marcados por la memoria del horror
Un equipo de especialistas asiste a víctimas de violaciones a los derechos humanos en democracia. El Centro Ulloa, de la Secretaría de DD.HH. de la Nación, brinda asistencia integral a víctimas de abusos de fuerzas de seguridad, gatillo fácil, torturas y tratos crueles en cárceles y comisarías. 
[Mariana Carbajal] Argentina. Se creó para intentar suavizar las huellas profundas en la salud psíquica y física de las víctimas del terrorismo de Estado –y de sus familiares– y acompañarlas en su recorrido como testigos en los juicios contra los represores. Pero el Centro Ulloa, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, amplió sus incumbencias. Y también brinda asistencia integral a víctimas de violaciones de los derechos humanos perpetradas en democracia: abusos de fuerzas de seguridad, gatillo fácil, torturas y tratos crueles en cárceles y comisarías. Están organizando un equipo, además, que pueda intervenir en casos de trata. La atención no está centralizada en su sede, en la ciudad de Buenos Aires. Para cubrir todo el territorio del país, armaron una red de profesionales, con perspectiva de derechos humanos, de hospitales públicos en las diversas provincias.
"Si creamos este Centro de Asistencia no podemos solo abocarnos a las violaciones de derechos humanos del terrorismo de Estado. Hay muchas marcas en las fuerzas de seguridad, en las estructuras del Estado, de eso que ocurrió. Las marcas son tan profundas que por supuesto se siguen generando violaciones en la actualidad y no podemos dejar por fuera a esas víctimas. La lógica de trabajo es la misma que aplicamos a las víctimas de terrorismo de Estado", explica a Página/12 Fabiana Rousseaux, directora del Centro Ulloa. También ella tiene sus propias huellas del horror de aquellos años oscuros: su padre está desaparecido.
El Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de DD.HH. Dr. Fernando Ulloa se creó en octubre de 2010: sus incumbencias se ampliaron en febrero último por decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Funciona desde hace pocos meses en una casona con patio andaluz en el microcentro porteño, Esmeralda 138, en las mismas habitaciones que albergaron al extinto Banco General de Negocios, denunciado por la fuga de 250 millones de dólares, de los hermanos Rohm y en cuyo directorio también tenía participación el ex ministro de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz. El pasado y el presente deambulan y se chocan por los pasillos. Pero la casona respira el espíritu del psicoanalista Fernando Ulloa –a quien homenajea con su nombre–, fallecido hace tres años, a los 84 años, reconocido por su compromiso social y político, y sus aportes conceptuales y prácticos a la lucha por los derechos humanos.
En realidad, el Centro Ulloa es la continuación de otras iniciativas promovidas desde la Secretaría de Derechos Humanos para dar contención, acompañamiento y asistencia en salud mental a víctimas-testigos del terrorismo de Estado. "Pero estamos también empezando a trabajar con médicos. Este no es un tema solo de salud mental: cuando una persona, luego de testimoniar en cualquier causa, desarrolla una enfermedad autoinmune y se muere, como ha pasado, es un tema muy grave", apunta Rousseaux.
¿Lo ven como un patrón?
Sí. Por eso hablamos de la importancia del acompañamiento del testigo: el testimonio en el juicio no es volver a contar sino volver a vivir. Y eso trae consecuencias. Algunas personas, como el papá del Negrito Avellaneda (Floreal tenía 15 años cuando fue secuestrado; su cuerpo mutilado apareció en la costa uruguaya en 1976) no podemos decir que murió después del testimonio. Pero como profesionales podemos decir que hay algo del cuerpo que se desadormece después de que toda su vida fue pensada en función de llegar a ese testimonio, a que se haga justicia. ¿Y luego qué viene? Lo vimos en otros casos, en otras provincias. Hay algo que se descongela en el cuerpo. Muchas de estas personas jamás han podido ir a hacerse estudios básicos, indispensables, como un electrocardiograma o una mujer estudios ginecológicos. Son cuerpos marcados por la memoria del horror. En el Centro escuchamos gente que llega derivada de un juzgado, de una fiscalía, que dice: "Yo tengo esta enfermedad hace muchos años, pero jamás pude ir a un médico". No se animaron, tal vez, porque viven en pueblos chicos, donde el médico del lugar pudo estar vinculado con represores.
Una de las asesoras del Centro Ulloa es Alicia Stolkiner, titular de la Cátedra de Salud Pública de la Facultad de Psicología de la UBA y profesora de posgrado en el Departamento de Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús. El equipo se integra con profesionales más jóvenes, como la psicóloga Juliana Serritella, coordinadora del Área de Terrorismo de Estado, y Virginia Delgado, psicóloga y psicopedagoga. "Cuando se funda este Centro, se establece un puente entre las violaciones de los derechos humanos durante el terror de Estado y las actuales, que tienen que ver con la actuación, aun en un marco democrático, de las fuerzas de seguridad de manera inadecuada", puntualiza Stolkiner.
La formación de una red de profesionales en distintos hospitales, que puedan dar respuesta a víctimas de violaciones de derechos humanos, es una prioridad para la Secretaría de Derechos Humanos. "El Programa Consecuencias Actuales del Terrorismo de Estado (CATE) –del cual depende el Ulloa– surge en 2005 con el objeto de volver a instalar el tema de la actualidad del terrorismo de Estado en la salud mental y en la población en general. No se trataba de un hecho del pasado, sino que retornaba sistemáticamente en las consultas y las profesionales daban una respuesta muy curiosa, sobre todo en el interior del país, cuando se acercaba una víctima de terrorismo de Estado tres décadas después a atenderse: ‘Vaya con los de los derechos humanos, esto es un problema de los derechos humanos, nosotros no tenemos nada que ver con el tema’. Dentro de la Secretaría, planteamos la necesidad de que ningún profesional del país, que tenga una matrícula y que sea funcionario público también, pudiera decir que no tenía nada que ver con el problema del terrorismo de Estado, porque la gente, sobre todo en el interior de país, veía acotada su posibilidad de asistencia", dice Rousseaux.
¿Qué particularidad puede tener la intervención de profesionales de la salud mental o médicos de la red que han armado?
Nuestra mirada particular y específica es pensar la representación subjetiva que cada uno tiene respecto de esa violación de derechos. A veces viene gente que uno puede interpretar que no ha sufrido una violación efectiva de derechos humanos en la definición estricta y, sin embargo, hay una interpretación subjetiva. Nos llamaron para intervenir en el primer juicio oral que se va a llevar adelante por el caso de Marita Verón en Tucumán, en el acompañamiento a las víctimas-testigos que van a declarar. Finalmente no nos vamos a ocupar, pero sí pensamos que tenemos que acompañar a víctimas de trata, que es un trabajo casi a la inversa del que hacemos con víctimas de terrorismo de Estado.
¿Cuál es la diferencia?
Por la posición subjetiva de las víctimas. Pareciera ser que lo que hay que construir es la condición de sujeto de derecho en ese caso. Nos parece muy importante –como en el caso de la causa de Automotores Orletti, que muchos testigos venían de Uruguay– qué pasa con el post testimonio y cómo nosotros sostenemos y armamos una red de contención luego de que declaren en el juicio, que es el momento más riesgoso y en el que tal vez la Justicia no piensa, porque está enfocada en el testimonio. Actualmente brindan asistencia a unas quinientas personas, víctimas del terrorismo de Estado. Hay una propuesta de hacer un espacio grupal para mujeres que han sufrido violaciones sexuales en los centros clandestinos.
[* Para consultas sobre el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa, dirigirse a Esmeralda 138, llamar al 11-4328-2463 o escribir a centroulloa@jus.gov.ar.]
2 de agosto de 2011
1 de agosto de 2011
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[Carlos Rodríguez] Argentina. Como si se tratara de una competencia atlética cuyo desarrollo se repetía una y otra vez, como en la TV, el cabo de la Policía Federal Ariel Mendoza corrió ayer seis veces el mismo trayecto que hizo, el miércoles 20, cuando un disparo que salió de su pistola reglamentaria, una 9 milímetros Bersa Thunder, pegó en la cabeza de Ariel Domínguez, de 22 años, y lo mató en el acto. En la reconstrucción que se hizo en la esquina de Paseo Colón y Humberto 1º, el arma nunca cayó de la cartuchera, en ninguna de las seis ocasiones. Esto hubiera corroborado sus dichos en el sentido de que el arma resbaló hasta el suelo y se produjo el disparo "en forma accidental", al golpear la Bersa contra el asfalto. "Nosotros seguimos pensando lo mismo, que el arma la llevaba en la mano", le dijo ayer a Página/12 el abogado Jorge Taiah, quien representa a la familia Domínguez. Si bien la diferencia –en la cartuchera o en la mano– no serviría por sí sola para cambiar la carátula del caso, que hoy es "homicidio culposo", un delito con un castigo leve, Taiah sostuvo que "esto no fue un hecho accidental, que es algo totalmente azaroso. No hay azar cuando hay un mal manejo de determinadas situaciones. La responsabilidad es muy distinta".
Argentina. El Poder Ejecutivo será el encargado de "garantizar la preservación" de esos lugares tanto para "facilitar las investigaciones judiciales" como para la "preservación de la memoria".
[Alejandra Dandan] Argentina. Las audiencias por los crímenes en el centro clandestino de la Escuela de Mecánica de la Armada continúan en los Tribunales de Retiro, vacíos por la feria judicial. Desde comienzos de la semana, los abogados de los represores intentan los alegatos ante una platea repleta solo en el balcón destinado a los camaradas de armas que se turnan para mantenerla llena todo el tiempo posible. Toman nota como informantes aplicados en pequeños papeles que guardan adentro de libros con apariencia de feria de usados. Ayer, la defensa de los represores Jorge "El Tigre" Acosta, Adolfo Donda, el médico Carlos Capdevilla y Jorge Radice cuestionó centralmente el alegato de la fiscalía, se quejó por las "adjetivaciones" con las que la fiscalía recordó cómo los sobrevivientes hablaron de sus verdugos e insistió en los argumentos de cosa juzgada y prescriptibilidad, esgrimidos sin éxito por cada una de las defensas en cada uno de los juicios.
[Diego Martínez] Argentina. El Tribunal Oral Federal de General Roca condenó ayer a penas de entre cinco y ocho años y medio de prisión a dos oficiales superiores del Ejército y a cuatro ex policías de la provincia de Río Negro, por delitos de lesa humanidad contra dos dirigentes gremiales en 1976. La pena más alta fue para el general de brigada retirado Lucio Gerardo Pedernera, de 85 años, ex jefe de la policía de Río Negro. "Para mí es el comienzo de una nueva vida porque me pude sacar de encima una pesada", explicó el ex secretario general de la seccional Atlántica de la Uocra, Daniel Avalos. "Pienso en mi compañero (Carlos) Lima, que ya no está", dijo en referencia a la segunda víctima, que murió en 2010, y destacó que "los imputados no tuvieron coraje para venir a escuchar el fallo, pero están en todo su derecho, los mismos derechos que nos quitaron a nosotros y que hoy gozamos todos los argentinos".
[Irina Hauser] Argentina. En un gran terreno triangular, arado pero con algunos brotes de caña que emergen del suelo, se instalaron el miércoles pasado quinientas familias. Allí armaron sus carpas precarias, con palos y techos de nylon. El predio, en Libertador General San Martín, Jujuy, pertenece al Ingenio Ledesma, al que desde hace cerca de cuatro años cientos de personas sin vivienda le piden que ceda quince hectáreas para poder construir sus casas, ya que la localidad está cercada por la expansión de la empresa y no quedan tierras disponibles. El miércoles por la noche parecía avanzar una negociación, conducida por referentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y otras organizaciones en representación de la toma, pero ayer a la madrugada un ejército policial apareció en el lugar e invocando la orden de desalojo de un juez local reprimió con ferocidad a los ocupantes hasta entrado el mediodía. La embestida terminó con por lo menos tres muertos –un policía y dos jóvenes que estaban en la ocupación–, un chico gravísimo por un disparo en la cabeza y, según estimaban en la CCC, unos treinta heridos, varios de ellos con balas de plomo. El gobernador Walter Barrionuevo dijo que se sentía "sorprendido, impotente y con bronca" y, al igual que el titular de la Cámara de Diputados y candidato a sucederlo, Eduardo Fellner, atribuyó los hechos a motivaciones "políticas" preelectorales. Barrionuevo desplazó al jefe del operativo policial y por la noche renunciaba también su ministro de Gobierno, Pablo La Villa, responsable del manejo de la fuerza.
[Horacio Cecchi] Mendoza, Argentina. El gobierno argentino respondió a la CIDH con un informe en el que hizo propuestas para mejorar la situación. Pero, en Mendoza no se cumplen las propuestas. Ya murieron 16 presos en diez meses. El último, el sábado pasado, fue descuartizado.
Argentina. La última medida de prueba en la causa Díaz Bessone fue el recorrido que se hizo ayer por el Servicio de Informaciones, en San Lorenzo y Dorrego, donde funcionó el centro clandestino de detención que fue el epicentro de la represión ilegal en la zona. Los testigos caminaron por los diferentes sectores del edificio, para mostrar qué ocurría en cada uno de los lugares. El encargado de guiar la recorrida de los jueces Otmar Paulucci, Jorge Venegas Echagüe y Beatriz Barabani fue el sobreviviente Carlos Pérez Risso, uno de los testigos de la causa. En tanto, Laura Ferrer Varela dio precisiones sobre lo que ocurría en el sector conocido como el sótano en 1977. Liliana Gómez y Marta Bertolino también detallaron cómo se disponían los lugares de tortura y de detención en 1976. A la tarde, en la sala de audiencias, Ramón Genaro Díaz Bessone volvió a ampliar indagatoria.