condenas en causa goya
Causa Goya: 25 años de prisión para cada uno de los seis imputados. Todos los represores fueron condenados por el Tribunal Oral Federal de Corrientes por la desaparición forzada de personas, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos durante la última dictadura militar.
Argentina. Se trata de los policías, Juan Antonio Obregón y Romualdo Baigorria; los militares Juan Ramón Alcoberro, Alberto Silveira Escamendi y Norberto Leopoldo Cao, y del prefecto naval Luis Leónidas Lemos.
La pena fue dispuesta por 27 hechos, entre ellos, las desapariciones del soldado Abel Arce y de la docente y estudiante de medicina Elida Olga Goyeneche de Sobko. El abogado de la Asociación Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad (MEDESH), Juan Rajoy, reconoció a Télam que esperaban "confiados la sentencia. Esto es para nosotros un gran espaldarazo moral".
Luego de la lectura, el Tribunal informó que el 31 de agosto se realizará la lectura completa del fallo, con los respectivos fundamentos. Mientras la querella, integrada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el MEDEHS y los familiares de las víctimas, además de la Fiscalía, había pedido la pena máxima, con inhabilitación absoluta y perpetua, la de los acusados había solicitado la absolución de todos los imputados.
La mayoría de las víctimas, detenidos desaparecidos en los centros clandestinos de detención en la Compañía de Ingenieros 7, de Goya; en la Comisaría Departamental; en la Prefectura Naval Argentina; en el Destacamento Policial del Puerto; en la Compañía de Telecomunicaciones 121; en el Hípico y en la "La Pajarera", actual guardería de lanchas, eran militantes de las Ligas Agrarias, docentes y militantes de la Juventud Peronista del Departamento Goya, distante a 220 kilómetros de la capital provincial.
Durante el juicio declararon más de 60 testigos, entre ellos al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien se refirió al plan sistemático represivo aplicado por la última dictadura militar. "Su visión fue fundamental", afirmó el titular de la Asociación, Osmar Bello, quien agregó que "es importante que el país salde sus deudas, para que los jóvenes vivan en libertad".
6 de agosto de 2011
5 de agosto de 2011
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[José Maggi] Argentina. El Colegio de Abogados de Rosario le retiró ayer la matrícula al represor Juan Daniel Amelong, condenado por delitos de lesa humanidade inscripto en el foro local. En un fallo dividido, por siete votos contra seis, se impuso la moción de cancelar la matrícula profesional al exmilitar condenado en 2010 a prisión perpetua por terrorismo de estado. La resolución llegó tras un intenso debate, promovido por Vildor Garavelli, uno de los catorce miembros del Directorio, de los cuales solo uno estuvo ausente, Martín Rosúa. Como había seis votos a favor y seis en contra llegó el desempate a manos del presidente del Colegio Ignacio Del Vecchio. La polémica se centró en que la condena del Tribunal Oral Federal Nº1 de Rosario aún no está firme.
Argentina. En octubre de 2004, Donda fue notificada por el juez federal Norberto Oyarbide sobre los resultados del estudio realizado en el Banco Nacional de Datos Genéticos que habían verificado que era hija de José María Laureano Donda y María Hilda Pérez, secuestrada cuando estaba embarazada de cinco meses y llevada a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde su tío Afoldo Donda formaba parte de un grupo de tareas.
[José Maggi] Argentina. "Las mujeres, por su condición de tales, fueron sometidas a prácticas represivas diferenciales, como quedó establecido en este debate. Esto no fue casual, si no que tuvo el objetivo particular de disciplinarlas por haber transgredido, con su militancia y compromiso, el lugar que la cultura machista tenía asignado para ellas en esa época, ubicándolas como amas de casa y madres. Había que castigarlas por haberse salido del estereotipo y por eso, además de someterlas a las cruentas torturas que padecieron todos y todas en los centros clandestinos también debieron vivir situaciones particulares vinculadas a su condición de mujeres, y fueron mayoritariamente víctimas de agresiones sexuales". Esta es solo una parte del alegato que en el marco de la causa Díaz Bessone presentó ayer la abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Ana Oberlin. La presentación apuntó a englobar los hechos en el contexto histórico y narrar los casos por los cuales oportunamente pedirán pena. Dado lo extenso de la jornada, se pasó a cuarto intermedio hasta lunes, cuando continuará Lucas Ciarnello, también en representación de la Secretaria de DDHH.
Argentina. El Colegio de Abogados de Rosario debatirá hoy en la Casa del Foro si cancelan o no la matrícula del represor Juan Daniel Amelong, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, en el fallo de la causa Guerrieri. Si bien la condena no está firme, el 15 de abril del año pasado el Tribunal Oral Federal número 1 le dictó la prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común. "El gran tema acá es el artículo 295 de la ley orgánica del Poder Judicial, el cual establece que no podrán formar parte del Colegio aquellos que hayan sido sentenciados por delitos dolosos y con pena efectiva de prisión, y faculta al directorio del Colegio de Abogados a cancelar la matrícula", precisó el presidente del Colegio, Ignacio Del Vecchio, en declaraciones a Trascendental acerca del cónclave que realizarán hoy los 14 directores.
[José Maggi] Argentina. El gobierno nacional ofreció ayer una recompensa de 100 mil pesos a quien aporte datos para detener a cuatro represores que se desempeñaron en la policía rosarina. Se trata de César Heriberto Peralta, alias ‘Pirincha’, Antonio Tuttolomondo, alias ‘Tony’, y los hermanos Rodolfo Daniel y Carlos Gabriel Isach, todos ellos investigados en causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.
[Horacio Cecchi] Argentina. Dos uniformados de la comisaría 4ª de Mar del Plata fueron denunciados por el juez Juan Tapia para que se los investigue por falsa denuncia, falso testimonio, incumplimiento de los deberes de funcionario público, estafa procesal, falsedad ideológica de instrumento público y asociación ilícita, junto a cuatro vecinos. El juez determinó que los nombres de los cuatro vecinos se cruzaban en al menos media docena de investigaciones judiciales en las que aparecían alternadamente como víctimas de robos o testigos casuales. Aportaban decenas de direcciones que luego eran allanadas, acciones en las que, curiosamente, participaba siempre el mismo dúo del orden. El resultado de los allanamientos no resolvió las investigaciones, pero aportó ascensos y chapa a los dos uniformados, estadísticas espuma a la ola de inseguridad y marchas organizadas por uno de los víctimas/testigos/denunciantes, que participaba activamente en un foro de seguridad comunitario.
Argentina. El gobierno provincial invita a la comunidad a acompañar a familiares, sobrevivientes, querellantes y testigos de la causa Díaz Bessone (ex Feced) en los alegatos de las querellas y la Fiscalía, que se inician hoy y constituyen la última parte del juicio previa a la sentencia.