ni yerba de ayer
Fue gobernador de facto de Tucumán, genocida y también constituyente, gobernador y diputado electo en democracia. 
[Mario Wainfeld] Murió condenado a cadena perpetua, cumpliendo prisión domiciliaria, despojado por indignidad de su condición militar. Su otrora poderoso partido, Fuerza Republicana (FR), se fragmentó en las recientes elecciones y va hacia la consunción.
Hace veinte años el entonces presidente Carlos Menem sacó de la galera la candidatura a gobernador de Ramón "Palito" Ortega, único modo de impedir que Antonio Domingo Bussi llegara al poder. El ex tirano lo logró en 1995, con el voto popular. Con su hijo Ricardo como candidato, FR estuvo a punto de revalidarse en 1999: perdió por un tris contra el peronista Julio Miranda.
El genocida ganó ocho elecciones en Tucumán. Hubo algunos partidos procesistas que accedieron a gobiernos provinciales (en Chaco, en Salta), pero él fue el jerarca de la dictadura que ranqueó más alto en ese terreno. Jorge Rafael Videla se infatuaba fantaseando que "la cría del Proceso" sería revalidada en elecciones libres. Emilio Eduardo Massera trató de construir su propia candidatura trasvestido de sucesor del peronismo: su delirio no llegó muy lejos. Bussi los aventajó en esa carrera.
Los dieciséis años que van desde el cenit de Bussi hasta su fallecimiento en el desdoro y en soledad parecen mucho, máxime por los retrocesos de los partidos democráticos en la lucha contra la impunidad. Acaso no sean tantos en la dimensión de la historia de un país que viene recobrando su dignidad. Vale como referencia la comparación con lo que viene pasando en países hermanos o vecinos, que dan sus primeros pasos en un recorrido que la Argentina ha ahondado más, tanto que les sirve de ejemplo, de aliciente y de bandera.
Una de sus últimas apariciones públicas, que lo pinta de cuerpo entero, ocurrió cuando habló en el juicio por el secuestro, tortura y asesinato del ex senador Guillermo Vargas Aignasse. El represor vituperó y calumnió a su víctima quien, como cuando cayó en 1976, no podía defenderse. Bussi aducía estar muy enfermo, pero le sobró firmeza para denigrar a quien había asesinado.
En esta misma edición de Página/12 se informa que avanza la causa que investiga el asesinato del obispo Enrique Angel Angelelli. Hay procesados por homicidio calificado y asociación ilícita. La investigación se había iniciado en 1984, se clausuró por imperio de las leyes de punto final y obediencia debida. Fue obstruida decenas de veces, mientras la jerarquía de la Iglesia Católica silbaba bajito y miraba para otro lado. La coincidencia de la fecha es un azar del calendario. Pero nada tiene de casual que el ignominioso final de Bussi y la apertura de una hendija en la investigación sobre el crimen de Angelelli ocurran en esta etapa, enmarcados en un contexto de avance en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.
Las banderas siempre fueron sostenidas por los organismos de derechos humanos, por los familiares de las víctimas, por los sobrevivientes, por creciente cantidad de integrantes de la sociedad civil. La llama, que nunca se apagó, se reavivó a partir de 2003. Desde entonces, los tres poderes del Estado han hecho su parte, con compromisos y convicciones desparejos. Los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner sostuvieron, por primera vez, ocho años de continuidad en políticas de Estado vinculadas con los derechos humanos y fueron la avanzada de un cambio de época, ejemplar. El Congreso anuló las leyes de la impunidad que sancionara tiempo atrás. La Corte Suprema, renovada con magistrados idóneos y respetables, sumó lo suyo, aunque "por abajo" sobreabundan jueces y camaristas empecinados en encubrir criminales o cajonear los expedientes que los encausan.
Cada quien sabrá cuáles son sus emociones ante la muerte de un protagonista de una etapa oprobiosa, que supo saborear las mieles del aval democrático. La sociedad argentina, en su conjunto, puede felicitarse por la etapa histórica en que sucedió el hecho, sin bajar las banderas ni cejar en una lucha que todavía insumirá años.
25 de noviembre de 2011
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[Victoria Ginzberg] Argentina. "Bussi ha agarrado con una manguera a garrotear hasta que los ha muerto. Los ha muerto a esos dos personalmente", relató un ex conscripto.
[Alejandra Dandan] Argentina / Uruguay. La investigación por la apropiación de Macarena Gelman todavía tiene puntos oscuros. ¿Por qué los represores se llevaron del país a María Claudia García Iruretagoyena, la nuera del poeta Juan Gelman? ¿Por qué a Uruguay? Y un punto más específico: nunca hubo certezas sobre el momento y el modo en que salió embarazada y secuestrada hacia Montevideo. Ayer, en la audiencia del juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés, declaró el periodista uruguayo Roger Rodríguez, investigador de los derroteros y efectos de las dictaduras del Cono Sur. Reveló un documento hasta ahora inédito, con siglas del Ministerio de Defensa de Uruguay, que indica que el viaje se hizo el 17 de octubre de 1976 a bordo de un avión de Pluna, desde Ezeiza hasta el aeropuerto de Carrasco. Claudia viajaba en calidad de detenida con otras tres personas secuestradas: los hermanos Anatole y Victoria Julien y María del Carmen, otra secuestrada con indicios de un embarazo, de quien se omitió dar públicamente el nombre. El documento lleva las firmas del general José Gavazzo y de Jorge Silveira, jerarcas uruguayos de la dictadura y operadores del Plan Cóndor en Buenos Aires. Según el documento, ambos dejan constancia de que enviaban a los "detenidos" para ser "interrogados" por orden del canciller uruguayo. Rodríguez terminó de chequear la validez de esa prueba este último fin de semana en Buenos Aires, a partir de un contacto con la pasajera número cuatro. Los papeles están ahora en poder del Tribunal Oral Federal 6 y empezarán a ser evaluados.
[Carlos Rodríguez] Argentina. Por orden judicial quedó detenido ayer en Santiago del Estero el empresario santafesino Jorge Ciccioli, dueño de tierras en Monte Quemado y patrón de Javier Juárez, el hombre acusado por el crimen de Cristian Ferreyra (23), miembro del Movimiento Campesino de la provincia (Mocase-Vía Campesina). Ciccioli, quien se presentó en un juzgado de la capital provincial, está imputado como "partícipe secundario" del homicidio. Por otra parte, en su primera declaración pública sobre el episodio que terminó con la muerte de Ferreyra, el gobernador de la provincia, Gerardo Zamora, sostuvo que el motivo del crimen fue "un conflicto por tierras entre gente humilde". Al mismo tiempo, aseguró que en seis años de gobierno "no se han vendido tierras fiscales y, por el contrario, se recuperaron 190 mil hectáreas", argumento con el cual negó el carácter de "gobernador sojero" que le atribuyen los campesinos. El mandatario salió a relativizar, además, la existencia de "grupos armados" que responden a las órdenes de los empresarios sojeros asentados en el norte de la provincia.
Argentina. La comunidad educativa del histórico colegio porteño honró a alumnos y docentes desaparecidos y asesinados antes y durante la última dictadura con la colocación de seis baldosas que recuerdan su paso por ese establecimiento. El rector del CNBA, Gustavo Zorzoli, citó a las Madres de Plaza de Mayo al afirmar que se trata "de un dolor que con el tiempo se transformó en lucha, y la lucha en resistencia activa. Donde lejos de paralizarnos, nos movilizó y nos dio valor".
Argentina. El camarista mendocino no estuvo en la sala de audiencias ya que goza de una visa temporaria en Chile, adonde pidió asilo político. Su defensora, Fabiana León, pidió que los cargos en su contra fueran rechazados porque "no se puede juzgar con los parámetros de hoy lo que ocurrió hace más de 30 años".
Argentina. La Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal anuló la condena a un año de prisión en suspenso y a pagar una indemnización de 20 mil pesos al juez Guillermo Rivarola impuesta contra el fallecido periodista Eduardo Kimel en 1999 por la publicación de su libro 'La masacre de San Patricio', en donde se detallaba el asesinato de los sacerdotes palotinos Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, muertos el 4 de julio de 1976, en plena dictadura militar.
Argentina. El juez Federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, dispuso el procesamiento con prisión preventiva de los represores Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menendez y Albano Harguindeguy por "homicidio calificado y asociación ilícita", por el crimen del obispo Enrique Angelelli ocurrido en 1976. El magistrado entendió que el supuesto accidente de tránsito donde murió el monseñor fue "provocado" y atribuyó la responsabilidad a las máximas jerarquías de la ultima dictadura militar. También fueron imputados el excomodoro Luis Fernando Estrella y el expolicía Juan Carlos "La Bruja" Romero.