tres años. Las otras víctimas mortales del siniestro fueron cinco personas de nacionalidad boliviana que trabajaban y vivían en el edificio ubicado en Luis Viale 1269, en el barrio porteño de Caballito.
Baños, a cargo del Juzgado en lo Criminal de Instrucción Nº 27, dictó el procesamiento de los dueños y responsables del taller. Juan Manuel Correa, de nacionalidad argentina, era el encargado de la parte comercial del negocio. En cambio, Luis Sillerico Condori, de nacionalidad boliviana, cumplía la función de buscar y contratar a los empleados. Los testimonios de los trabajadores permitieron corroborar la situación "precaria, indigna y riesgosa" en la que los empleados trabajaban. "El pago por el trabajo realizado consistía en vivienda y alimento, vales de cincuenta pesos por fin de semana y el pago de 0,70 a 1,20 peso por prenda confeccionada", indica el fallo.
Los riesgos que implicaba vivir en habitaciones separadas unas de otras "por placas de madera tipo aglomerado, telas y elementos similares", las condiciones de hacinamiento –habitaban el lugar alrededor de setenta personas, entre adultos y menores–, la falta de matafuegos y de otro tipo de elemento que permitiera sofocar cualquier principio de incendio en el primer piso y altillo –donde dormían las familias–, la falta de habilitación del edificio como vivienda y la precaria instalación eléctrica fueron los elementos de prueba señalados por Baños en el texto. La figura de incendio culposo seguido de muerte prevé una pena mínima de un año, que se puede extender a un máximo de cinco. Esta ampliación de la pena se da "si el hecho u omisión culpable pusiere en peligro de muerte a alguna persona o causare la muerte de alguna persona", según el artículo 189 del Código Penal citado por el magistrado. Baños dispuso un embargo de un millón de pesos a cada uno de los imputados.
Gabriel Chamorro, el otro representante de la querella, exhortó a investigar a los otros involucrados en el siniestro. "Esto es insuficiente. Correa y Condori representan el primer eslabón de la cadena de responsabilidades. Hay que sumar al gobierno nacional que en su función de fiscalización y policía de trabajo no cumplió con sus obligaciones, y además al gobierno porteño, que no realizó las inspecciones y tiene responsabilidad en este siniestro comparable a un segundo Cromañón", sostuvo el letrado.
Este fallo se conoce a pocos días de que se cumpla un año de la tragedia, que volvió a evidenciar la situación de los talleres clandestinos en la ciudad de Buenos Aires. Un grupo de sobrevivientes marchará "para reclamar cárcel a los asesinos y reparación a los damnificados".

17 de marzo de 2007
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condenados a perpetua

mqh - 15 de marzo de 2007 - 18:58 - argentina

[Irina Hauser] Cinco represores condenados a perpetuidad y a un año sin sol.

Alfredo Astiz, Jorge ‘Tigre' Acosta, Jorge Raúl Vildoza, Antonio Febres y Antonio Vañek fueron juzgados en ausencia por la Justicia de Italia. La titular de Abuelas, Estela de Carlotto, estaba ‘exultante'.
La II Corte del Tribunal Penal de Roma condenó en ausencia a cinco ex jerarcas de la ESMA a cadena perpetua con un año de reclusión sin ver el sol. Así, textualmente, es como llama la Justicia italiana al castigo medieval que reserva para casos gravísimos y que decidió aplicarles a Alfredo Astiz, Jorge ‘Tigre' Acosta, Jorge Raúl Vildoza, Antonio Febres y Antonio Vañek. Los represores fueron juzgados en ausencia y acusados de "homicidio voluntario múltiple premeditado" por la desaparición de tres ciudadanos italianos: Angela María Aieta de Gullo –madre del dirigente peronista Juan Carlos Dante Gullo–, Juan Pegoraro y su hija Susana, quien dio a luz en cautiverio una hija que aún no recuperó su identidad. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, viajó especialmente para escuchar la sentencia. Se puso "eufórica", dijo, al conocer el fallo, al que consideró "como un ejemplo internacional para no tapar la historia" y que "ayudará a que se cumplan las condenas en Argentina".
Italia comenzó a avanzar con esta causa judicial cuando todavía seguían vigentes las leyes de punto final y obediencia debida. Con su anulación, uno de los expedientes que recobró impulso fue el de los crímenes cometidos en la ESMA. Por esa investigación los represores condenados ayer en Italia ya están detenidos, a la espera de un juicio oral en los tribunales porteños, con excepción de Vildoza, quien está prófugo desde 1986, con pedido de captura vigente de ambos países. El juicio en Roma se hizo sin los acusados presentes y la condena no implicará para ellos ningún efecto inmediato, pero sí un impedimento para salir del país, ya que automáticamente los buscaría la Justicia italiana.
El tribunal presidido por Mario D'Andria decidió aplicar una de las penas más severas de su país a los cinco represores de la ESMA. Además, los sentenció a indemnizar, con sumas que van de 50 mil a 100 mil euros, a los familiares de las tres víctimas italianas de la dictadura argentina y estableció que deberán hacerse cargo de los gastos del juicio y los honorarios de los abogados de la querella. El fallo, dispuso la Corte, deberá aparecer publicada en los diarios italianos Il Corriere della Sera y La Repubblica.
Todavía el tribunal no definió la situación de Emilio Massera, otro de los acusados del juicio a quien evalúa si declarará o no como inimputable. Los peritos que vinieron a evaluar su estado de salud a Buenos Aires pidieron dos meses para emitir un informe.
La lectura del veredicto fue en la sala de máxima seguridad de Rebibbia, en los suburbios de Roma, donde transcurrieron todas las audiencias desde junio del año pasado. En el recinto había familiares de las víctimas, organismos de derechos humanos y autoridades del Estado italiano, que fue parte impulsora en el juicio. Eran unas cuarenta personas que estallaron en un aplauso al escuchar la condena a perpetua. En Argentina, el festejo se reprodujo en el Ministerio de Educación, donde funcionarios, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo se comunicaron por videoconferencia con quienes estaban en Italia.
El titular de la cartera educativa y candidato porteño, Daniel Filmus, rescató el juicio en Italia como fruto de quienes "lucharon por la memoria y la justicia", aun cuando "muchos en el país apostaban al olvido". El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, destacó que la sentencia es "un respaldo de la comunidad internacional a la búsqueda de verdad y justicia y a la lucha contra la impunidad". Lo dijo mientras dialogaba con el titular de la provincia de Cosenza, Mario Olivierio; el alcalde de Fuscaldo, David Gravina, y los tres abogados de la querella.
A Carlotto se la vio proponer en pantalla "una celebración" por la noticia que equiparó con "un triunfo universal", haciendo hincapié en la "valentía de los jueces". En diálogo con Página/12 explicó que, más allá de que los represores condenados estén siendo juzgados en la Argentina, la importancia del fallo descansa en "el mérito del ejemplo internacional de un país de no tapar la historia, sino usar la Justicia para quienes vulneraron los derechos de sus ciudadanos". "Tiene un efecto moral, o moralizador, que puede ayudar a cumplan su condena en Argentina", dijo.
Jorge Ithurburu, del comité promotor del juicio ESMA en Italia, agregó que "sería bueno que la sentencia ayude a cooperar a las autoridades judiciales y policiales argentinas e italianas para encontrar a Vildoza".
Durante el juicio, los magistrados europeos pudieron escuchar los relatos de sobrevivientes que estuvieron en la ESMA y que tuvieron contacto con Aieta, Pegoraro y su hija. Angela María Aieta fue secuestrada el 5 de agosto de 1976. Recién en 2001 su familia pudo acceder a testigos que compartieron el cautiverio con ella. Juan y Susana Pegoraro fueron secuestrados el 18 de junio de 1977. Ella estaba embarazada de cinco meses y su esposo desapareció el mismo día. En la ESMA, Susana dio a luz y escribió una carta para que su mamá criara a su beba, pero la niña nunca fue entregada a la familia. Las Abuelas suponen que fue anotada como Evelyn por el marino Policarpo Vázquez. La joven nunca aceptó el estudio de ADN y el caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El mismo tribunal de Roma ya había condenado siete años atrás al fallecido general Guillermo Suárez Mason y a Santiago Omar Riveros, quien recién fue detenido la semana pasada en la megacausa de Campo de Mayo. La sentencia alcanzaba también a cuatro suboficiales y un prefecto que siguen libres cuya extradición Italia planea reclamar "como modo de hacer valer el sentido del juicio", explicó Carlotto. Lo mismo podría hacer con los nuevos condenados de la ESMA, aunque se sabe que serán juzgados aquí.

15 de marzo de 2007
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caso dalmasso: cromosomas

mqh - 14 de marzo de 2007 - 14:31 - argentina

[Raúl Kollmann] La pista de los cromosomas. Encuentran material genetico en el caso Dalmasso.

Casi cuatro meses después del crimen, un laboratorio de Córdoba halló cromosomas con el perfil genético de un hombre en las muestras que no usó el FBI. Quieren descartar una posible contaminación.
El instituto Ceprocor –una unidad de investigaciones genéticas de la Agencia Córdoba Ciencia– encontró cromosomas Y, es decir, con el perfil genético de un hombre, en las muestras vinculadas con la investigación del crimen de Nora Dalmasso. En el Ceprocor se trabaja sobre tres elementos distintos: hisopados vaginales realizados a la víctima y que se pensaron que eran de semen; una parte del cinturón de la bata que tenía puesta la víctima y una parte de la sábana sobre la cual apareció el cuerpo de la mujer. Parte de estos elementos se habían mandado a Estados Unidos para que los analizara el FBI, pero el organismo norteamericano los devolvió, bajo el argumento de que no trabajan sobre muestras utilizadas por otros organismos. De regreso al Ceprocor, se hicieron nuevas pruebas con nuevos reactivos. El trabajo que se debe realizar ahora es descartar que ese perfil genético provenga de una contaminación de las muestras –cosa que se cree poco probable–, por lo que, antes que nada, se les sacará sangre a los forenses y a otras personas que estuvieron en contacto con el cuerpo de Dalmasso en los primeros tramos de la pesquisa.
El Ceprocor le transmitió a la fiscalía su hallazgo esta misma semana y, por lo tanto, el fiscal Javier Di Santo trabajaba anoche en un listado de unas 20 personas que estuvieron en contacto con el cuerpo de Dalmasso al principio del caso. Por ejemplo, el vecino que encontró el cuerpo, los forenses, el bioquímico y otras personas que podían haber dejado sudor, saliva o pelo en la sábana o el cinturón de la bata.
Anoche se mantenía en reserva dónde exactamente se encontró el material del que salió el ADN, pero el trascendido es que no sería de un solo elemento sino de dos o más. Esto hace que se considere menos probable que el material sea producto de una contaminación de las muestras.
Como se sabe, el Ceprocor, un instituto que goza de prestigio nacional e internacional, evaluó un hisopado inicial de lo que se creyó era semen. El instituto dictaminó que en esa muestra no encontró espermatozoides y que, por lo tanto, no podía determinar el perfil genético en su primer análisis. Aun así, el Ceprocor insistía en la necesidad de seguir estudiando el material.
La enorme controversia que disparó el caso llevó a que los fiscales decidieran hacer los estudios de ADN en Estados Unidos, en el FBI, buscando así un centro que fuera considerado independiente de las presiones y las sospechas argentinas. Hacia Estados Unidos se mandaron los hisopados trabajados por el Ceprocor, pero también otros hisopados de lo que parecía semen que Di Santo reservó. De la misma manera, en el instituto cordobés se habían analizado partes de la sábana y del cinturón de la bata y esos elementos igualmente se enviaron al FBI. Sin embargo, el organismo norteamericano resolvió devolver lo que ya había sido trabajado por el Ceprocor, por cuanto el FBI no trabaja sobre muestras ya utilizadas. Pero se quedó con material que ahora está siendo analizado en Estados Unidos.
Todo el material devuelto fue nuevamente estudiado por el Ceprocor, con más reactivos y más instrumental. Incluso hubo muestras que el laboratorio cordobés ni siquiera había tenido tiempo de procesar totalmente ya que, dicen, se las llevaron al FBI antes de que terminen la investigación. De esos nuevos estudios surgió finalmente un perfil genético masculino. Y eso es lo que le informaron al fiscal Di Santo.
La advertencia más importante que le hicieron llegar a la fiscalía es que hay que descartar que el material que sirvió para procesar el ADN no provenga de una contaminación. Por lo tanto, el reaseguro consiste en que se les extraiga sangre a todos los profesionales o testigos que estuvieron cerca del cuerpo al principio o los que manipularon las muestras de lo que se cree que es semen.
El ADN es casi la única tabla de salvación que tiene, hoy por hoy, la causa de Río Cuarto. Es que resulta difícil esclarecer el caso desde el punto de vista forense o criminalístico, ya que hay elementos que apuntan en una dirección, pero sólo una prueba contundente puede definir las sospechas:
- El mayor sospechoso sigue siendo el pintor Gastón Zárate. En su contra hay numerosas pruebas, entre ellas, que existen evidencias de que tuvo en su poder los dos celulares de Nora, antecedentes de violencia, una presunta confesión a un amigo y un relato que incluye al menos un detalle –-que Nora estaba leyendo cuando la atacaron– que sólo el homicida podía conocer. Para la Cámara de Acusación de Río Cuarto, esas pruebas son insuficientes, por lo cual encomendó al fiscal encontrar elementos más contundentes: o bien el ADN o bien alguno de los dos teléfonos robados en casa de Dalmasso. La hipótesis que involucra a Zárate no descarta que haya actuado junto a otra persona.
- La hipótesis del amante sigue vigente, aunque en un segundo plano. Si se confirma la detección del ADN, habrá extracción de sangre a por lo menos dos personas del círculo de allegados a la víctima.
- Por último, no habría que descartar que lo que parece semen provenga del propio marido de Dalmasso, Marcelo Macarrón, quien declaró en la causa que mantuvo una relación sexual, vaginal y anal, con su mujer dos noches antes de su muerte. El semen podría haber quedado allí y por lo tanto el ADN –si es que se basa en el hisopado vaginal– sería del propio Macarrón. En ese caso, se deberá evaluar si el asesino directamente entró a matar a Nora sin que mediara relación alguna.
El ADN podría echar luz sobre todas estas alternativas y enigmas, siempre y cuando no provenga de una contaminación. Y, además, en cualquier caso habrá que esperar lo que venga del FBI, dentro de dos a cuatro semanas, que tendrá que ser coincidente con lo del Ceprocor.

14 de marzo de 2007
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el viudo carrascosa 4

mqh - 14 de marzo de 2007 - 14:14 - argentina

[Horacio Cecchi] Las venas abiertas de la familia García Belsunce y el cuñado Willy.

Irene, John y Dino Hurtig, Horacio GB y Guillermo Bártoli aceptaron prestarse a la prueba del ADN a la que se negaban desde hace cuatro años y medio. Se leyó la causa por siete robos que condenó a Pachelo. Y escuchas que afirman la hipótesis del encubrimiento.
Finalmente, los cinco familiares de María Marta que se negaban a extraerse sangre para comparar su ADN con el de las muestras obtenidas en la escena del crimen aceptaron someterse a la prueba. Se trata de Horacio García Belsunce (hermano de MM), Guillermo Bártoli (cuñado), Irene Hurtig (hermanastra de MM y esposa de Bártoli), John (Juan) Hurtig (hermanastro) y Dino (Constantino) Hurtig (padre de los dos últimos y padrastro de MM), quienes ahora dicen que están dadas las condiciones. Además, durante el juicio, se continuó con la estrategia de la defensa de Carrascosa de sembrar sospechas sobre Pachelo. En contra de la estrategia de la defensa, también se leyeron desgrabaciones de escuchas telefónicas que cosechan sospechas pero sobre la familia y su entorno.
La aceptación del ADN es un tema tan controvertido como curioso. Y el caso García Belsunce, se sabe, está repleto de curiosidades. Ya los dos principales leit motiv de cada parte, o sea, Carrascosa por un lado y Pachelo por el otro, se prestaron a la extracción. El resultado, no para sorpresa, dio negativo en ambos casos. Pachelo, sin estar imputado, fue el primero que se presentó sin hesitar. En cambio, a Carrascosa le costó un poquito más. También entregaron sus venas abiertas el matrimonio de amigos y vecinos del Carmel Viviana y Sergio Binello, este último entre los procesados por encubrimiento. Y la masajista Beatriz Michelini y el médico Juan Gauvry Gordon, ambos procesados y ajenos al círculo familiar. En los cuatro también dio negativo. Lo mismo ocurrió con los guardias José Ortiz (otro pedestal que se le cayó a la defensa acusadora) y Norberto Glennon. Y con la amiga de Carrascosa, ex acusada de encubrimiento y sobreseída Pichi Taylor, también negativa en lo que se refiere al ADN y prueba caída para la fiscalía.
El resto, o sea los cuatro imputados de la familia más Irene Hurtig, se había negado a la extracción. Recientemente, los tres fiscales enfrentados a Molina Pico pero sentados a su lado también habían solicitado la prueba a Inés Dávalos, la esposa de Pachelo (y, según familiares y amigos de GB, la Dama de Rosa).
En definitiva, si fuera por el ADN, hasta ahora a María Marta la mató el grifo, tal como lo expresó desde el principio Carrascosa. Habrá que aclarar que el hecho de que la comparación de ADN dé negativo no indica que no se haya estado presente en la escena del crimen (esto es tan válido para Carrascosa como para Pachelo, un vigilador o cualquiera). Ni siquiera indica que no haya sido lastimado: habrá que recordar que las manchas de sangre, repartidas por todo el piso superior y no sólo en el baño, fueron lavadas a sabiendas de Carrascosa, destruyendo prueba imprescindible. Incluso en el extremo irrisorio de que se intentara lavar la sangre (sin saberlo, obvio) que ahora busca desesperadamente la defensa, por el solo hecho de que resultaba un espectáculo desagradable.
Ayer, durante el juicio, se continuó con la lectura de las causas llevadas contra Pachelo. En la ocasión se leyó la 2083 del Tribunal Oral 15, en la que Pachelo aceptó los cargos y fue condenado a tres años y tres meses. Se trató de seis hurtos y un robo, todos en Capital, de electrodomésticos, dinero y cheques, en casas de amigos del condenado, de las que previamente había obtenido las llaves. En una de las ocasiones, al ingresar encapuchado y armado sorprendió a la dueña de casa. "¿Vieron?", sugiere la defensa de Carrascosa e intenta que se reconozca la similitud del método. De ser efectiva la hipótesis, ¿dónde se debería encajar la presencia de Pachelo en la escena del crimen? ¿Antes de la voz masculina no declarada que se escucha junto a Carrascosa?
Por otro lado, también se leyeron las desgrabaciones de varias escuchas telefónicas. Una de las más curiosas es aquella en la que el 18 de diciembre de 2002, a pocos días de haberse desatado el escándalo, Sergio Binello habla con un amigo (Pablo). "Desde anoche, los medios están diciendo que Tito (Alberto White, presidente del Carmel) recibió una llamada de un vecino para que coimeara a la policía. ¿Sos vos?", pregunta Pablo.
–Sí –responde Binello.
–Bueno, asesorate un poco con el abogado.
En otra, Binello le dice a otro amigo (Oscar): "Yo le dije a Tito: ‘Aunque sea garpales algo o dale una propina'. Y ahí Horacio (GB) lo llamó a Cazafús y le dijo ‘pará a la cana'". En otra ocasión, se escucha a Carrascosa decirle a Irene: "Cualquier cosa chiflame, que me voy a cualquier lado". El viudo aclaró hace unos días que lo que quiso decir es que se iba a Mar del Plata sin intención de fuga.

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condenas en caso de saqueo

mqh - 13 de marzo de 2007 - 17:17 - argentina

[Adriana Meyer] "Desproporción escandalosa entre amenaza y reacción". Dictaron las primeras condenas por las muertes durante los saqueos de diciembre de 2001.

El Tribunal Oral de La Matanza condenó al empresario Luis Mazzi y a su custodio, el ex agente de Prefectura Bernardo Joulie, a quince y seis años de cárcel, respectivamente, por los homicidios de Damián Ramírez y Ariel Salas. Los familiares de las víctimas protestaron porque exigían penas más altas. Es la primera sentencia por los hechos ocurridos en diciembre de 2001.
Los asesinatos cometidos el 19 y 20 de diciembre de 2001 ya tienen su primera condena. Un tribunal oral de La Matanza sentenció al empresario Luis Mazzi y a su custodio, el prefecto retirado Bernardo Joulie, a quince y seis años de cárcel respectivamente, por los homicidios de Damián Ramírez y Ariel Salas, ocurridos durante el intento de saqueo a un pequeño centro comercial de Ciudad Evita. Al grito de "¡asesinos, asesinos!" estalló en la sala de audiencias la bronca de los familiares, que habían esperado el veredicto con ansiedad contenida, tomados de las manos. En los pasillos y en la calle se sucedieron incidentes que plasmaron esta indignación. Pero más allá del descontento de los allegados a las víctimas, los abogados coincidieron en rescatar que el fallo no convalidó la "legítima defensa" ni el accionar de cualquier parapolicial o persona que se arme en defensa de sus bienes. La sentencia, que contuvo citas del historiador Eric Hobsbawm, indicó que las víctimas "ni saqueaban ni apoyaban a los saqueadores" y hubo, además, una "escandalosa desproporción" entre la amenaza invocada y la reacción de los agresores. Así culminó el primer juicio oral por la crisis de 2001, que se cobró la vida de 39 personas en todo el país. Aunque en este caso los responsables son un civil y un ex miembro de una fuerza de seguridad, casi todos los demás se produjeron por la represión policial.
Frente a los tribunales de San Justo, en Almafuerte y Mendoza, los familiares y amigos de Salas y Ramírez instalaron una carpa y carteles para seguir las jornadas del juicio oral. Organizados en la Asociación Madres de La Matanza contra la Impunidad, acompañaron también ayer los momentos previos a la sentencia. "Ariel, Damián, presentes, ahora y siempre", era el canto que llegaba hasta adentro del edificio, mezclado con sonido de bombos. El mate dejó paso a las bebidas frescas en el ‘aguante', porque la temperatura comenzaba a subir, incluso adentro del tribunal oral criminal 3.
Una hora y media más tarde de lo previsto, el secretario de los jueces Jorge Van Estaden, Diana Volpicina y Liliana Logroño empezó a leer parte de la sentencia. En el banquillo estaba el ex agente de la Prefectura Bernardo Alonso Joulie y el comerciante César Maguincha, que resultó absuelto. Hay otros tres imputados cuya situación está pendiente en la Cámara de Casación. Los fiscales de instrucción, Eduardo Castelli, y de juicio oral, Sergio Antín, los habían acusado también por tentativa de homicidio contra Juan Oviedo y por las lesiones que sufrió Néstor Galván. Mazzi decidió no estar presente, pero entre el público se hizo oír su esposa, Adriana. "Me adherí como madre desde el principio por la verdad, pero ahora nosotros estamos perseguidos, mi marido es un hombre de bien, nadie está exento de una situación así", dijo a quien quisiera escucharla con enorme indignación.
‘El Tano' Mazzi es dueño de siete locales ubicados en Cristianía y Maciel, del barrio 22 de Enero, en Ciudad Evita. A las siete de la tarde del 19 de diciembre empezó a los tiros, con su custodio Joulie y otros tres comerciantes. Se habían enterado de los saqueos y fueron en un colectivo a buscar armas de todo tipo de calibre. Mazzi usó una Itaka y su guardaespaldas el arma de puño, una 9 milímetros. Según la defensa de los imputados, ejercida por los abogados Miguel Angel Pierri e Isabel Cantero, actuaron en "legítima defensa" ante la "actitud ilícita de los saqueadores, y "los que no saqueaban estaban apoyándolos". Pero los jueces consideraron que Ramírez –un adolescente de 14 años que cursaba el octavo grado– no tenía palos ni piedras y que "estaba curioseando" junto a las demás personas.

Morir por Nada
El cuerpo sin vida de Damián Ramírez cayó a los pies de su mamá Raquel y de su hermana Rosana. "Mi hijo salió a mirar como tanta gente, jamás imaginé que me lo iban a matar. La bala le entró por debajo de una oreja y le salió por la otra", describió ante Página/12. "A los locales de Mazzi no los saquearon", agregó. Este diario quiso saber si el empresario pudo haber gozado de alguna protección por sus supuestos vínculos con políticos, pero la mujer sólo pudo expresar que "es altanero y tiene cara de mafia".
Ariel Salas –30 años, empleado en una joyería de Almagro– había podido salir antes de su trabajo porque el dueño lo autorizó, dado el estado de rebelión popular y represión policial que se vivía aquella jornada, que marcó el sangriento final del gobierno de la Alianza. Lo mataron de un escopetazo cuando bajaba del colectivo 180. Su padre, Juan Domingo Salas, bajó la mirada cuando escuchó el veredicto. Y al rato expresó: "No estoy conforme. Mi hijo no tuvo nada que ver con los saqueos, bajaba del colectivo y ligó un itakazo de Mazzi, por eso 15 años no es nada". Los abogados querellantes habían pedido 25 años para Mazzi y 18 para Joulie.
Roxana Ramírez se paró sobre las sillas y comenzó a insultar a los imputados. Mientras la sacaban de la sala, en medio de una crisis de nervios, gritó: "¡¿Esta es la Justicia argentina...? Mi hermano tenía 14 años...!". Con la misma desesperación y en medio del llanto, David Salas recordó que su hermano recibió "47 perdigones en la cara" y que "era un laburante, no un saqueador". Ya desencajado, mostró a las cámaras la foto de su sobrina, "una nena de seis años que el asesino dejó sin padre". Mientras tanto, la mamá de Damián se desvanecía en las escaleras. Un psicólogo y un abogado del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima, del gobierno bonaerense, intentaron contener tanto dolor. "(Joulie) estuvo cinco años con la prisión domiciliaria, con salidas recreativas y todo. Mi hijo estaba a quince metros, se da vuelta y lo mata por la espalda. La condena no fue justa, correspondía la misma para los dos. Con la condicional, ya casi está en la calle", dijo Carlos Ramírez mientras sostenía a su esposa, que se reponía del desmayo.
Según la Justicia, Mazzi fue el autor de la muerte de Salas, mientras que Joulie fue encontrado culpable por la de Ramírez, aunque obtuvo una pena inferior dado que el delito que le adjudicaron fue homicidio "en riña". Durante el proceso, ambos gozaron de la prisión domiciliaria, a pesar de que estuvieron prófugos durante varios meses. Ahora los condenaron a cárcel efectiva, de modo que Joulie volvió a la Unidad 29 de Melchor Romero. Sin embargo, como lleva cuatro años y medio con prisión preventiva, estará en condiciones de salir muy pronto. En cambio, Mazzi deberá esperar cinco años y medio para pedir la libertad condicional. Probablemente ese cálculo haya desatado la ira de los familiares. Durante el juicio quedó asentado que Joulie tuvo un expediente psiquiátrico en Prefectura por el cual le llegaron a retirar la portación del arma. También se comprobó que el empresario amagó a disparar incluso a quienes intentaron ayudar a Salas. La defensa alegó que hubo una zona liberada y por eso tuvieron que defenderse ellos mismos. La querella replicó que pudieron buscar una manera disuasiva, como algunos comerciantes, que usaron gases lacrimógenos.
El calor del mediodía empezaba a sofocar y la tensión seguía instalada en la vereda del tribunal. Los manifestantes corrieron al abogado Pierri cuando salía, pero enseguida la policía lo protegió. Asimismo, intentaron ingresar por el garaje por donde sacarían a los imputados y en ese momento la madre y la hermana de Damián Ramírez terminaron en el suelo, llorando abrazadas y desconsoladas.

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