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murió impune chacal bussi


El Mussolini tucumano
Argentina. El mismo día del inicio de un nuevo juicio oral en Tucumán, el amo, señor y fusilador número uno de esa provincia durante la última dictadura militar -declarado insano y apartado de la causa- murió, a los 85 años, por una insuficiencia cardíaca. En 1987, el Punto final de Raúl Alfonsín le garantizó impunidad. Comenzó entonces una extensa carrera política, siempre con epicentro en una provincia abrumada por la miseria.

Antonio Domingo Bussi había nacido en Entre Ríos el 17 de enero de 1926. Su vida pública comenzó en diciembre de 1975, cuando reemplazó al frente del Operativo Independencia a Acdel Vilas, otro general insano pero sobre todo impune que pasa sus días en un departamento de Palermo. Antes de irse, Vilas anunció que la guerrilla tucumana había sido derrotada. A Bussi le tocó "rematar a la subversión", explicó alguna vez.
El 24 de marzo de 1976 se convirtió en interventor federal y jefe militar de Tucumán, concentración de poder que no ostentó ningún otro gobernador de facto. Siempre desbordante de pistolas y granadas para infundir sumisión, extendió al infinito el concepto de "subversivo", que no excluyó ni a los mendigos: la noche helada del 16 de julio de 1977 ordenó levantarlos de las calles y tirarlos en un desierto de Catamarca. En 2006 perdió un juicio contra el escritor Tomás Eloy Martínez, quien al recordar la historia lo calificó de "tirano" y "feroz exterminador de disidentes".
Según la Comisión Bicameral Investigadora, el 70 por ciento de los 507 secuestros registrados en Tucumán se produjo durante los dos años de su gobierno. Sólo una de cada cinco víctimas tenía militancia política o gremial conocida. "Nueve de cada diez fueron secuestrados en sus domicilios, lugares de trabajo o en la vía pública por personas armadas que actuaban con una superioridad numérica de 15, aproximadamente, contra 1", apuntó la Comisión.
Tras explayarse sobre torturas, uñas arrancadas con tenazas y hombres enterrados hasta el cuello, el exgendarme Omar Torres relató dos fusilamientos de los cuales fue testigo: "El general Bussi se apersonaba y daba la orden con un disparo ejecutando a la persona". Sus subordinados remataban al resto, que caían a un pozo. Luego "se echaba leña, aceite y gomas de automóviles". Obligaban a los detenidos a rezar el Padrenuestro y el Ave María: "Los exhortaban a dar gracias a Dios por haber vivido un día más". Los jefes de los campos se ufanaban de haber aprendido a torturar en Vietnam, donde Bussi fue como observador invitado por el ejército norteamericano.
En el 87 lo salvó el Punto final, pero también la justicia tucumana. La Corte Suprema reprendió con dureza a la Cámara Federal provincial, que no lo procesó pese a la abundancia de pruebas en su contra. Un año después, en 1988, fundó Fuerza Republicana, partido que lo llevó a la gobernación y al Congreso Nacional. El voto le permitió ganar ocho elecciones. En 1993 asumió como diputado nacional y dos años después como gobernador. En 1998, una Comisión Especial Investigadora reveló sus propiedades y depósitos bancarios. Poco después se conocieron sus cuentas secretas, millonarias, en bancos de Suiza y Luxemburgo. "Imperfecciones propias de mi naturaleza humana", había justificado.
En 1999 volvió a ser electo diputado. La APDH lo impugnó por sus crímenes y por haber ocultado sus cuentas en 1993. La Cámara le impidió el ingreso al Congreso. El año pasado la Corte Suprema falló que debió respetarse el voto popular, pero el mandato había concluido. El Tribunal de Honor del Ejército, que nunca le cuestionó secuestrar o torturar, lo sancionó por mentir. En 2003 fue electo intendente de San Miguel de Tucumán por una diferencia de 17 votos, pero su detención le impidió asumir. El juez federal Jorge Parache le concedió arresto domiciliario en su casa de Pilar, que violó según denunció la Secretaría de Derechos Humanos provincial.
La Comisión Bicameral Investigadora formada en 1984 compiló una nómina de 507 secuestros durante la guerra sucia en Tucumán: 387 personas detenidas desaparecidas, otras 96 que luego recuperaron su libertad y 24 cuyos cadáveres fueron recuperados. El 68 por ciento de los 507 secuestros se produjeron en 1976 y 1977, mientras Bussi fue interventor federal y jefe militar de la provincia.
25 de noviembre de 2011
24 de noviembre de 2011
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menéndez otra vez al banquillo


Por violación, en el marco de la dictadura.
Argentina. La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza procesó al represor y exjefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez -que acumula seis condenas a prisión perpetua y ocho juicios por delitos de lesa humanidad- como autor mediato, por su jerarquía en la cadena de mandos, de la "práctica sistemática" de violaciones sexuales durante la última dictadura militar. Además, la medida recayó sobre los dictadores Juan Oyarzabal, Eduardo Smaha y Armando Fernández.

La Sala B del tribunal de apelaciones revocó la falta de mérito dictada a todos los acusados por este delito en la justicia de instrucción, y los procesó por entenderlos responsables de los tormentos provocados a, por lo menos, tres víctimas: Silvia Ontiveros, Vicenta Zárate y Stella Maris Ferrón.
Para el tribunal de apelaciones los delitos sexuales integraron el "plan sistemático y generalizado de violación de derechos humanos" de la represión ilegal, y por eso deben ser considerados de lesa humanidad, es decir, imprescriptibles.
El tribunal manifiesta en su resolución que "surge, en principio, de la investigación desarrollada, que las agresiones sexuales que se cometieron en los centros clandestinos contra las personas allí detenidas, fueron continuas, reiteradas y masivas", advirtieron.
Del mismo modo, consideran que "la manera de infringir dolor habría tenido condimentos diferenciados cuando la víctima era una mujer. Se habría demostrado a través de numerosos testimonios que la violencia sexual y la violación eran una práctica permanente en los centros clandestinos de detención, en el contexto de encierro o coacción extrema al que fueron sometidas las víctimas".
Las sobrevivientes que denunciaron los hechos "señalan la frecuencia de los ataques, y a partir de esos hechos, los dichos indican que los delitos contra la integridad sexual fueron integrantes del ataque sistemático, implementado contra sectores de la población civil -en particular contra las mujeres- por el terrorismo de Estado", agregaron los jueces.
24 de noviembre de 2011
23 de noviembre de 2011
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un suicidio con demasiadas sospechas


Denuncian una muerte por violencia policial en Cañada de Gómez. Margarita Morelli contó que su padre Dante, de 47 años, fue detenido por presunto abuso sexual a su nieta en la comisaría 1ª y cuando fue a buscarlo a la seccional, pudo ver cómo era golpeado por efectivos. Le dijeron que se había ahorcado.
[José Maggi] Argentina. Margarita Morelli, hija de Dante Morelli de 47 años denunció que su padre fue brutalmente golpeado por la policía de la seccional primera de Cañada de Gómez, donde fue trasladado detenido luego que ella misma lo denunciara por manosear a su hija de 3 años. Ella y su hermano lo vieron alrededor de las 2 de la madrugada del lunes "en cuatro patas en calzoncillos todo mojado", y "luego de escuchar fuertes golpes y ver a cuatro policías con guantes de látex en sus manos", además de "manchas de sangre en el piso". Durante la mañana del lunes, su familia se enteró por los medios de prensa locales que su padre se había suicidado, "colgándose de los barrotes de su celda", una manera demasiado usual en dependencias policiales. Los hijos no creen que su padre se haya ahorcado porque cuando lo vieron estaba muy golpeado, además calzaba zapatillas con abrojo, y no llevaba puesto un cinturón.
Todo comenzó en las últimas horas del domingo cuando la joven decidió dejarle su hija de tres años a su padre. Al regresar, se enteró por un vecino que su progenitor estaba alcoholizado y que en ese estado habría manoseado a su chiquita. Margarita decidió entonces denunciarlo ante la policía que llegó al lugar e inmediatamente lo llevó a la seccional Primera. En tanto, la joven y su hija fueron llevadas por otros efectivos al Hospital San José de Cañada de Gómez para que revisaran a la menor. Según su propio relato, los profesionales no encontraron signos de violación ni marca alguna en el cuerpo de la nena.
Margarita junto a uno de sus cuatro hermanos, se dirigieron hacia la comisaría Primera donde permanecieron por más de una hora. En el lugar Rodrigo --su hermano-- pudo ver a cuatro policías con guantes de látex, que le pegaban a su padre hasta dejarlo exhausto. También pudieron ver el piso con innumerables manchas de sangre, las que pudieron captar en un video.
La joven relató: "Mi hermano vio a los policías que golpeaban a mi papá, que tenían puesto guantes de látex. Después lo llevaron a la alcaidía y volvimos a escuchar golpes, así que mi hermano se trepó a la reja y lo ve a mi papá en cuatro patas, cuando le estaban pegando, hasta que uno los policías lo tapó. Mi hermano lo vio a mi papá en calzoncillos, todo mojado, como si le hubieran tirado agua. Mi hermano dijo que mi papa tenía la cara sana, y eran eso de la una y media de la madrugada".
En su relato Margarita confió: "No sé si mi papa murió por asfixia, porque dicen que se ahorcó. Nosotros lo vimos en el cajón y no tenía marcas en su cuello, lo que tenía era su cara destrozada a golpes. Mi hermano le abrió la camisa a mi papá, tenía los rastros de la autopsia, desde la pera hasta el ombligo, pero le miramos bien el cuello y no tiene ninguna marca. Lo que tenía era unos cortes en la cara, que le sangraban incluso hasta que cerraron el cajón".
El lunes al mediodía Margarita se enteró "por el noticiero del cable, que mi papá se había ahorcado, porque la policía no nos informó del deceso a ningún familiar. Nada de nada, ni siquiera el resultado de la autopsia. La única explicación que dieron es que después de limpiar las manchas de sangre del piso dejaron un escurridor cerca, y que con ese palo, mi papá arrastró un cinto que estaba cerca de su celda a unos dos metros y que con eso se colgó de los barrotes del calabozo".
La mujer afirmó: "El cuerpo me dijeron que estaba arrodillado, parece imposible que alguien se mate así. Lo último que dijeron es que lo encontraron así cuando hicieron una recorrida la mañana de lunes. Son muchas contradicciones".
Finalmente, Margarita reveló que tiene "testigos que vieron cómo se llevaron a mi padre de la casa, sin un solo rasguño, y cuando lo velamos estaba con su cara desfigurada por los golpes". Hoy la familia Morelli espera la llegada del abogado Norberto Olivares para presentar la denuncia.
24 de noviembre de 2011
23 de noviembre de 2011
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citado por defender a cura demoníaco


Citan al párroco de la catedral por defender a Eugenio Zitelli. Apoyó a un cura de pasado complicado. Fue durante una misa. Rosario/12 publicó las palabras del padre Giménez y ahora un fiscal quiere que declare en la causa Feced.
[José Maggi] Argentina. El fiscal federal Gonzalo Stara pidió ayer que se cite a declarar al párroco de la Catedral de Rosario, Raúl Giménez, por las afirmaciones que hizo durante la misa del pasado viernes, en la que defendió la inocencia del sacerdote Eugenio Zitelli, quien se desempeñaba como capellán de la policía durante la dictadura militar. Las afirmaciones de Giménez fueron publicadas en la edición del domingo de Rosario/12 , basadas en una testigo directa: la periodista Susana Pozzi quien estaba en la iglesia madre de Buenos Aires y Córdoba durante la primera misa del día que tiene lugar entre las 8 y las 9 de la mañana. Stara elevó la demanda al titular del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, que entiende en la causa que se sigue por crímenes de lesa humanidad en la causa Díaz Bessone (ex Feced) y ordenó la detención de Zitelli, quien hasta hace solo unos meses estaba a cargo de la iglesia San Pedro de la vecina localidad de Casilda
"En el día de hoy, conforme con lo que habría manifestado Giménez, hemos solicitado al juez Bailaque que lo reciba antes posible para que de declaración testimonial para que de razón de los dichos que habría efectuado", señaló el fiscal Stara al programa "Trascendental" de LT8.
"En principio, aparentemente Giménez tendría algún tipo de información acerca de los hechos, acerca de Zitelli, acerca de los hechos por los que está citado Zitelli, y sobre su ajenidad en los hechos por lo que fue ordenada su detención", añadió el fiscal federal de la causa Díaz Bessone.
"Hemos pedido que se lo cite a declarar fundamentalmente para que de razón de sus dichos, no sólo sobre los hechos que se le imputan a Zitelli sino también sobre su participación en los mismos", ratificó el funcionario judicial, en relación con el pedido que presentó al juez Bailaque esta mañana.
Según el testimonio de Pozzi, "en el momento en que se piden las intenciones, un momento cúlmine de la celebración religiosa pues se consagran la sangre y el cuerpo de Cristo, el párroco de la Catedral Raúl Giménez pidió realizar una petición personal por mi querido amigo, un sacerdote que por estas horas está pasando momentos difíciles pues está siendo injustamente acusado de cosas que no cometió. Lo acusan de haber sido partícipe de torturas y violaciones cuando era capellán. Mi amigo sólo fue capellán, son mentiras todas esas cosas que se dicen por estas horas, no torturó ni avaló violaciones como dicen. Sólo por haber sido capellán lo están injuriando. También es mentira que esté detenido, pues por estas horas está en una casa de retiro que tenemos en Zavalla con una discreta vigilancia. Hablé con él y le dije que pediríamos por su alma. Se puso muy contento cuando se lo comuniqué. Pidamos por él". De esta forma el párroco cerró la petición el viernes a la mañana, sin nombrarlo, pero dejando absolutamente claro que se trataba de ex capellán de la policía rosarina durante la dictadura Eugenio Zitelli.
Conocidas las declaraciones el grupo UMANO (Unidos por la Memoria y Ante el Olvido) de Casilda calificó de "inadmisibles las expresiones que tuviera Giménez, a instancias de las "intenciones del rezo", ritual propio de la Misa Católica, quien a través de calificaciones falaces construyó una "verdad" basada en la tergiversación de lo Real. A Eugenio Segundo Zitelli lo imputó el Tribunal Federal Nº 4, por delitos de Lesa Humanidad, por haber sido pieza clave de una Estructura Delictiva cuyos fines eran el Secuestro, la Tortura, la Desaparición, la Violación y en la mayoría de los casos, el posterior asesinato de las personas detenidas en el SI durante la última dictadura".
22 de noviembre de 2011
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vecinos atacaron comisaría


Un grupo atacó la municipalidad, tras el asesinato de un nene de 12 años. El chico fue asesinado en su casa, en apariencia, durante un robo. Hay dos sospechosos detenidos. Los vecinos organizaron una marcha, durante la cual un grupo apedreó la comisaría y la municipalidad. La policía tiró balas de goma.
Argentina. Un chico de 12 años fue asesinado en Miramar, y una manifestación para pedir justicia por el crimen desembocó en una pedrea y vandalismo contra el edificio de la Municipalidad y represión con balas de goma. El niño, llamado Gastón Bustamante, murió asfixiado, y la principal hipótesis consiste en que, cuando estaba solo en su casa, entraron a robar: al descubrir su presencia y quizá porque conocía a los ladrones, éstos lo golpearon y terminaron matándolo. Hay dos sospechosos detenidos. Los vecinos convocaron a una marcha para pedir justicia pero, en su transcurso, un grupo de adolescentes apedreó el edificio comunal y algunos ingresaron a producir destrozos. La infantería policial bonaerense reprimió con balas de goma.
Pasadas las 21, empleados de la Municipalidad de Miramar se atareaban entre los escritorios caídos, las computadoras y los monitores derribados, procurando ordenar las oficinas del frente de la sede comunal. Quince minutos antes, todavía el cuerpo de Infantería de la Policía Bonaerense había disparado balas de goma contra los manifestantes –varios de ellos no aparentaban más que 14 o 16 años– que arrojaban piedras. La acción disuasiva más efectiva fue probablemente la de los vecinos mismos, que se acercaban uno por uno a los chicos para instarlos a que cesaran en la pedrea. Varios de los escudos de plástico de los guardias de Infantería –atrincherados en el local municipal– resultaron quebrados.
En realidad, los disturbios habían empezado ante la comisaría local, donde fueron apedreadas las puertas. Pero los mayores daños se produjeron en la Municipalidad. "Ninguno de los que tiran piedras es pariente de Gastón", sostenía una de las vecinas.
Según un funcionario policial, habría tres o cuatro efectivos con heridas –de poca consideración–, y también dos vecinos habrían sufrido lesiones. Cerca de las 21.30 se hizo presente en el lugar el comisario general Hugo Matzkin, superintendente de Seguridad de la Policía Bonaerense, que ingresó a la Municipalidad sin hacer declaraciones.
Patricio Hogan, intendente del partido de General Alvarado –que comprende a la ciudad de Miramar–, sostuvo que los de la pedrea "son activistas políticos, a los que llegué a identificar por la televisión. Los conozco, han militado en los partidos políticos. Las familias que realmente salieron a la calle para pedir justicia no son las que estuvieron en los disturbios".
Todo había empezado en la mañana de ayer. Minutos después de las diez, la mamá de Gastón Bustamante llamó a su marido para decirle que había encontrado al hijo de ambos muerto, junto a su cama, en la casa familiar de Calle 27, barrio Las Palmas, Miramar. La mujer había salido a hacer compras; el hombre, carpintero, estaba trabajando.
La autopsia, en la tarde de ayer, confirmó que el chico había sido golpeado y finalmente asfixiado, probablemente con una media. "Cuando el fiscal inspeccionó el lugar, acompañado por el padre de la víctima, resultó que faltaría algo de dinero, no más de 300 o 400 pesos, y que el televisor estaba movido, como si hubieran tratado de llevárselo –dijo a este diario una fuente judicial–; de todos modos, son datos preliminares, porque el padre y la madre estaban bajo una terrible crisis de nervios."
"No había motivo para dar muerte a un chico. Lo podrían haber reducido de otra manera, en lugar de golpearlo ferozmente y asfixiarlo con una media", exclamó, en la tarde de ayer, Rodolfo Moure, fiscal a cargo de la investigación. Su comentario abre en principio dos posibilidades: una es la pura irrupción de una brutalidad descontrolada; la otra es que Gastón hubiera reconocido a uno de los ladrones y ésa haya sido su reacción.
Dos hombres mayores de edad, que viven cerca de la casa de los Bustamante, fueron detenidos en la tarde: el fiscal procuraba establecer "si eran conocidos de la víctima", ya que "la principal hipótesis es que entraron a la casa pensando que no había nadie y se encontraron con el nene". Los accesos a la vivienda no habían sido forzados, y se supone que entraron por la puerta trasera, que habría estado abierta.
Temprano a la tarde, el intendente Patricio Hogan había dispuesto dos días de duelo en la ciudad de Miramar, ya que "un hecho de tal magnitud ha afectado no sólo a la familia y allegados al pequeño, sino a la sociedad miramarense en su conjunto".
Gastón cursaba el séptimo grado en la escuela El Principito y jugaba al fútbol infantil en la octava división del club Defensores de Miramar.
22 de noviembre de 2011
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230 femicidios en lo que va de año


Se contabilizaron 230 femicidios en todo el país en los primeros diez meses del año. La cifra, obtenida por un relevamiento realizado por una ONG, representa un crecimiento del diez por ciento respecto del mismo período del año anterior. Además, 174 niños quedaron huérfanos como consecuencia de los femicidios.
[Mariana Carbajal] Argentina. María Laura Córdoba tenía 20 años y vivía en Villa Hipólita, provincia de Santiago del Estero. El 1º de enero de este año la asesinaron a golpes de puño y puntapiés. La ataron a un árbol y la quemaron con un hierro caliente. Como culpable del feroz ataque fue acusado su novio, quien fue detenido. El hombre, de 32 años, tenía denuncias previas por malos tratos y amenazas de muerte. El femicidio de María Laura es el primero registrado en 2011. Pero la lista es extensa. Hasta el 31 de octubre, el Observatorio de Femicidios en Argentina de La Casa del Encuentro contabilizó 230 femicidios de mujeres y niñas, un diez por ciento más que en el mismo período del año anterior. En la mayoría de los casos se señala como presunto agresor al marido, o novio y en segundo lugar, a una ex pareja. Este año, la ONG sumó una estadística que pone en primer plano otra cara de la tragedia de la violencia machista: 174 hijos e hijas menores de edad quedaron huérfanos por los femicidios. En la semana del Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, que se conmemora el viernes, el relevamiento apunta a reflexionar sobre el grave problema social que significa la violencia de género en el país.
"El término femicidio es político, es la denuncia a la naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista. El femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres, es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad", destacó Ada Beatriz Rico, coordinadora del Observatorio.
En los primeros diez meses de 2010, el Observatorio detectó 208 femicidios. La ONG incorporó otra categoría para dar cuenta de la magnitud del impacto de la violencia machista y agregó los "femicidios vinculados", donde registran las muertes de niñas y niños asesinados por el mismo agresor que termina con la vida de sus madres. "Partimos del análisis de las acciones del femicida, para consumar su fin: matar, castigar o destruir psíquicamente a la mujer sobre la cual ejerce la dominación", señaló Ada Beatriz Rico, coordinadora del Observatorio. En la mayoría de los casos, el agresor es el propio padre de los chicos o su padrastro, y se dan en un escenario de violencia doméstica. Como se presume que ocurrió el asesinato de Tomás Dameno Santillán, en Lincoln, donde el único imputado es la ex pareja de su madre, Susana Leonor Santillán. Entre enero y octubre del año pasado, hubo al menos cuatro niños y cuatro niñas asesinados por su padre o padrastro. En el mismo período de este año, la cifra trepó a 16 –siete niñas y nueve niños, de entre tres meses y 12 años–, tal como reveló el sábado Página/12.
"Es necesario considerar la violencia sexista como una cuestión política, social, cultural y de derechos humanos. De esta forma se podrá ver la grave situación que viven las mujeres, niñas y niños en la Argentina como una realidad colectiva por la que se debe actuar de manera inmediata", consideró Fabiana Tuñez, titular de La Casa del Encuentro.
De los 230 femicidios registrados hasta el 31 de octubre de 2011, 88 fueron ejecutados por el marido, pareja o novio de la víctima; y 49 por su ex pareja.
La vivienda que compartían con el atacante o en la que vivía la mujer fue el lugar más habitual del femicidio. El último hecho registrado en este nuevo informe tuvo lugar el 30 de octubre: Lucía Castro tenía 41 años y vivía en el Barrio Los Fresnos, de la ciudad de Córdoba. La asesinaron a puñaladas. El culpable habría sido su pareja, Juan Velázquez, de 50 años, quien tras cometer el crimen se suicidó. El hecho sucedió en la vivienda que compartían.
El informe subraya que en al menos 26 casos había denuncias previas por malos tratos, y en tres, se le había dictado al agresor la exclusión del hogar, con prohibición de acercarse a la mujer. Ocho de los atacantes eran integrantes de fuerzas de seguridad. Ocho de las víctimas se presume que se encontraban en situación de prostitución o trata. Como no hay estadísticas oficiales, la ONG realiza el registro de los femicidios a partir de los casos que se publican en las agencias de noticias y en 120 diarios de distribución nacional y provincial.
"Con este Informe de Investigación, estamos solicitando y remarcando la necesidad de que haya estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres y una mayor cantidad de hogares-refugios para las víctimas, con una asistencia interdisciplinaria, desde una perspectiva de género; que se intensifiquen las campañas de prevención e información, además de una reforma legal que le quite automáticamente la patria potestad al femicida, y se asigne un subsidio habitacional y de alimentación para las víctimas", enumeró Tuñez, entre otras medidas que reclaman desde La Casa del Encuentro.
22 de noviembre de 2011
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el problema con los autores directos


Debate sobre las dificultades que enfrenta la justicia para acusar por homicidio a los responsables materiales. Los juicios orales por violaciones a los derechos humanos intentan avanzar sobre los represores que actuaron directamente sobre las víctimas. La ausencia de pruebas y los diferentes criterios de los jueces. El caso del Hospital Posadas.
[Alejandra Dandan] Argentina. El Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires decidió no aceptar un pedido de la fiscalía para acusar por dos homicidios a tres represores de los grupos de tareas del Hospital Posadas. El pedido se sostenía en las pruebas de los asesinatos de dos víctimas: Jacobo Chester y Jorge Mario Roitman. El cuerpo de Chester apareció flotando en el Río de la Plata seis días después del secuestro; el de Roitman permanece desaparecido, pero dos sobrevivientes del espacio que funcionó como centro clandestino volvieron a relatar, en el juicio oral, cómo fue asesinado. El fiscal Javier de Luca criticó la decisión del Tribunal, porque sostiene que es una interpretación "anacrónica". Pero en realidad el tema tiene más de una veta de discusión y hace foco en una de las dificultades que afrontan las causas de lesa humanidad cuando avanzan no sólo sobre la responsabilidad de los llamados "autores mediatos" –jefes y subjefes de la represión–, sino especialmente sobre los "autores directos": los hombres que estuvieron adentro de los campos, cuerpo a cuerpo con los detenidos desaparecidos.
Una de las características de esta nueva etapa de juicios orales por violaciones a los derechos humanos es el tipo de autor que se juzga. No son sólo los responsables emblemáticos de la represión, como Jorge Videla o Reinaldo Bignone, sino también quienes quedaron sin condenas por las leyes de impunidad: jefes intermedios y personas que integraron los grupos de tareas, quienes estuvieron como celadores, torturaron, ubicaron a las personas en las filas de los llamados traslados o perpetraron otros delitos.
Todos ellos llegan al juicio oral acusados de distintas maneras. Luego de atravesar una primera etapa que es la instrucción, todos llegan en general acusados por privación ilegal de la libertad y tormentos. Pero, aun ante la existencia de pruebas, no todos llegan acusados por homicidios. Incluso podría decirse que son muy pocos los "autores directos" que, comparativamente, logran ser imputados y luego acusados por homicidios.
Un reflejo de esa situación fue el caso de los crímenes cometidos en el centro clandestino del Vesubio, que terminó a mediados de julio de este año: ocho acusados, tres de ellos militares y cinco del Servicio Penitenciario. Los militares eran los hombres de mayor jerarquía y aparecían como autores mediatos. Los otros fueron quienes estuvieron cuerpo a cuerpo con las víctimas y fueron presentados como autores directos. Los primeros fueron acusados y condenados por homicidios (menos uno, que murió al final del juicio), pero los otros no.
¿Cual es el problema? Uno de los problemas podría compararse con lo que el Equipo Argentino de Antropología Forense llama el "doble estándar" de la lógica represiva. Ellos se refieren a los mecanismos por los cuales la máquina de la represión, por un lado, hacía desaparecer a las víctimas y, por el otro, arrojaba a algunos cuerpos en algún camino, donde otras fuerzas de seguridad terminaban recogiendo los cadáveres, tomaban las huellas digitales y lo enterraban como NN.
Hoy la Justicia que avanza con las procesos, pero con una lógica penal de construcción de la prueba sobre los autores directos que, a más de 35 años de hechos fundados justamente en la desaparición de cuerpos y de huellas, genera un juego en ocasiones absurdo.

La Primera Etapa
Las causas tienen dos partes: la etapa de instrucción y el juicio oral. Una de las megacausas de la ciudad está radicada en el juzgado de Daniel Rafecas y la fiscalía de Federico Delgado. Tienen las causas del Primer Cuerpo del Ejército, de la que se desprendieron los innumerables juicios orales que se vienen haciendo en Capital, divididos en general por centros clandestinos.
Rafecas admite responsabilidades de homicidio para los jefes y cuadros intermedios, enrolados en la lógica de la autoría mediata: la idea de que son responsables porque de ellos dependieron las órdenes o que formaron parte de la organización criminal. Ahora bien, es restrictivo con las acusaciones de los autores directos. Cree que no está probado que todos hayan participado de los llamados "traslados" o hayan intervenido en las desapariciones y exterminios. Sobre la base del caso policial, que pide conectar materialmente causa y efecto, sólo acusa cuando todo corrobora la existencia de tal acto. Para los fiscales, el criterio es conservador y muy problemático. Félix Crous dice que Rafecas "entiende que cada uno de los autores es responsable por lo que hizo personalmente y no por la cuestión sistemática".
Uno de los factores que Rafecas no parece tomar en cuenta podría funcionar como un atajo entre una y otra vía: la figura de la coautoría. La abogada Ana Oberlín señala que, además de la tesis de autoría mediata, "se puede utilizar la teoría de la coautoría: esto quiere decir que todos son autores del total del plan, más allá de su participación concreta. O sea, no sólo debe responder quien dispara, sino quien mantiene secuestrado, quien da la orden, todos en pie de igualdad, porque sin sus aportes parciales el total del accionar delictivo no hubiera podido cometerse. Esto es importante porque salva un poco la discusión sobre qué elementos se necesitan para acusar por autoría directa y por mediata. En la coautoría, todos son autores porque todos tuvieron un rol y un papel sin el cual los delitos no hubieran ocurrido".
Pero como el criterio de algunos jueces es distinto, la decisión de no acusar por homicidios en la instrucción tiene un peso determinante en la etapa oral. El juez Sergio Torres, a cargo de las causas de la Marina, tiene en ese sentido un criterio parecido al de Rafecas, pero deja abierta la posibilidad de presentar las cosas de otra manera en el juicio oral. Por el tipo de estructura jurídica nacional, el peso de la instrucción y su historia determina el resto del avance de la causa. Por lo que se llama "principio de congruencia" nadie puede ser acusado en la etapa oral por un delito distinto del que se lo acusó en la etapa de instrucción. Si en instrucción a una persona le imputan privación ilegal y tormentos, no puede ser luego acusada por homicidio. Entre otras razones, para proteger su derecho a defenderse. Este es en este momento uno de los puntos de tensión.
El otro aparece al intentar resolver ese tema. La "congruencia" admite excepciones: la acusación puede cambiar de una a otra etapa si "surge" un nuevo elemento de prueba; si hay datos que marquen que es un delito continuado con el anterior o por la incorporación de un agravante. Qué significan esas condiciones, o cómo las interpretan defensas y fiscales, son otros puntos que se vuelven terreno de batalla en las salas de audiencia.
¿Cómo se prueba un homicidio? Los juristas suelen separar "el cuerpo del finado" del "cuerpo del delito". En el país de los desaparecidos, sólo es posible acusar a los represores por homicidios cuando hay pruebas materiales de que la persona está muerta. Uno de los principales caminos de reconstrucción de pruebas lo abrió la política de identificación de personas del Equipo Argentino de Antropología Forense. Esos cuerpos aparecidos son parte de la base probatoria más importante en la mayoría de las causas. Otro camino es el relato de los testigos-sobrevivientes de los centros clandestinos que pueden contar cómo vieron muerto a un compañero.
Los problemas van desde cómo se construye esa prueba 35 años después hasta que, aún existiendo, el juez puede decidir no usarla, o cómo se hace para modificar eso en el tramo oral, o por qué los jueces de esos tribunales tienen distintos criterios para interpretar qué son "excepciones" a la congruencia.

Posadas
El caso del Hospital Posadas sirve de ejemplo para mostrar algunas de esas cuestiones. Chester era un técnico en estadísticas y secretario administrativo de la guardia del hospital. Lo secuestraron el 26 de noviembre de 1976, su cuerpo apareció flotando en el río seis días más tarde. La familia recibió un año después un certificado de defunción y más tarde tuvo la posibilidad de identificar el cadáver. Desde el Juicio a las Juntas se acusó a los jefes por su homicidio. El problema es que, en este nuevo tramo que juzga a los integrantes de la patota, nadie los acusó por esa muerte.
El caso de Roitman es distinto. Era un médico del Posadas secuestrado el 2 de diciembre de 1976 en su casa de Ramos Mejía y trasladado al Chalet, el centro clandestino del lugar. El permanece desaparecido, pero dos sobrevivientes fueron testigos del momento de su muerte, así lo vienen diciendo desde que quedaron liberados. Y volvieron a repetir en el juicio cómo vieron que lo "empalaban", una tortura en la que "es imposible la supervivencia", dijeron los fiscales.
Los fiscales no entienden, primero, por qué con esos datos la instrucción no elevó las causas por homicidio. Y segundo, por qué el Tribunal no se apartó de esa decisión y tomó un camino alternativo.
Para el fiscal De Luca la instrucción tenía desde el comienzo el cuerpo de Chester para imputar por homicidio a los integrantes de la patota. No lo hizo, a lo mejor porque el cuerpo apareció en el río y en la lógica de Rafecas faltó la conexión con el centro clandestino. Para hacerlo reingresar en la etapa oral bajo alguno de los caracteres aceptados como excepción, De Luca presentó su muerte como una "continuación" del delito anterior. Los jueces no aceptaron.
En el caso de Roitman los sobrevivientes vienen diciendo desde siempre que vieron el momento de su muerte dentro del centro: vieron cómo se les fue en la tortura. La causa no se instruyó con la acusación de homicidio para los autores directos ni en el carácter de coautores. De Luca buscó hacer reingresar el tema de manos de las sobrevivientes, que agregaron nuevas pruebas sobre cómo fue su muerte y las torturas. El tribunal tampoco aceptó.
Los fiscales tienen ahora dos caminos. Ir a Casación o buscar el modo de dejar planteada de alguna manera la acusación por los homicidios en los alegatos del final del juicio. El Tribunal Oral Federal 2 está integrado ahora por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Luciano Gorini y Pablo Bertuzzi. Giménez Uriburu era secretario del TOF 2 en el momento del juicio por los crímenes en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo. Bertuzzi y Uriburu vienen de juzgar los delitos del Vesubio. La imputación por homicidio estaba dirigida a dos hombres de la patota: Luis Muiña y Argentino Ríos, que en este momento está mal del corazón y a punto de quedar fuera de la causa. También apuntaban al ex brigadier Hipólito Mariani.
"Nosotros citamos jurisprudencia del mismo tribunal", dice De Luca. "Es como un retroceso en la interpretación del Código, hace diez años que soy fiscal de estos juicios, nos quedamos muy sorprendidos, han hecho una lectura anacrónica, respondieron con un Código procesal comentado y nosotros estamos hablando de lesa humanidad, de fallos de la Corte Suprema y jurisprudencia internacional. A mi modo de ver no tienen argumentos para impedirnos ampliar el hecho."
Además, dice Oberlín, "en los casos en los que no se hallaron los cuerpos y tampoco hay testigos vivos existen jurisdicciones que llevan adelante investigaciones y juicios orales por homicidios, porque el paso del tiempo sin que la persona aparezca con vida, sumado a las condiciones represivas que se vivieron en este país y determinaron que el destino final de los desaparecidos sea la muerte, no hay dudas de que los asesinatos existieron".
21 de noviembre de 2011
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capellán zitelli se negó a hablar


Se abstuvo de declarar ante Bailaque. El ex capellán de la Policía eligió abstenerse a declarar sin contestar preguntas. Zitelli presentará un escrito a través de su abogado. Implicado en un homicidio. En tanto Corrales, quien fuera secretario del jefe de Policía, Agustín Feced, fue declarado prófugo de la justicia.
[José Maggi] Argentina. El ex capellán de la policía rosarina durante la dictadura, Eugenio Zitelli, se negó ayer a declarar frente al juez federal Marcelo Bailaque quien lo había citado para tomarle declaración indagatoria por una serie de delitos de lesa humanidad. En tanto ayer se le notificó al fiscal federal Gonzalo Stara que Ricardo Corrales, quien fuera secretario del jefe de Policía, Agustín Feced, fue declarado prófugo de la justicia ya que hace cinco meses dejó el departamento que habitaba (Paraguay 1440 2 C). Estaba citado para declarar como "testigo" en el marco de la causa Díaz Bessone.
El sacerdote Zitelli se presentó ayer a las 11 en los tribunales de Oroño al 800 y al someterse al cuestionario del magistrado eligió el derecho de abstenerse a declarar, puesto que presentará un escrito por medio de su representante legal. El fiscal Stara, quien había solicitado su comparencia, explicó que "se le atribuyeron una serie de hechos como privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos agravados, formar parte de una asociación ilícita más conocida como la Patota de Feced y un homicidio", tras lo cual el párroco "realizó una breve manifestación y eligió abstenerse a declarar sin contestar preguntas".
Según el fiscal que investiga la causa Feced, el asesinato que se le atribuye a Zitelli es el de Eduardo Bracaccini, un casildense secuestrado y torturado durante la última dictadura, cuya acta de defunción figura "muerte por enfermedad cuando en la misma dictadura sostuvieron que cayó en un enfrentamiento en Alvear, mecánica que utilizaba la dictadura para fraguar asesinatos", precisó Stara.
Hasta hace solo unas semanas atrás el sacerdote se desempeñaba en la iglesia San Pedro de la ciudad de Casilda, y de 1964 a 1983 ofició como capellán en la sede de la Unidad Regional II de policía de Rosario.
Zitelli había sido visto en numerosas oportunidades en el Servicio de Informaciones, ubicado en la intersección de Dorrego y San Lorenzo del edificio de la jefatura, donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército.
El cura fue denunciado por ex detenidos de haber estado presente en sesiones de tortura y entrevistas que se efectuaban en el Servicio de Informaciones y sería el primero que está involucrado en una causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en tiempos del terrorismo de Estado en jurisdicción del Comando del II Cuerpo.
A su vez, organismos de derechos humanos, concejales, diputados y representantes gremiales de Casilda, junto a víctimas de la última dictadura militar, habían solicitado en varias oportunidades que se investigue el accionar del actual cura párroco.
Zitelli es considerado como una pieza importante para descubrir el funcionamiento y sostén de los mecanismos ilegales de represión que se desarrollaron a partir de 1976 en la región.
Con respecto al otro protagonista de la jornada, Corrales, ayer el fiscal federal repitió que "de su legajo personal, se desprende que con anterioridad a ejercer la jefatura de la secretaría privada, se desempeñó en la División Investigaciones, tanto en el servicio de calle, como en Leyes Especiales". Por tanto, al momento del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, momento en el cual, según la declaración del propio Feced, el Comandante del II Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone, ordenó el comienzo de las operaciones contra la subversión en Rosario, Corrales no sólo ocupaba la jefatura de la secretaría privada, sino que contaba con amplia experiencia sobre todo lo concerniente al tema de "inteligencia".
El 28 de junio pasado y a pedido de la defensa de la Patota de Feced, Corrales hizo una declaración sobre su rol "burocrático" en la Policía, contra la posición del fiscal Gonzalo Stara quien sostuvo que Corrales había participado "en la perpetración de los delitos cometidos en el marco de un plan criminal". Stara le había pedido entonces a Bailaque que ordenara la indagatoria de Corrales, por más de un centenar de secuestros y tormentos, y más de una veintena de homicidios ocurridos en el ámbito del Servicio de Informaciones, por entender que integraba el grupo de tareas conformado y comandado por Feced. Ahora está prófugo.
18 de noviembre de 2011
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