el cuaderno con la lista
De militantes políticos. Piden que se investigue la presunta complicidad del directorio de Dalmine Siderca con la dictadura. El reclamo lo realizan sobrevivientes y familiares de las víctimas que se desempeñaban en la compañía del Grupo Techint.
[Gustavo Veiga] Argentina. En Campana, Dálmine será siempre Dálmine, a lo sumo Dálmine Siderca. No importa que el inmenso tanque de agua –su símbolo más visible observado desde la ruta 12– diga Tenaris, el nombre que adoptó el 17 de diciembre de 2001 cuando se amplió ese complejo industrial con sede fiscal en Luxemburgo. En 1976, la empresa siderúrgica se encontraba bajo jurisdicción del ejército en la llamada Area 400, donde decenas de sus trabajadores desaparecieron. En una sola jornada de septiembre, que después se conoció como "La noche de los tubos", fueron secuestrados cuatro: Alberto Bedia, Manuel Martínez, Raúl Aroldo Moreno y Armando Culzoni. La planta industrial se militarizó, agentes de inteligencia se infiltraron y cualquier obrero que vistiera el clásico mameluco azul resultaba sospechoso de actividades subversivas.
Eduardo Pitter, un ex coordinador de mantenimiento electrónico y mecánico, recuerda hoy cómo su compañero Bedia le reveló un secreto que lo expuso a la desaparición: "Un día me paró donde estaban los molinetes de la entrada, a la derecha de la oficina de Personal, en la que trabajaba él. Me dijo: ‘Hay que tener cuidado. ¿Viste cómo viene la mano? Capaz que uno mañana no está más acá. Se maneja un cuaderno de tapas negras, ahí está la lista de militantes políticos que le molestan a la empresa. Lo traen a la oficina mía y después lo guardan en la caja de seguridad de la gerencia’". Pitter, quien además era delegado del gremio de supervisores metalúrgicos (Asimra), ubica el diálogo en septiembre del ’76. Está seguro porque el 12 de ese mes cumple años y en la madrugada del 23 se llevaron a Bedia de la casa de sus padres, en el barrio Dálmine. El suyo es uno de los diecinueve casos denunciados por delitos de lesa humanidad en la zona de Zárate-Campana, donde hubo 169 desapariciones. Familiares y sobrevivientes piden investigar "la responsabilidad penal de los integrantes del directorio, de los gerentes de personal y jefes de seguridad de Dálmine Siderca (Grupo Techint)". El cuaderno que describe Pitter es apenas uno de los indicios de complicidad con el régimen militar que se le atribuye a la siderúrgica. Valentín Ibáñez tiene 70 años, vive en una humilde casa de Zárate y recibe a Página/12 en un local contiguo donde conviven estanterías polvorientas con un afiche de Eduardo Duhalde y la Liga Federal. Sostiene que fue delegado durante 18 años en el sector de mantenimiento. Integraba la lista Celeste y Blanca en la UOM local y adhería a Lorenzo Miguel. En febrero de 1977 lo secuestraron a la salida de la Mutual 2 de Abril junto a sus compañeros Roberto García y Félix Martínez. Un grupo de tareas lo llevó al centro clandestino de detención la Casa de Piedra, en Lavalle 636, a pocas cuadras de la calle más comercial y transitada, Justa Lima de Atucha. Las torturas que sufrió no se prolongaron más de tres días porque "un tal Paolino, un informante, me reconoció. Eramos compañeros de la Escuela Naval, donde yo estuve un año y no quedé porque me faltaba aptitud militar".
Ibáñez también cuenta que en la Casa de Piedra lo interrogó un tal Zapata. "Alto, delgado, de tez blanca y muy instruido en su forma de hablar", describe al militar. Este dato cobra relevancia cuando se lo relaciona con su presencia en el interior de la planta. Los ex obreros de Dálmine Siderca Carlos Theis y Orlando Gómez más el supervisor Pitter, coinciden en que Zapata era una pieza clave en el aparato represivo que operaba en la fábrica. "Andaba en ropa de fajina. Un día en una asamblea entró con soldados, dio la orden de rodilla en tierra y cuando cargaron las armas, en dos segundos ya estábamos todos adentro de los galpones." En lo que no se ponen de acuerdo es en su grado militar: coronel o mayor.
José Costela, como muchos trabajadores de la empresa en sus comienzos, ingresó cuando era apenas un adolescente. "Nací en 1941 y entré a Cometarsa (Construcciones Metálicas Argentinas) del Grupo Techint, el 24 de marzo de 1956. Me retiré el 18 de septiembre del ’91." Mientras comparte unos mates con su amigo Alberto Calvo, un sobreviviente de los centros clandestinos del Area 400, aporta otro dato que nadie había mencionado: "Durante la dictadura, los tarjeteros del personal en la entrada a Siderca aparecían vacíos. Sabíamos que era una señal de que los militares estaban infiltrados adentro". Rodolfo y José Ramón Amarilla se desempeñaban en la compañía. Los detuvieron con violencia el 6 de octubre del ’76, hasta que los separaron en la comisaría de Campana. Ahora, el primero intenta hacer justicia por su hermano desaparecido. "En nuestro secuestro tuvo que ver personal jerárquico o de seguridad de la empresa Dálmine Siderca", sospecha.
Uno de los principales imputados por estos operativos era Roberto Paulino Nicolini, ya fallecido. Jefe de vigilancia de Cometarsa y militar retirado de la Fuerza Aérea, Costela lo describe como "un loco de la guerra, de armas llevar. Cuando era delegado yo tuve varias agarradas con él, incluso antes de la última dictadura". Nicolini y Zapata son apenas un par de represores mencionados en la querella que avanza con ciertas dificultades de nombramientos en el Juzgado Federal Nº 2 de San Martín que subroga Juan Manuel Yalj.
El circuito de centros clandestinos que funcionó en la zona donde se levanta el emporio siderúrgico más grande del país tenía su epicentro en la ex Fábrica Militar de Tolueno Sintético. La base naval de Zárate, las principales comisarías, la Casa de Piedra y hasta el buque patrullero Murature sirvieron como mazmorras de la dictadura. La compañía también aportó su infraestructura, como han denunciado sobrevivientes que pasaron por las instalaciones de su apéndice deportivo, club Ciudad de Campana (se llama así desde 1999). En los ‘70 era más conocido como Villa Dálmine, un equipo de fútbol que hoy disputa el torneo de Primera C de la AFA y que en 1976 estuvo cerca de subir a Primera División. Las piletas y vestuarios de la institución sirvieron para alojar prisioneros secuestrados. Así lo aseguran varios detenidos, como el ex intendente peronista de Zárate Francisco Bugatto y su hijo José Alberto, quienes fueron conducidos allí el 24 de marzo del ‘76. En igual sentido declaró Lidia China Biscarte, ex directora de Derechos Humanos de aquel municipio hasta 2007.
Los militares también se enseñorearon en el Tiro Federal, otro predio improvisado como centro clandestino. Una inspección judicial en 2004 comprobó que mantenía pruebas intactas. Agujas de tejer con cinta aisladora en los extremos que se usaban para picanear y restos de ropa manchada con sangre fueron algunos de los hallazgos. Está ubicado al lado de Trefila, la sección donde se trefilan en frío los tubos sin costura de Techint. "La única persona en el lugar era el casero de la institución, Hugo Ciafardini, a quien le vaciaron el dormitorio, le quemaron los muebles y lo amenazaron", escribió el historiador local Miguel Di Fino, en ‘Recordando el olvido’.
Meses antes del golpe, acaso desde fines de 1975 y anticipándose a lo que vendría, los uniformados se habían instalado en el hotel Dálmine (alojaba al personal jerárquico de la empresa) para diagramar en detalle la sangrienta represión en el Area 400. Junto a sindicalistas y empresarios afines fueron detectados en ese lugar donde hoy funciona la Tenaris University, la escuela de capacitación de los futuros cuadros profesionales del grupo siderúrgico.
28 de noviembre de 2011
©página 12
[Nora Veiras] Argentina. "Soy un desaparecido, un sobreviviente, o si se quiere un desaparecido reaparecido. Este es el relato de mi paso por el infierno." Así se presenta Mario Villani en Desaparecido. Memorias de un cautiverio. El libro escrito junto a Fernando Reati es mucho más que un testimonio, es una despiadada y lúcida reflexión sobre el dilema de la vida en cinco centros clandestinos de detención. A lo largo de cuarenta y cuatro meses pasó por el Club Atlético, El Banco, El Olimpo, el Pozo de Quilmes y la ESMA. "Maldito si lo haces, maldito si no lo haces", repite este físico que a los 72 años desmenuza sin pudor qué significa "colaborar", cuál es el límite que cada uno le pudo poner a esa convivencia con el terror. "En mí vieron la posibilidad de utilizarme, de reparar lo que les robaban a los secuestrados, me tuvieron trabajando de bricoleur", dice con una ironía elaborada durante años de pensar en la complejidad de la condición humana de torturadores y torturados.
España / Argentina. El régimen franquista se apropió de treinta mil niños. Chicos vueltos grandes, hoy abuelos que llevan un apellido impropio, una historia trunca. Ni hablar de las cifras de españoles fusilados, enterrados en fosas comunes y anónimas. España calla pero, contra la impunidad de esos crímenes, avanza una demanda impulsada desde Argentina. Esta semana, los querellantes –españoles radicados aquí y argentinos descendientes de las víctimas– pidieron a la jueza federal María Servini de Cubría que cruce el charco y "se constituya en la embajada argentina en España" para recibir denuncias y testimonios de víctimas. Además, sus abogados rechazaron, punto a punto, los argumentos de la Fiscalía General española que asegura que en ese país se "han tramitado y se están tramitando" los procedimientos judiciales en ese sentido.
[Alicia Simeoni] Argentina. El caso fue resonante: Tres ladrones asaltan una casa en Rufino y en su huida se enfrentan a balazos con la policía. En esa instancia muere un agente, hijo de un jefe policial. Más allá de la culpabilidad o no de estos delincuentes, las torturas que enfrentaron en sus arrestos y el viciado proceso judicial, marcan claramente las dificultades institucionales que atraviesan tanto a jueces como a policías a la hora de ser eficaces en el combate contra la inseguridad.
Argentina. Enterraron en Pilar al represor Antonio Domingo Bussi. Su mujer, Josefina "China" Bigolio, su hija Fernanda, su hijo José Luis y sus nietos fueron acompañados por un puñado de militares retirados. En los discursos de despedida, su amigo el teniente coronel retirado Roberto Francisco García Tuñón contó anécdotas personales de Bussi y destacó su gestión como gobernador de Tucumán. "El estado natural del hombre es una posición erguida y aplomada, de una voluntad inquebrantable y un paso firme para recorrer caminos ilimitados. Te reconozco con estas cualidades y espero que nuestros camaradas también lo hagan. Espero que la historia, alguna vez, pueda reconocer a sus verdaderas milicias", afirmó García Tuñón. El general Humberto Pizzi, también amigo de Bussi, reflexionó acerca de su degradación, su condena y el avance de las causas contra militares por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. "Tenemos mil camaradas presos, muchos ubicados en cárceles comunes. Están esperando que se mueran como Antonio", aseguró Pizzi.
[José Maggi] Argentina. Esta semana se presentó ante la justicia federal un sobreviviente del Servicio de Informaciones, que confesó haber visto entre sus captores a Eugenio Segundo Zitelli. Se trata de Patricio Downes, tiene 54 años, es periodista y llega a dar un testimonio único, moldeado al calor de su fe cristiana, de la que nunca renegó, pero interpelando a su propia Iglesia por cobijar a hombres como Zitelli que le recriminó en la cara que "Cristo no era marxista". "Nunca abandone mi Iglesia, pero la quiero limpia, con su frente alta, y ayudando a condenar a estos delincuentes, que no eran locos sueltos, era un corpus organizado desde Bolatti hacia abajo, y un tempus que venía desde Caggiano hacia adelante, con un mentalidad fanática y dictatorial, de una iglesia imperial". De paso habla de otro referente polémico: Raúl Giménez, el párroco de la Catedral. "No me sorprende (que defienda a Zitelli), en el seminario tenía una foto de Onganía en su despacho".
Argentina. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó con prisión preventiva al exsubcomisario e intendente de Escobar, por estar sospechado de integrar un grupo de operaciones clandestinas, previo al golpe de estado, que en enero de 1976 cometió los delitos de "privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado" contra Ricardo Gimenez, militante de la JP local y redactor de una publicación que venía siendo asediada por estructuras paramilitares.
Argentina. El dictador Jorge Rafael Videla, su ex ministro Albano Harguindeguy y el ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, fueron procesados con prisión preventiva por el homicidio del ex obispo riojano Enrique Angelelli en 1976. El juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, consideró probado que el siniestro que le costó la vida a Angelelli fue un "accidente automovilístico provocado", en respuesta a las denuncias por los asesinatos de religiosos en la localidad de Chamical. El religioso tenía en su poder al momento del asesinato documentación sobre crímenes de la dictadura que terminó en el despacho de Harguindeguy, entonces ministro del Interior, quien a diferencia de Videla y Menéndez todavía no fue condenado en ninguna causa.