argentina

abusaba de niña apropiada

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Piden indagar a Eduardo Ruffo por sus abusos sexuales a la niña de la que se apropió. El fiscal Federico Delgado señaló que el ex agente de inteligencia sometió a Carla Artés Company con la misma "lógica" que torturaba. "Las agresiones sexuales tienen un rasgo de autonomía de un grado tan intenso que exige un significado jurídico puntual", argumentó.

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[Irina Hauser] Argentina. El 19 de agosto del año pasado, después de dar su testimonio en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Automotores Orletti, Carla Artés Company dijo que era "reparador" haber comprobado que su apropiador, el parapolicial Eduardo Ruffo, no había podido sostenerle la mirada durante la audiencia. Ese día Carla reconstruyó su secuestro en 1976 junto a su madre, Graciela Rutila, en aquel centro clandestino de donde Ruffo se la llevó cuando tenía un año, y pudo agregar retazos y flashes de la niñez que vivió cautiva del represor y su mujer, hasta que recuperó su identidad a los diez años, tras la intensa búsqueda de su abuela Sacha. Ante el tribunal oral se animó a contar que Ruffo había abusado sexualmente de ella, por lo menos desde los tres o cuatro años. Su relato, uno de los momentos más impactantes del juicio, fue rescatado por el fiscal Federico Delgado, quien reclamó que el ex agente de inteligencia sea indagado específicamente por las "agresiones sexuales" que, entiende, "constituyen una suerte de patrón" de "esa sustancia general que era aplicación del terror".
"Las causas en las que se investiga la comisión de delitos de lesa humanidad, revelan con nitidez que el terror radicó en la negación del otro no sólo en términos físicos, sino también mediante la colonización de su subjetividad a través de la despersonalización; es decir objetualizando a los sujetos, reduciéndolos a una cosa", explica el dictamen de Delgado, al que accedió Página/12. "La violación constituye un rasgo distintivo de esa lógica represiva y, en consecuencia, desde nuestra mirada debe tener una respuesta autónoma desde el sistema judicial estatal", advierte, al argumentar el pedido de indagatoria, que deberá analizar el juez federal Daniel Rafecas. Según Delgado, las "agresiones sexuales" deben tener un tratamiento específico en las causas por crímenes dictatoriales.
Los padres de Carla eran militantes populares que recorrían el continente luchando contra las dictaduras. Ella nació en Perú, el 28 de junio de 1975. Su papá fue asesinado en Bolivia por la dictadura de Hugo Banzer. Allí se fue con su mamá, detenida tras apoyar una huelga de mineros en Oruro. Ambas fueron trasladadas a la Argentina como parte del Plan Cóndor y llevadas al centro clandestino Automotores Orletti. Carla fue apropiada por Ruffo cuando tenía un año y tres meses. "Debo suponer que la persona que me llevó debe ser la misma que asesinó a mi madre", dijo en el juicio donde Ruffo terminó condenado a 25 años de prisión por torturas y desapariciones. Entonces recordó algunos rostros de la banda de Gordon a quienes había visto alguna vez con su apropiador, describió los sitios donde vivieron y el modo en que el represor trató de ocultarse cuando la Justicia lo buscaba después del regreso de la democracia.
Carla amplió en la fiscalía de Delgado su relato sobre las situaciones de abuso sexual a las que la sometía Ruffo. Ella sitúa esos recuerdos desde los tres y cuatro años en adelante. Con trabajo terapéutico, contó, pudo recordar que "el espacio de la ducha era donde Ruffo" la "asaltaba". "Era él siempre quien quería bañarme a mí (...) los asaltos eran básicamente manoseos", describió. También recordó una época, cuando dejó de compartir la habitación con Alejandro, su hermano de crianza, en que "las visitas de este señor se hicieron más frecuentes" con la excusa de que "tenía que darle las buenas noches a la nena y las buenas noches eran manoseos, toqueteos, restregarse". "Durante muchos años después recordé su cara encima de la mía, sobre todo durante las noches", dijo. Pero señaló que "la peor época" fue "cuando nos pusimos prófugos". Por un período incluso vivió sola con él, mientras Alejandro se quedó con su apropiadora. "Como no podía salir de casa (...) los asaltos eran continuos (...) y si no accedía me golpeaba."
Para ese entonces Carla ya tenía nueve años. Su abuela materna, Matilde Artés, había comenzado a buscarlas a ella y a su hija desde España, donde se había exiliado. Sacha –el apodo de Matilde– llegó a la Argentina en julio de 1984. Las Abuelas de Plaza de Mayo habían dado con el nombre del apropiador. El 25 de agosto de 1985 Carla fue restituida tras un operativo en el que Ruffo fue detenido. Dos años más tarde su abuela se la llevó a España por temor ya que Ruffo había quedado en libertad por las leyes de punto final y obediencia debida durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
Carla volvió a vivir a la Argentina en mayo último con sus hijos Graciela (16), Anahí (12) y Enrique (7), nacidos en España. El juicio de Automotores Orletti, en el que dio un testimonio fundamental el año pasado, terminó no sólo en la condena de su apropiador, sino del general Eduardo Rodolfo Cabanillas, Honorio Carlos Martínez Ruiz y Raúl Antonio Guglielminetti. A este último, ella misma lo había podido reconocer al recordar el trato que tenía con Ruffo.
Ahora el fiscal Delgado pidió avanzar contra Ruffo también por los abusos sexuales a los que sometió a Carla con la misma "lógica" con que torturaba, con la misma que se perpetraban los ataques sexuales en todos los centros clandestinos. Pero, dice Delgado, "las agresiones sexuales tienen un rasgo de autonomía de un grado tan intenso que exige un significado jurídico puntual".
27 de julio de 2011
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contradicciones de chomicki

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El victimario que aparece como víctima del terrorismo de estado. Querellantes en la causa Díaz Bessone que investiga la responsabilidad de represores en la última dictadura militar en Rosario, quieren demostrar "la impostura que lo distancia definitivamente de su propia condición de víctima".

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Argentina. Esta semana Rosario/12 publicó una declaración indagatoria de Ricardo Chomicki, uno de los seis imputados en la Causa Díaz Bessone, que investiga el terrorismo de estado en esta región. La declaración se hizo en 1984 y en la misma el ahora imputado reconoce que pasó las Fiestas de 1976 con su familia en Mar del Plata, cuando en la declaración del último año había asegurado que estaba detenido en el Servicio de Informaciones para esa fecha. Un grupo de querellantes hacen pública su posición en el siguiente documento:
"Tratando de zafar de las acusaciones, Ricardo ‘Cady’ Chomiki asegura que tanto él como Virginia la Polaca Folch fueron víctimas. ¿Habrá algo en sus relatos -ya que no lo hay en los relatos de los testigos- que avale esa pretensión? Contrastemos su declaración indagatoria de octubre de 1984 con la prestada hace unos meses en el juicio oral. Ambas tienen una marca de cinismo difícil de disimular y tal vez éste sea uno de los pocos rasgos que se sostienen, además del lugar físico donde al decir del imputado los detuvieron a él y a su pareja.
"En esto Chomicki coincide con Chomicki: ellos fueron detenidos cuando salían de un bar en la esquina de Av. Alberdi y Juan José Paso, frente al Banco Nación. Esto ocurrió en horas de la mañana, tanto para el declarante Chomicki de 1984 como para el declarante Chomicki más reciente. Creemos estar ante la misma escena y ya dispuestos a creerle, pero rápidamente advertimos la incongruencia, y llevados por el hilo del relato más antiguo descubrimos que ese lamentable final de desayuno no ocurrió el 1º de diciembre de 1976, poco después de dormir amontonados en la humilde casita de los Ramos, en una villa miseria, donde la hospitalaria familia los habría despedido a las 8 de la mañana sin saber que cuatro horas más tarde el propio Chomicki iría con la patota a secuestrarlos. No, no podemos creerle, porque Chomicki versión 1984 nos cuenta detalladamente que en esa fecha estaba viviendo "en Mar del Plata, en su domicilio actual, donde se quedó a pasar las fiestas de Navidad y Fin de Año con su novia y su señora madre, escapando de la persecución que sufría en Rosario" (sic).
"(...) Siguiendo con la versión Chomicki 1984, ambos son "introducidos en el Renault, donde son vendados y tirados en el piso posterior, uno sobre otro" (sic). Y no en dos autos, como le sucede según el relato de 2010. Entonces, sigue, "fueron trasladados a un lugar que presumo era una comisaría, donde fui torturado por espacio de dos o tres horas" (sic). En la versión más reciente esa tortura no existe, la comisaría queda individualizada, siendo "la seccional 10, ahí estaremos 10 minutos porque llegan dos autos, nos suben a uno en cada uno y nos llevan a Jefatura, al SI" (Chomicki, agosto 2010). Es decir, al mismo lugar que lo trasladan según su versión 1984, sólo que según aquélla todo eso sucedía "en una fecha que no puedo decir con certeza, pero sería entre fines de enero a principios de febrero de 1977" (sic).
"Con lo cual no sólo Aloisio y Bustos habrían alucinando haberlo visto y/o escuchado en el Servicio de Informaciones, la Comisaría 7º y la Calamita (Bustos) en septiembre de 1976, siendo que él afirma haber sido detenido con su novia el 1º de diciembre de 1976. Si nos atenemos a la indagatoria de 1984 y a las palabras que acabamos de citar, Chomicki y Folch habrían sido alucinados por todos los chupados del Servicio de Informaciones que los denuncian como miembros activos de la patota de Feced, comprometidos en extraer información, secuestrar y torturar.
Empezando por Don Generoso Ramos y su hijo Juan Carlos y siguiendo por Carlos Izaguirre, Hermenegildo Aceval, Carlos Pérez Rizzo, Elba Juana Ferraro de Bettanin, Stella Hernández, Gustavo Píccolo, Mirta Castellini, María del C. Sillato, María Inés Luchetti, Elías Carranza, Elida Deheza, José Américo Giusti, Carmen Lucero, Marcos Olivera, Marcelo Panicalli, Enzo Tossi, Gustavo Mecchetti, Máximo Mur, O. Bass y Mansilla, Adrián Sánchez, Francisca Von Bove, Ana Moro, Juan Cheroni, Ana Ferrari, Stella Poroto de Cheroni, Olga Cabrera, Víctor Hugo Salami, etc.
"Cierto que su declaración en el juicio oral es la que tomará en cuenta el Tribunal, pero ¿qué lugar darle a semejantes incongruencias?
Por momentos estaríamos dispuestos a compadecernos de Chomicki cuando dice en su declaración ante el TOF, al describir las torturas que habría sufrido en el SI que "fundamentalmente lo que me atormentó más en esa situación eran los desgarradores gritos de Folch, y este buen hombre Lofiego diciéndome en el oído: ’escuchá cómo violan a tu noviecita’; era algo intolerable, sin dudas lo más doloroso. En determinado momento de esta sesión de torturas y fundamentalmente para parar lo de Folch les digo a estos señores que podía ofrecer un domicilio. Me visten... era en una villa, no podía precisar ni dirección ni número, me suben a un auto para que apunte ese domicilio y fuimos a la casa de Ramos"(sic)
"(...) No nos escandaliza que el imputado Chomicki mienta alevosamente, ni que intente la coartada de ser víctima para no ser condenado por sus crímenes. Como cualquier imputado, está en su derecho de mentir para defenderse. Lo que queremos mostrar es la impostura que se desprende de sus dichos, impostura que lo distancia definitivamente de las (y de sus) verdaderas víctimas. Y de la propia condición de víctima". Firman: Marta Bertolino, Juan Carlos Gurí Ramos, José Aloisio, Alfredo Vivono, Azucena Solana, Liliana Gómez, Laura Ferrer, Mirta Castellini.
24 de julio de 2011
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furia en santa fe

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Reacción de la gente ante la falsa promesa de repartos de bolsones. Más de mil personas protagonizaron una pueblada en barrio Yapeyú: saquearon una distribuidora de alimentos y vaciaron una empresa de ingeniería. Los policías fueron insuficientes para contener a la multitud. Seis efectivos resultaron heridos.

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Santa Fe, Argentina. La aparición de volantes anónimos en el norte de la ciudad con una falsa promesa de repartir bolsones de comida derivó en una pueblada en el barrio Yapeyú, en la que participaron entre mil y dos mil personas, en su mayoría mujeres y niños, que saquearon una distribuidora de alimentos -donde se almacenaban también colchones y frazadas- y vaciaron una empresa de ingeniería que está al lado, donde se llevaron más de 20 computadoras, muebles y sanitarios. Los incidentes dejaron unos diez policías heridos y varios patrulleros con los vidrios destrozados, cuando un cordón de seguridad de la Guardia de Infantería fue desbordado por la furia de los vecinos y quedó bajo una lluvia de cascotes y piedras. "La orden era no reprimir", dijo el jefe de Orden Público de la policía capitalina, Miguel Albanese, al explicar que los efectivos bajo su mando fueron insuficientes para contener a la multitud. Mientras que el dueño de la fábrica saqueada coincidió que "la gente actuó como una horda enfurecida". "Es como si acá hubiera pasado un tsunami", afirmó el ingeniero Hugo Raimondi, ex presidente de la Unión Industrial de Santa Fe.
El hecho ocurrió en la avenida Teniente Loza al 6.400, el jueves al atardecer, cuando centenares de vecinos de los barrios del norte comenzaron a concentrarse frente a una distribuidora de alimentos. Muchos de ellos tenían en su poder los panfletos con la promesa falsa: "Hoy 21 de julio, el candidato José Corral reparte bolsones". Y agregaban una dirección y un horario, según las imágenes que publicaron ayer algunos canales de cable de Santa Fe.
A partir de las cinco de la tarde comenzaron a convocarse centenares de vecinos de los barrios del norte de la ciudad, entre ellos, Yapeyú, Loyola Norte, Loyola Sur, La Tablada, La Ranita, San Agustín I y San Agustín II. Pero cuando la policía informó que no había ningún reparto de bolsones, el clima de tensión fue creciendo con el correr de las horas y la llegada de nuevos contingentes.
"Cuando yo me constituí en el lugar, ya había más de mil personas, pero después siguió llegando más gente", dijo el comisario Albanese. La policía desplegó entonces un cordón con efectivos de la Guardia de Infantería para contener la presión social que fue desbordado al anochecer.
"La gente no pudo entender que no había ninguna entrega de bolsones con alimentos. Y reaccionó contra el personal policial", explicó Albanese. "Fuimos víctimas de una lluvia de objetos contundentes y cortantes que se arrojaban contra nosotros. Tenemos seis policías heridos, entre ellos el jefe de la seccional 7ª, que quedó encerrado en un móvil con otro personal, rodeado por centenares de personas y sufrió cortes en el cuero cabelludo y un agente de la Agrupación Cuerpos que recibió un impacto debajo del ojo derecho que hoy está bajo tratamiento y corre el riesgo de perder la visión. Los demás sufrieron contusiones y traumatismo", agregó.
"La orden era no reprimir", agregó Albanese. Así que el cordón policial aguantó hasta que fue desbordado por centenares de personas que ingresaron al depósito y lo vaciaron. "Comenzaron a sacar la mercadería que estaba en el depósito. No eran bolsones. Pero sí había paquetes de yerba, azúcar, fideos, leche en polvo, salsa de tomate, colchones y frazadas", comentó el comisario.
La furia de los vecinos siguió después contra una fábrica que está al lado de la distribuidora de alimentos, Espaqfe Ingeniería, que se dedica al diseño y construcción de plantas industriales. Uno de los dueños es Raimondi, ex presidente de la Unión Industrial de Santa Fe.
"La gente se concentró por un papel que se había distribuido para repartir bolsones de comida. Y como no se repartieron, no sabemos por qué, la gente se enfureció y actuó como una horda enardecida. Ingresó a nuestra fábrica y parece que acá pasó un tsunami, quedó totalmente destruida, se robaron 18 computadoras, los escritorios, los sanitarios, las canillas, los teléfonos, la documentación tirada y flotando en el agua, porque al quitar los sanitarios empezó a fluir agua. Ha sido una destrucción increíble. Hay una parte económica que puede ser reparado, pero lo peor es el otro daño: se robaron también el servidor y el backup, donde estaba toda la información de la empresa, incluso de una operación para exportar una planta llave en mano a Centroamérica", comentó.
Raimondi dijo que cuando la gente se concentró frente a la distribuidora de al lado, la fábrica cerró sus puertas. "Cuando nos retiramos había seis o siete vehículos de la Policía, con agentes y armas largas. Nosotros pensamos que era suficiente, que no iba a haber problemas y nos retiramos. Pero después, vino más gente y el subjefe de Policía nos manifestó que habían sido agredidos y que por lo tanto se habían tenido que retirar, que el plantel era insuficiente para reprimir. Acá yo quiero hacer una salvedad porque se confunden los términos: una cosa es reprimir y otra, hacer cumplir la ley cuando hay delitos, que es lo que ocurrió en este caso", concluyó Raimondi.
24 de julio de 2011
23 de julio de 2011
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un crimen de odio

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La semana que viene comienza en Córdoba el juicio por el asesinato de Natalia ‘la Pepa’ Gaitán, asesinada a quemarropa por quien era el padrastro de su novia. El crimen fue cometido por ser lesbiana en marzo de 2010.

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[ Marta Dillon] Argentina. La historia de la Pepa, como le gustaba que la llamaran, delata no sólo la violencia social que suelen sufrir lesbianas, gays y trans más allá de los avances legislativos, sino también cómo esta violencia se hace más cruel cuando las víctimas eligen vivir por fuera del estereotipo que les imponen.
El calor apretaba en el barrio Parque Liceo al atardecer del 6 de marzo de 2010. Sobre todo en la 3era. sección, allí donde el asfalto todavía no llega y el polvo se levanta y se mete en la boca y la nariz como plástico, una película asfixiante que pide mate, cerveza, agua, cualquier líquido que sirva para disimular una sed, que es también la sed por la noche de sábado que se avecina y que empieza a prepararse en rondas de vecinos y vecinas que parlotean en la calle porque así es el barrio y porque adentro apenas se puede respirar.
El estruendo de la moto enduro de la Pepa Gaitán era parte del folclore del barrio, por ahí solía andar eligiendo quién la acompañaría a ver a Belgrano de Córdoba los domingos de partido o invitando a un picadito en la plaza a los nenes y las nenas a los que durante la semana ayudaba a terminar la tarea antes de servirles la merienda en la sede social Lucía Pía, que su padre y su madre habían levantado para dar contención social a las mamás que no tenían con quién dejar a sus hijos cuando iban a trabajar. Era compradora, la Pepa. Ahí donde aparecía siempre se escuchaba como un gorjeo alguna carcajada y las súplicas de los más chicos por una vuelta en esa montura metálica que se acomodaba entre las piernas y que lucía como una insignia el nombre de su padre fallecido un año atrás: José. Ella siempre estaba dando una mano, dicen en el barrio, consiguiendo changas para uno, guardapolvos blancos para otra, siempre sabía qué decir cuando frente a la desgracia ajena se abría el silencio.
Ese sábado, sin embargo, no se la esperaba por esa sección del Parque Liceo. Por eso cuando se escuchó el bramido de la moto las miradas siguieron la estela de polvo como en una coreografía. Desde que Dayana se había mudado con ella, la Pepa no había vuelto por ahí. Para qué, la madre de su novia no soportaba la relación. Se llamaba Silvia y a medio barrio le había contado que estaba enamorada de la Pepa, que no sabía qué iba a hacer con su marido, Daniel Torres, un albañil desocupado y violento al que la Pepa le había conseguido changas para hacerle un favor a la familia. Silvia no se quedó en el molde, dos meses habían pasado desde que Dayana y Pepa estaban juntas y le habían alcanzado para echar a su hija de la casa, denunciarla en la comisaría por fuga de hogar, presentarse en un juzgado para decir que estaba preocupada por la homosexualidad de su hija y acusar a Pepa de corromperla. Demasiada información para Torres, que ya venía pensando cómo terminar con esa cantinela que lo dejaba tan mal parado como macho. Esa torta no lo iba a humillar, más le valía que le tuviera miedo, ¿o acaso no veía el odio que se inyectaba en sus ojos cada vez que la cruzaba y apuntaba contra ella el pulgar y el índice antes de fingir un disparo?
Lorena Gaitán sí lo había notado. Ella era muy pegada a su hermana mayor, mucho más alta que la Pepa aunque menos hábil con los puños. A Lorena nunca se le hubiera ocurrido medirse en el vale todo, esa disciplina cruenta de lucha que se da en un ring y viene definida por el título. "El Daniel siempre la miró con odio a la Pepa, se le notaba el rechazo, pero ella no se quería dar cuenta; nunca quería fijarse cuando la miraban mal porque de chica ya había sufrido mucho por eso. Si yo hubiera sabido que la amenazaba hubiera hecho algo, porque yo por mi hermana daba todo."
Ni Lorena ni la Pepa midieron la distancia irreductible a la que podía llegar el odio.
No la midió la Pepa cuando ese 6 de marzo de 2010 se metió en una discusión entre Silvia, la madre de su novia, y Gaby, su mejor amiga. No la midió Silvia, siquiera, que apenas alcanzó a correr el cuerpo cuando el caño de la escopeta que empuñaba su pareja apuntó contra la Pepa y se deshizo en un centenar de perdigones que le destrozaron el hombro derecho. Esa escopeta que Torres había pedido prestada dos semanas antes todavía olía a pólvora y a muerte cuando el hombre la revoleó sobre un techo y el barrio se despegaba el polvo de las gargantas con un griterío desesperado que acompañó como un obituario las últimas horas de la Pepa Gaitán.

Lesbofobia
La respuesta no es directa, pero en su desvío aparece la violencia: "Lo que pasa es que a mí no se me nota". La enunciaron una abogada, una chica que trabaja en limpieza de una escuela, dos estudiantes universitarias, una trabajadora social y una maestra jardinera. Todas lesbianas que contestaron en distintos momentos a la misma pregunta sobre su registro de la lesbofobia en Córdoba, la ciudad donde viven y trabajan, ahí donde Natalia "La Pepa" Gaitán recibió un tiro a quemarropa, en plena calle, el 6 de marzo de 2010. "A mí no se me nota", dijeron marcando la distancia entre lo que le sucedió aquel atardecer y sus propias experiencias de vida, aunque ninguna de ellas ponga en duda que a la Pepa la mataron por ser lesbiana.
Es que aunque haya que desbrozar el territorio para dejar desnuda a una brutalidad que acecha es en ese disimulo no buscado donde se advierte el límite de lo que es posible expresar, manifestar, vivir abiertamente. Se puede ser lesbiana y pasar desapercibida; cruzar la barrera de la visibilidad, en cambio, tiene su costo aun después de haber sido sancionada la ley de matrimonio igualitario. Un costo que si se paga con la vida es la excepción de una regla que mide en violencias solapadas. "A mí no se me nota –dice Karen, una joven de 22, mamá de un hijo, ex novia de la Pepa–, si me ves en la calle no te das cuenta, pero tengo, bah, tenía una compañera en la escuela donde trabajo que sí se le notaba y que la terminaron echando del trabajo. Las chicas que son más chonguitas no consiguen trabajo, a no ser de remiseras. Pero igual, aunque no se me note no puedo ir al cuarteto porque la pasás mal si se dan cuenta."
A la Pepa Gaitán se le notaba; aunque ella no usara la palabra lesbiana para definirse. Lo que se le notaba era otra cosa: un desapego radical por todo lo que se supone que debe ser una mujer. Ni siquiera parecía una mujer y estaba orgullosa por eso. Y también por eso sólo le permitía a su familia y en la intimidad que la llamaran Nati. "La primera vez que me llevó a un boliche, mi hermana me agarró y me dijo: ‘Lore, acá no se te ocurra llamarme Nati porque te reviento, acá soy Pepa, no más’. Y era así, Pepa o Chori, le decían. Y todo el mundo la saludaba, todas la querían en el ambiente." El "ambiente" es esa manera de nombrar sin decir la pertenencia a una comunidad de pares en la que no hace falta enunciar la orientación sexual o la identidad de género disidente. El ambiente es una zona protegida en la que no hay lugar para el equívoco ni para la agresión. "Nosotras no íbamos al cuarteto aunque nos gustaba –sigue Lorena–; una vez quisimos ir al baile de La Banda 21 y no pudimos entrar porque la policía te hace a un lado. A mi hermana le pegó bien fuerte en los pechos un cana y yo salté enseguida; al final me terminó sacando de los pelos también a mí. Por eso íbamos sólo a boliches de ambiente, porque ahí no te joden y podés estar con tu novia, tranquila."
Graciela Vázquez, la mamá de Pepa, la tercera entre dos hermanos mayores y dos hermanas menores, sabe de lesbofobia aunque aprendió a pronunciar esa palabra después del homicidio de su hija. "La Nati ya ni iba a los boliches porque se cansaba de que la discriminaran en la calle. Prefería quedarse acá, con la familia, tomarse unas cervezas con las amigas o las novias, porque nosotros desde que nos dimos cuenta ya no la jodimos más. ¡Pero sabés las veces que nos ha parado la policía! ¡Se gastaban los codos entre ellos mirándole el documento y mirándola a ella! ‘¿Qué? ¿Nunca viste una mujer macho?’, les decía yo mientras ella se hacía la que estaba en otra cosa, mirando el celular. Una aprende, aprende a la fuerza. La Nati ya a los 12 años empezó con eso de cortarse el pelo, de hacer todo lo contrario a lo que hacen las nenas. Con mi marido decíamos, bueno, será una machorra, hasta que quiso suicidarse, no una vez sino tres veces seguidas. Y ahí estuvo internada en un psiquiátrico para niños como tres meses. Después seguimos con la psicóloga como un año, que decía puras pavadas. Hasta que yo un día me di cuenta y le dije a mi marido: ‘¿Querés que te diga una cosa, José? La Nati no es una nena, mi hija es un varón’. El por supuesto que no quería saber nada, pero se tuvo que convencer. Mi marido leía mucho y se angustiaba porque pensaba que la Nati iba a ser infeliz, que la iban a discriminar, no podía aguantar su sufrimiento. Pero lo mismo lo tuvo que aguantar y los primeros que íbamos a aminorarle el sufrimiento éramos nosotros. Y lo mismo le dije a la psicóloga: ‘Mire doctora, yo respeto su matrícula pero usted respéteme como madre que soy, esto se termina acá, mi hija va a ser lo que quiera y se acabó el asunto’. Y así fue. Se acabaron las sesiones, se acabó todo. Ella hizo su vida y punto, siempre se la respetamos. Una sola vez me vino toda golpeada de la plaza, llorando porque los hermanos le habían pegado. Que se estaba besando con una chica, decían. Pero con mi marido les paramos el carro, en esta casa se respeta a todo el mundo y más a la hermana de ustedes, los únicos que podemos retar somos los padres y se acabó."
Porque conocía de qué se trataba el desprecio, porque le había puesto el cuerpo más de una vez para que su hija inventase que no le afectaba, Graciela Vázquez fue la primera que ofreció una razón para un homicidio que parecía gratuito: "A mi hija la mataron por ser lesbiana", dijo y repitió cientos de veces a quien la quisiera escuchar y donde la quisieran escuchar desde hace más de un año. "Torres la mató como a un perro, no le dio tiempo ni a defenderse, ¿sabés por qué? Porque la Nati lo hubiera cagado a trompadas. Y el muy cobarde no se atrevió a medirse con ella, él tenía que demostrar su superioridad y por eso directamente le disparó. Yo no eché a mi hija a la calle como un perro como hacen tantas porque era lesbiana. Y sin embargo me la mataron como a un perro."
Hay una grieta que se abre en el relato sobre la muerte de la Pepa Gaitán, al menos en esa afirmación que se repite: la mataron por lesbiana. La grieta está en esa palabra, lesbiana, porque dicha así no alcanza a nombrar a quien era la Pepa. "Ella me pedía que le dijera ‘gordo’, era querendón y caballero, presumido, siempre tenía una sonrisa o un chiste para que se te pase el enojo. Era un chongo –dice La Turca, otra de sus ex novias–, y los hombres tienen miedo en su condición masculina de las mujeres masculinas porque ellas nunca van a ser vulgares para decir piropos, ellas son más atentos, es como que combinan lo mejor de los dos."
Fabiola también era amiga de la Pepa y también da fe de la desconfianza que generaba ella en los hombres. Si hasta se separó del padre de su hija porque en un momento quiso prohibirle que se siguieran viendo: "Es como que le tenía desconfianza y yo no iba a dejar de ver a la Pepa porque era mi amiga del alma, era como un pibe, sí, pero muy solidaria. A mí me buscaba porque conmigo se sentía protegida, me pedía que la acompañara a comprarse ropa porque la miraban mal cuando iba a los negocios de hombres. Y eso que no era un morochito, pero igual la discriminaban, se sentía muy perseguida". Fabiola es empleada y tiene una hija a la que la Pepa le puso su nombre, Alma Celeste. No eran del mismo barrio con la Pepa y no sabía nada de las amenazas de Torres y apenas puede creer que ese muchachito ambiguo que conoció cuando las dos trabajaban en un albergue transitorio haya muerto asesinada.
"A mi hermana la mataron por lesbiana, se sentía un varón y eso generaba más rechazo. Yo lo sé porque a mí me gustan las chicas más masculinas y por ahí voy con mi pareja a un bar y no nos atienden o lo que pedimos nos dicen que no lo tienen. Es muy feo el rechazo y mi hermana sufrió mucho por eso. Y yo veía cómo la miraba ese Torres, con asco, con desprecio y esa mirada ya la había visto otras veces", cierra Lorena.
Tal vez la palabra lesbiana sea insuficiente. O tal vez lo que dice el asesinato de la Pepa Gaitán es que hay muchas maneras de ser lesbiana y que algunas resultan más insoportables que otras.

El Juicio
Natalia Millisenda no conoció a la Pepa Gaitán pero fue a su velorio. Ella formaba parte del grupo cordobés Devenir Diverse y era una de las voces que se hicieron oír públicamente argumentando a favor del matrimonio igualitario. Supo por un periodista que habían matado a una chica por ser lesbiana y allí fue, a ponerse a disposición. "Graciela me aceptó de inmediato como abogada, en ese mismo momento. Me llevó hasta el cajón, que estaba cerrado, y me mostró su foto; quería que conociera a quien iba a defender." Después de más de un año y cuando falta menos de una semana para que empiece el juicio, Natalia forjó una relación entrañable con Graciela Vázquez y su misión, dice, es construir un mensaje: que se entienda que la lesbofobia y también la homofobia y la transfobia, matan. "La primera vez que me reuní con la fiscal de instrucción me preguntó qué sentido tenía hablar de la orientación sexual de la víctima. Me tomó tiempo que entendiera que yo no tenía nada que hacer ahí si no era por eso. Es cierto que la ley penal tal como está no considera los crímenes de odio contra personas lesbianas, gays o trans, pero la ley antidiscriminatoria que considera agravantes de homicidio a los que se cometen en función de la raza, la religión o la ideología política también debería incluir a estos crímenes. Porque Daniel Torres apretó el gatillo, pero hay todo un sistema social que lo sostiene y que dice, de alguna manera, que está bien pegarle un tiro a una lesbiana porque, en definitiva, somos menos persona."
Al barrio Parque Liceo llegó un comentario que fue pasando de boca en boca desde el penal de Bouer donde estuvo detenido Torres en primer término: dice ese murmullo que cuando llegó a la celda el hombre de jactó "de haber matado a una torta de mierda". Lo dicen como si quedara claro que con esas pocas palabras podría cosechar cierta complicidad entre los reos, como si jactara de haber hecho justicia. Es un comentario, nada más, pero de algo habla la insistencia con que se repite. De algún modo, resulta creíble.
"Lo que yo también quiero probar en el juicio es la premeditación. Porque está demostrado que Torres pidió prestada el arma al mismo tiempo que empezaron las amenazas. Después declaró que era porque había sufrido un hecho de inseguridad y eso los vecinos del barrio lo desmintieron. De todos modos yo no suscribo esos pedidos que hablan de que ‘se pudra en la cárcel’. Sí tiene que ser juzgado y castigado pero sobre todo este caso tiene que servir para hacer una reflexión social."
Natalia es una de las que repitió esa frase que marca un límite entre lo que se nota y no se nota. Pero sabe, por experiencia personal, que "caminar de la mano por la calle, todavía hoy, es para que te miren". Ella no tiene otro registro individual de la lesbofobia, pero no puede evitar quebrarse cuando recuerda el costo que tuvo para ella hacerse visible en todos los medios de comunicación durante la discusión por el matrimonio igualitario: se quedó sola, al menos aislada de su familia de origen, con quienes lentamente está recuperando los vínculos. "Ser una lesbiana femenina te permite zafar mejor, eso es cierto. Pero hay algo más que tendríamos que registrar quienes militamos en la diversidad: mi autocrítica, al menos aquí en Córdoba, es que nos cuesta mucho mirar lo que pasa en los barrios. Los activistas visibles somos de clase media, la mayoría estudiantes o universitarios y a veces conseguimos reconocimientos formales que después no podemos sostener. Por poner un ejemplo, en Río Tercero, en Villa María y en Villa Carlos Paz hemos logrado que por ley se les permita a las personas trans acceder a los boliches donde antes tenían la entrada prohibida. Y esto está buenísimo, ¿pero quién acompaña a la gente a la puerta de los boliches? Hay que reconocer que a veces se expone a la gente a más violencia."
En Córdoba, allí donde Natalia Gaitán fue asesinada a quemarropa, todavía rigen códigos de faltas que permiten a la policía detener a gays, lesbianas o trans aludiendo a "faltas de moral pública". Seguramente ya no se podrá detener a un matrimonio que pasea de la mano por la vía pública. Resulta fácil imaginar la detención de cualquier persona, como podría haber sido la Pepa, cuyo nombre en el documento no coincide con su expresión de género. De estas distancias que no son sólo territoriales aunque también cercan determinados territorios, que se expanden según privilegios de clase y de recursos, que se tornan abismos cuando se encarna una u otra identidad de género, habla la vida y la muerte de la Pepa Gaitán, 27 años, "el Gordo" para sus ex novias, un caballero, siempre perfumado, siempre galante con las chicas y solidaria con quien lo necesitaba; hábil para el fútbol y para las motos; una trabajadora social sin título en el barrio Parque Liceo, en la periferia de Córdoba, asesinada por ser quien era. Fusilada por el odio que despertaba ser quien era y no tener ninguna intención de ocultarlo. Porque esa manera de ser quien era ponía en jaque esa trama tan bien tejida de lo que se supone que debe ser un hombre, que debe ser una mujer, aun más allá de la orientación sexual.
23 de julio de 2011
22 de julio de 2011
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extraditaron a atilio bianco

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El represor y ex capitan y médico del Hospital Militar de Campo de Mayo, Atilio Bianco, llegó proveniente de Paraguay para ser juzgado por sustracción de bebés en la maternidad clandestina que funcionaba en esa sede del Ejército, y otros delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

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Argentina. Es la segunda vez que llega al país extraditado desde Asunción. Será juzgado por el juez federal de San Martín Alberto Suárez, a quien le pidió ser trasladado en una ambulancia aduciendo una "descompensación".
Bianco estuvo detenido en Paraguay desde 2008. Está señalado como uno de los responsables del robo de bebés nacidos en cautiverio y de asistir partos de detenidas-desaparecidas entre 1977 y 1978, en el hospital que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo y que durante la dictadura militar operaba como maternidad clandestina.
Esta es la segunda vez que Bianco es entregado a las autoridades argentinas, ya que luego de la primera ocasión volvió a Asunción, donde fue nuevamente detenido y litigó varios años para impedir su extradición, pedida por el juez Suárez, por "homicidio y tormento".
En la década de 1990, el médico represor se había fugado a Paraguay para evadir la acción judicial, iniciada por Abuelas de Plaza de Mayo y evitar que el ADN de dos hijos de desaparecidos, de los que se había apropiado, fuera cotejado con las muestras existentes en el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La justicia paraguaya atendió el primer pedido de extradición que lo devolvió a la Argentina, junto con su mujer Susana Wherli, en 1997, pero sólo cumplió dos de los 11,5 años de prisión de una primera condena, impuesta por la Justicia Federal de San Isidro por la apropiación de los niños y se fugó a Paraguay, donde fue detenido por segunda vez el 6 de mayo de 2008.
La causa contra Bianco y su mujer comenzó en 1985 con una denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo, fecha en la que se mudó con los niños apropiados y Wherli al Paraguay de Alfredo Stroessner. En 1987, se pidió la extradición del matrimonio por primera vez, y recién la medida se concretó diez años después.
En esta oportunidad, las Abuelas lo volvieron a denunciar en diciembre de 2006 por la sustracción y entrega de hijos de desaparecidos a otros apropiadores. El aspecto del represor proveniente de Paraguay no se diferanciaba sustancialmente de las últimas imágenes que se conocían de él. De tez algo pálida y con marcadas ojeras, Bianco quedará a disposición del juez Suárez, luego de la atención médica que reciba.
23 de julio de 2011
15 de julio de 2011
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juez todavía obedece a la junta

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El juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, oficializó en forma "condicionada" la precandidatura a diputada nacional de la legisladora fueguina de Encuentro Popular, Élida Deheza, quien estuvo presa durante 1977 y 1983, por una condena a "inhabilitación perpetua" impuesta por el "Consejo de Guerra" de la última dictadura militar.

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Argentina. Deheza fue detenida por militar en la Juventud Peronista y fue sometida a torturas y vejámenes que se investigan actualmente en un juicio oral y público en la ciudad de Rosario, donde incluso la legisladora debió testificar en calidad de víctima el 30 de noviembre de 2010.
El magistrado otorgó valor a esa medida dictada por el gobierno de facto, a pesar de que la dirigente política hace cuatro años que ejerce un cargo electivo como legisladora provincial del bloque de Encuentro Popular. El magistrado se remitió al Registro Nacional de las Personas donde todavía continuaría figurando el antecedente de la condena que se le impuso a Deheza en el año 1979.
En su resolución, Calvete admitió la precandidatura de Deheza, pero la condicionó a que el Juzgado número 2 de Rosario se expida en torno a la actual situación penal de la legisladora. La diputada provincial calificó de "absurdo" la medida del magistrado y lamentó que "el juez deja planteada esta situación increíble".
"Le acercamos toda la documentación al juez, pero él en la audiencia que tuvimos entiende que, hasta que el juzgado de Rosario no diga que estoy habilitada, esto tiene vigencia", precisó.
La habilitación de su precandidatura, agregó, es una cuestión de "sentido común" porque se trata de "una causa de la dictadura y, aún mirándolo desde otro lado, pasaron 30 años y esto no tiene vigencia".
23 de julio de 2011
14 de julio de 2011
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caso herrera noble concluyente

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Con la intención de dar por finalizado el tema, el abogado de Herrera de Noble consideró "concluyentes" los resultados.

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Argentina. "Vamos a esperar a que terminen los análisis", dijo el abogado defensor de Ernestina Herrera de Noble, Gabriel Cavallo. No obstante, insistió en que el caso quedó prácticamente cerrado. "La verdad es que hubo resultados concluyentes en el sentido de que Marcela y Felipe no son hijos de desaparecidos, por lo menos con las dos familias que querellan en la causa, más todas aquellas que denunciaron el robo de bebés durante la última dictadura militar, entre 1975 y 1976." Cavallo aseguró que el primer tramo del entrecruzamiento fue el más trascendente, ya que –según dijo– está comprobado que Marcela y Felipe nacieron en el primer semestre de 1976. "Todos los demás chequeos resultan intrascendentes –aseguró–, pero por una cuestión formal, vamos a esperar a que terminen."
Cavallo también confirmó que el material genético aportado por Marcela y Felipe va a quedar en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) para futuros análisis. "Ellos prestaron su conformidad para eso, así que no hay ninguna discusión sobre ese punto. No hay ninguna controversia." La discusión reside, entonces, en la intención de cerrar el caso cuanto antes. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en cambio, sostiene que estas causas nunca pueden quedar completamente clausuradas.
"Los hijos de la señora de Noble tenían y tienen derechos propios como el de no examinarse. La examinación compulsiva es anticonstitucional. De todas formas, siempre prestaron colaboración", afirmó Cavallo. Ahora, tras los primeros análisis, el abogado consideró "concluyente" los resultados negativos, ya que "todas las muestras que se chequearon con la Conadep dieron negativo" y los tres casos que quedan "fueron de la Conadi, los que no pueden ser confrontados" ni con los hermanos Noble Herrera ni con nadie, "ya que el nivel de completitividad de las muestras aportadas por la Conadi es de 20 por ciento". De todas formas, el abogado confirmó que luego de la feria judicial, en agosto, se realizará la siguiente etapa de los chequeos: el entrecruzamiento de datos genéticos de desaparecidos entre 1977 a 1983.
"Grave", le pareció a Cavallo la utilización de expresiones como "guerra y bando", consignadas ayer a Estela de Carlotto, quien se refirió a que Cavallo, siendo juez, se pronunció a favor de la extracción de sangre, pero luego, como abogado defensor, se negó a que lo hicieran. "Yo no estoy en guerra –se atajó Cavallo–. Carlotto no es Abuelas y no quiero pensar que lo que ella hace las está afectando. Esto no debe empañar todo lo bueno que hicieron durante 30 años", reflexionó después. Ante las declaraciones de Carlotto que referían a la "tergiversación de la información" y la acusación de ciertos medios de "querer destruir a los organismos de derechos humanos", Cavallo se preguntó: "Creen en la teoría conspirativa. ¿Por qué los medios querrían destruirlas".
20 de julio de 2011
19 de julio de 2011
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caso noble herrera no está cerrado

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Abuelas de Plaza de Mayo aclaró que solo concluyó la "segunda etapa del cotejo" de los ADN de Marcela y Felipe Noble Herrera. La presidenta de esa entidad, Estela de Carlotto, aclaró que "no existe un resultado negativo" en los exámenes para determinar si son hijos de desaparecidos. También advirtió que "hay medios que quieren destruir a los organismos de derechos humanos".

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Argentina. "Nos dicen que pidamos disculpas, pero disculpas debería pedir el Estado terrorista que borró las huellas de nuestros familiares, disculpas deberían pedir quienes ocultan información para que no podamos encontrar a nuestros nietos, a quienes utilizan nuestro dolor para hacer oportunismo político", reflexionó Estela de Carlotto. En conferencia de prensa, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo consideró que "no existe un resultado negativo" en los exámenes para establecer si Marcela y Felipe Noble Herrera son hijos de desaparecidos, porque sus ADN no pudieron cotejarse con los de "tres familias" de secuestrados en 1975 y 1976. Y enfatizó que "no está cerrada" la causa judicial que desde hace una década busca establecer si los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble pudieron haber sido apropiados durante la dictadura. "Es mentira", dijo, que el caso esté concluido y atribuyó el intento por instalar esa idea a una campaña de los "medios que quieren destruir a los organismos de derechos humanos".
Tras algunas apariciones de Carlotto en los medios, la Abuelas decidieron poner blanco sobre negro y hacer pública su interpretación del resultado de uno de los peritajes del vapuleado expediente. Micrófono en mano, la presidenta de esa institución ratificó que la base del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) "se sigue construyendo, con la incorporación de nuevos perfiles" familiares. En tal sentido señaló que los cotejos con el resto de los datos del Banco Genético continuarán "tras la feria judicial", y advirtió que "sólo estará concluida la pericia" cuando sean comparados "todos los datos existentes, y los que vayan apareciendo". Carlotto ratificó que en la búsqueda de los nietos el camino elegido es "el de la Justicia y sus tiempos", y aclaró que el viernes 15 de julio recién "cerró la segunda etapa del cotejo de los perfiles genéticos de Marcela y Felipe con los familiares que buscan niños secuestrados entre 1975 y 1976". Según dijo, "las Abuelas continuamos expectantes a (la espera de) los nuevos cotejos y la posibilidad de que el Banco se complete para saber si Marcela y Felipe son o no hijos de desaparecidos, porque sólo así habrá concluido la pericia".
En referencia al informe del BNDG, Carlotto precisó que el ADN de Marcela Noble Herrera "se entrecruzó con el de 55 familias", y que "en 52 casos no coincidió", pero "en tres casos la información genética disponible resultó insuficiente para excluir o cotejar vínculo biológico". Algo similar sucedió con el ADN de Felipe, que "se entrecruzó con 57 familias y con una de ellas no se pudo arribar a un resultado concluyente" (coincide con una de las tres familias que también resultaron excluyentes con Marcela). Para Carlotto este dato es importante porque "significa que la información genética de tres familias no alcanzó para determinar si Felipe y Marcela mantienen o no parentesco con ellas". Por ello, y porque siguen sumándose al BNDG perfiles genéticos de familias que desconocían que sus hijas o nueras se encontraban embarazadas (en cinco años se sumaron 66), Carlotto aseguró que "no existe un resultado negativo". Y recordó que "sí está probado que desde 2002 los expedientes fueron armados y que hubo una sustracción y retención de dos chicos, como así también que fue alterada ilegalmente su identidad".
Por otra parte, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo denunció irregularidades por parte de la ex directora del BNDG, Ana María Di Lonardo, que al jubilarse "se llevó una computadora" que sospechan "tenía información" valiosa para la causa. Carlotto vinculó la desaparición de esa computadora, con sus datos incluidos, con la sorpresiva predisposición de la defensa de los hermanos Noble Herrera de presentarse para que sean extraídas muestras de su sangre. "Qué pasó, qué influyó para que luego de tantas negativas se ofrecieran sorpresivamente a colaborar con muestras de sangre", se preguntó Carlotto. Durante la conferencia de prensa, también se refirió a Gabriel Cavallo, el abogado de la familia Noble Herrera, que "cuando era juez se pronunció a favor de la extracción compulsiva de sangre", y luego durante años, ya como parte de la defensa, se negó a que lo hicieran.
En respuesta a los argumentos con que variadas figuras opositoras se hicieron eco de la noticia conocida el viernes, la titular de Abuelas respaldó la función del Estado de contribuir a que se conozca la verdad, y dijo que "eso no es inmiscuirse, es obligación del Estado".
Un párrafo aparte dedicó a destacar que la lucha de las Abuelas también es por sus hijos secuestrados y desaparecidos y sus nietos secuestrados, y denunció "pactos de silencio para que a 35 años del último golpe de Estado" no puedan saber "qué ocurrió" con sus hijos y dónde están los cientos de nietos aún por encontrar. "Cuando comenzamos esta lucha, jamás pensamos que estaríamos buscando a hombres y mujeres de más de 30 años, algunos ya incluso padres", asumió Carlotto, que recordó que la búsqueda de sus nietos comenzó hace tres décadas y media y lamentó que muchos abuelos y abuelas se mueran sin haber podido conocer a su nieto o nieta. "Este delito atroz, permanente, de lesa humanidad, sólo podrá cerrarse cuando los que saben dónde están nuestros nietos tengan la compasión de decirlo. Queremos saber dónde están y recuperarlos", afirmó, acompañada de integrantes de Familiares de Desaparecidos, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, agrupación Hijos y Nietos.
También habló la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit, de 92 años, y expresó su esperanza de que toda la verdad se conozca. "Hasta el 2050 o más, cualquier persona que tenga dudas puede acercarse al Banco Nacional de Datos Genéticos."
Carlotto dijo también que no le sorprenderían "nuevos planteos" del Grupo Clarín, al que incluyó entre los "medios que quieren destruir a los organismos de derechos humanos". "Con las Abuelas no, Clarín", remató. Además aclaró que las Abuelas "nunca" dijeron "ellos son" hijos de desaparecidos, sino que "pueden ser", en referencia a Marcela y Felipe Noble Herrera.
20 de julio de 2011
19 de julio de 2011
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