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cotejo de adn dio negativo


Carlotto: "Disculpas deberían pedir quienes ocultan información".
Argentina. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo brindó una conferencia de prensa y reiteró que en el caso de tres familias para Marcela y de una para Felipe no se pudo arribar a un cotejo por "falta de material genético". Manifestó que "lo que sí está probado desde 2002 es que los expedientes (de adopción) fueron armados y que hubo una sustracción de dos chicos". Carlotto aclaró que "el Banco Nacional de Datos Genéticos se encuentra en construcción" y que "hay familias que no sabían que sus hijas o nueras estaban embarazadas al ser secuestradas".

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó que "no existe un resultado negativo", al referirse a los resultados de los primeros cotejos de los perfiles genéticos de Marcela y Felipe Noble Herrera con los de familiares que buscan niños secuestrados entre 1975 y 1976.
"Abuelas seguiremos expectantes para saber si son o no hijos de desaparecidos", declaró Carlotto durante una conferencia de prensa que ofreció en la sede de la entidad, donde ratificó que la información genética del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) se sigue construyendo, con la incorporación de nuevos perfiles. Especificó que la investigación de la verdadera identidad continúa y el cotejo de datos con nuevas familias que se incorporen al BNDG puede dar positivo en el futuro, como ya ha sucedido en otros casos, por lo que no debe cerrarse la causa.
"Nos dicen que pidamos disculpas", dijo Carlotto, y afirmó que "disculpas debería pedir el Estado terrorista que borró las huellas de nuestros familiares" y "quienes utilizan nuestro dolor para hacer oportunismo político".
"Este delito atroz, permanente, de lesa humanidad, solo podrá cerrarse cuando quienes saben dónde están nuestros nietos tengan la compasión de decirlo", manifestó. Denunció que hay una campaña para destruir a los organismos de Derechos Humanos y sentenció: "Con las Abuelas no Clarín".
Carlotto recordó que el titular del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, le ofreció en su momento decirle de quién eran hijos Marcela y Felipe Noble Herrera si ella le informaba "qué familia había hecho la denuncia" para esclarecer la verdadera identidad de ambos.
18 de julio de 2011
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a 17 años del atentado contra la amia


Los actos y homenajes.
[Raúl Kollmann] Argentina. A partir de esta tarde se ponen en marcha los actos por el 17° aniversario del atentado contra la AMIA. Seguramente la mayor atención estará puesta en la concentración que se hará mañana frente al edificio de Pasteur 633 en la convocatoria oficial de la AMIA, la DAIA y la Agrupación Familiares, a la que ya confirmó su presencia la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la lógica indica que también concurrirá el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. En el acto de mañana hablarán el titular de la AMIA, Guillermo Borger, el juez federal Daniel Rafecas y un familiar, mientras que Susana Rinaldi cantará "La Cigarra". Esta misma tarde –17.30, también frente a Pasteur 633– se concretará el primer acto. Será el de Memoria Activa, la agrupación de familiares y amigos de las víctimas que mantuvo una postura más crítica a los distintos gobiernos y a la dirigencia de la comunidad judía por lo que entienden como maniobras y falta de voluntad política para investigar el atentado. Hablarán el periodista de Página/12 Alfredo Zaiat, la rabina de la comunidad Bet-El, Silvia Chemen, el estudiante Erick Haimovich y un familiar de Memoria Activa.

Desde el punto de vista político, hay varios aspectos que estarán en el trasfondo de este nuevo aniversario:

- El expediente judicial avanzó poco y nada. Seguramente el centro de las acusaciones seguirán siendo los funcionarios de Irán, imputados por el fiscal Alberto Nisman y el juez Rodolfo Canicoba Corral. Irán ya ha dicho que no tuvo nada que ver con el ataque, que no hay pruebas, que la acusación de basa en informes de Inteligencia de la CIA, el Mossad y la SIDE y que no entregará a sus funcionarios. La Justicia argentina, en cambio, insiste con la detención de los dirigentes iraníes, incluyendo un ex presidente y el ministro de Defensa, Ahmad Vahidi, que estuvo hace poco en Bolivia. Ese viaje seguro estará en más de un discurso.

- De la investigación sobre la conexión local queda poco. La Corte Suprema convalidó gran parte del fallo del Tribunal Oral que consideró la investigación como "un armado al servicio de políticos inescrupulosos". Dejó en pie la imputación contra Carlos Telleldín, el hombre que armó la Trafic que estalló frente a la AMIA. El juicio se haría antes de fin de año o a principios de 2012.

- El año que viene se haría el juicio oral por lo que se llama el encubrimiento, es decir las maniobras que hicieron durante la investigación del atentado los funcionarios argentinos de la época del menemismo, el juez de entonces, Juan José Galeano, los fiscales y el ex titular de la AMIA, Rubén Beraja.

- El procesamiento del comisario Jorge Palacios, el policía preferido de Macri, por avisarle antes de un allanamiento a un sospechoso en el caso del atentado. Y, además, por otras maniobras en esa investigación.

- Y todavía resuenan los ecos de lo surgido en cables de Wikileaks: dirigentes de la DAIA sugiriéndole a la embajada de Estados Unidos que no se investiguen las irregularidades en la causa AMIA.

Hoy a las 17.30 en el acto de Memoria Activa y mañana a las 9.30 en el acto de AMIA-DAIA-Familiares, esos serán los temas de fondo. Ambos se harán frente al predio donde estaba la sede que fue volada el 18 de julio de 1994.

En la concentración de mañana, los nombres de las víctimas serán leídos por los actores Soledad Silveira, Max Berliner y Boy Olmi, además del titular de Red Solidaria, Juan Carr. Por primera vez un familiar, Florencia Degtiar, cantará en un acto. Florencia, que tenía un año, perdió a su tío en el atentado y va a interpretar ‘Con las alas del alma’. El acto lo cerrará Susana Rinaldi, cantando ‘La Cigarra’.
17 de julio de 2011
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jueza legalizaba niños robados


Investigación sobre los niños adoptados durante la dictadura. Los tribunales de Lomas de Zamora fueron allanados y la Justicia analiza más de mil expedientes de menores que fueron a parar a hogares o familias adoptivas entre 1976 y 1983.
[Irina Hauser] Argentina. "Señoras, sobre mi cadáver van a obtener la tenencia de esos niños", cuentan las Abuelas de Plaza de Mayo que les advirtió la jueza de Lomas de Zamora, Marta Delia Pons, cuando en pleno terrorismo de Estado buscaban a sus nietos, hijos de sus hijos desaparecidos. Pons falleció hace más de diez años, pero su juzgado siguió siendo territorio infranqueable en las investigaciones sobre la apropiación de hijos de desaparecidos, igual que muchos otros tribunales de menores, a pesar de las sospechas sobre su papel esencial en la entrega en guarda de chicos nacidos en cautiverio y arrancados de los brazos de sus padres. Ese disfraz de legalidad que tuvo el plan sistemático de robo de niños empieza a desmoronarse. El emblemático juzgado de Lomas fue allanado dos semanas atrás. De sus oficinas y dos depósitos ubicados en otros edificios, los abogados de Abuelas y un equipo de la fiscalía de Alberto Gentili pudieron rescatar más de mil expedientes dudosos de menores que fueron a parar a hogares o familias adoptivas entre 1976 y 1983 sin que mediara investigación alguna para rastrear a sus familias. El procedimiento pudo realizarse después de muchas resistencias y obstáculos originados en el propio tribunal, que impedían saber siquiera adónde estaban las causas.
Las sospechas sobre el ex juzgado de Pons tienen su génesis en comentarios que la propia magistrada les hacía a las Abuelas en pleno terrorismo de Estado. "Personalmente estoy convencida de que sus hijos eran terroristas. Para mí, terrorista es sinónimo de asesino. Y a los asesinos no pienso devolverles los hijos. Porque no sería justo hacerlo. Porque no sabrían criarlos y porque no tienen derecho tampoco a criarlos", es una frase que le dijo a una abuela, publicada en el libro ‘Botín de guerra’, de Julio E. Nosiglia. Con el correr de los años, se sumó la corroboración de seis casos de menores cuyos padres habían sido secuestrados, a quienes la jueza envió a hogares e institutos.
"Pons directamente los internaba en lugar de buscar a la familia, que es la obligación de todo juez de menores. O si los familiares se presentaban buscando a los niños, ella ponía escollos. Presumimos que si investigamos los expedientes de su juzgado podríamos encontrar a algunos de los 400 chicos que aún no fueron restituidos", explicó a Página/12 Luciano Hazan, abogado de Abuelas. "También pediremos que se investigue al ex juez Raúl Donadío, que estuvo a cargo del juzgado hasta hace dos meses", anunció.
La historia de los hijos de Julio Ramírez y la denuncia que ellos mismos harían años más tarde fue la que abrió la puerta para que hoy se estén analizando todos los expedientes que pasaron por el juzgado de Pons. Los chicos (de dos, cuatro y cinco años) fueron llevados al hogar Belén, en Banfield, por orden de la jueza, que los hizo internar como "NN" después de que su madre, Vicenta Orrego, fuera secuestrada en marzo de 1977. El padre estaba preso a disposición del Poder Ejecutivo. La pareja que manejaba el hogar (Manuel Maciel y Dominga Vera de Maciel) les puso a los niños su apellido. Su papá reclamó desde la cárcel que los entregaran a su hermana, Lucila, pero Pons se lo negó. Estuvieron hasta 1983 en el hogar, donde –relataron ante la Justicia– fueron sometidos a abusos sexuales, físicos y psíquicos constantes por parte de Manuel Maciel y de dos militares apodados "Flaco Darío" y "Gordo Marcelo". Ese año, con un fallo de la Corte Suprema, fueron restituidos a su papá, con quien se fueron a vivir a Suecia. Su mamá está desaparecida. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que Pons mandó a internar a los chicos como NN "a pesar de que conocía sus datos filiatorios" y sus decisiones implicaron "la negación de sus lazos afectivos con su familia biológica" y su complicidad con "el ocultamiento a los menores de su verdadera identidad".
La causa penal por la sustracción y la supresión de la identidad de los Ramírez no llegó demasiado lejos hasta ahora. Manuel Maciel murió y los militares no fueron identificados. Pero el juez Daniel Rafecas dio pie para que se investigue el papel del tribunal de menores de Pons en el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos. Rafecas fue el primero en toparse con escollos de parte de los herederos del juzgado de Pons. Rara vez contestaron sus pedidos de documentación y expedientes.
Ahora, la investigación está a cargo del juez federal Carlos Alberto Ferreiro Pella y delegada en la fiscalía de Gentili, con el impulso de Abuelas. Pons falleció en 1999, aunque al frente del tribunal ya había quedado en los ochenta Donadío, quien había sido asesor de menores en la misma jurisdicción durante la última dictadura. Desde la segunda mitad del año pasado la fiscalía notificó en buenos términos el pedido de todos los libros y expedientes de entrega en guarda y adopción correspondientes al período del terrorismo de Estado. Las respuestas, relataron allegados a la pesquisa, han sido desde el silencio absoluto hasta excusas como que son causas que no están digitalizadas, lo cual es una obviedad, tratándose de papeles de hace más de treinta años con mínimas chances de estar en buen estado. El intríngulis para dar con los expedientes se destrabó llamativamente después de la renuncia de Donadío, quien se jubiló. Fueron incautadas más de mil carpetas, que están en la fiscalía. Ahora viene la tarea fina de analizar una por una y cruzar datos con casos sospechosos.
17 de julio de 2011
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terminó el segundo cruce


Por ahora no hay resultados concluyentes en el caso de Marcela y Felipe Noble Herrera. El ADN de la joven fue cruzado con el de 55 familias sin resultados positivos, pero en tres casos la información resultó "insuficiente" para excluir o confirmar.
[Irina Hauser y Raúl Kollmann] Argentina. Un tramo fundamental del cotejo de los perfiles genéticos de Marcela y Felipe Noble Herrera con los de familiares de desaparecidos que están en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) terminó ayer por la tarde, pero los resultados no son todavía concluyentes. La comparación se hizo con grupos familiares que saben o tienen indicios de que sus hijas, hermanas o madres estaban embarazadas al momento de su secuestro entre 1975 y 1976. Aunque para la mayoría de ellos el vínculo quedó descartado, aparecieron casos dudosos. El ADN de Marcela fue entrecruzado con el de 55 familias, pero en tres de ellas la información genética disponible resultó "insuficiente" para excluir o confirmarlo, según dice el informe que firmaron la titular del BNDG, María Belén Rodríguez Cardozo, y el resto de los peritos al final del día. En el caso de Felipe el análisis se hizo con 57 familias y también resultó que faltaban datos de una de las familias. La jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso retomar los estudios recién después de la feria judicial, en dos semanas.
En este escenario, es prácticamente imposible que se sepa el resultado definitivo en un corto plazo. Según explicó el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, la única forma de completar la información genética faltante para tener una conclusión sin fisuras es que los parientes de las desaparecidas que hasta ahora no hayan dado muestras en el BNDG lo hagan o –si fallecieron– que se exhumen cuerpos para obtener más ADN. A esto se suma que todavía falta realizar el entrecruzamiento del mapa genético de los hijos adoptivos de la dueña de Clarín con el resto de las familias de personas desaparecidas con posterioridad a 1976 que también dieron muestras en el banco. En total, en el banco, hay muestras de 246 grupos familiares.
"Desde Abuelas reclamamos cautela en el tratamiento de esta información porque hay tres familias (una de las dudosas coincide entre Marcela y Felipe) que aún tienen posibilidad de tener vínculo biológico con los jóvenes, o de no tener ninguno, que es algo que también a veces sucede. Hay familias que tienen marcadores genéticos comunes, por lo que pueden presentarse este tipo de situaciones, en este o cualquier otro caso, donde es necesario completar los datos genéticos. Extremaremos los esfuerzos para que puedan estar disponibles cuanto antes y así despejar la situación de incertidumbre", le explicó Iud a Página/12. "Para evitar este tipo de situaciones es que Abuelas viene trabajando con la Cámara Federal en la realización de exhumaciones para completar el BNDG", añadió.
Los peritos de Marcela y Felipe, los de las querellas y las Abuelas trabajaron a lo largo de toda esta semana en el BNDG, siempre en presencia de la jueza o de su secretario, en la comparación del ADN. El lunes último quedó descartado el vínculo con las familias querellantes Lanoscou-Miranda y Gualdero-García, ya que todas las comparaciones dieron negativas. Pero no fue lo mismo lo que sucedió cuando comenzó el cotejo con las familias de mujeres secuestradas, se cree que embarazadas, entre 1975 y 1976. Ese rango de fechas fue tomado como estimativo de acuerdo a la fecha de supuesta entrega en guarda de los chicos a Herrera de Noble. La Cámara de Casación, por ejemplo, cuando intentó poner un límite para el estudio comparativo señaló como fecha tope de referencia para Marcela el 13 de mayo de 1976 y para Felipe el 7 de julio de ese año.
Los peritos hicieron el cotejo en forma manual. El informe firmado ayer, que fue notificado a las partes oficialmente por la jueza Arroyo Salgado, dice sobre Marcela que "no se puede excluir o no excluir" el vínculo "con un grupo familiar cuya denuncia se encuentra en trámite ante el Poder Judicial de la Nación por contar solamente con dos familiares femeninos en la rama paterna. Así como tampoco se puede excluir o no excluir con dos grupos familiares cuya denuncia radica ante la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad por la muy escasa información genética aportada a este BNDG". En la comparación con las otras 52 familias el resultado fue negativo. Acerca de Felipe, se descartó la relación biológica con 56 familias, pero en un caso "no se puede excluir o no excluir" por falta de datos genéticos.
Después de diez años de artilugios legales, apelaciones, entrega de muestras genéticas contaminadas y toda clase de obstáculos para conocer la verdad, recién un mes atrás Marcela y Felipe tuvieron un sorprendente cambio de actitud y anunciaron que entregarían pequeñas muestras de sangre y saliva, y que no apelarían el fallo de Casación que decía que ese material –de lo contrario– sería obtenido con o sin su consentimiento. Luego tuvieron que asumir que la ley establece que el ADN debía ser contrastado con todo el BNDG y que las muestras quedarían reservadas allí para comparaciones futuras, con nuevos grupos familiares que puedan ir apareciendo.
La perseverancia de Abuelas, las familias querellantes, la fiscal Rita Molina y la jueza Arroyo Salgado permitió avanzar hasta el punto actual y la perspectiva es que se termine todo el entrecruzamiento. En realidad, las cosas se hubieran podido lograr ya en 2002, ante la primera disposición judicial para que los jóvenes dieran muestras de ADN, pero hubo un sistemática negativa a la extracción y para la comparación con todas las familias cuyas hijas fueron secuestradas, asesinadas.
Los Noble Herrera apelaron todas las resoluciones judiciales, pese a que la propia Herrera de Noble hizo públicas sus dudas en una carta firmada por ella misma el 23 de diciembre de 2002 en la que decía: "Muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hubieran sido víctimas de la represión ilegal". Las maniobras llegaron al extremo de que hubo una entrega de muestras en el Cuerpo Médico Forense, no habilitado para hacer el cotejo y que, además, no tenía las muestras de las familias que buscan sus nietos.
Tras arduas idas y venidas, finalmente la jueza Arroyo Salgado ordenó allanamientos para obtener muestras a partir de la ropa y elementos de higiene de Marcela y Felipe. También en ese caso se encontró con obstáculos asombrosos: la ropa estaba contaminada con perfiles genéticos de varias personas. En un allanamiento anterior, Marcela adujo que no llevaba ropa interior y en el concretado por Arroyo Salgado, Felipe no tenía puesto calzoncillo. Pero, además, según el informe realizado por la titular del BNDG, resultaba llamativo que de prendas como pantalones o medias no se pudieran conseguir perfiles genéticos por las extrañas mezclas que aparecieron. Los Noble Herrera negaron que se hubieran cambiado en los minutos que mediaron entre la intercepción del auto en el que viajaban sus abogados y la llegada de la policía a su domicilio.
Las Abuelas nunca dijeron tener la certeza de que Marcela y Felipe fueran hijos de desaparecidos, pero hicieron notar una gran cantidad de factores que hacían presumir que podían serlo (más allá de los propios dichos de la dueña de Clarín), entre ellos la gran cantidad de irregularidades comprobadas en el trámite de adopción, con testigos falsos, declaraciones truchas, el relato de que a uno de los niños lo encontró en una cajita y que al otro se lo dio en adopción una mujer cuyo nombre resultó inexistente y su DNI de un varón. Además, el juzgado que tramitó la adopción, el de la fallecida jueza Ofelia Hejt, tiene el antecedente de haber intervenido en la entrega de un hijo de desaparecidos.
Estela de Carlotto suele sostener que "no hay ningún caso en el que hayan ocurrido las cosas que ocurren en el de Felipe y Marcela. Nunca hubo tantos obstáculos y se tardó tanto tiempo para hacer el cotejo. Hace más de 20 años que hablamos por primera vez con la señora Noble Herrera y transcurrieron más de diez desde que se inició la causa. No nos ocurrió jamás".
16 de julio de 2011
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los condenados en caso vesubio


Los condenados en el caso del centro de detención ilegal El Vesubio.
Argentina. 1
Héctor Humberto Gamen: apodado ‘Toto’ o ‘Beta’, general retirado del Ejército. Fue segundo comandante de la Brigada de Infantería X, entre 1976 y 1977. Estuvo excarcelado durante el juicio. Fue condenado a prisión perpetua y el tribunal dispuso su inmediata detención.

2
Hugo Idelbrando Pascarelli: ex coronel del Ejército. Se desempeñó como jefe del Area 114, donde se ubicaba El Vesubio. Estuvo excarcelado durante el juicio. Fue condenado a prisión perpetua y el tribunal dispuso su inmediata detención.

3
Ramón Antonio Erlán: conocido por los sobrevivientes como ‘Pancho’ o ‘Don Pancho’. Suboficial del Servicio Penitenciario Federal. Se desempeñó como guardia en El Vesubio. Está detenido en Villa Devoto. Fue condenado a 20 años y seis meses de prisión.

4
José Néstor Maidana: conocido en El Vesubio como ‘Paraguayo’ o ‘Matos’. Al igual que el represor Erlán, fue suboficial del Servicio Penitenciario Federal y se desempeñó como guardia. Está detenido en Villa Devoto. Fue condenado a 22 años y seis meses de prisión.

5
Roberto Carlos Zeolitti: recordado por su apodo ‘Sapo’ o ‘Saporiti’. Fue agente del Servicio Penitenciario Federal y también se desempeñó como guardia en el centro clandestino. Está detenido en Villa Devoto. Fue condenado a 18 años de prisión.

6
Diego Salvador Chemes: conocido como ‘el Polaco’. Fue alcaide mayor del Servicio Penitenciario Federal y se desempeñó como guardia de El Vesubio.
Está detenido en Villa Devoto. Fue condenado a 21 años y seis meses de prisión.

7
Ricardo Néstor Martínez: apodado ‘’Pájaro’ o ‘Pajarito’. También fue integrante del Servicio Penitenciario Federal y guardia del centro clandestino. Está detenido en Villa Devoto. Fue condenado a 20 años de prisión.

Pedro Alberto Durán Sáenz: apodado "Delta", ex coronel. Fue jefe del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio El Vesubio. Cumplió destino en la Brigada de Infantería X en el año 1977, específicamente en la Central de Reunión de Información del Regimiento de Infantería 3 de La Tablada. Estuvo excarcelado durante el juicio. Murió el 6 de junio de este año. Los sobrevivientes lo denunciaron por violaciones sistemáticas a las detenidas-desaparecidas, incluso a embarazadas.
16 de julio de 2011
15 de julio de 2011
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dos perpetuas en caso vesubio


Hubo dos prisiones perpetuas y penas de entre 18 y 22 años y medio. Se ordenó investigar las violaciones y los delitos de índole sexual. El principal acusado murió en junio.
[Victoria Ginzberg] Argentina. El general Héctor Humberto Gamen y el coronel Hugo Idelbrando Pascarelli llegaron al tribunal desde sus casas, caminando como cualquier vecino. Estaban acusados de más de veinte homicidios y cerca de un centenar de secuestros y torturas. Se sentaron en dos sillas de la sala de audiencias y vieron entrar a los cinco ex miembros del Servicio Penitenciario que también estaban siendo juzgados por los crímenes cometidos en el centro clandestino El Vesubio. Ellos fueron traídos esposados desde la cárcel de Villa Devoto, donde están presos. Al finalizar la audiencia, la situación se emparejó, todos fueron condenados y todos quedaron detenidos. Los dos militares recibieron perpetua. Los otros cinco represores, penas de entre 18 y 22 años y seis meses.
Los siete represores fueron condenados por unanimidad por el Tribunal Oral Federal 4, integrado por Leopoldo Bruglia, José Gorini y Pablo Bertuzzi. Durante un año y medio los magistrados escucharon a los testigos relatar cómo los mantuvieron encapuchados y esposados, cómo los ataban a una camilla y les aplicaban picana en todo el cuerpo, cómo el resto de los secuestrados escuchaba las quejas de los que estaban siendo torturados, cómo violaban a las mujeres, cómo se llevaban a las embarazadas y se quedaban con sus hijos. "Creo que durante todo este tiempo los jueces se fueron convenciendo, se fueron conectando con lo que había pasado, quedó claro que esto no es un discurso político", dijo Alejandra Naftal, sobreviviente de El Vesubio, cuando terminó la audiencia.
La mayoría de los condenados siguieron la lectura del fallo sin inmutarse, apenas una subida de cejas o un rascarse la cara demostraban que no eran estatuas. Un par, más movedizo, sacó una birome del bolsillo del saco para tomar nota cuando le llegó el turno. El tribunal cuidó que todas las víctimas fueran mencionadas. Así, se escucharon los nombres del dibujante Héctor Oesterheld, el cineasta Raymundo Gleyzer, la joven alemana Elizabeth Kasseman, el niño Pablo Miguez (tenía 14 años) y la enfermera Generosa Fratassi, que fue secuestrada por ayudar a la familia de una desaparecida que dio a luz en el Hospital de Quilmes. Y de Laura Feldman, Ana María Di Salvo, Luis Gemetro, Diego Guagnini, Elena Alfaro, Susana Reyes, Rosa Taranto, Teresa Trotta, Roberto Castelli, Jorge Watts, Elías Semán y otro centenar de personas. En total, en el juicio se juzgaron 156 hechos de secuestros y tormentos cometidos entre abril de 1976 y septiembre de 1978 (75 personas siguen desaparecidas) y 22 homicidios, entre los que están las víctimas de un fusilamiento ocurrido en Monte Grande en mayo de 1977. Se estima que por El Vesubio pasaron más de 1500 detenidos desaparecidos, en su mayoría militantes de Montoneros y Vanguardia Comunista. Al menos 16 secuestradas estaban embarazadas.
El Vesubio, donde también fue visto el escritor Haroldo Conti, funcionó en un predio del Servicio Penitenciario Federal en la intersección de Camino de Cintura y la Autopista Riccheri. Se sospecha que empezó a ser demolido a fines de 1978, a causa de la visita que haría poco después al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estaba bajo dependencia operacional de la Brigada de Infantería Mecanizada X, de Palermo, que estaba subordinada al Primer Cuerpo del Ejército que encabezaba Carlos Guillermo Suárez Mason.
El jefe máximo del centro clandestino fue el represor Pedro Alberto Durán Sáenz. Apodado "Delta", el coronel murió el 6 de junio pasado, mientras se realizaba el juicio. Su fallecimiento fue lamentado ayer por varios familiares de las víctimas que hubiesen deseado que pasara al menos algunos días preso, ya que gozaba del beneficio de esperar la sentencia en libertad. Durán Sáenz participó personalmente de los tormentos a los detenidos y especialmente de las violaciones. Elena Alfaro declaró que lo sufrió en carne propia, cuando estaba embarazada de cuatro meses y medio. "Que se lo coman los gusanos", dijo María, de HIJOS, en el escenario montado sobre la avenida Comodoro Py para festejar las condenas. Desde allí, Jorge Watts recordó otra muerte, en los antípodas, que también se produjo durante el transcurso del juicio: la de la sobreviviente de El Vesubio Ana María Di Salvo.
El fiscal Félix Crous y el abogado del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) Rodrigo Borda salieron satisfechos de la sala. Coincidieron en resaltar la condena a perpetua de Pascarelli, que fue jefe de área, el hecho de que el tribunal ordenara que se investigue a los guardias del Servicio Penitenciario por los homicidios por los que fueron condenados los militares y que también dispusiera la apertura de una pesquisa por las violaciones y otros delitos de índole sexual que fueron denunciados durante las audiencias, pero por los que no habían sido específicamente acusados estos siete represores. Además, como los familiares de las víctimas y sobrevivientes presentes en la sala y el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alén, destacaron el hecho de que se dispusiera la "inmediata detención" de Gamen y Pascarelli, que a pesar de que eran los que más graves acusaciones cargaban, estaban libres. "Fueron 35 años de espera. Hubo épocas en las que no se podía hablar. Nosotros esperamos, soñamos y sobre todo recordamos, tratamos de no olvidarnos ningún detalle, porque sabíamos que el juicio iba a llegar. Hoy están presentes todos nuestros compañeros. Eso es lo que le da sentido a la justicia", dijo Susana Reyes, otra sobreviviente y testigo.
Durante la audiencia, en el primer piso, junto con los periodistas, se ubicaron los familiares de los acusados. Un grupo bastante homogéneo de "gente bien", como salido de un cacerolazo recoleto a favor de "el campo". Luego de que terminara la lectura del fallo, mientras en la planta baja había abrazos y caras de satisfacción, se escuchó desde la bandeja superior un "viva la patria", con voz marcial. Abajo se entonó el "como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar" y se gritó "30 mil compañeros detenidos desaparecidos presentes". Y hubo aplausos. Después, sobre el escenario, Verónica Castelli, cuyos padres desaparecidos fueron vistos en El Vesubio, le contestó a aquel vozarrón. "Hablo con el corazón en la mano y a carne viva. Es difícil decir que uno está contento. Pero estamos conformes y de pie para seguir. Nos les regalemos la palabra. Hoy mi madre cumpliría 61 años, sólo la dejaron vivir 27. Ella, mi papá y sus compañeros dejaron todo para construir una patria para todos, una patria por la que tenemos que seguir luchando. Esa es la patria."
16 de julio de 2011
15 de julio de 2011
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perpetua para jefes del vesubio


El Tribunal Oral Federal 4 de la Capital Federal condenó al ex general Héctor Gamen y al ex coronel Hugo Pascarelli por 156 crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención.
Argentina. Cinco agentes penitenciarios recibieron penas de entre 18 y 22 años y serán investigados por seis casos de abuso sexual y violación. Por El Vesubio pasaron, entre muchos otros, el dibujante y creador de El Eternauta, Héctor Oesterheld, el cineasta Raymundo Gleyzer y el escritor Haroldo Conti.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Jorge Gorini y Pablo Bertuzzi ordenaron que Gamen y Pascarelli sean detenidos luego de la condena, ya que se encontraban en libertad. El arresto se concretó apenas terminó la audiencia, cuando fueron esposados por personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Gamen fue condenado por 22 homicidios calificados por haber sido cometidos con alevosía y por 76 casos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos, en tanto Pascarelli recibió la pena por tres homicidios y 15 hechos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos.
Además, cinco ex agentes del SPF fueron condenados por privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos: Ricardo Martínez fue encontrado culpable por 141 casos y Ramón Erlán por 140, a 20 años y seis meses; Diego Chemes por 140 casos, a 21 años y seis meses; José Maidana por 91 hechos, a 22 años y seis meses, y Roberto Zeolita por 141 casos, a 18 años. El tribunal ordenó que sean investigados por seis casos de abuso sexual y violación y 22 homicidios.
Un octavo imputado, el coronel Pedro Alberto Durán Sáenz -alias "Delta"-, que también fue jefe del centro, murió el pasado 6 de junio impune y en libertad pese a comprobarse que había torturado incluso a embarazadas.
El veredicto fue festejado por organismos de derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora e HIJOS, que organizaron un festival en la puerta de los tribunales de Comodoro Py 2002.
"El Vesubio" funcionó entre abril de 1976 y septiembre de 1978 en un predio del SPF ubicado en Avenida Ricchieri y Camino de Cintura y se calcula que por ese lugar pasaron 1500 personas. Estaba bajo jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército, a cargo del fallecido ex general Guillermo Suárez Mason. El centro comenzó a demolerse a fines de 1978, cuando se esperaba para principios de 1979 la llegada al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para investigar las denuncias por los delitos de lesa humanidad.
15 de julio de 2011
14 de julio de 2011
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sospechas en caso noble herrera


Las abuelas dicen que la ex directora del BNDG pudo llevarse información. En 2006, cuando dejó de dirigir el Banco Nacional de Datos Genéticos, Ana María Di Lonardo se llevó una computadora. Las Abuelas creen que allí pudo haber información sobre las muestras y que, de esa forma, el dato pudo llegar a los Noble Herrera.
[Victoria Ginzberg] Argentina. El 5 de mayo de 2006, Ana María Di Lonardo dejó el Banco Nacional de Datos Genéticos, del que era directora. Se había resistido a su jubilación, que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había dispuesto, pero, finalmente, ese día se llevó sus cosas. Fue acompañada por un escribano y dejó constancia de que retiraba un par de aparadores, una biblioteca, las cortinas de su despacho y una computadora. Las Abuelas de Plaza de Mayo creen que existe la posibilidad de que en esa PC estuviera la información de los perfiles genéticos sacados en base a las muestras aportadas por los familiares de desaparecidos. Y que, de esa forma, los datos podrían haber llegado a Felipe y Marcela Noble Herrera, que hace un mes cambiaron la postura que tuvieron durante diez años y aceptaron aportar su sangre y saliva para que se determine si son o no hijos de desaparecidos.
"En este estado la requiriente requiere retirar sus elementos personales consistentes en un mueble aparador de dos hojas corredizas color marrón claro con tapa de vidrio de dos metros, uno similar color claro de 1,50 metro de largo, una biblioteca de cuatro estantes de 1,2 metro de largo. Las medidas son estimadas. La computadora Pentium 4, 2,8 ghz con 512 mram con disco rígido de 80 gb, grabadora de CD y lectora de DVD Zip de Internet y una impresora Epson Stylus color 880 y las cortinas del que fuera su despacho", dice el acta a la que Página/12 tuvo acceso.
"Consultamos con especialistas y es posible tener en una computadora de ese tipo la información de los perfiles genéticos. Si esto hubiera ocurrido sería muy grave que se robara la información del Banco Nacional de Datos Genéticos, pero de todas maneras lo importante es que se sepa la verdad y se están tomando medidas para verificar que no hubo alteraciones en los registros, por eso pedimos que los cruces se hagan manualmente", señaló Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo.
"Existe un antecedente que nos llamó la atención –explicó Iud– en 2007 nos comunicamos con una joven de la que sospechábamos que era hija de desaparecidos. Ella se opuso a hacerse el análisis de ADN y se inició una causa judicial en La Plata, en el juzgado de Arnaldo Corazza. En 2008 la chica volvió a rechazar el ADN e incluso un abogado nos dijo que lo podía aceptar a cambio de que sus apropiadores quedaran impunes. Abuelas le respondió que no hacen ese tipo de negociaciones. Después apareció con Di Lonardo como perito de parte y accedió a hacerse el análisis, que dio negativo."
La sospecha de Abuelas no reside en que se cambie el resultado del ADN, sino en que a través de Di Lonardo los Noble Herrera hayan tenido acceso a la información y que por lo tanto conocieran por anticipado cómo saldrían los análisis. Es que el estudio jurídico del ex juez Gabriel Cavallo, defensor de la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, también representa a Di Lonardo. Los abogados de la empresaria sostienen que la decisión de los jóvenes de someterse a los exámenes genéticos se vincula con una investigación que realizaron –asesorados por la ex directora del BNDG– en base al análisis de los expedientes de los casos denunciados por las Abuelas.
Desde 2006, cuando Di Lonardo dejó su lugar al frente del Banco, 66 nuevas familias dejaron sus muestras en el lugar porque descubrieron que sus hijas, hermanas o madres podrían haber estado embarazadas cuando las secuestraron. Cuatro de esas familias se incorporaron este año. El Banco está en este momento analizando si los hijos adoptivos de Herrera de Noble son hijos de desaparecidos cuyos familiares aportaron su sangre al organismo. Ayer, luego de que se conociera que los hermanos Noble Herrera no eran parte de las dos familias querellantes en la causa, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, reiteró que la organización que dirige denunció siempre que los jóvenes podían ser hijos de desaparecidos, no que lo fueran y que "lo importante es llegar a la verdad".
13 de julio de 2011
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