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defensores de la memoria


Se inauguró ayer un mural en memoria de Marcos Zucker (H). El club del Bajo Núñez, que en 2001 había bautizado una tribuna con el nombre del fervoroso hincha y militante político desaparecido, hijo del actor homónimo, amplió ayer su reconocimiento con un mural que le pone rostro.
[Gustavo Veiga] Argentina. Marquitos mira desde enfrente hacia la ESMA. Ahora tiene rostro su nombre grabado en la tribuna hace diez años. Lo retrató en un mural Matías Morales, profesor de Bellas Artes. El artista tomó en sus manos una iniciativa de los integrantes más jóvenes de la comisión directiva. "Nos cuida la entrada de la popular", dice el presidente de Defensores de Belgrano, Marcelo Achile. "Era de corazón peronista, montonero y de Defensores de Belgrano", lo evoca con emoción Osvaldo Zeta Nemirovsci, su compañero de militancia y hoy coordinador general del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre. "Si alguna vez tuvo una diferencia por cuestiones políticas, siempre Defensores lo cobijó y le brindó un lugar de afecto y cariño. Era su vida", lo describe José "Pepe" Calcagno, el amigo comprometido con sus mismos ideales.
Desde ayer, el club del Bajo Núñez amplió su reconocimiento al hincha y militante político desaparecido. El 25 de mayo de 2001 había bautizado a la tribuna techada con su nombre, Marcos Zucker (h). Una iniciativa del ex dirigente Hugo Arbona. El mural llegó en tiempos muy distintos, de memorias recuperadas y genocidas entre rejas. Cristina, la hermana del Pato (ése era su apodo en los ’70), no pudo estar en el acto por un impostergable tratamiento médico. Mandó una breve carta que leyó el dirigente Diego Achile, primo del presidente: "Ahí nomás estaba la hinchada de Defe: somos la semilla de Marquitos Zucker, aullaban las pancartas que levantaban los más jóvenes, los que volvieron a soñar", escribió remontándose al 24 de marzo de 2004. Ese día el ex presidente Néstor Kirchner pidió perdón en nombre del Estado nacional por haber callado las atrocidades de la dictadura. La ESMA desbordaba de gente y los hinchas de Defensores saltaban su perímetro como si fuera el alambrado de la cancha.
Habló también Nemirovsci, un manantial de memoria que arrancó varias sonrisas cuando recordó que Marcos lo llevaba al club "para hacer el aguante" y que una tarde cantaron una consigna ya oxidada por el paso del tiempo: "Italiano, chupale las pelotas... a Defensores de Belgrano".
Después se recibieron adhesiones del Instituto Espacio para la Memoria y la UES, hubo presencia de funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, la agrupación peronista Markitos Zucker, ex detenidos desaparecidos que pasaron por la ESMA, como Lila Pastoriza, y Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S. Norberto Perotti, subsecretario de Evaluación del Presupuesto Nacional e hincha del Dragón, también participó del acto, al que asistieron unas cincuenta personas.
Matías, el hacedor del mural, y su asistente, Federico, recibieron un aplauso subidos al andamio tubular desde el que habían terminado la obra unos segundos antes. El ambiente era tan militante como futbolero. Frente al acceso a la Techada (así la llaman con afecto los hinchas de Defensores) se cocinaban ristras de chorizos que un parrillero atendía con esmero.
Hincha de River, Calcagno también conocería la pasión con que Zucker acompañaba a su equipo. Los dos se hicieron amigos en el barrio de Palermo. Al verlo en el mural, se sorprendió con el logrado parecido físico del retrato, y sobre todo de su mirada: "Yo vine de Chivilcoy a estudiar derecho. Mi padre tenía un departamento en la calle Bulnes y cuando llegué, comencé a militar en la Facultad. Lo conocí al Pato, también a Osvaldo (por Nemirovsci), y lo que no sabíamos los dos es que vivíamos en el mismo edificio. El en el tercer piso con su madre y yo en la planta baja. Así que un día, riéndonos, nos encontramos abriendo la misma puerta, en el mismo edificio y cada uno entró en la familia del otro. Y desde ahí nació una amistad inquebrantable hasta ese triste final que tuvo él".
Pastoriza destacó la "importancia que tiene unir la causa de los desaparecidos con una práctica social tan masiva como el fútbol". Todavía lleva grabada en su retina la bandera que dice "Somos las semillas de Marquitos Zucker", que colgaba aquel 24 de marzo del 2004 desde la platea del estadio con capacidad para nueve mil personas. El único del país que le rinde tributo en su popular local a la memoria de un desaparecido. Su presidente se enorgullece por eso: "Lo decimos con la voz bien alta. Podemos explicarle a todo el mundo que el nombre de Marcos es algo que produce admiración. Mucha gente nos conoce por este tema. Algunos colegas del fútbol me señalan: ‘Ganamos tal partido histórico o hicimos tal obra’. Los de Chicago me dijeron una vez: ‘Mirá que nosotros cantábamos la marcha peronista en la época de la dictadura’, ese tipo de cosas. Pero nosotros siempre les decimos que esto es distinto a todo".
Ricardo Marcos Zucker (tal su nombre completo) era hijo del recordado actor que murió el 14 de mayo de 2003. Un grupo de tareas lo secuestró en la calle en 1977. Lo liberaron 46 días después, salió hacia Brasil, se exilió después en España y regresó a la Argentina en 1979. La dictadura no le dio una segunda oportunidad.
4 de diciembre de 2011
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las balas eran de la metropolitana


El fiscal Sandro Abraldes concluyó que la Policía Metropolitana fue responsable de los disparos que mataron a Bernardo Salgueiro y Rossemary Chura Puña el año pasado. Sostuvo que el operativo fue conjunto con la Federal. También imputó a la jueza Nazar.
[Irina Hauser] Argentina. Tras casi un año de investigación que incluyó peritajes, análisis de filmaciones y comunicaciones policiales, testimonios directos y reconstrucciones en el lugar, el fiscal Sandro Abraldes concluyó que la Policía Metropolitana fue responsable de los disparos con balas de plomo que mataron a Bernardo Salgueiro y Rossemary Chura Puña durante el desalojo feroz del Parque Indoamericano, el 7 de diciembre del año pasado. A la vez, atribuyó a esa fuerza las heridas sufridas por otras seis personas con el mismo tipo de proyectiles. Por eso requirió que sean citados a indagatoria 33 policías porteños, algunos con cargos jerárquicos. Pero también sostuvo que el operativo fue conjunto y que las órdenes las daba la Policía Federal. Pidió que declaren como sospechosos cuatro comisarios e imputó abuso de armas de fuego a ocho agentes que disparaban sin parar desde arriba del puente de la avenida Escalada. Abraldes, además, imputó y pidió la citación de la jueza María Cristina Nazar, quien dio la orden inicial de expulsar a los ocupantes del predio de Villa Soldati. Consideró que actuó de manera forzada, bajo posibles presiones, sin supervisar el procedimiento ni tomar medidas para proteger la vida de las personas en riesgo. Fue "desaprensiva", afirmó.
La decisión de concretar o no los llamados a indagatoria será del juez Luis Otero. Según la Fiscalía, los balazos mortales se originaron en un grupo de agentes de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) –una guardia de Infantería–, encabezados por el comisario Ricardo Ferrón –quien había sido vinculado por el legislador Marcelo Parrilli con un operativo de la dictadura– y también habría tenido un papel importante la División Vigilancia Preventiva de esa fuerza. No se identifica al autor de los disparos, sino a los integrantes del grupo de donde salen, acusados de "homicidio en agresión", ya que "ninguno de los fallecidos ni lesionados se encontraba atacando a la policía". El dictamen sugiere que el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño fogoneó el desalojo y la acción de la Metropolitana.
La Fiscalía llama la atención sobre un dato: a Salgueiro, de 22 años, le dispararon pocos después de iniciado el desalojo, en la entrada a la Villa 20, en diagonal abajo del puente de Escalada, donde en ese momento estaba la Metropolitana. A Chura Puña, de 28 años, la asesinaron una hora más tarde en el otro extremo del Indoamericano (cerca de la autopista Cámpora y Castañares), adonde se había trasladado el equipo de la DOEM, según consta en las imágenes registradas por las cámaras cercanas y corroboraron los testigos y las comunicaciones policiales. A ambos les extrajeron el mismo tipo de proyectil: de plomo, calibre 12 milímetros, compatible con escopetas policiales de munición múltiple. Los seis heridos de bala estaban en la misma zona que ellos (cuatro y dos).
Pese a que el gobierno porteño negó que su policía haya usado balas de plomo, Abraldes lo refutó. Con los peritajes de Gendarmería planteó que las municiones fueron "adulteradas", mezcladas postas de goma y de plomo. Señaló que el "grupo de elite" comandado por Ferrón está capacitado para hacer algo así –que igual considera "sencillo"– y que ese tipo de postas dificultan identificar el arma de origen. Las muertes y lesiones, afirma, fueron "consecuencia directa" del "accionar policial violento", un ataque "desplegado injustificada e innecesariamente". "La utilización de armas y municiones de efectos letales, a escasos metros de distancia y apuntando a la zona en que estaban los perjudicados, con un ángulo que necesariamente impactaría en sus cuerpos", mostraría que "actuaron con conocimiento y aceptación" de las "consecuencias", señala el dictamen.
Tanto la Metropolitana como la Federal violaron, según Abraldes, las normas que los obligan a preservar la seguridad y la vida de las personas y que les indican que el uso de armas letales sólo estaría habilitado para defenderse en situaciones de riesgo extremo y para preservar vidas. "Ninguna de esas situaciones se verificó –resalta–. Los disparos realizados no han sido defensivos sino ofensivos." Fueron, contabiliza, 581. Como prueba de la acción conjunta y a sabiendas de lo que podía ocurrir, cita una reunión de trabajo previa entre jefes policiales en la seccional 52.
Los comisarios de la Federal implicados son Roberto Palavecino –Jefatura de comisarías–, Hugo Lompizano –Dirección General de Operaciones, procesado también por el asesinato de Mariano Ferreyra–, Juan Antonio Quintero y Emilio Mirgaya. Los dos primeros seguían todo en directo desde la DGO y daban instrucciones también a la Metropolitana. Los segundos estaban en el Indoamericano mismo. Abraldes los acusa de "homicidio y lesiones imprudentes". Ninguno está en funciones ahora. Fueron desplazados por la gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad, creado después de estos hechos.
Otros ocho policías federales fueron imputados por "abuso de armas". Se ubicaron en el puente de Escalada después de que se movió de allí la Metropolitana y dispararon armas largas pese a tener la orden de no hacerlo. Apuntaban a "personas que se habían refugiado en el interior de la Villa 20".
La jueza Nazar, de acuerdo con el fiscal, tuvo una actitud "desaprensiva": no supervisó el operativo que dispuso ni atendía los llamados de los comisarios, además de que procedió contra "su propio convencimiento jurídico". Abraldes señala (al pedir indagarla por los homicidios y prevaricato) que así como en un comienzo sostuvo que había una usurpación, en una resolución posterior dijo que no había delito, sino sólo "una ocupación indebida de un espacio público". Sugiere que ordenó la expulsión ante la insistencia del fiscal Cristian Longobardi, el reclamo de la Corporación Buenos Aires Sur y, según el testimonio del secretario de su juzgado, de los llamados del subsecretario de Justicia, Daniel Presti. El secretario contó que cuando le informó a Presti que el fiscal había pedido que el desalojo lo hiciera la Federal, la respuesta fue: "Este Longobardi es un pelotudo" (sic). Al final, la Metropolitana tuvo un papel protagónico.
2 de diciembre de 2011
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habló emilce moler


Emilce Moler, sobreviviente de La Noche de los Lápices, declaró en La Plata sobre su secuestro. Era estudiante secundaria y militaba en la UES. La secuestraron el 17 de septiembre de 1976. Cuando la llevaban del Pozo de Arana a la Brigada de Quilmes escuchó cómo bajaban del camión a sus compañeros que siguen desaparecidos.
[Ailín Bullentini] Argentina. Emilce Moler cerró los ojos y enderezó la espalda como si se hubiera vuelto a sentar en el banco de cemento del que se aferraba cada vez que la venían a buscar para torturarla. "Para recordar cómo era el lugar necesito ponerme como estaba entonces, vendada, acurrucada en un rincón", explicó ante los jueces del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y de espaldas a los 26 militares y policías imputados. Sin abrir los ojos, estiró los brazos hacia los costados y no tuvo que esforzarse mucho para delimitar con ellos el ancho de la celda en la que permaneció encerrada junto a diez mujeres, en su mayoría adolescentes, como ella. Con el brazo derecho señaló que en esa dirección se encontraban "la sala de torturas. O las salas. Puede ser que hayan sido dos en lugar de una –detalló–. Sin dudas estaba a la derecha. Siempre que me iban a torturar me sacaban para ese lado".
Fue el único testimonio que se escuchó ayer en el juicio por más de 280 crímenes de lesa humanidad cometidos en seis de los más de treinta centros clandestinos de detención que integraron el Circuito Camps. El relato fue ordenado y, aunque Moler no pudo reconocer a ninguno de sus torturadores, sobraron breves y contundentes escenas que la mujer, una chica de 17 años cuando fue secuestrada, aseguró no poder olvidar. Los gritos desgarradores de su amigo Horacio Ungaro. Las canciones que sonaban en la radio encendida en el Pozo de Arana para que no se escucharan los gritos. La voz del "Coronel". La camisa cuadrillé marrón de una de las tantas personas sobre las que la hacían sentarse en "los descansos entre tortura y tortura, que no podía distinguir si estaban vivas o muertas". Los zapatos que dejó Eliana de Badell, una detenida chilena con quien compartió celda en la Brigada de Investigaciones de Quilmes, cuando los guardias se la llevaron para siempre. La lectura de los cargos que los represores le inventaron para mantenerla presa durante más de un año en la cárcel de Villa Devoto, con tan sólo 17 años.

La Noche
La mujer madura que es hoy volvió a convertirse una vez más en la estudiante de 5º año de la Escuela de Bellas Artes platense y militante de la Unión de Estudiantes Secundarios que, el 17 de septiembre de 1976, fue arrancada de su cama por una patota de encapuchados armados que se presentaron como el Ejército Argentino en la casa familiar. Volvió a subirse a uno de los tres autos que el Ejército usó para ese operativo; a escuchar los gritos de la familia Pérsico y a suspirar por la ausencia de su amiga Alejandra, que ya había huido de esa casa. Volvió a indignarse al ver que la patota secuestraba a otra compañera suya de escuela, Patricia Miranda, quien "no tenía nada que ver con la militancia". Y volvió a ingresar al "infierno".
"Cuando llegamos a Arana yo digo que llegamos al infierno", definió ayer a ese centro clandestino. Hacinamiento en las celdas, falta de agua y de comida, suciedad. "La reducción a cosa. Entramos ahí y dejamos de ser seres humanos, nos arrebataron el nombre, la identidad, nos cosificaron", recordó. Y a eso se suma, claro, la tortura. Fueron cuatro días de manoseos, golpes, patadas y picana casi sin descanso. Moler remarcó que lo "más terrible" era la picana eléctrica con la que lastimaban su vagina y las quemaduras de cigarrillos. Atada en una cama, desnuda, le decían que abriera y cerrara la mano cuando quería hablar: "A veces yo abría la mano solo para frenar la tortura, no les decía nada. Paraban, pero después me daban más fuerte", recordó. Los ataques recrudecieron cuando los guardias se enteraron de que era hija de un policía (el comisario inspector retirado Oscar Moler).
En Arana, la estructura de poder era compartida por el Ejército y la policía. Un día, la promesa durante tortura de "si no hablás va a venir el Coronel y va a ser peor" se cumplió. Moler lo describió como alguien de rango alto porque "los movimientos en Arana cambiaron cuando llegó", aunque no pudo aportar más datos que lo "grave" que sonaba su voz durante una sesión de tortura: "Me habló de una manera paternal. Me pidió que colaborara. Pero como no respondí, me pegó una trompada y mandó a que me asen a la parrilla". El dolor de su cuerpo. El dolor y los gritos "profundamente desgarradores" que daba Horacio Ungaro, a quien conocía desde antes: "Eramos amigos de La Plata. Militamos juntos. Nos torturaron casi juntos" en Arana. Allí, Emilce también se reencontró con otros compañeros y compañeras de militancia: Claudia Falcone, María Clara Ciochini, Gustavo Calotti, Ana de Giampa. Sabría luego de la estadía de un amigo más: Francisco López Muntaner. Son las víctimas del operativo conocido como La Noche de los Lápices.

Quilmes
El 23 de septiembre de 1976 la subieron a un camión "atestado de gente", último destino conocido de Falcone, Ciochini, Ungaro y López Muntaner. "A mitad de camino los nombraron y los hicieron bajar. Después supe que estaban desaparecidos", reveló. El camión dejó a quienes siguieron viaje hasta la Brigada de Investigaciones de Quilmes, en donde los recibieron con quejas: "Hasta cuándo van a traer al jardín de infantes acá", decían los guardias. La mujer continuó cerca de Miranda, de Giunta, Calotti –los tres adolescentes– y Fuentes, se cruzó con la hermana de Horacio, Nora Ungaro, conoció a Nilda Eloy –ambas sobrevivientes– y a otras personas que están desaparecidas.
Allí le quitaron la venda y las esposas, "que siempre fueron un problema" porque se le salían debido a sus pequeñas muñecas "y eso enojaba a los represores". Durante su paso por Quilmes pudo ver a su padre durante cinco minutos. "Me alertaron de que no le dijera nada de lo que me habían hecho, pero no hacía falta. Las marcas que tenía en el cuerpo eran demasiado visibles", detalló Moler frente al micrófono. Entonces, su padre le dijo que su vida dependía "de (el ex comisario Luis) Vides y (el ex comisario Miguel) Etchecolatz" y que la situación era "complicada". Es que Moler padre había sido jefe de Etchecolatz en sus tiempos de policía y "lo había sumariado por un ilícito".

El Blanqueo
Quilmes se convirtió en la comisaría de Valentín Alsina "el 21 o el 23 de diciembre", fechó Moler. Allí quedó a disposición del PEN hasta que el 27 de enero del año siguiente la trasladaron a la cárcel de Villa Devoto, en donde estuvo presa hasta el 20 de abril de 1978. "A mi papá le dijeron que yo era irrecuperable para la sociedad", comentó. No la dejaron recomenzar en La Plata, un lugar que le costó años volver a pisar. Pero lo hizo, como medio de lucha, la misma razón que la anima a volver a su época de cautiverio cada vez que la Justicia se lo pide. "No estamos hablando del pasado, sino del presente –mencionó, y afiló sus palabras hasta asegurarse de que se clavarían justo en los oídos de los imputados que ayer la escucharon–. Porque estos señores que están acá, que seguramente son muy mayores y no les quedan muchos años de vida, están aplicando la herramienta de tortura más fuerte con la que cuentan ahora: el silencio. Cada día que no hablan, que no cuentan qué hicieron con todas esas personas que hoy faltan, todo esto no es pasado, sino presente."
1 de diciembre de 2011
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suicidio era golpe en la nuca


La muerte de un detenido en la comisaría de El Bolsón apunta a la policía. Guillermo Garrido había sido detenido en un incidente menor de tránsito. Lo llevaron a la comisaría. Una hora y media después, apareció colgado en una celda. Un informe de peritos bonaerenses revela que lo adormecieron de un golpe.
[Horacio Cecchi] Argentina. Diez meses le llevó a la Justicia descubrir que el suicidio de Guillermo Garrido, en una celda de la comisaría de El Bolsón, en realidad había sido un homicidio policial. No fue la Justicia de Río Negro la que descubrió el crimen, sino un equipo de peritos expertos de la Procuración bonaerense que intervino a pedido de la Procuración rionegrina. El informe del equipo de expertos –al que tuvo acceso Página/12– cuestiona los groseros fallos de la primera autopsia realizada por forenses locales y sostuvo que Garrido había recibido un golpe en la nuca con un objeto duro y romo. La causa había sido archivada como suicidio por el juez Ricardo Calcagno.
La familia, representada por la abogada Marina Schifrin, recién pudo ver fotocopias del expediente tres meses después, cuando ya Calcagno lo había archivado, y por intervención de la Cámara del Crimen, porque el juez les negaba la posibilidad. Y sólo en julio pudieron desarchivar el expediente, también por orden de la Cámara. A partir de allí la jefa de los fiscales, Liliana Piccinini, pidió nuevos peritajes y reautopsias y mediante un convenio convocó a los expertos de la Procuración bonaerense.
La procuradora María del Carmen Falbo envió un equipo encabezado por la perito forense Virginia Creimer, quien descubrió en tres días, sin colaboración local y sin más posibilidades que los huesos pelados del esqueleto de la víctima, todo lo que los peritos locales se habían negado a ver y los policías rionegrinos se habían visto obligados a ocultar: un golpe en el hueso occipital, por encima de la nuca, de 3 por 2 centímetros, con una posible mancha hemática, "compatible con golpe o choque con o contra superficie dura y roma", señal invariable e indefectible del paso de un palito de abollar ideologías y cráneos. El informe señala que la marca del golpe implica que fue dado con fuerza suficiente como para "provocar una anestesia previa de Brouardel", denominación forense que en lenguaje coloquial significa que lo durmieron de un golpe en la nuca. También en términos forenses, la anestesia de Brouardel es la que precede al suicidio por mano ajena, preferentemente policial si se produjo en una comisaría.
En el informe, Creimer reconstruyó el perfil psicológico de Garrido y la definición que obtuvo la llevó a desestimar la posibilidad del suicidio: mantenía "buena relación con los miembros de su familia"; "afianzada relación de pareja"; "proyectaba ser padre"; "esperaba con expectativas el cumpleaños de su mujer (que sería al jueves siguiente de su último día de vida) y ya había acordado cuál sería el regalo"; tenía "buenas relaciones con sus compañeros de estudio y laborales". Creimer agrega: "Otros dos puntos que me parecen importantes para desestimar en este caso el riesgo suicida son la obtención reciente del puesto de trabajo en el supermercado y la evaluación médica que tuvo momentos antes a su muerte" (en el informe del hospital, la médica que lo atendió "no encontró un sujeto descompensado ni en situación de riesgo").
El informe de los peritos bonaerenses es durísimo con el perito rionegrino que intervino en la autopsia de Garrido. Sostiene que "no fue (una autopsia) metódica completa", que "llamativamente" no analizó el "surco de ahorcadura", "no se realizaron exámenes complementarios radiológicos, anatomopatológicos y toxicológicos"; "no se analizaron huellas ni rastros en el cinturón ni su resistencia mecánica a la tracción y estiramiento para soportar el peso de una persona como Garrido sin romperse". Sin posibilidad de analizar el surco de ahorcamiento ni huellas en la musculatura porque sólo quedaban los huesos, el equipo de Creimer analizó las vértebras cervicales, y halló rastros en la apófisis de la segunda vértebra compatibles con marcas de ahorcadura.
Para colmo, el informe señala la notoria "ausencia del cinturón del cual pendía presuntamente la víctima"; que desde la altura de la que se habría colgado Garrido según la policía, hubiera quedaba apoyado en el piso con los pies; que según la policía Garrido había sido llevado a un baño externo a la celda (media hora antes de aparecer muerto) cuando en la celda hay letrina.
Y como si fuera poco, el día en que el equipo de la Procuración bonaerense convocó a los policías que habían estado de guardia esa noche, éstos se negaron a concurrir. Fueron citados por orden de Calcagno, quien adoptó una medida sugerente para obligarlos a asistir. Imputó a los diez que estaban en la mira, con lo que como imputados no están obligados a decir la verdad, más allá de que la imputación sea de mentirita: los imputó pero no especificó de qué los imputaba.
30 de noviembre de 2011
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esto tiene valor probatorio


El argentino Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la CIDH. Cantón explica cómo la CIDH analizó el pedido del juez Torres para ceder documentos que habían sido abiertos con la promesa de la confidencialidad. Las dificultades para establecer un protocolo general para estas situaciones.
[Alejandra Dandan] Argentina. Santiago Canton es secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es argentino y parte de quienes desde hace unos cinco años están pensando cómo desclasificar los documentos que desde los ’60 recibió el organismo de la OEA sobre los procesos de violación a los derecho humanos en la región. En diálogo con Página/12, Canton explica en qué consiste la decisión de apertura de documentos que se tomó en el caso argentino, sus límites y alcances, los efectos en otros estados y el cambio de paradigma hacia adentro de la organización.

¿En qué consiste la decisión sobre Argentina y por qué se la tomó?
Desde hace cinco o seis años se está discutiendo en la comisión el tema de los archivos históricos que tiene la CIDH y sobre el interés de muchos sectores de América latina para que se abran. Sin tener un conocimiento muy preciso sobre cuál era la información que pueden contener porque estamos hablando de archivos de los años ’60 en adelante. La discusión era cómo abrir los archivos, porque no existen protocolos en la OEA o en otros organismos de esta naturaleza, porque el principio básico siempre ha sido la absoluta confidencialidad. Cuando uno vuelve a ver las cartas de las personas que denuncian durante la dictadura en Argentina, muchas dicen que "por favor no digan nada porque temo por nuestras vidas". Entonces, la pregunta era si se podía cambiar este principio de confidencialidad. Pasados veinte años o treinta años de retornada la democracia, ¿cuáles son las características que tiene que haber para hacerlo?

¿Y qué decisión tomaron?
En algunos casos se entregaron los documentos a familiares que los pedían porque tenían interés. Veíamos que no había problemas, casos, por ejemplo, de hijos que pedían por sus padres. Un material que para ellos tiene valor emocional. Pero todavía está pendiente qué criterio usar con los archivos en el resto de los casos. De alguna manera, el caso de Julio López en Argentina planteó nuevamente esa pregunta, puso una luz de alerta. Si bien no era un caso que se hubiera presentado ante la CIDH en su momento, indica que a pesar de los enormes avances todavía ha habido problemas. La comisión debe aplicar un criterio que tiene que ser igual para todos los países. Finalmente se decidió avanzar en un protocolo general para todos los casos. Es un protocolo que no está aprobado en su forma definitiva. pero sin perjuicio de eso la comisión entendió que había que ir adelante, estudiando caso por caso.

¿Van a analizar cada caso?
Como la solicitud que había planteado el juez Sergio Torres llevaba muchos años, hablé varias veces con él para ver cómo hacerlo. Finalmente, se envió una carta invitando a que vinieran, informando sobre los casos que tenían interés. Encontramos unos 200 archivos aproximadamente. Torres vino con todo su equipo, se vieron con la CIDH, explicaron qué estaban haciendo. Ahí surgió un montón de información que posiblemente tenga un alto valor probatorio y al mismo tiempo se planteó un protocolo para ver si se mantenía la confidencialidad. Entendimos que solamente se iba a poder ir abriendo de acuerdo con lo que pida el juez.

¿Por qué, entonces, a pesar de la desaparición de Julio López la CIDH entiende que es tiempo de abrir esos documentos?
Se discutió mucho, por eso los archivos no se han abierto al público. En otras condiciones, uno se puede preguntar cómo procedemos y entender que trascurridos 25 o 30 años pueden abrirse. Podríamos decir: los países son democráticos, abramos porque es importante para su historia. Pero se consideró que no estamos en una situación en la que se puedan abrir ni a todos los estados ni a todas las personas. Por eso se establecieron distintos niveles de confidencialidad según los casos.

¿Trabajarán sobre pedidos que les lleguen de acá en adelante o también con los que ya les hicieron?
Ya hemos recibido varios pedidos, tanto de Argentina como de otros sitios. La situación de los países de la región no es la misma. Hace un tiempo tuvimos un golpe de Estado en Honduras, en un escenario que no se puede distinguir completamente de la situación que se vivió en los ’80.

En 1980, la CIDH publicó el informe final cuya circulación fue prohibida en Buenos Aires. El informe tiene relatos en tiempo presente y con una inmediatez que es difícil encontrar hoy en los juicios orales, a más de 30 años. ¿Puede compararse el valor documental con los archivos que fueron desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos?
El tema es qué tipo de información hay alrededor de esa visita. Hay denuncias recibidas por la CIDH a partir del golpe, personas que empiezan a enviar denuncias sobre la ejecución o desaparición de sus familiares. Si uno ve las cartas, hay padres, hermanos, diciendo "ayer" o "hace tres meses que a las 3 de la mañana golpearon la puerta de mi casa, entraron diez personas encapuchadas, se llevaron a mi hijo o mi hija, nunca más lo vi, ayúdennos". O: "Estoy pidiendo un hábeas corpus ante tal juzgado y no pasa nada". Y a partir del golpe se produce esa avalancha de denuncias que casi con seguridad fue un factor fundamental para que la comisión viera que estaba pasando algo en Argentina. Que la dictadura no era la cara linda que querían mostrar. También están las denuncias que se recibieron durante la visita. La CIDH se entrevistó con militares en el poder, con quienes estaban en las cárceles, detenidos, visitó la ESMA. Todo eso está en los archivos desde hace décadas. De esa información hay muchos aspectos que son de un valor probatorio, no sólo histórico.

¿Existen las minutas transcriptas de las entrevistas que fueron manteniendo? El Informe final habla de dos encuentros con el dictador Jorge Rafael Videla, sus ministros y los responsables de las zonas.
Hay archivos de generales de la dictadura, pero tampoco hay tanto como hubiese esperado. No sé si hay algo más porque un expediente, cuando está terminado su proceso, va al archivo central de la OEA, donde están los archivos de la CIDH y de otras entidades del organismo.

¿Argentina como prueba piloto abre la posibilidad de empezar a abrir esos archivos que se guardan en la OEA?
Completamente. Es un proceso único que permitirá establecer un protocolo teniendo en cuenta la información que tiene la CIDH y sirve para el fortalecimiento del estado de derecho en los países de la región. Hoy los están pidiendo la Comisión de la Verdad de Ecuador, de Panamá, está a punto de crearse la de Brasil y por eso tiene mucho valor actual, no es un valor meramente académico o histórico.
30 de noviembre de 2011
29 de noviembre de 2011
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memoria urgente


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos desclasificara documentos de su informe sobre la dictadura, 32 años después. Por iniciativa del juez Sergio Torres, que investiga la megacausa ESMA, la CIDH cederá documentos del informe elaborado a partir de su visita de 1979.
[Alejandra Dandan] Argentina. Las cajas de documentos que durante la dictadura dieron sustento al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) empezaron a volver al país. Se trata de una medida inédita en este organismo de la OEA que durante años recibió e, invariablemente, rechazó pedidos de acceso a los documentos, tanto de jueces argentinos como del resto de la región. Una misión a Washington encabezada por el juez federal Sergio Torres, en el marco de las investigaciones por la megacausa de la ESMA, terminó de habilitar la desclasificación de documentos, en una decisión que la CIDH la considera histórica y consigna como un reconocimiento a los procesos de verdad, justicia y memoria desarrollados en el país. Durante la estadía, Torres digitalizó sólo una parte de las 65 cajas de archivos con informes ligados al centro clandestino de los marinos. Los documentos servirán como prueba para reforzar tramos de la megacausa, pero en las cajas hay además archivos de valor histórico. Ahora todo está guardado en el juzgado, reservado, aunque a disposición de las partes. La discusión ahora hacia el interior de la OEA es si se trata de una excepción o es un antecedente para otros países de la región.
"Es una foto de la época que nadie puedo tomar, no hay otros registros", dice Pablo Yadarola, secretario del juzgado, uno de los que integró la misión. "Mi sensación es que cuando uno vuelve a mirar esos papeles a la luz de la historia lo que ve es, entre las cartas de los familiares, un último pedido de auxilio, porque dentro del país todo estaba prohibido."
Los relatos de quienes se aproximaron a dar testimonio durante la inspección de la CIDH al país en diciembre de 1979 contienen el tempo del tiempo presente con detalles y enorme cantidad de datos, que cobran mayor fuerza cuando se los compara con los que se escuchan más de 30 años después en los juicios de lesa humanidad.
Uno de los ejemplos es el caso de la mujer de Alberto Samuel Falicoff, médico que realizaba prácticas en el hospital de niños de Córdoba. Los dos fueron trasladados a la ESMA. Su mujer salió al cabo de un mes aproximadamente y denunció el caso ante la CIDH, antes de la visita del organismo al país. Ese testimonio reúne dos características. Es el único de aquel caso, porque su mujer no volvió a declarar y el relato lo usó por lo menos una de las querellas en el juicio como prueba de ese secuestro. Pero su potencial radica en la fuerza de la inmediatez, un dato que podría reencontrarse en los documentos que quedaron de lado.
"En el baño el guarda me saca la capucha, me pregunta cuántos años tengo, si soy casada y si tengo hijos", dice la mujer. "El es un pibe de aproximadamente 17 años. Se porta muy atento y me pide que lea lo que dice en mi capucha y veo escrito con fibra sobre la tela ‘posible franco’. Le digo qué significa y me dice que me van a largar. Su única misión es cuidar que los prisioneros no hablen, no levanten la capucha y a los que lo hacen pueden pegarles a gusto hasta matarlos." Le contó que el día anterior le tocó ir a una casa que alguien había denunciado. Que como los dueños trataron de escapar "tuvieron que disparar y mataron a la mujer joven con un niño. Que después pudieron comprobar que no tenían nada que ver, que a él le había hecho mal pero que toda la culpa la tiene quien denuncia a gente inocente".

El Viaje
Torres decidió pedir los documentos por dos razones. Para ampliar la base de pruebas de las víctimas ya identificadas y, además, para buscar nombres de víctimas hasta ahora no identificadas. Antes de iniciar el viaje, el juzgado mandó un listado con las algo más de 900 víctimas que pasaron por la ex ESMA, con nombres de los acusados. La CIDH hizo una primera clasificación de archivos que arrojó más de 200 coincidencias.
En Washington, el juzgado encontró 65 cajas con unos cien legajos cada una. De la primera clasificación, hecha en una semana, entendieron que de las 65 cajas, unas 55 tienen legajos de la víctimas, una parte de las cuales sigue "reservadas" porque los denunciantes le pidieron a la CIDH mantenerla en esos términos. Y 10 cajas son documentos cuyo valor no sólo es judicial sino histórico porque, entre otros elementos, guardarían las entrevistas que mantuvieron los seis funcionarios del organismo. Entrevistas con jerarcas de la dictadura como Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Albano Harguindeguy o Adolfo Gabrielli, entonces presidente de la Corte Suprema. También Luciano Benjamín Menéndez y con ex presidentes como Héctor Cámpora o Arturo Frondizi. Con la Iglesia Católica, integrantes de organismos de derechos humanos, asociaciones empresarias y gremiales. También, se sabe, hay encuentros con asociaciones de "víctimas del terrorismo", que se acercaban a hacer lobby a favor del país del "somos derechos y humanos".
El modo en el que usará la información y su circulación de momento está limitada a los que intervienen en el juicio: fiscales, defensores y querellas. Desde el juzgado subrayan su carácter reservado y secreto dado el futuro que puede tener esta decisión en el marco de la OEA parece sujeta a las lides diplomáticas.

La Comisión
En la historia de la ESMA el paso de la comisión marcó un antes y un después distinguible en su edificio. Mientras los marinos se preparaban para la visita, trasladaron a los detenidos a la isla El Silencio, del Tigre, propiedad de la Iglesia Católica, actividad operativa que estuvo a cargo del represor Ricardo Cavallo. En el edificio tapiaron una de las puertas de acceso y modificaron la planta principal.
La comisión recibía denuncias desde 1975, pero después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 las denuncias se convirtieron en avalanchas de reclamos. Sus integrantes empezaron a expresarle al gobierno argentino su "preocupación por el número cada vez más grande de denuncias y por las informaciones de distintas fuentes que hacían aparecer un cuadro de violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos y libertades fundamentales", como recordaron Emilio Mignone y Agusto Conte en la introducción de lo que años después iba a ser el Informe Prohibido, informe de la OEA sobre la situación de los derechos humanos en Argentina.
"Como las respuestas de la dictadura fueron insuficientes –cuando contestaba– o carentes de verosimilitud sugirieron el envío de una misión." El 18 de diciembre de 1978 la dictadura aceptó la inspección, pero como consecuencia de las presiones y esfuerzos dilatorios terminó realizándose un año más tarde: entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979.
La visita se boicoteó internamente con la campaña "destinada a desprestigiar al organismo presentando su actuación como intromisión en asuntos internos", recuerda ese libro. Algo que puede verse en las páginas de los diarios de la época, que reproducen solicitadas de empresas y títulos con la lógica del boicot. Decíamos ayer, de Eduardo Blaustein y Martín Zubieta compiló algunas imágenes: la tapa de la revista Somos del 7 de septiembre de 1979, que caricaturiza a un funcionario de la CIDH que aparece con una lupa apuntando a las narices de un militar: "Comisión de Derechos Humanos ¿Qué buscan?", decía el título. Pocos días antes, el Banco Provincia publicó una solicitada en La Prensa: "Los argentinos somos derechos y humanos". El 13 de septiembre, el diario La Razón presentó un textual del cardenal Primatesta en el que decía que la Iglesia "ratificó su posición respecto de la realidad nacional". Realidad que había sido reseñada el 9 de septiembre, en Clarín. Monseñor Guillermo Bolati, arzobispo de Rosario, decía: "Cada país debe regular los derechos humanos. No deben ser los extranjeros los que nos vengan a indicar qué tenemos que hacer". El 22 de septiembre, cuando la comisión dejó el país, La Nación difundió la posición oficial ante la visita: "La Argentina solo se confiesa ante Dios". El mismo día, La Prensa reprodujo una frase de Harguindeguy: "La Argentina no tiene nada que ocultar". Y luego: "Mentiras infames sepultadas por la verdad incontrastable y comprobada".
Para entonces, los periodistas que habían estado cubriendo la inspección de la comisión a la cárcel de Devoto dejaron constancia de que habían sido fotografiados individualmente. Y que frente las oficina de la OEA, en Avenida de Mayo, se "ha advertido la presencia en las reuniones de prensa de personas que no es posible identificar como prensa de ninguno de los medios conocidos". Carmen Lapacó era una de las mujeres que hicieron la fila en la sede la OEA de Avenida de Mayo.
La comisión aprobó el informe el 11 de abril de 1980, pero el ingreso de ese documento al país estuvo prohibido. Mignone y Conte lo explicaron en la edición que se logró hacer en 1984: "Pese a su interés e importancia es prácticamente desconocido en nuestro país. Cuando apareció, los diarios y revistas argentinas –por sugerencia del gobierno militar– se limitaron a transcribir sus conclusiones seguidas de una refutación elaborada por el régimen (...). Las organizaciones de derechos humanos no encontraron entonces una sola imprenta dispuesta a correr el riesgo de imprimirlo". Unos 500 ejemplares lograron ser traídos desde Washington y se reprodujeron clandestinamente.
"El CELS todavía estaba en su sede d Viamonte –explica Carmen Lapacó–. Emilio Mignone trajo el informe de allá y entonces me acuerdo de que Noemí Labrune y yo sacábamos de ese informe hojas, no seguidas sino de lugares distintos, de a dos o de a tres, del medio. Había pocos lugares con fotocopiadora, íbamos a una y después a otra: nos recorrimos medio Buenos Aires para que no se dieran cuenta qué era. Una vez, a Noemí le pasó que el hombre que le iba a sacar las fotocopias le dijo: ‘Usted es una subversiva’, y le tiró los papeles en la cara. Dado ese antecedente, otra vez yo llevé otras a un lugar en Caballito. Voy a buscarlas. Dos muchachos jóvenes de una imprenta dicen: ‘¿Por qué están así cortados? Nosotros tenemos interés en tener todo’. Pero con lo que había pasado, les dije que trabajaba en un estudio jurídico, del miedo que tenía. Me dicen: ‘Dígales a los abogados que nos den todo que les hacemos un precio especial’. Salí y me tomé un taxi, vivíamos con miedo."
Cuando estuvieron listas todas las fotocopias, cuenta, se reunieron con Luis Zamora y empezaron a armar los juegos. Zamora hacía los agujeros en las hojas. "Pero cuando hubo que armarlos no teníamos nada porque había en ese momento ganchos como los de ahora, yo tenía de casualidad en mi cartera unos anillos para colocar la cortina del baño y vimos que servían. Entonces, se compraron ganchos de cortina del baño, lástima que ahora yo no tengo mi ejemplar, que quedó en el CELS."
Como también revelaba Mignone, esas copias se entregaron en mano a jueces, obispos, periodistas y personalidades relevantes. Obviamente, también entre las organizaciones de derechos humanos y familiares, que fueron quienes costearon la precaria y clandestina edición. En 1980, el Informe Prohibido tiene la estructura y la potencia de lo que años más tarde sería el Nunca Más. Dejó constancia de los desaparecidos, de los centros clandestinos, de los mecanismos de secuestros y torturas.
29 de noviembre de 2011
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cómo habría actuado yo


Fernando Reati, el entrevistador.
[Nora Veiras] Argentina. Fernando Reati es cordobés, profesor de Literatura, fue preso político en Córdoba, está radicado en Atlanta, Estados Unidos. Mario Villani fue invitado a dar una conferencia en su universidad sobre su vida en los centros clandestinos y allí se conocieron.

¿Cómo fue grabar el testimonio de Mario Villani y reconstuirlo?
Fue muy complejo. Muchas horas de grabación y un relato que no es el que está en el libro. Lo hemos reelaborado mucho. Había momentos muy dramáticos. La manera que logré manejar eso para que no me retraumatizara, en parte por lo que yo había vivido pero aunque no hubiera vivido nada, cualquier persona normal se traumatizaría al escuchar esas historias. Le pasaba a mi esposa, por ejemplo. Entonces lo comenté a un terapeuta en Atlanta que es especialista en víctimas de traumas de guerras de Irak, de Vietnam, del Holocausto, y él me dio la clave: me dijo, "lo que pasa es que cuando estás escuchando esos testimonios es como entrar en un territorio sagrado, no es la vida cotidiana, no podés manejar eso con la misma actitud que lo cotidiano". Me dijo: "Tenés que hacer algún tipo de ritual antes y después de entrar en ese testimonio porque si no no hay límite entre el mundo de tu vida y ese horror". Me inventé un ritual que era lavarme las manos antes y después de grabar y pensar: "Es como entrar y salir de una Iglesia, una sinagoga".

Ante el producto terminado, cómo se siente con Memoria...
Me pregunto qué puede significar el libro para los que lo lean acá en la Argentina. Mi interés era entender la experiencia de una persona que había estado en ese mundo, que para el 99 por ciento de nosotros es impensable, no existe. ¿Por qué? Yo había tenido la experiencia de estar en la cárcel, ocho días en un campo de concentración, pero nada que ver. Me imagino que la pregunta era ¿y qué hubiera hecho yo en ese lugar? Me acerqué a la entrevista con esa actitud. En realidad creo que salí entendiendo más de mí mismo. Simplemente reconocer que no sé qué hubiera hecho. En última instancia eso es lo que aprendo: ninguno de nosotros sabe qué hubiera hecho hasta que está ahí. Ojalá que el libro sirva para reflexionar sobre qué hubiéramos hecho nosotros, incluso aquellos que no tuvieron nada que ver o los jóvenes que ni siquiera habían nacido, se pregunten: ¿Cómo hubiera sido mi experiencia si yo hubiera estado confrontado con eso? Y si la gente saca de eso la lección que no lo sabemos y que –como dice Mario– todas son actitudes humanas. Desde el torturador más brutal hasta el preso más inocente, unas más condenables otras menos. Si entendemos eso nos va a ayudar a dar vuelta la página y lo digo con mucho cuidado porque obviamente venimos del menemismo, de mucho tiempo en el que esa expresión era muy negativa. Ha llegado el momento de dar vuelta la página porque hay justicia y un testimonio como el de Mario nos permite pensar lo que viene después. Ahora podemos reflexionar sobre nosotros, los que estuvimos en esa historia qué hicimos, qué no hicimos, lo hicimos bien, lo hicimos mal. Los que no estuvieron qué hubieran hecho. Y los que sí estuvieron como espectadores, entender que entre el torturador más brutal y la víctima lo que hay no es una línea divisoria. Hay una zona gris y la mayor parte de la gente se mueve dentro de esa zona gris. Cuando él habla de la colaboración me parece que es muy importante entender que todo fue colaboración, no sólo adentro sino fuera: la persona que vio que se llevaban a un vecino y no dijo nada, la persona que prefirió no saber nada, ni hablar de los sectores de los partidos políticos y de la Iglesia que sí fueron cómplices. Todos tuvieron que colaborar o conciliar para seguir viviendo y no lo digo como condena, eso también forma parte de las actitudes humanas. Todos tenían que encontrar su grado de colaboración con ese sistema para poder sobrevivir.
28 de noviembre de 2011
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testimonio de theis y gómez


"Vino la revancha".
[Gustavo Veiga] Argentina. Quienes los conocen bien dicen que son inseparables. Carlos Hugo Theis (foto) y Orlando Gómez, dos ex trabajadores de Dálmine Siderca, militaban en el Partido Comunista durante la dictadura. El primero es de Campana, ingresó a la empresa en 1972 durante el régimen de Alejandro Agustín Lanusse y permaneció veinte años. Su compañero, oriundo de Zárate, entró en el ’74 y estuvo contratado hasta 1998. En ambos casos, demasiado tiempo para describir con propiedad cómo era desempeñarse en una fábrica militarizada.
"En nuestro sector, que se llama Playa, vivimos en carne propia la represión con la desaparición de nuestro delegado, Oscar Bordisso. Su familia le ganó un juicio a la empresa porque desapareció cuando salía de trabajar. Yo entraba a las cinco de la mañana y él salía a la misma hora. Generalmente nos veíamos porque nos cruzábamos, pero ese día no fue así. Me acuerdo que le dije a otro compañero, Zanabria, que había que hacer algo, cómo iba a desaparecer", señala Theis.
Los dos recuerdan la militancia peronista de Bordisso en la UOM, opositor a la conducción de Lorenzo Miguel. Theis, enfrentado políticamente con el delegado desaparecido, se había postulado como candidato a integrar la comisión interna cuando sobrevino el golpe. "Eramos tan inconscientes que hacíamos pintadas y después del 24 de marzo del ’76, las pintadas quedaron. Nunca me olvido que vino un supervisor, un tal Russo, y me dijo: Theis, bórrelas, porque en cualquier momento lo agarran de las pestañas. Me acuerdo que después del golpe me fui una semana o más de mi casa por precaución."
Como Gómez vivía en Zárate, todos los días viajaba hasta Campana en ómnibus. "Los controles que se hacían eran permanentes, no había un día que dejaran de pasar lista en los 9 kilómetros que hacía el Expreso Paraná. Los militares las tenían con los nombres y apellidos de los militantes o guerrilleros. Imagínese con mi apellido: ¡Gómez había un montón! En la fábrica había un Gómez que era del ERP. Hacían trabajo psicológico con el miedo, el miedo era tremendo."
Los dos compañeros coinciden en el clima de intimidación que se vivía en Dálmine Siderca: "Me acuerdo de los candados de nuestros cofres violentados. Llegábamos, nos cambiábamos y encontrábamos los candados rotos. Un día en un operativo apareció una camioneta del Ejército y a un muchacho que le habían abierto el cofre y le encontraron volantes del ERP se lo llevaron. Era muy común que antes del golpe entraras a la fábrica y te dieran material político que guardabas para leer después. El Ejército pasaba por una especie de pasarela por la que caminaban los que manejaban las grúas. Los militares nos miraban desde ahí, bien arriba".
La presencia uniformada en la fábrica era ostensible. En el ’76 comenzó a producir la planta de reducción directa de mineral de hierro; al año siguiente se instaló el primer laminador continuo del mundo alimentado con barras redondas y en 1978 fue construido el puerto fluvial de Siderca. Tres avances claves que serían simultáneos a la conculcación de los derechos de casi 5 mil trabajadores en los ’70. "Llegué a vivir la época en que prácticamente los que mandaban eran los delegados y Dálmine tuvo que aflojar en muchas cosas. Había sectores en que los jefes no entraban de noche. Pero después del golpe vino la revancha de la empresa y empezó la represión", concluyó Theis.
28 de noviembre de 2011
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